- Las ONG defienden que, frente a un modelo rural industrial que expulsa a la agricultura familiar de los pueblos y que nos ha traído hasta aquí, existen modelos sostenibles que cuidan la tierra, proporcionan bienes y servicios valiosos, alimentos sanos, generan empleo en la “España vaciada” y afianzan la soberanía alimentaria.
- La actual crisis del campo requiere: una política de estado para el medio rural; servicios públicos de calidad; precios justos y condiciones apropiadas para los productores; impulso al relevo generacional y a las mujeres; apoyo a la transición hacia sistemas productivos sostenibles; una nueva PAC y PERTE alineados con el Pacto Verde Europeo y la conservación de la Red Natura 2000, entre otros.
Las organizaciones ambientales, SEO/BirdLife y WWF España presentan su manifiesto En defensa del mundo rural vivo y próspero, con alternativas modernas, viables y sostenibles, frente a propuestas obsoletas que buscan disociar el campo y sus gentes de la necesaria conexión con el medio natural como una fuente de oportunidades.
Las ONG ponen el foco en la necesidad urgente de abordar el reto demográfico, la emergencia climática y el deterioro de la naturaleza, así como en la actual crisis del sector agrario (subida de costes de producción, bajos precios de alimentos y escasez de apoyo de las políticas públicas). El sector primario -subrayan-, íntimamente vinculado con nuestra salud y la de la naturaleza, ha sido clave durante la pandemia y ha vuelto al primer plano con el conflicto bélico en Ucrania. Las ONG alertan del peligro de retirar las políticas que promueven una agricultura sostenible, como las del Pacto Verde Europeo, y no admiten una mayor intensificación agraria, basada en combustibles fósiles, agroquímicos y la importación de materias primas baratas, que es la que nos ha llevado hasta aquí.
Frente al modelo rural industrial que expulsa a las explotaciones familiares de los pueblos, las ONG apuestan por sistemas sostenibles que cuidan la tierra, proporcionan bienes y servicios de un valor incalculable, alimentos sanos, generan empleo en la España rural y afianzan la soberanía alimentaria. Esta agricultura y ganadería responsable es clave en la solución a la crisis rural y ambiental, sin embargo, no estará representada en las movilizaciones promovidas por cierta parte de los sectores rurales, en favor del campo.
Economía y ecología van unidas
De cara a plantear soluciones a la crisis rural, las ONG cuestionan dos ideas que no se ajustan a la realidad. La primera es que “para recuperar la vida en los pueblos hay que elegir entre economía y ecología”. Sin embargo, cualquier actividad socioeconómica, y especialmente la agricultura, la ganadería, la selvicultura o la caza dependen del buen estado de los ecosistemas (suelo fértil, agua de calidad, polinización, etc.). Conservar el patrimonio natural no es un capricho sino una cuestión de supervivencia y bienestar. La segunda idea errónea es que “para que el sector agrario pueda sobrevivir es necesario intensificar la producción de alimentos”. Dicha hipótesis se desmonta al comprobar la alta dependencia que tienen los modelos intensivos de recursos no renovables, como combustibles fósiles o fertilizantes químicos, cada vez más caros, y de un agua escasa. Esto pasa factura a la salud y al medio ambiente, pero también a miles de pequeñas y medianas explotaciones familiares que cierran cada año al no poder competir en los mercados, donde se prima precio frente a sostenibilidad.
Y junto al reto de hacer frente a las ideas para industrializar el campo, surgen dos nuevos desafíos: algunos proyectos de energías renovables, claves contra el cambio climático y para la autonomía energética, pero que se plantean sobre suelo barato, desplazando a la agricultura sostenible y afectando a la naturaleza; y las estrategias partidistas que aprovechan la desconexión campo-ciudad para aumentar la crispación, sin ofrecer soluciones reales para las comunidades rurales.
Claves para una transición rural verde, justa y rentable
En su compromiso con el medio rural y la transición verde y justa, SEO/BirdLife y WWF han presentado el documento que incluye las siguientes propuestas destinadas a las Administraciones competentes:
Recuperar una política de estado para el mundo rural, comenzando por reactivar la Ley 45/2007 de desarrollo sostenible del medio rural, para la revitalización económica de los pueblos, la creación de empleo estable y de calidad, y el freno al despoblamiento bajo el paradigma de la sostenibilidad.
Garantizar una vida digna en los pueblos con servicios públicos de calidad (sanidad, educación, transporte, etc.), asegurando a la par la digitalización responsable y el teletrabajo para fijar población, prestando especial atención a jóvenes, mujeres y personas mayores.
Asegurar precios justos y condiciones apropiadas a los agricultores, ganaderos, selvicultores y pescadores que apuestan por la sostenibilidad, mediante medidas de transparencia y control a las prácticas desleales en la cadena alimentaria y el compromiso de la industria y la distribución alimentaria con el aprovisionamiento local de materias primas sostenibles, la distribución responsable de alimentos y precios adecuados también para los consumidores.
Impulsar el relevo generacional en el campo, prioritariamente en fincas de alto valor natural –como las de ganadería extensiva–, en la Red Natura 2000 y en producción ecológica.
Visibilizar el papel de las mujeres rurales, especialmente el de agricultoras y ganaderas extensivas, apoyando su actividad a través de incentivos reales.
Cumplimiento inmediato de la legalidad vigente, en especial la de derechos de los trabajadores, medio ambiente y bienestar animal, reforzando las normas, el control y sanción.
Apoyar los sistemas productivos sostenibles, basados en los principios de la agroecología. Impulsar un modelo de agricultura familiar sostenible, constituido por las familias que residen y trabajan en el medio rural y cuya principal renta y dedicación proviene de su actividad.
Asegurar una transición justa de los modelos que tienen que virar hacia la sostenibilidad por tener un impacto negativo, como la ganadería industrial o los regadíos en acuíferos sobreexplotados o contaminados, hacia prácticas dentro de los límites de los ecosistemas.
Disponer de un marco político y un sistema de incentivos económicos adecuados para la transición agroecológica justa, incluyendo: una nueva PAC y PERTE alineados con el Pacto Verde Europeo; una fiscalidad verde que aplique el principio “quien contamina paga”; la recuperación de las infraestructuras y servicios públicos para la transición agroecológica del sector primario; canales cortos de comercialización para garantizar alimentos locales, ecológicos y de temporada; compra pública responsable; diversificación productiva del sector primario y sistemas públicos de asesoramiento, formación y acompañamiento plural.
Impulsar la conservación de la Red Natura 2000, revisando y financiando adecuadamente los planes de gestión para asegurar la conservación de los recursos naturales, fijar población y ser motor económico en el medio rural.
Promover una gestión forestal sostenible y colectiva para la biodiversidad y los sumideros de carbono, estimulando la agrupación de propietarios con capacidad técnica para redactar y ejecutar planes de gestión comunes y rentables a escala del paisaje, que garanticen a largo plazo la producción y la conservación del recurso y el desarrollo de las comunidades locales.
Mejorar la gestión cinegética, asegurando su sostenibilidad, con prácticas que pongan en valor los recursos naturales, la conservación de especies en declive o amenazadas y mantengan la variabilidad genética de las especies cinegéticas. La caza debe reducir su huella ecológica, abandonar las sustancias contaminantes, basar sus prácticas en el conocimiento científico e incorporar los mejores estándares de sostenibilidad, salud y bienestar animal.
Promover una implantación ordenada y responsable de las energías renovables, priorizando las zonas urbanizadas e industrializadas, evitando zonas ambientalmente sensibles, así como áreas agrarias y forestales de alto valor natural y agroecológico.
Proteger el patrimonio sensorial rural, incluidos los paisajes agroculturales, al ser la esencia de cada territorio y clave para el desarrollo rural, y que debe ser respetado desde las ciudades.
Y, por último, asegurar la participación pública de la sociedad civil en los procesos de diseño, aplicación y seguimiento de las políticas del medio rural, incluidas las agroalimentarias o cinegéticas, con los recursos suficientes, tal y como apoyan las entidades el Foro Acción Rural.
Las peticiones ampliadas se pueden consultar en el manifiesto: “EN DEFENSA DE UN MUNDO RURAL PRÓSPERO Y VIVO”.
AUDIOS: Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife / Enrique Segovia, director de Conservación de WWF
Foto: Recogida de aceituna en Jaén, en un olivar tradicional de cultivo ecológico
