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Greenpeace demanda a la Comisión Europea por impulsar el greenwashing del gas y la nuclear

Tres días después de la desconexión nuclear en Alemania, Greenpeace demanda a la Comisión Europea, presidida por la alemana Ursula Von der Leyen, por la inclusión del gas y la energía nuclear en la lista de inversiones sostenibles de la Unión Europa

Greenpeace lleva a los tribunales a Ursula Von Der Leyen: la organización medioambiental ha presentado hoy una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la Comisión Europea por la inclusión en marzo de 2022 del gas fósil y la energía nuclear en el reglamento de la taxonomía (1), tal y como ya había anunciado que haría.

El pasado 9 de septiembre de 2022, Greenpeace ya solicitó a la Comisión que revisara su decisión sobre la inclusión de gas fósil y nuclear en la taxonomía. La Comisión rechazó esta solicitud casi cinco meses después, el 8 de febrero de 2023, lo que llevó a la organización medioambiental a solicitar al TJUE que anulara este punto y declarara inválida la inclusión del gas fósil y la energía nuclear en la taxonomía de la UE.

Greenpeace señala que el reglamento de la taxonomía de la Comisión Europea permite que las centrales nucleares y de gas fósil reciban dinero que, de otro modo, se habría destinado a energías renovables. Un ejemplo: poco después de la adopción de la taxonomía de la UE, en julio de 2022, Electricité de France (EDF) anunció sus planes para apoyar la financiación de sus viejos reactores nucleares y en mal estado mediante la emisión de bonos verdes alineados con la taxonomía.

“Estamos en una carrera contra el cambio climático y la crisis de biodiversidad. Si el TJUE falla en contra de este intento deshonesto de la Comisión de hacer greenwashing del gas y la energía nuclear, esto podría dar a la UE una oportunidad de luchar para llegar a la meta”, ha afirmado Ariadna Rodrigo, responsable de la campaña de finanzas sostenibles de Greenpeace UE: “Mientras tanto, los contaminadores ya están utilizando esta etiqueta falsa para desviar las finanzas verdes de donde se necesitan. Por ejemplo, si ahorras dinero con un fondo de pensión verde, ese fondo ahora podría estar apoyando la expansión de la industria fósil y nuclear. Esto es inaceptable y es por eso que estamos hoy ante este Tribunal”.

Por su parte, Raquel Montón, responsable del área de Incidencia Política de Greenpeace España, ha declarado que “las instituciones financieras en España y en el resto de Europa se enfrentan a una terrible disyuntiva: si usan la taxonomía que incluye el gas fósil y la nuclear, contribuirán a perjudicar la lucha contra la emergencia climática al participar del greenwashing promovido por la Comisión y, si no la usan para que sus inversiones sostenibles no se vean desacreditadas, se verán perjudicadas frente a las instituciones financieras que sí lo hagan”.

Al mismo tiempo que se presenta esta demanda, activistas de Greenpeace se han concentrado hoy frente al TJUE, en Luxemburgo, para mostrar su rechazo a la controvertida etiqueta “verde” para el gas y la energía nuclear. Entre ellos, hay activistas procedentes de Italia y Alemania: los primeros, originarios del Delta del Po (Italia), un ecosistema frágil donde la extracción de gas fósil ha llevado al hundimiento del suelo y donde hay nuevos planes para extraer más gas en un futuro próximo; los segundos, naturales del pueblo de Konz (Alemania), que se encuentra aguas abajo de la central nuclear de Cattenom (Francia).

“La extracción de gas es una gran amenaza para nuestra comunidad en el Delta del Po. El suelo se hunde y el nivel del mar aumenta. Cuando oigo hablar de decisiones como esta ridícula etiqueta verde para el gas y la energía nuclear, me hace pensar que las prioridades de la UE tiene están completamente equivocadas. Dedican su tiempo a encontrar formas de enriquecer a los contaminadores y no les importa el daño a comunidades como la mía”, ha señalado Vanni Destro del delta del Po en Italia (2).

El equipo legal que representa a Greenpeace en este caso está liderado por la abogada alemana Roda Verheyen, que desempeñó un papel destacado en la exitosa demanda constitucional contra la Ley de Protección del Clima de Alemania de 2019, iniciada conjuntamente por Greenpeace Alemania. Ese caso resultó en un histórico fallo del Tribunal Constitucional de Alemania que declaró inconstitucional la ley de 2019 y ordenó al Gobierno que la alineara con el acuerdo climático de París de 2015.

“Este caso trata de demostrar que la Comisión Europea no ha hecho las cosas bien. El acto delegado sobre gas fósil y nuclear no se ajusta a lo establecido en el Derecho de la UE en el Reglamento de Taxonomía. Más bien, la Comisión Europea ha violado la idea misma de este reglamento; esto es especialmente obvio ya que la inclusión de actividades nucleares supone un daño significativo para el medio ambiente, lo cual está expresamente prohibido por el reglamento”, ha concluido Roda Verheyen, abogada del equipo legal de Greenpeace.

Greenpeace argumenta (3) que la inclusión del gas fósil y la energía nuclear por parte de la Comisión Europea en la taxonomía viola varias leyes de la UE y se basa en errores y deficiencias de procedimiento. El siguiente es un resumen de algunos de los argumentos de Greenpeace en contra de las actividades de gas y nucleares que se han incluido en la taxonomía:

Respecto al gas fósil:

Supera el umbral de emisiones de carbono legal. La Comisión Europea estableció un umbral para las emisiones de carbono de la generación de energía con gas fósil de 270 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora. Esto no cumple con la legislación vigente de la UE. El reglamento de taxonomía, la ley climática de la UE y el Acuerdo de París de 2015 no permiten más de 100 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora.
Las inversiones no son transitorias. No pueden considerarse “transitorias”en nueva generación de energía de gas fósil, como exige el reglamento de taxonomía, porque dichas plantas podrían permanecer en funcionamiento más allá de la fecha límite de la UE de 2050 para lograr la transición energética. Esto también contraviene la Ley del Clima de la UE.
Existen alternativas renovables. La Comisión argumenta erróneamente que la inclusión del gas en la taxonomía es permisible porque no existen “alternativas bajas en carbono tecnológica y económicamente factibles”, pero tales alternativas existen, como la energía eólica y solar.
Obstaculiza el abandono de los combustibles fósiles.La inclusión del gas fósil en la taxonomía genera una ventaja competitiva para el gas y, por tanto, obstaculiza los objetivos legalmente vinculantes de la UE de alejarse de los combustibles fósiles.
Respecto a nucleares:

Causa un daño significativo al medio ambiente. La energía nuclear no cumple con el principio de “No Causar Daño Significativo” del reglamento de taxonomía. Las emisiones del ciclo de vida de la energía nuclear, la extracción de uranio, el alto uso de agua, la descarga de agua caliente y la generación a gran escala de desechos radiactivos violan este principio. Por lo tanto, la generación de energía nuclear socava también otros objetivos del reglamento de taxonomía.
La energía nuclear impide el desarrollo de las renovables. La Comisión asume incorrectamente que la energía nuclear es una actividad habilitadora para la transición energética, cuando en realidad conduce a la reducción de las energías renovables por su falta de flexibilidad.
La construcción de las centrales nucleares es muy lenta. La Comisión designa erróneamente la energía nuclear como una actividad de mitigación del cambio climático, es decir, que contribuye a que la UE alcance sus objetivos de reducción de emisiones. De hecho, las inversiones en energía nuclear tardan tanto en ponerse en marcha que retrasarían el abandono de las plantas de carbón y obstaculizarían el desarrollo de las energías renovables.
Los impactos climáticos afectan severamente a las nucleares. La energía nuclear tampoco es una tecnología de adaptación climática, es decir, una que sea resistente al mayor riesgo de eventos adversos causados por la crisis climática. De hecho, la energía nuclear se ve muy afectada por los fenómenos climáticos adversos, como las olas de calor y las sequías.
Pueden ser objeto de ataques. La Comisión ignora la posibilidad de que una planta nuclear pueda ser objeto de un ataque terrorista o militar y que estos eventos puedan ser la fuente de accidentes importantes y la contaminación relacionada.

Greenpeace reivindica la transición a calefacción renovable en lugar de bajar impuesto al gas

· El presidente del Gobierno ha anunciado este jueves una rebaja del 21 % al 5 % del IVA del gas a partir de octubre y hasta el 31 de diciembre, a pesar de los beneficios extraordinarios de las gasistas desde el comienzo de la crisis

· El presidente no ha aclarado si la medida se aplicará a todos los consumidores del gas o solo a los domésticos, por lo que puede convertirse en una subvención más a la industria y eléctricas, que consumían casi el 80 % del gas en 2021 

· La rebaja del IVA aplaza la necesaria fiscalidad verde para promover un sistema energético que incentive el ahorro y penalice a los sectores más contaminantes

En respuesta al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la bajada del IVA del gas, Greenpeace considera que, si bien son necesarias medidas de choque temporales para aliviar la situación de hogares y pequeñas empresas, las rebajas de impuestos al gas fósil como el IVA, que en principio no discrimina entre grandes consumidores y familias, pueden ser aprovechadas por las empresas energéticas e industriales para maximizar sus beneficios. La organización reitera la necesidad de soluciones urgentes y verdaderamente efectivas en el medio plazo para acelerar la transición energética hacia un sistema 100% renovable y eficiente, acabando con nuestra dependencia de los combustibles fósiles y la energía nuclear que financian la guerra y asfixian a la ciudadanía.

“La medida anunciada es una suvención al gas y aplaza la necesaria fiscalidad verde para promover un sistema energético que incentive el ahorro y penalice a los grandes consumidores”, ha declarado Francisco del Pozo, coordinador de combustibles fósiles de Greenpeace, que añade: “Es más importante que nunca no seguir cayendo en la trampa de los combustibles fósiles y establecer medidas destinadas a apoyar a las familias que lo necesitan para mantener o mejorar sus servicios energéticos rompiendo la dependencia del gas: aislamiento, sustitución de calderas por bomba de calor, etc. Lo que no tiene sentido es promover un plan de ahorro energético y a la vez subvencionar el uso del gas”.

Valoración de medidas concretas:

La rebaja del IVA al gas va en la misma línea que la ayuda de los 20 céntimos al carburante, medida que sigue vigente hasta fin de año y ya se ha visto ineficaz durante los cuatro meses que lleva en vigor: se ha demostrado que esta ayuda ha sido rápidamente absorbida por las grandes petroleras, tal y como publicó la CNMC. Greenpeace ya denunció que las petroleras están ingresando cada día 7,6 millones de euros adicionales desde el inicio de la guerra, mientras la población sufre los precios récord en las gasolineras [1]. Tampoco a las empresas de gas les va mal: Naturgy, la mayor empresa del sector, mejora sus resultados de manera significativa en la primera mitad de año. La compañía energética ha registrado 557 millones de beneficio en el primer semestre, lo que supone un progreso del 15,1% [2].

Greenpeace reitera que, unido a las medidas de apoyo directo a las familias para ahorrar energía, se debe mantener el 5 % del IVA en la factura eléctrica. La electricidad es esencial como vector de servicios energéticos. Asimismo, la organización ecologista considera necesario adelantar medidas redistributivas como el Impuesto sobre los beneficios extraordinarios sobre las empresas energéticas. Greenpeace se congratula del anuncio hecho a finales de junio por el presidente sobre el establecimiento de un impuesto específico para los beneficios extraordinarios de empresas energéticas, pero lamenta que su entrada en vigor no se produzca hasta enero de 2023 [3].

La organización reclama que para evitar que esta crisis la paguen los de siempre es necesaria la puesta en marcha un plan de acción mucho más ambicioso con normativa y subsidios directos a la calefacción renovable y mejora express del aislamiento de los hogares [4], todo ello unido a una reforma fiscal que redistribuya la riqueza, sea progresiva e incluya una fiscalidad verde que aplique el principio de quien contamina paga y no deje a nadie atrás.