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La ciudadanía demanda mayor compromiso ambiental a los nuevos gobiernos autonómicos y locales

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En el Día Mundial del Medio Ambiente, SEO/BirdLife lanza 7 propuestas, basadas en la voluntad popular, para mejorar la adaptación y la mitigación al cambio climático en comunidades autónomas y ayuntamientos.

SEO/BirdLife, sobre la base de una encuesta popular realizada recientemente a la ciudadanía española, ha formulado una serie de propuestas dirigidas a los nuevos gobiernos autonómicos y municipales que se están formando tras las pasadas elecciones del 28 de mayo. En especial las propuestas van dirigidas a las políticas de energía y clima con el objetivo de descarbonizar cuanto antes la economía con el máximo respeto por la biodiversidad y las economías locales.

Según Juan Carlos Atienza, responsable de Gobernanza Ambiental de SEO/BirdLife “tras las elecciones del 28M las promesas tienen que convertirse en políticas públicas. Este es el momento para que los candidatos ganadores escuchen lo que sus votantes les han dicho durante la campaña electoral. Hemos preguntado a la ciudadanía sobre las soluciones al cambio climático e interpelan directamente a gobiernos autonómicos y a regidores municipales. Por eso, hoy queremos hacer de altavoz de la sociedad con la esperanza de que los nuevos gobiernos los escuchen e introduzcan políticas ambientales ambiciosas en sus programas de gobierno”.

La opinión de la ciudadanía en España

Según una encuesta de marzo de 2023, elaborada por 40db para SEO/BirdLife, el 84% de la sociedad considera que el cambio climático en un reto global que afecta a la sociedad en su conjunto y el 89,7% que es urgente frenar la pérdida de biodiversidad. De hecho, el 86,1% considera que tanto el cambio climático como la pérdida de biodiversidad se encuentran entre los 5 principales problemas de la humanidad.

El 74% de las personas encuestadas consideraban que ya se estaban viendo afectados por el cambio climático y el 85% que en un futuro se verán muy afectados, siendo las siguientes generaciones las que más lo sufrirán. Solo un 5,6% de las personas encuestadas no estaban nada de acuerdo de que España sea uno de los países más vulnerables al cambio climático.

En este contexto, el 82,1% de las personas encuestadas consideran que es necesario sustituir cuanto antes las energías fósiles (gas, gasolina, gasoil, etc.) por energías renovables, reducir las emisiones de la forma más rápida posible (88,1%) y reducir el consumo de energía (85,9%).

No obstante, y pese a la rapidez con la que la ciudadanía quiere que se desplieguen las energías renovables, tiene también claro que la implantación de la energía renovable no puede afectar al medio rural y que es necesario hacerla compatible con la conservación de la biodiversidad y respetando a las poblaciones locales (85,6%). También coincide mayoritariamente en considerar que dado que las grandes ciudades son las que consumen más energía deben producir toda la energía que puedan y así evitar en lo posible impactos ambientales en el medio rural (84,2%).

Las soluciones que proponen las personas encuestadas son:

  1. Reducir el consumo de energía (85,9%)
  2. Aprovechar todos los tejados y fachadas, incluidas las zonas industriales y entornos comerciales, para producir energía renovable (85,5)
  3. Priorizar las zonas degradadas y de baja sensibilidad ambiental para instalar proyectos de producción de energía renovable (85,8%).

Además, consideran que cada país tiene que producir la energía que necesita para incentivar el ahorro y evitar impactos ambientales ligados a la instalación de nuevos proyectos de energía renovable en nuestro país (85,5%). Ello demuestra que no quieren que España se convierta en el gran exportador de energía renovable a costa de su patrimonio natural, cultural y sus paisajes. Y es que en torno a la mitad de la población está preocupada por que los proyectos de energía renovable puedan afectar a las especies autóctonas, la economía local o la biodiversidad.

En cuanto a la acción de las administraciones públicas, las personas encuestadas consideran que los gobiernos tienen que basar sus políticas en los mejores conocimientos científicos (92%) y consultar a los ciudadanos antes de aprobar legislación que afecte al medio ambiente (78,1%). El 83% exige que los gobiernos planifiquen la instalación de proyectos de energía renovable que no tenga impactos sobre el paisaje y la naturaleza.

Finalmente, el 88,8% considera que todas las CCAA deberían hacer su parte en el esfuerzo de España de producción de las energías renovables y que la comunidad autónoma en la que viven debería hacer más para promoverlas (86,8%).

Las peticiones de SEO/BirdLife a los nuevos gobiernos

Tras las elecciones del 28 de mayo se están constituyendo los nuevos gobiernos autonómicos y municipales. En estas circunstancias, SEO/BirdLife solicita, como ya hizo antes de las elecciones, que los nuevos gobiernos tengan en cuenta lo que piensa la ciudadanía a la hora de hacer sus programas de gobierno en materia de clima y energía.

SEO/BirdLife solicita a los nuevos gobiernos autonómicos que:

  1. Aprueben una Ley de Cambio Climático ambiciosa: Hasta ahora solo 5 comunidades autónomas han aprobado sus leyes climáticas (Cataluña, Andalucía, Islas Baleares, Navarra e Islas Canarias). Estas leyes tienen que ser ambiciosas en cuanto a sus objetivos y con herramientas eficaces para poder cumplirlos.
  2. Aprueben un plan regional de energía y clima que permita cumplir con los objetivos: Actualmente solo 2 comunidades autónomas han aprobado planes que combinan energía y clima (País Vasco y Extremadura). No obstante, en materia climática, 4 comunidades autónomas cuentan con planes o estrategias a 2050 (Galicia, País Vasco, Navarra e Islas Canarias) y 5 cuentan con planes o estrategias a 2030 (Cantabria, Aragón, Castilla La Mancha, Región de Murcia y Andalucía), y en materia energética, 3 comunidades autónomas cuentan con planes o estrategias a 2030 (Navarra, Castilla La Mancha y Andalucía).
  3. Aprueben una planificación espacial para un despliegue de renovables responsables: Esta planificación debe garantizar que el desarrollo de energías renovables se lleva a cabo en zonas de baja sensibilidad ambiental (especialmente en suelo urbano o industrial, y en suelos degradados y destinados a infraestructuras) y con medidas sociales justas en el territorio. Estos planes deben ser muy participados por la ciudadanía. Ver mapas de sensibilidad de SEO/BirdLife. Cinco regiones cuentan con normativa o planificación vinculante aprobada que incluye criterios de zonificación, ya sea nuevo o actualizado de una versión previa (Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco).
  4. Mapa de proyectos renovables: Todas las CCAA deben poner a disposición de la ciudadanía y del sector un mapa con todos los proyectos aprobados y en tramitación. Hasta ahora ninguna de ella cuenta con esta información de una forma pública.

SEO/BirdLife solicita a los nuevos gobiernos municipales que:

  1. Firmen el “Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía”. Se trata de una alianza a escala mundial de ciudades y gobiernos locales voluntariamente comprometidos con la lucha al cambio climático, reduciendo sus impactos inevitables y facilitando el acceso a energía sostenible y asequible para todos. En España solo hay 2.844 entidades locales firmantes del Pacto de Alcaldes de los más de 8.000 municipios repartidos por la geografía española.
  2. Aprueben un Plan de Acción para el clima y la energía sostenible (PACES). Los planes de acción climática presentados por las entidades locales al Pacto de Alcaldes ascienden a 2.264, por lo que no todas las entidades firmantes han cumplido el compromiso de elaborar un plan de acción en los 2 años posteriores a la adhesión.
  3. Aprueben Zonas de Bajas Emisiones. La Ley de Cambio Climático, aprobada en mayo de 2021, estableció que las ciudades de más de 50.000 habitantes, así como aquellas de más de 20.000 que superen determinados valores de contaminación, debían contar con ZBE -aquellas en las que se restringe el acceso a los vehículos más contaminantes- antes de 2023 para reducir las emisiones de contaminantes atmosféricos y mejorar la calidad del aire. En enero de 2023 solo 15 ciudades cumplieron con este plazo.
    Más Información:
    La encuesta fue realizada por 40db del 13/02/2023 al 22/02/2023 sobre 2.166 entrevistas en población general residente en España (excepto Ceuta y Melilla) a partir de 18 años de edad y ponderando por sexo, edad, tamaño de hábitat y comunidad autónoma. El error muestral es de ±2,1 puntos porcentuales, considerando que p=q=50% y un nivel de confianza del 95% bajo el supuesto de muestreo aleatorio simple. A los entrevistados se les ofrecía valorar todas las preguntas de 0 a 10 y para esta nota de prensa se han considerado todas las respuestas que valorasen su respuesta por encima de 6.

Estas son las peticiones de SEO/BirdLife n materia de energía y cambio climático y presentará este mismo ejercicio a los gobernantes en lo relativo a la protección del patrimonio natural y la biodiversidad.

Organizaciones ambientales reclaman un plan  urgente que salve el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel

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  • Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF aúnan esfuerzos con el objetivo de que el espacio que engloba las Tablas de Daimiel vuelva a ser merecedor de la consideración de parque nacional, zona húmeda de importancia internacional integrante de la Red Natura 2000 y parte fundamental de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda. 
  • Para ello proponen que se apruebe con urgencia un Marco de Actuaciones Prioritarias centrado en la reducción de los consumos de agua y la restauración de la integridad ecológica del espacio natural y su entorno.

Este año se cumple el 50 aniversario de la declaración de las Tablas de Daimiel como parque nacional y la preocupación de las principales organizaciones medioambientales del país por este espacio sigue en aumento, ya que esta emblemática zona húmeda se mantiene desde hace décadas en el peor de los estados de deterioro y de artificialización. Por ello, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España exigen a las administraciones competentes, tanto a nivel estatal como autonómico, que apliquen de inmediato las políticas y medidas a las que les obliga la legislación y los compromisos internacionales.

Las organizaciones consideran que las Tablas de Daimiel se merecen toda la atención como Doñana y el Mar Menor, y recuerdan que, en este espacio manchego, se pusieron de manifiesto las graves consecuencias de una gestión errónea del agua y, en concreto, de la sobreexplotación causada por el regadío. Situación que ha llevado a incluir el parque en la Lista Montreux de Ramsar desde 1990, que registra aquellos humedales donde se han producido o pueden producirse cambios en las características ecológicas como consecuencia del desarrollo tecnológico, la contaminación u otra intervención del ser humano.

Entre las medidas que las organizaciones han propuesto está la remisión de un escrito a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a la Vicepresidenta Tercera del Gobierno, en el que reclaman la puesta en marcha de un Marco de Actuaciones Prioritarias que pivote sobre el verdadero problema que acucia al humedal: la sobreexplotación de los acuíferos y, en consecuencia, la necesaria reducción de las extracciones de agua para regadío en el acuífero de la Mancha Occidental. Para las organizaciones este Marco de Actuaciones Prioritarias debe ser vinculante y  estar dotado de presupuesto suficiente para la ejecución de medidas a corto y medio plazo. Los objetivos principales del Marco de Actuaciones deben ser la reducción de las presiones, principalmente la sobreexplotación, así como el restablecimiento de la legalidad y la reducción de superficies regadas en todo el Alto Guadiana, incentivando un diferente desarrollo socioeconómico.

Por otro lado, las organizaciones ambientales reclaman al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como máximo responsable del parque nacional y de la gestión del agua, una revisión a la baja de las dotaciones de agua para regadío y un plan coordinado y eficaz de control de las extracciones y de clausura de pozos ilegales en el que participen todas las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental. Asimismo, las organizaciones consideran que no se debe poner en marcha el proceso de transferencia del parque nacional a la Comunidad de Castilla-La Mancha hasta que no esté acordado el Marco de Actuaciones Prioritarias que garantice la recuperación ambiental de las Tablas de Daimiel y la reducción decidida del regadío en su zona de influencia.

A juicio de las organizaciones, deben dejarse a un lado medidas excepcionales y  cosméticas, como el trasvase de agua desde el Tajo, que en este momento podría producir una amenaza mayor como la expansión de especies exóticas invasoras, como el mejillón cebra, como se dijo en el Consejo de Participación de Daimiel y que no hacen sino deteriorar aún más el espacio. Así, consideran que ninguna aprobación excepcional debe aceptarse si no está precedida de una reducción del volumen de concesiones de regadío en el momento actual.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España recuerdan que las Tablas de Daimiel pueden perder su condición como espacio natural protegido y que si en un plazo breve no se dan los pasos adecuados para su recuperación natural deberían ser objeto de la declaración de estado de conservación desfavorable que plantea el artículo 22 de la Ley de Parques Nacionales y que implica la intervención de la Administración General del Estado para adoptar “aquellas medidas y acciones indispensables para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley y la adecuada conservación del parque nacional”.

La recuperación de las Tablas de Daimiel es más que una obligación legal, debe ser un compromiso moral de toda la sociedad, ya que en estas cinco décadas no se ha frenado su deterioro ni se le ha dado la protección que merece.

Teresa Rodríguez Pierrard (Amigos de la Tierra)

Roberto Herreros (Ecologistas en Acción)

Mónica Ortega (Greenpeace)

Agustín Carretero (SEO/BirdLife)

Coral García (WWF)

Menos de un 7% de los crímenes contra la fauna salvaje son juzgados

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A falta de una base de datos oficial y centralizada que monitorice la mortalidad ilegal de fauna protegida en España, WWF ha presentado hoy el análisis más exhaustivo realizado hasta la fecha sobre esta problemática en nuestro país, elaborado junto con el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT), la Universidad de Granada (UGR) y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC). Según la investigación, las autoridades públicas recopilaron un total de 4.902 casos de delitos cometidos contra especies protegidas de fauna entre 2015 y 2020, que supusieron la muerte de al menos 8.784 animales. 

Esos datos oficiales, obtenidos a partir de peticiones de información a las Comunidades Autónomas, son sólo la punta del iceberg, pues la mayoría de casos no se detectan: por ejemplo, se estima que tan solo uno de estos delitos (el uso de veneno en el campo) supone la muerte de alrededor de 10.000 animales cada año, y que solo salen a la luz entre el 10 y el 15 % de los casos de envenenamiento. La razón es la enorme extensión del territorio a cubrir, sumado a la falta de medios humanos, aunque tecnologías como el uso de dispositivos GPS en proyectos de conservación de la fauna, el desarrollo de unidades policiales especializadas o el uso de patrullas caninas contribuyen notablemente a la detección.

La impunidad que exacerba la pérdida de biodiversidad

Los delitos contra la fauna salvaje son devastadores para la biodiversidad, especialmente cuando afectan a especies amenazadas. El uso de veneno, la caza y pesca ilegales, el uso de métodos de captura prohibidos o el tráfico de especies suponen un grave riesgo para estas especies, y en muchos casos están relacionados con el crimen organizado u otros delitos, como el tráfico de drogas.

Pese a la gravedad de estos delitos, muy pocos llegan a ser juzgados, tratándose por la vía administrativa (con una multa, por ejemplo) o quedando sin resolver. Según la investigación, solo se produjeron 327 sentencias judiciales a partir de los 4.902 casos de crímenes contra la fauna registrados en España (un 6,67% de los casos), por lo que el 93% de los casos no son juzgados.

Las sentencias más frecuentes fueron por posesión de artes de caza y pesca ilegales (213 sentencias), compraventa ilegal de fauna (32 sentencias) y uso de veneno (26 sentencias).

Poniendo el foco en el número de casos, los crímenes más frecuentes son la caza furtiva (1773 casos), los envenenamientos (1899 casos) y el uso o posesión de métodos ilegales de captura (446). La impunidad es especialmente elevada en los casos de caza ilegal: solo un 0,8 % de los casos registrados acabaron en una sentencia judicial.

“Los crímenes contra la vida salvaje no son delitos menores, pero las administraciones públicas siguen tratándolos como tales”, asegura Silvia Díaz, Técnica del Programa de Especies de WWF España y Coordinadora del proyecto SWiPE. “Aunque se ha avanzado mucho en este campo en los últimos años, el alto grado de impunidad que sigue existiendo en nuestro país y el estado crítico de la biodiversidad a nivel global, nos demuestra que queda mucho por hacer”, lamenta.

España, un referente en Europa en vigilancia y denuncia

La investigación de WWF España se enmarca en el proyecto europeo LIFE SWiPE (Persecución exitosa de los delitos contra las especies silvestres, por sus siglas en inglés), una iniciativa en la que 11 países han unido fuerzas durante tres años para reducir estos delitos, gracias a la mejora de la coordinación, la formación y la cooperación transfronteriza entre países. El proyecto ha constatado que España está a la vanguardia europea en ciertos ámbitos de la lucha contra el crimen contra la vida silvestre: por ejemplo, con los equipos multidisciplinares que combaten el uso de veneno en el campo.

Para seguir avanzando, un centenar de agentes clave de la cadena de lucha contra el crimen contra la vida silvestre -desde jueces y fiscales hasta agentes medioambientales y representantes de Europol- se encuentran durante dos días en Madrid, en unas jornadas de intercambio de experiencias y conocimientos organizadas por WWF España en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y con el asesoramiento del CIEDA-CIEMAT.

“Quienes cometen crímenes contra la vida salvaje usan métodos cada vez más sofisticados, que muchas veces incluyen redes criminales más allá de nuestras fronteras. Por eso es vital trabajar en la especialización y la cooperación entre los agentes”, ha explicado Silvia Díaz, Técnica del Programa de Especies de WWF España y Coordinadora del proyecto SWiPE.

En España existen instrumentos y herramientas legales para luchar contra estos delitos de manera eficaz, con agentes medioambientales de las CCAA, de aduanas, y una policía especializada, el SEPRONA, que es un referente en Europa, además de una Fiscalía coordinadora de Medio Ambiente.

Además de aumentar la cooperación entre todos los agentes implicados, para WWF es necesario impulsar otras medidas como la formación de jueces especializados en delitos contra la vida salvaje, algo que sí existe en otros países. El Gobierno también tiene la oportunidad de mostrar su compromiso frente a esta amenaza, actualizando el Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan TIFIES) de 2018 y la revisión de la Estrategia Nacional de veneno, en cuyo borrador WWF ha participado activamente.

Finalmente, España puede contribuir a dar impulso a la Directiva Penal Medioambiental que, actualmente, se está negociando a nivel europeo. WWF aboga por una Directiva efectiva que recoja sanciones ambiciosas y con un nivel de armonización lo suficientemente alto para garantizar que los delitos ambientales se aborden de manera coordinada en todos los Estados miembros de la UE.

Sobre el proyecto SWIPE

El proyecto SWiPE (Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe), financiado por el programa LIFE de la Comisión Europea, es una iniciativa de once oficinas nacionales y regionales de WWF, además de otras organizaciones destacadas en la lucha contra los delitos contra la biodiversidad, como FFI (Fauna & Flora Internacional), Traffic y la Academia Judicial y la Oficina de la Abogacía de la República de Croacia. En el marco del proyecto, que finaliza este año, WWF España ha llevado a cabo importantes acciones, como unas jornadas en Madrid en junio de 2022 que reunieron a más de 120 expertos y representantes de autoridades de más de 20 países para intercambiar experiencias y mejorar la colaboración transfronteriza.

Judit Alonso | WWF

El TSJ no admite el recurso de la Junta de Extremadura que pretendía impedir la demolición de Valdecañas

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La consecuencia de la inadmisión de los recursos de casación de la Junta de Extremadura y las promotoras debería ser el inicio de los trabajos de demolición.

Hace más de quince años Ecologistas en Acción  inició un proceso administrativo y judicial en contra de una urbanización, Marina Isla de Valdecañas, que se diseñó en plena zona Red Natura 2000, un espacio teóricamente protegido y no urbanizable.

En este largo proceso, la Junta de Extremadura acumula un enorme catálogo de sentencias en contra, a las que ahora se suma una más. El Tribunal Supremo acaba de dictaminar que no admite los recursos de casación de la Junta extremeña ni tampoco de las dos promotoras, Marina Isla Valdecañas, S.A. y Golf Valdecañas, S.L., que pretendían evitar la demolición del complejo.

La providencia del Tribunal Supremo, contra la que no se puede recurrir, es contundente: “las alegaciones de los recurrentes insisten en defender la imposibilidad material de ejecución de las sentencias [esto es, de demoler el complejo], cuando nuestra sentencia de 9 de febrero de 2022 (…) expresamente declara que ‘no cabe apreciar imposibilidad material de ejecución de las correspondientes sentencias, respecto de todo lo que ya ha sido construido, por la afectación de intereses de carácter socioeconómico o de otra índole’”.

Según Ecologistas en Acción, ahora el paso lógico sería que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) instara a la demolición inmediata de la urbanización ilegal, y así lo va a exigir la organización ecologista. Los trabajos en la parte no concluida de la urbanización deberían empezar de forma inmediata, mientras que en la parte ya completamente urbanizada el Tribunal Supremo dictaminó también su demolición, aunque el Constitucional admitió a trámite un recurso que aún está pendiente de resolver.

Ecologistas en Acción quiere enfatizar que todo este largo proceso judicial y todos los gastos que van a acarrear se podrían haber evitado si el TSJEx hubiera decretado la paralización cautelar de las obras, apenas iniciadas en 2012, cuando dictó su primera sentencia en contra de Marina de Valdecañas. Sin embargo, en lugar de proceder de ese modo, condicionó la paralización a que las organizaciones ecologistas demandantes (Adenex y Ecologistas en Acción en aquel momento) depositaran una fianza de 41 millones de euros, algo completamente fuera de su alcance.

Asimismo, la organización ecologista también exige a la Junta de Extremadura que pida disculpas por “su nefasta y cuasiprevaricadora gestión de este asunto, que recientemente ha llegado a promover una ley para sortear el cumplimiento de estas sentencias”. También reclama que se atienda de forma especial a los habitantes de los municipios afectados por esta urbanización, con las medidas de compensación que se consideren adecuadas.

Ángel García Calle | Ecologistas en Acción 

SEO/BirdLife denuncia el bajo perfil ambiental de la campaña electoral

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SEO/BirdLife está preocupada por el bajo perfil ambiental de la campaña electoral para los comicios municipales y autonómicos del próximo 28 de mayo en un momento de crisis climática y ambiental. Temas como la conservación de la biodiversidad y la naturaleza, los incendios, la sequía, la contaminación atmosférica y de las aguas subterráneas, la fiscalidad verde, el uso del suelo, la planificación territorial o las energías renovables son en buena parte competencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, y están quedando fuera del debate político. A la vez que la comunidad científica alerta de que esta década es clave para evitar los peores efectos del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad -ya solo quedan siete años para 2030-, la mayoría de los partidos políticos parecen no estar a la altura del desafío.

Temas relevantes fuera del debate, e incluso, en muchos casos, de los programas electorales

Todavía hay comunidades autónomas que no cuentan con leyes de conservación de la naturaleza o de cambio climático.

Ninguna comunidad autónoma ha aprobado planes para eliminar las causas subyacentes de crisis ambientales provocadas por determinadas prácticas agrícolas, ganaderas, energéticas o de gestión del agua, entre otras.

La mayoría de las especies amenazadas no cuentan con planes de recuperación que permitan recuperar sus poblaciones.

La mayoría de los espacios protegidos de la Red Natura 2000 y de los hábitats están en mal estado de conservación, y habitualmente no se aplican las medidas establecidas en los planes de gestión aprobados, ni cuentan con recursos suficientes para realizar una gestión adecuada.
El aumento de temperaturas y la reducción de las precipitaciones tendrán como consecuencia más y más grandes incendios forestales y una gran tensión social e impactos sobre los humedales.
En estos momentos estamos sumidos en un importante periodo de sequía y muchas comunidades autónomas siguen llevando a cabo una gestión del agua insostenible, prometiendo más y más regadíos e incluso indultar pozos ilegales.

Para Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife, “las políticas llevadas a cabo en las últimas décadas nos han permitido importantes avances económicos y sociales, aunque siempre a costa de la naturaleza y del clima. Pero la realidad es tozuda. Lo estamos viviendo ya. Se agotan en cantidad y calidad recursos tan vitales como el agua. Por no hablar del aire que respiramos. Necesitamos cambiar nuestros estilos de vida y gobiernos que lo permitan. Los ciudadanos deben ser exigentes en las urnas. Hace falta un cambio radical en las políticas públicas. La ambición ambiental debe ser central en todos los partidos políticos. Hoy, un programa electoral sin propuestas que recuperen naturaleza y atiendan al cambio climático no es un buen programa electoral para mejorar la vida de la gente”.

Comunidades Autónomas: Cinco propuestas para la naturaleza

En España, las comunidades autónomas tienen la mayoría de las competencias en conservación de la naturaleza, por ello es muy importante que en la próxima legislatura aseguren su protección, gestión y restauración. SEO/BirdLife hace las siguientes cinco propuestas:

1 Ley de Conservación de la Naturaleza y de Cambio Climático: Todas las comunidades autónomas deben contar con una ley de conservación de la naturaleza actualizada y con una estrategia de biodiversidad regional, así como con una ley de cambio climático ambiciosa y un plan regional de energía y clima.

2 Planes Sectoriales para la Naturaleza: Deben aprobar desde las consejerías del ramo, junto a la de medio ambiente, planes sectoriales de agricultura, ganadería, energía y agua que garanticen la compatibilidad de estas políticas con la conservación de la naturaleza.

3 Plan de restauración regional: Deben tener un plan que asegure que, en 2030, al menos el 30% de los hábitats degradados, cuentan con acciones efectivas de restauración.

4 Renovables responsables: Deben contar con una planificación espacial que garantice que el desarrollo de energías renovables se lleva a cabo en zonas de baja sensibilidad ambiental (especialmente en suelo urbano o industrial, y en suelos degradados y destinados a infraestructuras) y con medidas sociales justas en el territorio. Ver mapas de sensibilidad de SEO/BirdLife.

5 Participación Pública: Deben asegurar consejos asesores de medio ambiente eficientes, en los que la Administración no tenga voto, y una adecuada participación pública en materia ambiental.

Ayuntamientos: Cinco propuestas para la naturaleza

Los ayuntamientos son las administraciones más próximas a la ciudadanía y el medio urbano; el lugar en el que los seres humanos viven y pasan la mayor parte del tiempo. SEO/BirdLife hace las siguientes cinco propuestas:

1 Biodiversidad urbana: Los ayuntamientos deben aprobar una ordenanza para la protección y conservación de la biodiversidad que asegure la compatibilidad de sus políticas municipales con su mantenimiento y mejora.

2 Cambio climático: Deben firmar el “Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía” y aprobar un Plan de Acción por la energía sostenible (PACES).

3 Zonas verdes: Deben aumentar un 10% las zonas verdes y arboladas y gestionarlas en favor de la biodiversidad (jardines por la biodiversidad).

4 Colegios: Deben naturalizar (y adaptar al cambio climático) los centros educativos e iniciar un programa para que todos los alumnos conozcan los valores naturales de su entorno.

5 Animales de compañía: Deben asegurar que los animales de compañía no son un riesgo para la naturaleza, reduciendo la población de gatos asilvestrados y prohibiendo animales sueltos en lugares ambientalmente sensibles.

Juan Carlos Atienza, responsable de Gobernanza Ambiental de SEO/BirdLife, está convencido de que “la ciudadanía debe incluir entre sus criterios para decidir su voto las propuestas ambientales de los diferentes partidos y candidatos. Nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos depende de que las políticas agrícolas, ganaderas, energéticas, municipales, etc. sean sostenibles. Preocuparse por el medio ambiente no es solo mantener unos pocos espacios protegidos”.

En 2023, el lema del Día Internacional de la Biodiversidad es «Del acuerdo a la acción: reconstruir la biodiversidad». Un lema que se refiere al acuerdo alcanzado por los gobiernos en Montreal en el marco de la COP15 en diciembre de 2022 y donde se establecieron las bases para orientar las acciones mundiales en favor de la naturaleza de aquí a 2030.

SEO/BirdLife entrega más de 146.000 firmas en el Parlamento de Andalucía contra la ley de regadíos de Doñana

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  • Estas firmas se suman a las voces en defensa de este humedal, como ya han manifestado diferentes entidades científicas, los órganos de gobierno del Parque Nacional de Doñana y la Comisión Europea.
  • La campaña de firmas sigue abierta con el fin de seguir dando cabida a todas las personas que quieran manifestar su rechazo a la destrucción de este espacio natural.

Hoy, la organización conservacionista SEO/BirdLife, vinculada a Doñana desde sus orígenes en 1954 a través de las primeras campañas científicas y de anillamiento, ha llevado al Parlamento de Andalucía el mensaje de 146.079 personas que dicen no a la propuesta de legalizar regadíos en Doñana. Entre las acciones que la ONG ha puesto en marcha para defender este espacio, se encuentra esta campaña de firmas que sigue abierta para que la ciudadanía pueda manifestar su apoyo en la defensa de este espacio natural Patrimonio de la Humanidad.

Como ya declaró el responsable de la Oficina Técnica de SEO/BirdLife en Doñana, Carlos Davila, el pasado 13 de abril cuando el Parlamento andaluz admitió a trámite, por la vía de urgencia, una proposición de ley para legalizar regadíos: “Estamos hablando de un espacio que es Patrimonio de la Humanidad como lo es la Alhambra de Granada. La norma que ha planteado el Ejecutivo andaluz equivaldría a derribar una gran parte de este complejo monumental histórico para, por ejemplo, construir un centro comercial”.

Esta proposición de ley que inicia, por segunda vez, el proceso para su posible aprobación pretende legalizar 650 fincas con pozos, ignorando los informes técnicos y científicos de todas las administraciones ambientales nacionales; las recomendaciones de la UICN, del Convenio Ramsar y de la UNESCO; los acuerdos suscritos por el Consejo de Participación de Doñana; las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, y vulnerando las Directivas de Aguas, de Hábitats, y de Aves.

Es ahora o nunca

La entrega de firmas se ha acompañado de una carta al presidente del Parlamento de Andalucía en la que SEO/BirdLife recuerda que este nuevo proyecto pretende revocar los planteamientos de ordenación de zonas de regadío establecidos en el “Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal”. Las consecuencias de su modificación afectarían al compromiso del Estado español con el Convenio Ramsar y su ejecución impactaría negativamente al conjunto de las poblaciones de aves presentes en Doñana, criterio fundamental para su declaracióna como Humedal de importancia internacional.

Según los últimos datos publicados por SEO/BirdLife en el Informe sobre el estado de conservación de las aves acuáticas en Doñana, en la invernada 2021-2022 se han censado 87.488 individuos, el número más bajo en 40 años. Asimismo, el informe refleja que más del 80% de las poblaciones de aves acuáticas protegidas que se reproducen en este espacio natural protegido muestran una tendencia regresiva.

Es por ello que la ONG también ha comunicado a organismos internacionales como la Convención de Ramsar sobre los Humedales y a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO, la urgente necesidad de actuar contundentemente para intentar revertir una crisis de biodiversidad sin precedentes en la historia del parque nacional.

Según se desprende de numerosos informes técnicos y científicos, actualmente Doñana no podría acreditar el cumplimiento de gran parte de los criterios e indicadores establecidos en los estándares de calidad de la Green List de la UICN, lista que certifica que el espacio se gestiona adecuadamente, de acuerdo con unos criterios y directrices aceptados internacionalmente.También SEO/BirdLife considera que Doñana debería ser incluida en la Lista de Patrimonio de la Humanidad en peligro de la UNESCO.

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, afirma que “lo que le está pasando a Doñana es aplicable a otros espacios naturales de nuestro país. No podemos dejar que una decisión que beneficia a unos pocos ponga en una situación irreversible a la agricultura y al turismo, además de por supuesto, suponer la pérdida de biodiversidad de una de las joyas naturales de Europa”.

“Si no contamos con la naturaleza, no nos saldrán las cuentas. Necesitamos justicia ambiental para que haya justicia social. Necesitamos vivir en un entorno sano, seguro y resiliente ante el escenario de emergencia climática y de pérdida de biodiversidad en el que nos encontramos. Defender Doñana no es un capricho ecologista, defender Doñana es defender el interés común”, concluye Asunción Ruiz.

Sí se puede: última llamada para salvar Doñana

En esta última llamada para salvar Doñana, SEO/BirdLife insta a todos los grupos parlamentarios a rechazar de forma tajante esta proposición y reclamen a la Junta de Andalucía, en ejercicio de sus competencias, que cumpla con su obligación legal de proteger a Doñana.

Carlos Molina, técnico de SEO/BirdLife en Doñana ha declarado en el acto de entrega de firmas que “aún estamos a tiempo de consensuar soluciones que aseguren la conservación de este emblemático territorio y sus sectores económicos, y estamos abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas para llegar a acuerdos que beneficien tanto a Doñana como a las gentes de su comarca”.

La ONG considera que se deben dirigir los actuales planteamientos hacia criterios que aporten sostenibilidad al desarrollo agrícola, en el contexto de la transición ecológica, la regeneración hidrológica, la necesaria adaptación al cambio climático y la conservación de los valores naturales por los que Doñana fue declarada parque nacional.

SEO/BirdLife defiende la urgente necesidad de un cambio de modelo productivo para el entorno de Doñana, así como un plan de ordenación y reestructuración del sector agrícola del entorno del espacio natural protegido, que verdaderamente se supedite su evolución a la conservación a largo plazo de los hábitats y las especies de Doñana.

Marnys apuesta por la protección de las abejas y el medioambiente  

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En el contexto del Día Mundial de las Abejas, declarado el 20 de mayo por Naciones Unidas, el laboratorio referente en el sector de complementos alimenticios y cosmética natural, MARNYS – Martínez Nieto S.A. hace hincapié en la importancia de reforzar la protección de las abejas como agente clave en el equilibrio de los ecosistemas.

Desde su programa de RSC ‘Marnys Planet’, la compañía promueve la protección de estos insectos polinizadores, y en general del medio ambiente, a través de acciones de educación ambiental y de divulgación. Unos valores, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que el laboratorio ha reflejado en un nuevo vídeo divulgativo.

El vínculo de la compañía con las abejas ha estado presente desde su fundación hace 55 años, siendo en la actualidad uno de los tres principales fabricantes de productos a base de jalea real y propóleo del mundo. En palabas de Roberto Martínez, director general de la organización: “los productos apícolas forman parte de nuestra historia y evolución, y son solo una pequeña muestra de lo que estas increíbles criaturas aportan al planeta. Por eso, somos conscientes del deber de cuidarlas y protegerlas, tal y como ellas cuidan de nuestro ecosistema y de nosotros”. 

La apicultura sostenible, clave para las abejas

Las abejas son las responsables de la supervivencia del 80 % de las especies vegetales del planeta y su existencia depende en gran medida de la apicultura sostenible, la cual está en declive debido a factores como el cambio climático o la agricultura industrial.

Para fomentar su protección, colabora con la Fundación Amigos de las Abejas con actuaciones como proyectos de educación ambiental, recuperación de enjambres o de ecosistemas dañados. El objetivo es construir una sociedad más concienciada con la protección de las abejas y del medioambiente en general.

Otros ejes de ‘MARNYS Planet’: reducción de emisiones y envíos sostenibles

Además de la protección de las abejas, desde el área de RSC de la compañía trabajan para reducir el impacto medioambiental que genera su actividad empresarial. Así, han implantado importantes medidas para la reducción de emisiones, la conservación del agua y la energía, o el reciclaje y reutilización de materiales.

En su sede de Cartagena cuentan con una de las mayores plantas fotovoltaicas de autoconsumo de la región de Murcia, así como con un Sistema de Gestión Ambiental que aplica mejoras continuas en aprovechamiento de luz natural, climatización o aislamientos y que les ha permitido lograr el Certificado de Eficiencia Energética Clase A.

En esta línea, como explica Lourdes López, del área de Responsabilidad Social Corporativa de Marnys: “también hemos instaurado un plan de envíos sostenibles, con reducción de plásticos, incorporación de materiales de embalaje reciclados, y envíos neutros en carbono, calculando la huella que se genera en cada envío y compensándola con proyectos medioambientales certificados por Naciones Unidas”.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE aprueban una ley pionera para detener la deforestación

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  •  La Alianza Cero Deforestación valora positivamente la aprobación del Reglamento para frenar la deforestación importada y recuerda que es el primer paso para acabar con la destrucción de ecosistemas en el mundo.
  • El éxito de este Reglamento dependerá de controles efectivos en cada Estado y que las autoridades responsables de los mismos apliquen sanciones realmente disuasorias.

Hoy, el Consejo de la Unión Europea, tal y como ya hizo el Parlamento Europeo el pasado 19 de abril, ha aprobado el Reglamento relativo a la comercialización en el mercado de la UE y a la exportación desde el mismo de determinadas materias primas y productos derivados asociados a la deforestación y la degradación forestal. Esta nueva regulación requerirá que las empresas demuestren que sus productos no han contribuido a la destrucción de los bosques si quieren venderlos en el mercado de la UE.

La Alianza Cero Deforestación, de la que forman parte Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), Mighty Earth, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, aplaude esta votación. No obstante, recuerda a la Comisión de la UE y a los Estados miembros que esta decisión marca solo el comienzo, y que será la ambición y el rigor en la aplicación de la ley la que dará los resultados esperados de frenar la deforestación inducida por el consumo de materias primas de la UE.

Las importaciones agrícolas a Europa son las segundas responsables de la deforestación global en el mundo, después de China. La agricultura industrial impulsa más del 90 por ciento de la deforestación, según un estudio publicado en la prestigiosa revista Science.

En palabras de la Alianza Cero Deforestación “este es un día histórico para los bosques del mundo. Por primera vez los operadores agroindustriales y otras empresas en su cadena de suministro deberán demostrar que sus importaciones de carne de vacuno, soja, aceite de palma, caucho, cacao, café, madera y algunos de sus productos derivados están libres de deforestación. Esta es también una buena noticia para consumidoras y consumidores que, conscientes de la gravedad del problema, han exigido de manera constante a los gobiernos y las empresas que mantengan los productos que causan la destrucción de los bosques fuera de sus cestas de la compra”.

Para las organizaciones ecologistas, el trabajo no ha terminado. La Comisión de la UE necesita evaluar e incluir cuanto antes otras materias primas como el maíz u otros tipos de carne y ecosistemas críticos como praderas, turberas y humedales, “una medida que hubiera mejorado sensiblemente el Reglamento”.

Un ejemplo de esta situación es el caso de biomas como el Cerrado, que queda casi en su totalidad fuera del ámbito de aplicación de esta regulación y, sin embargo, es donde se produce el 52% de la soja brasileña y la deforestación. También es donde la conversión de tierras alcanzaron su máximo de siete años en 2022, cuando se perdieron 10.689 km2.

Al mismo tiempo, la Amazonía registró en abril de 2023 una disminución de bosque en 287,7Km2, un 72% más bajo que hace un año. De ahí la urgencia de que en el plazo de un año desde su entrada en vigor, tal y como prevé la ley, se evalúe positivamente la incorporación de ecosistemas bajo la clasificación de otras tierras boscosas. Esto permitiría aumentar considerablemente la protección de espacios naturales como el Cerrado y otros que a nivel global están sufriendo el avance sin precedentes de la agroindustria.

Según el informe “Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020” de FAO, en el mundo existen 977 millones de hectáreas que se clasifican como otras tierras boscosas.

Deberes para el Gobierno y las comunidades autónomas

El Reglamento prevé que, para un control efectivo de las materias primas que se importan y comercializan en el mercado de la UE, los Estados miembros deberán designar autoridades competentes en cada país, además de publicar su régimen sancionador.

España es, dentro de la UE, uno de los puntos de entrada más importantes de algunas de las materias primas que recoge el Reglamento, como la soja que se destina a la alimentación animal. Por este motivo, es esencial como punto de partida una buena configuración de la autoridad competente responsable de los controles, tanto en su dimensión estatal como autonómica, con recursos económicos, humanos y técnicos.

Las organizaciones señalan algunos aspectos que contribuirían a paliar la sensación de dejadez institucional e impunidad durante la aplicación del Reglamento para combatir la tala ilegal (un reglamento aprobado en 2013 y que fue la antesala de este nuevo Reglamento que lucha contra la deforestación) tales como:  la homogeneidad en la designación de los órganos competentes a nivel autonómico; mayor coordinación y cooperación entre estas autoridades; transparencia en los controles realizados; o una aplicación efectiva del régimen sancionador.

En ese sentido, la Alianza Cero Deforestación reclama al Gobierno y a las comunidades autónomas, que “garanticen en el ámbito de las administraciones públicas de su competencia, los recursos necesarios, para la correcta implementación y el cumplimiento del Reglamento. En paralelo se debería trabajar en una ley estatal específica de lucha contra la deforestación para facilitar y unificar bajo una única regulación las exigencias derivadas del Reglamento”.

Doñana se extingue, un humedal mundialmente conocido por su importancia para las aves migratorias

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  •  En el Día Mundial de las Aves Migratorias, SEO/BirdLife denuncia que Doñana ya no cumple con sus funciones ecológicas para la reproducción e invernada de las aves migratorias por las que ha sido merecedor de diversas figuras de protección y reconocimiento internacional, debido a la degradación de sus hábitats acuáticos.
  •  Situado entre Europa y África, Doñana es un humedal crucial en el paso migratorio de las aves entre ambos continentes, motivo por el cual ha sido mundialmente conocido por su valor estratégico para la cría, la invernada y la parada de cientos de miles de aves migratorias, muchas de ellas especies amenazadas.
  • Los últimos datos de invernada, 2021-2022, corroboran esta tendencia regresiva, con 87.488 individuos de aves acuáticas, el número más bajo en 40 años. Incluso una de las especies invernantes más emblemáticas y abundantes de Doñana, el ánsar común, ha pasado de superar los 40.000 ejemplares de forma habitual a marcar los registros más bajos de la historia, con menos de 10.000 ejemplares durante el invierno de 2023

Las aves migratorias han desarrollado la fascinante capacidad evolutiva de recorrer grandes distancias desde sus lugares de invernada hacia las áreas de reproducción y viceversa, salvando a veces miles de kilómetros. Un exigente periplo que supone un desafío extremo a su biología por tener que superar en muchos casos las grandes barreras geográficas que suponen las cordilleras montañosas, los desiertos y los mares. Pero, además, en el camino encuentran numerosos peligros: caza ilegal, contaminación, hábitats destruidos, temporales, parques eólicos, carreteras o tendidos eléctricos. Es por ello, que conservar sus espacios de cría, invernada y reposo en sus rutas migratorias es vital para su conservación.

En 2023, Día Mundial de las Aves Migratorias rinde homenaje a los ecosistemas acuáticos del planeta y a su importancia para muchas especies de aves migratorias. El próximo sábado 13 de mayo es la fecha elegida para esta celebración promovida por Naciones Unidas a través de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) y su Acuerdo para las Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia (AEWA), junto con la organización Medio Ambiente para las Américas (EFTA).

Y es que la gran mayoría de las aves migratorias dependen de los ecosistemas acuáticos continentales y costeros durante su ciclo vital: ríos, lagunas, lagos, arroyos, marismas, estuarios, deltas, albuferas o salinas son vitales para su alimentación y reproducción, pero también como lugares para descansar y recuperarse durante sus largos viajes.

Sin embargo, los ecosistemas acuáticos están cada vez más amenazados en todo el mundo y, por tanto, las aves migratorias que dependen de ellos. La creciente demanda humana de agua, así como la contaminación, la expansión del regadío y el cambio climático están teniendo un impacto directo en la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente para garantizar la conservación los ecosistemas acuáticos naturales y las especies silvestres asociadas, y de muchas aves acuáticas migratorias en particular.

Imagen de la marisma de El Rocío (Doñana) desde la webcam instalada por SEO/BirdLife

Doñana se extingue para las aves migratorias

El Parque Nacional de Doñana no es una precisamente una excepción, sino uno de los ejemplos más paradigmáticos de la degradación de un humedal de importancia internacional, ubicado estratégicamente entre dos continentes y, por tanto, de vital importancia para las aves acuáticas migratorias. En años ecológicamente óptimos, sus marismas desempeñan un papel extraordinario como zona de invernada, paso migratorio y área de reproducción para la avifauna acuática del Paleártico Occidental, llegando a formarse espectaculares concentraciones de decenas de miles de individuos.

Sin embargo, la sobreexplotación de las masas de agua y los efectos del cambio climático en forma de sequía extrema más frecuente y altas temperaturas han reducido en los últimos años el período de inundación de la marisma, afectando a los miles de ejemplares de anátidas y limícolas invernantes que tapizaban las marismas y cielos y la formación de las grandes colonias de cría. Esa imagen icónica del humedal, en la que miles de parejas de espátulas, garzas o moritos formaban también ruidosas colonias de cría o “pajareras” en los alcornoques, empieza a ser una imagen del pasado.

Sin agua no hay reproducción

Precisamente el Informe sobre el estado de conservación de las aves acuáticas en Doñana, publicado recientemente por SEO/BirdLife, muestra las tendencias poblacionales –en su gran mayoría negativas–, tanto para las especies de mayor interés de conservación (catalogadas como amenazadas), como para las poblaciones de aves acuáticas comunes, para las cuales Doñana ha significado una de sus principales áreas de reproducción e invernada en Europa.

Según refleja la serie histórica de datos 2004-2022 (con datos de la Estación Biológica de Doñana-CSIC) analizada y recopilada en este informe, sobre la evolución de las poblaciones de aves acuáticas reproductoras y sus tendencias, la mayor parte de las especies se encuentran en una situación extremadamente preocupante. Por ejemplo, han desaparecido como aves reproductoras el fumarel común, y la garcilla cangrejera o la garza imperial, empeoran su estado de conservación.

Especies históricamente abundantes como la pagaza piconegra han pasado de cifras superiores al millar de parejas en la primera década del siglo XXI a reproducirse tan solo dos años de los últimos nueve. Su situación evidencia la mala evolución de los representantes de la familia de los charranes y fumareles en Doñana, que también se observa en otras especies como el fumarel cariblanco o el charrancito común, que ha pasado de más del millar a principios de la década a no pasar de 20 parejas en 2022.

Especies comunes, como las espátulas, también están registrando bajas tasas de productividad. Seis de los siete peores datos de reproducción para la espátula común del siglo XXI en Doñana han tenido lugar en 2012, 2014, 2016, 2019, 2020 y 2022, mostrando la población del espacio natural una tendencia lineal claramente negativa, que en valores absolutos se supone una reducción del 50% de la población reproductora en lo que va de siglo.

Invierno sin invernantes

No solo la reproducción en Doñana es cada vez más silenciosa. Los datos de invernada certifican esta misma tendencia regresiva en las poblaciones que arriban a las marismas del Guadalquivir desde el centro y norte de Europa. En la invernada 2021-2022 se han censado 87.488 individuos, el número más bajo en 40 años. Según los resultados del Censo internacional de aves acuáticas invernantes durante 2023, una de las especies invernantes más emblemáticas y abundantes de Doñana, el ánsar común, ha pasado de superar los 40.000 ejemplares de forma habitual a marcar los registros más bajos de la historia, con 9.591 ejemplares. Sólo 9.171 agujas colinegras fueron censadas este año, el número más bajo desde la invernada 1980-81 y las 2.933 avocetas censadas representan el peor dato para esta especie desde la invernada de 1985-1986.

Ultima llamada para Doñana

Por estos motivos, SEO/BirdLife no sólo ha pedido a las Administraciones nacionales acciones urgentes y efectivas para salvar Doñana, sino que ha comunicado a organismos internacionales como la Convención de Ramsar sobre los Humedales y a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO, la urgente necesidad de actuar contundentemente para intentar revertir una crisis de biodiversidad sin precedentes en la historia del parque nacional.

Según se desprende de numerosos informes técnicos y científicos, actualmente Doñana no podría acreditar el cumplimiento de gran parte de los criterios e indicadores establecidos en los estándares de calidad de la Green List de la UICN, lista que certifica que el espacio se gestiona adecuadamente, de acuerdo con unos criterios y directrices aceptados internacionalmente. Igualmente, la ONG ambiental considera que Doñana debería ser incluida en la Lista de Patrimonio de la Humanidad en peligro de la UNESCO.

SEO/BirdLife también ha solicitado apoyo a la ciudadanía para detener la extinción de Doñana, mediante la recopilación de firmas (más de 145.000 hasta la fecha) y que en breve serán entregadas al Parlamento Andaluz. Se trata de seguir presionando para que no se apruebe la legalización de 650 fincas de regadío en el entorno del parque nacional, que supondría el golpe definitivo que podría abocar al humedal a un punto de no retorno. La ONG ambiental, suma así su voz a las de diferentes entidades científicas, los órganos de gobierno del Parque Nacional y la Comisión Europea que han manifestado su apoyo a Doñana.

Ánsares comunes en la marisma de El Rocío (Doñana) ©SEO/BirdLife

Global Big Day, un día para “pajarear”

El Día Mundial de las Aves Migratorias coincide además con la celebración del Global Big Day, que anima a todos los aficionados a la ornitología a que salgan al campo a observar aves y a difundir sus avistamientos a través de la plataforma eBird. Participar es fácil, incluso se puede ser parte del Global Big Day desde casa, dedicando al menos 5 o 10 minutos e informando de las observaciones realizadas, que ayudan a comprender mejor las poblaciones de aves a nivel mundial a través de mapas animados de abundancia presentados por eBird Science.

El año pasado, el Global Big Day reunió virtualmente a más de 51.000 personas de 201 países, que subieron de 132.000 listas de avistamientos a eBird, estableciendo cuatro nuevas marcas mundiales para un solo día de observación de aves: mayor número de aficionados, desde el mayor número de países, informando de mayor número de especies y en mayor número de listados.

Cincuenta entidades reclaman que España lidere la transición agroecológica justa

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El próximo 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2023, España asume la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. Y aunque durante seis meses su posición debe ser neutral, tendrá la oportunidad de utilizar toda su influencia para ayudar a la buena consecución de procesos comunitarios que actualmente están encallados. Se trata de normativas claves para la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo (PVE) que han sido impulsadas por los actuales comisarios europeos. Los mismos que previsiblemente dejarán sus puestos en 2024, como también lo harán los miembros del Parlamento europeo. Así que, si estas propuestas legislativas no se tramitan antes de fin de año, corren el riesgo de no aprobarse. Por ello, casi medio centenar de entidades que conforman la Coalición Por Otra PAC, entre las que se encuentra SEO/BirdLife, han exigido por carta a los diferentes estamentos del Gobierno su máxima implicación para salvar del desastre al Pacto Verde Europeo. Este brinda una oportunidad sin precedentes para conseguir un sector agroalimentario verdaderamente soberano, sostenible y resiliente.

La misiva se ha enviado a seis ministerios: a los de Presidencia; de Agricultura; de Transición Ecológica y Reto Demográfico; de Sanidad; de Consumo; y de Agenda 2030. También, a las consejerías del ramo de las comunidades autónomas. A todos ellos se les recuerda que el modelo agrario predominante depende en exceso de insumos importados, haciéndolo insostenible y cada vez más demandante de ayudas anticrisis. “Es necesario recordar que la guerra y el consecuente encarecimiento de insumos, así como la sequía, no son meros acontecimientos que deben ser atendidos aisladamente. Son una muestra más de la fragilidad del actual modelo mayoritario de producción de alimentos, tan dependiente de piensos, fertilizantes y pesticidas de síntesis química; y altamente demandante de combustibles fósiles y de agua”, recuerda la carta.

El escrito, denuncia también la pérdida de oportunidad que supone que las medidas ambientales de la Política Agraria Común (PAC) no apoyen suficientemente la transición agroecológica del sector, lo que ayudaría a revertir su insostenibilidad. Un propósito que se ha visto aún más mermado con la aprobación de rebajas en los compromisos ambientales que deben cumplir los beneficiarios de estas ayudas públicas. Debido a la invasión rusa de Ucrania, se han suprimido durante el año que viene las obligaciones relacionadas con la rotación de cultivos y el mantenimiento de barbechos.

Cinco prioridades

El texto se acompaña de prioridades que, como mínimo, deben ser atendidas por el Estado español para apoyar la necesaria renovación urgente del sistema agroalimentario en su conjunto para que logre adaptarse a los retos actuales y futuros. Así como para garantizar la salud del medio rural y de las personas que viven y trabajan en él.

En concreto, se solicita al presidente del Gobierno que colabore activamente para que la propuesta legislativa sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles vea la luz y se presente ante el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo antes de que finalice el año. Este reglamento pionero, propuesto por la Comisión Europea (CE), pretende definir un marco integral que fomente la sostenibilidad en las políticas alimentarias, implicando a todos los actores de la cadena de valor alimentaria para que contribuyan a ello.

También, se pide que se ayude a desbloquear las negociaciones sobre la propuesta de la CE de Reglamento sobre el Uso Sostenible de Plaguicidas. Esta haría vinculante el objetivo del PVE, recogido en las Estrategias De la Granja a la Mesa y de Biodiversidad para 2030, de reducir un 50% el uso y riesgo de estas sustancias de síntesis química, especialmente, aquellas de alto riesgo.

Respecto a la PAC, se pide que su aplicación, seguimiento y evaluación adaptativa garantice la implementación de las obligaciones de la condicionalidad; favorezca las prácticas sostenibles; y elimine derechos históricos e incentivos perversos que todavía persisten en su actual sistema de pagos y ayudas. No es asumible apoyar con dinero público las inversiones en determinados regadíos con impacto negativo sobre el estado de las masas de agua. Tampoco, a las producciones ganaderas intensivas con un importante efecto sobre la huella ambiental, el bienestar animal y la resistencia a antibióticos.

Además, desde la Coalición Por Otra PAC se considera fundamental que el Gobierno garantice la formación, asesoramiento y acompañamiento de las explotaciones para que la transición agroecológica sea justa, sin dejar a nadie atrás. Esto tiene especial relevancia en las pequeñas y medianas producciones de agricultura y ganadería familiar, a las que hay que acompañar de los fondos suficientes para asegurar su permanencia y viabilidad.

El último punto hace referencia a la necesidad de que se mejore la participación pública, en base a la transparencia, para garantizar una correcta gobernanza de las políticas agroalimentarias. “España debe entender que tiene ante sí el reto de asumir el papel de liderazgo en la transición agroecológica justa en Europa”, concluyen portavoces de la Coalición.

ACCESO A LA CARTA Y AL DOCUMENTO DE PRIORIDADES

La Coalición Por Otra PAC agrupa 50 entidades de diversos ámbitos -ganadería extensiva, producción ecológica, defensa ambiental, desarrollo rural, nutrición y consumo-, que buscan conseguir una nueva Política Agraria Común (PAC) verde y justa que impulse la transición agroecológica. SEO/BirdLife es una de las organizaciones integrantes de esta colalición.
Imagen:  Paisaje cerealista en La Sagra (Toledo) dentro de la Red Natura 2000 ©SEO/BirdLife