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Greenpeace rechaza categóricamente la nueva ley de regadíos que previsiblemente adoptará mañana la Junta de Andalucía al considerar que indulta décadas de robo sistemático de agua en el Parque Nacional de Doñana y alienta nuevos saqueos. En un contexto de sequía galopante, esta norma es especialmente grave porque amenaza la supervivencia de Doñana, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Europa, y castiga a los regantes que sí han estado cumpliendo la ley. Para la organización ecologista, se trata de un insulto a la evidencia científica, que abre las puertas a sanciones millonarias desde Bruselas e ignora la necesidad de repensar el modelo agroalimentario para ajustar la demanda a la disponibilidad real de agua y a los caudales ecológicos.

La directora de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha afirmado que “esta nueva ley de regadíos de la Junta de Andalucía es un atropello legislativo que pone en peligro la supervivencia de uno de los espacios naturales más valiosos del mundo. Exigimos al Gobierno andaluz que frene este despropósito, que solo es concebible como un reclamo electoralista y cortoplacista. Este rumbo macabro para Doñana evidencia que nuestro modelo agroalimentario y turístico está herido de muerte”.

Según la organización ecologista, la proposición de ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del condado de Huelva en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva)* no es más que la confirmación de que la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ahora y antes han sido incapaces de cumplir y hacer cumplir las leyes que blindan el Parque Nacional de Doñana.

“Es un paso más hacia el desastre final: legalizar el robo del agua no va a hacer que los pozos se llenen por arte de magia, solo va a alentar la idea de que robar agua, un bien tan escaso, sale gratis, lo que no provoca más que un perverso efecto llamada. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, no lo quiere decir en voz alta, como la mayoría de políticos, pero es muy sencillo: no hay agua para tanto regadío”, ha señalado Luis Berraquero, responsable de Greenpeace en Andalucía.

Greenpeace recuerda el impacto devastador de los pozos ilegales en el acuífero 27 de Doñana, que están causando una disminución drástica de la calidad del humedal por el hundimiento del nivel freático, hasta el punto de que ya se han secado numerosas lagunas y el 60% de las estudiadas por la estación Biológica de Doñana no se han inundado desde 2013. La sobreexplotación del agua subterránea para el regadío intensivo está agotando y contaminando los recursos hídricos y poniendo en peligro el ecosistema único de Doñana, que es vital para la vida silvestre entre Europa y África.

Greenpeace destaca que esta norma supone además un riesgo serio de nuevas sanciones desde la Unión Europea. El Reino de España ya fue condenado por sentencia de 24 de junio de 2021 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-599/19 Doñana) por incumplir las obligaciones derivadas de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), y de la Directiva Hábitat (92/43/CEE ). “Es un negocio redondo para los ladrones del agua y sus cómplices en el Gobierno andaluz: ellos violan la ley, aniquilan el bien común, se lucran saqueando el agua de todos y, al final, la multa histórica se la pagaremos a escote”, ha reiterado Berraquero.

Fin de la explotación de recursos naturales y humanos

A corto plazo, Greenpeace reclama con urgencia la reducción drástica e inmediata de la cantidad total de agua que se extrae del acuífero de Doñana, la protección y compensación de las personas regantes que sí han estado cumpliendo la ley, el abandono de ensoñaciones hidráulicas faraónicas (porque el hormigón no hace que llueva) y la puesta en marcha de un diseño de transición hídrica justa que se adapte a la ganadería, cultivos y uso general del agua de España en una nueva realidad ya evidente: la acentuación de sequías y escasez hídrica en un contexto de cambio climático galopante, especialmente severo en el sur de España.

Greenpeace también señala que, a medio plazo, la transición hídrica justa y la transición agroecológica son alternativas seguras, viables y rentables para la agricultura en particular y para el sistema alimentario y la biodiversidad en general. “Necesitamos modelos que no nos lleven hacia la autodestrucción: debemos repensar nuestros modelos de producción; es posible hacerlo sin laminar los recursos naturales que nos mantienen con vida y sin explotar a las personas, como ha estado ocurriendo con miles de jornaleras abusadas y explotadas en régimen de semiesclavitud por este mismo modelo que depreda la vida en todas sus formas”, ha recalcado Berraquero.

Doñana es un tesoro natural de valor incalculable, con una riqueza biológica excepcional y especies emblemáticas como el lince ibérico y el águila imperial. Los humedales desempeñan un papel fundamental en la protección contra el cambio climático, ya que actúan como sumideros de carbono y reguladores del clima. La destrucción de los humedales de Doñana sería una pérdida irreparable para el patrimonio natural y para la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.