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Los españoles consideran que las penas a los pirómanos deben conllevar prisión

Según un estudio realizado por SEO/BirdLife en el marco del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza para conocer la percepción social sobre los delitos contra el medio ambiente, los españoles identifican, como delito ambiental, al fuego por encima de cualquier otra conducta

Con el fin de conocer la percepción que tiene la sociedad frente a los delitos ambientales y las acciones que se llevan a cabo para la investigación y determinación de la responsabilidad legal de los autores, SEO/BirdLife, en el marco del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza, ha realizado un nuevo estudio en todo el territorio nacional. En octubre de 2018 se hizo una primera encuesta por una empresa demoscópica mediante un muestreo telefónico aleatorio a la población que se ha repetido cuatro años después para ver la evolución en la percepción social sobre este tipo de delincuencia.

Una de las conclusiones más destacadas y de máxima actualidad por la probabilidad del origen del incendio en Lanzahita (Ávila) situado en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Valle del Tiétar, es que el 97 % de la población considera que los incendios intencionados deben conllevar penas de prisión.

Además de esta unanimidad sobre que si es provocado debe tener pena de prisión, aumenta el número de personas que piensan que, ante imprudencias, también se debería ir a prisión, concretamente el 37,3% de las personas.

“El alto número de incendios que se producen a lo largo del año, la labor de difusión y denuncia de diversas entidades como las ONG y la amplia acogida en los medios de comunicación de este tipo de agresiones ambientales, sin duda contribuye a su conocimiento”, comenta David de la Bodega, coordinador del Life Guardianes de la Naturaleza y responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife.

Otro dato llamativo que se extrae del estudio es que un 70,8% de las personas considera que los delitos medioambientales son igual de importantes que el resto de los delitos incluidos en el Código Penal, casi un 6% más de lo que se percibía en 2019. El porcentaje de las que los consideran más importante se sitúa en el 18,8%.

Medidas contra los delitos ambientales

En cuanto a las medidas que deberían adoptarse contra los delitos ambientales se han estudiado tres bloques de medidas: recursos de las instituciones, gravedad de las penas de los delitos y concienciación. Las más valoradas por la ciudadanía son las relacionadas con la sensibilización (concienciación en las escuelas, sensibilizar a la población sobre el valor del patrimonio natural y sensibilizar a los sectores que cometen más delitos) y mejorar el funcionamiento de la justicia, seguido del aumento de las penas. El 31,2% considera que para avanzar en la lucha contra los delitos ambientales, son necesarias principalmente medidas de concienciación, mientras que el 15,5% considera que son necesarias principalmente medidas de aumento y especialización de los profesionales (policías, jueces, fiscales, etc) y de los recursos necesarios para abordar este tipo de delincuencia.

“Los resultados de esta encuesta demuestran que las agresiones más graves contra el medio ambiente que recoge nuestro Código Penal cuentan con un amplio rechazo social y justifican su consideración como delitos”, señala David de la Bodega.

Greenpeace denuncia a la Junta de Castilla y León en el incendio de la Sierra de la Culebra

En vísperas del incendio y en plena ola de calor la Consejería declaró que el riesgo de incendio era medio o bajo
El Plan de Protección Civil ante Emergencias por incendios forestales en Castilla y León, aprobado hace 23 años, no está adaptado a los nuevos escenarios del cambio climático

Greenpeace España ha puesto una denuncia ante la Fiscalía de Castilla y León solicitando que se investiguen las actuaciones de la Administración Pública antes y durante el gran incendio forestal ocurrido entre los días 15 y 19 de junio en la Sierra de la Culebra (Zamora), que afectó a una superficie aún por determinar (entre 28.000 y 33.000 hectáreas) dentro de un territorio catalogado como Reserva de la Biosfera. La ONG ha interpuesto esta denuncia para pedir que se investiguen los hechos y se depuren las posibles responsabilidades.

El origen del incendio fue una tormenta eléctrica ocurrida el miércoles 15 de junio, pero las altas temperaturas, sumadas al viento intenso y la situación de sequía que vive la zona, agravaron la situación. Pese a que en el momento en que se produjo el incendio forestal las alertas de riesgo de incendio lanzadas desde la AEMET llevaban días avisando del alto riesgo de incendio, la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, liderada por Juan Carlos Suárez-Quiñones, declaró que el riesgo era medio o bajo, conforme a lo establecido en el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León. Este plan marca el inicio de la temporada de riesgo alto, con la consiguiente dotación de medios, a partir del 15 de julio.

Los responsables de la Consejería de Medio Ambiente han admitido que los turnos no estaban a pleno rendimiento, pero que enviaron recursos extraordinarios. Sin embargo, colectivos del operativo de extinción han denunciado que la falta de medios no fue algo puntual, sino que se produjo durante varios días y cuando el fuego avanzaba a 50 hectáreas por hora, una velocidad que era asumible por los equipos de extinción y que podría haber contenido el avance de las llamas. En palabras de los involucrados en la extinción, como resultado de la inacción de la Junta de Castilla y León a partir del jueves 16 “ya no había nada que hacer”, ya que por la noche la velocidad del fuego ascendió a 515 hectáreas por hora, por lo que entre el jueves por la noche y el viernes fueron evacuadas 2.690 personas de 26 municipios diferentes. Dispositivos de Portugal, de diversas comunidades autónomas y hasta 383 agentes de la UME, junto al apoyo vecinal, batallaron sin descanso contra el fuego durante cuatro días, hasta que la propia climatología detuvo el incendio el domingo 19, gracias a que empezó a llover, la tierra se enfrió y el incendio empezó a detenerse.

Greenpeace denuncia que el Plan de Protección Civil ante Incendios Forestales en Castilla y León es de 1999, por lo que no tiene en cuenta las actuales circunstancias de cambio climático, que aconsejan aumentar drásticamente el periodo de riesgo alto de incendios, con la consiguiente dotación de medios, así como una actividad de prevención de incendios en los montes que se lleve a cabo durante todo el año. Máxime si se tiene en cuenta el precedente del año pasado, cuando se quemaron 22.000 hectáreas en Navalacruz, en la provincia de Ávila, en lo que, hasta hace poco, era el peor incendio de la historia de la comunidad autónoma.

Pese a que la región Noroeste, en la que se encuentran Zamora y León, es la que sufre más de la mitad de los incendios del territorio nacional, según un informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 2021, el Gobierno de Castilla y León continúa siendo deficitario en planes preventivos y de Emergencia Local.

“Hemos pedido a la Fiscalía que investigue a los responsables de no haber adoptado las medidas y los planes necesarios para evitar un riesgo que llevaba semanas alertándose y del que existen precedentes como para haber actuado de modo responsable. El incendio ha calcinado una vastísima extensión de formaciones de bosque, matorral, pastos y cultivos, ha dañado propiedades, explotaciones agropecuarias, ha causado estragos en la flora y en la fauna de la zona y ha puesto en peligro la vida de miles de habitantes de los municipios aledaños. Si los responsables hubieran aprobado un plan de prevención de incendios adecuado, así como con un dispositivo de extinción a pleno rendimiento en un momento en que las alertas de riesgo de incendio ya estaban disparadas, el fuego se habría podido extinguir a tiempo o se hubieran producido menos daños”, ha declarado Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace España.

WWF alerta de que el dramático abandono de usos del monte y la crisis climática provocan grandes y peligrosos incendios en la península ibérica 

Los incendios forestales están arrasando la península ibérica. En el caso de España, desgraciadamente hay que lamentar ya la muerte de un brigadista y un pastor en Zamora en los últimos incendios. Por el momento, se han quemado entre 90 000-95 000 hectáreas en nuestro país, una cifra similar a la superficie que se quema como media en todo el año. Asimismo, se han producido ya 25 GIF, más de los que hay como media anual. Solo el pasado 15 de julio se iniciaron 8 de estos GIF, con condiciones extremas en toda la península. WWF reclama que se intensifique la lucha contra el cambio climático y que se adopte una Estrategia Estatal de gestión integral de incendios forestales que impulse la gestión y la prevención para promover paisajes más resilientes a los incendios forestales.

Las cifras de los incendios en lo que llevamos de año son especialmente alarmantes. Hasta el momento se han quemado en nuestro país entre 90 000 y 95 000 hectáreas, un dato que equivale prácticamente a lo que se quema de media en todo el año. Entre 2012 y 2021 se quemaron cerca de 93 000 ha como media. Lamentablemente las llamas se han cobrado la vida de dos personas en los últimos incendios: un brigadista y un pastor.

Además, se han producido 25 GIF, una cifra superior ya también a los que se sufren como media cada año. Entre 2012 y 2021 hubo 22 GIF de media. Solo el pasado 15 de julio, con condiciones extremas en toda la península, se iniciaron 8 de estos GIF.

Estas cifras demuestran que el cambio climático es un claro factor que está magnificando la peligrosidad de los incendios. WWF recuerda que la situación va a ir a peor. No en vano, los escenarios confirmados de cambio climático auguran situaciones de emergencia para toda la región mediterránea cada vez con más frecuencia. Cabe recordar que el Mediterráneo se calienta un 20 % más rápido que la media mundial. Esto supone más olas de calor intensas y duraderas, sequías prolongadas y humedades relativas muy bajas.

Pero hay otro factor a la hora de explicar la gran energía e intensidad de estos fuegos y es la alta combustibilidad de los montes, resultado del abandono de los usos del territorio. En casi todo el Mediterráneo se ha pasado de una economía predominantemente basada en la agricultura y el pastoreo a una sociedad con un sector primario marginal, transformando el paisaje en un polvorín listo para arder.

En este escenario, es clave subrayar que por encima de 10 toneladas de combustible por hectárea los bomberos no pueden entrar, ya que su seguridad puede verse comprometida. Sin embargo, en muchos montes, hay actualmente hasta 50 toneladas por hectárea de carga de combustible.

Según Lourdes Hernández, experta en incendios forestales de WWF: “No podemos poner toda la responsabilidad de luchar contra estos incendios de altísima intensidad sobre los medios de extinción. Ellos deberían ser la última línea defensiva”. E insiste: “Frente a este escenario urge invertir en el territorio y promover usos y aprovechamientos para configurar paisajes agroforestales más resistentes al paso de las llamas. Para ello hay que potenciar e invertir en gestión forestal sostenible y promover la ganadería extensiva. Es la única solución si no queremos ver reducidos a cenizas nuestros montes. Prevenir es actuar”.

Soluciones de WWF

Ante la magnitud de este problema, WWF pide que se aceleren los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizar el impacto del cambio climático.

Asimismo, es clave que se desarrolle y apruebe una Estrategia Estatal de gestión integral de incendios forestales. En ella habrá que invertir en prevención social y poner la gestión del territorio en primer plano con el objetivo de promover paisajes más resilientes a los incendios forestales.

También hay que poner en marcha una Estrategia Estatal de Ganadería Extensiva basada en la diferenciación entre ganadería intensiva y extensiva.  Los objetivos son aliviar la carga burocrática de los pastores, promover un etiquetado estatal claro para todos los alimentos y, en especial, los de origen animal y asegurar precios justos para los ganaderos extensivos.

Por último, deben realizarse mayores esfuerzos para reducir la siniestralidad y acabar con la impunidad, aplicando de forma efectiva y ejemplar las sanciones y condenas para disuadir a quienes están detrás de los incendios.

Nuevo informe incendios WWF 2022

WWF presentó a principios de julio su informe anual sobre incendios forestales “Pastoreo contra incendios”. En este nuevo estudio, la organización realiza una propuesta para adaptar el territorio al cambio climático y a los incendios que arrasan nuestro país promoviendo la ganadería extensiva en zonas estratégicas del territorio. En el informe, WWF revela que el papel de la ganadería extensiva es crucial a la hora de recuperar un paisaje rico, que alterne zonas de bosque con áreas cultivadas y pastoreadas. Un mosaico que, además de riqueza natural, aporte una mayor resistencia a la propagación de las llamas.

Coral García Barón | Comunicación WWF

La creciente emergencia climática está abocando a nuestro planeta a las llamas

ARTÍCULO DE OPINIÓN de WWF con motivo del día de la naturaleza en la COP26, que se celebra mañana 6 de noviembre 

El cambio climático está modificando la forma en la que arde el territorio a escala global. La combinación de olas de calor prolongadas, sequías acumuladas y baja humedad, unida a una vegetación muy seca y bosques decaídos, está generando incendios excepcionales en zonas libres de incendios hasta ahora, como la región ártica. Además, eventos extremos y de una virulencia nunca antes vista están sucediendo cada vez con más frecuencia, en el arco mediterráneo, Europa central, Australia, Chile, California, Indonesia o la Amazonia. A escala mundial, la cifra de muertes por incendios se ha incrementado un 276 % en los últimos años. También se han alargado los periodos de riesgo a nivel global.

El origen de todos estos fuegos responde a distintas causas y motivaciones pero, independientemente del origen del fuego, estos incendios tienen algo en común: el cambio climático intensificó las condiciones de su propagación hasta que derivaron en episodios muy peligrosos e incontrolables. La creciente emergencia climática está abocando a nuestro planeta a las llamas. Estos terribles incendios son la imagen del futuro de los siniestros que nos esperan en muchas zonas del planeta. 

Consecuencias de los incendios sobre el clima

Los incendios tienen repercusiones sobre el clima a distintas escalas: en primer lugar, con la liberación directa de dióxido de carbono, principal causante del calentamiento global. En la actualidad, las emisiones brutas de carbono debidas a los incendios forestales equivalen al 25% de las emisiones globales anuales de los combustibles fósiles. Las emisiones debidas a los incendios en 2019 supusieron un repunte a nivel global. En total se liberaron 7.800 millones de toneladas de CO2, el equivalente a unas 25 veces las emisiones totales de España en un año. 

En segundo lugar, el carbón negro u hollín se deposita en el hielo del Ártico y evita que se refleje el calor del sol. En el Ártico, el derretimiento del permafrost emite millones de toneladas de metano, un gas de efecto invernadero 25 veces más potente que el CO2. La última consecuencia sería la destrucción de los bosques y de su potencial de absorción de CO2. Algunos estudios aseguran que, de continuar la actual tendencia de deforestación, para el año 2050 la Amazonía podría dejar de actuar como sumidero de carbono para convertirse en uno de los mayores emisores. 

En España, incendios vinculados al cambio climático: ‘superincendios’

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicaba hace apenas una semana el balance de la campaña de incendios de este verano en España. En él, se intuía cierto triunfalismo por la reducción del 25% del número de siniestros respecto a la media del último decenio, lo que convertiría al 2021, según el ministerio, en el tercer mejor año de la última década tras 2020 y 2018. Si bien este factor es positivo, el análisis obvia otros aspectos que nos dan a entender que claramente aún estamos lejos de gestionar bien los incendios forestales en nuestro país y que estos constituyen un riesgo creciente de orden público. Este análisis no menciona que la proporción de GIF (grandes incendios forestales) respecto al total de siniestros no ha parado de crecer en los últimos años y que, concretamente este verano, se ha incrementado en un 44 % respecto a la media del decenio. 

La virulencia de algunos de estos grandes incendios ha hecho que, en realidad, la campaña de 2021 haya sido una de las más destructivas de los últimos veinte años. Y que, aún con un 25 % menos de siniestros, se haya quemado un 5 % más de superficie. Además, dos de los GIF, el de Sierra Bermeja y el de Navalacruz, fueron extremadamente peligrosos. En el de Sierra Bermeja, que tristemente se cobró la vida de un bombero forestal, se formaron unas longitudes de llama de más de 30 metros de altura y la radiación podía sentirse a más de 200 metros de distancia. Incendios, que obligaron al desalojo de miles de personas y que, muy posiblemente, estuvieron vinculados al cambio climático.  

La región mediterránea es una de las zonas con mayor riesgo a nivel mundial. Junto a estas condiciones meteorológicas especialmente adversas, la alta siniestralidad e intencionalidad, el despoblamiento rural, el abandono de usos tradicionales, la escasa gestión forestal y la ausencia de políticas que gestionen coherentemente el territorio son el cóctel perfecto para que se registren incendios de alta intensidad, simultáneos e imposibles de apagar.

Si realmente aspiramos a hacer frente a los impactos de los incendios forestales, necesitamos de nuestros dirigentes políticos más reflexión, más actitud crítica y más ambición. No es suficiente con reducir el número de incendios. La actual emergencia climática pone de manifiesto la necesidad de transformar el territorio e invertir en paisajes resilientes. Hay solución 

Los expertos predicen que si no actuamos lo peor está por llegar y en los próximos años asistiremos a un número creciente de incendios y más severos. Por ello desde WWF pedimos a nuestros dirigentes políticos: 

En España: 

Políticas de prevención que pongan la gestión del territorio en primer plano, para lograr paisajes resilientes, menos inflamables, que conjuguen la recuperación de un tejido productivo con la prevención de incendios, la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. Para ello es fundamental la revitalización económica de las zonas rurales, que ponga en valor la silvicultura, la agricultura y ganadería extensivas, la trashumancia, y la lucha contra el despoblamiento, siempre bajo el prisma de la sostenibilidad. Ver informe de WWF Paisajes cortafuegos 

A nivel global: 

Políticas más ambiciosas para poner freno al calentamiento global y evitar una subida de temperatura global superior a 1,5°C. Para ello hay que acelerar la transición energética hacia una economía descarbonizada con medidas urgentes para conseguir una energía 100% renovable y un transporte y una alimentación sostenibles. Los líderes mundiales tienen la responsabilidad de abordar la crisis climática en la COP26, la 26ª Cumbre del Clima de la ONU y comprometerse, entre otros, a detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para 2030. 

Solo una ambiciosa política de prevención puede evitar incendios devastadores como el de Sierra Bermeja

Ante el incendio extremo que lleva ardiendo cinco días en Sierra Bermeja, WWF alerta de que el cambio climático está acelerando e intensificando los grandes incendios más rápidamente de lo esperado. Estos superincendios de sexta generación, vinculados al cambio climático, han llegado para quedarse. Estos trágicos incendios evidencian que el monte, el sistema actual de lucha contra los incendios y la sociedad no están preparados para estas tormentas de fuego. WWF pide un cambio urgente de estrategia de lucha contra el fuego para evitar estos desastres. Es necesario actuar para estar mejor preparados para el nuevo escenario de incendios extremos, poniendo en marcha una ambiciosa política de prevención que ponga la gestión del territorio en primer plano. 

A día de hoy, la magnitud, virulencia e inestabilidad del fuego de Sierra Bermeja (Granada) ha obligado al desalojo de 3.000 personas de seis municipios o a pedir que permaneciesen encerrados en sus casas para evitar dramas como el incendio de Pedrogao en Portugal (2017) cuando cientos de personas perdieron sus vidas al tratar de abandonar en coche las zonas afectadas y verse atrapados en las carreteras por las llamas.

El incendio se encuentra fuera de capacidad de extinción. El propio director del operativo ha declarado con total crudeza que no importan el número de medios aéreos o terrestres a disposición, ya que este incendio no se podrá apagar hasta que cambien las condiciones meteorológicas, deje de soplar el viento, baje la humedad y la temperatura y llegue la esperada y deseada lluvia. Mientras eso ocurre, se trata de minimizar riesgos, velar por la seguridad de la población civil y de sus propiedades y optimizar medios y recursos con intervenciones para intentar que el fuego haga el menor daño posible. 

Para la organización, la actual política de lucha contra los incendios, basada exclusivamente en un avanzado sistema de extinción, está obsoleta y es ineficaz para combatir superincendios, como el actual de Sierra Bermeja. España es el país que más presupuesto invierte en extinción por hectárea y dispone de uno de los mejores sistemas de extinción a nivel mundial. Pero las estadísticas reflejan cómo, a pesar de ello, la tendencia es que cada año se producen más grandes incendios forestales (GIF), de mayor superficie  y más peligrosos. WWF alerta de que se están ignorando los efectos del calentamiento global y la acumulación de combustibles por el abandono de usos y gestión.

Según Maria Melero, programa de bosques de WWF España: “Este incendio ha puesto de manifiesto que es realmente urgente poner el foco en la gestión del territorio y combatir el cambio climático. Si no se toman medidas urgentes, el cambio climático y las implacables consecuencias del abandono de los montes nos condenan a un futuro cada vez más negro: veranos con grandes incendios simultáneos, muy virulentos e imposibles de controlar por los medios de extinción, que planteen auténticas emergencias sociales”.

Criterios de WWF para restaurar una zona afectada tras un incendio forestal:

La restauración de la zona afectada supone una excelente oportunidad para repensar el paisaje y prevenir incendios futuros. Para ello la estrategia de restauración debe perseguir con carácter urgente: la evaluación de riesgos y daños, la protección del suelo para evitar procesos erosivos y la compensación de daños a quienes han visto reducido a cenizas su medio de vida.
A corto plazo, el plan de restauración debe revisar los patrones del territorio anteriores al incendio (para enmendar errores del pasado), fomentar la regeneración natural y poner la gestión y reactivación económica del territorio en primer plano: gestión forestal, ganadería extensiva, tierras de cultivo de Alto Valor Natural. Los territorios vivos, diversos y rentables son menos inflamables y más resilientes. 

El plan de restauración debe perseguir un territorio mejor adaptado al fuego, que genere regímenes de incendios sostenibles tanto ecológica como socialmente, conciliando el aprovechamiento sostenible de los recursos, el secuestro de carbono, la conservación de la biodiversidad y fomentar el desarrollo rural de la comarca. 
La población local y la sociedad deben tener un papel protagonista en la toma de decisiones y en el diseño de los nuevos paisajes cortafuegos. 
Es imprescindible respetar los tiempos de la naturaleza, para adecuar las actuaciones y evitar impactos mayores tras el fuego.
Dotar al Plan de Restauración Integral del presupuesto suficiente para lograr los objetivos previstos, incluidas las labores de mantenimiento, seguimiento y evaluación necesarias a medio plazo.
El proyecto Mosaico, promovido por la Universidad de Extremadura y la Junta de Extremadura, tras el incendio de la Sierra de Gata en el año 2015, puede servir de referencia para diseñar una estrategia participativa de prevención de incendios basada en la recuperación de actividades agrícolas, ganaderas y forestales que gradualmente fijen población y recuperen un paisaje diverso y con menor riesgo. 

Cristina Martín 

 

Comienza la campaña de incendios 2016 con alarmantes datos

Este verano de 2016 da comienzo a una temporada de incendios nada esperanzadora, con varios incendios declarados como los de Carcaixent y Bolbaite y más de 3.500 hectáreas de bosque perdidas. Y no ha echo más que empezar.

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