SEO/BirdLife reclama una ley que proteja el subsuelo español

 

  • Además, de reclamar una Ley de protección del subsuelo y de los recursos geológicos, el informe concluye que es urgente revisar la actual Ley de Minas.

 

  • La decisión del Gobierno de no autorizar la prórroga a la Mina de Torrejón de Velasco II nueve años después desde que se iniciaran los tramites, pone de manifiesto la necesidad de un cambio en torno a esta legislación y una mayor responsabilidad de la normativa en la restauración de los espacios afectados.

Al igual que ocurre con el agua, los bosques o el mar, en España se permite el aprovechamiento de los recursos mineros. Pero, a diferencia del resto de sectores, el subsuelo español no está protegido por una normativa marco que regule la explotación de yacimientos de minerales o aguas termales de forma ordenada, sostenible y respetuosa con la naturaleza. En un momento en el que los proyectos mineros cotizan al alza, a menudo afectando a espacios protegidos, SEO/BirdLife reclama al Gobierno de España y las fuerzas con representación parlamentaria una Ley de protección del subsuelo y de los recursos geológicos.

Es la principal conclusión del informe jurídico La situación legal de la minería en España y su relación con la conservación ambiental, realizado por la ONG ambiental. La segunda, e igualmente importante, es la urgencia en revisar la actual Ley de Minas, publicada en 1973 y que no recoge el marco competencial alumbrado en la Constitución Española ni la normativa europea al respecto, que España lleva décadas incorporando a su ordenamiento jurídico.

El análisis de SEO/BirdLife concluye que la Ley de Minas se ha convertido en una cómoda herramienta de carácter técnico que ha consolidado una inercia en el sector que favorece su mantenimiento, tanto por parte de las empresas que explotan el recurso como por parte de las propias administraciones. De hecho, aunque la reforma se ha intentado en varias ocasiones, significativamente en 2003 y 2015, nunca se ha alcanzado el acuerdo con las entidades representativas del sector. Y es perentorio.

“Se trata de una ley previa a la Constitución y a pesar de que el articulado tiene cierta sensibilidad ambiental, la protección está lejos de ser la adecuada a la hora de gestionar un recurso tan sensible como este, capaz de generar riqueza y, al tiempo, degradar un espacio natural y todos los servicios que presta, en forma de aire limpio, agua o alimento”, señala la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz.

“Urge, más que nunca, una regulación que proteja de forma clara y decidida el subsuelo español para que los recursos sean aprovechados de forma sostenible y respetuosa. No cometamos los errores del pasado. Aquellos que nos llevaron a desastres como el de la mina de Aznalcollar, del que se cumplen ahora 20 años. La vieja fórmula de anteponer el crecimiento económico a la protección ambiental no sirve. Todos los análisis, todos los expertos, toda la Ciencia es clara: el futuro será sostenible o no será. Basta de mirar hacia otro lado o postergar el deber político de proteger el patrimonio natural de todos”, añade.

Los técnicos de la organización conservacionista han identificado una treintena de cuestiones problemáticas en la actual legislación. Particularmente, el estudio de SEO/BirdLife muestra su preocupación por la laxa normativa a la hora de restaurar espacios afectados por un yacimiento y para determinar la responsabilidad ambiental. La actual regulación, modificada mediante Real Decreto en 2012, es ampliamente incumplida.

“En muchas ocasiones no se restaura porque no se exigen fianzas o garantías y, a falta de estos, los presupuestos de las administraciones publicas no son suficientes como para que la Administración aborde la restauración de manera subsidiaria. Degradar un espacio con fines mineros puede salir gratis”, indica Ana Carricondo, Coordinadora de los programas de Conservación de SEO/BirdLife.

Otros fallos reseñables son la total ausencia de referencias a los fondos marinos en la ley (cuando es un tipo de minería que se practica en la actualidad) o la falta de claridad y de transparencia para autorizar explotaciones. Esta situación responde a factores como una clasificación de yacimientos desfasada, y que puede incluir un mismo mineral en una categoría u otra; o sistemas de adjudicación que no favorecen la competencia ni tienen en cuenta cuestiones como las buenas prácticas ambientales.

Es igualmente confusa la fórmula para determinar si un residuo minero es peligroso o no. Aunque existen protocolos claros para determinar la peligrosidad de un residuo en la legislación general, ésta no es de aplicación en los recursos mineros y la poca normativa existente no es clara en absoluto.

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