Greenpeace denuncia la normalización de la mala gestión del agua en el sector agropecuario

La organización ecologista ha realizado un análisis de los perfiles que intervienen en la mala gestión del agua, responsable de graves impactos ambientales como los del Mar Menor

Hoy comienza oficialmente el verano y lo hace con la mitad de las demarcaciones españolas con reserva de agua embalsada por debajo del 50%. Según el Gobierno, el 74% del territorio español se encuentra en riesgo de desertificación. Y la ciencia (el propio IPCC) alerta de que España tendrá menos precipitaciones en el futuro y más calor, es decir, más evapotranspiración y menos agua disponible.

Con este panorama, cabría pensar que las Administraciones están tomando todas las medidas para garantizar agua segura, en cantidad y calidad, de cara a las próximas décadas. Pero no es así. Por eso, Greenpeace ha presentado hoy, en rueda de prensa, “El Crimen del Agua”, una investigación sobre cómo funciona la gestión del agua en el sector agropecuario, a través de la paradigmática cuenca del Segura, una zona que sufre graves impactos medioambientales, tales como las graves afecciones del Mar Menor. Y la conclusión es que existe una estructura perfectamente organizada, con tintes casi criminales, en la que participan numerosos eslabones, que posibilita que la gestión del agua tenga un impacto inasumible para el medioambiente y las pequeñas explotaciones agrícolas. (VER VIDEO EXPLÍCATIVO).

En numerosas ocasiones, las grandes empresas del sector se mueven con una impunidad “normalizada” y el acceso al agua depende de quién tiene más dinero o influencia. El miedo a hablar o denunciar malas prácticas entre pequeños agricultores y agricultoras se está extendiendo cada vez más, debido a las amenazas físicas o de apertura de procesos judiciales inasumibles para personas con pocos recursos.

Durante años, tanto Greenpeace como otras organizaciones ecologistas de diferentes ámbitos han puesto de manifiesto, con numerosos informes y estudios, los problemas de gestión del agua en la zona del Segura y en la Región de Murcia en particular, que es uno de los principales motores de producción agrícola y ganadera del país. En todos ellos se describe la existencia de malas prácticas que tienen una repercusión muy negativa en el medioambiente.

Sin embargo, en esta ocasión, Greenpeace ha querido poner en foco en cómo se puede llegar a producir un problema de la dimensión de la destrucción medioambiental del Mar Menor y, sobre todo, quién lo hace posible. Así, ha llegado a la conclusión de que no se puede culpar únicamente a quien vierte grandes cantidades de agua contaminada al Mar Menor, sino también a quien lo permite, se beneficia o mira para otro lado:

-La “oligarquía” agropecuaria, ese pequeño grupo de empresarios que manda sobre el agua, el campo y su futuro.

-Los lobistas, organizaciones representantes de la gran industria agrícola y ganadera que luchan y dan la cara por los intereses del sector.

-El Ministerio de Medioambiente de turno, que gestiona las cuencas hidrográficas intercomunitarias y tiene la capacidad de cambiar las cosas y que no solo no lo hace sino que contribuye a perpetuar la situación.

-Los Gobiernos a nivel regional, que funcionan como una correa de transmisión del sector agroindustrial y ganadero y que, en ocasiones, actúan como barrera de contención frente a posibles intentos de “intromisión” judicial o de otros estamentos.

-Las empresas de trabajo temporal también juegan un papel fundamental en este entramado, ya que son quienes facilitan la mano de obra barata necesaria para el campo.

-Las grandes constructoras de infraestructuras hidráulicas que pasan desapercibidas pero que sacan beneficio y mantienen el flujo del agua en movimiento.

-El sector de la distribución, que mira para otro lado, pero que es quien finalmente pone en manos de las personas los productos procedentes de este sinsentido. Las grandes cadenas de alimentación son tan responsables de la desaparición del Mar Menor y de otros impactos medioambientales como el resto de participantes.

Para el responsable de la campaña #SalvarElAgua de Greenpeace, Julio Barea:“Esta situación grave, y más cada vez en un contexto de crisis climática, es extrapolable a muchas zonas de nuestro país. La principal responsabilidad del problema del agua recae sobre el Gobierno central, ya que, además de tener la competencia de las confederaciones hidrográficas intercomunitarias (cuyo desempeño es muchas veces dudoso), es quien podría ordenar auditorías para conocer cómo se está repartiendo el agua y quién se beneficia de ello, pero no actúa de forma decisiva”. Greenpeace considera que el Gobierno antepone en ocasiones el miedo a las protestas del sector agroindustrial al cuidado del medioambiente y ha cubierto la gestión del agua de un manto de oscurantismo intolerable. La organización ecologista llama también a la responsabilidad de los Gobiernos autonómicos y del respeto de elementos que intervienen en la gestión del agua, así como a las propias empresas y organizaciones de regantes para que piensen en el futuro de sus regiones y no solo en las cuentas de resultados del próximo año.

Este informe se enmarca en la campaña “Salvar el Agua” de Greenpeace, con la que la organización quiere sensibilizar sobre la grave problemática del agua y exigir medidas urgentes y eficaces a las Administraciones.

Caso Topillo

Intentar esclarecer los entramados del agua es un asunto complicado que muchas personas y organizaciones no pueden permitirse. Pero Greenpeace ha confirmado en la rueda de prensa que continuará personada como acusación particular en el Caso Topillo, que investiga el vertido de contaminantes al Mar Menor, ya que para la organización ecologista la vía judicial es una parte fundamental para demostrar que no todo vale y que si la clase política no pone freno a la mala gestión, al menos espera que sea la justicia quien lo haga.

El desarrollo rural sostenible es el mejor escudo contra los Grandes Incendios Forestales

 El fuego que desde el pasado miércoles ha devorado la zamorana Sierra de la Culebra ha arrasado más de 30.000 hectáreas, lo que lo convierte en el Gran Incendio Forestal más grave de lo que llevamos de siglo. Afortunadamente, el incendio ya se encuentra estabilizado pero ha dejado una dramática huella sobre quienes viven en el territorio y las consecuencias ambientales que ha podido tener sobre este espacio natural, morada del lobo ibérico, son todavía imprevisibles. La organización recuerda que el escenario de cambio climático y el abandono del medio rural hacen que estos incendios sean cada vez más numerosos e impactantes en España y el Mediterráneo. WWF subraya que invertir en desarrollo rural sostenible sería el mejor escudo contra los incendios forestales.

El incendio de la Sierra de la Culebra (Zamora) se ha convertido ya en el más grave del siglo XXI. Aunque ya se encuentra estabilizado, ha afectado a una superficie de 30.800 hectáreas, según estimaciones de la Junta de Castilla y León, de un espacio natural muy valioso en nuestro país. 

No hay que olvidar que la Sierra de la Culebra es Reserva Regional de Caza y Reserva de la Biosfera, paraíso del lobo ibérico. La organización considera que es pronto todavía para saber las repercusiones ambientales, pero se prevén gravísimas consecuencias por la importancia ecológica de esta zona. 

WWF insiste en que este incendio ha superado todo lo esperado, pero recuerda que es la demostración del tipo de incendios que van a amenazar a nuestro país y al Mediterráneo a partir de ahora. 

A la hora de analizar las causas que hay tras este Gran Incendio Forestal (GIF), la organización señala el profundo abandono del medio rural español y las políticas nefastas que ni fijan población ni generan empleo ni facilitan el desarrollo de actividades económicas sostenibles, como la ganadería extensiva o la gestión forestal responsable.

Además, este incendio se ha desatado en medio de una ola de calor sin precedentes, por producirse a mediados de junio, con unas condiciones meteorológicas extremas. Estos días se han alcanzado los 40 grados de temperatura, se ha experimentado una sequedad excepcional, vientos que superaron los 40 km/h y tormentas secas. Condiciones que han propiciado que el fuego se encontrase fuera de capacidad de extinción, pero que cada vez serán más frecuentes a causa del cambio climático.

No hay que olvidar que, en este contexto, y a pesar de la profesionalidad de los dispositivos de extinción, el fuego es imparable y pone en serio riesgo la vida de las personas que viven en el entorno y de aquellos que trabajan en su extinción. Una población rural que ve aún más mermadas sus posibilidades de continuar viviendo en y del medio rural tras los incendios.

Según Lourdes Hernández, “En este escenario, la única medida eficaz es invertir en desarrollo rural sostenible y en transformar el territorio hacia paisajes más resistentes al fuego. Y es urgente”. Y continúa: “Incendios va a seguir habiendo, pero debemos lograr que no produzcan estos daños ambientales y sociales extremos con altísimos costes económicos. Y por supuesto, tomarse en serio el cambio climático, políticas serias que lo combatan y responsabilidad para mantener los operativos al 100 % durante todo el año, apoyando en las tareas de prevención”.

Aunque aún no ha comenzado la supuesta temporada de alto riesgo de incendio, España se ha visto seriamente amenazada por las llamas en la última semana: Cataluña y Navarra han sufrido también incendios graves y simultáneos que han forzado el desalojo de varios municipios y cuya situación aún no está controlada. Desde WWF, se preguntan qué más tiene que pasar para que pongamos la prevención y la gestión del territorio en primer plano. 

Más de 12.000 voluntarios y 104 toneladas de basuraleza retirada

 La gran recogida colaborativa nacional de residuos abandonados en la naturaleza del Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, se ha desarrollado en más de 700 espacios naturales.
‘1m2 contra la basuraleza’, del Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, ha convocado a miles de personas voluntarias en la sexta edición de la gran recogida colaborativa ciudadana para liberar la naturaleza de residuos abandonados. El objetivo de esta acción es concienciar a la sociedad sobre el impacto ambiental de la basuraleza, y la respuesta, como cada año, es muy positiva. Se han organizado recogidas en 711 espacios naturales de todo el país, con las que se ha logrado recoger y caracterizar un total de 69.134 residuos abandonados en entornos terrestres, fluviales y marinos de todas las proincias españolas.

La sexta edición de esta multitudinaria cita colaborativa anual ha congregado simultáneamente a más de 12.000 personas voluntarias, que han conseguido retirar 104 toneladas de basuraleza demostrando, una vez más, su compromiso con la protección y conservación de la naturaleza.

‘1m2 contra la basuraleza’ ha vuelto a contar con su Majestad la Reina Doña Sofía, que, a través de la Fundación Reina Sofía, ha mostrado su apoyo al Proyecto LIBERA participando en una recogida en Boadilla del Monte (Madrid) como una voluntaria más del proyecto.

Además, ha contado con la colaboración y el respaldo de entidades científicas, educativas y divulgativas que forman parte de la red de alianzas de LIBERA, entre las que se encuentran Cruz Roja, ANSE, Promemar, Alnitak, ADESP o Paisaje Limpio.

Asimismo, han creado puntos de recogida de basuraleza 110 ayuntamientos como el de Jaca, Almansa, Barco de Ávila o Fuenlabrada; parques como el Parque Nacional del archipiélago de Cabrera, el Parque Nacional de Guadarrama, Parque Natural Lagunas de La Mata-Torrevieja o la Casa del Parque Lagunas de Neila, confederaciones hidrográficas como la del Tajo o el Guadiana; asociaciones locales y colectivos apadrinados por LIBERA como Asociación Guías de Doñana, S’agulla, Asociación Faunatura o AHE-Galicia o centros educativos, empresas como P&G, Pescanova, Henkel o Freixenet.

Las colillas, lo más encontrado entre la basuraleza recogida

Las colillas y las piezas de plásticos de 0 a 2,5 cm han sido los residuos más encontrados a nivel nacional durante las recogidas. Además, han aparecido en los espacios naturales bolsas, envoltorios, papel y cartón y latas de bebida. Asimismo, destacan productos como toallitas, neumáticos o mascarillas.

“La respuesta social al problema del abandono de residuos en la naturaleza es muy positiva. En estos años hemos logrado un movimiento ciudadano contra la basuraleza, un problema ambiental que afecta al estado de salud de nuestros espacios naturales. Lo hemos comprobado con el proyecto Ciencia LIBERA, en el que hemos analizado muestras de tierra, agua, sedimentos y heces de zorro y los resultados han apuntado a que la mayor parte de los espacios del estudio están contaminados. Ahora nos toca conseguir que esos residuos no acaben en el medio natural y la mejor manera de hacerlo es reduciéndolos. Debemos concienciar en la reducción, cambiar nuestro modelo de producción y consumo y conseguir una economía circular”, ha asegurado Alberto Remacha, coordinador del proyecto LIBERA de SEO/BirdLife.

“No podemos estar más orgullosos de los resultados de esta sexta edición. Celebramos un año más esta campaña de ‘1m2 contra la basuraleza’ entusiasmados por la participación, una muestra de que cada vez son más las personas que están comprometidas y concienciadas de la importancia de luchar contra la basuraleza. Poco a poco, con educación y prevención, conseguiremos un planeta libre de residuos”, ha señalado Sara Güemes, coordinadora del Proyecto LIBERA de Ecoembes.

Foto: 1m2_contra_la_basuraleza_en_El_Rocio-Doñana

Las principales organizaciones ambientalistas alertan de que el tiempo para actuar se agota

Como cada año, el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha clave para todas las entidades que se dedican a la conservación de la naturaleza; y este año, las cinco grandes organizaciones ecologistas de ámbito estatal se han unido en un mensaje claro: el tiempo se agota y hace falta acción urgente.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF vuelven a poner encima de la mesa la actual crisis ecológica y social que existe, y el poco tiempo que queda para detenerla.

Así, alertan de que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, como vienen anunciando tanto las propias organizaciones como numerosos informes científicos, afectan en el día a día de las personas y no se puede mirar hacia otro lado. Porque, además, apuntan que no poner remedio a los problemas ambientales ocasiona situaciones muy complejas como migraciones, desastres climáticos o pandemias, siendo las personas vulnerables quienes más las padecen.

Como anunciaron recientemente cuando presentaron el documento ‘Frente a la vulnerabilidad social y a la emergencia ecológica: soberanía energética y alimentaria’, las organizaciones consideran que es necesario cambiar el modelo y apostar por una sociedad justa

El contexto actual ha puesto de manifiesto la inseguridad del modelo de producción y consumo, muy deslocalizado, basado en energías fósiles y con necesidades crecientes de materiales y energía. La COVID–19 también ha dejado claro que existen estrechas interrelaciones entre la protección del medioambiente, la salud y la sobrevivencia de la humanidad.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran que la soberanía alimentaria y la soberanía energética, en un marco de conservación de la biodiversidad, son la única ruta posible para frenar otras posibles crisis y conseguir un planeta seguro, sano y rico en los recursos naturales necesarios.

Por todo ello, las organizaciones ecologistas piden acción urgente a los gobiernos para que los lobbies no controlen el bien común para su propio beneficio; y acción urgente de la sociedad para que reclame un medio ambiente sano y de calidad.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran que la soberanía alimentaria y la soberanía energética, en un marco de conservación de la biodiversidad, son la única ruta posible para frenar otras posibles crisis y conseguir un planeta seguro, sano y rico en los recursos naturales necesarios.

En el Día Mundial del Medio Ambiente, las organizaciones vuelven a gritar: “Ni un grado más, ni una especie menos”.

Apremian a la Junta de Andalucía a asegurar que la romería de El Rocío sea compatible con la conservación de Doñana

SEO/BirdLife solicitará que la UICN, Ramsar y UNESCO realicen una expedición en 2023 para conocer la realidad de los tránsitos rocieros que circulan por las vías pecuarias que atraviesan el Parque Nacional y Parque Natural de Doñana.

La organización ha presentado un informe en el que detalla la necesidad urgente de evaluar el impacto del tránsito rociero sobre el Parque Nacional y Parque Natural de Doñana para que, posteriormente, se redacte un plan de tránsitos que permita ajustar dichas actividades a la capacidad de carga del espacio natural protegido.

El informe, que ha sido trasladado a la Junta de Andalucía, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y a la Comisión Europea, demuestra que, a pesar de ser un obligación legal, los diferentes tránsitos rocieros y las peregrinaciones extraordinarias siguen sin contar con una evaluación de impacto ambiental que determine el alcance de estas actividades. Todo ello, a pesar de que en la aldea almonteña pueden llegar a reunirse más de medio millón de personas, y que en los días de peregrinación circulan por el corazón del parque nacional miles de vehículos motorizados (hasta 5.400), así como otros tantos vehículos de tracción animal (7.600), con un número de peregrinos que supera las 50.000 personas.

La organización ecologista apunta que las implicaciones de los tránsitos rocieros sobre este espacio, perteneciente a la Red Natura 2000, son conocidas pero no estudiadas ni cuantificadas en detalle. Así, recuerda que estas peregrinaciones no deberían generar ningún impacto, cumpliendo en todo momento con los objetivos de conservación definidos en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Espacio Natural de Doñana. Este plan determina que se evitará cualquier actuación que constituya un riesgo para la conservación de los hábitats de interés comunitario y las especies de flora y fauna amenazadas, y se garantizará la reproducción de las aves.

Carlos Davila, responsable de la oficina de SEO/BirdLife en Doñana apunta que “las peregrinaciones de hermandades a la aldea de El Rocío a través del espacio protegido, forman parte de las tradiciones más antiguas de sus pueblos. Son emociones transmitidas de padres a hijos durante generaciones y esos sentimientos de identidad están unidos a un valioso paisaje que todos queremos conservar. Por ello, la Junta de Andalucía, como Administración responsable de la gestión de Doñana, debe evaluar los efectos de los tránsitos y la capacidad de los ecosistemas, aplicando el conocimiento científico en la conservación del patrimonio natural de Doñana para hacerlo compatible con el acervo cultural de esta comarca”. Además, apunta Dávila, “este año preocupa enormemente el mes de mayo anticiclónico que estamos viviendo y las olas de calor extraordinarias, achacables al calentamiento global, que multiplica el riesgo de incendios forestales a pesar de que se tomen todas las medidas de prevención”.

Doñana en peligro

SEO/BirdLife mantiene a Doñana entre las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA) catalogadas como “IBA in Danger”, es decir, entre las 277 IBA más amenazadas a nivel mundial según los datos de BirdLife International. En concreto, este tipo de de amenazas relacionadas con el tránsito humano y el tráfico rodado, tienen una presión reconocida sobre el estado de conservación de dicha IBA.

Además, la actual escasez de agua en Doñana puede posibilitar el acceso rodado incontrolado a muchas zonas prohibidas, incrementando así la presión sobre un ecosistema, el de las lagunas costeras, para el que SEO/BirdLife ha solicitado su declaración urgente como hábitat en peligro de desaparición en España. Una falta de agua que podría ser crónica e irreversible si las 1.600 hectáreas de regadío ilegales en Doñana propuestas para su regularización por el Gobierno de Andalucía llegan a autorizarse. Para evitarlo, SEO/BirdLife, junto con BirdLife International, ha denunciado esta regularización ante los convenios internacionales de Ramsar y Bonn, relativos a la conservación de humedales de importancia internacional y las aves migratorias.

Por otro lado, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en su evaluación del estado de conservación del Patrimonio Mundial de Doñana, fechado en diciembre de 2020[1], considera y valora como “Amenaza Alta” la presión ejercida por la actividad rociera, reconociendo que no existe ningún estudio de impacto de la entrada de los “rocieros” en Doñana a pesar de que atraviesan zonas de alto valor ecológico. Situación que, sumada al llamamiento científico sobre alarmantes e insostenibles presiones globales a las que se enfrenta Doñana, certifica el que el patrimonio de este espacio natural está en peligro.

Por último, SEO/BirdLife solicitará que la UICN, el Convenio Ramsar y la UNESCO realicen una expedición en 2023 para conocer la realidad de los tránsitos rocieros que circulan por las vías pecuarias que atraviesan el Parque Nacional y Parque Natural de Doñana.

Foto: Tránsito de vehículos motorizados por la Vereda de Sanlúcar, en el interior de Doñana, camino de la aldea de El Rocío ©SEO/BirdLife

Las aerolíneas europeas siguen sin tomar medidas suficientes para combatir su impacto climático

  • A pesar de las crecientes campañas de ‘greenwashing’ en el sector aéreo, en 2019 los combustibles sostenibles apenas supusieron el 0,1 % del total consumido
  • La falta de una regulación estricta en la UE permite que las aerolíneas no se responsabilicen lo suficiente en temas climáticos, a pesar de haber recibido más de 30.000 millones en rescates y ayudas post-covid

Los siete grandes grupos de aerolíneas europeas están fallando a la hora de reducir sus emisiones de CO2 en línea con el Acuerdo de París, según un nuevo informe encargado por Greenpeace. Las compañías aéreas tendrían que reducir los vuelos al menos un 2 % anual para contribuir a mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 ℃. Sin embargo, ninguna de las compañías analizadas dispone de objetivos de reducción anuales para sus emisiones de gases de efecto invernadero, ni se han comprometido a reducir vuelos, ni prometen su completa descarbonización para 2040.

Resumen del informe AQUÍ

El informe concluye que cuando las aerolíneas afirman que van a reducir sus emisiones en el futuro, lo hacen con poca o ninguna base. Firmas como Lufthansa, Air France-KLM, IAG (que incluye a Iberia y British Airways), Ryanair, easyJet, SAS y TAP Air Portugal prometen que en un futuro van a reducir sus emisiones, pero se basan en soluciones falsas o ineficaces para la descarbonización, como la compensación de emisiones o los denominados Combustibles Sostenibles para Aviación (SAF, por sus siglas en inglés). Solo tres de los grandes grupos aéreos europeos se compromete a reducir sus emisiones de GEI a corto plazo en los próximos cinco años. En 2019, estas siete aerolíneas fueron responsables de 170 millones de toneladas de GEU, el equivalente a más de la mitad de las emisiones de toda España en un año.

«La aviación es el medio de transporte más dañino por pasajero/kilómetro y la fuente de emisiones en el transporte que más rápido está creciendo en Europa. Sin embargo, la regulación actual no exige a las aerolíneas que reduzcan sus vuelos y se descarbonicen de verdad», ha declarado Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace. «El sector aéreo se beneficia de numerosas exenciones fiscales y ha recibido más de 30.000 millones en rescates post-Covid. Por eso demandamos a la UE que acabe con los privilegios de las aerolíneas y coloque al sector aéreo en línea con el objetivo de 1,5 ºC, comenzando con la prohibición de vuelos cortos y una reducción de los vuelos de negocios cuando tengan trayectos equivalentes en tren», añadió Fernández.

Cinco de las siete compañías usan lo que se ha dado en llamar combustible sostenible de aviación (SAF, por las siglas en inglés de Sustainable Aviation Fuel). Son nuevas formulaciones de carburante para motores a reacción. No obstante, el uso de SAF a partir de biomasa puede ser muy problemático por su relación con la destrucción del medio ambiente y la escasez de alimentos: así que no puede considerarse una estrategia adecuada para reducir las emisiones de GEI de las compañías aéreas.

En cualquier caso, antes de la pandemia el uso de SAF solo alcanza el 0,1 % de su consumo total anual de combustible de aviación, como máximo. La Agencia Internacional de Energía (AIE) prevé que para 2040 el SAF representará el 19 % de los carburantes que usen las aerolíneas, mientras que el 81 % restante seguirá siendo queroseno de origen fósil. Está claro que esta predicción respecto al SAF no es lo bastante ambiciosa como para que la aviación se ajuste al Acuerdo de París.

En lugar de reducir su impacto, las aerolíneas apuestan por lograr la «neutralidad climática» a través de la compensación de emisiones. Se trata de un mecanismo basado en la idea de que, si contaminas, en lugar de reducir tus propias emisiones puedes seguir emitiendo CO2 y «compensarlo» pagando a un tercero para que, con suerte, las reduzca en el futuro. Sin embargo, las investigaciones demuestran que solo un 2% de dichos proyectos resultó en una reducción real de emisiones.

A pesar de estas cifras, en el informe encargado por Greenpeace se pueden encontrar muchos ejemplos de greenwashing en el sector de la aviación: desde comunicación engañosa y el patrocinio de iniciativas respetuosas con el clima), hasta la promoción de soluciones falsas o insuficientes para hacer frente a sus deficiencias medioambientales y sociales. Existe una enorme discrepancia entre los auténticos planes de las aerolíneas para reducir emisiones, que carecen de credibilidad, y el uso que hacen de las relaciones públicas para proyectar una imagen más «verde».

Sobre el análisis realizado

Este análisis ha sido elaborado por el instituto de investigación Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (Observatorio RSC) con el objetivo de realizar un análisis crítico del sector aéreo europeo, comparando su situación antes y después de que dicho sector recibiese los fondos de apoyo relacionados con el covid. En el documento se recogen los resultados de dicha investigación sobre la responsabilidad, compromiso y resultados medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG) de los siete grupos aéreos más grandes según ingresos en 2019: Lufthansa, Air France-KLM, International Airlines Group (IAG), Ryanair, easyJet, SAS y TAP Air Portugal.

Dado que las compañías aéreas cada vez reciben más presión relacionada con el daño que causan al clima, se ha puesto especial atención en analizar cómo de creíble es el compromiso contra el cambio climático de las empresas aéreas. Después de recibir considerables ayudas gubernamentales para paliar los efectos del covid, este informe también detalla hasta qué punto los rescates y préstamos han supuesto

Dos años después del inicio de la pandemia de covid-19 y de recibir más de 30.000 millones de euros en ayudas de los gobiernos, las grandes compañías aéreas han fallado a la hora de comprometerse a reducir su impacto climático, realizar mejoras medioambientales, más transparencia o condiciones de trabajo más justas.

Las siegas en verde en cultivos y pastos herbáceos incrementan la mortalidad de las aves

  • Desde el proyecto LIFE Agroestepas Ibéricas y de acuerdo con varios estudios, SEO/BirdLife alerta de la posible pérdida de miles de aves por esta siega temprana en plena época de nidificación, cuando las hembras de casi todas las especies ligadas a ambientes agrarios que anidan en el suelo están incubando sus puestas o con pollos muy pequeños.
  • Frente a esta y otras prácticas que afectan negativamente a la biodiversidad, SEO/BirdLife reitera la necesidad de potenciar, mantener y gestionar adecuadamente las superficies de barbecho, altamente beneficiosos para la conservación de las aves.

SEO/BirdLife ha advertido en numerosas ocasiones de la dramática disminución de las poblaciones de aves agrarias, concretamente un 27% en menos de tres décadas, según datos del programa Sacre. Una de las causas de este declive apunta a la mortalidad producida en las cosechas y, más recientemente, al incremento de la siega de cereal y pastos herbáceos en verde. Un adelanto de la cosecha en plena primavera, cuya finalidad es obtener forrajes henificados y ensilados, muy demandados para la ganadería predominantemente estabulada, cuando lo tradicional siempre ha sido su aprovechamiento mediante el pastoreo extensivo.
Sumados a la observación general del territorio y a una evidente tendencia creciente, los trabajos de campo del proyecto LIFE Agroestepas Ibéricas, coordinado por SEO/BirdLife, desarrollados esta primavera en Extremadura, Aragón y la región portuguesa del Algarve para estudiar las zonas de nidificación han dado la alarma. Estas superficies de cultivos y pastos son el hogar de muchas especies de aves, como la avutarda euroasiática, el sisón común, los aguiluchos cenizo y pálido, la perdiz roja o la codorniz común, entre otras. Todas ellas especies en declive continuo desde hace décadas, algunas con disminuciones superiores al 50% de su población en apenas 15 años.

Y es que los paisajes repletos de balas de heno se han multiplicado por las zonas agroesteparias, especialmente en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, con grandes superficies de estos ambientes de llanura, dominados por cultivos de cereales de secano y pastos permanentes con ganadería extensiva.

La siega temprana daña a las aves

Las primaveras cada vez más cortas propician que los cultivos espiguen rápidamente y su cosecha se adelante. Además, este año, la guerra en el este de Europa, que ha conllevado la alta cotización de los forrajes, ha agravado la tendencia a la siega temprana que desde los últimos 10 años se ha extendido por muchas zonas agroesteparias de España.

Diversos estudios constatan la grave afección de esta práctica en las aves en pleno proceso reproductor. Por ejemplo, en Francia se ha constatado (1) que la fecundidad y la productividad de las hembras de avutarda se reducen aproximadamente a un tercio, y que aproximadamente la mitad de las crías son destruidas por los trabajos agrícolas en estas zonas. Los autores del estudio consideran, por ello, que la siega en verde constituye una trampa ecológica, que puede resultar en la extinción de las poblaciones locales. Igualmente, en las Lagunas de Villafáfila (Castilla y León) (2), también se ha observado que la superficie segada en plena época de cría (principalmente en mayo) pasó del 6% entre 2000 y 2009 al 20% entre 2010 y 2019 y que, aproximadamente en esas fechas, se pasó de 116 hembras por cada 100 machos (1996-2009) a 82 hembras por cada 100 machos (2010-2020), lo que sugiere que este tipo de prácticas está matando a las madres en sus nidos.

Estos trabajos explican que la alta frecuencia de siega en primavera y las fechas tempranas en verano dificultan que las hembras encuentren una vegetación con una altura adecuada para anidar o que tengan tiempo suficiente para sacar adelante a los pollos antes de la siguiente siega.

En algunos lugares, como Extremadura, existen normas que exigen una autorización previa de estas prácticas en muchas zonas incluidas en Red Natura 2000, aunque en la práctica casi nunca se cumple. También hay una constante queja desde el sector cinegético sobre estas prácticas por el evidente perjuicio a especies muy apreciadas por los cazadores como la perdiz roja o la codorniz. Sin embargo, nada de esto detiene el avance de estas prácticas agrarias, ante la creciente demanda de forrajes y su alta rentabilidad.

En este sentido, desde el proyecto LIFE Agroestepas Ibéricas se va a trabajar con las Administraciones en el diseño de una medida de acompañamiento a la Política Agraria Común (PAC) del próximo periodo. Particularmente, se compensará económicamente a los agricultores para evitar la siega de forrajes en primavera en las zonas de mayor valor por sus poblaciones de aves amenazadas. Este proyecto LIFE que acaba de arrancar y se desarrollará durante cinco años, cuenta como socios con la Junta de Extremadura, CICYTEX, ASAJA e instituciones de investigación y conservación portuguesas como SPEA, LPN y CIBIO. El objetivo es lograr esquemas de colaboración entre agricultores y Administración para un modelo agrario más sostenible en la Red Natura 2000 y otras zonas relevantes para las especies objetivo.

“Sin embargo, mientras este proyecto logra sus objetivos para mejorar la gestión de las zonas de reproducción de las especies más amenazadas en las agroestepas, es necesario que, al menos en los espacios protegidos, se evite la cosecha en verde, ya que podría derivar en la extinción real de especies como el sisón en los próximos años. Hay que recordar que las comunidades autónomas cuentan con la posibilidad de articular pagos de la PAC por desventajas específicas resultantes de la aplicación de restricciones en la Red Natura 2000, precisamente para este tipo de compensaciones económicas”, explica Tamara Rodríguez, responsable del programa de Agricultura de SEO/BirdLife.

Más barbecho para ayudar a las aves

Además, SEO/BirdLife defiende que, en este escenario, los barbechos favorables para la biodiversidad cobran más importancia que nunca, ya que proporcionan un hábitat alternativo, adecuado y más estable para la nidificación y la alimentación de este grupo de aves. Pero estas superficies han disminuido progresivamente desde que la PAC cesó en 2008 la obligación de dejar el 10% de la superficie cultivada. El actual porcentaje del 5% de barbechos obligatorios no contempla condicionantes suficientes para asegurar una adecuada gestión ambiental, pero además se ha suspendido su aplicación este año en el paquete de medidas de urgencia derivadas de la guerra en Ucrania y existen presiones para eliminar dicha obligación de manera permanente durante el próximo periodo PAC 2023-2027.

A todas estas estas actividades que afectan a las aves agrarias se añaden otras prácticas intensivas como el uso de variedades tempranas y semillas blindadas, el empleo excesivo de fitosanitarios, los trabajos nocturnos (laboreos, siegas, empacados), las concentraciones parcelarias que eliminan linderos o el regadío en zonas sensibles. “Por ello, las Administraciones ambientales y agrarias deben asumir su responsabilidad y trabajar por que la actividad agraria y la conservación de la naturaleza sean aliadas y compatibles. De otra manera, los daños sobre la biodiversidad y los servicios que esta presta a la agricultura y al bienestar humano serán irreversibles”, recalca Tamara Rodríguez.

Foto: Siega de cereal temprano en campos de Segovia ©SEO/BirdLife

El Gobierno deberá incluir cambios para que la estrategia de la PAC cumpla con los retos ambientales y climáticos    

Los planes estratégicos de la PAC están lejos de lo que realmente se necesita para abordar numerosos retos relacionados con la alimentación, la agricultura y la ganadería. Esta es la postura de Fundación Global Nature (FGN) ante la partida que consume un tercio del presupuesto de la Unión Europea.

Si bien los desafíos difieren de un país a otro, el panorama general se presenta bastante sombrío. A finales de este año, cada Estado Miembro aprobará definitivamente su Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023-2027. Un nuevo enfoque con el que cada país establece los detalles de las medidas de la PAC ajustándose a las necesidades de cada territorio. La Comisión Europea, ante la propuesta presentada por España, ya remitió a finales de marzo de 2022 un informe de observaciones resaltando la falta de ambición respecto a los objetivos ambientales y climáticos.  Ahora, la pelota está en el tejado del MAPA, y se espera que considere incluir las recomendaciones de la Comisión, porque de aprobarse así, España quedaría lejos de cumplir con los objetivos del Pacto Verde Europeo. Aun así, la Fundación celebra que, entre las cuestiones reclamadas, la propia Comisión Europea reconozca la importancia de los humedales como ecosistemas que albergan una alta biodiversidad y como pieza clave frente al cambio climático gracias a su capacidad de almacenar carbono.

“No olvidemos que los humedales están entre los ecosistemas con mayor capacidad de mitigar cambio climático por unidad de superficie, pero si están alterados, se convierten en emisores netos de gases de efecto invernadero” afirma Vanessa Sánchez, coordinadora de proyectos de FGN.  Mantener los humedales en buen estado de conservación, depende en gran medida de las prácticas agrarias que se realizan en el entorno de estos ecosistemas, y por esta razón, en la reforma de la PAC, se incluyó como novedad, en la condicionalidad,una BCAM (Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales) para preservar los humedales. Sin embargo, la redacción aprobada en la última versión del PEPAC es tan ambigua que difícilmente conseguirá el objetivo que persigue.

Por ello, desde Global Nature, se insta a que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el Gobierno pongan en marcha los mecanismos precisos para asegurar el cumplimiento de la BCAM 2, asegurando su arranque desde 2023, sin demorarlo a 2025 y con una definición correcta de las prácticas agrarias que se pueden implementar en el entorno de los humedales.

Fundacióm Global Nature celebra que la propia Comisión Europea reconozca la importancia de los humedales como ecosistemas clave.

Desde FGN, en el marco de los proyectos europeos LIFE Wetlands4Climate y LIFE Paludicola, se ha publicado un documento donde se incluyen las recomendaciones y prácticas agrarias que debería promover la BCAM2 en el entorno de humedales y donde además se proponen 16 medidas agroambientales, susceptibles de ser incluidas en los Planes de Desarrollo Rural, de manejo de pastos, y de gestión de vegetación y suelos en el entorno de humedales para promover un uso sostenible de los recursos y favorecer el empleo y el desarrollo local en entornos agrarios.

“El sector primario tiene la oportunidad de revertir la situación actual promoviendo prácticas agrarias compatibles con la conservación de los humedales y su entorno, estos ecosistemas están seriamente amenazados y su colapso perjudicaría a todos, también al sector agrario” señala la responsable de proyectos de Global Nature “Es imprescindible gestionar el territorio a escala de paisaje mediante modelos de agricultura y ganadería sostenibles, respetuosos con la biodiversidad y aliados para la mitigación del cambio climático” concluye.

Greenpeace bloquea el acceso principal a la sede de El Pozo en Murcia

  • La organización demanda a El Pozo que no abra nuevas explotaciones ganaderas y que apoye públicamente una moratoria a la ganadería industrial
  • Los activistas han desplegado pancartas con los mensajes: El Pozo contamina, #MacrogranjasNO y moratoria ¡YA!

Más de una veintena de activistas de Greenpeace han irrumpido hoy en la sede central que la empresa El Pozo tiene en Alhama de Murcia para exigir que la empresa apoye públicamente una moratoria a la ganadería industrial. La organización ha tuneado uno de sus murales principales donde se leía “El Pozo por el medio ambiente” y ahora se puede leer: “El Pozo mata el medioambiente”, ya que es la empresa cárnica con las macrogranjas más contaminantes de España.

Con mensajes como #MacrogranjasNO, moratoria ¡YA!, activistas y escaladores de la organización han “tomado” distintas zonas de las instalaciones, para poner en evidencia la empresa que en España más se está beneficiando del destructivo negocio de las macrogranjas. Asimismo, han solicitado una reunión para pedir a esta empresa que no abra nuevas macrogranjas – ni amplíe las existentes- y que desarrolle un plan de reducción del número de animales explotados, como única forma eficaz de reducir el brutal impacto ambiental de la marca.

“Antes de venir, hemos pedido información a la empresa sobre sus medidas de protección ambiental y su respuesta es irrisoria. No podemos permitir que empresarios como el Sr. Fuertes, que factura más de mil millones de euros al año, se hagan multimillonarios a costa de envenenar el agua y comprometer la salud del planeta”, explica Luís Ferreirim, responsable de la campaña de agricultura y ganadería de Greenpeace España. “Entendemos que esta instalación da trabajo, y respetamos a la plantilla, pero la única verdad es que cada vez hay menos ganaderos en el país, porque todo queda en manos de menos familias que crían ingentes cantidades de animales para alimentar el negocio de unos pocos”.

Según la propia empresa manifestaba en 2018, sus líneas de producción procesan un millón y medio de kilos de carne al día, lo que supone un daño ambiental insostenible. Solo esta empresa facturó 1.278.781.337€ en 2020 siendo la empresa cárnica que más facturó este año. Según aseguraba la familia Fuertes en 2018, se encuentran entre las 40 empresas más ricas de España y entre los 25 principales productores cárnicos del mundo.

CEFU, S.A., la rama productiva del Grupo Fuertes, según ha podido averiguar Greenpeace a través de las autorizaciones ambientales integradas, cuenta con 29 explotaciones propias, tres en Andalucía, 12 en la Región de Murcia y 14 en Castilla La Mancha, además de cerca de 700 integradas, según información de la propia empresa.

España no es precisamente un país al que le sobre el agua y la ciencia ha advertido que cada vez tendremos menos. Sin embargo, empresas como El Pozo, lejos de respetar este recurso vital, lo están contaminando irreversiblemente, exponiendo también a toda la población a un grave riesgo sanitario. Por otro lado, según los últimos datos del MITERD, el sector agrícola fue el único que incrementó sus emisiones en 2020 y es ya el tercero que más contribuye a la crisis climática, en gran medida debido al incremento de las emisiones del sector ganadero. Cabe destacar que el sector agrícola es el responsable del 63% de las emisiones totales de metano y la ganadería del 98% de estas.

El número de cerdos en el país no para de crecer. En 2020 ya sobrepasaban los 32 millones, con un brutal crecimiento del 21,5% en sólo cinco años. Curiosamente, el propio Gobierno reconoce que la contaminación media por nitratos aumentaba un 51,5% en ese periodo, solo entre 2016 y 2019. La situación ha llegado a tal punto que la Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de la Directiva de Nitratos, lo que podría terminar en una multa millonaria, que pagará la ciudadanía y no los que contaminan como El Pozo y compañía.

“La connivencia entre empresas y administraciones nos deja a todas las personas vendidas, en una situación de total indefensión. Ante la falta de controles, la semana pasada, Greenpeace lanzaba un informe recopilando las mediciones voluntarias de nitratos elaboradas por entidades de todo el país y los datos son demoledores: más de la mitad de las aguas subterráneas analizadas por la Red Ciudadana de Vigilancia están contaminadas por nitratos. Hacen falta medidas valientes, contundentes y que se adopten con carácter de urgencia”.

Entre esas medidas, Greenpeace reclama:

  • Establecer de inmediato una moratoria a la ganadería industrial de, al menos, cinco años: ni explotaciones nuevas ni ampliaciones de las existentes
  • Desarrollar un plan para la reducción progresiva de la cabaña ganadera en intensivo hasta alcanzar un 50% menos en 2030
  • Fomentar y adoptar la “dieta de salud planetaria” que lleve a una reducción drástica del consumo de carne hasta alcanzar un máximo semanal de 300 gramos a la semana por persona, así como de los demás alimentos de origen animal

No es la primera vez que Greenpeace pide a la empresa, como cabeza del sector de la ganadería industrial contaminante, que reduzca su impacto ambiental -se hizo anteriormente en Hellín (Albacete) y en Castilléjar (Granada)- sin que la empresa haya mostrado el menor interés de mejora. La organización seguirá trabajando para conseguir una moratoria que suponga el fin de la destructiva ganadería industrial.

“No podemos permitir que empresas como El Pozo sigan extendiendo sus tentáculos por todo el territorio español. En un contexto de crisis ambiental planetaria urge, más que nunca, una moratoria a la ganadería industrial. Además, la ciudadanía podemos actuar con nuestra alimentación, reduciendo el consumo de carne y apartando de nuestro plato los productos que provienen de macrogranjas”, concluye Ferreirim.

Luís Ferreirim | Greenpeace España

Crisis en el Mar Menor: ejemplo de un fracaso colectivo en el Día de la Biodiversidad

  • Esta semana han comenzado a aparecer decenas de peces muertos que, de nuevo, dan muestra de la pésima situación de sus aguas
  • Greenpeace se ha personado judicialmente contra diez empresas del Campo de Cartagena por su responsabilidad directa en el colapso ambiental de la laguna costera con mayores índices de biodiversidad del Mediterréano
  • El exceso de agua, generado principalmente por el trasvase Tajo-Segura, ha traído consigo un aumento de la agricultura y ganadería industriales y, con sus vertidos al mar, la asfixia de la mayor laguna salada de Europa

Este domingo 22, se celebra el Día de la Biodiversidad y es un buen momento para recordar que los esfuerzos que se están realizando por la conservación de nuestro entorno natural están siendo claramente insuficientes. Como ejemplo, solo el 3% de las aguas del planeta (y sus habitantes) están protegidas, sigue aumentando la deforestación y un millón de especies están en peligro de extinción. En resumen: la desaparición de la biodiversidad global está ocurriendo mil veces más rápido que si ocurriera naturalmente.

Un caso paradigmático: el Mar Menor

En nuestro país hay ejemplos que ilustran claramente la falta de voluntad para revertir el declive. Tal es el caso del Mar Menor. El regadío intensivo del Campo de Cartagena durante las últimas décadas ha provocado un flujo continuo de agua cargada de nitratos que ha ido a parar al Mar Menor, lo que ha producido su eutrofización y su colapso ambiental. A ello, se suma el continuado incremento de las macrogranjas en la Región de Murcia. Según un estudio estatal de impacto ambiental en la zona, solo en el Campo de Cartagena hay 680.000 cabezas de ganado porcino agrupadas en 450 explotaciones ganaderas intensivas que requieren 500 balsas de purines y que ocupan una superficie de 160 hectáreas. Esto se traduce en el vertido de 8.300 toneladas de purines sobre el Campo de Cartagena (78.008 hectáreas de superficie agraria útil), lo que supone 107 kg por hectárea. Según el estudio, de las 254 toneladas anuales de nitrógeno producidas al año, 153 se infiltran a los acuíferos y, así, llegan al Mar Menor.

Este cóctel tóxico, incentivado por el exceso de agua del trasvase Tajo-Segura, ha destruido la laguna costera con mayores índices de biodiversidad del Mediterréano. La muerte en el Mar Menor es tal que, en 2016, ya se estimaba que se habían perdido el 85% de las praderas marinas. Solo en especies como los caballitos de mar, se ha pasado de 190.000 ejemplares en 2012 a apenas docenas en la actualidad.

Y todo esto a pesar de contar con figuras de protección internacional como Humedal de Importancia Internacional, según la Convención sobre los Humedales Ramsar, Red Natura 2000 europea o figuras de protección nacional y regional. Normativa medioambiental que ha sido vulnerada reiteradamente.

Greenpeace en proceso judicial contra los responsables de este ecocidio

Desde hace casi dos años, Greenpeace forma parte de la acusación popular del caso Topillo por la contaminación del Mar Menor. En el origen de este proceso, había 39 empresas acusadas, más un alto cargo de la Consejería de Agricultura y otro de la Cuenca Hidrográfica del Segura. El año pasado, el Seprona denunció a otras 43 empresas y la Audiencia Provincial decidió, tras un recurso de las mismas, abrir 43 procesos independientes. Se trata de una maniobra clara de desarticulación de la causa judicial ya que, con este desmembramiento, se hace más difícil encontrar la responsabilidad conjunta en la comisión del delito.

Ante este nuevo escenario, y viendo la inviabilidad de sostener tantos procesos a la vez, Greenpeace ha decidido personarse contra las 10 empresas más relevantes, tanto por el volumen de vertido contaminante que han volcado al Mar Menor, como por el tamaño de la empresa y de negocio en el Campo de Cartagena. En estos días están teniendo lugar las primeras diligencias de investigación, con la declaración de los investigados. Greenpeace está haciendo un seguimiento de la situación preocupante ahora mismo en el Mar Menor y continuará trabajando para que se depuren responsabilidades.

Para Julio Barea, responsable de Agua en Greenpeace España, “proteger la biodiversidad es protegernos a nosotros mismos. Sin ella, no es posible tener agua, aire y sustento. La desidia e intereses económicos y políticos nunca deberían prevalecer ante la protección de nuestra naturaleza. El ejemplo más lamentable lo tenemos en el Mar Menor donde ninguna institución, responsable político o empresa quiere solventar realmente la pérdida irremediable de un entorno natural único e insustituible”.