Organizaciones ambientalistas rechazan la reapertura de la mina de Aznalcóllar por sus riesgos ambientales

• Casi 30 años después del desastre de 1998, la ciudadanía vuelve a movilizarse contra la contaminación minera en el Guadalquivir.
• Las organizaciones apoyan las reivindicaciones sociales y exigen paralizar nuevos vertidos.

Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF reiteran su rechazo al proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) por sus graves riesgos ambientales.

El 25 de abril se cumplieron 28 años de la rotura de la balsa de residuos tóxicos de la mina de Boliden, que contaminó el río Guadiamar y puso en peligro el Espacio Natural de Doñana, en la mayor catástrofe ecológica de Andalucía.

En este contexto, el próximo 9 de mayo colectivos sociales y ecologistas se manifestarán en la desembocadura del Guadalquivir y la costa de Doñana para denunciar la contaminación provocada por los vertidos de la mina Cobre Las Cruces entre 2009 y 2023, así como los nuevos vertidos autorizados para la reapertura de la mina de Los Frailes y la futura explotación subterránea en Gerena.

Las organizaciones reclaman a la Junta de Andalucía una moratoria de vertidos y la creación de un comité independiente de expertos que evalúe la contaminación por metales pesados en el río, una demanda ya respaldada por ayuntamientos, sectores productivos, comunidad científica y el Defensor del Pueblo Andaluz.

Asimismo, exigen a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que no conceda permisos de vertido a la empresa Minera Los Frailes, ya que estos afectarían directamente al estuario del Guadalquivir, una zona protegida.

Diversos estudios científicos alertan de los riesgos de estos vertidos, que incluirían grandes volúmenes de aguas ácidas con metales pesados como arsénico, cadmio o plomo. Según las organizaciones, las autorizaciones ambientales no han evaluado adecuadamente sus impactos acumulativos ni sus efectos sobre espacios protegidos como la Red Natura 2000 y Doñana.

Advierten además de posibles consecuencias sobre la salud pública, la pesca y cultivos como el arroz en la marisma sevillana.

Por todo ello, las organizaciones ecologistas solicitan:

1. Suspender la concesión de aguas en trámite.
2. Crear una comisión científica independiente que evalúe los riesgos.
3. Un pronunciamiento del Gobierno sobre el impacto en los objetivos europeos de calidad del agua para 2027.

Redacción | Agencias