Once años después no hay culpables del ‘Prestige’ y el mar y la sociedad española son igual de vulnerables

Han pasado 11 años desde el desastre del Prestige, que pasará a la historia como una de las páginas negras del medio ambiente en España, pero también como una de las más brillantes lecciones de civismo y solidaridad ciudadana. Ante la tardanza en actuar de la administración, hubo una inmediata respuesta social. Esa ola blanca de voluntarios alivió el efecto del vertido y demostró que la sociedad estuvo muy por encima de los gestores públicos que gestionaron la emergencia.

Una muestra más de la lentitud de las administraciones es que se haya tardado tantos años en juzgar los hechos. Nada menos que 11 años exactos después, se ha conocido la sentencia que absuelve a todos los acusados, considera acertada la decisión de alejar el petrolero de la costa y condena a la aseguradora a pagar 22 millones de euros por responsabilidad civil. Hemos esperado una década para llegar a este frustrante y decepcionante fallo judicial. Los daños económicos del ‘Prestige’ fueron de miles de millones de euros y los ambientales ni siquiera han acabado todavía de pasar factura. Pero todo ese coste y esa pérdida de ambiental tendrán que asumirlos todos los españoles, pues no habrá quien repare los daños. La Justicia, en este caso, ha sido incapaz de hacer justicia.

Para SEO/BirdLife la sentencia es la última decepción en un caso lleno de ellas. “Hemos esperado impacientes 11 años para que se haga justicia ante una de las mayores catástrofes ambientales de nuestro país y hemos perdido 11 años en prevenir que algo así  vuelva a ocurrir y en estar preparados para que se haga justicia en el caso de que suceda”, asegura Asun Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife, quien añade: “La catástrofe del ‘Prestige’ nos desprestigia”.

“Esta sentencia nos debe hacer reflexionar sobre una triple debilidad: la de nuestros tribunales para proteger el medio ambiente; la de los gobiernos a la hora de legislar para que se pueda hacer una defensa sin fisuras ante una emergencia de este tipo, y la tercera y más importante, la debilidad social que se deriva de las anteriores y que nos impide gozar del derecho al medio ambiente digno reconocido en el artículo 45 de la Constitución”, añade la directora ejecutiva de SEO/BirdLife

La imposibilidad de fijar de modo concreto la responsabilidad civil es consecuencia de la falta de tribunales especializados en medio ambiente y debidamente dotados. Hace más de 30 años que España debió contar con ellos, de acuerdo a las recomendaciones del Consejo de Europa. Además, en material de responsabilidad civil, en España todo lo que hemos hecho es transponer, en 2007,la Directiva Europeade Responsabilidad Ambiental, que es un marco que tampoco asegura que el que contamina pague todos los daños.

Pedro Cáceres/SEO/BirdLife

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