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Greenpeace cierra desde primera hora el Ministerio de Agricultura para exigir el fin de las macrogranjas

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Más de una veintena de activistas de Greenpeace han cerrado a primera hora de esta mañana todos los accesos de entrada y salida del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Atocha, Madrid. La organización lleva años pidiendo el fin de las macrogranjas por el grave problema que, entre otros muchos, supone para la contaminación de las aguas, pero el ministro supedita la calidad de ese bien vital a los intereses económicos de unos pocos. La gravedad del problema ha llevado a la organización a tomar esta decisión, ya que garantizar el agua limpia es, y debe ser, prioridad de cualquier gobierno.

Los activistas, que portan pancartas con mensajes como “Las macrogranjas están envenenando el agua” o “Tenemos poca agua, contaminada y mal gestionada”, mantendrán la protesta y la resistencia, de manera pacífica, todo el tiempo posible, hasta ver satisfecha la demanda o ser recibidos por el ministro.

Para Luís Ferreirim, responsable de agricultura y ganadería de Greenpeace España: “El futuro del planeta y del agua pasa por transformar el destructivo modelo agroalimentario y el primer paso a dar es acabar con las macrogranjas y reducir el número de animales en intensivo. Estamos supeditando tener agua limpia a unos intereses económicos cortoplacistas insostenibles.”, añade.

l próximo miércoles 22 se celebra el Día del Agua y los datos en España son más que preocupantes, principalmente el de las aguas subterráneas, nuestras reservas del futuro. Según el Plan de Acción de Aguas Subterráneas 2023-2030, presentado recientemente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el 40% de las aguas subterráneas, claves en un contexto de cambio climático y de creciente escasez de agua, están en mal estado. Las principales causas son la sobreexplotación y la contaminación por nitratos.

La Comisión Europea ha dejado claro que la principal causa de la contaminación del agua por nitratos en la UE es la ganadería, ya que “es responsable del 81% de la aportación del nitrógeno agrícola a los sistemas acuáticos”.

Para afrontar este problema y revertir la grave contaminación del agua por nitratos, al menos desde la vertiente de la ganadería, solo hay una vía. Por un lado, frenar el avance de la ganadería industrial para que el problema no se siga agravando en el corto plazo y desarrollar un plan estratégico de ganadería que permita reducir la cabaña ganadera en intensivo en un 50% para 2030. Este es el camino que ya están siguiendo otros países con el mismo problema. Esta semana, por ejemplo, se ha conocido que la Comisión Europea ha aprobado el plan del gobierno flamenco para compensar a los ganaderos que decidan reducir la capacidad de las explotaciones porcinas o cerrarlas por completo. En España, el sector porcino es también el principal problema y, en 2022, según los datos provisionales del Ministerio de Agricultura, se sacrificaron más de 56,5 millones de cerdos. Con esta cifra, seguimos encabezando, con mucha diferencia, este lamentable ranking de la UE.

“La ciencia nos urge actuar y somos, al menos, medio millón de personas quienes exigimos el fin de las macrogranjas. Es urgente ya que el Ministro Planas nos escuche y pase a la acción” concluye Ferreirim.

uís Ferreirim | eenpeace España

Desestimada la construcción de la macrogranja de Noviercas al no cumplir la nueva legislación

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La empresa Valle de Odieta S.C.L. quería construir en Noviercas (Soria) una macrogranja para explotar 23.520 animales, más de 20 veces lo que establece el actual real decreto

“Hoy es un gran día. Por fin, el faraónico proyecto de macrogranja que Valle de Odieta quería construir en Noviercas, debe ser desestimado definitivamente”, ha declarado Luís Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace. “Han sido más de cinco años trabajando para frenar esta macrogranja y por ello desde Greenpeace aplaudimos la normativa aprobada hoy por el Gobierno”, concluye.

Hoy en Consejo de Ministros se ha aprobado el “Real Decreto por el que se establecen Normas Básicas de Ordenación de las Granjas Bovinas”. Su aprobación es una gran noticia para el medio ambiente y para la España rural, ya que con él se paralizará definitivamente el proyecto de macrogranja que Valle de Odieta S.C.L. pretendía llevar a cabo en el pequeño pueblo de Noviercas, Soria. La empresa proyectaba construir una macrogranja capaz de explotar 23.520 vacas, cuando la normativa aprobada hoy establece un máximo de 725 vacas lecheras (850 unidades de ganado mayor). La macrogranja de Valle de Odieta hubiera contado con un número de cabezas de ganado más de veinte veces superior a lo que establece el real decreto. Hubiera sido también la macrogranja más grande de España, de Europa y estaría entre las cinco más grandes del mundo.

Asimismo, la normativa también establece que, por encima de este máximo, tampoco se debe permitir la ampliación de las explotaciones que estén actualmente en funcionamiento, por lo que consideramos desde Greenpeace que el Gobierno de Navarra debe desestimar la solicitud que la misma empresa hizo recientemente para ampliar su macrogranja de Caparroso. La actual solicitud haría que esta macrogranja fuese casi 12 veces más grande de lo que marca la legislación hoy aprobada.

Pese a que el real decreto es una señal clara para el sector, esta legislación sigue sin ser la apuesta por un modelo de ganadería verdaderamente sostenible y de pequeña y mediana escala. La capacidad máxima establecida de 850 unidades de ganado mayor sigue siendo muy elevada. Sí, impedirá la instalación de explotaciones de dimensiones exageradas, sin embargo, permitirá la instalación de explotaciones bastante grandes que, al ser sumadas, seguirán representando un gran impacto ambiental. En definitiva, la legislación aprobada hoy no tiene en consideración el efecto acumulado de las futuras explotaciones. Por este motivo, desde Greenpeace propusimos en nuestras alegaciones que la capacidad máxima tuviera un límite de 180 unidades de ganado mayor. Así, pedimos que el Gobierno, en paralelo a esta normativa, desarrolle un plan estratégico de ganadería que permita tener una visión de conjunto y que impida las consecuencias negativas de la suma de muchas explotaciones de menor tamaño. Este plan debe contemplar también la reducción gradual de la cabaña ganadera en intensivo hasta alcanzar un 50 % menos en 2030, pues solo así nos podremos enfrentar a muchos de los retos que se presentan en la actualidad, como por ejemplo el cambio climático, uso de agua y su contaminación, emisiones de amoníaco, la despoblación o el sufrimiento animal.

Luís Ferreirim | Greenpeace

Greenpeace bloquea el acceso principal a la sede de El Pozo en Murcia

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  • La organización demanda a El Pozo que no abra nuevas explotaciones ganaderas y que apoye públicamente una moratoria a la ganadería industrial
  • Los activistas han desplegado pancartas con los mensajes: El Pozo contamina, #MacrogranjasNO y moratoria ¡YA!

Más de una veintena de activistas de Greenpeace han irrumpido hoy en la sede central que la empresa El Pozo tiene en Alhama de Murcia para exigir que la empresa apoye públicamente una moratoria a la ganadería industrial. La organización ha tuneado uno de sus murales principales donde se leía “El Pozo por el medio ambiente” y ahora se puede leer: “El Pozo mata el medioambiente”, ya que es la empresa cárnica con las macrogranjas más contaminantes de España.

Con mensajes como #MacrogranjasNO, moratoria ¡YA!, activistas y escaladores de la organización han “tomado” distintas zonas de las instalaciones, para poner en evidencia la empresa que en España más se está beneficiando del destructivo negocio de las macrogranjas. Asimismo, han solicitado una reunión para pedir a esta empresa que no abra nuevas macrogranjas – ni amplíe las existentes- y que desarrolle un plan de reducción del número de animales explotados, como única forma eficaz de reducir el brutal impacto ambiental de la marca.

“Antes de venir, hemos pedido información a la empresa sobre sus medidas de protección ambiental y su respuesta es irrisoria. No podemos permitir que empresarios como el Sr. Fuertes, que factura más de mil millones de euros al año, se hagan multimillonarios a costa de envenenar el agua y comprometer la salud del planeta”, explica Luís Ferreirim, responsable de la campaña de agricultura y ganadería de Greenpeace España. “Entendemos que esta instalación da trabajo, y respetamos a la plantilla, pero la única verdad es que cada vez hay menos ganaderos en el país, porque todo queda en manos de menos familias que crían ingentes cantidades de animales para alimentar el negocio de unos pocos”.

Según la propia empresa manifestaba en 2018, sus líneas de producción procesan un millón y medio de kilos de carne al día, lo que supone un daño ambiental insostenible. Solo esta empresa facturó 1.278.781.337€ en 2020 siendo la empresa cárnica que más facturó este año. Según aseguraba la familia Fuertes en 2018, se encuentran entre las 40 empresas más ricas de España y entre los 25 principales productores cárnicos del mundo.

CEFU, S.A., la rama productiva del Grupo Fuertes, según ha podido averiguar Greenpeace a través de las autorizaciones ambientales integradas, cuenta con 29 explotaciones propias, tres en Andalucía, 12 en la Región de Murcia y 14 en Castilla La Mancha, además de cerca de 700 integradas, según información de la propia empresa.

España no es precisamente un país al que le sobre el agua y la ciencia ha advertido que cada vez tendremos menos. Sin embargo, empresas como El Pozo, lejos de respetar este recurso vital, lo están contaminando irreversiblemente, exponiendo también a toda la población a un grave riesgo sanitario. Por otro lado, según los últimos datos del MITERD, el sector agrícola fue el único que incrementó sus emisiones en 2020 y es ya el tercero que más contribuye a la crisis climática, en gran medida debido al incremento de las emisiones del sector ganadero. Cabe destacar que el sector agrícola es el responsable del 63% de las emisiones totales de metano y la ganadería del 98% de estas.

El número de cerdos en el país no para de crecer. En 2020 ya sobrepasaban los 32 millones, con un brutal crecimiento del 21,5% en sólo cinco años. Curiosamente, el propio Gobierno reconoce que la contaminación media por nitratos aumentaba un 51,5% en ese periodo, solo entre 2016 y 2019. La situación ha llegado a tal punto que la Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de la Directiva de Nitratos, lo que podría terminar en una multa millonaria, que pagará la ciudadanía y no los que contaminan como El Pozo y compañía.

“La connivencia entre empresas y administraciones nos deja a todas las personas vendidas, en una situación de total indefensión. Ante la falta de controles, la semana pasada, Greenpeace lanzaba un informe recopilando las mediciones voluntarias de nitratos elaboradas por entidades de todo el país y los datos son demoledores: más de la mitad de las aguas subterráneas analizadas por la Red Ciudadana de Vigilancia están contaminadas por nitratos. Hacen falta medidas valientes, contundentes y que se adopten con carácter de urgencia”.

Entre esas medidas, Greenpeace reclama:

  • Establecer de inmediato una moratoria a la ganadería industrial de, al menos, cinco años: ni explotaciones nuevas ni ampliaciones de las existentes
  • Desarrollar un plan para la reducción progresiva de la cabaña ganadera en intensivo hasta alcanzar un 50% menos en 2030
  • Fomentar y adoptar la “dieta de salud planetaria” que lleve a una reducción drástica del consumo de carne hasta alcanzar un máximo semanal de 300 gramos a la semana por persona, así como de los demás alimentos de origen animal

No es la primera vez que Greenpeace pide a la empresa, como cabeza del sector de la ganadería industrial contaminante, que reduzca su impacto ambiental -se hizo anteriormente en Hellín (Albacete) y en Castilléjar (Granada)- sin que la empresa haya mostrado el menor interés de mejora. La organización seguirá trabajando para conseguir una moratoria que suponga el fin de la destructiva ganadería industrial.

“No podemos permitir que empresas como El Pozo sigan extendiendo sus tentáculos por todo el territorio español. En un contexto de crisis ambiental planetaria urge, más que nunca, una moratoria a la ganadería industrial. Además, la ciudadanía podemos actuar con nuestra alimentación, reduciendo el consumo de carne y apartando de nuestro plato los productos que provienen de macrogranjas”, concluye Ferreirim.

Luís Ferreirim | Greenpeace España

Greenpeace documenta el foco de gripe aviar en Íscar

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Greenpeace ha sido testigo de cómo se extraen los cadáveres de las gallinas afectadas por el brote de gripe aviar en una macrogranja avícola en Íscar (Valladolid), que ha puesto en alerta a las autoridades y al sector avícola. Miles de cadáveres se están retirando para su transporte al centro de eliminación. La organización ecologista denuncia que la ganadería industrial es una auténtica bomba de relojería y que es urgente poner fin a este destructivo modelo, que pone en jaque la salud del planeta y de las personas.

La explotación, que según diversos medios, albergaba cerca de 134.000 gallinas, está en una de las zonas de mayor producción avícola de todo el país, por lo que la preocupación es mucho mayor. Esta es una razón más que de sobra para que los controles sean exhaustivos e intentar evitar que se extienda a otras instalaciones, que se propague a las personas y que genere una presión añadida a la, ya amenazada, biodiversidad.

Esta explotación, como muchas otras en la España rural, se encuentra a escasos 1.000 metros del centro de Íscar y a unos 300 de las viviendas más cercanas, lo que aumenta el riesgo de contagio para las personas. De extenderse el foco, al haber tantas explotaciones en los alrededores, podría convertirse en un auténtico problema regional o incluso estatal. La expansión desmesurada y descontrolada de la ganadería industrial tiene muchos efectos negativos y éste es uno más.

Las explotaciones industriales son el entorno perfecto para la proliferación de este tipo de virus, ya que numerosos individuos genéticamente muy similares se ven obligados a vivir hacinados. Este es precisamente el modelo predominante en España y cada vez más en el mundo. Si a esto se suma que los animales se suelen trasladar a largas distancias, se da una segunda condición que facilita la propagación del virus. Y esto no es porque falten las medidas de bioseguridad en estas explotaciones, si no simplemente porque estos ambientes crean el hábitat ideal para los patógenos.

Otro factor de riesgo son las ingentes cantidades de excrementos que se generan en estas instalaciones, ya que como señala el propio Ministerio de Sanidad “los virus aviares pueden vivir hasta 100 días a 4° centígrados. En el agua sobreviven hasta cuatro días a 22º centígrados y más de 30 días a 0º centígrados”.

No en vano, el último informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) señala, entre las medidas recomendadas para combatir los virus aviares, la reducción de la densidad de las explotaciones comerciales, especialmente en las zonas donde más se concentran estas actividades, como es este caso.

”No podemos seguir jugando con fuego en España como si nada pasara. En Europa este devastador virus ha llevado a que se exterminen millones de animales y esperamos que España no tenga que seguir ese camino. Aunque algunos políticos han llegado a dudar de la existencia de las macrogranjas, es evidente que existen y que incluso son caldo de cultivo perfecto para virus como el de la gripe aviar y otros“, ha afirmado Luís Ferreirim, responsable de la campaña de Agricultura de Greenpeace. “El sistema agroalimentario necesita una transformación profunda y en España hay que empezar por frenar en seco la propagación de la ganadería industrial”, concluye.

Greenpeace recuerda que quien salga elegido este próximo domingo en las elecciones autonómicas de Castilla y León debe afrontar este problema con valentía y demanda que Castilla y León decrete una moratoria regional a la ganadería industrial, siguiendo el ejemplo de otras regiones como Castilla La Mancha.

Greenpeace, pese a oponerse a la ganadería industrial, expresa su máxima solidaridad con los ganaderos y ganaderas afectados, muchas veces empujados hacia este sistema industrial por las grandes empresas que buscan la máxima rentabilidad al más bajo coste, y hacia un modelo alimentario donde crece cada vez más el insano consumo de alimentos de origen animal.

“Por último, y no menos importante, desde Greenpeace pedimos a las autoridades competentes que informen adecuadamente a las personas trabajadoras del protocolo a seguir en estos casos y que controlen su riguroso cumplimiento. Hemos visto a personas que no llevaban el traje de protección bien puesto, o tenían trajes rotos, sin gafas de protección, sin guantes o con guantes inadecuados y sin las mascarillas de protección recomendadas para esta situación”, concluye Ferreirim.

Algunos datos de contexto
Según los últimos datos del Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, había censadas en Castilla y León, a enero de 2021, 58.212.101 de aves de corral, siendo así la cuarta comunidad autónoma con mayor número de aves, solo por detrás de Galicia (casi 108 millones), Castilla La Mancha (97 millones) y Aragón (73 millones).

En toda España la evolución del censo de gallinas para consumo humano, tanto de huevos como carne, ha aumentado un 33,9% en los últimos seis años (2016-2021).

Con datos de 2020, en España había más de 500 millones de gallinas y aves de corral; la ganadería avícola es la que ha experimentado un mayor incremento porcentual en número de ejemplares en el último lustro: entre 2015 y 2020 la cifra de aves para consumo humano sumó 125 millones de cabezas, un aumento de casi el 34 por ciento en apenas cinco años.

La cifra de sacrificios de aves también lidera el ranking frente a otras cabañas ganaderas: de 911 millones de animales sacrificados en España para consumo humano, más de 800 millones fueron aves de corral.

Marta San Román | Greenpeace

Así viven los animales en la macrogranja más contaminante de España

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  • Greenpeace accede a una de las mayores explotaciones de cerdos del país y documenta graves escenas de animales desatendidos y falta de higiene
  • La instalación de Cefusa (El Pozo – Grupo Fuertes) en Castilléjar, Granada, es la macrogranja porcina que más metano y amoniaco emite del país
  • La organización ecologista pide que no se concedan más licencias de apertura de este tipo de instalaciones ni se amplíen las existentes, por sus graves impactos medioambientales y sociales

Abandono, animales muertos, suciedad… son algunas de las condiciones que un equipo de investigación de Greenpeace ha encontrado al acceder al interior de una de las mayores explotaciones de ganadería industrial de España: la macrogranja de cerdos que Cefusa (del Grupo Fuertes, matriz de El Pozo) tiene en el pequeño municipio granadino de Castilléjar, al noreste de la provincia, donde cada año se pueden llegar a producir la friolera de 651.000 lechones. Esta gigantesca instalación, dividida en diez núcleos con varias naves, es además la macrogranja de porcino con mayores emisiones de metano y amoniaco del país. (Investigación completa aquí).

La visita a este megacomplejo del carnicero de El Pozo se ha producido dentro de la campaña de Greenpeace para denunciar el elevado impacto ambiental y social de la ganadería industrial. Este modelo contribuye a la crisis climática actual, a la pérdida de biodiversidad y al desmesurado consumo y contaminación del agua, y su avance descontrolado no para de agravar estos problemas. España ya es el primer productor de porcino de la UE: en 2020 se sacrificaron más de 56 millones de cerdos.

La instalación a la que ha podido acceder Greenpeace (con equipos EPIS y exhaustivas medidas de bioseguridad) es una enorme nave dedicada a la “producción y cría” de lechones. En su interior se documentaron escenas de madres recién paridas, o incluso pariendo en ese momento, sin ningún tipo de asistencia y con numerosos lechones muertos en minúsculas jaulas llenas de heces, además de roedores por doquier y mucha suciedad. Todo esto contrasta con la imagen que ofrece la empresa en sus comunicaciones en las que los animales viven en un ambiente totalmente diferente.

©Greenpeace/Pedro Armestre

Cada vez es mayor la oposición que este tipo de instalaciones despierta entre las personas que viven en sus inmediaciones por los malos olores que generan, a los que se suman la contaminación constante de sus acuíferos por las filtraciones de purines y el escaso impacto positivo que generan en forma de fijación de población o creación de empleo. Debido a su producción masiva e incesante, este tipo de instalaciones se convierten en auténticas fábricas de emisiones de gases de efecto invernadero y de amoniaco (240.000 kg en 2019), con el único y máximo objetivo de producir carne barata y pingües beneficios a sus propietarios.

“Lo que Greenpeace ha encontrado en la macrogranja del poderoso Grupo Fuertes, el principal productor cárnico de España, conocido por su famosa marca El Pozo, es vergonzoso. Sí esto ocurre aquí, no queremos ni imaginar cómo pueden estar muchas otras instalaciones de este tipo en el resto de España”, ha declarado Luís Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace. “Es intolerable que se siga promoviendo este modelo en España, por ello exigimos que en primera instancia la Junta de Andalucía realice una inspección inmediata y completa de las instalaciones de Cefusa en Castilléjar y en segundo lugar ponga en marcha una moratoria a la ganadería industrial: ni nuevos proyectos ni ampliación de los existentes”, ha añadido Ferreirim.

A pesar de que las imágenes son duras, Greenpeace entiende que el sector cárnico no debe ocultar a las personas que consumen sus productos la realidad que hay detrás de ellos, ni vender imágenes que no corresponden con su realidad productiva, por lo que pide mayor transparencia e información. Para la organización ecologista, no sirve de justificación que algunos de los estándares que se aplican en las macrogranjas, como el tamaño de las jaulas, sea algo aceptado por las normativas, sino que pide que se abandone por completo este modelo industrial.

Los datos que ofrece el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes estima que las emisiones de metano de la explotación porcina de Cefusa en Castilléjar, alcanzaron en 2019 los 590.000 kg. Este dato podría ser muy superior dado que, como también señala Naciones Unidas, el conocimiento y monitoreo de las emisiones son incompletos y esto propicia que se subestimen los datos reales de emisión.

“Es necesario poner fin al sinsentido de las macrogranjas. El Gobierno, y muy en particular el ministro Planas, debe tomar cartas en el asunto y poner en marcha medidas que impidan que las macrogranjas sigan instalándose en España de forma desmesurada y descontrolada y envenenando el aire que respiramos y el agua que bebemos“, ha concluido Ferreirim.

En abril de este año Greenpeace impulsó la creación de una Red de Vigilancia de la Contaminación del Agua por Nitratos. Uno de los grupos que participa en este proyecto es la Plataforma Salvemos Castilléjar. De las 30 muestras de agua recogidas por esta plataforma, muchas en las inmediaciones de esta macrogranja, se ha calculado un valor medio de la contaminación por nitratos de 31,4 mg/l, y cuatro muestras dieron valores superiores a 50 mg/l (el máximo legal permitido para agua potable), tres de ellas de agua superficial (una de una fuente) con el peligro que supone para la población que la consuma, y una en un pozo.

Video: https://greenpeace.smugmug.com/RURAL/Interior-macrogranjas/n-CbTnKm/i-MRpxcH3/A 

Luís Ferreirim | Greenpeace