Los gobiernos de la UE prohíben los abusos empresariales contra el medio ambiente y los derechos humanos

WWF España celebra que los Estados miembros de la Unión Europea hayan dado hoy un paso decisivo para hacer justicia respecto a las comunidades y ecosistemas afectados por las prácticas nocivas de las empresas en toda su cadena de valor al aprobar oficialmente la Directiva de Diligencia Debida para la Sostenibilidad Corporativa (CSDDD).

A partir de 2027, las grandes empresas que operan en la UE estarán obligadas a identificar, prevenir, minimizar y poner fin a las violaciones de los derechos humanos y los daños medioambientales en sus operaciones globales y cadenas de suministro. También deberán desarrollar e implementar objetivos climáticos y planes de transición para alinear su estrategia y modelos de negocio con el objetivo de 1,5°C fijado por el Acuerdo de París.

«El respaldo de la ley por parte de los gobiernos de la UE es un testimonio de la importancia de las prácticas empresariales responsables. Las empresas ya no pueden omitir los daños a la sostenibilidad a los que contribuyen con su actividad, y las comunidades afectadas finalmente obtendrán protecciones cruciales», ha dicho Uku Lilleväli, Oficial de Políticas de Finanzas Sostenibles en la Oficina de Política Europea de WWF.

«El reto ahora es garantizar que la ley se traduzca en mejoras tangibles para los más vulnerables. Implantar el principio de «no hacer daño» en la cultura empresarial exige que las empresas lo consideren una responsabilidad fundamental, no un mero ejercicio de marcar casillas, y que los afectados conozcan y puedan ejercer sus derechos. El éxito de la ley también depende de que los países de la UE la adopten, apliquen y hagan cumplir rigurosamente, y de que la Comisión Europea proporcione orientaciones claras a las empresas, las autoridades nacionales y las comunidades afectadas», ha añadido.

A pesar de su importancia, la norma también presenta considerables deficiencias que limitan todo su potencial y requieren atención urgente. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, permitir que las instituciones financieras ignoren las cuestiones de sostenibilidad en sus decisiones financieras, el reducido alcance de las cuestiones medioambientales que deben abordar las empresas y la aplicabilidad de la ley únicamente a las empresas muy grandes.