La privatización de parte de nuestro litoral esta cada vez más cerca

El Congreso de los Diputados debatirá mañana la modificación de la Ley de Costas que dejaría desprotegidas amplias zonas marítimas-terrestres. Una tendencia que podría agravarse aún más si se aceptan las enmiendas del Partido Popular y Convergencia i Unió. El proyecto de ley y las enmiendas parecen hechas a medida de  intereses políticos, económicos y urbanísticos, según denuncia Ecologistas en Acción.

El debate parlamentario será un paso decisivo para que las modificaciones entren en vigor. Un total de 10 zonas serán excluidas del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT); aumentarán las concesiones de explotación privada en los DPMT restantes; la servidumbre de protección de la costa bajará de los 100 metros actuales a 20 metros en determinadas zonas. La aprobación de este proyecto de ley, supone un desmantelamiento del uso público del litoral, así como una mayor presión, si cabe, sobre un ecosistema tan frágil y en constante cambio como es la franja litoral.

Pero es que además, diferentes enmiendas agravarían la situación de ser aprobadas. Las que propone el Grupo Popular están encaminadas al aumento de concesiones de ocupación del DPMT. 

Por su parte, CiU,  pretende excluir del DPMT otra zona, la correspondiente al Poblado Marinero del Puerto de Aiguadolç, en Sitges, sin justificar las razones de dicha exclusión. Ese mismo grupo solicita además que islas e islotes cuya superficie no exceda de los 100 kilómetros cuadrados sean incluidas en un Régimen Espacial de Deslindes, aprovechando el deslinde de Formentera que ya ha sido incluido en el proyecto de ley.

Ecologistas en Acción exige la retirada del proyecto de ley. Esta nueva “Ley de protección y uso sostenible del litoral” no persigue mejorar la protección y conservación de la costa, sino que atenta contra los principios de la ley de 1988 que nació con la intención de asegurar un uso racional y equilibrado de los bienes asociados a la costa, respetando el paisaje, el medio ambiente y el patrimonio histórico asociado al litoral, del mismo modo que uno de sus principales objetivos es asegurar el uso público del mar, de su ribera y del dominio público marítimo terrestre.

El Proyecto de Ley está hecho a medida para favorecer determinados intereses políticos, económicos y urbanísticos, favoreciendo deliberadamente intereses particulares en lugar de fomentar la transparencia y velar por el interés general. Se pasan por alto los efectos del cambio climático en la costa y la falta de criterio y responsabilidad de la Administración Pública a la hora de proponer este cambio, repercutirán negativamente sobre la economía, el medio ambiente y por ende a la sociedad en general.

Theo Oberhuber

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