Greenpeace demanda seguridad jurídica tras las últimas sentencias contra la movilidad sostenible
En sus aportaciones al Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, Greenpeace demanda al Ministerio de Transportes un marco jurídico claro y contundente a favor de las medidas de reducción del tráfico, como las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) o la creación de nuevas calles peatonales. Una petición que llega después de una serie de polémicas sentencias donde varios tribunales han tumbado las iniciativas de varios ayuntamientos en materia de movilidad.
“Necesitamos una Ley de Movilidad que anteponga la movilidad de los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público frente al abuso del coche en la ciudad”, ha declarado Adrián Fernández, responsable de Movilidad de Greenpeace. “Resulta paradójico que mientras la Unión Europea nos exige medidas claras y contundentes para frenar la contaminación del automóvil, en España algunos jueces optan por desmontar unas medidas que son normales en cualquier otra ciudad”, añadió Fernández, quien recordó que cada año se producen 45.000 muertes prematuras en España por la mala calidad del aire.[1]
Entre estas decisiones, destaca la anulación de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, quien calificó la medida de “desproporcionada” a pesar de que solo afecta a los vehículos sin distintivo ambiental. Una sentencia muy polémica que ni siquiera contó con unanimidad dentro del propio TSJC.
Greenpeace también señala la anulación de un decreto del Ayuntamiento de Valladolid, donde la creación de carriles bus y carriles bici fue declarada “nula y contraria a derecho” por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de dicha ciudad; la suspensión de Madrid Central por un recurso interpuesto por el actual alcalde Almeida cuando todavía estaba en la oposición, o la más reciente en Gijón donde un juzgado ha ordenado “restituir el tráfico rodado de forma permanente” en el Paseo Marítimo, donde se había peatonalizado una de las calzadas.
Una Ley para descarbonizar el transporte
Greenpeace también ha demandado al Ministerio de Transportes que incluya en la Ley de Movilidad una serie de medidas destinadas a garantizar la descarbonización del transporte, al ser el sector que más contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero. En el contexto actual, con el precio de la gasolina en máximos históricos, es imprescindible garantizar el derecho a un transporte sostenible, competitivo y asequible que permita a la ciudadanía prescindir del automóvil en sus desplazamientos diarios.
Entre estas medidas, destaca la introducción de un veto a los vuelos de corto radio cuando exista una alternativa competitiva en tren, como sucede con el ‘Puente Aéreo’ Madrid – Barcelona. Otra de las medidas propuestas se basa en la introducción de un “billete verde” que permita moverse en tren y autobús por todo el Estado a un precio asequible. Una idea basada en el Klimaticket puesto en marcha por Austria y que está teniendo una gran aceptación como alternativa al coche y al avión.
Las aportaciones de Greenpeace a la Ley abordan muchas otras cuestiones, como obligar a las empresas a que faciliten los desplazamientos al trabajo, la necesidad de un esquema de financiación estable para el transporte público o la necesaria protección de los entornos escolares. Greenpeace se suma así a las aportaciones ya realizadas hace unos días por una docena de organizaciones, entre las que figuran Ecologistas en Acción, WWF o Ecodes. [2]
