La constructora Sacyr participó en obras de rehabilitación de una vía en la que no hubo consulta previa y ha dejado 13.800 hogares más empobrecidos.
Alianza por la Solidaridad exige al nuevo Gobierno medidas efectivas para que las empresas españolas no vulneren derechos humanos y ambientales en países en desarrollo.
La rehabilitación de una vida férrea por la empresa constructora española Sacyr en Mozambique, el octavo país más pobre del mundo, ha causado un grave deterioro en las condiciones de vida y ambientales de 46.000 personas, poniendo una vez más de manifiesto que las inversiones de empresas españolas en el extranjero no cumplen siempre con unos derechos humanos básicos como se señala en el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos. El caso sale a la luz gracias a la investigación realizada por un equipo de Alianza por la Solidaridad, organización que trabaja con la población del país africano desde hace más de 20 años.
Alianza por la Solidaridad lanza hoy una campaña de recogida de firmas para exigir a la nueva ministra de Comercio, Industria y Turismo, Reyes Maroto, que inversiones como ésta, que se incluye dentro de la campaña TieRRRa (destinada a promover inversiones privadas Rentables y Responsables con los Recursos) no se repitan en el futuro. El objetivo es conseguir que se cumpla el Plan de Acción Nacional aprobado hace un año y que ha tenido muy poca repercusión.
El caso de Sacyr es un ejemplo de impactos negativos en las poblaciones más empobrecidas a raíz una gran inversión. La gran constructora española consiguió en 2013 la adjudicación de una obra de ampliación y la rehabilitación de un tramo en una línea férrea por un importe de 177 millones de euros: cerca de 600 de los 912 kilómetros de vía totales. El objetivo era posibilitar el transporte de carbón entre una mina del interior (en Moatizce) y el puerto costero de Nacala.
La obra de Sacyr, según la investigación de Alianza por la Solidaridad, ha perjudicado a 7.654 de los 13.820 hogares afectados en total. De ellos, hay 711 familias que se han quedado sin vivienda y han sido desplazados y 800 que han sufrido daños físicos y empobrecimiento. Muchos miles han perdido además tierras de cultivo.
Una vez en marcha esta línea minera (aunque también pasan trenes de mercancías y pasajeros, son minoría), se ha constatado el deterioro de las condiciones de vida de 83.000 personas, más 46.000 en el área de las obras de Sacyr. El informe indica que los trenes de la mina llegan a alcanzar los 70 km/h, que tiene hasta 120 vagones, lo que alarga el tiempo de paso de los convoys (hasta 17 diarios) y que reciben un trato prioritario de paso respecto a los que usa la población.
El primero de los impactos ha sido la inseguridad. En los 912 kilómetros de vías, sólo se han construido cuatro pasarelas elevadas peatonales, dos en la ciudad de Nampula, lo que obliga a cruzar por sitios muy peligrosos causando numerosos atropellos. Tampoco se han construido barreras físicas de protección ni pasos subterráneos, ni apeaderos. A ello hay que añadir los daños en la salud, dado que el mineral se transporta en vagones sin ningún tipo de cubierta, desprendiendo una nube de polvo que genera afecciones en las vías respiratorias y destruye los cultivos próximos a las vías.
SIN CONSULTA NI COMPENSACIONES
La inversión de la empresa española Sacyr no tuvo en cuenta que no se había efectuado ninguna consulta, previa, libre e informada a la población. Ni las autoridades ni las empresas ofrecen constancia escrita de consultas comunitarias.
Según la empresa gestora de la línea, CLN, se ha reasentado a 1.600 familias, pero Alianza por la Solidaridad ha constatado que no se ha cumplido la obligación de hacerlo con mejores o iguales condiciones a las ya tenían las familias. Tampoco se han realizado las compensaciones económicas que marca la ley mozambiqueña, generando un empobrecimiento general de los afectados.
Como en otras investigaciones de TieRRRa, se han detectado amenazas contra líderes que se han posicionado contra del abuso de las empresas, llegando al extremo del asesinato de figuras políticas (el alcalde de Nampula y líder opositor Mahamudo Amurane, en octubre de 2017) y de la sociedad (el catedrático Gilles Cistac, en 2015), que habían denunciado la corrupción en este proyecto.
PETICIONES DE ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
Dado que en este caso la obra ya está terminada, Alianza por la Solidaridad lanza una campaña de concienciación y denuncia para pedir a la nueva ministra de Comercio, Industria y Turismo, Reyes Maroto, que garantice con medidas efectivas la puesta en marcha del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas aprobado hace un año y que, entre otras cosas, la Administración y organismos públicos encargados de promover y facilitar la internacionalización de las empresas españolas actúen en las siguientes líneas:
1. Realizar análisis y estudios sobre la situación de los derechos humanos en los países donde se promuevan inversiones españolas.
2. Garantizar que se han realizado o se realizan consultas previas e informadas a las poblaciones afectadas por las actividades empresariales, como establece el convenio 169 de la OIT.
3. Comprobar que las empresas españolas hacen estudios de impacto social y ambiental, con perspectiva de género, en las poblaciones afectadas además de compensarles de los efectos negativos
4. Financiar únicamente proyectos que incorporen el respeto y vigilancia de los derechos humanos y los recursos naturales.
Puedes acceder a toda la información y el dossier del caso aquí
Rosa M Tristán
