Organizaciones ambientalistas denuncian que los intereses políticos frenan la protección de especies amenazadas

• Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF exigen que las decisiones sobre biodiversidad se basen en criterios científicos.

• Alertan de que casos como el del lobo se repiten con especies en declive como la anguila, el salmón, la tórtola o la codorniz.

• Reclaman procesos transparentes y el refuerzo del papel de los comités científicos independientes.

Las principales organizaciones ecologistas españolas —Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF— denuncian la creciente politización de las decisiones sobre conservación de especies amenazadas y reclaman que la protección de la biodiversidad vuelva a sustentarse en la ciencia, la legalidad y el interés general.

Las entidades consideran que el reciente intento de varias comunidades autónomas de modificar el informe sobre el estado de conservación del lobo refleja una tendencia preocupante: adoptar decisiones sobre fauna silvestre en función de intereses políticos o económicos, en lugar de basarse en evidencias científicas.

Recuerdan que el lobo fue excluido del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) mediante un cambio legislativo sin una evaluación científica que lo justificara. Además, advierten de que algunas comunidades pretenden someter a criterios políticos un informe técnico que España debe remitir a la Comisión Europea.

Las organizaciones subrayan que esta situación no afecta únicamente al lobo. La anguila europea, una de las especies más amenazadas de Europa, sigue sin ser catalogada en España como especie en peligro de extinción pese a las recomendaciones científicas. El salmón atlántico, cuyas poblaciones han caído más de un 80 % entre 2015 y 2024, continúa siendo objeto de pesca deportiva en numerosos ríos.

También muestran su preocupación por la tórtola europea y la codorniz, cuyas poblaciones han sufrido fuertes descensos en las últimas décadas. A su juicio, las administraciones aún no han aplicado medidas de conservación acordes con las recomendaciones científicas.

Las organizaciones recuerdan que la protección de la biodiversidad es una obligación recogida en la legislación europea y española, además de contribuir a la conservación de los recursos naturales que sostienen numerosas actividades económicas.

Por ello, reclaman a las administraciones públicas que respeten los procedimientos legales, refuercen el papel de los comités científicos independientes y promuevan procesos transparentes de diálogo con los sectores implicados.

“La ciencia ya ofrece respuestas. Lo que falta es voluntad política para actuar antes de que sea demasiado tarde”, concluyen

Redacción | Agencias