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Organizaciones ambientalistas presentan un programa por la Tierra con 23 demandas para el 23J

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Con motivo de las elecciones del 23 de julio, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF presentan “Un programa por la Tierra 2023”, que contiene 23 ejes de acción con 118 propuestas para que en la siguiente legislatura se ponga la naturaleza en el centro, se aborden los problemas sociales y sienten las bases de un futuro próspero y sostenible.

Con las elecciones del 23 de julio de 2023 se abre un nuevo ciclo político que, a tenor de los informes científicos y de los compromisos internacionales, debería estar marcado por la transición ecológica. Como en otras convocatorias de elecciones, las principales organizaciones ambientales españolas —Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF— han presentado el documento “Un programa por la Tierra 2023”, con más de 100 propuestas para llevar a cabo dicha transición, siempre con la mirada puesta en resolver los problemas sociales derivados de la crisis ambiental.

“La precariedad ambiental y social se dan la mano. Defender políticas ambientales no es una simpleza ecologista. Necesitamos cambios profundos que nos permitan adaptarnos sin sufrimiento a una nueva realidad en todos los sectores y en nuestros estilos de vida”, ha declarado Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife. “Por ello, ir en contra de las políticas ambientales es querer que este país se convierta en un desierto con toda la precariedad que eso implica en el campo y en la ciudad. Necesitamos que los ciudadanos conozcan esta realidad y voten en consecuencia», añade Ruiz.

Las organizaciones han advertido de que España, debido a su posición geográfica y características climáticas, se halla en una situación de particular vulnerabilidad frente al cambio climático y ya sufre los embates de fenómenos extremos como olas de calor asfixiantes, sequías prolongadas, incendios arrasadores y una erosión de suelo que amenaza su productividad.

“No actuar supone condenar a los sectores más vulnerables a sufrir mayoritariamente estos impactos. Es imprescindible que todos los partidos políticos reconozcan la gravedad de estos desafíos y se comprometan a abordarlos de manera colaborativa, actuando a corto plazo pero con una visión en el medio y largo plazo, con un enfoque que priorice los derechos fundamentales para todas y el bienestar de la ciudadanía dentro de los límites planetarios”, ha afirmado Eva Saldaña, directora de Greenpeace.

El documento presentado contiene cuatro bloques: la conservación y protección de la naturaleza, la lucha contra el cambio climático, el fomento de una economía más democrática y sostenible y el impulso a una vida saludable. Cada uno de ellos contiene varios ejes de acción —23 en total— con diferentes propuestas. Dichas propuestas, que suman 118, están diseñadas para confrontar los retos más urgentes y establecer un cimiento sólido para un futuro resiliente y sostenible, muchas de ellas en concordancia con la Agenda 2030 de Naciones Unidas ratificada por España en 2015.

El documento aborda líneas de acción tan amplias como la restauración de la Naturaleza, la ambición contra el cambio climático, la democratización de la energía, la gestión del agua, la pesca y la agricultura, la salud física o mental, el empleo o la felicidad. Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, afirma : “Estamos en un momento decisivo y no podemos retroceder en la transición ecológica. Todos los partidos deberían hacer de la defensa del medio ambiente su máxima prioridad especialmente en un país como España, azotado por el cambio climático”.

Blanca Ruibal, coordinadora de Amigos de la Tierra, ha añadido: “Proponer una economía más democrática y ecológica obliga a afrontar muchas asignaturas pendientes relacionadas con la justicia social. Es necesario abordar un cambio en el modelo productivo velando por los derechos de las personas trabajadoras, el medio ambiente y su salud. Necesitamos una transición ecológica justa que no deje a nadie atrás”.

Luis Rico, coordinador de Ecologistas en Acción, ha concluido: “Creemos que los cambios sociales deben ir de la mano con disponer de más tiempo para los cuidados, el ocio o el disfrute de la naturaleza. Un mundo más ecológico debe ser también un mundo más justo y feliz”.

A continuación se exponen los 4 bloques con sus 23 ejes de acción, de los que en cada uno de ellos se ha seleccionado una propuesta.

CONSERVAR Y PROTEGER LA NATURALEZA

1. Preservar la biodiversidad, una necesidad para España

Aprobar en los primeros 100 días de gobierno una hoja de ruta para el cumplimiento del Marco de Biodiversidad Kunming-Montreal y la Estrategia Europea de Biodiversidad para 2030. Esta hoja de ruta deberá detallar todas las medidas que se aprobarán o ejecutarán durante la legislatura, con la implicación de las comunidades autónomas y los diferentes ministerios afectados.

2. Conservación de especies en España, protegiendo nuestra riqueza natural

Elaborar una hoja de ruta conjunta entre el Ministerio y las comunidades autónomas para mejorar el estado de conservación de las especies comunes. Esta hoja de ruta debe definir acciones concretas para fortalecer la protección de las especies comunes y su hábitat, así como fomentar la participación ciudadana y la educación ambiental en la conservación de la biodiversidad.En este sentido debe ejecutarse la Estrategia Nacional para la Conservación de los Polinizadores en coordinación con el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas.

3. Proteger, conservar y gestionar el 30% del territorio para el 2030 

Revertir la situación de degradación de los PN de Doñana y Daimiel, asegurando su recuperación hídrica y de biodiversidad y estudiar, junto a las comunidades autónomas, la designación como parques nacionales de el Archipiélago Chinijo en Lanzarote, el Mar de las Calmas en la isla de El Hierro y las Estepas de Monegros.

4. Protección del mar

Dotar de los recursos necesarios para cumplir con los compromisos de protección del 30% de la superficie marina en las aguas españolas, continuando la hoja de ruta establecida y

promoviendo activamente el diálogo y la participación con los científicos y la sociedad en la designación de estas áreas.

5. Protección y gestión efectiva de los ecosistemas forestales

Desarrollar y aprobar una Estrategia Estatal de Prevención Integral de Incendios Forestales. Esta estrategia debe implicar y coordinar a todas las políticas sectoriales y dotarse de las herramientas necesarias: objetivos claros y ambiciosos, cronograma, presupuesto, indicadores y forma de seguimiento. Al mismo tiempo, es importante reforzar las competencias del Comité de Lucha contra los Incendios Forestales (CLIF), y establecer un fondo presupuestario de apoyo a la prevención de incendios y gestión forestal.

6. Restauración de la Naturaleza

Apoyar la adopción urgente de un Reglamento de Restauración de la Naturaleza de la UE ambicioso que sea adecuado para hacer frente a la doble crisis climática y de biodiversidad.

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

7. Más ambición contra el cambio climático

Establecer en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 55% en 2030 respecto a 1990, y la descarbonización en 2040, para no superar el límite de calentamiento de 1,5oC. Establecer un presupuesto de carbono y objetivos sectoriales, lo que dará un mensaje claro a los distintos actores económicos y facilitará el seguimiento del cumplimiento del objetivo general.

8. Ahorro y democratización de la energía

Democratizar el sistema energético para acabar con los beneficios caídos del cielo de las grandes empresas energéticas con medidas efectivas que permitan a la ciudadanía tomar un papel proactivo, impulsando la energía comunitaria, tal como dictan las directivas europeas, así como frenar las prácticas del oligopolio eléctrico -que con su posición de dominio sobre la generación y la comercialización de la electricidad controla el mercado- para fomentar un precio justo de la energía y la entrada de nuevos actores y modelos innovadores más democráticos.

9.Renovables justas y sostenibles para el territorio y la naturaleza

Buscar el consenso social en el despliegue de energías renovables con la participación activa de las comunidades locales. Llevar a cabo una gestión política responsable y crear un marco jurídico que obligue a los promotores y las administraciones públicas a llevar a cabo una concertación con todos los actores implicados, ofreciendo reglas claras que garanticen la minimización del impacto ambiental y la maximización de los beneficios sociales.

10. Reconducir la movilidad y el transporte

Aprobación de una Ley de Movilidad Sostenible que establezca la obligación de conseguir la neutralidad climática del sector transporte-movilidad en 2040 con objetivos intermedios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 y 2035 en relación a los niveles existentes en 1990. Debe ser más ambiciosa que la que se está tramitando y debe contemplar medidas que reduzcan la movilidad en los medios más problemáticos, como la delimitación de zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 20.000 habitantes o la supresión de los vuelos cortos con alternativa ferroviaria.

ECONOMÍA MÁS DEMOCRÁTICA Y ECOLÓGICA

11. Agua: proteger y gestionar un recurso limitado

Reducir el uso de agua para regadío reduciendo las producciones intensivas y priorizando cultivos de valor socio-ambiental. Para ello hay que establecer una moratoria de nuevos regadíos y revisión a la baja de las concesiones de agua de los regadíos modernizados.

12. Cambio del modelo agrario predominante: transición justa hacia la agroecología

Es urgente elaborar una estrategia estatal de transición agroecológica justa hacia sistemas agrarios multifuncionales, de secano y extensivos, y garantizar precios justos y condiciones de trabajo dignas para agricultores y agricultoras fomentando la agricultura familiar y el consumo de cercanía.

13. Más peces para el mar y la pesca

Dotar adecuadamente de recursos el Plan Nacional para la Reducción de las Capturas Accidentales en la Actividad Pesquera, incluyendo tiburones, rayas y quimeras; y asegurando una participación efectiva del sector pesquero, expertos y representantes de la sociedad civil. Aprobar el Real Decreto que garantice su completa ejecución.

14. Un urbanismo desligado de la especulación y adaptado al cambio climático

Aprobar el reglamento que desarrolle la Ley del suelo y regeneración urbana, y otros mecanismos que limiten la transformación del suelo en situación básica rural a urbano, asegurando la posibilidad de que los núcleos urbanos ubicados en espacios protegidos puedan atender sus necesidades de vivienda y dotaciones básicas.

15. Respetar el suelo y el territorio

Elaborar un Plan Nacional para reducir el uso de recursos minerales, basado en un estudio del consumo actual y prospectivo vinculado a diferentes escenarios de demanda y analizando las fuentes potenciales para entender sus implicaciones socioambientales. Este plan debe incluir medidas que promuevan la eficiencia y suficiencia de recursos, la priorización en el uso de los recursos disponibles y el fomento de modelos de producción y consumo alternativos, y debe incluir la participación de la sociedad civil.

16. Economía y empleo para la biodiversidad y el bien común

Promover planes de ayuda a personas trabajadoras de sectores en transformación, incluyendo rentas básicas y la formación en nuevos nichos de empleo sostenible.

17. Más justicia global y ecológica

Situar al final de legislatura la presión fiscal y la fiscalidad verde en la media de la eurozona (de 38,7% a 42,2% y de 1,8% a 2,4%, sobre el PIB, respectivamente), poner coto a la evasión y elusión fiscal de grandes grupos y patrimonios y gravar de manera permanente los beneficios extraordinarios.

18. Democracia ambiental y gobernanza

Mantener una Vicepresidencia ambiental en el Gobierno, que cuente con el poder y los recursos necesarios para influir de manera efectiva en todas las políticas y decisiones gubernamentales.

UNA VIDA SANA

19. Garantizar el derecho a un aire limpio

Impulsar una revisión ambiciosa de la normativa de calidad del aire, que establezca como nuevos valores límite a alcanzar en 2030 los estándares de calidad del aire de la OMS, incluyendo valores límite de protección de la salud y de la vegetación para el ozono troposférico, el contaminante que afecta a más población y territorio en el Estado español. La revisión de la Directiva de Calidad del Aire debe ser una prioridad de la presidencia española del Consejo Europeo del segundo semestre de 2023, para garantizar su aprobación definitiva antes de la disolución del Parlamento Europeo, la primavera de 2024, y debe transponerse con rapidez.

20. Una alimentación sana, sostenible y accesible

Garantizar el acceso a una alimentación sana y sostenible, basada productos agroecológicos, implementando políticas de fiscalidad diferenciada a los productos ecológicos, estableciendo ayudas específicas a población vulnerabilizada, como por ejemplo a través de la creación de una cesta básica social de alimentos ecológicos, locales y de temporada a familias con Renta Mínima de Inserción.

21. Frenar la contaminación química

Apoyar la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento de Uso Sostenible de Plaguicidas, estableciendo una reducción vinculante de al menos el 50% tanto en uso como en riesgo de los plaguicidas (productos fitosanitarios), en base a criterios basados en la toxicología de cada una de estas sustancias.

22. Más recursos con residuo cero

Aprobar sin dilación el Plan de Prevención de Residuos establecido por ley, incluyendo medidas para avanzar hacia la eliminación de productos de un solo uso con fuerte impacto ambiental, para combatir la toxicidad de los productos implementando la prohibición de ftalatos y bisfenol A en los envases, especialmente alimentarios.

23. Y la felicidad, ¿para cuándo? (a modo de corolario)

Desarrollar planes de salud y medio ambiente para combatir el déficit de naturaleza, la eco ansiedad, la soledad, fortaleciendo la sanidad pública con planes de salud mental y salud de la naturaleza en los centros de atención primaria.

Teresa Rodríguez Pierrard (Amigos de la Tierra)
Marta Monasterio Martín (Ecologistas en Acción)
Paz Vaello (Greenpeace)
Olimpia García (SEO/BirdLife)
Nylva Hiruelas (WWF)

Pavimento de piedra natural para combatir el efecto isla de calor

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  • El efecto isla de calor es un fenómeno térmico que aumenta la temperatura en las ciudades por la noche, potenciado por el uso del hormigón y otros materiales que absorben el calor durante el día
  • Más de 40 municipios, incluyendo grandes ciudades, como Valencia, Alicante, Málaga, Córdoba o Zaragoza ya han incorporado este pavimiento de piedra natural a sus espacios públicos, con el objetivo de ayudar a reducir las altas temperaturas de una forma sostenible
  • PAVEX® incorpora como novedad su combinación con el tratamiento EcoUrban, un recubrimiento descontaminante, autolimpiante y antibacteriano que hace que una plaza de 5.000 m2 neutralice la polución del aire de forma similar a la de un bosque de 300 árboles

Levantina Group sigue impulsando sus materiales de construcción enfocados a la arquitectura y el urbanismo sostenible, integrando la adaptación al cambio climático entre las propuestas de la compañía. Tras el fuerte impacto de las últimas olas de calor, la firma ha aumentado la introducción en distintos espacios urbanos de su pavimento de piedra natural PAVEX®, un material capaz de reducir el efecto isla de calor o aumento de temperaturas que generan los suelos en la ciudad al retener el calor diurno y expulsarlo por la noche.

Este pavimento, producido con mármol extraído de las canteras que la compañía opera en distintos puntos de España, aprovecha las propiedades de esta piedra natural entre las que destaca su alto Índice de Reflectancia Solar (SRI). Esta característica permite reducir significativamente la absorción de calor respecto al uso de materiales como el hormigón, evitando el incremento de temperaturas en espacios como plazas, paseos y avenidas peatonales. Además, a estas propiedades se suman otros atributos físicos como su durabilidad en el uso exterior y un valor estético mayor, que ayuda a mejorar la imagen del espacio público y se adapta a entornos de todo tipo gracia al uso de mármoles de distintas tonalidades.

Hasta el momento, más de 40 municipios españoles han integrado este pavimento en distintas intervenciones urbanas, incluyendo grandes ciudades como Valencia, Alicante, Málaga o Zaragoza. Varios de estos proyectos se han desarrollado en espacios de especial interés histórico y cultural, como el entorno del Templo Romano y el Ayuntamiento de Córdoba, los accesos a la Ermita de Joaquín en Ademuz, la entrada al Parador del Real Monasterio de Santa María de Veruela o el patio de armas del Palacio Condal de Cocentaina.

“Las intervenciones urbanas con PAVEX® cada vez son más demandas en poblaciones donde las altas temperaturas son muy comunes en verano, tanto para espacios de reciente creación como para renovar entornos que requieren actuaciones muy específicas y con unos criterios estéticos elevados”, explica Miguel Couto, Sales Manager Director Stone Projects en Levantina Group. “Hasta el momento, el hormigón, en sus diferentes variantes, ha sido la opción omnipresente en las ciudades mediterráneas pese a su contribución al efecto isla de calor. Por suerte, la sensibilidad hacia el cambio climático de las administraciones públicas está cambiando y la piedra natural se va posicionando como la mejor alternativa para ayudar a reducir las altas temperaturas urbanas”, afirma el directivo.

Pavimentos verdes con un tratamiento antipolución

Al mismo tiempo, Levantina Group ha incorporado como novedad a su pavimento de piedra natural el tratamiento con EcoUrban, lanzado este año por la compañía para su aplicación en fachadas. Este tratamiento es capaz de generar un efecto descontaminante, autolimpiante y antibacteriano gracias al proceso de catálisis que desencadena su contacto con la luz del sol y a la humedad del ambiente. De esta manera, una superficie de 5.000 m2 puede limpiar el aire de forma similar a un bosque de 300 árboles, contribuyendo a mejorar la sostenibilidad de las ciudades.

EcoUrban ha sido incorporado por Levantina como tratamiento para las superficies exteriores de piedra natural y sinterizada con el objetivo de extender las fachadas verdes en las ciudades y entornos urbanos, convirtiendo a los edificios en aliados para la eliminación de gases y elementos con gran impacto en el medioambiente y la salud humana, como el CO2, el NO2, el ozono o partículas finas procedentes de procesos de combustión.

“La forma en la que construimos las ciudades tiene una incidencia clara en el medio ambiente, por lo que desde la propia planificación urbana se pueden ofrecer soluciones para ayudar a crear espacios más sostenibles y confortables para el ciudadano. La utilización de piedra natural con tratamientos adecuados en sustitución de otras formas de pavimentado es una de las acciones que pueden impulsarse desde los municipios para conseguir entornos amables tanto con las personas como con el medio ambiente”, concluye Miguel Couto, Sales Manager Director Stone Projects en Levantina Group.

La principal barrera del autoconsumo colectivo son las grandes distribuidoras

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  • La Alianza por el Autoconsumo publica hoy en el Día del Sol el informe ‘Autoconsumo en España: diagnósticos, retos y propuestas’, en el que identifica las barreras a las que se enfrenta la ciudadanía para unirse al autoconsumo colectivo energético
  • El autoconsumo es una de las principales herramientas que tienen las personas para ser protagonistas de la transición energética y luchar contra el incremento de la factura de la luz y el cambio climático
  • El autoconsumo colectivo es prácticamente inexistente en España: representa apenas un 1% de las instalaciones más de cuatro años después de la publicación del real decreto que lo introdujo
  • La Alianza por el Autoconsumo registra más de 500 casos de autoconsumo individual y colectivo bloqueados que afectan a casi 1.000 puntos de suministro, que suman 3,58 MW

La energía solar es la principal fuente de la que bebe el autoconsumo energético en España. Aprovechando el Día del Sol, la Alianza por el Autoconsumo ha publicado el informe Autoconsumo en España: diagnósticos, retos y propuestas, en el que se revela que los procedimientos de las distribuidoras de electricidad son una de las principales barreras al desarrollo del autoconsumo colectivo en España. 

El informe Autoconsumo en España: diagnóstico, retos y propuestas concluye que los trámites administrativos innecesarios e injustificados, las demoras de las distribuidoras eléctricas y los requerimientos desproporcionados y continuados entorpecen el despegue del autoconsumo colectivo en España.

“Las principales distribuidoras eléctricas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, continúan obstaculizando el acceso de las personas a la energía. No sólo acumulan poder y recogen beneficios milmillonarios como generadoras y comercializadoras, sino que, además, en su papel de distribuidoras están poniendo palos al despegue del autoconsumo en España, la principal herramienta para que las personas luchen contra el incremento de la factura de la luz y el cambio climático y participen en la transición energética”, señalan desde la Alianza.

Aunque España cuenta con 5,4 GW de autoconsumo instalados y ha aumentado un 1.200% desde 2018, solo el 1% es colectivo. La mayor parte del autoconsumo se limita a las instalaciones que no necesitan permisos de acceso y conexión con las distribuidoras, como las residenciales de menos de 15 kW o las industriales sin excedentes.

A pesar de que el 67% de los españoles reside en bloques de viviendas, el diagnóstico es desalentador: aunque el autoconsumo colectivo está permitido en el marco normativo, en la práctica es inexistente.

Los procedimientos de las distribuidoras, el gran ‘palo en la rueda’

El informe, para el que se han recogido más de 500 casos reales, expone que los procesos de las distribuidoras generan retrasos de meses o incluso años en la tramitación.

Según los datos recogidos, los consumidores han sufrido problemas relacionados sobre todo con la solicitud del punto de acceso, la activación de las instalaciones y, en la fase de contratación, con la comercializadora (por problemas desde la distribuidora). Los retrasos en estos puntos, la obligación de realizar modificaciones en instalaciones de enlace o red así como la imposición de obligaciones sin respaldo legal han sido las mayores barreras para acceder al autoconsumo. En total, las instalaciones afectadas por estos retrasos recogidas en el informe suman una potencia de 3,58 MW.

Los trámites administrativos innecesarios y la solicitud excesiva de documentos y requerimientos, que en muchas ocasiones no están reflejados en la regulación, alargan y postergan los procedimientos. Además, cada distribuidora cuenta con protocolos de actuación propios, algo que dificulta aún más el proceso. La ley exige que las tramitaciones de autoconsumo colectivo no puedan superar en ningún caso los dos meses desde la obtención del Certificado de Instalación Eléctrica, pero esto dista mucho de la realidad

Ante esta situación, la Alianza reclama figuras como la del gestor de autoconsumo (representante legal, figura ya presente en la normativa española y en otros países europeos) para ayudar a los consumidores en los procesos ante distribuidoras y administraciones y que, además, es clave para facilitar la activación de la flexibilidad distribuida.

Trámites interminables y retrasos en la activación de excedentes

El informe identifica también la complejidad de los trámites administrativos a la hora de acceder al autoconsumo. Para acelerar las tramitaciones, desde la Alianza se propone que sean sencillos, transparentes, y digitales, estableciendo además un protocolo único que puedan seguir todos los agentes implicados.

Otra de las grandes barreras detectadas tiene que ver con los retrasos en la activación de la compensación de excedentes, que pueden llegar hasta los dos años, cuando la regulación marca que no deben superar los dos meses.

Una normativa inacabada que requiere un mayor desarrollo

Aunque el autoconsumo colectivo lleva cuatro años regulado en España y pese a que se ha avanzado con el actual Gobierno con gran éxito desde la derogación del impuesto al sol en 2018, su marco normativo tiene todavía recorrido de mejora.

Por ello, la Alianza por el Autoconsumo reclama a los partidos políticos que concurren a las elecciones generales que sigan impulsando el autoconsumo y se comprometan a diseñar una normativa que ordene, clarifique, facilite y penalice su incumplimiento de forma decidida y contundente. Para ello, propone, entre otras soluciones, una estandarización pormenorizada (protocolo) a nivel estatal que deban seguir todos los agentes implicados que sea transparente, sencilla, racional y digital, así como constante en el tiempo.

“Solucionar estas barreras normativas para defender la ley y a la ciudadanía por encima de los intereses de las energéticas y para impulsar las energías limpias en manos de la gente facilitará que los hogares españoles puedan beneficiarse de un precio más bajo en la factura de la luz y que, a su vez, las compañías instaladoras de autoconsumo puedan operar en ese mercado, hasta ahora vetado”, concluyen las organizaciones que forman la Alianza.

Desde la Alianza se ha lanzado el hashtag #AutoconsumoColectivoYA para denunciar esta situación y seguir recopilando las malas prácticas presentes en el sector.

Greenpeace | Alianza por el Autoconsumo

La ciudadanía demanda mayor compromiso ambiental a los nuevos gobiernos autonómicos y locales

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En el Día Mundial del Medio Ambiente, SEO/BirdLife lanza 7 propuestas, basadas en la voluntad popular, para mejorar la adaptación y la mitigación al cambio climático en comunidades autónomas y ayuntamientos.

SEO/BirdLife, sobre la base de una encuesta popular realizada recientemente a la ciudadanía española, ha formulado una serie de propuestas dirigidas a los nuevos gobiernos autonómicos y municipales que se están formando tras las pasadas elecciones del 28 de mayo. En especial las propuestas van dirigidas a las políticas de energía y clima con el objetivo de descarbonizar cuanto antes la economía con el máximo respeto por la biodiversidad y las economías locales.

Según Juan Carlos Atienza, responsable de Gobernanza Ambiental de SEO/BirdLife “tras las elecciones del 28M las promesas tienen que convertirse en políticas públicas. Este es el momento para que los candidatos ganadores escuchen lo que sus votantes les han dicho durante la campaña electoral. Hemos preguntado a la ciudadanía sobre las soluciones al cambio climático e interpelan directamente a gobiernos autonómicos y a regidores municipales. Por eso, hoy queremos hacer de altavoz de la sociedad con la esperanza de que los nuevos gobiernos los escuchen e introduzcan políticas ambientales ambiciosas en sus programas de gobierno”.

La opinión de la ciudadanía en España

Según una encuesta de marzo de 2023, elaborada por 40db para SEO/BirdLife, el 84% de la sociedad considera que el cambio climático en un reto global que afecta a la sociedad en su conjunto y el 89,7% que es urgente frenar la pérdida de biodiversidad. De hecho, el 86,1% considera que tanto el cambio climático como la pérdida de biodiversidad se encuentran entre los 5 principales problemas de la humanidad.

El 74% de las personas encuestadas consideraban que ya se estaban viendo afectados por el cambio climático y el 85% que en un futuro se verán muy afectados, siendo las siguientes generaciones las que más lo sufrirán. Solo un 5,6% de las personas encuestadas no estaban nada de acuerdo de que España sea uno de los países más vulnerables al cambio climático.

En este contexto, el 82,1% de las personas encuestadas consideran que es necesario sustituir cuanto antes las energías fósiles (gas, gasolina, gasoil, etc.) por energías renovables, reducir las emisiones de la forma más rápida posible (88,1%) y reducir el consumo de energía (85,9%).

No obstante, y pese a la rapidez con la que la ciudadanía quiere que se desplieguen las energías renovables, tiene también claro que la implantación de la energía renovable no puede afectar al medio rural y que es necesario hacerla compatible con la conservación de la biodiversidad y respetando a las poblaciones locales (85,6%). También coincide mayoritariamente en considerar que dado que las grandes ciudades son las que consumen más energía deben producir toda la energía que puedan y así evitar en lo posible impactos ambientales en el medio rural (84,2%).

Las soluciones que proponen las personas encuestadas son:

  1. Reducir el consumo de energía (85,9%)
  2. Aprovechar todos los tejados y fachadas, incluidas las zonas industriales y entornos comerciales, para producir energía renovable (85,5)
  3. Priorizar las zonas degradadas y de baja sensibilidad ambiental para instalar proyectos de producción de energía renovable (85,8%).

Además, consideran que cada país tiene que producir la energía que necesita para incentivar el ahorro y evitar impactos ambientales ligados a la instalación de nuevos proyectos de energía renovable en nuestro país (85,5%). Ello demuestra que no quieren que España se convierta en el gran exportador de energía renovable a costa de su patrimonio natural, cultural y sus paisajes. Y es que en torno a la mitad de la población está preocupada por que los proyectos de energía renovable puedan afectar a las especies autóctonas, la economía local o la biodiversidad.

En cuanto a la acción de las administraciones públicas, las personas encuestadas consideran que los gobiernos tienen que basar sus políticas en los mejores conocimientos científicos (92%) y consultar a los ciudadanos antes de aprobar legislación que afecte al medio ambiente (78,1%). El 83% exige que los gobiernos planifiquen la instalación de proyectos de energía renovable que no tenga impactos sobre el paisaje y la naturaleza.

Finalmente, el 88,8% considera que todas las CCAA deberían hacer su parte en el esfuerzo de España de producción de las energías renovables y que la comunidad autónoma en la que viven debería hacer más para promoverlas (86,8%).

Las peticiones de SEO/BirdLife a los nuevos gobiernos

Tras las elecciones del 28 de mayo se están constituyendo los nuevos gobiernos autonómicos y municipales. En estas circunstancias, SEO/BirdLife solicita, como ya hizo antes de las elecciones, que los nuevos gobiernos tengan en cuenta lo que piensa la ciudadanía a la hora de hacer sus programas de gobierno en materia de clima y energía.

SEO/BirdLife solicita a los nuevos gobiernos autonómicos que:

  1. Aprueben una Ley de Cambio Climático ambiciosa: Hasta ahora solo 5 comunidades autónomas han aprobado sus leyes climáticas (Cataluña, Andalucía, Islas Baleares, Navarra e Islas Canarias). Estas leyes tienen que ser ambiciosas en cuanto a sus objetivos y con herramientas eficaces para poder cumplirlos.
  2. Aprueben un plan regional de energía y clima que permita cumplir con los objetivos: Actualmente solo 2 comunidades autónomas han aprobado planes que combinan energía y clima (País Vasco y Extremadura). No obstante, en materia climática, 4 comunidades autónomas cuentan con planes o estrategias a 2050 (Galicia, País Vasco, Navarra e Islas Canarias) y 5 cuentan con planes o estrategias a 2030 (Cantabria, Aragón, Castilla La Mancha, Región de Murcia y Andalucía), y en materia energética, 3 comunidades autónomas cuentan con planes o estrategias a 2030 (Navarra, Castilla La Mancha y Andalucía).
  3. Aprueben una planificación espacial para un despliegue de renovables responsables: Esta planificación debe garantizar que el desarrollo de energías renovables se lleva a cabo en zonas de baja sensibilidad ambiental (especialmente en suelo urbano o industrial, y en suelos degradados y destinados a infraestructuras) y con medidas sociales justas en el territorio. Estos planes deben ser muy participados por la ciudadanía. Ver mapas de sensibilidad de SEO/BirdLife. Cinco regiones cuentan con normativa o planificación vinculante aprobada que incluye criterios de zonificación, ya sea nuevo o actualizado de una versión previa (Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco).
  4. Mapa de proyectos renovables: Todas las CCAA deben poner a disposición de la ciudadanía y del sector un mapa con todos los proyectos aprobados y en tramitación. Hasta ahora ninguna de ella cuenta con esta información de una forma pública.

SEO/BirdLife solicita a los nuevos gobiernos municipales que:

  1. Firmen el “Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía”. Se trata de una alianza a escala mundial de ciudades y gobiernos locales voluntariamente comprometidos con la lucha al cambio climático, reduciendo sus impactos inevitables y facilitando el acceso a energía sostenible y asequible para todos. En España solo hay 2.844 entidades locales firmantes del Pacto de Alcaldes de los más de 8.000 municipios repartidos por la geografía española.
  2. Aprueben un Plan de Acción para el clima y la energía sostenible (PACES). Los planes de acción climática presentados por las entidades locales al Pacto de Alcaldes ascienden a 2.264, por lo que no todas las entidades firmantes han cumplido el compromiso de elaborar un plan de acción en los 2 años posteriores a la adhesión.
  3. Aprueben Zonas de Bajas Emisiones. La Ley de Cambio Climático, aprobada en mayo de 2021, estableció que las ciudades de más de 50.000 habitantes, así como aquellas de más de 20.000 que superen determinados valores de contaminación, debían contar con ZBE -aquellas en las que se restringe el acceso a los vehículos más contaminantes- antes de 2023 para reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos y mejorar la calidad del aire. En enero de 2023 solo 15 ciudades cumplieron con este plazo.
    Más Información:
    La encuesta fue realizada por 40db del 13/02/2023 al 22/02/2023 sobre 2.166 entrevistas en población general residente en España (excepto Ceuta y Melilla) a partir de 18 años de edad y ponderando por sexo, edad, tamaño de hábitat y comunidad autónoma. El error muestral es de ±2,1 puntos porcentuales, considerando que p=q=50% y un nivel de confianza del 95% bajo el supuesto de muestreo aleatorio simple. A los entrevistados se les ofrecía valorar todas las preguntas de 0 a 10 y para esta nota de prensa se han considerado todas las respuestas que valorasen su respuesta por encima de 6.

Estas son las peticiones de SEO/BirdLife n materia de energía y cambio climático y presentará este mismo ejercicio a los gobernantes en lo relativo a la protección del patrimonio natural y la biodiversidad.

Organizaciones ambientales reclaman un plan  urgente que salve el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel

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  • Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF aúnan esfuerzos con el objetivo de que el espacio que engloba las Tablas de Daimiel vuelva a ser merecedor de la consideración de parque nacional, zona húmeda de importancia internacional integrante de la Red Natura 2000 y parte fundamental de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda. 
  • Para ello proponen que se apruebe con urgencia un Marco de Actuaciones Prioritarias centrado en la reducción de los consumos de agua y la restauración de la integridad ecológica del espacio natural y su entorno.

Este año se cumple el 50 aniversario de la declaración de las Tablas de Daimiel como parque nacional y la preocupación de las principales organizaciones medioambientales del país por este espacio sigue en aumento, ya que esta emblemática zona húmeda se mantiene desde hace décadas en el peor de los estados de deterioro y de artificialización. Por ello, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España exigen a las administraciones competentes, tanto a nivel estatal como autonómico, que apliquen de inmediato las políticas y medidas a las que les obliga la legislación y los compromisos internacionales.

Las organizaciones consideran que las Tablas de Daimiel se merecen toda la atención como Doñana y el Mar Menor, y recuerdan que, en este espacio manchego, se pusieron de manifiesto las graves consecuencias de una gestión errónea del agua y, en concreto, de la sobreexplotación causada por el regadío. Situación que ha llevado a incluir el parque en la Lista Montreux de Ramsar desde 1990, que registra aquellos humedales donde se han producido o pueden producirse cambios en las características ecológicas como consecuencia del desarrollo tecnológico, la contaminación u otra intervención del ser humano.

Entre las medidas que las organizaciones han propuesto está la remisión de un escrito a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a la Vicepresidenta Tercera del Gobierno, en el que reclaman la puesta en marcha de un Marco de Actuaciones Prioritarias que pivote sobre el verdadero problema que acucia al humedal: la sobreexplotación de los acuíferos y, en consecuencia, la necesaria reducción de las extracciones de agua para regadío en el acuífero de la Mancha Occidental. Para las organizaciones este Marco de Actuaciones Prioritarias debe ser vinculante y  estar dotado de presupuesto suficiente para la ejecución de medidas a corto y medio plazo. Los objetivos principales del Marco de Actuaciones deben ser la reducción de las presiones, principalmente la sobreexplotación, así como el restablecimiento de la legalidad y la reducción de superficies regadas en todo el Alto Guadiana, incentivando un diferente desarrollo socioeconómico.

Por otro lado, las organizaciones ambientales reclaman al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como máximo responsable del parque nacional y de la gestión del agua, una revisión a la baja de las dotaciones de agua para regadío y un plan coordinado y eficaz de control de las extracciones y de clausura de pozos ilegales en el que participen todas las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental. Asimismo, las organizaciones consideran que no se debe poner en marcha el proceso de transferencia del parque nacional a la Comunidad de Castilla-La Mancha hasta que no esté acordado el Marco de Actuaciones Prioritarias que garantice la recuperación ambiental de las Tablas de Daimiel y la reducción decidida del regadío en su zona de influencia.

A juicio de las organizaciones, deben dejarse a un lado medidas excepcionales y  cosméticas, como el trasvase de agua desde el Tajo, que en este momento podría producir una amenaza mayor como la expansión de especies exóticas invasoras, como el mejillón cebra, como se dijo en el Consejo de Participación de Daimiel y que no hacen sino deteriorar aún más el espacio. Así, consideran que ninguna aprobación excepcional debe aceptarse si no está precedida de una reducción del volumen de concesiones de regadío en el momento actual.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España recuerdan que las Tablas de Daimiel pueden perder su condición como espacio natural protegido y que si en un plazo breve no se dan los pasos adecuados para su recuperación natural deberían ser objeto de la declaración de estado de conservación desfavorable que plantea el artículo 22 de la Ley de Parques Nacionales y que implica la intervención de la Administración General del Estado para adoptar “aquellas medidas y acciones indispensables para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley y la adecuada conservación del parque nacional”.

La recuperación de las Tablas de Daimiel es más que una obligación legal, debe ser un compromiso moral de toda la sociedad, ya que en estas cinco décadas no se ha frenado su deterioro ni se le ha dado la protección que merece.

Teresa Rodríguez Pierrard (Amigos de la Tierra)

Roberto Herreros (Ecologistas en Acción)

Mónica Ortega (Greenpeace)

Agustín Carretero (SEO/BirdLife)

Coral García (WWF)

Francia prohíbe los vuelos cortos cuando haya alternativa ferroviaria

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Tras su publicación ayer en el Diario Oficial Francés, hoy ha entrado en vigor la medida que prohíbe los vuelos nacionales cuando haya una alternativa ferroviaria de menos de dos horas y media. La medida, incluida en la Ley de Clima y Resiliencia de 22 de agosto de 2021 pero suspendida durante meses por un recurso de la industria que provocó el estudio del caso por la Comisión Europea, supone a día de hoy la eliminación de las conexiones entre los aeropuertos de París-Orly y Burdeos, Nantes y Lyon.

Ecologistas en Acción celebra la entrada en vigor de esta regulación por su carácter pionero en el contexto internacional, si bien reclama mayor ambición en el diseño de este tipo de normativas para maximizar su impacto en cuanto a reducción de emisiones.

Según Pablo Muñoz, portavoz de la la organización, “si bien esta medida representa un paso en la buena dirección en cuanto a medidas de limitación de la oferta, el establecimiento de un umbral de 2,5 horas para la alternativa ferroviaria o la exclusión de todos los vuelos de conexión constituyen importantes limitaciones a la eficacia de la norma, como han puesto de manifiesto algunas entidades sociales francesas”.

Esta norma supone un espaldarazo a la puesta en marcha de regulaciones encaminadas a limitar la oferta de modos de transporte muy contaminantes mientras existan alternativas sostenibles. En este sentido, Ecologistas en Acción reclama la limitación de los vuelos cortos en España y aporta algunos datos: entre 2013 y 2019 las operaciones domésticas de pasajeros aumentaron un 27%, incrementándose las emisiones asociadas a estos vuelos un 30%, a pesar de las mejoras tecnológicas y de eficiencia de las aeronaves (14% de media) en el mismo periodo. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, los vuelos domésticos generaron en España 3,15 millones de toneladas de CO2 en 2019.

“Teniendo en cuenta que el transporte es el sector que más emisiones genera en España (un 29,6% del total) y que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece un objetivo de reducción de las emisiones de dicho sector de un 33% para 2030, resulta imperativo y urgente poner en marcha medidas de diverso tipo que, de forma coordinada, pongan freno a las crecientes emisiones del transporte aéreo”, ha añadido Pablo Muñoz.

Por ello, la organización ecologistas afirma que la sustitución de vuelos cortos por trayectos en tren resulta sumamente apropiada en un Estado como el español, con la red ferroviaria de alta velocidad más extensa de la UE y con corredores aéreos sumamente impactantes como el Madrid-Barcelona, que en 2019 generó casi 35.000 operaciones y es una de las rutas que más emite en toda la Unión Europea.

Ecologistas en Acción reclama la inclusión en la Ley de Movilidad Sostenible, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, de un artículo que regule la eliminación de vuelos cortos con alternativa ferroviaria de hasta 4 horas. Una propuesta transmitida junto a otras 13 organizaciones sociales, sindicales, ecologistas y juveniles a los diferentes grupos políticos con representación parlamentaria, algunos de los cuales -Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Más País- han asumido como enmiendas propias al proyecto de ley propuesto por el PSOE. También el Partido Popular ha reconocido que está dispuesto a estudiar el tema si se asegura que existe una alternativa ferroviaria a las rutas aéreas.

Pablo Muñoz ha concluído: “La medida puesta en marcha en Francia, con el aval de la Comisión Europea, muestra el camino por el que deben transitar otros países de la Unión Europea, empezando por España,“Una sustitución ambiciosa de vuelos cortos por trayectos en tren es a día de hoy posible y necesaria. Por ello, pedimos al Gobierno de España y al PSOE valentía para abordar esta cuestión e incluir la eliminación de vuelos cortos en una Ley de Movilidad que realmente pueda ser calificada de sostenible”.

La planta de biometano Torre Santamaría, mejor proyecto de biogás en los Premios de la Bioenergía 2023

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Ignacio Soneira, CEO de Axpo Iberia; Joan Pons, director de Innovación de Sorigué y Sebas Farré en representación de Torre Santamaria, recogieron el premio en un evento organizado por el Clúster de la Bioenergía de Catalunya (CBC) con la asistencia de más de 300 profesionales del sector.

Tras la reciente adquisición del 80% del proyecto Noguera Renovables de la planta de biometano Torre Santamaría por parte de Axpo Iberia y Sorigué, el Clúster de la Bioenergía de Catalunya (CBC) ha otorgado a esta iniciativa el premio al mejor proyecto de Biogás de Cataluña, reconociendo así su aportación como ejemplo práctico y pionero de economía circular, al convertir la totalidad de sus residuos agroalimentarios en biometano, que se inyecta directamente en la red.

Durante la celebración de la I Noche de la Bioenergía, organizada por el Clúster de la Bioenergía de Catalunya (CBC) en el Auditorio del Museo de la Ciencia CosmoCaixa, se entregaron los Premios de la Bioenergía 2023, reconociendo a empresas, entidades públicas y privadas y entes locales, que hayan llevado a cabo actuaciones remarcables en el uso y fomento de la bioenergía en Catalunya.

Sebas Farré, de Noguera Renovables; Ignacio Soneira, CEO de Axpo Iberia; y Joan Pons, director de Innovación de Sorigué

Las diferentes candidaturas presentadas optaban a ganar cuatro posibles galardones: el Premio de Biomasa, el Premio de Biogás, el Premio Innovación Bioenergía, y el Premio Trayectoria.

El premio al mejor proyecto de Biogás fue otorgado a granja Torre Santamaría por su aportación pionera a la economía circular y fue recogido por Ignacio Soneira, CEO de Axpo Iberia; Joan Pons, director de Innovación de Sorigué; y Sebas Farré, en representación de Torre Santamaria. “Tras la firma en 2020 del primer acuerdo de compraventa de biometano a largo plazo en España entre la granja Torre Santamaría y Axpo Iberia, el proyecto comenzó a inyectar biometano en la red de gas en febrero de 2022”, comentó Ignacio Soneira al recibir el galardón. “En ese momento, Axpo Iberia hizo posible un proyecto pionero en España, al utilizar exclusivamente los residuos ganaderos procedentes de la granja Torre Santamaría para la producción de biometano. Actualmente, la planta está inyectando 26 gigavatios-hora (GWh) cada año en la red de distribución de gas y, en colaboración con Sorigué, tenemos ambiciosos planes de expansión con el objetivo de llegar a producir 115 GWh de gas al año”, añadió.

La clausura del acto tuvo lugar a cargo de Jordi Serra, presidente del Clúster de la Bioenergía de Catalunya, y de Teresa Jordà, Consellera de Acció Climática, Alimentació y Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

Un proyecto pionero de economía circular en plena expansión

La granja Torre Santamaría es un ejemplo práctico y pionero de economía circular, al convertir la totalidad de sus residuos agroalimentarios en biometano, que se inyecta directamente en la red. Solo en Cataluña, se calcula que se generan unos 17 millones de toneladas de purines. Con la transformación del gas metano en biometano, se consigue energía limpia para su consumo directo en las granjas o bien para la inyección en la red de gas, como es el caso de Torre Santamaría.

De forma adicional a la obtención de energía en forma de biometano, tras el tratamiento de los restos orgánicos desechados del proceso se obtienen una serie de subproductos en forma de fertilizantes orgánicos y ecológicos que a su vez se reutilizan para abono de los mismos pastos que, de nuevo, consumirán las vacas.

Tras la adquisición del 80% de las participaciones de la sociedad titular de la planta de biometano (Noguera Renovables) por parte de Axpo Iberia y Sorigué (40% Axpo Iberia, 40% Sorigué, 20% TSM), en esta segunda fase se pretende dar un gran impulso al proyecto, pasando a una producción de 115 GWh al año, un aporte de gran relevancia para alcanzar los objetivos medioambientales, energéticos y climáticos propuestos por la Unión Europea para 2030.

Pedro López | comunicación

El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE aprueban una ley pionera para detener la deforestación

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  •  La Alianza Cero Deforestación valora positivamente la aprobación del Reglamento para frenar la deforestación importada y recuerda que es el primer paso para acabar con la destrucción de ecosistemas en el mundo.
  • El éxito de este Reglamento dependerá de controles efectivos en cada Estado y que las autoridades responsables de los mismos apliquen sanciones realmente disuasorias.

Hoy, el Consejo de la Unión Europea, tal y como ya hizo el Parlamento Europeo el pasado 19 de abril, ha aprobado el Reglamento relativo a la comercialización en el mercado de la UE y a la exportación desde el mismo de determinadas materias primas y productos derivados asociados a la deforestación y la degradación forestal. Esta nueva regulación requerirá que las empresas demuestren que sus productos no han contribuido a la destrucción de los bosques si quieren venderlos en el mercado de la UE.

La Alianza Cero Deforestación, de la que forman parte Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), Mighty Earth, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, aplaude esta votación. No obstante, recuerda a la Comisión de la UE y a los Estados miembros que esta decisión marca solo el comienzo, y que será la ambición y el rigor en la aplicación de la ley la que dará los resultados esperados de frenar la deforestación inducida por el consumo de materias primas de la UE.

Las importaciones agrícolas a Europa son las segundas responsables de la deforestación global en el mundo, después de China. La agricultura industrial impulsa más del 90 por ciento de la deforestación, según un estudio publicado en la prestigiosa revista Science.

En palabras de la Alianza Cero Deforestación “este es un día histórico para los bosques del mundo. Por primera vez los operadores agroindustriales y otras empresas en su cadena de suministro deberán demostrar que sus importaciones de carne de vacuno, soja, aceite de palma, caucho, cacao, café, madera y algunos de sus productos derivados están libres de deforestación. Esta es también una buena noticia para consumidoras y consumidores que, conscientes de la gravedad del problema, han exigido de manera constante a los gobiernos y las empresas que mantengan los productos que causan la destrucción de los bosques fuera de sus cestas de la compra”.

Para las organizaciones ecologistas, el trabajo no ha terminado. La Comisión de la UE necesita evaluar e incluir cuanto antes otras materias primas como el maíz u otros tipos de carne y ecosistemas críticos como praderas, turberas y humedales, “una medida que hubiera mejorado sensiblemente el Reglamento”.

Un ejemplo de esta situación es el caso de biomas como el Cerrado, que queda casi en su totalidad fuera del ámbito de aplicación de esta regulación y, sin embargo, es donde se produce el 52% de la soja brasileña y la deforestación. También es donde la conversión de tierras alcanzaron su máximo de siete años en 2022, cuando se perdieron 10.689 km2.

Al mismo tiempo, la Amazonía registró en abril de 2023 una disminución de bosque en 287,7Km2, un 72% más bajo que hace un año. De ahí la urgencia de que en el plazo de un año desde su entrada en vigor, tal y como prevé la ley, se evalúe positivamente la incorporación de ecosistemas bajo la clasificación de otras tierras boscosas. Esto permitiría aumentar considerablemente la protección de espacios naturales como el Cerrado y otros que a nivel global están sufriendo el avance sin precedentes de la agroindustria.

Según el informe “Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020” de FAO, en el mundo existen 977 millones de hectáreas que se clasifican como otras tierras boscosas.

Deberes para el Gobierno y las comunidades autónomas

El Reglamento prevé que, para un control efectivo de las materias primas que se importan y comercializan en el mercado de la UE, los Estados miembros deberán designar autoridades competentes en cada país, además de publicar su régimen sancionador.

España es, dentro de la UE, uno de los puntos de entrada más importantes de algunas de las materias primas que recoge el Reglamento, como la soja que se destina a la alimentación animal. Por este motivo, es esencial como punto de partida una buena configuración de la autoridad competente responsable de los controles, tanto en su dimensión estatal como autonómica, con recursos económicos, humanos y técnicos.

Las organizaciones señalan algunos aspectos que contribuirían a paliar la sensación de dejadez institucional e impunidad durante la aplicación del Reglamento para combatir la tala ilegal (un reglamento aprobado en 2013 y que fue la antesala de este nuevo Reglamento que lucha contra la deforestación) tales como:  la homogeneidad en la designación de los órganos competentes a nivel autonómico; mayor coordinación y cooperación entre estas autoridades; transparencia en los controles realizados; o una aplicación efectiva del régimen sancionador.

En ese sentido, la Alianza Cero Deforestación reclama al Gobierno y a las comunidades autónomas, que “garanticen en el ámbito de las administraciones públicas de su competencia, los recursos necesarios, para la correcta implementación y el cumplimiento del Reglamento. En paralelo se debería trabajar en una ley estatal específica de lucha contra la deforestación para facilitar y unificar bajo una única regulación las exigencias derivadas del Reglamento”.

Doñana se extingue, un humedal mundialmente conocido por su importancia para las aves migratorias

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  •  En el Día Mundial de las Aves Migratorias, SEO/BirdLife denuncia que Doñana ya no cumple con sus funciones ecológicas para la reproducción e invernada de las aves migratorias por las que ha sido merecedor de diversas figuras de protección y reconocimiento internacional, debido a la degradación de sus hábitats acuáticos.
  •  Situado entre Europa y África, Doñana es un humedal crucial en el paso migratorio de las aves entre ambos continentes, motivo por el cual ha sido mundialmente conocido por su valor estratégico para la cría, la invernada y la parada de cientos de miles de aves migratorias, muchas de ellas especies amenazadas.
  • Los últimos datos de invernada, 2021-2022, corroboran esta tendencia regresiva, con 87.488 individuos de aves acuáticas, el número más bajo en 40 años. Incluso una de las especies invernantes más emblemáticas y abundantes de Doñana, el ánsar común, ha pasado de superar los 40.000 ejemplares de forma habitual a marcar los registros más bajos de la historia, con menos de 10.000 ejemplares durante el invierno de 2023

Las aves migratorias han desarrollado la fascinante capacidad evolutiva de recorrer grandes distancias desde sus lugares de invernada hacia las áreas de reproducción y viceversa, salvando a veces miles de kilómetros. Un exigente periplo que supone un desafío extremo a su biología por tener que superar en muchos casos las grandes barreras geográficas que suponen las cordilleras montañosas, los desiertos y los mares. Pero, además, en el camino encuentran numerosos peligros: caza ilegal, contaminación, hábitats destruidos, temporales, parques eólicos, carreteras o tendidos eléctricos. Es por ello, que conservar sus espacios de cría, invernada y reposo en sus rutas migratorias es vital para su conservación.

En 2023, Día Mundial de las Aves Migratorias rinde homenaje a los ecosistemas acuáticos del planeta y a su importancia para muchas especies de aves migratorias. El próximo sábado 13 de mayo es la fecha elegida para esta celebración promovida por Naciones Unidas a través de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) y su Acuerdo para las Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia (AEWA), junto con la organización Medio Ambiente para las Américas (EFTA).

Y es que la gran mayoría de las aves migratorias dependen de los ecosistemas acuáticos continentales y costeros durante su ciclo vital: ríos, lagunas, lagos, arroyos, marismas, estuarios, deltas, albuferas o salinas son vitales para su alimentación y reproducción, pero también como lugares para descansar y recuperarse durante sus largos viajes.

Sin embargo, los ecosistemas acuáticos están cada vez más amenazados en todo el mundo y, por tanto, las aves migratorias que dependen de ellos. La creciente demanda humana de agua, así como la contaminación, la expansión del regadío y el cambio climático están teniendo un impacto directo en la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente para garantizar la conservación los ecosistemas acuáticos naturales y las especies silvestres asociadas, y de muchas aves acuáticas migratorias en particular.

Imagen de la marisma de El Rocío (Doñana) desde la webcam instalada por SEO/BirdLife

Doñana se extingue para las aves migratorias

El Parque Nacional de Doñana no es una precisamente una excepción, sino uno de los ejemplos más paradigmáticos de la degradación de un humedal de importancia internacional, ubicado estratégicamente entre dos continentes y, por tanto, de vital importancia para las aves acuáticas migratorias. En años ecológicamente óptimos, sus marismas desempeñan un papel extraordinario como zona de invernada, paso migratorio y área de reproducción para la avifauna acuática del Paleártico Occidental, llegando a formarse espectaculares concentraciones de decenas de miles de individuos.

Sin embargo, la sobreexplotación de las masas de agua y los efectos del cambio climático en forma de sequía extrema más frecuente y altas temperaturas han reducido en los últimos años el período de inundación de la marisma, afectando a los miles de ejemplares de anátidas y limícolas invernantes que tapizaban las marismas y cielos y la formación de las grandes colonias de cría. Esa imagen icónica del humedal, en la que miles de parejas de espátulas, garzas o moritos formaban también ruidosas colonias de cría o “pajareras” en los alcornoques, empieza a ser una imagen del pasado.

Sin agua no hay reproducción

Precisamente el Informe sobre el estado de conservación de las aves acuáticas en Doñana, publicado recientemente por SEO/BirdLife, muestra las tendencias poblacionales –en su gran mayoría negativas–, tanto para las especies de mayor interés de conservación (catalogadas como amenazadas), como para las poblaciones de aves acuáticas comunes, para las cuales Doñana ha significado una de sus principales áreas de reproducción e invernada en Europa.

Según refleja la serie histórica de datos 2004-2022 (con datos de la Estación Biológica de Doñana-CSIC) analizada y recopilada en este informe, sobre la evolución de las poblaciones de aves acuáticas reproductoras y sus tendencias, la mayor parte de las especies se encuentran en una situación extremadamente preocupante. Por ejemplo, han desaparecido como aves reproductoras el fumarel común, y la garcilla cangrejera o la garza imperial, empeoran su estado de conservación.

Especies históricamente abundantes como la pagaza piconegra han pasado de cifras superiores al millar de parejas en la primera década del siglo XXI a reproducirse tan solo dos años de los últimos nueve. Su situación evidencia la mala evolución de los representantes de la familia de los charranes y fumareles en Doñana, que también se observa en otras especies como el fumarel cariblanco o el charrancito común, que ha pasado de más del millar a principios de la década a no pasar de 20 parejas en 2022.

Especies comunes, como las espátulas, también están registrando bajas tasas de productividad. Seis de los siete peores datos de reproducción para la espátula común del siglo XXI en Doñana han tenido lugar en 2012, 2014, 2016, 2019, 2020 y 2022, mostrando la población del espacio natural una tendencia lineal claramente negativa, que en valores absolutos se supone una reducción del 50% de la población reproductora en lo que va de siglo.

Invierno sin invernantes

No solo la reproducción en Doñana es cada vez más silenciosa. Los datos de invernada certifican esta misma tendencia regresiva en las poblaciones que arriban a las marismas del Guadalquivir desde el centro y norte de Europa. En la invernada 2021-2022 se han censado 87.488 individuos, el número más bajo en 40 años. Según los resultados del Censo internacional de aves acuáticas invernantes durante 2023, una de las especies invernantes más emblemáticas y abundantes de Doñana, el ánsar común, ha pasado de superar los 40.000 ejemplares de forma habitual a marcar los registros más bajos de la historia, con 9.591 ejemplares. Sólo 9.171 agujas colinegras fueron censadas este año, el número más bajo desde la invernada 1980-81 y las 2.933 avocetas censadas representan el peor dato para esta especie desde la invernada de 1985-1986.

Ultima llamada para Doñana

Por estos motivos, SEO/BirdLife no sólo ha pedido a las Administraciones nacionales acciones urgentes y efectivas para salvar Doñana, sino que ha comunicado a organismos internacionales como la Convención de Ramsar sobre los Humedales y a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO, la urgente necesidad de actuar contundentemente para intentar revertir una crisis de biodiversidad sin precedentes en la historia del parque nacional.

Según se desprende de numerosos informes técnicos y científicos, actualmente Doñana no podría acreditar el cumplimiento de gran parte de los criterios e indicadores establecidos en los estándares de calidad de la Green List de la UICN, lista que certifica que el espacio se gestiona adecuadamente, de acuerdo con unos criterios y directrices aceptados internacionalmente. Igualmente, la ONG ambiental considera que Doñana debería ser incluida en la Lista de Patrimonio de la Humanidad en peligro de la UNESCO.

SEO/BirdLife también ha solicitado apoyo a la ciudadanía para detener la extinción de Doñana, mediante la recopilación de firmas (más de 145.000 hasta la fecha) y que en breve serán entregadas al Parlamento Andaluz. Se trata de seguir presionando para que no se apruebe la legalización de 650 fincas de regadío en el entorno del parque nacional, que supondría el golpe definitivo que podría abocar al humedal a un punto de no retorno. La ONG ambiental, suma así su voz a las de diferentes entidades científicas, los órganos de gobierno del Parque Nacional y la Comisión Europea que han manifestado su apoyo a Doñana.

Ánsares comunes en la marisma de El Rocío (Doñana) ©SEO/BirdLife

Global Big Day, un día para “pajarear”

El Día Mundial de las Aves Migratorias coincide además con la celebración del Global Big Day, que anima a todos los aficionados a la ornitología a que salgan al campo a observar aves y a difundir sus avistamientos a través de la plataforma eBird. Participar es fácil, incluso se puede ser parte del Global Big Day desde casa, dedicando al menos 5 o 10 minutos e informando de las observaciones realizadas, que ayudan a comprender mejor las poblaciones de aves a nivel mundial a través de mapas animados de abundancia presentados por eBird Science.

El año pasado, el Global Big Day reunió virtualmente a más de 51.000 personas de 201 países, que subieron de 132.000 listas de avistamientos a eBird, estableciendo cuatro nuevas marcas mundiales para un solo día de observación de aves: mayor número de aficionados, desde el mayor número de países, informando de mayor número de especies y en mayor número de listados.

Greenpeace propone la creación de un abono único de transporte para moverse de forma sostenible por todo el país

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  • Para la ONG la creación de este abono es clave para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y luchar contra el cambio climático generado por la movilidad contaminante
  • Su financiación se llevaría a cabo a través de la eliminación gradual de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente y un sistema tributario justo basado en las emisiones de CO2

«T-lleva lleva a cualquier punto del territorio, en cualquier medio de transporte público, a un precio asequible para todo el mundo y evitando emisiones contaminantes innecesarias”. Así han descrito los portavoces de Greenpeace la propuesta que han lanzado hoy para crear un abono único de transporte, “T-lleva”, que permitiría a la ciudadanía viajar por todo el país de manera sostenible, accesible, fácil y económica, con una misma tarjeta.

En el marco del comienzo de la campaña de las elecciones locales y autonómicas, la organización pide a todos los partidos que se presentan que tengan muy presente la movilidad de la ciudadanía como uno de los ejes fundamentales de sus campañas y recojan el guante de llevar a cabo esta iniciativa. Para la ONG es necesario que se alineen las estrategias y se vaya a un objetivo común, sobre todo el ofrecer a la ciudadanía un servicio de movilidad integrado más allá de quien lo opere y de cuál sea el modo. Para que este tipo de sistemas funcionen es necesaria la implicación y colaboración de todas las administraciones, autonómicas y municipales y de la administración central, por lo que Greenpeace extenderá su petición a los partidos que este mismo año concurran a las elecciones generales.

El abono “T-lleva” simplificaría las tarifas del transporte al permitir viajar por diferentes localidades, provincias, comunidades autónomas y zonas tarifarias. Consistiría en una sola tarjeta con tarifa plana para el transporte, que permitiría usar todos los servicios disponibles, como el autobús, tren, tranvía y cualquier otro medio de transporte público. Por tanto, facilitaría aún más el cambio de medios de transporte contaminantes como el coche o el avión por otros más respetuosos con el medio ambiente. Así, por ejemplo, la misma tarjeta que se usa en Madrid podría utilizarse también para viajar a Sevilla y una vez allí por su área metropolitana. Este sistema permitiría articular y facilitar la cooperación entre las administraciones públicas titulares de los servicios y de las infraestructuras del transporte público de tal manera que las personas perciban la red de transporte público como un único sistema integrado, desde el punto de vista de las correspondencias, de la coordinación del servicio y del sistema tarifario.

Los abonos únicos de transporte o billetes climáticos ya son una realidad en otros países europeos como Alemania, Austria o recientemente Hungría, donde junto con buenos servicios de transporte público y una densa red ferroviaria están consiguiendo ser un éxito y tienen el objetivo de no dejar a nadie atrás, contribuir a la igualdad de oportunidades y a la reducción de emisiones en el contexto de crisis energética y climática que tenemos.

Los precios del transporte

La movilidad forma parte de nuestra vida cotidiana, es necesaria para satisfacer nuestras necesidades básicas y participar en la sociedad. Pero el aumento del precio del combustible ha vuelto el transporte cada vez más inasequible. En el verano de 2022 y en el contexto de la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, MITMA, estableció diferentes medidas para abaratar el precio del transporte, paliar los efectos de la inflación y contribuir a la independencia energética de España. “Ya partimos de la reducción de tarifas del transporte público que se han realizado en este último año. Sabemos que los descuentos en el transporte público están funcionando, es el momento de pedir que se consoliden y que se conviertan en una medida permanente”, ha comentado Cristina Arjona, coordinadora de la campaña de movilidad de Greenpeace. “Además, no sólo nos debemos quedar ahí, sino demandar un abono único de transporte, de carácter mensual, trimestral o anual, que permita usar cualquier medio por todo el territorio”, ha añadido.

La propuesta de Greenpeace es que “T-lleva” se podría financiar a corto plazo con los impuestos sobre los beneficios extraordinarios de las empresas de combustibles fósiles. Sin embargo, a largo plazo, la eliminación gradual de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente y un sistema tributario justo basado en las emisiones de CO2 serían las mejores formas de asegurar recursos, como la introducción rápida y efectiva de un impuesto sobre el queroseno, impuestos sobre emisiones de lujo como jets privados, yates y automóviles de lujo y la introducción del IVA en los billetes de vuelos internacionales. También un impuesto general al CO2, sobre todas las emisiones de CO2 fósil, puede contribuir a financiar el transporte público.

“No debemos olvidar que medidas como la reducción de 20 céntimos en el precio final de los hidrocarburos costaron casi 5.000 millones de euros, y gracias a esta medida se benefició a las rentas más altas y a las empresas petroleras. Sin olvidar que subvencionar combustibles fósiles va en sentido contrario a cualquier política que pretenda luchar contra el cambio climático”, ha apuntado Arjona.

Desde Greenpeace apuntan que el abono único de transporte no es la única solución contra las emisiones en un contexto de emergencia climática como el actual, pero sí una solución muy efectiva de aplicar por parte de las administraciones. Confían en que la simplicidad de la oferta fomentará el uso del transporte público y ayudará a avanzar en la buena dirección de la justicia social y medioambiental. El objetivo es conseguir un cambio modal del vehículo privado al transporte público para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones y este es uno de los caminos para conseguirlo

Mónica Ortega | Greenpeace