¿Por qué sentimos a veces vergüenza en el S.XXI? (Visto por la socióloga Alejandra Nuño)

• La profesional ha apuntado que la vergüenza es una evidencia de la transparencia porque no puede fingirse.
• “Es un gran mecanismo social para mantener un orden de convivencia estructurado, asegurando la convivencia”.

La vergüenza, según la RAE, es la “Turbación del ánimo, que suele encender el color del rostro, ocasionada por alguna falta cometida, o por alguna acción deshonrosa y humillante, propio o ajena”.

La socióloga, experta en crecimiento empresarial, explica que, en la era post covid, “la sociedad reclama lo humano” y es que, “si hay algo bueno que ha acelerado la pandemia es un post contexto social que pone más en el centro de sus decisiones a las personas. Una reivindicación de vuelta a lo natural, reclamación de una convivencia armónica entre la naturaleza y el individuo”. Así, “si algo ha hecho el Covid es demostrarnos nuestra propia vulnerabilidad, poniendo las emociones encima de la mesa, como hacía tiempo que no vivíamos” especifica.

Por tanto, bajo este nuevo paradigma, la vergüenza es una evidencia de la transparencia porque no puede fingirse. “Es una declaración que demuestra la autenticidad, generando incluso confianza, empatía– que significa la verbalización de las emociones, de los sentimientos, por lo que para mí puede ser un formato reivindicativo de empoderamiento. Un canal que nos concede reconciliarnos con nuestra naturaleza. Una sana forma, en todo caso, de pedir perdón al otro, opina la profesional”, apunta Nuño.

Así, explica que no todo es malo, sino que también tiene implicaciones positivas, ya que desde un punto de vista meramente sociológico, la vergüenza es un gran mecanismo social para mantener un orden de convivencia estructurado, asegurando la armonía. Además, apunta a que el signo de pudor se podría considerar una “deferencia” hacia el otro. “El respeto a la comunidad, asumiendo un rubor como prueba de respeto a lo social por encima del individuo, su esencia nace de lo social versus el ego individual. Preserva el bienestar común demostrando apego”.

Como implicaciones negativas opina “la vergüenza como agente de control de lo político”. Sin embargo, una segunda lectura de la otra cara de la moneda, especifica que son muchos los autores que han analizado la psicología y sociología de la “vergüenza”, como Giddens y, sobre todo, Simmel, con investigaciones que demuestran cómo la vergüenza es una construcción social, incluso, un mecanismo que destila poder al relevar connotaciones, por ejemplo, de patrones de género.

Así, describe que, por ejemplo, Simmel argumenta cómo la vergüenza particularmente limita al cuerpo y conducta femenina, incluso, llegando a ensalzar como un formato virginal de “buena conducta femenina”. Es decir, la vergüenza se encarna de forma más evidente en lo femenino con claras connotaciones morales y éticas. De este modo, la experta incide en que la vergüenza entendida como construcción social diverge en torno a los conceptos sobre, “patria”, siendo un sentido de orgullo y honor en las sociedad británica o americana, no así en otros contextos, que ha sido signo de pudor por sus connotaciones políticas, siendo casi un símbolo que ocultar o “guardar”. Nada nuevo, explica, si admitimos que en el cuerpo se funden naturaleza y cultura, construcción a dúo entre biología y sociedad.

Así, por ejemplo, “la vergüenza definida como “emoción humana”, puede también haber sido interpretada bajo un síntoma de “vulnerabilidad”, eternamente, contextualizada bajo parámetros de fragilidad, debilidad, gran reflejo de contención de la naturaleza tan inhumana, fiel de clases sociales también que identifican la contención humana con el refinamiento, la austeridad moral, la evidencia de toda ausencia de emoción, ejemplo de clase bien educada, capaz de no mostrar “defecto” alguno que denote debilidad. Las emociones humanas como campo de eterno conflicto, batalla a conquistar por el cuerpo político y social. La autorregulación, gran enervación del capitalismo”.

Desvelan el engaño que hay detrás de los bio-plásticos

Amigos de la Tierra lanza el estudio «Biofakes: el engaño de los bio-plásticos» en el que analiza diferentes aspectos de los bio-plásticos, desde si son una alternativa sostenible al plástico convencional, hasta quién gana con su implantación y qué impactos sociales y ambientales conllevan. Con esta información en la mano, la organización lanza sus propuestas, en un momento clave con la Ley de Residuos en trámite, para poner fin a las falsas soluciones y apostar por medidas consistentes para avanzar hacia el residuo cero.

Tras una investigación detallada, la organización denuncia que el término bio-plástico es ambiguo y que su uso no está regulado, lo que permite que las empresas lo utilicen con libertad a pesar de que la mayor parte de estos productos están compuestos por plásticos convencionales y no son más sostenibles que éstos.

“Los llamados bio-plásticos son una herramienta más de greenwashing que utilizan las empresas para perpetuar su lucrativo negocio basado en el usar y tirar ante una sociedad cada vez más concienciada con la necesidad de cuidar el medio ambiente y más crítica con el uso de plásticos desechables”, ha afirmado Adriana Espinosa González, responsable de recursos naturales y residuos de Amigos de la Tierra. “Esta tendencia se está acentuando a medida que la Unión Europea y España están adoptando leyes para prohibir o limitar los plásticos de un solo uso”, ha continuado.

Los bio-plásticos se dividen en dos tipos: los considerados de origen vegetal o bio-basados, que en realidad pueden contener hasta un 75% de base fósil (plástico convencional), y los de plástico convencional que son, en teoría, “biodegradables” o “compostables”. Los primeros también pueden ser “biodegrables” o “compostables”. Sin embargo, estas cualidades distan mucho de ser reales, ya que no pueden biodegradarse por sí solos en el medio ambiente sino en condiciones muy limitadas.

La organziación expone a su vez que el 75% de estos bio-plásticos se utilizan para fabricar productos de usar y tirar, por lo que lejos de solucionar el problema de los residuos plásticos, lo mantiene e incluso lo agrava; al dar la sensación de ser “ecológicos”, la ciudadanía los considera menos peligrosos, y son susceptibles de ser abandonados en el entorno con menores consideraciones.

Los bio-plásticos, en cualquiera de sus modalidades, conllevan múltiples impactos ambientales y sociales durante su ciclo de vida. Por un lado, la producción de biomasa para los bio-basados produce acaparamiento de tierras, deforestación y competencia en la producción de alimentos. Además, tanto los bio-basados como los “biodegradables” o “compostables” requieren en mayor o menor medida extracción y producción de petróleo, lo que destruye los ecosistemas e implica la violación de derechos humanos para las comunidades afectadas. Por último, cuando se convierten en residuos, todos los bio-plásticos dificultan los sistemas de gestión y pueden incluso obstaculizar el reciclaje de los plásticos convencionales.

Asimismo, el informe arroja que los bio-plásticos requieren un uso exacerbado de energía, contribuyendo de forma preocupante a la emergencia climática.

En un momento decisivo, en que el Congreso está tramitando la reforma de la Ley de Residuos, Amigos de la Tierra reclama una normativa que no abra las puertas a las falsas soluciones como los bio-plásticos. Debe prohibirse el uso del prefijo “bio” y otros términos como “biodegradable” en cualquier tipo de plásticos, así como evitar que constituyan una alternativa a los plásticos convencionales de un solo uso. Es necesario priorizar la prevención y la reutilización con objetivos vinculantes de reducción de un 50% para 2025 y un 80% para 2030.

“Ante los avances normativos, los bio-plásticos son un intento más de la industria para engañar al legislador y a la ciudadanía con productos que siguen incentivando el consumo de productos desechables y que distraen la atención de las soluciones reales: reducir el consumo de plásticos y fomentar la reutilización de productos y envases”, concluye María Durán, responsable de recursos naturales y residuos de Amigos da Terra Galicia y co-autora del informe.

Teresa Rodríguez Pierrard

El sector del yeso apuesta por la simplificación de trámites y las ventajas fiscales para alcanzar los objetivos de rehabilitación de viviendas

El presidente de la Asociación Técnica y Empresarial del Yeso (Atedy), Alberto de Luca, y CEO también de KNAUF, ha defendido que para lograr el objetivo de rehabilitar 500.000 viviendas en tres años que recoge el Programa de Rehabilitación y Regeneración Urbana, es necesario eliminar burocracia y establecer ayudas directas con ventajas fiscales.

“El objetivo de 500.000 viviendas rehabilitadas en tres años es un reto posible si existen herramientas para simplificar la vida de los ciudadanos, con ayudas accesibles que eliminen pasos intermedios y duplicidad de solicitudes en diferentes entidades, o la posibilidad de que existan intervenciones individuales y que las propias ayudas sean directas o desgravables fiscalmente”, explica De Luca.

En ese sentido, también considera que algunas iniciativas para la rehabilitación, como la cobertura del 100% de la misma o que se permitan rehabilitaciones individuales y parciales en las comunidades de propietarios, son medidas que “van en el camino correcto”.

Para De Luca, la eliminación de la burocracia y del tiempo de espera en la gestión de las ayudas a través de la transferencia de fondos a las Comunidades Autónomas, la creación de oficinas municipales de información y tramitación o la labor de los agentes de rehabilitación, son aspectos que “se asemejan a modelos de países europeos” y que ayudarían a alcanzar el objetivo de la Administración de multiplicar por 10 la tasa de rehabilitación, que actualmente se sitúa en España en el 0,15% cuando la media europea supera el 1%.

De Luca, que en breve dejará de presidir la asociación, cree que el nuevo Plan de Rehabilitación se ha marcado unos “hitos relevantes” que pretenden también incidir en la creación de más de 180.000 empleos cualificados y de largo plazo, en un sector “en el que empiezan a aflorar los problemas de la mano de obra cualificada y la inestabilidad por la crisis que arrastramos desde hace más de 10 años”.

En la misma línea, ha señalado que “las posibles intervenciones individuales de vivienda y el hecho de que las ayudas puedan ser desgravables fiscalmente o de forma directa, ofrecen mayor flexibilidad que modelos anteriores”.

Así, cree que si las medidas se ponen en marcha rápido “habrá un impacto directo en la reactivación de la economía y, posiblemente, un cambio de mentalidad en cuanto a eficiencia energética, acelerando la transformación y modernización del sector de la construcción e inmobiliario”.

Oposición a la construcción de un nuevo aparcamiento en Fuente Dé

Ampliar las plazas de aparcamiento es completamente innecesario en un lugar como Fuente Dé, ya de por sí sobresaturado de visitantes, especialmente durante los meses de verano. Más vehículos privados solo servirá para que aumenten las colas para subir al teleférico, que sean aún si cabe más largas, sin sentido alguno para los valores de conservación de un espacio natural.

Ecologistas en Acción recuerda que el desarrollo urbanístico en los Parques Nacionales está limitado por ley y pide a las Administraciones respeto a la normativa vigente y a la preservación de los valores naturales que hicieron que este espacio fuese declarado Parque Nacional.

La Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en su art. 30.4 señala que «en los Parques se facilitará la entrada de visitantes con las limitaciones precisas para garantizar la protección de aquéllos» y la Ley 16/1995, de declaración del Parque Nacional de los Picos de Europa, en su art. 9.3, remite a su plan sectorial para la regulación de las visitas, que en orden a la  preservación del Parque Nacional  exige el control de acceso en vehículos motorizados, sobre todo en épocas de gran afluencia.

Por su parte la Ley 30/2014 de Parques Nacionales, en su art. 7, se refiere a los efectos jurídicos ligados a la declaración de un Parque Nacional, considerándose incompatible cualquier infraestructura nueva, salvo circunstancias excepcionales por razones de protección ambiental o interés social, y siempre que no exista otra solución satisfactoria. Además, el reciente Plan Director de Parques Nacionales exige que cualquier tramitación urbanística debe adaptarse al Plan de Rector de Uso y Gestión (P.R.U.G.) del Parque Nacional y a las especificaciones técnicas, que en materia de protección del paisaje y de los valores naturales, pudiesen dictarse en desarrollo del mismo.

La gestión moderna de visitantes en un Espacio Natural Protegido, tan señero como Picos de Europa, exige actuar de forma bien diferente, con restricciones al acceso masivo e indiscriminado, en la línea de gestión iniciada desde hace casi un siglo en los Parques Nacionales de montaña en EE.UU. o los Alpes, donde las restricciones de acceso indiscriminado a vehículos motorizados son bien conocidas.

El acceso de visitantes en el lado cántabro de Picos de Europa debería seguir lo que ya funciona satisfactoriamente desde hace varios años en la vertiente asturiana, en los accesos a los Lagos de Covadonga, facilitando el acceso de visitantes mediante autobuses lanzaderas, habilitando aparcamientos disuasorios intermedios, y garantizando el acceso de vehículos motorizados para usos exclusivamente autorizados.

La gestión de visitantes de un Parque Nacional no puede supeditarse en ningún caso al modelo todo coche que sistemáticamente desarrolla la empresa pública CANTUR en los ámbitos de su gestión (Cabárceno, Alto Campoo, Fuente Dé), sin detrimento de que las instalaciones de transporte por cable sean debidamente accesibles con un sistema de transporte colectivo con lanzaderas que recojan y dejen viajeros en el Centro de Visitantes de Sotama, Potes, Camaleño, Los Llanos, Cosgaya o Espinama, y compatible con servicios de transporte discrecional de viajeros.

Esta solución sería la más apropiada para reducir la contaminación, la carga de vehículos, reducir riesgos derivados del tráfico intensivo y además beneficiar a la población local ya que atraería a las visitas a otras localidades de su área de influencia mediante la promoción del transporte público, que a su vez podría ser gestionado por empresas locales.

Esta ONG considera un despropósito que se pretenda incrementar aún más la capacidad de carga del espacio para vehículos motorizados privados en una de las zonas más sensibles del Parque (zona de nidificación de rapaces, de paso habitual de oso pardo y otra fauna emblemática, con hayedos calcícolas en muy buen estado de conservación, y lugar con poblaciones de flora y fauna amenazada, rara y emblemática), que lamentablemente ya soporta de forma habitual unos impactos severos.

Roberto Herrero 

Más del 75% de la superficie de España está ya en riesgo de desertificación

Ante la celebración, mañana, 17 de junio, del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, Greenpeace y el Observatorio Ciudadano de la Sequía se unen para advertir de que los efectos del cambio climático sobre los riesgos de sequía (disminución de las precipitaciones por debajo de los niveles considerados como normales en un área determinada) y de desertificación (degradación de las tierras de zonas áridas y semiáridas causadas por las variaciones climáticas y las actividades humanas) son ya incuestionables.

Como reconoce el informe Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España (2021), elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se espera, por un lado, un aumento generalizado en la intensidad y magnitud de las sequías meteorológicas e hidrológicas bajo escenarios de cambio climático —debido, principalmente, al aumento de la evapotranspiración y a la reducción de las precipitaciones— y, por otro, una creciente aridez y un aumento del riesgo de desertificación. Dos fenómenos diferentes, pero íntimamente relacionados, con capacidad de generar importantes efectos adversos sobre la sociedad, la economía y los ecosistemas, que se agravarán en un futuro cercano como consecuencia del cambio climático y de la persistencia de un modelo de gestión insostenible de los recursos suelo y agua.

Los datos y previsiones globales y regionalizados sobre los efectos del cambio climático en España son claros y urgen, de forma inaplazable, a una acción decidida para paliar sus efectos:

  • Durante la segunda mitad del siglo XX se ha detectado ya una reducción de entre 10 y 20 % de los recursos hídricos disponibles en muchas cuencas de la Península Ibérica. Las estimaciones de reducción de escorrentía superficial, para el siglo XXI, siguen también en descenso. Los datos aportados por el CEDEX (2018), promediando los resultados obtenidos para los diferentes escenarios de emisiones, son del -3 % y -7 % para 2010-2040, del -11 % y -14 % para 2040-2070 y del -13 % y -24 % para 2070-2100, respectivamente.
  • La temperatura media del mar Mediterráneo se calienta entre dos y tres veces más que el conjunto de los océanos en el ámbito global. Su temperatura es ya 1,5ºC superior a los niveles preindustriales y las previsiones son aún más pesimistas: para el año 2040 se estima que el aumento de la temperatura se situará en 2,2ºC y para el 2100 en 3,8ºC.
  • Los datos de la AEMET revelan una clara tendencia, desde 1971, a temperaturas más extremas, tanto en valores promedio como en máximas y mínimas. Considerando la exposición a “exceso de calor” y “calor moderado” en España, se estima que la mortalidad ligada a estas causas oscilará entre 10.000 y 43.000 fallecimientos anuales a lo largo del siglo XXI.
  • La Agencia Europea de Medio Ambiente sitúa a España como uno de los países de la Unión Europea con mayor riesgo de incendios, fenómeno que se agrava en situaciones de sequía y en suelos desertificados.
  • Además, según el último Inventario de Daños Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las masas forestales tienen más dificultad para reponerse de los daños que le causan las sequías, al ser estas cada vez más extremas, recurrentes y prolongadas.
  • Aproximadamente 32 millones de personas ya se han visto afectadas por el cambio climático en España, según los datos aportados por el Ministerio de Transición Energética y Reto Demográfico.
  • Actualmente el agua embalsada en España (15-06-2021) es del 58,34 %, estamos por debajo de los niveles del año 2019, año de la última sequía, en el que varias cuencas, como las del Duero, se declararon en sequía.

En la actualidad, con más del 75% del territorio español en riesgo de desertificación y el 70% de las demarcaciones hidrográficas españolas con niveles de estrés hídrico alto o severo —y ante los efectos del cambio climático sobre la distribución de las precipitaciones y el aumento en la intensidad de las sequías—, “resulta urgente realizar una transformación profunda de las estrategias de gestión del agua y de los modelos de ocupación del suelo, así como de los riesgos asociados a ellos, de forma que prime el principio de precaución y se impulsen políticas integradoras de adaptación y de ordenación del territorio, que superen intereses sectoriales y visiones cortoplacistas”, afirma Jesús Vargas, desde la Universidad Pablo de Olavide.

“Frente a los devastadores problemas asociados a la sequía y la desertificación, tenemos que frenar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Para ello hay que fortalecer el medio rural y cambiar el modo en que producimos nuestros alimentos y bienes de consumo. Así podremos evitar que nuestro país se convierta en un territorio desertificado en pocos años”, ha declarado Julio Barea, responsable de la campaña de aguas de Greenpeace.

Por ello, en el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, Greenpeace y el Observatorio Ciudadano de la Sequía hacen un llamamiento conjunto al Gobierno y a las diferentes administraciones autonómicas y locales para:

  • Realizar una revisión más ambiciosa de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para llegar a reducir las emisiones de CO2 en 2030, al menos, un 55% respecto a las de 1990 y alcanzar el cero neto en 2040, y acelerar el fin de los combustibles fósiles.
  • Modificar la política hidrológica para dar una respuesta decidida a los objetivos de la Directiva Marco del Agua, garantizar la calidad de las masas de agua, realizar una gestión conjunta de los recursos y de los riesgos hídricos e implicar activamente a la ciudadanía en la búsqueda de consensos sobre la gestión del recurso.
  • Mantener una postura rotunda e inequívoca frente a la sobreexplotación y la contaminación de los recursos hídricos y la proliferación de pozos ilegales.
  • Reconvertir el modelo agrícola predominante y frenar la expansión de la ganadería industrial, a través de la disminución de los regadíos intensivos y la cabaña ganadera en intensivo y el apoyo a la agricultura y la ganadería de base agroecológica y de pequeña escala, con principios de justicia social.
  • Garantizar una política forestal acorde con los niveles de aridez y la intensificación de las sequías que sufre España, que asegure la adaptación de los ecosistemas forestales a los nuevos escenarios de cambio climático, evite la proliferación de la urbanización en el espacio forestal y conciencie a la sociedad ante el riesgo que suponen los incendios.
  • Integrar de forma efectiva, y desde la perspectiva de la ordenación del territorio, los efectos del cambio climático en las diferentes políticas sectoriales: planificación hidrológica, política agraria, turismo, gestión litoral, desarrollo rural, urbanismo, salud, migraciones, etc., garantizando el equilibrio y la cohesión territorial.
  • Ampliar el conocimiento y la información sobre la vulnerabilidad a la desertificación y a la sequía en los diferentes territorios, así como sobre los impactos y las pérdidas que estos riesgos generan tanto en las poblaciones como en los ecosistemas.
  • Redirigir las estrategias de gestión del riesgo hacia la prevención, la mitigación y la adaptación, impulsando la elaboración de planes de adaptación al cambio climático que respondan a contextos específicos y garantizando el cumplimiento de la normativa existente, como la obligación de elaborar planes de emergencia por sequía para los abastecimientos urbanos.
    Informar, educar e incluir a la ciudadanía en la gestión de los recursos y los riesgos, a través de campañas públicas, asambleas ciudadanas y procesos participativos más transparentes y efectivos que aseguren una gobernanza real de los riesgos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         En  El Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía nos invita a insistir en la urgencia de actuar frente al cambio climático. “La sociedad y la ciencia lo reclaman”, afirma Pilar Paneque, responsable del Observatorio Ciudadano de la Sequía, quien recuerda que “un estudio de percepción y comportamiento de la población española de 2020, realizado con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica, confirma que el 73,3 % de la población entiende que a este problema se le está dando menos importancia de la que tiene y suspende la política climática del Gobierno de España (4,48)”. Aprovechemos esta demanda social para acelerar y aumentar la ambición de una transición tan necesaria como urgente.

Greenpeace reivindica la necesidad y urgencia de un despliegue masivo de las energías renovables

Hoy, coincidiendo con el Día Mundial del Viento, y a pocas fechas del Día del Sol (21 de junio), Greenpeace ha hecho público un documento con su propuesta para lograr que el desarrollo de las energías renovables se haga al ritmo necesario y con la calidad necesaria para enfrentar la emergencia climática y al mismo tiempo proteger la biodiversidad y los derechos de las personas. El documento publicado hoy refleja el planteamiento de la ONG bajo criterios generales, energéticos, sociales, económicos y ambientales para contribuir, social y políticamente, al impulso imprescindible del desarrollo renovable.

En el documento, la organización ecologista defiende la urgencia de un despliegue renovable con la máxima participación social y la protección medioambiental, ya que según indica, ambas cuentan con importantes espacios de mejora. Asimismo Greenpeace reclama una mayor sostenibilidad territorial y una redistribución justa de los riesgos y beneficios en el ámbito rural.

Para ello destaca, entre otras medidas, la importancia de garantizar espacios de diálogo y participación efectiva con la sociedad civil para incluir al territorio y las poblaciones implicadas por los efectos del desarrollo renovable, en los procesos de redistribución de los beneficios sociales y económicos generados por la utilización de sus recursos, recordando la importancia de poner esta transición energética en manos de la ciudadanía, no como un eslogan, sino como una oportunidad única para construir un sistema energético distribuido más justo social y ambientalmente.

“Tenemos una oportunidad nueva y única como sociedad. La transición energética debe ser entendida, además de como un cambio de fuentes de energía fósiles a renovables, como una evolución de un sistema energético que históricamente se ha basado en un modelo especulativo y en pocas manos (oligopolio energético), a otro que introduzca la máxima participación de generación distribuida, eficiencia y ahorro y en el que la participación de la sociedad civil sea clave e impulsada al máximo”, ha declarado María Prado Rubio, responsable de la campaña de energía de Greenpeace. “Es una oportunidad para trasladar al territorio los beneficios de un sistema que tiene que ser más justo energética y medioambientalmente, y es obligación de las autoridades, la ciudadanía, las instituciones y los promotores corresponsabilizarse con este desarrollo. Tenemos que encontrar las mejores fórmulas para acelerar la sustitución de los combustibles fósiles y nucleares por las renovables y recuperar el tiempo perdido, con justicia social, energética y climática. Ante muchos de los movimientos críticos con el actual modelo de desarrollo renovable, es imprescindible potenciar espacios de diálogo para avanzar”, ha añadido Prado.

Greenpeace lleva años demostrando, a través de informes, y exigiendo que un sistema eléctrico 100 % renovable, eficiente, inteligente y democrático es posible y mucho más beneficioso para la sociedad y el planeta. Greenpeace recuerda el inmenso valor social de las renovables porque contribuyen a la mitigación del cambio climático, a la reducción de la contaminación, a la creación de empleos, a la cobertura de las necesidades básicas (energía para la salud, alimentación, educación y otras) y a la recuperación de la actividad económica. Además, la electricidad generada con renovables es la vía más rápida, eficaz y sostenible para asegurar y satisfacer todas las demandas energéticas (transporte, climatización, industria…) que hoy utilizan combustibles fósiles u otras energías contaminantes y peligrosas, sin menoscabo de anteponer en todos los casos la eficiencia y el ahorro energético.

Las principales demandas de la organización ecologista son estas:

Aceptación y participación de la sociedad: La organización considera que es deber de los Gobiernos y los promotores de proyectos renovables fomentar un desarrollo renovable que pueda ser comprendido como una oportunidad para el medioambiente y para la sociedad, para que esta se corresponsabilice de la transición energética, entendiéndola como una oportunidad única e irrenunciable.Para ello no solo exige una transposición fiel y urgente de las directivas europeas en materia de Autoconsumo, Comunidad Energética Local y capacidad flexible -gestión de la demanda- y con objetivos vinculantes, sino un verdadero impulso desde todas las administraciones (estatal, autonómica y local) y los promotores para movilizar a la participación de la ciudadanía, mediante las estrategias, mecanismos y canales necesarios, como pueden ser la reserva obligatoria de cuotas en subastas, la participación en la inversión (directa o indirecta), la copropiedad, el autoconsumo, y otras fórmulas por definir colectivamente. Así mismo la organización demanda que se garantice la creación de espacios de participación, diálogo y debate desde el principio de los procesos entre promotores, autoridades y comunidades que asumen el desarrollo renovable para asegurar la coordinación de intereses y búsqueda de soluciones compartidas que sumen el mayor impacto positivo posible.

Planificación energética: La organización demanda una planificación energética autonómica (y local) coordinada con la nacional, que ya está contenida en el PNIEC, que determine la energía necesaria en cada comunidad autónoma para alcanzar un sistema eléctrico 100 % renovable en 2030, y un sistema energético 100 % renovable, eficiente e inteligente en 2040.
Mayor ambición de descarbonización: la organización demanda al Gobierno central una mayor ambición climática. De hecho la organización ecologista interpuso el pasado septiembre un litigio contra el Gobierno español por inacción ante el cambio climático que fue admitido por el Tribunal Supremo.

Respecto a las medidas ambientales Greenpeace destaca las siguientes demandas:

  • Priorizar emplazamientos sobre suelos degradados ya que un 4,9 % de la superficie de suelo utilizada en España está dedicada a usos de alto impacto.
  • Excluir todos los Espacios Naturales Protegidos, las áreas críticas de especies en peligro de extinción, y la Red Natura 2000 (Zonas Especiales de Conservación ZEC, Zonas de Especial Protección para las Aves ZEPA, y Lugares de Interés Comunitario LIC).
  • El cumplimiento en todo el Estado como directriz ejecutiva (y no como herramienta orientativa) de la zonificación del territorio nacional presentada por el MITERD que determina la sensibilidad ambiental del territorio. Esta herramienta zonifica el territorio nacional en función del índice de sensibilidad ambiental de los previsibles impactos que puedan presentarse en el territorio para la implantación de proyectos de energías renovables, en concreto de eólica y de solar fotovoltaica.
  • Evaluación ambiental estratégica sinérgica y no individual, que valore los efectos sinérgicos y acumulativos de los diferentes proyectos de una misma zona y que no permita la fragmentación de proyectos para disminuir artificialmente el tamaño y burlar la legalidad ambiental.

Mónica Ortega | Greenpeace

Un 11 % del peso de la compra estándar va directamente al vertedero

  • El modelo de producción y distribución de un solo uso orquestado por la industria del plástico dificulta a las empresas poder reutilizar las botellas o envases para la distribución de sus productos -reduciendo costes e impactos- y llena nuestras casas de residuos.
  • Esta situación está provocando un colapso con graves impactos sobre el medio ambiente, la economía local y la salud de las personas.

Mañana 16 de junio, Día de la Reutilización (Refill Day), la Alianza Residuo Cero, de la que forma parte Ecologistas en Acción, exige reducir drásticamente los envases de usar y tirar. Considera fundamental poner en marcha circuitos de reutilización descentralizados y disponibles para las empresas de alimentación y bebidas, y facilitar a la ciudadanía modelos de consumo residuo cero para comprar con sus propios envases o con envases que puedan devolver al comercio.

En los últimos años se han producido cambios tanto en el consumo como en la distribución que llevan a un mayor aumento en la generación de residuos: aumento de la cuota de compra en supermercados y grandes superficies, disminución de la oferta de productos frescos a granel en supermercados o aumento del consumo de productos precocinados. Buena parte de los envases asociados a estas prácticas son innecesarios y responden estrictamente a necesidades de las cadenas de distribución y venta, y no garantizan el derecho de la persona consumidora a consumir sin producir residuos o produciendo solo los estrictamente necesarios. Hoy día es una odisea hacer una compra sin residuos de envases y embalajes. Los envases, bandejas y envoltorios superfluos se imponen en todo tipo de alimentos, incluidos aquellos que tradicionalmente se vendían a granel como la carne, el pescado o la fruta.

Según nuevos datos aportados por Rezero, entidad que forma parte de la Alianza Residuo Cero, de todo lo se compra en alimentación, el 11 % en peso son envases de usar y tirar. Este dato se ha calculado con los diez productos más consumidos (pollo, jamón york, queso semi, merluza, leche, agua, cola, tomates, patatas y naranjas) en los diez establecimientos con mayor cuota de mercado.

En consecuencia, no es de extrañar que los envases sean una de las principales fracciones de los residuos. La alimentación y las bebidas conllevan la generación de entre el 80 % y el 90 % de residuos de envases, contribuyendo de manera determinante en el aumento en la generación de éstos.

Además, tan solo un 26 % de los envases que se ponen en el mercado acaban recuperándose para volver a ser introducidos en el sistema productivo a partir del reciclaje. Este despropósito provocado por la industria del envasado lo acaban pagando las administraciones locales a partir de los impuestos de la ciudadanía.

En el contexto de un sistema de recogida selectiva y reciclaje de los envases insuficiente, y un modelo de producción y consumo lineal predominante, la Alianza Residuo Cero, de la que forma parte Ecologistas en Acción, exige erradicar la producción de envases de un solo uso totalmente innecesarios, y pide a los gobiernos que impulsen la transición hacia modelos de producción y consumo circulares y de residuo cero.

Esto pasa por: 1) poner en marcha circuitos de limpieza y reutilización de envases de alimentación y bebidas descentralizados; 2) fiscalizar los envases de un solo uso;  y 3) facilitar a la ciudadanía comprar a granel con sus propios envases o incentivar la devolución de los envases a partir del depósito.

“Resulta decepcionante que en el Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados, ahora en proceso de tramitación parlamentaria, no aparezcan ni objetivos ni medidas concretas para priorizar la reducción en el uso de envases, ni la reutilización (o rellenado) de los envases de alimentación”, ha declarado Adriana Espinosa, responsable de recursos naturales y residuos de Amigos de la Tierra.

Por todo ello, la Alianza Residuo Cero pide al Gobierno central y a los partidos políticos del Congreso responsabilidad y proyección, que escuchen a la ciudadanía y se fijen en proyectos sostenibles de éxito, que miran, no solo el beneficio económico, sino también el ambiental y social.

Existe una creciente preocupación de la ciudadanía sobre el uso excesivo de envases plásticos desechables utilizados para la distribución de alimentos en los puntos de venta. Algunos ejemplos que demuestran esta tendencia serían el movimiento ‘Desnuda la fruta’, las numerosas compras colectivas que se realizan en todo el territorio y/o la proliferación de comercios de venta a granel que permiten al consumidor realizar una compra responsable y en táper, minimizando la cantidad de residuos.

A la vez, tal como afirma Rosa García, de Rezero, “existen evidencias de las ventajas y la viabilidad de la reutilización de los envases. Un ejemplo paradigmático es el proyecto reWINE que ha identificado las oportunidades y barreras de la reutilización de botellas de vidrio en el sector vitivinícola de Cataluña, a través de datos experimentales que permiten asegurar su viabilidad técnica, ambiental, social y económica”.  

La reutilización de botellas de vidrio en el sector vitivinícola podría suponer, solo en Cataluña, un ahorro de más de 100 millones de kg de CO2 equivalentes anuales y 21.756 toneladas de residuos y, reduciría así un 28 % su huella de carbono.  Además, ofrece potenciales ahorros económicos para las bodegas, para los municipios (derivados de la ahorro en costes de recogida y tratamiento de botellas que dejarían de gestionar) y oportunidades de creación de puestos de trabajo que fomentan la economía verde, circular, local y con capacidad para promover la reinserción social (sobre todo en el empleo vinculada a la logística y el lavado de las botellas).

Según la Alianza Residuo Cero, «España puede ser un lugar mucho más sano, limpio y justo socialmente si prioriza la reducción de los envases de usar y tirar y la reutilización. Disponemos de instrumentos y medidas estudiadas y probadas. Solo necesitamos voluntad política para lograrlo».

Prevenir mejor que prohibir: la solución más eficaz para reducir los daños en la ganadería

  • Las medidas preventivas, como el uso de mastines y cercados, alcanzan una eficacia demostrada de hasta el 100% en reducción de daños.
  • Más del 90% de los ganaderos entrevistados están satisfechos con su uso y demandan financiación.
  • Se trata de proteger a la especie sin abandonar a la ganadería extensiva, apoyándola con medidas que aumenten su rentabilidad y minimicen las pérdidas.

Ante la continuación de la oposición para el fin de la caza, la organización WWF recuerda que la solución es la coexistencia y que las medidas preventivas para los daños al ganado tienen una alta aceptación y eficacia, que puede llegar al 100% si se usan adecuadamente. WWF insta a las CCAA a abandonar el discurso polémico y centrarse en impulsar una coexistencia efectiva que apoye tanto la conservación del lobo como a la ganadería extensiva, en cumplimiento con la normativa europea.

Las medidas preventivas funcionan y quien las pone en marcha no deja de utilizarlas. Esta es la conclusión de uno de los estudios que avalan el mensaje de WWF, tras años de trabajo en coexistencia: la solución no es reducir las poblaciones de lobo, sino evitar que se produzcan daños al ganado. La clave es conseguir que la coexistencia no suponga un coste añadido para la economía de la ganadería extensiva, lo cual es posible apostando por un modelo que se centre en la prevención de daños.

Los datos, resultado del análisis del uso de medidas preventivas 10 años después del proyecto LIFE COEX y publicados en el Congreso de la Sociedad Española de Conservación y Estudio de Mamíferos, muestran la alta efectividad de las medidas preventivas así como la elevada aceptación por parte de los ganaderos, de más del 90%. La única desventaja apuntada por los ganaderos fue el coste añadido que suponen estas herramientas que se compensaría, sin embargo, al ser financiado íntegramente con fondos públicos, tal y como recomienda la carta de la Comisión Europea a los ministros de los estados miembros.

Estas medidas preventivas incluyen las más conocidas, como los mastines y otros perros de guarda y defensa del ganado, que disuaden a los depredadores reduciendo los ataques con una eficacia del 70%. Otras medidas, como las vallas o pastores eléctricos y los cercados fijos actúan impidiendo que el ganado se disperse y sea más susceptible de ser atacado al mismo tiempo que dificultan la entrada de los depredadores dentro del redil, con una eficacia de hasta el 99,8% y el 100% para cercados electrificados y fijos respectivamente.

Existen además medidas preventivas menos frecuentes, como el cambio de manejo, agrupando los partos para proteger más fácilmente a los animales más vulnerables o la recogida nocturna del ganado, entre las más tradicionales, y otras más innovadoras con elementos disuasorios, como las barbacanas o fladries electrificados, que han mostrado excelentes resultados, o los focos o cañones acústicos que evitan que los depredadores se acerquen y que tienen una alta efectividad en condiciones variables que permiten que los depredadores no se habitúen.

La eficacia de las medidas preventivas depende del tipo de ganadería y manejo, así como de las peculiaridades geográficas, pero distintos estudios en zonas tan dispares como España y Portugal o Alemania, muestran que la reducción de daños puede llegar al 100% cuando se usan de forma conjunta y forman parte de un plan integrado de prevención que incluya un análisis previo de la explotación, tipo de ganadería, manejo y orografía así como asesoría en la elección de las mejores medidas, su puesta en marcha y un seguimiento adecuado para corregir posibles fallos.

Estos planes integrados deben complementarse por un sistema de compensación ágil y justo para los casos excepcionales en los que las medidas fallen así como por una formación adecuada a quienes realizan las valoraciones de daños. Se trata de una especialización compleja que, a día de hoy, las administraciones no proporcionan, como así quedó patente en el taller impartido por WWF.

Para Gema Rodríguez, responsable de especies de WWF, “estos estudios demuestran que hay que trabajar en la puesta en marcha de las soluciones prácticas con eficacia probada. Sin embargo, seguimos observando cómo las CCAA insisten en seguir cazando lobos y en obstaculizar la protección de la especie, en lugar de avanzar en el sentido de la coexistencia”.

 

WWF advierte de que el Mediterráneo es el mar que más rápido se calienta del mundo

El Mediterráneo se calienta un 20% más rápido que la media mundial. El cambio climático está produciendo efectos que agudizan la grave presión existente por la sobrepesca, la contaminación, el comercio marítimo y el desarrollo costero y están poniendo en peligro al Mediterráneo. Por ello, en el Día Mundial de los Océanos, WWF lanza un nuevo informe donde analiza seis ejemplos de los impactos que afectan a este mar sobrecalentado.

El Mediterráneo se está ‘tropicalizando’ y una de sus consecuencias es la aparición de nuevas especies. Al menos 1.000 especies invasoras han aparecido desde zonas más cálidas al Mediterráneo desplazando a las autóctonas, una tendencia también favorecida por el intenso tráfico marítimo del Canal de Suez o el Estrecho de Gibraltar. Mientras, las poblaciones de moluscos autóctonos han decrecido casi un 90% en las aguas más orientales del Mediterráneo, especies como el pez león y el pez conejo suponen el 80% de las capturas en Turquía o Chipre y han transformado buena parte de los hábitats marinos.

Las altas temperaturas y el incremento en la frecuencia e intensidad de las tormentas están transformando también el fondo marino. Las praderas de Posidonia oceanica, las poblaciones de gorgonias (corales) y las nacras, entre otras, se han reducido en toda la región, llegando a extinguirse totalmente en algunas zonas.

El  cambio climático a una escala global produce una acidificación de los mares que ocasiona un debilitamiento en las estructuras de organismos como el fitoplancton, los corales, los moluscos o los crustáceos. Perder estas especies por completo tendría un impacto dramático en todo el ecosistema marino, ya que proveen hábitats vitales para muchas especies y contribuyen de forma significativa a fijar carbono para el clima. Por ejemplo, la Posidonia oceánica almacena entre un 11 y un 42% de las emisiones de dióxido de carbono de los países del Mediterráneo.

Por otro lado, estamos asistiendo a una explosión de medusas en el Mediterráneo, favorecida por el calentamiento del agua, la contaminación y la progresiva desaparición de depredadores marinos, como consecuencia de la sobrepesca. Estos impactos tienen, además, consecuencias sobre los bienes y servicios que los mares nos ofrecen, repercutiendo también en sectores económicos como el turismo o la pesca, entre otros.

“Hasta que no se consiga una transición ecológica, descarbonizando la economía, la mejor forma de proteger y conservar los ecosistemas marinos frente al cambio climático es mantener unos ecosistemas saludables, en equilibrio que tengan una mayor capacidad natural para adaptarse a los cambios. Las áreas marinas protegidas, bien gestionadas, pueden contribuir mucho a reducir el estrés en las poblaciones marinas”, afirma Óscar Esparza, experto en áreas marinas protegidas de WWF España.

Estos ejemplos muestran claramente la fuerte relación entre el clima y los océanos y la necesidad de mejorar la protección marina para restaurar la biodiversidad y las poblaciones de peces. Por ello, WWF insta a los líderes mundiales y del Mediterráneo a fortalecer la biodiversidad a través de las acciones climáticas y los mecanismos financieros acordados en la Convención de la Diversidad Biológica, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) y la Convención de Barcelona que tendrá lugar durante la segunda mitad del 2021.

Lucera señala las claves de los nuevos precios de la luz

A partir del 1 de junio de 2021 cambian las tarifas de energía y entre los usuarios hay mucho desconocimiento y desconcierto sobre en qué va a consistir y cómo va a afectar a su factura mensual de energía. Por esta razón, Lucera, la compañía que apuesta por la eficiencia energética con energía 100% renovable nacional, explica en qué consiste este cambio y cómo afectará a los consumidores.

Las principales novedades son:

  • El cambio más importante es que el consumidor pagará más o menos en función de las horas y los días que utilice la energía.
  • Se diferenciarán por primera vez los “peajes” (coste de las redes de transporte y distribución de la electricidad) y los “cargos” (costes no relacionados con el suministro de electricidad).
  • Todos los consumidores que tengan contratados menos de 15 kW pasarán a formar parte de una única tarifa de acceso, la 2.0TD. Gracias a este cambio y a la unificación de la potencia y de las tarifas, alrededor del 74% de los consumidores (de los consumidores de baja tensión) pagarán entre un 3% y un 13% menos. Sin embargo, los que estén en una tarifa 2.0 DHA o 2.0 DHS, verán incrementada su factura entre un 5% y 6% por lo que deberán ajustar los horarios de consumo a los nuevos tramos más económicos y de esta forma igualar o mejorar a la factura que tenían antes del cambio.
  • Según el contrato y empresa en la que estén el cambio afectara de una u otra forma. Si tienes una tarifa variable indexada (el precio varía cada mes), tu compañía te aplicará los cambios de los periodos directamente y algunas compañías, te proporcionará en su web una simulación de cual hubiese sido el precio medio, del ultimo año, en cada periodo con los nuevos peajes y cargos. Si tienes una tarifa de precios fijo, tu compañía puede aplicarte los nuevos precios fijos con tres tramos a partir del 1 de junio o bien mantenerte la estructura con un único precio para los todos los tramos. La mayoría de las compañías que ofrecen precio fijo lo están subiendo para trasladar los cambios y mantener o incluso subir sus márgenes. Si tienes una tarifa plana o con horarios especiales, deberás hablar con tu compañía para que te expliquen claramente sus nuevas tarifas y comprobar el importe de la subida del termino de energía (euros/kWh) e incluso del término de potencia (euros/kW).

Resumiendo, ahora todos los hogares tienen por defecto los 3 tramos horarios, pero depende de la oferta comercial que se tenga por parte de la comercializadora el usuario podrá aprovecharse de los más económicos (en las tarifas variables como las de Lucera) o escoger un solo precio o tarifa plana por la que probablemente se pague más a final de mes a cambio de comodidad.

¿Para qué sirve la diferenciación de precios de las nuevas Tarifas de Acceso?

  • Para incentivar el desplazamiento del consumo (tales como, acumuladores, lavadoras y lavavajillas, entre otros) a periodos de menor demanda, con objeto de evitar inversiones innecesarias en la red.
  • Aumentar el consumo de electricidad de origen de energías renovables en detrimento del consumo de energía procedente de combustibles fósiles.
  • Para facilitar la carga del vehículo eléctrico a un precio reducido, ya sea en el propio domicilio o mediante la contratación de un segundo punto de suministro (al permitir contratar 0 kW de potencia en punta).
  • Facilitar la transición a una economía baja en emisiones.

Periodos de energía

Habrá tres para los días entre semana (hora valle, llana y punta) y una única los fines de semana y festivos (valle). Las horas punta (las más caras) serán de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00, es decir, las horas de más consumo teórico. Las horas llanas (el precio promedio) serán de 8:00 a 10:00, de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 0:00. Por lo tanto, en las horas valle (las más baratas) serán de madrugada, de 0:00 a 8:00 y serán también las que tendremos los fines de semana y festivos.

Esto quiere decir que deberemos ajustar nuestros hábitos para ahorrar lo máximo posible en nuestra factura, intentando usar los electrodomésticos en las horas o días más baratos y reduciendo el consumo en las horas más caras.

Periodos de potencia

Ahora tenemos solo una potencia contratada, pero con el nuevo cambio podremos tener diferentes potencias según la hora y el día en que las queramos. También habrá distintos tipos de potencia (valle y punta) en cuanto a la factura. La valle es la que se encontrará de 0:00 a 8:00 y la punta el resto del día, y aquí al igual que con los periodos de energía, los fines de semana y festivos también será todo a precio de potencia valle. Es decir, si tu potencia aumenta entre las horas valle pagarás menos que si lo hace en la punta.

“Son muchos cambios y para ello es fundamental transmitir que las comercializadoras actúen con transparencia a la hora de adaptar las tarifas de la electricidad y ser claras a la hora de informar a los usuarios. Para ello, deben tener en claro qué se paga en la factura de la luz, qué conceptos cambian, en qué consisten las novedades y cuáles son los hábitos de consumo por adoptar. de horarios y de potencia, pero a la larga pueden ser muy beneficiosos para todos. En Lucera, como siempre, estaremos ayudándote para ahorrar dinero en tu consumo energético gracias a nuestra app integral y a nuestros expertos que están siempre dispuestos para nuestros clientes” afirmó Emilio Bravo, CEO de Lucera.