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El Parlamento Europeo ha aprobado su posición a favor del Reglamento de Restauración de la Naturaleza.

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Hoy, 12 de julio, el Parlamento Europeo ha aprobado su posición a favor del Reglamento de Restauración de la Naturaleza.

Amigos de la Tierra, ClientEarth, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife y WWF, como organizaciones de defensa de la biodiversidad y de lucha contra el cambio climático, celebran que el Parlamento Europeo haya aprobado su posición a favor del Reglamento de Restauración de la Naturaleza, un paso que será de vital importancia para la supervivencia de los ecosistemas de la Unión Europea.

El proceso legislativo del Reglamento ha sido torpedeado en el Parlamento Europeo en diversas ocasiones por varios partidos del hemiciclo, que han intentando bloquear esta propuesta por intereses electorales, ante la proximidad de las elecciones europeas, y una visión cortoplacista que focaliza un modelo de producción y consumo claramente insostenible, también en términos socioeconómicos. La restauración es una solución beneficiosa para la naturaleza, las personas y la economía, y debe protegerse de la desinformación y de los grupos de presión contrarios a la protección ambiental.

El pleno del Parlamento Europeo se ha mostrado finalmente a favor de la propuesta de la Comisión Europea, aunque con enmiendas. Las organizaciones medioambientales lamentan que su posición no haya sido más ambiciosa, ya que en la negociaciones para aprobar el reglamento, se ha reducido significativamente la propuesta de la ponencia redactada en la Comisión de medio ambiente del Parlamento.

El reglamento propuesto por la Comisión Europea no solo busca mejorar el estado de los ecosistemas terrestres y marinos, sino que asegura beneficios en la salud, el bienestar y la economía. Esto es especialmente importante para España, uno de los países más vulnerables a la desertificación, a la pérdida de biodiversidad, y al aumento de la temperatura del océano, donde la restauración de los ecosistemas es fundamental para fortalecer nuestra resiliencia ante los efectos de la crisis climática.

Afortunadamente, el resultado de la votación de hoy en el Parlamento permite seguir adelante con la propuesta, respaldando la necesidad de avanzar en la recuperación de la naturaleza en beneficio de nuestra sociedad. Ahora, se inicia la fase de negociación entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo (los llamados “trílogos”), y tendrá lugar durante la Presidencia española del Consejo de la UE, por lo que instamos a nuestros responsables políticos implicados en los trílogos a asegurar la máxima ambición en las discusiones, al igual que lo han reclamado la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil (fuente), la comunidad científica y las empresas. De hecho, se han recogido un millón de firmas ciudadanas, más de 6.000 científicos se han pronunciado a favor y más de 100 empresas han presentado una declaración a favor del reglamento.

La restauración de la naturaleza es una necesidad urgente, no hacerla no es una opción.
Teresa Rodríguez Pierrard (Amigos de la Tierra)

Roberto Herreros (Ecologistas en Acción)

Mónica Ortega (Greenpeace)

Olimpia García (SEO/BirdLife)

Coral García (WWF)

Foto: ejemplo de restauracion en las Marismas de Astillero ©SEO/BirdLife

Firme compromiso de PSOE, PP, Sumar, ERC y BNG contra la deforestación

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  • Con ocasión de las elecciones generales y coincidiendo con el día de la entrada en vigor del Reglamento de la UE sobre productos libres de deforestación, la Alianza Cero Deforestación organizó ayer un debate político con el título “La lucha contra la deforestación en las elecciones del 23-J” con la participación de PSOE, PP, SUMAR, ERC y BNG.
  • Todos los grupos políticos participantes mostraron su apoyo unánime para que el Reglamento de la UE amplíe la protección a biomas bajo la clasificación de “otras zonas boscosas” como el Cerrado, la Caatinga, el Chaco o el Pantanal.
  • Los  asistentes destacaron el carácter pionero de este Reglamento y, de llegar al Gobierno, se comprometieron  a trabajar en una  aplicación coherente del mismo, con recursos presupuestarios necesarios para que la autoridad competente pueda realizar sus funciones de control correctamente.

En el debate político“La lucha contra la deforestación en las elecciones del 23-J”, en el que participaron PSOE, PP, SUMAR, ERC y BNG, los partidos dieron a  conocer sus compromisos para frenar la deforestación, proteger los bosques y los ecosistemas, precisamente en el día que entró en vigor el Reglamento de la UE sobre productos libres de deforestación (EUDR).

Con esta nueva ley, las empresas tendrán que demostrar que sus importaciones de carne de vacuno, soja, aceite de palma, caucho, cacao, café, madera y algunos de sus productos derivados están libres de deforestación. De esta manera la UE persigue reducir su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la pérdida de biodiversidad global.

Todos los representantes políticos respaldaron la demanda de la Alianza Cero Deforestación para  que el Reglamento amplíe la protección a otros ecosistemas esenciales como la sabana del Cerrado, la Caatinga, el Chaco o el Pantanal, que a nivel global están sufriendo el avance sin precedentes de la agroindustria. Para ello el primer paso será apoyar en la revisión de esta norma, prevista en un año, la inclusión en su ámbito de aplicación de “otras zonas boscosas”.
En palabras de Eva Patricia Bueno, candidata del PSOE al Senado, “es necesario trabajar en un modelo productivo que no vaya contra la naturaleza”. Además, destacó el papel que jugará esta norma en este sentido.

Por su parte, Diego Gago, representante del PP en la mesa, comentó que este Reglamento “representa una victoria medio ambiental  de la UE”. Su partido  apoyó ya en la última legislatura  la Propuesta No de Ley presentada por ERC para que este Reglamento durante el periodo de negociación fuese ambicioso.
Paz Serra, candidata de Sumar al Congreso,  subrayó el papel decisivo de la población europea   para avanzar en la legislación medioambiental. Para la candidata, “la deforestación nos enfrenta con la huella de consumo en España en la que hay que incluir también las importaciones de materias primas y productos”.

María Dantas, candidata al Congreso por ERC,  indicó que su partido seguirá apoyando por la vía parlamentaria que se frene la deforestación, como ya hicieron al presentar en la pasada legislatura la PNL en relación con este Reglamento.

Para el candidato al Congreso por el BNG, Nestor Rego, es necesario el máximo soporte en la implementación del Reglamento y, a la hora de designar la autoridad encargada de controlar la exigencias de esta legislación, hay que actuar respetando los plazos y las competencias de las administraciones autonómicas.

Durante el acto la Alianza Cero Deforestación presentó sus demandas para que esta nueva legislación garantice a los consumidores europeos que los productos que compran no destruyen y degradan los bosques. Según sus representantes, “es necesario el compromiso al más alto nivel y que los Estados miembros empiecen a trabajar en la implementación desde su entrada en vigor”.

Antes del próximo 29 de diciembre, los gobiernos  de los Estados miembros  tienen que designar una autoridad competente dotada de los poderes adecuados, independencia funcional y con  los recursos necesarios para asegurar el adecuado cumplimiento del Reglamento. En el caso de España, debería haber una coordinación a nivel estatal entre el ministerio que ostente las competencias en materia de medio ambiente con los departamentos que tengan esa responsabilidad dentro de cada comunidad autónoma.

También se tendrá que adoptar el marco normativo e institucional para la correcta aplicación y cumplimiento de la norma en relación al régimen sancionador, los planes anuales de control, los mecanismos de comunicación con la autoridad aduanera, la coordinación y cooperación entre autoridades competentes o la transparencia en los controles realizados.

Las organizaciones integrantes de la Alianza proponen contar con una ley estatal específica de lucha contra la deforestación para facilitar y unificar bajo una única regulación todas estas exigencias derivadas del Reglamento.

Por otro lado, en el debate  los partidos políticos también expusieron sus propuestas para los sectores agropecuarios e industriales, estrechamente ligados a la importación de las materias primas asociadas a la deforestación en terceros países. Es el caso de la fabricación de piensos para alimentación animal cuya demanda ha aumentado de la mano de la expansión de la ganadería industrial, o los biocombustibles a base de aceite de palma y soja, que generan tres y dos veces más emisiones que el diésel fósil.

En relación con la ganadería industrial, para Sumar es imprescindible el apoyo a la ganadería extensiva para promover la producción autóctona y los sistemas alimentarios sostenibles. El PSOE destacó su compromiso con la agricultura familiar y la circularidad de la economía. BNG apoyaría una moratoria a las licencias a las explotaciones ganaderas industriales intensivas y, en esa misma línea, la representante de ERC propuso, además, reducir la cabaña ganadera en intensivo.

En cuanto a los biocombustibles, el representante del PP planteó que hay margen para otros combustibles, como los fabricados a base de aceite usado, que no impliquen deforestación y otros problemas. Por su parte el BNG recordó que su partido ya ha pedido con anterioridad en la Ley del cambio climático que se prohíban los cultivos energéticos. Para ERC será clave la eliminación del uso de soja y aceite de palma en los biocombustibles.

La conservación de los polinizadores permitirá la creación de 28.000 empleos

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La polinización es clave para la vida humana. El 70% de los cultivos necesitan de la misma para producirse, sin embargo, se estima que un 40% de los insectos desaparecerá en las próximas décadas

Amigos de la Tierra presenta el informe «La Conservación de los polinizadores: una oportunidad para crear empleo», a través del cual cuantifica el número de puestos de trabajo que podrían generarse para atajar el declive de los polinizadores, uno de los grupos de animales más amenazados, y para cuya protección existen diversos compromisos internacionales. 

El informe se centra en dos ejes principales, por un lado en la restauración ecológica de campos agrícolas a través de medidas como la plantación de setos en los márgenes agrícolas o la creación de charcas y, por el otro, en la formación de personas trabajadoras para transitar hacia la sostenibilidad en agricultura y en jardinería, tanto en el sector privado como en la administración pública. Bajo estos parámetros de respeto a la biodiversidad y a un trabajo digno, en el informe se calcula la creación de más de 28.000 puestos de trabajo en los próximos años.

El periodo actual se caracteriza por una alta tasa de extinción de animales, se trata de la Sexta extinción masiva, que avanza a un ritmo vertiginoso. Los insectos se extinguen 8 veces más rápido que los grupos de vertebrados, lo que exige una acción rápida para revertir la situación. De hecho se estima que, a finales de siglo, desaparecerán más del 40% de los insectos a pesar de que el 70% de los cultivos para alimentación necesitan de la polinización.

En cuanto a las causas es difícil establecer una relación inequívoca en cuanto a la extinción de insectos. Probablemente, destaca la pérdida de hábitat, con más del 75% de la superficie terrestre degradada por el ser humano, especialmente para uso agrícola. Además, los animales se ven afectados por sustancias tóxicas como los plaguicidas o los fungicidas, y, por otro lado, el cambio climático con las olas de calor y las sequías también les afecta directamente (1).

Esto sucede, además, en un momento político donde a nivel europeo, tanto la Ley de Restauración de la Naturaleza, como la Directiva de Uso Sostenible de Pesticidas, que deben ser aprobadas de forma inminente, están en riesgo por las presiones de la industria. Desde Amigos de la Tierra reclaman al Gobierno español que defienda a nivel europeo políticas de restauración de ecosistemas así como la reducción de pesticidas,  además del compromiso de mejorar los acuerdos alcanzados a nivel estatal.

La organización ecologista destaca la función indispensable que brindan los insectos, como la polinización o el control de plagas, que llegan a representar un 12% anual de las ganancias del sector agrícola de la UE (2). Y recalca que es clave apostar por la protección de los ecosistemas y, en concreto de los polinizadores, para garantizar la salud de la biodiversidad y una vida digna para las personas trabajadoras.

30 fincas repartidas por el territorio agrario español participan en el proyecto Secanos Vivos que coordina SEO/BirdLife

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SEO/BirdLife ha firmado Acuerdos de Custodia del Territorio en las 30 fincas participantes en el proyecto Secanos Vivos, coordinado por SEO/BirdLife, repartidas por el territorio agrario de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, con una amplia representación de zonas vitivinícolas y cerealistas de España.

El proyecto Secanos Vivos, coordinado por SEO/BirdLife con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, tiene como objetivo mejorar la rentabilidad de las explotaciones de cereal y viñedo de secano, a través de la implementación de prácticas agroambientales que contribuyen, con evidencia científica, a la recuperación de la biodiversidad y a la resiliencia climática mientras generan alimentos con un valor añadido reconocible en el mercado por los consumidores.

A día de hoy, usando criterios de heterogeneidad y representatividad de los agrosistemas de cereal y viñedo de secano en España, se han seleccionado 30 fincas demostrativas que cumplen los objetivos del proyecto, cubriendo una amplia tipología de explotaciones en cuanto a tamaño, modelo productivo, contexto paisajístico y socioeconómico, tanto dentro como fuera de zonas Red Natura 2000 y otras figuras de protección como parques naturales o espacios protegidos.

Se trata, en total, de 30 fincas de secano, 10 de viñedo y 20 de cereal, repartidas por el interior peninsular de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, incluyendo las grandes zonas agrarias de secano, como las agroestepas cerealistas de las dos Castillas, las áridas estepas aragonesas o las llanuras y depresiones salinas de las lagunas de Villafáfila (Zamora) y de Gallocanta (Zaragoza). Se han delimitado las parcelas experimentales que ocupan una superficie total de más de 500 hectáreas demostrativas, a las que se añaden más de 200 hectáreas control, para poder comparar los resultados de las intervenciones en las fincas demostrativas con relación a las no intervenidas.

Custodia del territorio

Para enmarcar el desarrollo de las actuaciones, SEO/BirdLife ha firmado Acuerdos de Custodia del Territorio con las 30 propiedades que participan en el proyecto Secanos Vivos. En estos acuerdos, se define una batería de medidas agroambientales adecuadas para recuperar la biodiversidad y generar resiliencia climática, de acuerdo con el conocimiento científico-técnico que atesora el Comité Científico del proyecto. El equipo técnico de Secanos Vivos, en colaboración con los agricultores que firman los acuerdos, ha adaptado la propuesta científica a la particularidad de cada parcela y a la realidad de cada productor para configurar un plan de intervenciones ajustado a cada una de las fincas.

Análisis de la biodiversidad

Con esta finalidad, se han caracterizado las fincas, recogiendo información sobre las prácticas agronómicas realizadas en cada parcela (demostrativa y control), el entorno natural biofísico y los suelos sobre los que asientan, y los hábitat y especies presentes en las explotaciones. De esta manera, se ha podido realizar la caracterización preoperacional, que incluye censos de aves reproductoras, muestreos de insectos, con especial atención a polinizadores y ortópteros, censos de vegetación y captura de carbono, que revela el estado de la biodiversidad y contribución a la mitigación del cambio climático de cada finca antes de las intervenciones. A partir de aquí, se irá haciendo un seguimiento durante los próximos tres años de duración del proyecto para evaluar el efecto de las medidas agroambientales adoptadas en relación con estas variables.

En cuanto a la puesta en el mercado de los productos obtenidos de estas fincas, el proyecto Secanos Vivos prevé el establecimiento de acuerdos de colaboración con empresas elaboradoras, distribuidoras y comercializadoras para diferenciar sus productos. Así, se pondrán en valor los esfuerzos que los propietarios de estas fincas realizan por la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático, y los resultados obtenidos, a través de una importante campaña de comunicación, cuya principal herramienta será la implementación de un sello diferenciador en el mercado reconocible por los consumidores.

Viñedos de Bodegas Contreras Ruiz, en Rociana del Condado (Huelva)

La ubicación geográfica de todas las fincas participantes en el proyecto y la información de las mismas puede encontrarse en el mapa ubicado en la sección Fincas Asociadas de www.secanosvivos.seo.org

El proyecto Secanos Vivos trabaja de la mano de agricultores y agricultoras, por la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

Fotos: Arriba. Finca de cereal La Dehesa, en la localidad de Villafuerte, Valladolid, participante en el proyecto. Abajo. Viñedos de Bodegas Contreras Ruiz, en Rociana del Condado (Huelva), tambien participante en Secanos Vivos. Autor: SEO/BirdLife

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictamina que los Arctic 30 de Greenpeace fueron detenidos de forma arbitraria por Rusia

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Cinco años se ha tardado en conocer la sentencia, pero la espera ha valido la pena. Por fin se ha hecho justicia: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho público hoy su fallo en el caso de los Arctic 30 versus Rusia y ha concluido que las autoridades rusas detuvieron arbitrariamente a 28 activistas de Greenpeace y dos periodistas independientes y violaron su derecho a la libertad de expresión.[1]

En septiembre de 2013, un grupo de activistas de Greenpeace que posteriormente fue conocido como los Arctic 30 fue detenido bajo acusaciones de piratería tras una protesta contra la producción de petróleo en el Ártico, en el mar de Pechora, frente a la costa norte de Rusia. Varios comandos rusos abordaron el Arctic Sunrise -el legendario barco de la organización ecologista- desde un helicóptero y lo tomaron por la fuerza. Los activistas pasaron dos meses en centros de detención, primero en la ciudad ártica de Murmansk y luego en San Petersburgo, acusados de graves penas que conllevaban largas condenas de cárcel, antes de ser puestos en libertad bajo fianza y finalmente liberados por una amnistía adoptada por la Duma rusa [2] El caso cobró dimensión internacional y organizaciones de todo el mundo se unieron a Greenpeace para exigir la liberación de los detenidos.

“En un momento en que las autoridades de muchos estados están tomando duras medidas contra los activistas climáticos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos envía un mensaje claro: defender el medio ambiente es crucial y se debe proteger el derecho de las personas a manifestarse”, ha señalado Sergey Golubok, abogado de los Arctic 30, que ha acogido el fallo con gran satisfacción.

Por su parte, Faiza Oulahsen, responsable de la campaña de Clima y Energía de Greenpeace Países Bajos y una de los Arctic 30 del Ártico, ha asegurado que “este fallo no podría llegar en un momento más crítico: personas de todo el mundo se están revelando contra la industria de los combustibles fósiles que nos está hundiendo cada vez más en la crisis climática, causando muerte, destrucción y desplazamientos en todo el mundo. El tribunal ha reconocido que el activismo climático es necesario para proteger todo lo que nos importa, afirmando que es ‘una expresión de opinión sobre un asunto de gran interés social’. Los tribunales y los Gobiernos deben defender a las personas y a la naturaleza, no a los grandes contaminadores”.

Mads Flarup Christensen, director ejecutivo de Greenpeace International, ha concluido que “la protesta pacífica es vital para abordar y navegar las múltiples crisis que afectan a las personas y al planeta. Cada vez más gente se indigna ante las ganancias de las grandes compañías que dañan el planeta y ante los poderes que están por encima de los intereses de las personas, por eso es tan importante que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos recuerde hoy que la protesta pública pacífica es un derecho que las autoridades públicas deben respetar en su totalidad”.

Las duras medidas adoptadas contra los manifestantes ecologistas pacíficos este año incluyen activistas climáticos condenados a tres años de prisión por escalar un puente en el Reino Unido y cinco meses por bloquear una carretera en Alemania, así como “arrestos preventivos” de activistas XR en los Países Bajos. [3][4][5] En España, también se ha denunciado un aumento progresivo de la criminalización y represión de los colectivos y organizaciones en el ámbito del activismo climático con medidas cada vez más duras, infiltración de fuerzas de seguridad en los colectivos y criminalización de periodistas que habitualmente cubren estas actividades.[6]

El pasado mes de mayo, Greenpeace International fue designada como “organización indeseable” por las autoridades rusas, lo que provocó el cierre de su oficina rusa, poniendo fin a 30 años de trabajo ambiental en el país. En un comunicado, Greenpeace International señaló: “La prohibición de las actividades de Greenpeace International en Rusia es una medida absurda, irresponsable y destructiva frente a la crisis climática y de biodiversidad global”.

Rusia fue excluida del Consejo de Europa en marzo de 2022, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero esto no afectó los casos pendientes.

Organizaciones ambientalistas piden la adopción urgente de un programa de actuaciones para salvar las Tablas de Daimiel

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  • Mañana, 28 de junio, se celebrará el 50 aniversario de la declaración del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (PNTD) en un momento crítico para su futuro como espacio protegido.
  • Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han enviado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) una propuesta de  Marco de Actuaciones para Las Tablas de Daimiel.

Ante la dramática situación en la que se encuentra el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (PNTD), la falta de soluciones eficaces por parte de las distintas administraciones y la falta de acuerdo social sobre la necesidad de abordar un cambio en la gestión de los acuíferos sobreexplotados, las principales organizaciones ecologistas nacionales reclaman la puesta en marcha de un Marco de Actuaciones Prioritarias, tal y como se ha hecho en otros espacios naturales protegidos, como Doñana o el Mar Menor. 

Para impulsar la puesta en marcha de este plan de emergencia, las organizaciones han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) un documento de propuestas con los elementos básicos y pasos a seguir para alcanzar los objetivos de conservación que establece la normativa de parques nacionales, de aguas y de conservación de la Naturaleza de la Unión Europea.

La situación hidrológica del PNTD está ocasionando uno de los mayores y más dramáticos descensos en biodiversidad acuática desde su desecación casi total en 2009. En la actualidad, apenas 100 hectáreas de las 3.030 del parque nacional tienen algo de agua, y la fauna del humedal está prácticamente desaparecida, lo que implica que se encuentra de facto en un estado de conservación desfavorable, según la ley de parques nacionales.

En este contexto, y a pesar de la conocida influencia de los regadíos en la sobreexplotación de los acuíferos del Alto Guadiana, no se han tomado medidas eficaces ni siquiera para empezar a revertir la situación. Hay que recordar que el nivel de extracciones ilegales sin derechos en el acuífero 23 es de 50.000 hectáreas y 92 hm3, diez veces superior en superficie y cuatro veces en volumen que la extracción de los acuíferos que alimentan al Parque Nacional de Doñana o al Mar Menor. Esto está provocando un descenso de 2 metros anuales de los niveles de agua subterránea y un déficit continuado del acuífero que llega hoy a superar los 1.500 hm3.

A pesar de los 250 millones de euros en medidas agrarias invertidos desde 1994 para reducir la extracción de agua destinada a regadío, no se han conseguido crear cambios estructurales profundos que faciliten el aporte de agua subterránea al humedal y evite la pérdida de los valores que hacían merecedoras a las Tablas de Daimiel de la calificación de Parque Nacional.  El problema es que se continúa gastando mucho más en medidas agrarias que conllevan un incremento de las superficies de regadío, como las destinadas a reestructuración del viñedo o a la modernización de regadíos.

Las principales  organizaciones ecologistas han enviado al MITECO una propuesta de Marco de Actuaciones que debería ir bastante más allá de lo que ya está planteado en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadiana. Las organizaciones observan que no hay correspondencia entre los objetivos ambientales del Plan Hidrológico de Demarcación del Guadiana, las acciones a poner en práctica y el calendario previsto para la consecución de tales objetivos, por la falta, entre otras cosas, de un decidido cambio en la política de regadíos nacional y la política agraria de Castilla-La Mancha. Lamentablemente, tampoco se ha aprovechado la nueva planificación de la PAC de cara a 2027 para conseguirlo.

Las organizaciones exigen un papel relevante y coherente al Gobierno de Castilla-La Mancha, para reducir la superficie de regadío y de las extracciones ilegales utilizando los fondos europeos agrarios y de desarrollo rural.  Igualmente reclaman la  puesta en marcha de medidas económicas ambiciosas para cambiar hacia un modelo productivo no dependiente del agua. En el diseño y seguimiento del Marco de Actuaciones se debería contar con las organizaciones ambientales, al igual que se ha hecho por parte del MITECO en casos similares anteriores como el de Doñana o el del Mar Menor.

Las organizaciones ecologistas celebran que poco a poco se esté aumentando la vigilancia y las sanciones a las extracciones ilegales; pero reclaman mayor contundencia y más recursos para terminar con la impunidad en el robo del agua ya que desde 2018 apenas se han clausurado pozos en un 1,07 % de los expedientes sancionadores y que las superficies liberadas apenas representan el 10% del total de superficie ilegal cuantificado por estudios independientes, que se cifra en más de 51.000 ha sólo para el acuífero 23. A ese ritmo no se podrán asegurar caudales ambientales en las Tablas de Daimiel en el límite temporal previsto en la Planificación. Por tanto, la Confederación debería reducir las dotaciones para el regadío mucho más de lo que ahora se hace en los Planes de Actuación de las Masas en riesgo de no alcanzar el buen estado.

Por otro lado, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF solicitan la recuperación de los valores y procesos naturales, evitando aquellas acciones en el Parque que profundicen en su banalización y artificialización. Así, la contribución de los 8 hm3 a través de la tubería manchega desde el Tajo en 2023  resultan insignificantes comparados con la sobreexplotación del acuífero 23, que acumula 1.500 hm3 de déficit en los 10 últimos años.

Teresa Rodríguez Pierrard (Amigos de la Tierra)

Roberto Herreros (Ecologistas en Acción)

Mónica Ortega (Greenpeace)

Agustín Carretero (SEO/BirdLife)

Coral García (WWF)

El Biólogo alicantino José Carlos Monzó Premio Tortuga Mora a la Conservación 2023

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El Jurado del Premio Tortuga Mora a la Conservación ha decidido por unanimidad conceder el galardón, en su edición de 2023, al biólogo de Pinoso José Carlos Monzó Giménez, por su compromiso con la biodiversidad y la activa defensa del patrimonio natural de este municipio.

Este Premio, que concede anualmente la Asociación para la Custodia del Territorio y el Desarrollo Sostenible (ACUDE), reconoce la labor de personas o instituciones que han destacado en materia de conservación del medio, investigación o divulgación ambiental.

Fue instituido en 2010 con objeto de reforzar el compromiso con el medio natural y rural de personas físicas o jurídicas cuyo trabajo, tanto profesional como voluntario, haya contribuido a la preservación de la flora, la fauna o los hábitats, principalmente acuáticos, así como del patrimonio cultural y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

José Carlos Monzó se encuentra finalizando su proyecto de investigación para la defensa de su tesis doctoral en ciencias biológicas en el Centro Iberoamericano de Biodiversidad de la Universidad de Alicante y actualmente desarrolla su carrera profesional como técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Pinoso, realizando además numerosas labores de conservación de la biodiversidad y de los espacios naturales del municipio, fomentando de forma incansable durante 25 años el voluntariado ambiental como eficaz herramienta para la recuperación y puesta en valor de hábitats.

Experto Universitario en la Gestión de Espacios Naturales 

Además de Licenciado en Ciencias Biológicas es Experto Universitario en Gestión de Espacios Naturales en el ámbito local por la Universidad de Alicante colaborando en la docencia universitaria de dicha universidad, así como en el Máster Universitario en Áreas Protegidas, Recursos Naturales y Biodiversidad de la Universidad de Murcia. Ha participado como ponente en numerosos foros y congresos nacionales e internacionales, así como en trabajos de investigación, destacando los relacionados con la recuperación ambiental de espacios mineros de rocas ornamentales, la rehabilitación de zonas húmedas semiáridas mediterráneas y el conocimiento y difusión de los valores naturales y culturales en el ámbito municipal y supramunicipal.

«No hay agua para tanto regadío»

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Activistas de Greenpeace han desplegado hoy, primer día del verano, una pancarta de más de 200 metros en el acueducto del Cigüela (Cuenca) para denunciar, bajo el lema “no hay agua para tanto regadío”, que en España tenemos mucha infraestructura hidráulica, pero que no garantiza una distribución equitativa del agua. La actual política hidráulica permite beneficios económicos cortoplacistas, cada vez en menos manos, a costa de un grave impacto ambiental. Junto a otra enorme pancarta de 35 x 18 metros con el lema “Salvar el Agua”, más de una veintena de activistas han querido denunciar así la falta de responsabilidad política en este problema de primer orden.

Greenpeace ha elegido el acueducto del Cigüela como un ejemplo de infraestructura hidráulica faraónica (6,2 km), a las que tanta prioridad se les ha dado en la gestión del agua en España y que todavía se siguen reclamando por parte de algunos partidos y lobbies. El trasvase Tajo-Segura, que circula por este acueducto, está sobredimensionando regadíos del Levante, acabando con una joya de la biodiversidad como es el Mar Menor. Obras como ésta no son prioritarias para la gestión eficiente del agua y dejan de lado el verdadero problema, jugando con falsas promesas para obtener un puñado de votos, en contra de la protección real del medio hídrico (ríos, humedales, marjales, marismas, acuíferos…). Se está poniendo en riesgo la supervivencia de la agricultura tradicional y familiar, para ponerla en manos de grandes agroindustrias y fondos de inversión y se están perjudicando enclaves fundamentales por su biodiversidad como Doñana o las Tablas de Daimiel. 

Greenpeace ha presentado estos días el informe ‘La burbuja del regadío’ que alerta claramente de la insostenibilidad del actual modelo de regadío intensivo:

  • El 16,23 % de los regadíos en España están en áreas tensionadas, es decir, con acuíferos en mal estado cuantitativo y cualitativo y en zonas vulnerables a nitratos
  • El 13,8% de los regadíos están sobre zonas que afectan a espacios naturales protegidos
  • La modernización del regadío aumenta en realidad la superficie de riego, genera cambios hacia cultivos más demandantes de agua y estimula las dobles o triples cosechas anuales, aparte de que merma el retorno de agua
  • Tenemos poca agua pero, encima, la exportamos (en forma de frutas, verduras y carne) y la tiramos (en España desperdiciamos más de 1 millón de toneladas de alimentos al año, unos 130 litros de agua perdida por persona y día). 

A pesar de las lluvias de este mes, el agua embalsada sigue sin alcanzar el 47,5 % esta semana y el 44 % de los acuíferos están ya en malas condiciones. Con estos datos graves, es incomprensible que, entre 2004 y 2021, los regadíos -y solo los “legales” de los que hay datos- hayan aumentado un 16 %. Existe descontrol del recurso y políticas sin estrategia climática que solo buscan el beneficio económico inmediato sin entender la gravedad de la situación del agua que vamos a tener que afrontar. 

Según ha manifestado in situ el responsable de Agua en Greenpeace España, Julio Barea: “Nuestros responsables políticos siguen prometiendo agua, un agua que no existe y que en el futuro será aún más escasa. Tenemos que cambiar la manera de gestionarla y apostar por una transición hídrica justa. Nos jugamos poder tener agua para beber, que nuestra agricultura tenga futuro y que podamos mantener nuestra biodiversidad frente a las consecuencias del cambio climático. Las próximas sequías serán aún más intensas y prolongadas por lo que prometer ampliar regadíos es una mentira que pagaremos toda la sociedad y nuestro medio ambiente”.

La campaña electoral previa al 23-J es el momento para que los partidos definan su postura ante este problema y así el electorado sepa cuáles son las propuestas que protegen el agua, a las personas y los ecosistemas. Greenpeace apela a la responsabilidad de la ciudadanía con respecto a los distintos partidos y cómo estos proponen gestionar los recursos naturales.

Además de sensibilizar a la ciudadanía con la acción de hoy, Greenpeace está también recorriendo estos días fuentes y baños públicos de más de 35 ciudades de toda la geografía española para alertar a la población sobre el peligro del regadío intensivo, que se lleva casi el 80% del agua de nuestro país. Una realidad que la mayoría de la población desconoce, a pesar de que la ciudadanía sería damnificada directa por la falta de agua en un futuro no muy lejano.

Julio Barea | Greenpeace

Nueva propuesta de WWF sobre sostenibilidad empresarial para proteger el medioambiente y los derechos humanos

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La organización ha presentado hoy en rueda de prensa el informe «Directiva de Diligencia Debida en materia de Sostenibilidad Corporativa: una oportunidad para las empresas y el Planeta”.

A nueve días de que comience la presidencia española del Consejo de la UE, uno de los temas cruciales que se negociarán será la directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad de las empresas. Estas negociaciones serán cruciales para  acelerar la transición hacia una nueva era de la responsabilidad social corporativa en Europa. En este marco, WWF ha presentado un nuevo informe con las principales propuestas para que esta directiva sea eficaz y tenga un impacto positivo para las empresas y el planeta.

Esta directiva, que se espera se adopte a finales de año o a principios de 2024, es clave y ofrece una oportunidad sin precedentes para proteger el planeta y los derechos humanos de una conducta empresarial dañina y apoyar a las empresas que buscan la sostenibilidad. En este marco, se acordarán cuestiones clave como el tamaño de las empresas a las que aplica la directiva, sus obligaciones y planes de transición climáticas y estrategias de sostenibilidad de las compañías y muchos otros aspectos importantes con potencial de mejora.

“Esta directiva supone una oportunidad para las empresas que incorporen la gestión de los riesgos e impactos del cambio climático y los relacionados con la sostenibilidad en sus estrategias de negocio, cadenas de valor y estén alineadas con el objetivo de 1,5ºC de descarbonización net-zero, situándolas en una posición el liderazgo en el mercado”, afirma Raquel García Monzón, responsable del proyecto del Programa de Clima y Energía.

El informe identifica cuatro prioridades que la organización considera clave para que esta directiva tenga un impacto positivo para las empresas y el planeta. Por un lado, la plena inclusión del sector financiero (incluidos los  inversores y gestores de activos) para evitar la distorsión del mercado y garantizar que todos los actores estén en igualdad de condiciones para abordar las cuestiones de sostenibilidad.

Por otro lado, los daños ambientales que las empresas deben tener en cuenta en la diligencia debida deben definirse mediante una amplia gama de categorías de impacto ambiental, con convenios que especifiquen estas categorías.

Asimismo, debe contemplar la inclusión de planes de transición climática  rigurosos para que las empresas contribuyan de forma eficaz a la lucha contra el cambio climático y sean competitivas en los mercados que persiguen la descarbonización de la economía.

Y finalmente que la remuneración de los directivos esté vinculada a los objetivos y los planes de transición climática de las empresas como incentivo para gestionar eficazmente los riesgos y oportunidades de la sostenibilidad.

El Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE envía un fuerte mensaje de apoyo a la restauración de la naturaleza

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 Hoy, 20 de junio, el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE) ha adoptado una posición crucial a favor del Reglamento de Restauración de la Naturaleza, marcando un hito en los esfuerzos de conservación y protección de nuestro patrimonio natural. Amigos de la Tierra, ClientEarth, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife y WWF, como defensores de la conservación de la naturaleza y la lucha contra el cambio climático, consideran esta medida como un paso esencial hacia un futuro inmediato más sostenible y resiliente.

Las organizaciones ecologistas consideran que la posición a favor del Reglamento de Restauración de la Naturaleza por parte del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE) es un mensaje directo al Parlamento Europeo sobre el interés de los Estados en la aprobación de este reglamento.

No obstante, también lamentan que la posición del Consejo no haya sido más ambiciosa, ya que los cambios introducidos en la propuesta inicial, incluida la reducción significativa en los objetivos y la introducción de numerosas excepciones, pueden socavar el potencial del Reglamento para cambiar el rumbo de la pérdida de biodiversidad en la UE.

Las organizaciones agradecen los esfuerzos del gobierno español por sacar adelante este reglamento y esperan que durante su presidencia siga ejerciendo este liderazgo para que siga adelante y sea más ambicioso, por las implicaciones que tiene para la naturaleza y sectores económicos cruciales de nuestro país y de toda la UE.

El reglamento propuesto por la Comisión Europea en junio de 2022 tiene como objetivo principal contribuir a la recuperación de la naturaleza degradada en todas las zonas terrestres y marítimas de la UE. Esta propuesta busca no solo mejorar la biodiversidad y mitigar y adaptar los ecosistemas europeos al cambio climático, sino también generar beneficios adicionales para la salud humana, el bienestar y la economía, incluyendo empleos sostenibles y oportunidades en el sector del ecoturismo.

España es uno de los países más vulnerables a la desertificación, al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad por lo que tiene una responsabilidad particular en la adopción de esta medida. La restauración de la naturaleza es una póliza de seguro para adaptarnos a los impactos del cambio climático y fortalecer nuestra resiliencia frente a eventos climáticos extremos, como sequías, inundaciones e incendios forestales. Además, la restauración de los ecosistemas proporcionará beneficios tangibles a largo plazo, incluida la seguridad alimentaria y el mantenimiento de servicios ecosistémicos cruciales.

La restauración de la naturaleza no está en contradicción con las actividades económicas, sino que genera oportunidades y beneficios mutuos. De hecho, según la evaluación de la Comisión Europea, por cada euro invertido en restaurar la naturaleza, se generaría entre 8 y 38 euros de valor económico. El reglamento propuesto brinda la flexibilidad necesaria para adaptarse a las circunstancias específicas de cada país y sector. Por ejemplo, se fomenta la restauración de ecosistemas relacionados con la agricultura y pesca, lo que, junto con el fomento de prácticas agrícolas y pesqueras más sostenibles, garantizará la continuidad de la propia producción de alimentos y la mejora de la naturaleza, en beneficio de todos.

En este momento crucial, las organizaciones ecologistas instan a todos los europarlamentarios españoles para que apoyen de manera decidida este reglamento en el Parlamento Europeo. No se puede desaprovechar esta gran oportunidad para España y su valioso patrimonio natural. La aprobación de esta ley marcará un hito histórico en la protección de nuestro entorno natural y beneficiará a sectores económicos fundamentales como la agricultura, la pesca, el turismo y el tejido industrial.

Además del Consejo de la UE, ciudadanos preocupados, organizaciones de la sociedad civil, científicos, ciudades, la conferencia celebrada en Madrid del Foro para el futuro de la agricultura, pesquerías de bajo impacto y empresas (incluidas las empresas de energías renovables) de toda Europa están exigiendo cada vez más acciones urgentes y el Parlamento Europeo no puede darles la espalda.

Por todo ello, Amigos de la Tierra, ClientEarth, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife y WWF instan a los parlamentarios a votar a favor del reglamento de restauración de la naturaleza en el Parlamento Europeo. Juntos, podemos asegurar un futuro más sostenible, resistente y próspero tanto para nuestro país como para toda la UE