La reforma de la ley del suelo, consolidaría la desprotección medioambiental.

Decenas de abogados ambientalistas debatirán este sábado, junto a jueces y fiscales, sobre la problemática de la ejecución de las sentencias en materia ambiental y urbanística en el marco de una jornada, de carácter estatal, organizada en Madrid por el Área Jurídica de Ecologistas en Acción.

Los expertos en derecho medioambiental advierten de que cada vez más sentencias que declaran nulos proyectos de gran incidencia ambiental resultan difíciles o imposibles de ejecutar. Así ha sido el caso de las sentencias sobre la autovía M-501 y sobre la M-30 en Madrid, el proyecto urbanístico de Marina de Valdecañas en Extremadura o del Algarrobico en Andalucía.

El problema es que como los procesos contencioso administrativos tardan en resolverse de 4 a 6 años, cuando la sentencia declara nulo el proyecto la urbanización o la obra ya se ha construido. En estos casos, aunque las normas procesales establecen mecanismos para hacer cumplir las sentencias y demoler, por ejemplo, lo construido, los jueces no exigen no llevan hasta el final el trámite de ejecución. Estos casos, además, se hacen más complejos al dictarse sobre los diferentes actos administrativos del procedimiento de aprobación varias sentencias de tribunales diversos.

Estas dificultades podrían paliarse si los tribunales accedieran a imponer medidas de paralización de las obras como medida cautelar. Pero cuando las organizaciones ecologistas obtienen alguna resolución judicial de este tipo, se les suele imponer fianzas millonarias que hacen inviable dicha paralización. En el caso de la M-501 citada la fianza que el TSJ de Madrid pidió depositar a Ecologistas en Acción fue de medio millón de euros. En el de Marina de Valdecañas la fianza que impuso el TSJ de Extremadura fue de 41 millones de euros.

En el ámbito penal las sentencias de condena por delitos urbanísticos tampoco dan lugar a una demolición en la gran mayoría de los casos. Aquí interviene, entre otros problemas procesales, la dificultad de delimitar quién es la administración (Ayuntamiento o Consejería de urbanismo) encargada de proceder a la ejecución sustitutoria, si no lo hace el propietario condenado a ello.

Los abogados ecologistas mantienen que la normativa ambiental y urbanística protege bienes colectivos presentes y futuros de enorme transcendencia, que no pueden supeditarse a proyectos económicos o de infraestructuras, que también tienen una notable motivación económica.

Éstos también consideran, que la anunciada reforma de la ley del suelo que está preparando el Gobierno es un cañonazo a la línea de flotación de la legalidad urbanística. De aprobarse esta reforma se establecería una amnistía urbanística que supondría la impunidad de muchos de los que han construido ilegalmente durante la burbuja inmobiliaria.

Cita: Centro El Coloso de la C/ Leganitos 15

Jaime Doreste | Ecologístas en Acción