Organizaciones ambientalistas valoran positivamente la aprobación del anteproyecto de Ley de Cambio Climaico
- Una ley de cambio climático y transición energética ambiciosa debe ser un elemento clave para la reconstrucción social y económica tras la crisis sanitaria
- El objetivo de reducción de las emisiones de CO2 no está alineado con las recomendaciones científicas: debe elevarse al 55% en 2030 respecto a 1990 y alcanzar el cero neto en 2040
- Debe incluirse la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y a todos los sectores que perjudican el clima
- La organización considera prioritario que en el trámite parlamentario que ahora se inicia en el Congreso de los Diputados, la proposición de ley salga mucho más reforzada en detalles y ambición
Greenpeace considera la aprobación de hoy en el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética un paso importante y necesario en el momento adecuado y espera que los grupos parlamentarios contribuyan a reforzarla y hacerla más ambiciosa. El texto, que pasará ahora al Congreso de los Diputados para su debate y aprobación parlamentaria, ve por fin la luz desde que en 2015 el anterior Gobierno de Rajoy prometiera su tramitación.
La organización estima que la presentación del anteproyecto de ley en estos momentos es un elemento clave para garantizar que la salida a la crisis sanitaria, económica y social que atraviesa el país por la COVID-19 refuerce y se apoye en las medidas necesarias para afrontar al mismo tiempo las crisis climática y de biodiversidad.
Sin embargo, como el propio texto recoge, los objetivos de reducción de emisiones no están alineados con las recomendaciones de Naciones Unidas para no superar 1,5ºC las temperaturas globales y evitar así los peores impactos del cambio climático. Según este organismo internacional, las emisiones deberían reducirse un 7,6% anualmente entre 2020 y 2030 en todo el mundo, pero la ley nacional propone poco más de un 3% anual en el mismo periodo.
Greenpeace recuerda que las personas expertas en cambio climático de Naciones Unidas (IPCC) afirman que la próxima década es decisiva para no superar 1,5 ºC la temperatura media global y que, por tanto, reducir solo un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2030 respecto a 1990, como recoge el anteproyecto, no es suficiente para lograrlo. La organización demanda que el objetivo de reducción de emisiones se eleve al menos al 55% en 2030 para alcanzar el cero neto en 2040.
Para aumentar la ambición la ley debe establecer el marco legislativo necesario para la reducción de GEI en otros sectores clave como el financiero, agroalimentario, turismo, gestión de residuos o industria, dada su importante contribución a las emisiones nacionales y teniendo en cuenta sus altos costes en materia de adaptación.
“El texto es muy bueno en el diagnóstico, pero falla en los objetivos. Mientras reconoce que la región mediterránea es una de las áreas más vulnerables del planeta frente al cambio climático y que España se enfrenta a importantes riesgos derivados de este, paradójicamente no asume los objetivos necesarios para evitarlos”, ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Cambio climático de Greenpeace: “Justo esta semana se espera alcanzar temperaturas anómalas para esta época del año en varias partes de la península. Si no actuamos con urgencia viviremos graves consecuencias por la crisis climática. La recuperación socioeconómica por las crisis de la COVID19 debe afrontarse con soluciones que pongan freno al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad”.
La organización ecologista reconoce que el proyecto de ley recoge medidas imprescindibles, en especial en algunos aspectos de la transición energética hacia un sistema 100% renovable, la transición justa, prohibición de las prospecciones, inclusión del sector vivienda o el anuncio del fin de los vehículos con motor de combustión, aunque considera que 2040 es muy tarde. Sin embargo, reclama la necesidad de que el texto incluya, además, la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y a otros sectores que perjudican el clima, como las aerolíneas y la agricultura industrial, puesto que sin detener el flujo de dinero público a las industrias responsables de las emisiones GEI no se podrá hacer frente a la emergencia climática. Así mismo, propone un artículo específico que obligue al sector financiero a realizar una correcta gestión del impacto sobre el cambio climático de su cartera de préstamos e inversión, con un cálculo específico de su huella de carbono en los sectores contaminantes.
En el anteproyecto de ley, la organización echa en falta el papel que juegan los servicios ambientales gratuitos en la lucha contra el cambio climático así como la inclusión de criterios de adaptación. La biodiversidad debe ser eje vertebrador en la mitigación de los peores impactos: la necesidad de tener los ecosistemas en buen estado y funcionales (bosques, humedales y acuíferos, etc…) y el importante papel de las soluciones basadas en la naturaleza.
Greenpeace seguirá con atención el trámite parlamentario que ahora se inicia y las enmiendas que presenten los grupos para detectar cualquier intento de descafeinar su contenido y garantizar que la ley salga reforzada.
“Ante la crisis sanitaria que vivimos, el anteproyecto de ley de hoy llega en un momento crucial para avanzar y asegurar que cualquier medida de reconstrucción socioeconómica que deba tomarse estará alineada con las respuestas urgentes y necesarias contra el cambio climático”, ha concluido Nuño.
