Las organizaciones Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife han presentado un recurso de alzada ante la Junta de Andalucía contra la resolución que autoriza el proyecto de explotación minera en Aznalcóllar. Denuncian que el procedimiento incurre en importantes irregularidades legales y ambientales, por lo que solicitan su anulación y una revisión completa del expediente administrativo.
Un precedente ambiental que no puede repetirse
La mina de Aznalcóllar fue el origen, en 1998, de uno de los mayores desastres ecológicos en la historia reciente de España, cuando la rotura de una balsa de residuos tóxicos contaminó el corredor del río Guadiamar y amenazó seriamente al Parque Nacional de Doñana. Las organizaciones firmantes subrayan que este antecedente debería exigir el máximo nivel de cautela y control ambiental ante cualquier nuevo intento de explotación minera en la zona.
Deficiencias del proyecto y del procedimiento administrativo
El recurso de alzada detalla una serie de irregularidades y omisiones clave, entre ellas:
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Ausencia de una concesión minera válida para la empresa promotora y deficiencias documentales graves que deberían haber motivado la inadmisión del proyecto desde su inicio.
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Incumplimientos esenciales en la evaluación ambiental, incluyendo la falta de Declaración Ambiental Estratégica del plan especial asociado y la ausencia de Autorización Ambiental Integrada para la planta de tratamiento.
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Autorización de vertidos al estuario del Guadalquivir sin evaluación ambiental adecuada ni proceso de participación pública, en posible vulneración de la normativa estatal sobre calidad de aguas.
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Uso previsto de la corta de Aznalcóllar como depósito de residuos mineros sin estudio de vulnerabilidad ni plan de emergencia exterior, pese al desastre ocurrido en ese mismo lugar en 1998.
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Impacto directo e indirecto sobre aguas superficiales y subterráneas, hábitats y especies protegidas, sin evaluación adecuada de impactos acumulativos.
Informes científicos aportan nuevas evidencias
Junto con el recurso, se han presentado cuatro informes técnico-científicos elaborados por personal investigador de distintas universidades andaluzas. Uno de ellos, fechado el 22 de junio de 2025, documenta episodios recientes de contaminación del río Agrio desde el recinto minero, asociados a lluvias ocurridas en marzo. Este hecho plantea serias dudas sobre el control de emisiones y el cumplimiento de la normativa de aguas, incluso antes del inicio de la actividad minera.
Riesgo para Doñana y el estuario del Guadalquivir
El estuario del Guadalquivir es un sistema de alta biodiversidad que ya sufre un estado preocupante de contaminación por metales pesados. Las organizaciones alertan de que el vertido de aguas tratadas proyectado podría implicar una alteración hidrológica significativa, afectando indirectamente al Parque Nacional de Doñana, un espacio protegido con las máximas figuras internacionales: Patrimonio Mundial (UNESCO), Reserva de la Biosfera y sitio Ramsar.
La Ley del Parque Nacional de Doñana (Ley 91/1978) exige un informe preceptivo del Consejo de Participación para cualquier actuación que afecte al estuario del Guadalquivir. Este informe no ha sido emitido. Tanto UNESCO como Ramsar han expresado ya su preocupación por el proyecto, reclamando máxima cautela y garantías de no afección.
Afecciones a fauna y espacios protegidos
El proyecto afecta directa o indirectamente a espacios de la Red Natura 2000, como el Corredor Ecológico del Guadiamar, el Bajo Guadalquivir, y la ZEPA de Doñana. También atraviesa la IBA 260 Condado-Campiña y zonas clave para especies en peligro como el sisón común, la avutarda, el aguilucho cenizo y el lince ibérico.
La conducción del vertido atraviesa hábitats sensibles sin una evaluación adecuada de los impactos acumulativos. Además, los vertidos —incluso tras tratamiento— presentan concentraciones significativas de cadmio, mercurio, plomo y arsénico, con alto riesgo de bioacumulación en la cadena trófica y afección a peces, aves acuáticas y mamíferos como la nutria.
Las organizaciones solicitan la suspensión inmediata del proyecto
Ante este escenario, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO/BirdLife instan a la Junta de Andalucía a:
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Suspender de inmediato la autorización del proyecto minero.
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Revisar el procedimiento completo con plenas garantías legales y ambientales.
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Asegurar que cualquier decisión se adopte en defensa del interés público y del medio ambiente, conforme a la legalidad vigente y al principio de precaución.
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