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Casi la mitad de las reservas subterráneas de agua están en mal estado

  • El 44 % de los acuíferos españoles se encuentran en mal estado: el 30 % por contaminación, el 27 % por escasez de agua y un 14 % por ambas causas
  • Hay 353 masas de agua subterránea en mal estado, es decir, más de 140.000 km2 en nuestro país
  • Las Confederaciones Hidrográficas, las Comunidades Autónomas y la oligarquía del campo, entre los principales responsables del problema

 Greenpeace ha presentado hoy, en rueda de prensa, el informe SOS ACUÍFEROS, una radiografía de las 804 masas de agua subterránea que tiene España, y da buena cuenta del problema creciente de nuestras reservas de agua. La investigación, que permite al usuario geolocalizar cualquier ubicación del territorio, deja un balance alarmante: el 44 % de las masas de agua subterránea en España se encuentra en mal estado, según el análisis realizado de los documentos presentados en los planes de tercer ciclo de planificación (2022-2027). Esto supone tener un total de 353 masas de agua subterránea en mal estado. En extensión superficial se superan los 140.000 kilómetros cuadrados, lo que supone un impacto que abarca casi el 40 % de la superficie total que ocupan todas las masas de agua subterránea en España.

El 27 % de las masas de agua subterránea en España se declara en mal estado cuantitativo, es decir, se extrae más agua de la que es capaz de reponer el ciclo natural; el 30 % se encuentran en mal estado químico, o sea que se ha alcanzado un nivel de contaminación (sobre todo por nitratos pero también plaguicidas, metales…) por encima de los niveles máximos para la salud humana; y el 14 % se declara en mal estado cuantitativo y químico. Si una masa suspende en alguno de estos dos parámetros, o los dos, se considera que está en mal estado global.

Entre las principales cuencas analizadas pormenorizadamente, el mal estado general de sus acuíferos es variable pero, en todas, preocupante: Ebro (37 %), Guadiana (85 %), Guadalquivir (52 %), Segura (69 %), Júcar (47 %) y Duero (29,6 %)

“Es evidente que España ha descuidado y sigue descuidando sus aguas subterráneas”, ha declarado Julio Barea, responsable de la campaña de Agua de Greenpeace. “Este descuido llevará a graves problemas en el abastecimiento humano. En España, según el Gobierno, el 30 % de la población se abastece con aguas subterráneas. En la cuenca del Duero, por ejemplo, el 67 % de los núcleos de población se abastece exclusivamente de agua subterránea, lo que significa que el mal estado químico y cuantitativo puede afectar de manera directa al agua del grifo y dejarlos definitivamente sin agua”, ha añadido Barea.

El descuido de las masas de aguas subterráneas es tal que el 22 % de ellas no dispone de un sensor que mida la evolución del nivel del agua (sensor piezométrico) que permita, por tanto, conocer con detalle su estado cuantitativo en base al nivel freático.

Según ha manifestado en la presentación la directora ejecutiva de Greenpeace, Eva Saldaña: “o las Confederaciones Hidrográficas y los gobiernos, del color que sean, empiezan a tomarse este problema en serio o, de seguir con las mismas políticas de despilfarro, agresión y contaminación del agua, este país puede encontrarse en los próximos años con serios apuros para abordar el abastecimiento. Las previsiones de cambio climático para la península auguran un descenso significativo de las precipitaciones y de disponibilidad de agua en superficie y será entonces cuando haya que aprovechar, aún más, las aguas subterráneas”.

Causas del deterioro:

ESTADO CUANTITATIVO (escasez de agua)

El 27 % de las masas de agua subterránea en España está en mal estado cuantitativo debido fundamentalmente a las extracciones masivas realizadas. Afecta a más del 50 % de las masas en las cuencas del Segura, Guadiana y las internas de Cataluña, así como a un tercio en cuencas del tamaño del Guadalquivir, Segura, Duero, Ebro y Júcar.

ESTADO QUÍMICO (contaminación del agua)

El 30 % de las masas de agua subterránea presentan mal estado químico. Afecta a la mayor parte de las masas en las cuencas del Guadiana, Segura, Guadalete y Barbate, Gran Canaria, Tinto, Odiel y Piedras y a un tercio de las del Guadalquivir, Júcar, Duero y Ebro.

  1. CONTAMINACIÓN POR NUTRIENTES.– El impacto por nutrientes es uno de los impactos más extentidos, debido principalmente a un exceso de nitratos por fertilizantes agrícolas no orgánicos, y, cada vez más, a los purines de la ganadería industrial, además de otros compuestos utilizados en la agricultura.
  2. EL IMPACTO DE LAS MACROGRANJAS.– La ganadería industrial tiene un impacto significativo en las masas de agua subterránea. Esta afección destaca entre las presiones significativas de cuencas como la del Ebro, por la saturación de macrogranjas en amplias zonas de Cataluña y Aragón, y en el Segura, con una fuerte concentración en la Región de Murcia.
  3. PESTICIDAS Y PLAGUICIDAS.- Los plaguicidas son una de las fuentes de riesgo también más extendidas y que mayor alarma despiertan, por su afección al ser humano. Afecta al 11% de las masas, con mayor impacto en las cuencas de Cataluña, Júcar, Segura, Guadalquivir, Ebro y Duero, entre otras.
  4. INTRUSIÓN Y CONTAMINACIÓN SALINA.– El 13% de las masas de agua subterránea se encuentran afectadas por intrusión y/o contaminación salina. El exceso de extracciones en los acuíferos costeros produce una intrusión de agua salada al cambiar el flujo del acuífero.
    El problema de las aguas subterráneas con respecto a las superficiales es que la evolución de los acuíferos es muy lenta y, una vez contaminados, puede llevar décadas su recuperación o ser ya irrecuperables. Hay cuencas que ni siquiera plantean iniciar el camino para revertir su situación.

Responsables y soluciones. Demandas de Greenpeace.

Es evidente que a esta situación, tan grave, se ha llegado por la connivencia de responsables, entre ellos el Estado (las Confederaciones Hidrográficas que dependen del Ministerio de Transición Ecológica), las Comunidades Autónomas (sus consejerías de medio ambiente y/o agricultura), la oligarquía del campo (agroindustria, macrogranjas, fondos de inversión…), los sindicatos de regantes, así como las grandes empresas constructoras y distribuidoras, beneficiadas de las actuales políticas de desgobierno.

Nuestro país cuenta con un recurso anual disponible en sus acuíferos de 29.400 hectómetros cúbicos de agua. Esto, en teoría, sería la cantidad de agua total de la que podría disponer al año si se respetase en todas y cada una de las masas de agua subterránea su capacidad de regeneración. Pero desgraciadamente no se cumple. La situación es grave y la emergencia climática la agravará paulatinamente, por lo que Greenpeace urge a la toma de medidas tales como:

  • Superar la política hidráulica tradicional, centrada en la ejecución de grandes obras, y abordar una verdadera transición hidrológica justa que responda al actual contexto de cambio climático.
  • Reducir el consumo de agua, fundamentalmente por el regadío intensivo e industrial, al ser éste el mayor consumidor (80 % del total).
  • Incluir a la ciudadanía en la gestión del recurso agua y de los riesgos hídricos.
  • Implantar regímenes de caudales ecológicos científicamente establecidos.
  • Cerrar el más de un millón de pozos ilegales repartidos por toda la geografía española.
  • Orientar las políticas agrícolas y ganaderas hacia la sostenibilidad y la reducción del consumo.
  • Establecer una hoja de ruta para potenciar la agricultura ecológica y reducir la cabaña ganadera en intensivo en un 50 % para 2030.
  • Adaptar las políticas forestales a las necesidades del país más árido de Europa.
  • Aumentar el presupuesto destinado a la gestión forestal para avanzar en la adaptación de los bosques mediterráneos al cambio climático y, por tanto, en la protección de suelo y agua
  • Cumplir todas las medidas incluidas en el nuevo ciclo de planificación. Los objetivos que se van a dar a Europa para lograr los objetivos medioambientales dependen de que se cumplan las medidas definidas. Muchas de ellas ya estaban incluidas en los planes de segundo ciclo y ni siquiera se han iniciado. España tiene que aprobar los nuevos planes de planificación hidrológica antes de final de año.

Comparativa fotográfica

Además de la investigación, Greenpeace ha realizado una comparativa fotográfica temporal en algunos puntos de la geografía para reflejar la pérdida de agua que ya es visible en superficie. Mostrar en imagen el estado de los acuíferos subterráneos es difícil, pero la situación sobre ellos da cuenta del problema que España tendrá para el abastecimiento si no se toman medidas urgentemente.

Julio Barea | Greenpeace España

Bruselas alerta a España en su lucha contra los plásticos de un solo uso

Organizaciones ambientales lamentan la influencia de la industria, que a través de una intensa labor de presión en Bruselas, ha conseguido que desde la Dirección General de Industria y Emprendimiento de la Comisión Europea (CE) se recomiende al Gobierno de España rebajar los puntos más ambiciosos del Real Decreto de Envases que está pendiente de aprobación antes de finales de año. 

Al tratarse de un texto que transpone diversas directivas europeas, España, como es preceptivo, envió a Bruselas la propuesta del nuevo Real Decreto de Envases y Residuos de Envases para su revisión. Y la Comisión Europea ha reaccionado con un dictamen que, más allá de prevenir obstáculos técnicos al comercio, propone eliminar los puntos más ambiciosos del proyecto. La respuesta del Comisario Thierry Breton ha decepcionado a las organizaciones ecologistas, ya que se reprocha al Ministerio un exceso de ambición en la lucha contra los plásticos de un solo uso, motivo que precisamente originó parte de las directivas transpuestas, y se fundamenta en argumentos poco sólidos y a veces obsoletos.

La opinión de la Comisión sobre el texto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico parece claramente marcada por la gran influencia del lobby industrial del plástico, que ha coordinado, a través de diferentes asociaciones y patronales, decenas de respuestas para socavar el proyecto español.

Los principales cambios en el Real Decreto de Envases demandados por Bruselas son:

– Anular la prohibición de sustancias tóxicas en los envases (Ftalatos y Bisfenol A) que promueve el proyecto de Real Decreto porque no se corresponde con lo que establece la Directiva de Envases comunitaria que data de 1994 y que precisamente está en proceso de revisión tras casi 30 años de vigencia. Al mismo tiempo, ya existen otros textos comunitarios que restringen el uso de estas sustancias peligrosas.

– Eliminar los objetivos de reducción de residuos de envases (13% en 2025 y 15% en 2030) y de botellas de plástico de un solo uso (20% en 2030). Aquí, la CE pasa por alto que el artículo cuatro de la Directiva de Envases insta a los Estados Miembros a aplicar medidas adicionales para prevenir la generación de residuos de envases y el cinco permite que establezcan objetivos de reutilización.

– Tumbar la prohibición sobre el envasado de frutas y verduras frescas y su obligación de venderlas a granel en lotes de menos de 1,5 kg, a pesar de que Francia y otros países ya cuentan con la misma medida desde hace varios años.

– No obligar a las empresas a pagar los costes de las recogidas de basura abandonada en el entorno, como quiere hacer el Ministerio. El dictamen dice que esta medida va más allá de lo que se deriva de la Responsabilidad Ampliada del Productor en el artículo 8 de la Directiva de Residuos de 2008, pero no especifica de qué manera.

«Desde la sociedad civil, animamos al Gobierno y al Ministerio a seguir el ejemplo de otros Estados miembros y mantenerse en la defensa de la salud de las personas y el medio ambiente ante este dictamen teñido claramente de presiones empresariales. Cualquier otro escenario sería derrumbar las intenciones de España para afrontar el grave problema de la contaminación por plásticos e ir en contra de las propias directivas europeas de residuos», han valorado representantes de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, Retorna, Rezero y Surfrider.

Por otro lado, estas mismas entidades sostienen que recortar la ambición de los Estados miembros en la aplicación de las directivas “es un argumento muy peligroso que debilita y perjudica el propio espíritu de las directivas. Cada Estado en función de sus necesidades debe definir su ambición con los objetivos de las directivas, y España tiene un claro problema con los residuos de plástico que debe solucionar”.

A partir de ahora, y de acuerdo a las modificaciones propuestas, el período de espera para que España incorpore las modificaciones pertinentes o no, se retrasa al próximo 7 de noviembre.

Mañana termina el tercer año hidrológico más seco desde que hay registros

A pesar del espejismo de las últimas lluvias, las reservas actuales de agua embalsada apenas superan el 30%

Mañana termina el año hidrológico 2021-2022 (1), y lo hace situándose como uno de los tres más secos de la serie histórica. Se cierra un año hidrológico marcado por olas de calor intensas y con precipitaciones que han sido un 25 % inferiores a la media. Las reservas de agua embalsada están al 32,5 %, las más bajas en los últimos 27 años.

Cabe recordar que el 75 % del territorio español está en grave riesgo de desertificación. Desde mediados del siglo XX, el clima árido, en detrimento del templado, no ha hecho más que avanzar en todo el país a un ritmo de unos 1.500 km² al año (el equivalente a la isla de Gran Canaria o a más de 204.000 campos de fútbol), según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Para el responsable de la campaña de Agua de Greenpeace, Julio Barea: “Es hora de entender que España tiene un grave problema con el agua debido a su mala gestión. Las personas, los ecosistemas y la economía están expuestos a múltiples riesgos por ello. De seguir con las mismas políticas de despilfarro, agresión y contaminación del agua, el país puede encontrarse en los próximos años con serios apuros para abordar el abastecimiento y el reparto de este recurso imprescindible”.

De nuevo, ha habido una falta total de previsión para hacer frente a los periodos secos, como el actual. Y los venideros serán aún peores. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en las próximas décadas la región Mediterránea tendrá menos agua disponible por el descenso de las precipitaciones y el aumento de la temperatura, que producirá mayor evapotranspiración. Como muestra, el periodo entre mayo y agosto ha sido el más cálido y seco de toda la serie histórica y septiembre ha continuado batiendo récords de calor, a juzgar por los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Según el Instituto de Salud Carlos III, este año 3.833 personas han perdido la vida en nuestro país por causas atribuibles a las altas temperaturas registradas en los meses de julio y agosto.

Algunas de las voces más expertas reunidas en la Semana Mundial del Agua, celebrada en Estocolmo en agosto, denunciaban, con preocupación, que se han superado los límites del agua dulce a escala planetaria. Sin embargo, a pesar de este grave escenario, las administraciones españolas siguen considerando España como país rico en agua. En la biodiversidad y el medioambiente, los impactos de la falta de agua son casi irrecuperables. De empeorar la situación, como ya se prevé, la falta de agua afectará gravemente a sectores como la agricultura y la ganadería con serias pérdidas económicas, elevará los riesgos sanitarios y llegará a motivar conflictos sociales por el reparto del agua.

Greenpeace ha salido a la carretera para mostrar, con imágenes, algunos ejemplos de sequía. La organización ha hablado con personas afectadas por la falta de agua y hoy comparte sus testimonios. Son los primeros damnificados de una situación que, si no se actúa de forma urgente y decidida, empeorará sin margen de duda. Sin embargo, la política agraria ha apostado por una agricultura de regadío intensivo e industrial totalmente sobredimensionada y no adaptada al clima mediterráneo.

¿Qué se puede hacer contra la sequía?

Para proteger y garantizar el acceso equitativo a agua de calidad de todas las personas y ecosistemas, Greenpeace lleva años reclamando un cambio en la política hídrica en nuestro país que pase por:

  • Superar la política hidráulica tradicional, centrada en la ejecución de grandes obras, y abordar una verdadera transición hidrológica justa que responda al actual contexto de cambio climático.
  • Luchar contra el grave estado de sobreexplotación y contaminación que sufren nuestras aguas y prestar especial atención a las aguas subterráneas, al ser reservas estratégicas y aún muy desconocidas.
  • Reducir nuestra vulnerabilidad al riesgo de sequía, aminorando la cantidad total de agua consumida, fundamentalmente por el regadío intensivo e industrial, al ser éste el mayor consumidor (80% del total).
  • Incluir a la ciudadanía en la gestión del recurso del agua y de los riesgos hídricos, a través de procesos participativos reales y asambleas ciudadanas.
  • Implantar regímenes de caudales ecológicos científicamente establecidos.
  • Cerrar el más de un millón de pozos ilegales repartidos por toda la geografía española.
  • Orientar las políticas agrícolas y ganaderas hacia la sostenibilidad y la reducción del consumo de agua, a través de una transición hidrológica justa.
  • Establecer una hoja de ruta para potenciar la agricultura ecológica y reducir la cabaña ganadera en intensivo en un 50 % para 2030.
  • Adaptar las políticas forestales a las necesidades del país más árido de Europa.
  • Aumentar el presupuesto destinado a la gestión forestal —que debe centrarse en la planificación y protección de los recursos hídricos— para avanzar en la adaptación de los bosques mediterráneos al cambio climático y, por tanto, en la protección de suelo y agua (gestión ecohidrológica).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Si la situación de los embalses es grave, la próxima semana, Greenpeace presentará la investigación “SOS ACUÍFEROS”, con datos sobre el estado de las reservas de agua subterráneas, nuestra garantía de agua para el futuro. La situación, analizada por Datadista para la organización ecologista, es más alarmante de lo que se esperaba.

Julio Barea | Greenpeace España

Greenpeace denuncia el “ECO tongo” de las etiquetas ambientales de la DGT

La ONG exige que el Gobierno corrija y ponga al día las etiquetas de la DGT tal y como se comprometió en 2020 y no ceda a las presiones de la industria automovilística, que logró parar esa iniciativa

Esta mañana activistas de Greenpeace han accedido a las instalaciones de un gran grupo de automoción en Villaverde (Madrid) para desplegar una enorme pancarta con forma de etiqueta de la DGT sobre decenas de automóviles. Bajo el texto “ECO tongo. DGT cambia las etiquetas ¡ya!” la organización ecologista ha reclamado a la Dirección General de Tráfico que reforme los distintivos ambientales de los vehículos, pues no son fieles a la realidad en cuanto a lo que estos contaminan y condicionan aspectos como las rebajas fiscales o el libre acceso a las nuevas Zonas de Bajas Emisiones, obligatorias en 150 ciudades a partir de enero de 2023.

Greenpeace denuncia que el etiquetado actual es un “coladero” para tecnologías contaminantes, como el gas fósil (mal llamado “natural”), que disfrazan de verde la industria y confunden al consumidor. Así, cualquier vehículo (coche, furgoneta o camión) que funcione con gas licuado o comprimido disfruta del distintivo ECO de la DGT, lo que les otorga importantes beneficios fiscales y normativos. Sin embargo, los vehículos de gas liberan grandes cantidades de partículas contaminantes y peligrosas asociadas con el cáncer, el alzheimer y enfermedades cardíacas y respiratorias, además de contribuir de manera similar que los vehículos diésel o gasolina a la crisis climática.

La propuesta ecologista para reformas las etiquetas

Una vez que el Gobierno anunció, a mediados de 2020, su intención de reformar las etiquetas de la DGT, las entidades ecologistas Greenpeace, Fundación Renovables, Ecodes, Ecologistas en Acción y Transport & Environment lanzaron una propuesta de mejora que corregía los fallos del sistema actual e incorporaba las emisiones de CO2 como criterio de clasificación ambiental. No obstante la DGT decidió hacer caso omiso a las recomendaciones ecologistas y ceder a las presiones de la industria del automóvil y bloqueó la reforma de las etiquetas bajo el pretexto de “acordar los criterios de etiquetado con los fabricantes”. Una posición inaceptable que demuestra cómo la DGT diseña sus etiquetas anteponiendo los intereses de la industria del motor frente a la salud de las personas y la protección del medio ambiente.

Etiquetas diseñadas para el lavado verde de la industria

Los fallos del actual sistema de etiquetado ambiental también afectan a otros vehículos, como los microhíbridos, calificados como ECO a pesar de que la aportación eléctrica es mínima, o los híbridos enchufables etiquetados como “CERO emisiones” pese a que cuentan con motor de combustión y tubo de escape. «El Gobierno de España se comprometió a corregir los fallos de las etiquetas en 2020. Sin embargo, la DGT se ha plegado a los intereses de la industria para bloquear esta revisión, permitiendo que haya miles de vehículos contaminantes etiquetados como CERO y ECO cuando no lo son», ha declarado Adrián Fernández, responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace.

«La DGT se ha convertido en una agencia publicitaria de lavado verde de la industria del motor. Pero las etiquetas son solo uno de los engranajes de la inmensa lavadora con que el sector está hace pasar vehículos contaminantes como limpios», ha apuntado Francisco del Pozo, coordinador de la campaña de combustibles fósiles de Greenpeace.

Una nueva investigación de la Universidad de Harvard encargada por Greenpeace Países Bajos, Three shades of green(washing), ha revelado el uso descarado del lavado verde y el simbolismo para sacar provecho de la crisis climática en las redes sociales de las marcas de automóviles junto con compañías aéreas y empresas energéticas de Europa. El estudio muestra que solo uno de cada cinco anuncios de coches «verdes» vendía un producto, el resto funcionaba principalmente para presentar la marca como verde. Por ello Greenpeace y otras 40 organizaciones están impulsando una Iniciativa Ciudadana Europea (ECI, en sus siglas en inglés), que pide una nueva ley similar a la del tabaco que prohíba la publicidad y el patrocinio de los combustibles fósiles en la Unión Europea

Adrián Fernández | Greenpeace

El 92 % de las ayudas europeas para implementar Zonas de Bajas Emisiones se están usando

Greenpeace ha evaluado las ayudas europeas a municipios para la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y la transformación digital y sostenible del transporte urbano. A través de «La Lupa Verde», el observatorio social y ambiental de Greenpeace para el Plan de Recuperación, se han analizado casi un centenar de proyectos de una veintena de ciudades, con un resultado positivo. Un 92 % de las inversiones analizadas contribuye positivamente a la descarbonización, mientras que solo un 3 % son consideradas contraproducentes o negativas en términos sociales y ambientales.

Estas líneas de ayuda se dirigen a municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia, justo aquellas donde la Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a implementar nuevas ZBE antes de 2023. El objetivo del programa es acelerar la mejora de la calidad del aire y contribuir a la descarbonización del transporte urbano, haciendo más atractivo el uso del transporte colectivo y de la movilidad activa (bicicleta o a pie) y reduciendo el uso del coche en el centro de las ciudades.

Precisamente es el transporte público quien más se beneficia de estas ayudas: un 75 % de los fondos se dedican a este sector, sobre todo a la compra de autobuses eléctricos y bases de recarga. Greenpeace valora positivamente este reparto, aunque advierte de que semejante inversión debe ir acompañada de un cambio real en el modelo de transporte.

“Tras años enriqueciendo a los fabricantes de coches con dinero público y ‘planes renove’, por fin los gobiernos entienden que la transición verde pasa por invertir en más y mejor transporte público. Esperamos que estos fondos tengan como resultado un cambio en el modelo de ciudad para hacerlo no solo más limpio, sino también más equitativo y cercano. El Día sin Coches nos recuerda que las ciudades más habitables son aquellas que tienen menos tráfico, y por tanto menos ruido y contaminación y más facilidades para moverse andando, en bici o en transporte público”, ha afirmado Adrián Fernández, responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace.

Menos coches y más limpios

Pese al buen resultado de este análisis, Greenpeace denuncia que unas pocas ciudades han incluido proyectos poco sostenibles en la convocatoria. Entre las ciudades con proyectos ‘insostenibles’ figuran Pamplona, Tarragona, Almería o Alcorcón (Madrid) por haber proyectado varios aparcamientos considerados “disuasorios” a pesar de estar ubicados cerca del centro de la ciudad, lo que acaba atrayendo más tráfico rodado.

Greenpeace recuerda que estas ayudas deben contribuir al objetivo establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de reducir un 35% el tráfico privado para ayudar a mitigar las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, reducir los niveles de ruido, mejorar la calidad de vida de las ciudades y facilitar el desarrollo de la movilidad activa en los entornos urbanos.

“Todavía algunos ayuntamientos confunden la movilidad sostenible con promover el coche eléctrico o poner patinetes en las calles. Los objetivos climáticos son claros: necesitamos coches más limpios y eléctricos, pero sobre todo necesitamos menos coches. Hay muchas familias que vivirían mejor si no tuvieran que dedicar gran parte de su sueldo para llenar el depósito con combustibles fósiles”, ha apuntado Fernández.

Para analizar esta perspectiva social, esta tarde Greenpeace Internacional ha organizado un debate en Twitter Space con motivo del Día sin Coches, donde se abordarán qué políticas hacen falta para lograr un sistema de movilidad más justo social y ambientalmente.

Adrián Fernández | Greenpeace

Carlos Monleón gana el tokens digital para concienciar sobre el cuidado del agua

El proyecto Wetcoin.eth, del artista madrileño Carlos Monleón, se ha convertido en el ganador de la primera edición de la Beca Arte y Tecnología, impulsada por Etopia Centro de Arte y Tecnología a través de la Fundación Zaragoza Ciudad Conocimiento y del Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Lleida (UdL), Homesession Arts Visuals de Barcelona y el Centro de Arte la Panera. Un certamen que crea así un nuevo circuito para el arte digital entre estas tres ciudades, con una importante proyección internacional.
Wetcoin.eth, arte digital al servicio del cuidado medioambiental

El proyecto premiado por la Beca Arte y Tecnología, titulado Wetcoin.eth, es una reflexión sobre los diversos métodos de reparación del agua que propone modelos de distribución, organización y generación de capital social entorno a su cuidado, utilizando tecnologías y principios del blockchain y de la web.3. Su autor, Carlos Monleón, cuestiona las actuales lógicas del water management para proponer modelos de custodia de los bienes comunes tanto físicos como digitales, alineados con los ciclos de vida planetarios. Como resultado, su obra propone un circuito de reparación de un caudal de agua, cuyo tratamiento sea documentado mediante procesos de la imagen experimentales para su seguimiento y registro de sus distintas fases mediante tecnologías del blockchain, generando un “token» que incentive y genere valor en torno al cuidado de los bienes comunes y ambientales.

“Este proyecto tan esperanzador merece su éxito ante el jurado por su tratamiento innovador de la web.3 y la tecnología blockchain para tratar aspectos relacionados con ecología y nuestra relación con el agua. El reconocimiento a Wetcoin.eth ha valorado especialmente su incidencia e impacto en el imaginario colectivo, el interés del tema de investigación, el valor artístico y la singularidad de la creación que propone, así como su significativa aportación en el contexto de crisis climática”, afirman desde Etopia.

Así pues, la obra de Monleón ha conseguido destacarse entre las cuatro candidaturas seleccionadas como finalistas, firmadas por el francés Stéphane Bissières, en el cuarto puesto; la anglo-española Patricia Echevarría en tercera posición, y la artista e investigadora británica con formación en computación cuántica Libby Heaney, que ha sido reconocida en segunda posición.

El jurado ha estado formado por la profesora de la Escuela Politécnica Superior de la UdL y coordinadora del Grado en Diseño Digital y Tecnologías Creativas, Rosa Mª Gil Iranzo; Blanca Pérez, comisaria de arte digital y nuevos medios, además de responsable del programa de residencias de Etopia; Elena Giner responsable de contenidos en Etopia; Danilo Pioli, representando a la organización de Homesession Arts Visuals, y la responsable de programas públicos del Centre d’Art la Panera, Roser Sanjuan.

Apoyo económico y académico al arte digital

El premio de la Beca Arte y Tecnología supone ya en sus inicios un alto reconocimiento nacional e internacional, además de una dotación de 8000 euros y todos los gastos de alojamiento para estancias de investigación cubiertos. El objetivo es incentivar el desarrollo de un proyecto de investigación y producción con el asesoramiento de investigadores y docentes especializados de la Universidad de Lleida, ofreciendo la posibilidad de tutorización durante todo el proceso de producción así como las herramientas y espacios que ofrecen tanto Etopia como el resto de los centros organizadores.
La primera edición de la Beca Arte y Tecnología promovida a través de la Fundación Zaragoza Ciudad Conocimiento y del Ayuntamiento de Zaragoza, se convierte así en un nuevo punto de encuentro internacional para investigadores y artistas, impulsado a Etopia Centro de Arte y Tecnología con un espacio de referencia para la comunidad artística y para el público que busque alimentar su curiosidad por las nuevas formas de creación vanguardista.
Etopia Centro de Arte y Tecnología

Etopia es un centro internacional de cultura contemporánea, taller para creadores y tecnólogos, espacio de formación especializado en la intersección entre arte y tecnología, laboratorio de ideas para la ciudad digital e incubadora de empresas. Impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza, en sus casi 10 años de trayectoria el centro se ha convertido en un lugar donde toda persona curiosa es bienvenida a acudir, reflexionar y disfrutar a través de una mirada crítica sobre el arte y la tecnología. Es un espacio único, donde el conocimiento se comparte y el aprendizaje es continuo.

Etopia colabora con otras instituciones como la Fundación Zaragoza Ciudad Conocimiento (FZC), con el fin de dotar a este espacio de contenidos disruptivos relacionados con el arte, la tecnología, la ciencia y el emprendimiento empresarial.

Greenpeace reivindica la transición a calefacción renovable en lugar de bajar impuesto al gas

· El presidente del Gobierno ha anunciado este jueves una rebaja del 21 % al 5 % del IVA del gas a partir de octubre y hasta el 31 de diciembre, a pesar de los beneficios extraordinarios de las gasistas desde el comienzo de la crisis

· El presidente no ha aclarado si la medida se aplicará a todos los consumidores del gas o solo a los domésticos, por lo que puede convertirse en una subvención más a la industria y eléctricas, que consumían casi el 80 % del gas en 2021 

· La rebaja del IVA aplaza la necesaria fiscalidad verde para promover un sistema energético que incentive el ahorro y penalice a los sectores más contaminantes

En respuesta al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la bajada del IVA del gas, Greenpeace considera que, si bien son necesarias medidas de choque temporales para aliviar la situación de hogares y pequeñas empresas, las rebajas de impuestos al gas fósil como el IVA, que en principio no discrimina entre grandes consumidores y familias, pueden ser aprovechadas por las empresas energéticas e industriales para maximizar sus beneficios. La organización reitera la necesidad de soluciones urgentes y verdaderamente efectivas en el medio plazo para acelerar la transición energética hacia un sistema 100% renovable y eficiente, acabando con nuestra dependencia de los combustibles fósiles y la energía nuclear que financian la guerra y asfixian a la ciudadanía.

“La medida anunciada es una suvención al gas y aplaza la necesaria fiscalidad verde para promover un sistema energético que incentive el ahorro y penalice a los grandes consumidores”, ha declarado Francisco del Pozo, coordinador de combustibles fósiles de Greenpeace, que añade: “Es más importante que nunca no seguir cayendo en la trampa de los combustibles fósiles y establecer medidas destinadas a apoyar a las familias que lo necesitan para mantener o mejorar sus servicios energéticos rompiendo la dependencia del gas: aislamiento, sustitución de calderas por bomba de calor, etc. Lo que no tiene sentido es promover un plan de ahorro energético y a la vez subvencionar el uso del gas”.

Valoración de medidas concretas:

La rebaja del IVA al gas va en la misma línea que la ayuda de los 20 céntimos al carburante, medida que sigue vigente hasta fin de año y ya se ha visto ineficaz durante los cuatro meses que lleva en vigor: se ha demostrado que esta ayuda ha sido rápidamente absorbida por las grandes petroleras, tal y como publicó la CNMC. Greenpeace ya denunció que las petroleras están ingresando cada día 7,6 millones de euros adicionales desde el inicio de la guerra, mientras la población sufre los precios récord en las gasolineras [1]. Tampoco a las empresas de gas les va mal: Naturgy, la mayor empresa del sector, mejora sus resultados de manera significativa en la primera mitad de año. La compañía energética ha registrado 557 millones de beneficio en el primer semestre, lo que supone un progreso del 15,1% [2].

Greenpeace reitera que, unido a las medidas de apoyo directo a las familias para ahorrar energía, se debe mantener el 5 % del IVA en la factura eléctrica. La electricidad es esencial como vector de servicios energéticos. Asimismo, la organización ecologista considera necesario adelantar medidas redistributivas como el Impuesto sobre los beneficios extraordinarios sobre las empresas energéticas. Greenpeace se congratula del anuncio hecho a finales de junio por el presidente sobre el establecimiento de un impuesto específico para los beneficios extraordinarios de empresas energéticas, pero lamenta que su entrada en vigor no se produzca hasta enero de 2023 [3].

La organización reclama que para evitar que esta crisis la paguen los de siempre es necesaria la puesta en marcha un plan de acción mucho más ambicioso con normativa y subsidios directos a la calefacción renovable y mejora express del aislamiento de los hogares [4], todo ello unido a una reforma fiscal que redistribuya la riqueza, sea progresiva e incluya una fiscalidad verde que aplique el principio de quien contamina paga y no deje a nadie atrás.

WWF presenta alegaciones a la modificación del reglamento del Dominio Público Hidráulico 

La organización considera que la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica de modificación del reglamento del Dominio Público Hidráulico no protege suficientemente los ríos y acuíferos frente a la grave sobreexplotación y contaminación a la que se ven sometidos.
Frente a ello, y ante los problemas que evidencia la actual sequía y el cambio climático, WWF pide una mejor gestión del agua promoviendo un uso más sostenible de los recursos hídricos.

La sequía se extiende en España, dejando imágenes desoladoras de paisajes resecos y ríos y embalses bajo mínimos,  circunstancia que pone en entredicho el actual modelo de gestión del agua. Por ello, WWF ha enviado sus alegaciones al MITECO sobre la modificación del reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), principal instrumento que lleva a la práctica los objetivos de la Ley de Aguas. La organización critica que la propuesta no aborda lo suficiente la cuestión ambiental y reclama medidas más contundentes para acabar con la sobreexplotación y la contaminación que amenazan a ríos, humedales y acuíferos.

“Nos enfrentamos a un futuro en el que España será uno de los países europeos con mayor riesgo de sufrir estrés hídrico en menos de 30 años si no se toman medidas. Sería incomprensible que se aprobara esta propuesta de modificación del reglamento que sigue blindando al regadío industrial e insostenible, un sector que consume el 80 % del agua a nivel nacional. Necesitamos que este reglamento sirva para implantar de una vez por todas medidas para una mejor gestión del agua promoviendo un uso más sostenible de los recursos hídricos y facilitando la recuperación de los ríos, humedales y acuíferos para hacerlos más resilientes a los efectos del cambio climático”, explica Teresa Gil, Responsable del Programa de Agua de WWF.

España es el país con mayor sobreexplotación de agua de Europa. La expansión de cultivos de regadío industrial está afectando además a las aguas subterráneas, nuestras reservas de agua. Como consecuencia, el 25 % de los acuíferos están gravemente sobreexplotados. Y esto sin contar con el robo del agua: se estima que existen hasta un millón de pozos ilegales en España. Estas presiones hídricas han provocado que casi la mitad de nuestros ríos, humedales y acuíferos estén en mal estado.

Este reglamento, que el MITECO ha sometido recientemente a consulta pública, es clave ya que es el instrumento normativo que permite desarrollar la ley de aguas. Una herramienta indispensable para mejorar la actual política del agua y lograr una mejora en el estado de conservación de ríos, acuíferos y humedales.

Ante ello, WWF reconoce el esfuerzo realizado por MITECO para intentar adaptar y modernizar la gestión del agua por las administraciones. Sin embargo, la organización considera que la propuesta presentada carece  de medidas para mejorar el 40 % de los ríos,  acuíferos y humedales que están en mal estado, tal como se establece en la Directiva Marco del Agua.

Por otra parte, la organización considera esta modificación del reglamento una gran oportunidad perdida para regular al alza los caudales ecológicos o los aportes mínimos necesarios para el mantenimiento en buen estado de los ecosistemas de agua dulce, llegando tarde para mejorar la planificación hidrológica que está a punto de ser aprobada.

Además WWF ve con preocupación que no haya sido objeto de regulación específica la protección de las aguas frente a la contaminación difusa por la actividad agraria, procedente del lixiviado, abonado, la fertilización y fumigación con plaguicidas. Cabe destacar que esta problemática afecta directamente a la salud humana, pues los nitratos se acumulan en los acuíferos, que son reservas estratégicas de agua para las poblaciones en momentos de sequía, así como la fuente principal de suministro para muchos pueblos y ciudades.

Esta contaminación se suma a las restricciones de agua por sequía que se extienden por varios municipios de casi toda España. Por ejemplo, en 11 pueblos de la sierra de Huelva donde se ha restringido el agua entre 7 y 13 horas diarias o en siete municipios de Córdoba.

Asimismo, WWF considera que la propuesta no establece precios del agua adecuados para cumplir adecuadamente con el principio de «quien contamina paga”. Además la organización reclama que se refuercen los mecanismos de participación pública garantizando una adecuada interlocución con los colectivos interesados

“Para hacer frente a esta crisis hídrica, necesitamos salvar el agua de la explotación descontrolada e intensiva y garantizar un futuro con agua para las personas y la naturaleza. Por eso reclamamos un reglamento robusto que haga frente a las amenazas reales y a los enormes retos a los que se enfrentan los ecosistemas de agua dulce”, concluye Teresa Gil.

WWF pide al Gobierno y a las comunidades autónomas un giro en su política agraria e hidrológica. Para ello, deben tomar medidas para acabar con el robo del agua, ajustar las demandas del regadío a los escasos recursos hídricos disponibles, invertir en nuevas tecnologías para el ahorro de agua doméstica e industrial y recuperar la biodiversidad y la salud de ríos, humedales y acuíferos.

España será uno de los países europeos con mayor riesgo de sufrir estrés hídrico en menos de 30 años si no se toman medidas

  • Un nuevo análisis de WWF estima que en 2050 tres cuartas partes de la población y el PIB de España podrían enfrentarse a un riesgo alto por la falta de agua si no se toman medidas.
  • Además, prevé que las ciudades de Sevilla, Granada, Córdoba y Murcia sufran el mayor riesgo de escasez de Europa.
  • El análisis advierte de que el 17% de la población europea corre un alto riesgo de escasez hídrica para el año 2050.

Europa se queda sin agua y atraviesa su verano más crítico tras sufrir olas de calor y sequías históricas que han dejado a los ríos a niveles mínimos. Un nuevo análisis de WWF estima que el 17% de los habitantes del continente y el 13% de su PIB podrían enfrentarse a riesgos, debidos a la escasez de agua entre altos y extremos para 2050, a menos que los gobiernos y las empresas tomen medidas urgentes para combatir este problema. España, junto con Grecia, serán uno de los países que tendrán el mayor riesgo de sufrir estrés hídrico. Por eso, WWF reclama un cambio profundo hacia un nuevo modelo de gestión del agua en nuestro país, en el que la demanda se ajuste a los recursos disponibles, y así garantizar agua para la naturaleza y las personas. 

El nuevo análisis de WWF muestra que Europa será aún más propensa a las sequías y a la escasez de agua, y ofrece una imagen clara de las regiones con mayor riesgo, especialmente el sur del continente. En 2050 se espera que en Grecia el 82% de su población y su PIB podrían depender de zonas con riesgo alto o extremo por falta de agua. Por otro lado,  el 75% de la población y el PIB de España podrían enfrentarse a un riesgo alto, mientras que se prevé que las ciudades de Sevilla, Granada, Córdoba y Murcia sufran el mayor riesgo de escasez del continente en 2050.

«Las sequías en Europa y España no deberían sorprender a nadie: los mapas de riesgo hídrico llevan mucho tiempo señalando el empeoramiento de la escasez de agua en todo el continente. Las previsiones climáticas apuntan a olas de calor y sequías con mayor frecuencia e intensidad debido al cambio climático, que harán cada vez más difícil garantizar suficiente agua para la población. Lo que debería escandalizar a todo el mundo es que los gobiernos, administraciones, y empresas sigan haciendo la vista gorda ante estos riesgos recurrentes y basando cada vez más su planificación y economía en el uso mayor del  agua, como si estos riesgos se fueran a resolver por sí solos pero que no lo harán por falta de medidas contundentes», afirma Teresa Gil, responsable del programa de agua de WWF.

A pesar de que un 75% del territorio nacional  está en peligro de sufrir desertificación, España ha apostado en sus planes hidrológicos por un modelo de gestión del agua que prioriza el uso de este recurso para los cultivos de regadío intensivo e industrializados que consumen el 80% del agua. Esta  gestión hídrica ‘suicida’ y la sobreexplotación de los recursos han llevado de nuevo a que los embalses nacionales estén a mínimos históricos. Esto demuestra igualmente el fracaso de la modernización de regadíos llevada a cabo desde 2005, con la supuesta finalidad de ahorrar agua para las cuencas, y habiendo aumentado la superficie regada en un 11%.

Además, en aquellas zonas donde no existe agua disponible en ríos y embalses, se hace uso del agua subterránea, poniendo en peligro las reservas de agua del futuro, a pesar de que existen más de 80 acuíferos que actualmente se encuentran sobreexplotados. A ello, se añade el robo del agua en España. Una investigación de WWF reveló que se riega con agua extraída ilegalmente una superficie similar a 1,5 veces la ciudad de Madrid, más de 88.000 hectáreas, en cuatro de los acuíferos más importantes y sobreexplotados de España que afectan a valiosos espacios naturales: Daimiel, Doñana, Mar Menor y ríos alimentados por el acuífero de Los Arenales. Además, se estima que existen hasta casi un millón de pozos ilegales, haciendo que España sea el país con mayor sobreexplotación de agua de Europa.

“Desde WWF solicitamos a las Administraciones competentes (principalmente MITECO, pero también MAPA y las diferentes comunidades autónomas) que den un giro radical en la gestión del agua e impulsen un nuevo modelo que reduzca las demandas del regadío a los recursos realmente disponibles. También que apuesten por el ahorro a través de nuevas tecnologías para garantizar la seguridad hídrica de las personas y que haya suficiente agua para la naturaleza. Si no cambiamos las políticas del agua hoy, no se evitarán las sequías de mañana”, explica Gil.Y añade: “Los trasvases y los embalses no son la solución para la escasez. Necesitamos otro modelo de producción que deje de invertir en intensificar y realizar nuevos regadíos, que apoye los cultivos de secano, como una opción más sostenible, y persiga y erradique el robo del agua. Además, necesitamos invertir en soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la salud de los ríos, humedales y acuíferos y hacerlos más resilientes a los efectos del cambio climático».

Cabe recordar que el 60 % de los ríos, humedales y acuíferos de Europa están en mal estado, mientras en España más del 40% tampoco están en buenas condiciones. La política de agua del MITECO mostrada hasta ahora no se ha enfocado hacia la solución, a pesar de la obligación legal de la Directiva Marco comunitaria del Agua para los Estados miembros, que establece la protección y restauración de las masas de agua dulce para garantizar la obligación de que todas alcancen un buen estado para antes de 2027.

Los españoles consideran que las penas a los pirómanos deben conllevar prisión

Según un estudio realizado por SEO/BirdLife en el marco del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza para conocer la percepción social sobre los delitos contra el medio ambiente, los españoles identifican, como delito ambiental, al fuego por encima de cualquier otra conducta

Con el fin de conocer la percepción que tiene la sociedad frente a los delitos ambientales y las acciones que se llevan a cabo para la investigación y determinación de la responsabilidad legal de los autores, SEO/BirdLife, en el marco del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza, ha realizado un nuevo estudio en todo el territorio nacional. En octubre de 2018 se hizo una primera encuesta por una empresa demoscópica mediante un muestreo telefónico aleatorio a la población que se ha repetido cuatro años después para ver la evolución en la percepción social sobre este tipo de delincuencia.

Una de las conclusiones más destacadas y de máxima actualidad por la probabilidad del origen del incendio en Lanzahita (Ávila) situado en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Valle del Tiétar, es que el 97 % de la población considera que los incendios intencionados deben conllevar penas de prisión.

Además de esta unanimidad sobre que si es provocado debe tener pena de prisión, aumenta el número de personas que piensan que, ante imprudencias, también se debería ir a prisión, concretamente el 37,3% de las personas.

“El alto número de incendios que se producen a lo largo del año, la labor de difusión y denuncia de diversas entidades como las ONG y la amplia acogida en los medios de comunicación de este tipo de agresiones ambientales, sin duda contribuye a su conocimiento”, comenta David de la Bodega, coordinador del Life Guardianes de la Naturaleza y responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife.

Otro dato llamativo que se extrae del estudio es que un 70,8% de las personas considera que los delitos medioambientales son igual de importantes que el resto de los delitos incluidos en el Código Penal, casi un 6% más de lo que se percibía en 2019. El porcentaje de las que los consideran más importante se sitúa en el 18,8%.

Medidas contra los delitos ambientales

En cuanto a las medidas que deberían adoptarse contra los delitos ambientales se han estudiado tres bloques de medidas: recursos de las instituciones, gravedad de las penas de los delitos y concienciación. Las más valoradas por la ciudadanía son las relacionadas con la sensibilización (concienciación en las escuelas, sensibilizar a la población sobre el valor del patrimonio natural y sensibilizar a los sectores que cometen más delitos) y mejorar el funcionamiento de la justicia, seguido del aumento de las penas. El 31,2% considera que para avanzar en la lucha contra los delitos ambientales, son necesarias principalmente medidas de concienciación, mientras que el 15,5% considera que son necesarias principalmente medidas de aumento y especialización de los profesionales (policías, jueces, fiscales, etc) y de los recursos necesarios para abordar este tipo de delincuencia.

“Los resultados de esta encuesta demuestran que las agresiones más graves contra el medio ambiente que recoge nuestro Código Penal cuentan con un amplio rechazo social y justifican su consideración como delitos”, señala David de la Bodega.