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Las grandes petroleras europeas mienten al afirmar que están reduciendo sus emisiones altamente contaminantes  

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  • Un nuevo informe de Greenpeace saca a la luz que las grandes petroleras europeas siguen invirtiendo mayoritariamente en combustibles fósiles pese a  que proyectan una falsa imagen de compromiso con la descarbonización y las energías renovables 
  • Sólo un 0,82% de la producción de energía de Repsol en 2022 fue de origen renovable y destinó el 82% de sus inversiones a su negocio de combustibles fósiles, algo incompatible con la sostenibilidad del planeta
  • España es especialmente sensible a los efectos del cambio climático, sin embargo, Repsol aumentó sus emisiones un 16% en nuestro país en 2022
  • Ninguna de las compañías del estudio posee una estrategia verosímil de reducción de emisiones a cero en 2050

Greenpeace expone el greenwashing de las grandes petroleras Europeas, incluida Repsol, en su nuevo Las Sucias Doce: el blanqueo en verde de 12 Petroleras Europeas. El informe revela  que, aunque la mayoría de estas compañías se han comprometido a alcanzar cero emisiones netas en 2050, lo que están haciendo en realidad es ocultar sus inversiones en energías sucias, escondiéndolas debajo de la alfombra de sus informes y disimulándolas con sus anuncios grandilocuentes. Estas empresas carecen de estrategias creíbles para cumplir sus promesas de producir energía limpia y sostenible y de alcanzar emisiones cero en 2050.

Estas prácticas se producen en un contexto de emergencia climática sin precedentes, con los años 2022 y 2023 acumulando récords de temperaturas y fenómenos climáticos extremos, como las olas de calor, los incendios forestales, sequías e inundaciones. Estos fenómenos ya están causando miles de muertes cada año y pérdidas de millones de euros a familias y explotaciones agrícolas. Todavía es necesario recalcar que la principal causa de esta exacerbación de los efectos del cambio climático son las emisiones producidas por los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), que suponen el principal negocio de las empresas incluidas en el estudio. A ello se suma la guerra en Ucrania y la desorbitada subida de los precios del petróleo y el gas, que han contribuido a un enorme incremento de los beneficios en 2022 de dichas compañías. Beneficios que, en vez de utilizarse para cambiar el rumbo de sus negocios hacia prácticas más sostenibles, han aumentado los dividendos de sus accionistas, y sus inversiones en combustibles fósiles.

Repsol líder de emisiones en España

España es un país donde los episodios de calor intenso, las sequías y los grandes incendios han hecho aún más patente que nunca que nuestro país se calienta a un ritmo más rápido que la media mundial a causa del cambio climático. En este contexto encontramos que Repsol volvió a ser en 2022, un año más, líder en emisiones en todo el Estado, con un aumento de las mismas de un 16% y un incremento de sus beneficios de un 70% en relación al año anterior.

A diferencia de lo que la compañía nos quiere hacer ver con su publicidad engañosa, estos beneficios no están contribuyendo a un cambio real de su negocio: sólo un 0,82% de su producción de energía en 2022 tuvo origen renovable. El restante 99,18% corresponde a la producción con petróleo y gas.

Además, aunque Repsol fue la primera de entre estas petroleras en anunciar en 2019 su compromiso de cero emisiones netas en 2050, hasta el 82% de sus inversiones en 2022 se destinaron a reforzar su negocio fósil tradicional. Repsol sigue orientada al crecimiento de su modelo de negocio (gas y petróleo). Su inversión en proyectos de extracción y refino de combustibles fósiles rebasa con creces los muy modestos resultados positivos obtenidos con sus inversiones en soluciones con bajas emisiones de carbono. Si, además, sus supuestas soluciones (como los biocombustibles) son en realidad una fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, la ruta hacia la descarbonización de Repsol carece de verosimilitud alguna.

En un momento en el que la petrolera ha llenado la caja y cobrado músculo financiero, toma decisiones de inversión multimillonarias (3.000 millones de euros) extremadamente equivocadas que suponen una irresponsable vuelta de tuerca al aumento de emisiones y al desastre climático. Esta incoherencia se hace patente también en la falta de una estrategia creíble en sus planes para los próximos años.

Pedro Zorrilla, portavoz de la Campaña de Combustibles Fósiles y Cambio Climático de Greenpeace afirma que “Los beneficios milmillonarios de las petroleras no pueden seguir traduciéndose en más crisis climática, en daños a la salud y al bolsillo de las personas. Estas empresas siguen intentando engañar con promesas falsas de descarbonización, cuando la realidad muestra que no están cambiando el modelo de negocio. Frente a tanta irresponsabilidad, es necesario que los Gobiernos dejen de subsidiar a estas empresas y promuevan una regulación firme para reducir a más de la mitad las emisiones en 2030 y llegar a una descarbonización total en 2040″.

Europa, lejos de la descarbonización

En el conjunto de las compañías europeas analizadas por el informe, sólo un 0,3% de la producción de energía fue electricidad de origen renovable. Además sólo el 7,3% de sus inversiones (6.570 millones de euros) pueden considerarse realmente bajas en carbono (incluyendo energías como la solar, eólica, geotérmica hidráulica, el hidrógeno verde y otros gases verdes), mientras el 92,7% de las inversiones (81.520 millones de euros) siguen centrándose en extraer más petróleo y gas fósil y nos anclan dramáticamente a un futuro de mayor emergencia climática y riesgos financieros.

El informe también muestra claramente que estas empresas priorizan soluciones falsas, que no rebajan realmente el uso de combustibles fósiles, como los mal llamados biocombustibles (que incrementan la deforestación), el almacenamiento y captura de carbono o la compensación de emisiones de carbono. Esta solución no es tal, pues con ella se continúa e incluso se incrementa el ritmo de producción de petróleo y gas hasta 2030 y lo prolonga hasta al menos 2050.

La regulación de la industria fósil, clave en la lucha contra la emergencia climática

Como este informe demuestra, las empresas de petróleo y gas mienten, y por sí mismas no van querer cambiar su modelo de negocio para dejar de contaminar nuestro planeta. Por todas estas razones, Greenpeace pide a los Gobiernos europeos que regulen estrictamente la industria de los combustibles fósiles. Esta regulación debe incluir la inversión obligatoria de estas empresas en infraestructuras genuinamente verdes, un plan para evitar inversiones en “activos varados” (infraestructura “inservible” bajo el régimen del Acuerdo de París), el pago de impuestos permanentes por beneficios caídos del cielo, la prohibición de toda publicidad y del greenwashing, así como reglas más estrictas de reporte y diligencia debida de cualquier vulneración de derechos humanos en terceros países.

Los Gobiernos deben también acordar una hoja de ruta detallada para eliminar progresivamente el petróleo, el gas y el carbón en toda Europa, empezando por medidas para desplazar su uso en sectores muy contaminantes como el transporte (que representa dos tercios del consumo de petróleo en la UE). Por último, les pedimos que exijan responsabilidades a las empresas de combustibles fósiles para que paguen por sus crímenes contra las personas y la naturaleza que llevan realizando desde hace décadas.

Pedro Zorrilla Miras | Greenpeace

Greenpeace demanda a la Comisión Europea por impulsar el greenwashing del gas y la nuclear

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Tres días después de la desconexión nuclear en Alemania, Greenpeace demanda a la Comisión Europea, presidida por la alemana Ursula Von der Leyen, por la inclusión del gas y la energía nuclear en la lista de inversiones sostenibles de la Unión Europa

Greenpeace lleva a los tribunales a Ursula Von Der Leyen: la organización medioambiental ha presentado hoy una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la Comisión Europea por la inclusión en marzo de 2022 del gas fósil y la energía nuclear en el reglamento de la taxonomía (1), tal y como ya había anunciado que haría.

El pasado 9 de septiembre de 2022, Greenpeace ya solicitó a la Comisión que revisara su decisión sobre la inclusión de gas fósil y nuclear en la taxonomía. La Comisión rechazó esta solicitud casi cinco meses después, el 8 de febrero de 2023, lo que llevó a la organización medioambiental a solicitar al TJUE que anulara este punto y declarara inválida la inclusión del gas fósil y la energía nuclear en la taxonomía de la UE.

Greenpeace señala que el reglamento de la taxonomía de la Comisión Europea permite que las centrales nucleares y de gas fósil reciban dinero que, de otro modo, se habría destinado a energías renovables. Un ejemplo: poco después de la adopción de la taxonomía de la UE, en julio de 2022, Electricité de France (EDF) anunció sus planes para apoyar la financiación de sus viejos reactores nucleares y en mal estado mediante la emisión de bonos verdes alineados con la taxonomía.

“Estamos en una carrera contra el cambio climático y la crisis de biodiversidad. Si el TJUE falla en contra de este intento deshonesto de la Comisión de hacer greenwashing del gas y la energía nuclear, esto podría dar a la UE una oportunidad de luchar para llegar a la meta”, ha afirmado Ariadna Rodrigo, responsable de la campaña de finanzas sostenibles de Greenpeace UE: “Mientras tanto, los contaminadores ya están utilizando esta etiqueta falsa para desviar las finanzas verdes de donde se necesitan. Por ejemplo, si ahorras dinero con un fondo de pensión verde, ese fondo ahora podría estar apoyando la expansión de la industria fósil y nuclear. Esto es inaceptable y es por eso que estamos hoy ante este Tribunal”.

Por su parte, Raquel Montón, responsable del área de Incidencia Política de Greenpeace España, ha declarado que “las instituciones financieras en España y en el resto de Europa se enfrentan a una terrible disyuntiva: si usan la taxonomía que incluye el gas fósil y la nuclear, contribuirán a perjudicar la lucha contra la emergencia climática al participar del greenwashing promovido por la Comisión y, si no la usan para que sus inversiones sostenibles no se vean desacreditadas, se verán perjudicadas frente a las instituciones financieras que sí lo hagan”.

Al mismo tiempo que se presenta esta demanda, activistas de Greenpeace se han concentrado hoy frente al TJUE, en Luxemburgo, para mostrar su rechazo a la controvertida etiqueta “verde” para el gas y la energía nuclear. Entre ellos, hay activistas procedentes de Italia y Alemania: los primeros, originarios del Delta del Po (Italia), un ecosistema frágil donde la extracción de gas fósil ha llevado al hundimiento del suelo y donde hay nuevos planes para extraer más gas en un futuro próximo; los segundos, naturales del pueblo de Konz (Alemania), que se encuentra aguas abajo de la central nuclear de Cattenom (Francia).

“La extracción de gas es una gran amenaza para nuestra comunidad en el Delta del Po. El suelo se hunde y el nivel del mar aumenta. Cuando oigo hablar de decisiones como esta ridícula etiqueta verde para el gas y la energía nuclear, me hace pensar que las prioridades de la UE tiene están completamente equivocadas. Dedican su tiempo a encontrar formas de enriquecer a los contaminadores y no les importa el daño a comunidades como la mía”, ha señalado Vanni Destro del delta del Po en Italia (2).

El equipo legal que representa a Greenpeace en este caso está liderado por la abogada alemana Roda Verheyen, que desempeñó un papel destacado en la exitosa demanda constitucional contra la Ley de Protección del Clima de Alemania de 2019, iniciada conjuntamente por Greenpeace Alemania. Ese caso resultó en un histórico fallo del Tribunal Constitucional de Alemania que declaró inconstitucional la ley de 2019 y ordenó al Gobierno que la alineara con el acuerdo climático de París de 2015.

“Este caso trata de demostrar que la Comisión Europea no ha hecho las cosas bien. El acto delegado sobre gas fósil y nuclear no se ajusta a lo establecido en el Derecho de la UE en el Reglamento de Taxonomía. Más bien, la Comisión Europea ha violado la idea misma de este reglamento; esto es especialmente obvio ya que la inclusión de actividades nucleares supone un daño significativo para el medio ambiente, lo cual está expresamente prohibido por el reglamento”, ha concluido Roda Verheyen, abogada del equipo legal de Greenpeace.

Greenpeace argumenta (3) que la inclusión del gas fósil y la energía nuclear por parte de la Comisión Europea en la taxonomía viola varias leyes de la UE y se basa en errores y deficiencias de procedimiento. El siguiente es un resumen de algunos de los argumentos de Greenpeace en contra de las actividades de gas y nucleares que se han incluido en la taxonomía:

Respecto al gas fósil:

Supera el umbral de emisiones de carbono legal. La Comisión Europea estableció un umbral para las emisiones de carbono de la generación de energía con gas fósil de 270 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora. Esto no cumple con la legislación vigente de la UE. El reglamento de taxonomía, la ley climática de la UE y el Acuerdo de París de 2015 no permiten más de 100 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora.
Las inversiones no son transitorias. No pueden considerarse “transitorias”en nueva generación de energía de gas fósil, como exige el reglamento de taxonomía, porque dichas plantas podrían permanecer en funcionamiento más allá de la fecha límite de la UE de 2050 para lograr la transición energética. Esto también contraviene la Ley del Clima de la UE.
Existen alternativas renovables. La Comisión argumenta erróneamente que la inclusión del gas en la taxonomía es permisible porque no existen “alternativas bajas en carbono tecnológica y económicamente factibles”, pero tales alternativas existen, como la energía eólica y solar.
Obstaculiza el abandono de los combustibles fósiles.La inclusión del gas fósil en la taxonomía genera una ventaja competitiva para el gas y, por tanto, obstaculiza los objetivos legalmente vinculantes de la UE de alejarse de los combustibles fósiles.
Respecto a nucleares:

Causa un daño significativo al medio ambiente. La energía nuclear no cumple con el principio de “No Causar Daño Significativo” del reglamento de taxonomía. Las emisiones del ciclo de vida de la energía nuclear, la extracción de uranio, el alto uso de agua, la descarga de agua caliente y la generación a gran escala de desechos radiactivos violan este principio. Por lo tanto, la generación de energía nuclear socava también otros objetivos del reglamento de taxonomía.
La energía nuclear impide el desarrollo de las renovables. La Comisión asume incorrectamente que la energía nuclear es una actividad habilitadora para la transición energética, cuando en realidad conduce a la reducción de las energías renovables por su falta de flexibilidad.
La construcción de las centrales nucleares es muy lenta. La Comisión designa erróneamente la energía nuclear como una actividad de mitigación del cambio climático, es decir, que contribuye a que la UE alcance sus objetivos de reducción de emisiones. De hecho, las inversiones en energía nuclear tardan tanto en ponerse en marcha que retrasarían el abandono de las plantas de carbón y obstaculizarían el desarrollo de las energías renovables.
Los impactos climáticos afectan severamente a las nucleares. La energía nuclear tampoco es una tecnología de adaptación climática, es decir, una que sea resistente al mayor riesgo de eventos adversos causados por la crisis climática. De hecho, la energía nuclear se ve muy afectada por los fenómenos climáticos adversos, como las olas de calor y las sequías.
Pueden ser objeto de ataques. La Comisión ignora la posibilidad de que una planta nuclear pueda ser objeto de un ataque terrorista o militar y que estos eventos puedan ser la fuente de accidentes importantes y la contaminación relacionada.