Los grupos ecologistas analizan la reforma de la Ley de Costas

Esta mañana las ONG Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España se han reunido con una delegación del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, con motivo de su visita a España para investigar la relación entre la reforma de la Ley de Costas y el informe del propio comité, de 2009, sobre el desarrollo urbanístico en el litoral español (conocido como el ‘Informe Auken’).

Las ONG han insistido en los siguientes puntos:

§ La reforma de la ley crea más inseguridad jurídica, no menos, como insiste el gobierno;

§ Al legalizar construcciones ilegales y reducir la zona de servidumbre a proteger, la reforma desprotege la costa en lugar de ofrecer más protección;

§ El proyecto de ley, promovido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, no tiene en cuenta las recomendaciones para mejorar la protección del litoral, publicadas por la Agencia de Evaluación y Calidad, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas;

§ La ley es absolutamente irresponsable dada la alta vulnerabilidad del litoral español ante las consecuencias del cambio climático en el siglo XXI, identificadas por numerosos estudios científicos y la reconocidas por la propia Oficina de Cambio Climático del gobierno;

§ El gobierno no ha sido transparente con la sociedad civil. En cambio, la cartografía y redacción detalladas del proyecto de ley ante el Congreso indican que es una ley hecha a medida para favorecer determinados intereses políticos, económicos y urbanísticos y se han favorecido deliberadamente estos intereses particulares en lugar de fomentar la transparencia y velar por el interés general.

A su vez, la delegación de tres eurodiputadas ha expresado su indignación y asombro ante la reforma de la ley y la utilización interesada y parcial del ‘Informe Auken’ en la Exposición de Motivos de la misma. Asimismo, el Comité ha indicado su preocupación por los siguientes puntos:

§ La falta de racionalidad en la selección de las zonas a proteger en diez municipios específicos;

§ La irresponsabilidad del gobierno ante las previsiones del cambio climático y el gasto adicional para los contribuyentes que supondrá proteger zonas urbanas en el litoral;

§ La evidente movilización de intereses económicos ante la previsible aprobación de la nueva ley en los próximos días indica que ley no mejorará la protección de la costa, sino al revés;

§ Al legitimar de manera retroactiva un modelo urbanístico insostenible, ilegal y antiestético, la nueva ley desincentiva el turismo de calidad que se pretende fomentar en España.

En conclusión, el Comité ha invitado a las ONG a comparecer en una próxima sesión y, si la reforma de la ley se aprueba sin cambios sustanciales, solicitará una comparecencia de la Comisión Europea y las autoridades españolas para investigar los múltiples incumplimientos de derecho comunitario

Coral García | WWF

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