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Leroy Merlin presenta la 6ª edición del programa escolar ‘Hazlo Verde’

Un programa de acción educativa para impulsar la concienciación medioambiental entre los más jóvenes. Con la Misión de Residuos a Recursos, el programa trabajará la economía circular, el consumo responsable y fomentará la acción para mejorar el entorno. 

El objetivo de Hazlo Verde es sensibilizar y educar al alumnado sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la importancia que tienen sus actos cotidianos en el equilibrio del ecosistema, despertando su conciencia crítica y creando consumidores responsables. Se trata de un programa de educación ambiental que en sus anteriores ediciones ha movilizado a más de 600.000 jóvenes con la colaboración de voluntarios de la compañía y docentes de toda España.

En su 6ª edición convierte en protagonistas de la nueva Misión #DeResiduosaRecursos a los estudiantes de 2º y 3º ciclo de Educación Primaria y de ESO, animándoles tanto a reciclar y reparar como a construir proyectos creativos que pongan en valor los residuos consumidos a diario, en línea con el ODS 12. Así, busca fomentar en ellos/as hábitos sostenibles y de consumo responsable concienciando al alumnado sobre su importancia frente a los retos globales como la conservación de los recursos naturales.

El programa consta de contenidos pedagógicos gratuitos, adaptados a cada etapa escolar, y de talleres medioambientales para colegios impartidos por voluntarios de Leroy Merlin. Y por último de un concurso escolar nacional que tiene como propósito promover la generación de ideas para crear un hábitat más sostenible y premiará con jornadas en la naturaleza y 2.000€ a los mejores proyectos. En la web del programa (www.hazloverde.es) es posible acceder a la información de cada actividad, así como descargar materiales didácticos e inscribirse al concurso.

Leroy Merlin desarrolla Hazlo Verde en línea con su Propósito corporativo: ‘despertar en cada persona la motivación de crear entornos donde vivir mejor’. En este sentido, la protección del medioambiente y el consumo responsable son dos de los ejes estratégicos del marco de Negocio Responsable de la compañía. Por ello, contribuimos con los ODS, operando de forma sostenible, fomentando la concienciación ambiental y promoviendo la adopción de hábitos responsables.

El escándalo del robo del agua en España

  • Una investigación de WWF, realizada durante más de un año, revela el saqueo del agua en cuatro de los acuíferos más importantes y sobreexplotados de España que afectan a valiosos espacios naturales: Daimiel, Doñana, Mar Menor y acuíferos de Los Arenales.
  • Entre las cuatro zonas, se riega con agua extraída ilegalmente una superficie similar a 1,5 veces la ciudad de Madrid. 
  • La afección a Las Tablas de Daimiel es el caso más dramático: los cultivos de regadío ilegal equivalen a más de 62.300 campos de fútbol.
  • El saqueo del agua subterránea es un grave problema, alimentado por las expectativas que crea el apoyo al regadío de la política agraria y la inacción y la permisividad de las distintas administraciones en las últimas décadas. Además de una alarmante falta de información y opacidad que no permite saber cuánta agua se extrae realmente.

El robo del agua es uno de los delitos ambientales más extendidos e impunes en España. WWF revela este escándalo analizando cuatro de los acuíferos más sobreexplotados que afectan a los espacios protegidos de Daimiel, Doñana, Mar Menor y Los Arenales. La investigación arroja una cifra alarmante, pues se riega con agua extraída ilegalmente una superficie similar a 1,5 veces la ciudad de Madrid, más de 88.000 hectáreas. El robo de agua sucede frente a la inacción durante décadas de las distintas administraciones, que no han controlado ni saben el agua que realmente se extrae de los pozos mientras se agotan los acuíferos. 

WWF arroja luz en una nueva investigación, que ha durado más de un año, sobre cómo se produce el robo del agua en cuatro de los acuíferos más importantes de España. Solo en estas cuatro zonas, unas 88.645 hectáreas se riegan con agua extraída ilegalmente. En total, el agua robada subterránea equivale a más de 65.000 piscinas olímpicas (casi 220 millones de metros cúbicos). 

Para extraer agua subterránea es necesario solicitar una concesión administrativa que da derecho a sacar una cantidad de agua para un determinado fin. Pero lo que sucede realmente en estos cuatro acuíferos es que, sistemáticamente y con total impunidad, se están regando parcelas sin contar con autorización para extraer agua. Los datos que ha obtenido WWF son alarmantes, especialmente en el acuífero que alimenta a Las Tablas de Daimiel, que es el caso más dramático: al menos 51.465 hectáreas de cultivo se riegan con agua extraída ilegalmente, el equivalente a más de 62.300 campos de fútbol. Estos datos hacen saltar todas las alarmas ante una imagen cada vez más frecuente y desoladora del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, seco y mantenido en la UVI con aguas bombeadas artificialmente para minimizar los impactos y aparentar normalidad. Mientras, el nivel del agua subterránea bajo ellas se sitúa casi por debajo de los 20 metros de profundidad. 

La clave para entender el robo del agua está en que las administraciones responsables desconocen cuánta agua se extrae de pozos por encima de lo autorizado, ya que no tienen capacidad de medir todas las extracciones, ni suficientes medios humanos para controlar estos recursos subterráneos. En algunos casos tampoco está claro cuánto se ha extraído por encima de los recursos disponibles. La continua expansión de la agricultura industrial y de los cultivos en regadío, promovida con ayudas públicas, alimentan esta situación ya que, en sus trámites y autorizaciones para las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), la administración agraria responsable no ha exigido a los agricultores solicitantes presentar el derecho de uso de agua concedida. 

Mapa WWF. Cuatro de los acuíferos más importantes y sobreexplotados que afectan a Daimiel, Doñana, Mar Menor y Los Arenales son también el epicentro del robo del agua. Entre las cuatro zonas, se riega con agua extraída ilegalmente una superficie de 88.645 hectáreas. La cifra indica el volumen correspondiente a la extracción ilegal.

Mapa WWF. Cuatro de los acuíferos más importantes y sobreexplotados que afectan a Daimiel, Doñana, Mar Menor y Los Arenales son también el epicentro del robo del agua. Entre las cuatro zonas, se riega con agua extraída ilegalmente una superficie de 88.645 hectáreas. La cifra indica el volumen correspondiente a la extracción ilegal

Además, la propia Administración del agua ha alimentado tradicionalmente esta sobreexplotación concediendo derechos de uso de agua muy por encima de las capacidades según los Planes Hidrológicos, a causa del descontrol en el uso del agua subterránea y la debilidad de la Ley. Esto es lo que ha sucedido en Las Tablas de Daimiel, donde la administración pública se ha saltado su propio límite -establecido en el Régimen Anual de Extracciones- que tiene precisamente como objetivo reducir la extracción de agua para revertir el deterioro del acuífero, lo que llevó a que en 2019 se extrajera, en total, un 72% más de agua del volumen permitido.  

Otro de los puntos negros del robo del agua en España está en el acuífero de Los Arenales, en plena meseta castellanoleonesa. WWF concluye que en 2019 se regó con agua extraída ilegalmente 23.975 hectáreas, es decir, el equivalente a más de 29.000 campos de fútbol. Durante estos años, se ha asistido a una transformación total en esta zona que ha pasado del cultivo de cereales y viñedos de secano al predominio de cultivos de patatas, maíz, hortícolas, o remolacha entre otros, altamente demandantes en agua. Mientras, en los últimos 15 años, se ha registrado un preocupante descenso del acuífero de Los Arenales que sitúa el nivel de agua, en Tierra del Vino, la masa de agua subterránea más afectada, por debajo de los 25 metros. 

Además, el descenso de los acuíferos supone un grave problema de contaminación y una amenaza para la salud, ya que conlleva que la concentración de nitratos y arsénico sea mayor en el agua, como sucedió en 2006, hasta el punto de que en algunos casos no era apta para el consumo humano. La zona de Arenales está siguiendo el peligroso camino de Las Tablas de Daimiel, que le llevó a ser declarado sobreexplotado y, en la actualidad, está seco y depende de ‘transfusiones’ de agua de emergencia. 

Por otro lado en Doñana y Aljarafe, el humedal más importante de Europa, los datos que ha obtenido WWF concluyen que la superficie regada con agua extraída ilegalmente, en el corazón de este espacio clave para la biodiversidad y alrededores, es de más de 4.700 hectáreas, el equivalente a más de 5.700 campos de fútbol. En los últimos dos años el Ministerio para la Transición Ecológica ha cerrado numerosos pozos ilegales en la zona pero la Junta de Andalucía no ha hecho lo mismo con las superficies regadas ilegalmente que son de su exclusiva competencia. Como consecuencia de esta connivencia la sobreexplotación causada por el cultivo intensivo de fresas y otros cultivos se agrava cada vez más, por lo que el Tribunal de Justicia Europea sentenció el pasado mes de junio a España por el mal estado en el que se encuentra este Espacio Natural. Cabe recordar que Doñana ha perdido más del 80 % de sus marismas y el 90 % de sus lagunas estacionales desde principios del siglo XX debido al avance de la agricultura intensiva.

La extracción ilegal del agua además genera una grave situación de competencia desleal entre los agricultores que cuentan con todos los permisos y están comprometidos con la gestión sostenible de este recurso, frente los que lo hacen sin autorización y sin reparo alguno a cómo afectan al resto de productores. 

Mar Menor es otro de los epicentros del robo del agua en España, que además, vive momentos críticos tras un nuevo episodio de eutrofización que ha vuelto a convertir la mayor laguna salada de Europa en una auténtica ‘sopa verde’. La causa de este colapso ecológico se debe precisamente a las toneladas de nitratos y fosfatos que entran en la laguna a través de las ramblas procedentes de la agricultura intensiva que ha crecido sin ningún control. El informe señala que hay 8.460 hectáreas de cultivo de regadío ilegal en el Campo de Cartagena, el equivalente a más de 10.200 campos de fútbol. 

“Estos casos no son ejemplos únicos y aislados, sino una muestra de un problema mucho más generalizado que supone el uso ilegal del agua subterránea en España. El robo del agua es un escándalo para la sociedad y un delito que sucede por la impunidad y la inacción de las administraciones”, afirma Rafael Seiz, experto del programa de agua de WWF. 

Ante ello, WWF pide a las autoridades una acción contundente para mejorar el control de las aguas subterráneas, modificando la Ley de Aguas, ampliando las plantillas y también los recursos de las autoridades del agua. Igualmente demanda finalizar el procedimiento del cierre de todas las extracciones ilegales de los acuíferos y sancionar a aquellos que se saltan la ley cometiendo este delito ecológico contra la naturaleza y la seguridad hídrica de toda la sociedad, y reducir la superficie de regadío. 

“No podemos seguir hipotecando nuestro bien más preciado y escaso recurso subterráneo, especialmente ante la certeza del cambio climático que reducirá drásticamente el agua disponible. La agricultura ilegal y la impunidad de que gozan amenaza no sólo nuestros ecosistemas sino el agua de la que dependen millones de personas cuando no llueve. Reclamamos una acción contundente y eficaz a las administraciones para combatir este delito ecológico contra la naturaleza, nuestra seguridad hídrica y contra aquellos agricultores que sí cumplen con todas las normas”, afirma Rafael Seiz, experto del programa de agua de WWF. 

Por ello, ante la elaboración de los nuevos planes hidrológicos, WWF demanda que se incluyan todas las acciones necesarias para abordar este grave problema de manera urgente. Además, la organización reclama que el futuro Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) aborde el problema de la extracción ilegal del agua para el regadío. 

*Equivalencia de campo fútbol realizada sobre un campo máximo de 75 metros de ancho por 110 metros de largo. 

Contacto de prensa

Nylva Hiruelas  

La Marcha a Glasgow por el Clima alcanza su ecuador

Tras 15 días caminando sin descanso, la Marcha a Glasgow por el Clima ha completado la mitad de su recorrido de más de 1.000 kilómetros. El grupo caminará a pie 29 etapas de una media de 35 kilómetros diarios hasta llegar a Glasgow, donde se celebrará la próxima COP26.

La ruta ha alcanzado el ecuador con su llegada a la ciudad de Leeds, donde las organizaciones ecologistas han sido recibidas por el alcalde, por el alcalde de los niños y por diferentes colectivos sociales y ecologistas.

Desde que salió de Zaragoza hace medio mes, la Marcha a Glasgow ha atravesado el sur de Inglaterra, las Midlands y se ha adentrado en Yorkshire. En todas sus paradas se han realizado encuentros con colectivos ecologistas locales que, con la pandemia, habían reducido su actividad. Estas semanas, con el impulso de la marcha y de la COP26, se están reactivando.

Activistas de Portsmouth, Southampton, Winchester, Ibthorpe, Peasemoor, Newbury, Oxford, Adderbury, Princethorpe, Loughborough, Hinkley, Leicester, Ruddington, Mansfield, Loughborough, Nottingham, Darton, Chesterfield, Sheffield han participado en la agenda de actos de la Marcha.

La ruta, que es muy exigente físicamente –tanto por la complejidad del clima británico como por la intensidad y kilómetros recorridos– ha discurrido hasta ahora sin contratiempos y con buen ánimo de las diez personas que marchan de manera fija.

Grupos locales de Extinction Rebellion, Friends of the Earth o Greenpeace, entre otras, les están haciendo de guías y garantizando alojamiento con el objetivo de que la presencia de la marcha suponga un incentivo para la movilización local. En la ciudad universitaria de Oxford, por ejemplo, la acogida fue muy numerosa y un nutrido grupo de personas cortó el tráfico atravesando la ciudad junto a los marchistas.

En Princethorpe coincidieron con Insulate Britain, un grupo activista que surge de Extinction Rebellion para hacer que el Gobierno aísle mejor las casas y reduzca las emisiones en Gran Bretaña. En Hoyland participaron en la protesta vecinal contra la destrucción de un parque cercano para la instalación de un centro logístico de la multinacional alemana Hermes.

Además, en varias ocasiones las marchistas han mantenido contactos con ayuntamientos de la ruta. En Winchester les recibió Vivian Achwal, alcaldesa del municipio, independiente, de centro izquierda y con claras proyecciones ecologistas que cuenta con el apoyo de la coalición de entidades involucradas en la acción contra el cambio climático. Similar acogida tuvieron en la ciudad industrial de Sheffield. En esta ocasión fue la alcaldesa laborista Gail Smith quien recibió a la Marcha junto a representantes y activistas de los grupos por el clima y el Partido Verde.

Durante este fin de semana en Leeds, tanto su alcalde, Asghar Khan, como su alcalde de los niños  Samuel Hill,les han dado la bienvenida. Esta es la población más importante del feudo laborista de Yorkshire y antigua zona minera golpeada por las políticas ultraliberales de Margaret Tacher.

Con estas acciones la Marcha a Glasgow quiere acercar a la COP26 la presencia activa de la ciudadanía europea comprometida, consciente de que “el cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando”, según el último informe del IPCC. En dicho informe, 11.000 científicas y científicos advierten de que, a menos que se decidan reducciones rápidas y ambiciosas de CO2, el mundo se enfrentará a un “sufrimiento indecible”.  

Con el objetivo de que  en la Conferencia de las Partes se llegue a acuerdos firmes y ambiciosos, el lema de las marchistas es “Si nosotros podemos… los gobiernos pueden”. La marcha confluirá antes de llegar a Glasgow con “Camino to COP26”, proyecto afín también de caminantes organizado por Extinction Rebellion UK.

La Marcha a Glasgow por el Clima es un proyecto nacido en Zaragoza y coorganizado por la Alianza por la Emergencia Climática, Ecologistas en Acción y Extinction Rebellion.

Aprobada la Declaración de Kunming en la COP15

Los ministros de gobierno reunidos en la Conferencia de la ONU sobre biodiversidad (COP15) adoptaron hoy la Declaración de Kunming. WWF muestra su satisfacción porque esta Declaración reconoce que el objetivo del Marco Mundial de Biodiversidad debe ser revertir la pérdida de biodiversidad para 2030. Para la organización, asegurar y mantener un compromiso político de alto nivel para revertir dicha pérdida de biodiversidad en esta década es un primer paso fundamental para abordar la actual crisis de la naturaleza.

La Declaración de Kunming, titulada ‘Civilización ecológica: construyendo un futuro compartido para toda la vida en la Tierra’, es el resultado del segmento de alto nivel de esta la primera parte virtual de la COP15 (la decimoquinta Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica) y tiene como objetivo demostrar la voluntad política y el compromiso de los ministros para abordar la crisis de biodiversidad.

WWF celebra que la Declaración de Kunming reconozca el objetivo de revertir la pérdida de biodiversidad para 2030 y también aplaude la combinación de medidas contenidas en dicha Declaración, que incluyen tanto acciones de conservación como acciones para abordar la producción y el consumo insostenibles. Para WWF, todas estas medidas son esenciales para asegurar un mundo respetuoso con la naturaleza. 

La participación de los ministros de finanzas, agricultura, desarrollo y medio ambiente también muestra que los gobiernos están comenzando a reconocer la necesidad de hacer de la biodiversidad un tema principal en su política, aunque todavía estamos muy lejos de que los países participantes en la COP15 se planteen un enfoque transversal a la ahora de afrontar este tema tan complejo.

Luis Suárez, coordinador de conservación de WWF España, afirma: “La Declaración de Kunming es una muestra de voluntad política e impulsa las negociaciones de la ONU al señalar claramente en qué dirección hay que avanzar para abordar la pérdida de biodiversidad. Es muy significativo que reconozca que el objetivo del Marco Global debe ser poner a la naturaleza en camino de su recuperación para 2030. Sin embargo, evitar el colapso de la biodiversidad dependerá de cómo se ejecute dicho Marco Global de Acción, por lo que es urgente que los gobiernos conviertan estas palabras en realidad cuanto antes”.

Para WWF, el próximo mes de mayo, en Kunming, esta declaración debe convertirse en un plan de acción para la naturaleza que no solo proteja la tierra, el agua dulce y los mares, sino que también aborde nuestro sistema agrícola insostenible, adopte soluciones basadas en la naturaleza, garantice una financiación adecuada y se aplique de forma sólida.

“El mundo se está dando cuenta de que la crisis de la naturaleza es tan grave como la crisis climática, pero por desgracia no se está reaccionando lo suficientemente rápido. La pérdida de biodiversidad amenaza la salud humana y su medio de vida, y aumenta el riesgo de la próxima pandemia, pero las promesas de los líderes aún no se han traducido en ambición en la sala de negociaciones. Ahora es el momento de dar un paso al frente”, concluye Suárez. 

 

Banco Sabadell y Mastercard se comprometen a plantar 100.000 árboles

Banco Sabadell, comprometido con una economía más sostenible y con la mejora del planeta, anuncia que se une al proyecto global Priceless Planet Coalition de Mastercard con el objetivo de plantar 100.000 árboles hasta 2025. Es el primer banco en España que se une a este proyecto de Mastercard.

Lanzada en enero de 2020 por Mastercard, la Priceless Planet Coalition (PPC) une los esfuerzos de empresas, instituciones financieras, autoridades locales y consumidores para luchar contra el cambio climático mediante la plantación de 100 millones de árboles durante cinco años, con la ayuda de organizaciones de expertos forestales y en cambio climático, como Conservation International (CI) y el World Resources Institute (WRI). En muchas regiones, los socios de PPC están lanzando campañas para hacer partícipes a los consumidores y ayudarles a que tomen medidas en favor del medio ambiente y la reforestación mediante tecnologías innovadoras de recaudación de fondos.

Según Ana Ribalta, directora general adjunta y directora de sostenibilidad de Banco Sabadell: “Nos sumamos al relevante compromiso de reforestación de las zonas más necesitadas del planeta, Priceless Planet Coalition de Mastercard, para unir esfuerzos en la lucha contra el cambio climático y, en colaboración con todos sus aliados, lograr un impacto positivo en el planeta”.

Paloma Real, directora general de Mastercard España, asegura que “estamos entusiasmados con la entrada de Banco Sabadell como los primeros socios en España de Planet Priceless Coalition y es un auténtico orgullo poder compartir con esta gran entidad el deseo de salvaguardar el planeta y luchar contra el cambio climático. Mastercard siempre se ha comprometido a construir una economía digital más inclusiva y sostenible en la que las personas, las comunidades y el planeta puedan prosperar”.

Greenpeace reclama a los líderes mundiales reunidos en Madrid acciones valientes para la protección de los océanos

Activistas de Greenpeace han circulado en bicicleta con remolques-pancarta, acompañando a los coches oficiales de los representantes políticos a su llegada al Museo Arqueológico Nacional, donde se citan hoy para conmemorar la firma del Protocolo de Madrid el 4 de octubre de 1991, hito histórico en la protección de la Antártida. En las pancartas, los representantes políticos podían leer en castellano y en inglés: “Dejad las excusas y salvad los océanos ya” o “¡Necesitamos nuestros océanos y nuestros océanos os necesitan, actuad ya!” junto a imágenes de la Antártida y su biodiversidad.

Entre los asistentes al encuentro se encuentran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera y ministros internacionales junto a científicos y expertos polares.

Greenpeace insta a los gobiernos asistentes a este evento a proteger totalmente al menos el 30% del océano para 2030, y comprometerse a destinar recursos diplomáticos, al más alto nivel, para finalizar las negociaciones para un Tratado Global de los Océanos sólido en la próxima conferencia de la ONU, prevista en marzo de 2022.

“La campaña para la protección de la Antártida demostró que es posible lograr acuerdos ambiciosos. Los gobiernos supieron escuchar y hacer realidad lo que pocos años antes parecía inalcanzable. Espero que las y los líderes de hoy estén a la altura, que escuchen a la ciudadanía y a la ciencia, y tengan la audacia de poner la protección de los océanos por delante de la explotación de los recursos naturales”, declara Mª Luisa Toribio, responsable de la campaña global para la protección de la Antártida de Greenpeace España cuando se firmó el Protocolo de Madrid en 1991.

“La pandemia COVID ha retrasado la última ronda de negociaciones del Tratado Global de los Océanos que supondría la protección de la alta mar. Un proceso que se inició en 2002 y que dada la emergencia ambiental en la que estamos inmersos no puede retrasarse más”, ha declarado Pilar Marcos, responsable de Océanos de Greenpeace España. “Ha llegado el momento de poner las palabras en práctica y que la UE encabece las negociaciones en Naciones Unidas para garantizar un Tratado sólido que regule las actividades en alta mar y que prime la protección en el 70% de nuestro planeta, que es ‘tierra de nadie’”, concluye.

Para Greenpeace, el Tratado Global de los Océanos debe:

Instaurar un mecanismo global para el establecimiento de una red de santuarios oceánicos bien gestionados en los océanos globales, permitiendo así a la comunidad internacional cumplir el objetivo “30×30” de acuerdo con las recomendaciones científicas y los crecientes compromisos políticos.
Disponer, como Constitución de los Océanos similar a los Acuerdos del Clima, mecanismos efectivos de toma de decisiones que impidan que algunos países bloqueen o retrasen decisiones, como ha pasado con la creación de Áreas Marinas Protegidas en el Ártico o la Antártida.
Regular actividades como la pesca o la extracción de minerales, para gestionar las múltiples presiones a la que se enfrentan las aguas internacionales.
España, en su papel dentro de la UE, debe seguir liderando la protección íntegra de las aguas internacionales, exigiendo la regulación total de las actividades más perjudiciales, como la pesca industrial de alta mar o la minería submarina.

 

El Proyecto libera recoge más de seis toneladas de basura en las costas españolas

Desde el sábado 18 de septiembre -coincidiendo con el Día Internacional de Limpieza de Playas (World Clean Up Day)-, hasta el domingo 26, más de 4.500 personas voluntarias han participado en la quinta edición de la campaña de ciencia ciudadana ‘1m2 por las playas y los mares’, organizada por el Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes. Así, con el objetivo de recopilar datos sobre la basuraleza encontrada en playas y fondos marinos, se han retirado 6,7 toneladas de residuos abandonados en estos entornos.

Las recogidas, que han seguido todas las medidas de seguridad frente al COVID, han tenido lugar en un total de 258 puntos en todo el país, en los que se han recogido basuraleza y se han caracterizado 61.483 residuos, demostrando la concienciación de la ciudadanía con este problema ambiental.

La campaña ha contado un año más con el apoyo de S.M. La Reina Doña Sofía, quien colabora desde el año 2018 con el Proyecto LIBERA a través de la Fundación Reina Sofía. Asimismo, destaca la participación de organizaciones como Cruz Roja Española, Asociación Hombre y Territorio, Asociación Parque Dunar Matalascañas, ADESP, Oria Verde, Asociación Promemar, Avanfuer, Fundación Canarias Recicla, Asociación Terramare, Adenex, Alnitak, Mater, Asociación Región de Murcia Limpia, o ANSE.

Además, la colaboración con la Red de Vigilantes Marinos, una iniciativa de la ONG Oceánidas, ha movilizado a casi 800 buceadores voluntarios en 30 puntos del país, consiguiendo retirar un total de 1,8 toneladas de residuos en los fondos marinos.

Colillas o latas de bebida, entre los residuos más encontrados

Entre la basuraleza más encontrada y caracterizada, destaca la presencia de Las colillas, las latas de bebida y las pajitas, cubiertos o vasos de plástico. Le siguen las piezas de vidrio y las botellas de plástico.

Los participantes han empleado la aplicación móvil MARNOBA, desarrollada por la Asociación Vertidos Cero y KAI Marine Services para caracterizar la basuraleza.

Estos datos se sumarán a los más de 430.000 objetos ya caracterizados y que LIBERA ha recopilado en su ‘Barómetro de la Basuraleza’, para integrarse así en la base de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España (MITECO).

“La basuraleza en los entornos marinos es una triste realidad, que como se ha conocido recientemente en un estudio, llega hasta los pingüinos antárticos. Debemos tomar conciencia de que nuestras acciones repercuten en otro lugar del planeta y que debemos reflexionar sobre nuestro actual modelo de producción y consumo para minimizar el impacto de nuestra actividad sobre la biodiversidad. Campañas como las que ponemos en marcha desde el proyecto LIBERA, ayudan a tomar conciencia de ello y cada año estamos más agradecidos de la respuesta de la sociedad”, señala Miguel Muñoz, coordinador del Proyecto LIBERA en SEO/BirdLife.

“Esta quinta edición de ‘1m2 por las playas y los mares’ pone de manifiesto el alto número de residuos que desafortunadamente se encuentran abandonados en nuestros entornos, pero también el gran compromiso de la ciudadanía con el planeta. Gracias a todos los voluntarios, organizaciones y asociaciones que han puesto su grano de arena para cuidar y proteger nuestras costas”, comenta Sara Güemes, coordinadora del Proyecto LIBERA en Ecoembes.

Miles de personas se unen al grito: «Gobierne quien gobierne, el clima se defiende»

Este 24 de septiembre, en respuesta a la llamada de Día de Acción Global por el Clima convocada por Juventud por el Clima–Fridays for Future, miles de personas han salido a las calles exigiendo justicia frente a la emergencia climática en más de una veintena de municipios del país. Estas movilizaciones internacionales surgen como una respuesta unánime y tajante ante las medidas obsoletas y los insuficientes compromisos de todos los gobiernos, que están acelerando la crisis ecológica actual.

Al grito de “Gobierne quien gobierne, el clima se defiende”, el movimiento ha realizado concentraciones, marchas y manifestaciones en 24 municipios de 12 Comunidades Autónomas: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia. En el caso de Madrid, la manifestación ha concluido frente al Tribunal Supremo, donde se ha leído el manifiesto final.

En el manifiesto se indica que el último informe del IPCC es “una nueva señal de alarma”. “Una señal que alerta”, dice el texto, “de que apenas queda una década para actuar, mientras que los escasos compromisos de los países conducen a un futuro con graves consecuencias para la vida en el planeta, con especial crudeza sobre la humanidad. No tomar las medidas necesarias para enfrentar la emergencia climática es una condena para muchas personas en las que los gobiernos son responsables: la justicia no puede mirar para otro lado. Recientes sentencias como las de Holanda o Francia muestran el camino a seguir para ampliar el marco de derechos y libertades protegiendo el futuro común compartido”.

La aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, según las organizaciones, ha concluido con compromisos insuficientes de reducción de emisiones, algo incompatible con el Acuerdo de París y su objetivo de limitar el incremento de la temperatura global en 1,5ºC. A pesar de las movilizaciones y protestas de los últimos años, el Gobierno y los representantes políticos del Congreso de los Diputados han sido incapaces de sacar adelante un texto normativo a la altura de la crisis ecológica. Por ello, estas movilizaciones muestran su apoyo al Juicio por el Clima impulsado por varias organizaciones ecologistas y sociales frente a la falta de ambición del Estado español.

Para las organizaciones convocantes “no es opcional cumplir las indicaciones científicas, los representantes públicos tienen como primera obligación defender el interés general y están fallando”. “Salimos a las calles”, añaden, “para reivindicar nuestros derechos fundamentales, para defender el futuro y para mostrar la demanda ciudadana de una sentencia judicial valiente que atienda a la gravedad de la crisis climática. Que elijan defender nuestro presente y nuestro futuro y que, como sus colegas en muchos otros países de Europa, tomen la decisión correcta y fallen a favor de la vida y el planeta”.

Precisamente este miércoles el Tribunal Supremo ha desestimado de forma definitiva la petición de la Abogada del Estado para cerrar uno de los procesos abiertos en el Juicio por el Clima. La Abogacía del Estado consideraba que, tras la aprobación en Consejo de Ministros en marzo de 2021 del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el Gobierno cumplía con las obligaciones reflejadas en la demanda, pero el Supremo estima que no es así. Las organizaciones demandantes consideran que se trata de una victoria muy importante y confían en que la justicia empuje al Gobierno a cumplir con sus obligaciones internacionales.

Este Juicio por el Clima no es el primero en llegar a un Tribunal Supremo ni será el último. En países como Holanda, Francia y Alemania ya se ha fallado a favor de la ciudadanía. Estos procesos continuarán y no estarán únicamente dirigidos hacia los gobiernos, sino a muchas de las empresas cuyo modelo de negocio se basa en la depredación de recursos naturales y humanos. Cabe recordar que son las personas y los países con menos recursos quienes sufrirán con mayor dureza las consecuencias del cambio climático, a pesar de ser los menos responsables de esta crisis ecológica. Por el contrario, las grandes empresas responsables de la situación actual actúan con impunidad y tratan de venderse como una “solución verde”, con la complicidad de los poderes públicos.

“Encontrar el amparo de la justicia en España no solo es posible, sino una obligación moral de toda la ciudadanía”, en palabras de las organizaciones convocantes. “Está en mano de la sociedad civil recordar al Tribunal que, en pleno siglo XXI, la concepción de la justicia debe incorporar de forma nítida el derecho de las generaciones presentes y futuras a una vida digna en un planeta sano”.

Paz Vaello,

El Tribunal Supremo da la razón a las organizaciones ambientalistas en el Juicio por el Clima

El Tribunal Supremo ha desestimado definitivamente la pretensión de la Abogacía del Estado de cerrar uno de los procesos abiertos en el conocido como Juicio por el Clima, según ha comunicado en un auto enviado este miércoles a las organizaciones Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón. La Abogacía del Estado consideraba que, tras la aprobación en Consejo de Ministros en marzo de 2021 del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el Gobierno cumplía con las obligaciones reflejadas en la demanda, pero el Supremo estima que no es así.

Estas mismas razones ya fueron esgrimidas por la Abogacía del Estado en su recurso frente a la resolución del 14 de junio del Alto Tribunal. Las organizaciones demandantes se opusieron al cierre del litigio por considerar que no basta con la aprobación de cualquier PNIEC, sino que debe ser un Plan lo suficientemente ambicioso como para cumplir con los compromisos adquiridos con la firma del Acuerdo de París: hacer todos los esfuerzos posibles para limitar el incremento de la temperatura global en 1,5°C. Para cumplir ese objetivo de acuerdo con la ciencia -representada por el grupo de expertos de la ONU, IPCC- las emisiones de CO2 deberían reducirse un 55% en 2030 en todo el planeta. Esta cifra está muy lejos del 23% de reducción de emisiones para 2030 planeado por el Gobierno en su PNIEC.

El Tribunal Supremo considera, en su resolución de 14 de Septiembre de 2021, que “no ha dejado de subsistir el interés legítimo de obtener tutela judicial por las organizaciones demandantes”, ya que persiste la inactividad de la Administración al no haber cumplido íntegramente el compromiso adquirido, que tiene su origen en un tratado internacional ratificado por el Estado Español y por la Unión Europea. El Auto del Tribunal Supremo condena además a la Abogacía del Estado al pago de las costas judiciales.

“Este auto es una victoria muy importante que nos da aliento para continuar la larga batalla judicial que tenemos por delante. Es lamentable que la Abogacía del Estado se comporte como defensora de la actuación del Gobierno, en lugar de defender los intereses generales de la ciudadanía, vinculados con la protección del medio ambiente y el clima y con el derecho a desarrollar una vida digna por parte de las generaciones presentes y futuras. Confiamos en que la justicia siga dándonos la razón, y acabe obligando al Gobierno a cumplir con sus obligaciones internacionales”, ha declarado Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace España y coordinadora del litigio.

“La lucha climática no consiste en hacer algo, sino en hacer lo suficiente. De no ser así, los gobiernos están fallando a su primera responsabilidad: defender los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. Así, el fallo del Tribunal Supremo avala muchas de las demandas escuchadas en las calles durante los últimos años, en las que se ha mostrado que estamos muy lejos aún de enfrentar la emergencia climática. La ciudadanía seguirá en las calles exigiendo justicia climática antes de que sea demasiado tarde”, ha declarado Javier Andaluz, coordinador de clima y energía de Ecologistas en Acción.

“El Gobierno tiene una responsabilidad que cumplir, y esta decisión del Supremo lo deja claro”, dice Lourdes Benavides, responsable de clima y resiliencia de Oxfam Intermón. ”Y esa responsabilidad no sólo es con la ciudadanía española, sino con las personas que en todo el mundo están sufriendo las consecuencias de las emisiones de países ricos como el nuestro. Los desastres climáticos se han triplicado en 30 años y millones de personas pasan hambre en el Sahel o en Centroamérica, por ejemplo. Exigimos al Gobierno compromisos ambiciosos y urgentes y a los jueces que escuchen nuestros argumentos, avalados por numerosos estudios y evidencias científicas”.

M Paz Vaello | Greenpeace

La Tierra alcanza una cifra récord de CO2 en la historia del ser humano

El nivel de dióxido de carbono en la Tierra alcanza una cifra récord: 415,39 partes por millón (ppm) de CO2. Según los datos del Observatorio Muna Loa, de Hawai, es la primera vez en la historia del ser humano que la atmósfera de nuestro planeta acumula tal cantidad de gases de efecto invernadero.

Para hacernos una idea, hace 200 años los niveles de CO2 de la atmósfera terrestre se situaban alrededor de 250 partes por millón. Fue en la década de 1960 cuando la concentración de este gas, causante del efecto invernadero y del calentamiento global, alcanzaba las 300 partes por millón.

Pero con el paso de los años, las emisiones generadas por actividades humanas ha dado lugar a que la situación sea extremadamente crítica. Es más, los expertos no descartan que sea durante este mes de mayo cuando se vuelva a experimentar un un nuevo registro nunca antes alcanzado.