A falta de una base de datos oficial y centralizada que monitorice la mortalidad ilegal de fauna protegida en España, WWF ha presentado hoy el análisis más exhaustivo realizado hasta la fecha sobre esta problemática en nuestro país, elaborado junto con el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT), la Universidad de Granada (UGR) y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC). Según la investigación, las autoridades públicas recopilaron un total de 4.902 casos de delitos cometidos contra especies protegidas de fauna entre 2015 y 2020, que supusieron la muerte de al menos 8.784 animales.
Esos datos oficiales, obtenidos a partir de peticiones de información a las Comunidades Autónomas, son sólo la punta del iceberg, pues la mayoría de casos no se detectan: por ejemplo, se estima que tan solo uno de estos delitos (el uso de veneno en el campo) supone la muerte de alrededor de 10.000 animales cada año, y que solo salen a la luz entre el 10 y el 15 % de los casos de envenenamiento. La razón es la enorme extensión del territorio a cubrir, sumado a la falta de medios humanos, aunque tecnologías como el uso de dispositivos GPS en proyectos de conservación de la fauna, el desarrollo de unidades policiales especializadas o el uso de patrullas caninas contribuyen notablemente a la detección.
La impunidad que exacerba la pérdida de biodiversidad
Los delitos contra la fauna salvaje son devastadores para la biodiversidad, especialmente cuando afectan a especies amenazadas. El uso de veneno, la caza y pesca ilegales, el uso de métodos de captura prohibidos o el tráfico de especies suponen un grave riesgo para estas especies, y en muchos casos están relacionados con el crimen organizado u otros delitos, como el tráfico de drogas.
Pese a la gravedad de estos delitos, muy pocos llegan a ser juzgados, tratándose por la vía administrativa (con una multa, por ejemplo) o quedando sin resolver. Según la investigación, solo se produjeron 327 sentencias judiciales a partir de los 4.902 casos de crímenes contra la fauna registrados en España (un 6,67% de los casos), por lo que el 93% de los casos no son juzgados.
Las sentencias más frecuentes fueron por posesión de artes de caza y pesca ilegales (213 sentencias), compraventa ilegal de fauna (32 sentencias) y uso de veneno (26 sentencias).
Poniendo el foco en el número de casos, los crímenes más frecuentes son la caza furtiva (1773 casos), los envenenamientos (1899 casos) y el uso o posesión de métodos ilegales de captura (446). La impunidad es especialmente elevada en los casos de caza ilegal: solo un 0,8 % de los casos registrados acabaron en una sentencia judicial.
“Los crímenes contra la vida salvaje no son delitos menores, pero las administraciones públicas siguen tratándolos como tales”, asegura Silvia Díaz, Técnica del Programa de Especies de WWF España y Coordinadora del proyecto SWiPE. “Aunque se ha avanzado mucho en este campo en los últimos años, el alto grado de impunidad que sigue existiendo en nuestro país y el estado crítico de la biodiversidad a nivel global, nos demuestra que queda mucho por hacer”, lamenta.
España, un referente en Europa en vigilancia y denuncia
La investigación de WWF España se enmarca en el proyecto europeo LIFE SWiPE (Persecución exitosa de los delitos contra las especies silvestres, por sus siglas en inglés), una iniciativa en la que 11 países han unido fuerzas durante tres años para reducir estos delitos, gracias a la mejora de la coordinación, la formación y la cooperación transfronteriza entre países. El proyecto ha constatado que España está a la vanguardia europea en ciertos ámbitos de la lucha contra el crimen contra la vida silvestre: por ejemplo, con los equipos multidisciplinares que combaten el uso de veneno en el campo.
Para seguir avanzando, un centenar de agentes clave de la cadena de lucha contra el crimen contra la vida silvestre -desde jueces y fiscales hasta agentes medioambientales y representantes de Europol- se encuentran durante dos días en Madrid, en unas jornadas de intercambio de experiencias y conocimientos organizadas por WWF España en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y con el asesoramiento del CIEDA-CIEMAT.
“Quienes cometen crímenes contra la vida salvaje usan métodos cada vez más sofisticados, que muchas veces incluyen redes criminales más allá de nuestras fronteras. Por eso es vital trabajar en la especialización y la cooperación entre los agentes”, ha explicado Silvia Díaz, Técnica del Programa de Especies de WWF España y Coordinadora del proyecto SWiPE.
En España existen instrumentos y herramientas legales para luchar contra estos delitos de manera eficaz, con agentes medioambientales de las CCAA, de aduanas, y una policía especializada, el SEPRONA, que es un referente en Europa, además de una Fiscalía coordinadora de Medio Ambiente.
Además de aumentar la cooperación entre todos los agentes implicados, para WWF es necesario impulsar otras medidas como la formación de jueces especializados en delitos contra la vida salvaje, algo que sí existe en otros países. El Gobierno también tiene la oportunidad de mostrar su compromiso frente a esta amenaza, actualizando el Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan TIFIES) de 2018 y la revisión de la Estrategia Nacional de veneno, en cuyo borrador WWF ha participado activamente.
Finalmente, España puede contribuir a dar impulso a la Directiva Penal Medioambiental que, actualmente, se está negociando a nivel europeo. WWF aboga por una Directiva efectiva que recoja sanciones ambiciosas y con un nivel de armonización lo suficientemente alto para garantizar que los delitos ambientales se aborden de manera coordinada en todos los Estados miembros de la UE.
Sobre el proyecto SWIPE
El proyecto SWiPE (Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe), financiado por el programa LIFE de la Comisión Europea, es una iniciativa de once oficinas nacionales y regionales de WWF, además de otras organizaciones destacadas en la lucha contra los delitos contra la biodiversidad, como FFI (Fauna & Flora Internacional), Traffic y la Academia Judicial y la Oficina de la Abogacía de la República de Croacia. En el marco del proyecto, que finaliza este año, WWF España ha llevado a cabo importantes acciones, como unas jornadas en Madrid en junio de 2022 que reunieron a más de 120 expertos y representantes de autoridades de más de 20 países para intercambiar experiencias y mejorar la colaboración transfronteriza.
Judit Alonso | WWF
