Amigos de la tierra reivindica políticas de apoyo a la agricultura campesina

  • La organización se suma a la carta abierta de la Vía Campesina para reclamar a las instituciones una Europa con más campesinos que practiquen la agroecología y solicitar
  • Amigos de la Tierra recuerda el papel crucial de la agricultura campesina y de la soberanía alimentaria para abordar algunos de los problemas mundiales más acuciantes y recuerda los efectos que la pandemia COVID-19 está teniendo sobre el campesinado y, por extensión sobre la salud, la alimentación y la vulnerabilidad de millones de personas en todo el mundo.
  • Ambas entidades denuncian cómo las políticas y acuerdos nacionales e internacionales siguen en dirección contraria a lo que este sector necesita como demuestra la negociación de la PAC en la UE y el avance de las negociaciones del Tratado UE-Mercosur.

Hoy, 17 de abril se celebra el Día Internacional de la Lucha Campesina en una Europa donde la agricultura campesina representa la mayor parte de las explotaciones agrarias y en un momento histórico en el que, tras más de un año del comienzo de la pandemia por la COVID-19, las personas campesinas siguen siendo uno de los sectores que más desproporcionadamente sufren sus impactos.

La agricultura a pequeña y mediana escala sigue siendo una de las prácticas más desarrolladas en Europa. Según los informes publicados en 2015 y 2016, el 97% de las granjas europeas eran de una extensión menor a 100 ha y el 69%, de menos de 5 ha (1 y 2). Sin embargo, las políticas europeas no establecen medidas coherentes ni alineadas con las necesidades de la agricultura campesina, de sus trabajadores y del desarrollo un sistema alimentario sostenible que garantice alimentos saludables para toda la población, estimule las zonas rurales y preserve la diversidad territorial, biológica y cultural.

En una carta firmada por organizaciones de personas agricultoras, académicas y organizaciones ecologistas, entre las que se encuentra Amigos de la Tierra, la Vía Campesina, movimiento internacional que reúne a millones de personas campesinas, agricultoras pequeñas y medianas, sin tierra, juventud y mujeres rurales, indígenas, migrantes y personas trabajadoras agrícolas de todo el mundo, ha solicitado a las instituciones “Una Europa con más personas campesinas” y ha pedido a la Unión Europea una revisión de su política comercial para “asegurar que desarrolla políticas públicas que mejoren los sistemas alimentarios en materia de calidad, seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental, inclusión social y desarrollo rural” (3).

Amigos de la Tierra, por su parte, recuerda el papel crucial de la agricultura campesina y de la soberanía alimentaria para abordar algunos de los problemas mundiales más acuciantes y pone de manifiesto cómo las medidas políticas adoptadas a nivel nacional y global frente a la COVID19 siguen teniendo un grave impacto en el sector agroalimentario, en la vida de los campesinos y campesinas y, por extensión en millones de personas en todo el mundo.

“La agricultura campesina es esencial para abordar las crisis que enfrentamos y el devastador impacto que la COVID19 está teniendo en el sector supone un peligro para miles de millones de personas en todo el mundo” ha declarado Andrés Muñoz, responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra. “Un número cada vez mayor de personas están teniendo que reducir la cantidad y la calidad de los alimentos que consumen. Se calcula que dos mil millones de habitantes del planeta, el 25,9% de la población mundial, no tiene en la actualidad acceso regular a alimentos nutritivos y suficientes. Si cada vez hay más personas con menos acceso a una alimentación sana y el campesinado se encuentra en una mayor situación de precariedad y vulnerabilidad, el problema está claro: las políticas alimentarias no están defendiendo los intereses de las personas.”

En diciembre de 2019, fueron asignados nuevos presupuestos para la Política Agrícola Común de la UE durante el periodo 2021-2027, presupuestos que fueron criticados por organizaciones como Amigos de la Tierra por ir en dirección contraria a la transición hacia un modelo agrícola más justo y alineado con las recomendaciones de la ciencia para evitar la emergencia climática y las crisis como la actual pandemia COVID19.

La Vía Campesina pide a la UE que deje de favorecer el modelo de producción agrícola industrial a gran escala que perjudica a las pequeñas y medianas granjas y cumpla con sus promesas en el marco del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la UNDROP, aplicando la PAC, el Pacto Verde y, en particular, la Estrategia de Biodiversidad, la Estrategia «De la granja a la mesa» y la Ley Europea del Clima.

Amigos de la Tierra señala también la negociación que la UE ha mantenido sobre el Acuerdo comercial con los países del MERCORSUR definido como un tratado diseñado para “vender la salud, a las personas y al planeta”.

“La emergencia alimentaria propiciada y acelerada por la pandemia de la COVID-19 parece marcarnos el camino a la necesidad de una apuesta decidida hacia sistemas alimentarios locales, que deben ser apoyados por los gobiernos municipales, estatales y supranacionales, como la Unión Europea” ha señalado Andrés Muñoz. “Es el momento de prescindir de acuerdos comerciales como el de la UE-MERCOSUR y apostar decididamente hacia una transformación radical y urgente de la forma en que se producen y distribuyen los alimentos. Los apoyos económicos, como los de la PAC, deben ir en esa línea. No hay más tiempo que perder, vivimos una emergencia sanitaria, social, climática y medioambiental sin precedentes que requiere respuestas comprometidas con el planeta, con las personas campesinas y con el conjunto de la sociedad”.

La mala gestión de Ecoembes cuesta a los ayuntamientos casi 1.700 millones de euros al año

  • Una nueva investigación revela los costes para las arcas municipales de la recogida, tratamiento y eliminación de los envases de la fracción resto (cubo gris)
  • Estos costes ocultos, que Ecoembes y Ecovidrio están dejando de pagar, son asumidos por la ciudadanía a través de los ayuntamientos
  • La nueva ley de residuos estatal debería incluir los sistemas de devolución y retorno de envases

Las organizaciones Rethinking, Observatorio de Residuos y Greenpeace han hecho público un estudio (1) que descubre el coste real que están asumiendo los ayuntamientos españoles por la gestión que hacen Ecoembes y Ecovidrio de sus residuos de envases. Esto supone una deuda, que asumen todos los años los Entes locales (los municipios, las provincias y las islas), de más de 1.700 millones de euros en total, 1.699 M€ responsabilidad de Ecoembes y 21 M€ de Ecovidrio.

El análisis, Los costes ocultos de la mala gestión de los residuos de envases, realiza una aproximación sobre la repercusión económica que provoca en las arcas municipales los envases que se encuentran en la fracción resto (cubo gris o todo mezclado). Esto evidencia el fracaso del modelo de recogida selectiva actual que, además de ineficiente, es muy costoso para la ciudadanía. Los envases ligeros y de papel-cartón (ambos gestionados por Ecoembes) o de vidrio (gestionados por Ecovidrio) contenidos en el cubo gris o de mezcla, no solo presentan una mayor dificultad para su recuperación, sino que ocasionan unos enormes costes, que al no ser reconocidos como propios por Ecoembes y Ecovidrio, terminan siendo asumidos y pagados por las Entidades locales.

“Gracias a esta investigación por fin tenemos una radiografía que nos aproxima más a la realidad de los costes ocultos que Ecoembes está dejando de pagar y que está asumiendo la ciudadanía. En un futuro tanto Ecoembes como Ecovidrio deberán incrementar considerablemente los recursos destinados a financiar la gestión de los residuos contenidos en la fracción resto, y dejar de boicotear alternativas que podrían mejorar la situación como son los sistemas de devolución y retorno de envases. Por ello, es importante que la nueva ley de residuos incluya estos sistemas” ha declarado Julio Barea responsable de la campaña de residuos de Greenpeace.

La dejación en la gestión que Ecoembes hace de sus envases (ligeros y papel cartón) a nivel estatal, desde hace dos décadas, hace que estos tengan que ser costeados por los ayuntamientos con dinero público. De esta manera, la ciudadanía está pagando de media de su bolsillo 36,15 euros cada año por este motivo, cantidad que asciende a 36,59 euros por año si incluimos la gestión de los envases de vidrio gestionados por Ecovidrio. Sobrecostes que, por ley, deberían pagar Ecoembes y Ecovidrio pero que no lo están haciendo.

Para el estudio se han analizado los costes de la gestión de residuos municipales de España (3.540 M€), tomando como referencia 2018, el último año en el que existen datos de producción de residuos publicados por el INE (Instituto Nacional de Estadística). De esta cantidad, el 67,6% (2.393 M€) recae sobre la gestión de la fracción resto. Esta fracción está compuesta, según caracterizaciones llevadas a cabo por el antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Medio Ambiente (MAPAMA) por una gran cantidad de materiales reciclables, principalmente envases (estos suponen el 26,2% en peso y el 72,9% en volumen de nuestro cubo de la basura).

“El importante volumen que suponen los envases respecto al resto de residuos que se generan en los domicilios exige un elevado número de contenedores en la calle, lo que incrementa los costes de recogida. Del mismo modo, las plantas de tratamiento se dimensionan para poder tratar estos ingentes volúmenes de envases. Todo ello genera unos elevados costes relacionados con la gestión de los envases que no están asumiendo ni Ecoembes ni Ecovidrio.” asegura Francisco Peula, presidente de la ONG Rethinking, Observatorio de Residuos.

Tanto Ecoembes como Ecovidrio, niegan tener la obligación legal de hacerse responsables de los envases que no se recojan en los contenedores amarillo, azul y verde. Actualmente se limitan a sufragar, mediante incentivos para la recuperación de algunos envases de la fracción resto, una pequeña cantidad de los costes generados por la gestión de estos envases, mientras que el grueso de costes de recogida y tratamiento se sufraga con los impuestos que paga la ciudadanía. Pero con el Anteproyecto de Ley de Residuos (actualmente en trámite parlamentario), Ecoembes y Ecovidrio deberían hacerse cargo de la totalidad de los costes de la gestión de residuos de envases, independientemente del contenedor donde se recojan.

Una alternativa y mejora sustancial en la gestión de los residuos de envases, sería disponer de un sistema de devolución retorno de envases (SDDR). De esta manera no llegarían al cubo de resto, tirados en calles o en el medioambiente. El coste del sistema, para las arcas públicas y la ciudadanía, es cero. Sin embargo, Ecoembes junto a la gran distribución, siguen presionando y bloqueando que este sistema no se implante en España. El motivo de su negativa, no es otro que el sistema se financia con el dinero que pagan las marcas que fabrican y venden envases y que son quienes se lucran por estas ventas. El SDDR ya funciona con éxito en más de 40 países y regiones del mundo y sigue implantandóse en más lugares como Portugal y Reino Unido.

(1) Informe completo AQUÍ


Marta San Román | Greenpeace 

El 74% de la población no quiere volver a la contaminación

  • Una encuesta europea muestra que un 74 % de la ciudadanía española no quiere volver a los niveles de contaminación previos al confinamiento.
  • Más del 80 % de las personas encuestadas apoyan medidas como la restricción de entrada de coches en las ciudades o un reparto del espacio público más favorable a viandantes, ciclistas y transporte público.
  • Las medidas higiénicas son un punto clave para recuperar el uso del transporte público, al que volverían el 86 % de personas encuestadas.

Una clara mayoría de la población de las grandes ciudades españolas no quiere volver a sufrir los niveles de contaminación previos a la pandemia. Es lo que se deduce de una encuesta realizada por YouGov en 21 ciudades europeas, cuyos datos para España ha analizado Ecologistas en Acción.

Durante el confinamiento en el Estado español los niveles de contaminación bajaron un 58 %, alcanzándose los niveles más bajos de la serie histórica, según un informe de Ecologistas en Acción. En China, donde la desescalada ha sido más temprana, ya se ha registrado una vuelta a los niveles de contaminación anteriores a la crisis, además de serios problemas de atascos.

En la encuesta  que YouGov publica hoy, el 74 % de las personas entrevistadas en el Estado español afirman que no quieren volver a los niveles de contaminación previos al confinamiento. Un porcentaje mayor (83 %) apoya medidas de reasignación del espacio urbano, cediendo espacio para viandantes, bicicletas y transporte público.

Unas cifras similares (el 82 %) representan a las personas que creen que las ciudades deben tomar medidas de restricción de tráfico a nivel local, como Zonas Cero Emisiones, para reducir la contaminación. Esto apuntaría a que hay un gran apoyo social a propuestas como las de la campaña Confinemos los coches, recuperemos nuestro espacio desarrollada por Ecologistas en Acción.

Nuria Blázquez, coordinadora de Transporte de Ecologistas en Acción, ha declarado: “La gente quiere continuar respirando aire limpio. La encuesta deja claro lo que ya intuíamos, tenemos que recuperar el espacio para las personas para recuperar el aire limpio”.

Respecto al transporte público, la clave reside en la higiene para el 64 % de las personas que solían usarlo, que afirman que continuarán desplazándose en autobuses, trenes, metros y tranvías si se ofrecen suficientes medidas de higiene para prevenir contagios de COVID-19. Mientras, un 22 % afirma que volverá al transporte público en cualquier circunstancia y un 11 % cree que dejará de usarlo.

Para Nuria Blázquez la encuesta deja claro que hay que trabajar en medidas que aseguren la higiene y devuelvan la confianza en el transporte público. “También es importante recordar que los rastreos masivos de contagios en Japón no encontraron evidencias de contagios relacionados con el transporte público. Parece que la poca interacción que se produce en estos medios contribuye a que sean seguros”, ha matizado.

La encuesta ha sido realizada por Transport & Environment y Plataforma por la Salud Pública Europea (EPHA) entre el 14 y el  21 Mayo de 2020. Se han encuestado a 7.545 personas adultas con edad para votar de Italia, España, Alemania, Francia y el Reino Unido y ofrece resultados homogéneos entre personas de distinta clases social, poder adquisitivo, edad y género. En España las encuestas se realizaron a personas residentes en Madrid y Barcelona.

Cambios en la movilidad de las ciudades

Ante esta situación, algunas ciudades ya han reaccionado: París pondrá en marcha más de 1.000 km de nuevas vías ciclistas, Milán lo hará con 35 km y Londres cuenta con un ambicioso plan peatonal y ciclista. En España, Barcelona está poniendo en marcha 21 kilómetros de carriles bici, Logroño cuenta con el plan ‘Logroño Calles Abiertas’ y Valladolid  con un plan de transición a una nueva movilidad.

Sin embargo, las medidas son en general tímidas e insuficientes para que se produzcan los cambios profundos que demanda la ciudadanía. Como señala Ecologistas en Acción, es necesaria una apuesta firme desde todas las administraciones para que se produzcan estas transformaciones.

Es importante resaltar que a nivel estatal solo se ha anunciado financiación para apoyar el transporte público. Todavía no ha habido referencias a un apoyo a planes de infraestructuras ciclistas y peatonales que sí existen en otros países de nuestro entorno como Francia o Reino Unido.

A nivel europeo, la Comisión Europea ha desvelado un plan de recuperación de 1,85 billones de euros para remontar la economía herida por la pandemia. La propuesta incluye un objetivo de gasto del  25 % en acciones por el clima y resalta la prioridad de inversiones en movilidad ciclista, estaciones de carga y vehículos sostenibles.

La contaminación es el principal riesgo medioambiental en Europa y en España, de acuerdo con la AEMA. Causa 30.000 muertes al año en el Estado español y afecta a la práctica totalidad de la población española. La EPHA ha advertido, además, que las personas que viven en ciudades contaminadas tienen más riesgo de sufrir la COVID-19. El origen de este problema en nuestras ciudades se encuentra principalmente en las emisiones originadas por el tráfico rodado.

Nuria Blázquez Sánchez | Ecologistas en Acción

Condenados dos cazadores por matar a un lobo en Ávila

  • El Juzgado de lo Penal nº 1 de Ávila condena a los dos cazadores que mataron un lobo en una cacería en esta provincia en 2015.
  • Ha quedado demostrado que el pasado 29 de noviembre se mató un lobo de manera ilegal, una especie estrictamente protegida, en una montería en Ávila.
  • También se ha demostrado que se permitió participar en una montería a un cazador sin licencia de caza.

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Ávila considera probados los hechos que se denunciaban. Dos varones, uno de ellos sin licencia de armas en aquel momento, participaron en una montería el pasado 29 de noviembre de 2015 en el municipio de Tornadizos (Ávila), desde el puesto número 15 efectuaron disparos contra el menos un ejemplar de lobo ibérico, especie estrictamente protegida en esa provincia, causándole la muerte de manera por tanto ilegal, reconocida por este juzgado.

Se les imputaba un delito contra la fauna y además, a uno de ellos, un delito por tenencia ilícita de armas. Ambas cuestiones han sido claramente demostradas en el juicio, a pesar de la negativa por parte de los acusados y de la “falta de memoria” de los testigos. Existían también pruebas fotográficas del lobo abatido, documentales, genéticas, balísticas y testificales del resto de cazadores participantes en la montería, además de un excelente trabajo de la Guardia Civil de investigación.

Cabe recordar que la Fiscalía de Ávila renunció a ejercer la acusación pública y que gracias a las acusaciones particulares de Ecologistas en Acción, Anadel y Lobo Marley se ha podido llegar a esta sentencia condenatoria ejemplar.

Todas las pruebas e indicios han demostrado los hechos denunciados y, por tanto, el Juzgado de lo Penal nº 1 de Ávila ha condenado a los imputados. Ambas condenas se ajustan a derecho e incluyen la prohibición de cazar durante tres años, indemnización económica y el pago de las costas procesales, y a uno de ellos a seis meses de prisión por tenencia ilícita de armas.

Ecologistas en Acción se felicita por el fallo, la primera sentencia condenatoria por la caza ilegal de un lobo en España. Supone una sentencia histórica para la caza ilegal del lobo. La organización ecologistas espera que sirva de motivación para perseguir este tipo de casos y comience a salir a la luz la grave situación de furtivismo que sufre la especie. Que se suma a la enorme presión que aplica la Junta de Castilla y León con el llamado “control de poblaciones” que ejerce sobre la especie.

A pesar de que la caza ilegal es un problema de primera magnitud para la especie, resulta muy difícil su persecución. Son pocos los casos que se judicializan por la dificultad de recoger pruebas incriminatorias, así como por la escasa atención que se presta a la persecución de este tipo de delitos. Con su actuación en el juicio Ecologistas en Acción quiere dejar palpable la gravedad de dar muerte a una especie protegida como el lobo y que así ayude a prevenir las muertes de lobos en el futuro como medio para recuperar las poblaciones de esta especie amenazada.

Miguel Ángel Hernández

El traslado de la COP a 2021 no debería implicar inacción ante la emergencia climática

Greenpeace exige que el traslado de la COP a 2021 no implique la inacción ante la emergencia climática, más urgente que nunca

En respuesta al anuncio oficial del traslado de la Cumbre Internacional del Clima (COP26) al 1-12 de noviembre de 2021 en Glasgow, Greenpeace entiende que es inevitable retrasar la reunión debido a la pandemia, pero exige que no se posponga la agenda política para actuar con urgencia ante la emergencia climática.

“En este momento, los verdaderos líderes deberían redoblar sus esfuerzos para asegurar una recuperación verde y justa en la gestión de esta crisis sanitaria y la emergencia climática. Sólo los gobiernos que se guían por la ciencia y son sensibles a las personas más vulnerables para hacer frente a la pandemia estarán preparados para contribuir a la enorme acción colectiva mundial necesaria para hacer frente al cambio climático”, ha declarado Jennifer Morgan, directora de Greenpeace Internacional: “Para la COP26, esperamos que los gobiernos acudan a la cita con las lecciones aprendidas tras la pandemia, guiados por la ciencia, preparados para actuar inequívocamente y unidos para abordar la emergencia climática y poner fin a la era de los combustibles fósiles”.

La crisis sanitaria debido al coronavirus ha puesto de manifiesto la importancia de trabajar de manera coordinada a nivel internacional. Greenpeace recuerda que para hacer frente al cambio climático, son igual de necesarias la cooperación internacional y el liderazgo político.

“Es un momento único para asegurar que las medidas para la reconstrucción económica que toman los estados tras la crisis sanitaria responden a la necesidad de solucionar la crisis climática y construir unas sociedades más resilientes a las crisis ambientales que generen y mantengan millones de empleos y tengan en su base la solidaridad con las personas más afectadas”, ha declarado Mario Rodríguez, director de Greenpeace España

Contexto nacional y europeo

La semana pasada se aprobó en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética, una ley fundamental para asegurar que la salida de la crisis de la covid se apoya en las medidas necesarias para afrontar la emergencia climática. Sin embargo, el objetivo de reducción de las emisiones de CO2 que propone esta ley de sólo el 20% en 2030 no está alineado con las recomendaciones científicas.

Greenpeace, atendiendo a las recomendaciones basadas en la ciencia de Naciones Unidas, considera que este objetivo debe elevarse al 55% en 2030 respecto a 1990 y alcanzar el cero neto en 2040. Además debe incluirse la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y a todos los sectores que perjudican el clima, así como establecer el marco legislativo necesario para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en otros sectores clave como el financiero, agroalimentario, turismo, gestión de residuos o industria, además de energía y transporte, dada su importante contribución a las emisiones nacionales.

Desde Europa, durante los próximos meses se esperan avances en los compromisos climáticos con la aprobación de la ley de clima europea, la presentación de un análisis de la Comisión Europea que evaluará los beneficios de aumentar los objetivos de reducción de las emisiones y el plan para la reconstrucción económica tras la crisis sanitaria que deberá tener como eje vertebral la lucha contra el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad entre otras cosas.

“Ante la cancelación de la COP26 de este año, los Estados miembros deben seguir trabajando duramente y a todos los niveles en la mejora de sus objetivos climáticos para alinearlos con las recomendaciones científicas y abordar los cambios profundos necesarios en esta década para evitar los peores impactos del cambio climático. El momento es ahora”, ha concluido Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace.

Ana Martínez

La agricultura digital, segun Amigos de la Tierra, no es la solución a los problemas del campo en la UE

Los planes para reformar las políticas alimentarias y agrícolas, en particular la Política Agrícola Común (PAC), incluyen la digitalización como solución para una agricultura más respetuosa con el medio ambiente y los polinizadores. Sin embargo, un nuevo informe de Amigos de la Tierra Europa advierte que la agricultura digital, en lugar de beneficiar el clima y el medio ambiente, reforzaría aún más el dominio de las grandes corporaciones (1) sobre nuestro sistema alimentario.

El informe (2) demuestra que la agricultura digital liderada por grandes empresas no logra que nuestro sistema alimentario sea más resistente y, por lo tanto, no garantizará una agricultura más sostenible. La organización lanza un llamamiento a los decisores políticos para que el control de los datos recaiga en manos las personas que trabajan la tierra antes de allanar el camino para la agricultura digital a través de la PAC, y para que esta política agrícola garantice la transición hacia prácticas agroecológicas respetuosas con el medio ambiente y las personas.

La organización considera que las soluciones tecnológicas no abordarán la responsabilidad de los impulsores agrícolas en la grave crisis climática y de biodiversidad e incluso podrían acelerar la tendencia hacia una agricultura más industrializada y controlada por las grandes corporaciones. Las innovaciones que realmente se necesitan son el fomento de una producción local y de cercanía de alimentos y el impulso de la pequeña producción agroecológicay sostenible. Dicha innovación debería centrarse en la resiliencia climática y estar en manos de  la pequeña producción local agroecológica, que debe ser quien la lidere, en lugar de las grandes corporaciones.

En definitiva, el informe pide a los responsables políticos de la UE:

Proteger la propiedad y el control de  agricultores y agricultoras sobre sus datos acordando leyes estrictas similares a las existentes en los datos personales.
Utilizar la reforma de la PAC y la estrategia Farm to Fork para promover la transición justa a la agroecología, y orientar cualquier apoyo de la agricultura digital hacia este objetivo.
Aprobar leyes para limitar el control de las grandes corporaciones, tanto los agronegocios como los gigantes tecnológicos, sobre la agricultura digital y promover los datos de propiedad pública.
Fortalecer y potenciar la innovación de la pequeña agricultura familiar, como por ejemplo proporcionar  financiación a procesos participativos como plataformas de innovación dirigidas por el sector agrario o favorecer el  intercambio de conocimiento entre agricultores y agricultoras a nivel local y regional.

Andrés Muñoz Rico

22 de mayo, Día Internacional de la Biodiversidad

Greenpeace alerta del grave deterioro de la biodiversidad y señala algunas de sus principales amenazas

  • Un millón de especies se encuentran en peligro de extinción, una cifra sin precedentes
  • La deforestación en zonas tropicales está relacionada con la transmisión de enfermedades como la generada por el covid 19
  • Naciones Unidas alerta que la principal causa de pérdida de biodiversidad en el mundo, por encima de los impactos derivados del cambio climático, son los cambios en el uso del suelo
  • En España hay más de un millón de pozos ilegales

Con motivo del Día Mundial de la Biodiversidad, que se celebra mañana, Greenpeace recuerda que el planeta se enfrenta a una crisis sin precedentes que solo se podrá revertir atajando las causas que la han provocado.

El informe del IPBES (Panel Internacional de Expertos en Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos) de Naciones Unidas, publicado el año pasado por primera vez desde hace 14 años, señala que el impacto humano está causando una pérdida masiva de especies y arroja conclusiones aterradoras: un millón de especies se encuentran al borde de la extinción, una cifra sin parangón en la historia de la humanidad. De hecho, la desaparición de la biodiversidad global está ocurriendo mil veces más rápido que si ocurriera naturalmente.

“En plena crisis del covid 19, cabe recordar que los ecosistemas intactos proporcionan barreras naturales a enfermedades como ésta. El dinero público no debería invertirse en rescatar a las empresas más contaminantes sino a cuidarnos protegiendo la naturaleza, y a permitir la transición de las personas trabajadoras hacia empleos verdes, apoyando también una España rural que nos brinde lo que necesitamos para una vida sana”, ha manifestado Pilar Marcos, responsable de biodiversidad en Greenpeace España.

Ante la celebración del Día de la Biodiversidad, este año Greenpeace quiere destacar seis amenazas:

Aumento de deforestación = aumento de enfermedades

Si bien la pandemia del covid 19 puede parecer un evento único en este momento, no es una excepción: es solo la última de muchas enfermedades zoonóticas que han cruzado de animales a humanos, desde SARS a H1N1 (gripe porcina), de la gripe aviar al ébola. Las actuales dinámicas de destrucción de la naturaleza están detrás del salto de patógenos desde la fauna salvaje a los seres humanos, las conocidas como zoonosis. Así, los científicos han señalado que la deforestación en zonas tropicales ha estado entre los principales factores de transmisión de enfermedades y obliga a la comunidad internacional a poner fin a la expansión agrícola para la producción de materias primas (carne, soja, aceite de palma…) en países como Brasil o Indonesia. Esta realidad hace imprescindible nuevas políticas en la UE para impulsar el fin del comercio mundial de vida salvaje y también una política agroalimentaria que rompa la dependencia de estas materias primas.

Amazonas: una de las mayores concentraciones de biodiversidad del planeta amenazada

Según datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (INPE), en los primeros cuatro meses de 2020, las alertas de deforestación en tierras indígenas en la Amazonía brasileña aumentaron un 64%, en comparación con el mismo período del año pasado. Esto significa que 1.360 hectáreas de bosque, equivalentes a 1.865 campos de fútbol, fueron deforestadas dentro de los territorios indígenas de enero a abril de este año.

En los últimos cuatro años, se han descubierto 600 nuevas especies de plantas y animales en la Amazonía, a pesar de las dificultades con las que se encuentra la investigación en este país y los recortes de presupuestos que afectan a la ciencia y la conservación del medioambiente. Pero, desafortunadamente, muchas de estas especies solo se identifican cuando su hábitat y existencia ya están en grave riesgo, debido a la deforestación para expandir la frontera agrícola, la tala ilegal y el robo de madera, la minería y las obras de infraestructura. Estamos perdiendo riquezas que ni siquiera sabemos.

El peligro en los océanos

El 66% de los mares muestra una alteración severa por el impacto humano, lo que está provocando el declive en la cantidad y diversidad de vida marina. Sabemos más de la superficie de la luna que del fondo de los océanos. Entre 2000 y 2010, se censaron más de 6.000 nuevas especies desconocidas hasta la fecha en aguas abiertas. Esto indica hasta qué punto es desconocida la biodiversidad marina en alta mar. Precisamente, este sábado se celebra en todo el mundo el Día Mundial de las tortugas y Greenpeace advierte que seis de las siete especies de tortugas marinas están en peligro de extinción.

Los actuales mecanismos para proteger los océanos no están funcionando. A día de hoy, sólo el 3% de las aguas internacionales están protegidas y no hay instrumentos legales que permitan la creación de santuarios en aguas internacionales. Greenpeace reitera la necesidad de un Tratado Internacional de los océanos que proteja, como mínimo, el 30% de los océanos para 2030.

Polinizadores en declive

En el mundo existen más de 20.000 especies de abejas conocidas. Junto con muchos otros polinizadores, desarrollan un papel vital para los ecosistemas y la seguridad alimentaria. Pese a su incuestionable importancia, sus poblaciones están en declive. Según el IPBES más del 40% de los polinizadores invertebrados, en particular abejas y mariposas, se enfrentan a la extinción, así como el 16,5% de los polinizadores vertebrados. En España, pese a que faltan datos detallados sobre el estado actual de conservación de los polinizadores, algo que debería solucionarse con urgencia, “la información disponible para invertebrados muestra resultados alarmantes, puesto que la mitad de las especies estudiadas están amenazadas.”

La UE está dando pasos importantes en su protección, desde la prohibición de algunos plaguicidas hasta la Iniciativa de Polinizadores o la Estrategia de Biodiversidad publicada esta semana. Pero falta pasar de las palabras a los hechos y una acción coordinada a nivel mundial. Cabe recordar que España es uno de los países de la UE que más plaguicidas utiliza y que sólo un 9,3% de su superficie agrícola es de agricultura ecológica.

Destrucción de políticas ambientales con la excusa de la reactivación post-covid

Naciones Unidas alerta que la principal causa de pérdida de biodiversidad en el mundo, por encima de los impactos derivados del cambio climático, son los cambios en el uso del suelo. Y, precisamente en nuestro país, Greenpeace ha alertado de que diversos gobiernos autonómicos están aprovechando el amparo de la reactivación económica post-covid, para promover la construcción sin suficiente evaluación ambiental, lo que tendrá negativas consecuencias ambientales, sociales, económicas y de salud pública.

El colapso ecológico del Mar Menor, en grave peligro desde hace décadas a pesar de ser un enclave único por su biodiversidad, es un buen ejemplo de estas dinámicas: primar el beneficio privado empresarial no genera mayor riqueza y bienestar para la sociedad. Al contrario, los problemas ambientales que se originan, repercuten sobre diversos sectores socioeconómicos, generando un perjuicio colectivo mayor.

También el adelgazamiento normativo realizado por la Junta de Andalucía promueve un modelo económico y territorial basado en ladrillo, golf y turismo. Una serie de proyectos urbanísticos que, por su tamaño o su ubicación en enclaves de alto valor ambiental y paisajístico, son un peligro para la biodiversidad y los ecosistemas andaluces como son los proyectos urbanísticos del Pinar de El Palmar o Valdevaqueros en Cádiz, o la playa de Maro – Nerja en Málaga.

La frágil situación de la España rural (agua y fuego)

España ha apostado históricamente por una política hídrica destinada a cubrir cualquier demanda por insostenible que sea. Así, en la actualidad y según los datos de Greenpeace, existen más de un millón de pozos ilegales de los que se extrae anualmente el equivalente al que consumirían 118 millones de personas (más de 7.000 hm3/año). Las administraciones están mirando a otro lado mientras un recurso imprescindible para la vida es saqueado y utilizado para hacer negocio. Por otro lado y pese al alto riesgo de desertificación y a que la sequía es un fenómeno habitual en España, se ha apostado por una agricultura de regadío intensivo, sobredimensionada y no adaptada al clima mediterráneo, que consume casi el 85% del agua. Y la deficiente gestión hídrica no solo afecta a la cantidad, también a la calidad del agua. El 44% de las aguas superficiales y el 42% de las aguas subterráneas están en mal estado ecológico, y más del 20% de todos los ríos de España están catalogados como ‘muy modificados’. De hecho, Europa ha sancionado a España en varias ocasiones por el vertido de aguas sin depurar y recientemente ha abierto un procedimiento de infracción por el incumplimento de la Directiva de Nitratos. La contaminación por aguas residuales es, por su volumen e intensidad, el factor que más afecta a la calidad de las aguas continentales españolas.

Por otro lado, además del cemento mencionado anteriormente, los grandes incendios forestales son otros grandes responsables de la pérdida de ecosistemas. Según las estadística general de incendios, el 23,75% de la superficie forestal que ardió durante el decenio 2005-2016, lo hizo dentro de un área protegida. Los grandes incendios forestales contribuyen a disminuir los bienes y servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas, especialmente las masas forestales que proporcionan el mantenimiento de la diversidad genética, la conservación de fauna amenazada, la capacidad de generación de lluvias, la protección del suelo frente a la erosión…etc

La prevención de los grandes incendios forestales, por tanto, es clave para proteger la biodiversidad del territorio. Para ello, es fundamental reducir el riesgo de incendio tanto en la ignición (96% causas de origen humano) como en su propagación. Y en ese nuevo paisaje, es necesaria la dinamización del medio rural, con el fomento de la gestión forestal adaptativa al cambio climático, que haga a las masas forestales menos vulnerables al fuego.

Se hace también imprescindible la valorización de nuestros ecosistemas y el conocimiento de las perturbaciones que los afectan para poder prevenirlos y mitigarlos. La percepción del riesgo de la población sobre impactos como las inundaciones o los incendios cada vez más intensos por el cambio climático son ejemplos que protegen a la biodiversidad y a la población.

Pilar Marcos

Detener la pérdida de biodiversidad es esencial para protegerse de futuras pandemias

Coincidiendo con el Día Mundial de la Diversidad Biológica, Ecologistas en Acción reclama a las administraciones que, en los planes que se están elaborando para superar la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19, incorporen medidas que permitan detener la pérdida de biodiversidad.

El 22 de mayo se celebra el Día Mundial de la Diversidad Biológica. Su objetivo es poner en valor la importancia de los ecosistemas y los procesos que estos dan a la sociedad. 2020 se nombró “super año de la biodiversidad” por la ONU. Es también el año en que la comunidad internacional se enfrenta a las consecuencias de la pandemia provocada por la COVID-19. En este contexto, Ecologistas en Acción destaca que la biodiversidad es precisamente la mejor barrera natural para protegerse de este tipo de amenazas.

Las acciones humanas han tenido impactos muy significativos en más de tres cuartos de la superficie terrestre del planeta, destruyendo más del 85 % de los humedales y destinando más de un tercio de toda la superficie terrestre –y casi el 75 % del agua dulce– disponible a la producción agrícola y ganadera. Ha sido la actividad humana, especialmente los sistemas financieros y económicos mundiales bajo el paradigma del crecimiento económico a cualquier precio, la que ha causado la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y las últimas pandemias.

La destrucción de los ecosistemas, la expansión descontrolada de la agricultura, la deforestación desenfrenada o la cría intensiva de animales en granjas han facilitado la transmisión de enfermedades de la fauna a los seres humanos, causando un enorme impacto en muertes de personas. Si no se conserva la biodiversidad las futuras pandemias serán más frecuentes, puede que se propaguen de forma más rápida y que tengan una repercusión social y económica mayor.

Ante la necesidad de un compromiso político con la biodiversidad que vaya más allá del manifestado hasta la fecha, Ecologistas en Acción propone al Gobierno de España y a los diferentes gobiernos autonómicos las siguientes medidas:

1.  Blindar la legislación ambiental existente

La legislación actual, aunque insuficiente en algunos aspectos, ha demostrado ser positiva para las conservación del medio ambiente. Rebajar esta normativa para favorecer el crecimiento económico es un grave error que algunas administraciones autonómicas ya están proponiendo y que agravará los diferentes componentes de la emergencia ecológica y sanitaria.

2. Recuperación económica que fomente una transición ecológica justa

Es esencial que las medidas que se tomen en la lucha contra la actual pandemia no supongan un aumento del riesgo de que se produzcan nuevo brotes en el futuro.

3. Priorizar las medidas para detener la pérdida de biodiversidad

Las administraciones españolas han dado la espalda las últimas décadas al compromiso que España asumió de detener la pérdida de biodiversidad. Debido a la COVID-19, la necesidad de tomar medidas para detener la pérdida de biodiversidad es todavía mayor, ya que la naturaleza es la mejor defensa ante esta y futuras pandemias.

  • Intensificar la acción política contra la pérdida de biodiversidad a nivel estatal, europeo e internacional, presionando para que la Unión Europea lidere la correcta toma de decisiones en futuras cumbres como la COP26 de cambio climático y la COP15 de biodiversidad, y promoviendo y financiando iniciativas para la conservación y restauración de ecosistemas globales.
  • · Aprobar un plan de emergencia estatal para detener la pérdida de biodiversidad en territorio español. Este plan debería incorporar medidas concretas para cumplir los compromisos de las Metas de Aichi del Convenio de Diversidad Biológica y de la Estrategia Europea de Biodiversidad. Como objetivo prioritario las políticas sectoriales y el uso de fondos públicos deben estar condicionadas a la conservación de la biodiversidad, no contribuyendo a fomentar las causas que producen su pérdida.
  • Poner en marcha planes específicos coordinados entre el Estado y las Comunidades Autónomas de restauración de los ecosistemas degradados por la acción humana. Transformación de prácticas agrarias y de gestión forestal que compatibilicen producción con protección de la biodiversidad, a través por ejemplo del impulso decidido a la agricultura ecológica y la gestión forestal sostenible. Es decir, priorizar todas aquellas prácticas que favorecen la conservación y recuperación de los procesos ecosistémicos y, por tanto, suponen beneficios esenciales para la seguridad humana.
  • Por su riesgo potencial para la salud humana, se debe prohibir el comercio de especies silvestres independientemente de su estatus de conservación y reforzar herramientas ya existentes como el plan de acción español contra el tráfico ilegal y el furtivismo Internacional de especies silvestres.
  • Establecer una nueva fiscalidad ambiental que grave las actividades más dañinas con el planeta, de forma que esos recursos adicionales puedan ser utilizados a nivel estatal y autonómico para impulsar las inversiones en conservación del patrimonio natural: Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, así como invertir en restaurar ecosistemas degradados.

Theo Oberhuber

Organizaciones ambientalistas valoran positivamente la aprobación del anteproyecto de Ley de Cambio Climaico

  • Una ley de cambio climático y transición energética ambiciosa debe ser un elemento clave para la reconstrucción social y económica tras la crisis sanitaria
  • El objetivo de reducción de las emisiones de CO2 no está alineado con las recomendaciones científicas: debe elevarse al 55% en 2030 respecto a 1990 y alcanzar el cero neto en 2040
  • Debe incluirse la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y a todos los sectores que perjudican el clima
  • La organización considera prioritario que en el trámite parlamentario que ahora se inicia en el Congreso de los Diputados, la proposición de ley salga mucho más reforzada en detalles y ambición

Greenpeace considera la aprobación de hoy en el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética un paso importante y necesario en el momento adecuado y espera que los grupos parlamentarios contribuyan a reforzarla y hacerla más ambiciosa. El texto, que pasará ahora al Congreso de los Diputados para su debate y aprobación parlamentaria, ve por fin la luz desde que en 2015 el anterior Gobierno de Rajoy prometiera su tramitación.

La organización estima que la presentación del anteproyecto de ley en estos momentos es un elemento clave para garantizar que la salida a la crisis sanitaria, económica y social que atraviesa el país por la COVID-19 refuerce y se apoye en las medidas necesarias para afrontar al mismo tiempo las crisis climática y de biodiversidad.

Sin embargo, como el propio texto recoge, los objetivos de reducción de emisiones no están alineados con las recomendaciones de Naciones Unidas para no superar 1,5ºC las temperaturas globales y evitar así los peores impactos del cambio climático. Según este organismo internacional, las emisiones deberían reducirse un 7,6% anualmente entre 2020 y 2030 en todo el mundo, pero la ley nacional propone poco más de un 3% anual en el mismo periodo.

Greenpeace recuerda que las personas expertas en cambio climático de Naciones Unidas (IPCC) afirman que la próxima década es decisiva para no superar 1,5 ºC la temperatura media global y que, por tanto, reducir solo un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2030 respecto a 1990, como recoge el anteproyecto, no es suficiente para lograrlo. La organización demanda que el objetivo de reducción de emisiones se eleve al menos al 55% en 2030 para alcanzar el cero neto en 2040.

Para aumentar la ambición la ley debe establecer el marco legislativo necesario para la reducción de GEI en otros sectores clave como el financiero, agroalimentario, turismo, gestión de residuos o industria, dada su importante contribución a las emisiones nacionales y teniendo en cuenta sus altos costes en materia de adaptación.

“El texto es muy bueno en el diagnóstico, pero falla en los objetivos. Mientras reconoce que la región mediterránea es una de las áreas más vulnerables del planeta frente al cambio climático y que España se enfrenta a importantes riesgos derivados de este, paradójicamente no asume los objetivos necesarios para evitarlos”, ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Cambio climático de Greenpeace: “Justo esta semana se espera alcanzar temperaturas anómalas para esta época del año en varias partes de la península. Si no actuamos con urgencia viviremos graves consecuencias por la crisis climática. La recuperación socioeconómica por las crisis de la COVID19 debe afrontarse con soluciones que pongan freno al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad”.

La organización ecologista reconoce que el proyecto de ley recoge medidas imprescindibles, en especial en algunos aspectos de la transición energética hacia un sistema 100% renovable, la transición justa, prohibición de las prospecciones, inclusión del sector vivienda o el anuncio del fin de los vehículos con motor de combustión, aunque considera que 2040 es muy tarde. Sin embargo, reclama la necesidad de que el texto incluya, además, la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles y a otros sectores que perjudican el clima, como las aerolíneas y la agricultura industrial, puesto que sin detener el flujo de dinero público a las industrias responsables de las emisiones GEI no se podrá hacer frente a la emergencia climática. Así mismo, propone un artículo específico que obligue al sector financiero a realizar una correcta gestión del impacto sobre el cambio climático de su cartera de préstamos e inversión, con un cálculo específico de su huella de carbono en los sectores contaminantes.

En el anteproyecto de ley, la organización echa en falta el papel que juegan los servicios ambientales gratuitos en la lucha contra el cambio climático así como la inclusión de criterios de adaptación. La biodiversidad debe ser eje vertebrador en la mitigación de los peores impactos: la necesidad de tener los ecosistemas en buen estado y funcionales (bosques, humedales y acuíferos, etc…) y el importante papel de las soluciones basadas en la naturaleza.

Greenpeace seguirá con atención el trámite parlamentario que ahora se inicia y las enmiendas que presenten los grupos para detectar cualquier intento de descafeinar su contenido y garantizar que la ley salga reforzada.

“Ante la crisis sanitaria que vivimos, el anteproyecto de ley de hoy llega en un momento crucial para avanzar y asegurar que cualquier medida de reconstrucción socioeconómica que deba tomarse estará alineada con las respuestas urgentes y necesarias contra el cambio climático”, ha concluido Nuño.

WWF defiende una reconstrucción económica verde en España y Europa

La organización presenta un nuevo informe donde propone que la transición ecológica justa sea el núcleo de la estrategia económica tras la pandemia

El debate sobre la reconstrucción económica se abre camino en España y Europa.  El diseño de los primeros paquetes de estímulo público marcarán la senda del modelo económico y social. Ante este momento decisivo, WWF propone en su nuevo informe que la salida a la crisis se realice a través de un plan de recuperación económica que sea verde, justa y resiliente.

«Nuestra economía y el empleo se pueden y deben de recuperar a través de medidas de desarrollo sostenible y restauración de la naturaleza. Ahora más que nunca hay que cambiar el actual modelo para impulsar una recuperación que permita lograr los objetivos climáticos de no superar el 1,5 °C e impulsen los objetivos de desarrollo sostenible», afirma Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España.

Este plan de reconstrucción económica se suma a las propuestas recientemente presentadas por otros organismos como la Alianza Europea para una recuperación verde, la carta enviada por 17 ministros de medio ambiente europeos, incluida España, la declaración del Consejo Europeo o del propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Todos coinciden en la necesidad de abandonar el apoyo a las tradicionales industrias contaminantes, así como de continuar y reforzar la senda de transición ecológica hacia una economía descarbonizada y que respete los límites del planeta.

«El riesgo de intentar volver a la situación anterior es abocarnos a nuevas crisis. Vivimos una situación de emergencia climática. Necesitamos que los gobiernos adopten normas ambiciosas y que los inversores y empresas apuesten por la transición ecológica», afirma Mar Asunción, responsable del programa de clima y energía de WWF.

Para WWF, la “nueva normalidad” en España debe significar la apuesta por un modelo energético más limpio, eficiente y renovable, que incluya la tramitación de la Proposición de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y las inversiones previstas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que contemplan una inversión de 241.400 millones de euros entre 2021 y 2030 destinados fundamentalmente al impulso de las renovables.

Esta transición necesita apostar por los sistemas alimentarios sostenibles y justos, por lo que es prioritario invertir en las producciones agroecológicas como cultivos de secano o la ganadería extensiva, con altos valores sociales y ambientales, muy vinculadas al territorio y que promuevan el empleo en entornos rurales; y en la pesca de pequeña escala para garantizar la recuperación de las poblaciones pesqueras y la integridad de los ecosistemas marinos.

Asimismo, otros nichos de empleo verde, tan necesarios en la recuperación económica justa, son los ligados a la inversión en depuración y gestión del agua basada en la demanda y en la recuperación de los humedales y acuíferos, ya que es necesaria una transición hidrológica que garantice un uso racional de este recurso. Por otro lado, es clave que se invierta de manera decidida en la gestión sostenible de los bosques productivos y en la prevención de incendios.

Cabe recordar que la recuperación económica resiliente no será tal sin la protección y conservación de la biodiversidad y la restauración a gran escala de los ecosistemas degradados, hábitats fluviales y lacustres, forestales, agrarios y costeros, para asegurar el correcto funcionamiento del sistema natural y su adaptación a los impactos del cambio climático.

Por último, en Europa, la gran hoja de ruta para la reconstrucción económica es el Pacto Verde. Bajo este paraguas, está previsto que la Comisión Europea presente este miércoles dos estrategias clave para el sector de la alimentación y biodiversidad, y en los próximos días, se espera que presente el nuevo marco financiero con las ayudas para la reactivación económica.

«Desde las instituciones europeas, las empresas e instituciones financieras están pidiendo y comprometiéndose con una transición justa y verde. Lo que necesitamos ahora son acciones concretas a nivel del paquete de recuperación que presentará la Comisión Europea y acelerar la transición hacia una economía más justa y descarbonizada», sostiene Ester Asin, directora de la Oficina de Política Europea de WWF en Bruselas.

Desde WWF creemos que es un momento clave para reorientar la Política Agraria Común (PAC), para que el 50% de su presupuesto esté asociado a objetivos ambientales y climáticos, y que la Estrategia de Biodiversidad proponga como meta la protección de un 30% de la superficie marina y terrestre. Respecto de la Ley Climática Europea, WWF considera que debe ser más ambiciosa y plantearse una reducción en, al menos, un 65% las emisiones para 2030.

Coral García