El fondo para pérdidas y daños supone el comienzo de la justicia climática

Greenpeace acoge con satisfacción el acuerdo de la COP27 que establece un Fondo de Financiación para Pérdidas y Daños como un punto de partida importante para alcanzar la justicia climática. Sin embargo, advierte del peligro de que, a pesar de este acuerdo, finalmente no haya cambios en la política climática actual.

Yeb Saño, director ejecutivo de Greenpeace Sureste de Asia y jefe de la delegación de Greenpeace en la COP27 declara: «El acuerdo de un Fondo de Financiación para Pérdidas y Daños marca el inicio de un nuevo camino para la justicia climática. Los gobiernos han puesto la primera piedra de un nuevo fondo que se necesitaba desde hace mucho tiempo para prestar un apoyo vital a los países y comunidades vulnerables que ya están siendo devastados por la aceleración de la crisis climática».

«Hasta el último momento, estas negociaciones se han visto empañadas por los intentos de intercambiar los avances en la adaptación y la mitigación a cambio de avances en el fondo de las pérdidas y los daños. Al final, el esfuerzo tanto de los países vulnerables, que se han mantenido firmes, como de las personas activistas por el clima han conseguido superar las barreras y dar un paso adelante en la acción climática».

«La inspiración que podemos extraer del éxito de la creación del fondo para pérdidas y daños en Sharm El-Sheikh es que, si se hace el esfuerzo y se tiene la fuerza suficiente, se puede mover el mundo, y hoy esa fuerza es la solidaridad entre la sociedad civil, las comunidades locales y los países del Sur global más afectados por la crisis climática».

«Cuando sea el momento de discutir los detalles del nuevo fondo para pérdidas y daños, tenemos que garantizar que los países y las empresas más responsables de la crisis climática hagan la mayor contribución. Esto debe empezar por que los países del Norte global cumplan su promesa de aportar 100.000 millones de dólares al año para apoyar a los países de renta baja para que se adapten y aumenten su resiliencia frente a los impactos climáticos. También deben cumplir su compromiso de duplicar la financiación para adaptación para 2025. Cuanto antes se complete esta financiación y se consiga dinero nuevo y adicional para pérdidas y daños, antes podremos empezar a reparar los errores históricos que están detrás del colapso del clima y la naturaleza».

Pedro Zorrilla Miras, representante de Greenpeace España en la COP27, ha declarado: “El Gobierno de España tiene que comprometerse ahora tanto a facilitar la creación rápida del nuevo fondo como a aportar los fondos necesarios para hacer frente a los impactos y sufrimientos de las personas más vulnerables e impactadas por el cambio climático. También tiene que aumentar la escala de los fondos que dedica a la acción climática para apoyar a países del Sur global para la adaptación y la reducción de emisiones. Para conseguir estos fondos puede, por un lado, aumentar los impuestos a las empresas de combustibles fósiles, y, por otro, utilizar los presupuestos que actualmente subvencionan a los combustibles fósiles”.

Yeb Saño ha añadido: «Resulta positivo que un gran número de países del norte y del sur expresaran ayer en una de las últimas negociaciones que es necesario acabar de forma progresiva con todos los combustibles fósiles -carbón, petróleo y gas-, que es lo que requiere el Acuerdo de París. Sin embargo, estas peticiones han sido ignoradas por la presidencia egipcia de la COP y no han sido incluidas en el acuerdo. Los petroestados y los grupos de presión de los combustibles fósiles han estado presentes en masa en Sharm el-Sheikh para asegurarse de que no se aprobase ese llamamiento. Si no se termina rápidamente con el uso de combustibles fósiles, no habrá la cantidad de dinero necesaria en el mundo para cubrir los costes de las pérdidas y daños resultantes. Es así de sencillo. Cuando tu bañera se desborda, cierras el grifo, no esperas un tiempo y luego sales a comprar una fregona más grande».

«La acción y la justicia climática implican avanzar a la vez en todos los ámbitos: en la reducción de emisiones, en la adaptación y en la cobertura de las pérdidas y los daños que produce el cambio climático. O avanzamos en todos los frentes, o perdemos. Hay que recordar que la naturaleza no negocia».

Con respecto a la situación en España, Pedro Zorrilla Miras explica: “España necesita reducir sus emisiones de forma mucho más rápida a como lo está haciendo actualmente, necesita políticas que consigan reducir las emisiones de efecto invernadero por lo menos un 55 % en 2030 con respecto a las del año 1990, y no sólo un 23 %, que es el objetivo actual”.

Yeb Saño finaliza: «La victoria al conseguir hoy la aprobación del fondo para pérdidas y daños es una victoria de la ciudadanía, de las personas activistas por el cambio climático, y debe animarnos para desenmascarar a los que habitualmente bloquean la acción climática y las políticas para acabar con nuestra dependencia de los combustibles fósiles, para impulsar las energías renovables y para apoyar una transición justa. Sólo cuando queden desenmascarados y señalados se podrán dar pasos mayores hacia la justicia climática».

Pedro Zorrilla | Greenpeace España

España escala 11 puestos en el ranking de países comprometidos contra el cambio climático

Ningún país consigue una nota sobresaliente en su compromiso contra el cambio climático. Es la principal conclusión del Índice de Rendimiento frente al Cambio Climático de 2023, que sitúa a España en el puesto número 23 de los 60 países analizados, que en conjunto suman el 92% de las emisiones responsables del calentamiento global. Nuestro país escala 11 puestos respecto del anterior índice, fundamentalmente por el empuje que ha supuesto la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica. Se sitúa así entre los Estados con un rendimiento medio. Dinamarca encabeza la lista en la que los primeros tres puestos, reservados a rendimientos muy altos, quedan desiertos un año más.

Este ranking, que cumple su 18ª edición, es elaborado anualmente por las ONG GermanWatch y Climate Action Network Europa, de la que forma parte activa SEO/BirdLife, a partir de evaluaciones realizadas por expertos de cada país. En el caso de España, el GCTFNN. Ha sido presentado en la 27ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, la COP27, que ya ha entrado en su fase final de negociación.

El índice analiza cuatro indicadores: emisiones de gases efecto invernadero per cápita, consumo de energía, tendencia de implantación de renovables y políticas naciones de clima. De acuerdo con el análisis, ninguno de los países ha sido lo suficientemente fuerte en todas las categorías para obtener una calificación global muy alta. Dinamarca se queda en un notable alto, cerca del 79,61 sobre 100, seguida por Noruega, con un 73,28 sobre 100.

España obtiene un 58,59 sobre 100 como cómputo global. Se sitúa el puesto 17 de 62 en materia de política climática, el 20 en relación a emisiones, el 21 en cuanto al uso de energía y el 30 en materia de renovables. Los analistas saludan el empuje de la ambición recogida en la ley de cambio climática, aprobada el pasado año, y ponen el acento en la necesidad de eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y en mejorar la participación de la ciudadanía en proyectos renovables para apuntalar una transición ecológica justa.

China, Japón, Estados Unidos, Hungría, Polonia, Australia, Malasia, China Taiwán, Canadá, Rusia, Corea del Sur, Kazajstán, Arabia Saudita e Irán, en este orden, están todos en la zona roja de «desesperación climática», ocupando puestos por debajo del 50 de la lista. En esta relación de suspensos figuran nueve de los 16 mayores productores de combustibles fósiles, que colectivamente extraen alrededor del 70% de todos los combustibles fósiles a nivel mundial. Todos ellos, excepto Canadá, tienen cuotas de energía renovable bajas o muy bajas.

Rusia perdedora, Chile ganadora del año

Chile ha sido nombrado “campeón” de la lista de 2023. Desde su inclusión en el índice en 2020, ha ocupado puestos altos fundamentalmente debido a su bajo nivel de emisiones per cápita. Este año ha escalado tres puestos gracias a su impulso legislativo, comprometiéndose a llegar a emisiones cero netas en 2050. Rusia, en el lado opuesto, ha sido nombrado “perdedor” debido a su mal rendimiento en el índice, su baja penetración de renovables –apenas un 3%- y, de manera especial, por el efecto que la guerra de Ucrania, que está impulsando el uso de combustibles fósiles a escala global.

Los deberes del G20 y de la UE

El índice lanza un mensaje generalizado al Grupo de los Veinte, conocido como G20, reunido estos días en Bali (Indonesia) y que aglutina el 75% de las emisiones de gases del mundo. Con la India (8º), el Reino Unido (11º) y Alemania (16º), sólo tres países del G20 se encuentran entre los que obtienen mejores resultados en el índice 2023. Doce países del G20 reciben una puntuación global baja o muy baja. Canadá, Rusia, Corea del Sur y Arabia Saudí obtienen los peores resultados.

La Unión Europea, que forma parte del G20, es analizada en conjunto por el índice. Este año, el empuje en la ambición comunitaria permite a la Unión escalar tres puestos hasta la posición 19, a las puertas de obtener una clasificación alta. Nueve países de la UE se encuentran entre los resultados altos y medios, incluyendo a España, que obtiene la segunda mejor escalada de un país comunitario, solo precedido por Estonia, que logra ascender 23 puestos. Francia, por el contrario, desciende 11 puestos hasta el 28º, debido principalmente a su peor posición en la categoría de Política Climática en comparación con el año anterior. Hungría (53º) y Polonia (54º) son los miembros de la UE con peores datos.

Los analistas ven con buenos ojos el empuje en la ambición climática europea, pero recuerdan que sus compromisos no están alineados con lo que se necesita para mantener el calentamiento global por debajo de los 1, 5ºC, el límite para mantener una relativa estabilidad climática. Sostienen que es preciso adelantar las emisiones cero a 2040 en la UE y subrayan que la diversificación energética exprés que ha provocado la guerra de Ucrania, que ha llevado a los países de la UE a buscar combustibles fósiles en África y el desarrollo de infraestructuras en este sentido, no puede menoscabar la senda de descarbonización que se había emprendido.

Un largo camino por recorrer, pero con poco tiempo

Desde el año 2000, las emisiones de GEI han crecido en todo el mundo más de un 40%. Tras un descenso en 2020 debido a la pandemia, en 2021 se produjo un repunte.

Las emisiones per cápita muestran una evolución relativamente uniforme en los últimos 20 años, debido sobre todo al crecimiento de la población, que acaba de pasar el umbral de los 8.000 millones de personas. Países como EE.UU. (16,6 t per cápita) y Canadá (17,9 t per cápita) se encuentran entre los países con mayores emisiones per cápita, mientras que India (2,2 t per cápita) y Filipinas (2,3 t per cápita) son sustancialmente menores. España registró 4,9 t per cápita en 2021.

El crecimiento de las energías renovables ha aumentado de forma constante desde el año 2000, lo cual es una buena señal. Sin embargo, simultáneamente, el suministro de energía también está aumentando, lo que lleva a que la cuota actual de las energías renovables en el suministro de energía sea apenas del 17%.

De todos los indicadores, el de GEI por Producto Interior Bruto (PIB) es el único que disminuye continuamente. Esto significa un desacoplamiento entre la generación de energía y la riqueza económica del país, es decir, que se necesita menos energía para generar riqueza. Sin embargo, no es suficiente. Para que se pueda avalar una senda favorable a la descarbonización, también es necesario que esa energía emita menos y, finalmente, nada. Lamentablemente, esta tendencia es plana y no registra un descenso.

“Los datos del índice son claros: para mantener 1,5°C al alcance de la mano y evitar un cambio climático peligroso, el mundo debe reducir sus emisiones a la mitad para 2030. Sólo si utilizamos mucha menos energía y más fuentes renovables es posible alcanzar este objetivo. La aprobación de una hoja de ruta, apuntalada en la ley de cambio climático nacional, ha permitido a España mejorar su posición en el índice, pero también deja claro cuáles son las teclas que tenemos que activar: más renovables, más ahorro y eficiencia, y políticas que corten emisiones en otros sectores claves como el transporte, la industria o la producción agraria. Toca, pues, ejecutar rápidamente lo acordado y elevar la ambición lo antes posible, en la revisión de objetivos en 2023-2024”, señala el responsable de Clima de SEO/BirdLife, David Howell, que forma parte de las negociaciones como integrante de las delegaciones de BirdLife International y CAN Europe.

Y añade: “Todo ello debe acometerse evitando impactos críticos sobre la biodiversidad porque no podemos olvidar que el 37% de nuestros objetivos climáticos se consiguen conservando y restaurando espacios naturales”.

“La conexión entre cambio climático y naturaleza es, de hecho, una de las cuestiones que pueden salir reforzadas de la COP27, que tiene en sus manos lanzar un mensaje a su COP hermana, la de biodiversidad, que arranca en unos días en Canadá. Por nuestra salud y por el clima, es el momento de alcanzar un acuerdo global, al estilo del Acuero de París, para frenar la pérdida de biodiversidad y empezar a ganar naturaleza. Este mensaje tiene que quedar claro en la resolución final de la cumbre de Egipto. Por el momento, no vemos este empuje en los borradores de texto que se están negociando”, concluye Howell.

David Howell  +34 676 50 86 13

Foto: ©Netta Arobas/Shutterstock

Tres de cada cuatro españoles creen que invertir en transición ecológica aliviará el encarecimiento energético   

  • SIGMA DOS presentan las conclusiones de un Barómetro sobre Transición Ecológica, obtenidas a partir de una encuesta realizada a 1.177 personas, mayores de 18 años, elegidas de forma representativa por sexo, edad y Comunidades Autónomas
  • El 80 % de los españoles ve la transición ecológica como una oportunidad económica diferencial para impulsar el país
  • El estudio observa que España debería asumir un rol de liderazgo en la Transición Ecológica Europea y que se debería incentivar fiscalmente a las empresas que se alineen con este objetivo
  • Ocho de cada diez ven importante aumentar el peso de las renovables en el mix energético e incrementar las redes de distribución de electricidad

Tres de cada cuatro españoles creen que invertir en transición ecológica aliviará el encarecimiento energético y ocho de cada diez ven crucial aumentar el peso de las renovables en el mix energético e incrementar las redes de distribución de electricidad; mientras que siete de cada diez apuestan por invertir en almacenamiento.

Además, el 80 % de los españoles ve la transición ecológica como una oportunidad económica diferencial para impulsar el país y la mayoría de la población cree que España debería asumir un rol de liderazgo en la Transición Ecológica Europea.

Estas son algunas de las conclusiones del Barómetro de Transición Ecológica, realizado por SIGMA DOS sobre una muestra de 1.177 personas, mayores de 18 años, elegidas de forma representativa por sexo, edad y Comunidades Autónomas (el margen de error es de ±2,9 % con un intervalo de confianza de 95,5 %).

El estudio ha sido presentado hoy en un acto en Madrid, en el que han participado Lucia Blanco, subdirectora adjunta de la Subdirección de Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de Energía en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Almudena Martínez del Olmo, directora técnica de la investigación.

Lucía Blanco, subdirectora adjunta de la Subdirección de Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de Energía en Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha destacado que “tenemos por delante un gran reto que es descarbonizar la economía lo antes posible y no más tarde de 2050. España, según el eurobarómetro, es el país más preocupado de la Unión Europea por el cambio climático. Hacen falta acciones urgentes”.

Por su parte, Almudena Martínez, directora técnica de investigación de Sigma Dos, ha subrayado que “el 80 % de la población ve la transición ecológica como una oportunidad para impulsar la economía del país desde un modelo más respetuoso con el medio ambiente, lo que demuestra que la transición ecológica no solo es vista como una necesidad sino también como una oportunidad”.

También han intervenido Alberto Andreu, presidente de la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social (DIRSE); Carlos Mataix, director del Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid; Estíbaliz Sáez de Camara Oleaga, directora de Sostenibilidad y Compromiso Social de la Universidad del País Vasco; Esther Valdés Tejera, directora del Grado en Gestión Urbana de la Facultad de Tecnología y Ciencia de la Universidad Camilo José Cela; y Jorge Fernández, investigador senior y coordinador del área de energía de Orkestra (Centro de Investigación en Competitividad Territorial y Políticas impulsado por la Universidad de Deusto).

Incentivos empresariales a la sostenibilidad

El estudio demuestra que la población española apoya la Transición Ecológica, independientemente de su edad, sexo e ingresos y que siete de cada diez españoles la consideran importante o muy importante en el contexto actual.

También siete de cada diez encuestados sienten que los eventos meteorológicos extremos aceleran la urgencia de la transición ecológica. Y uno de cada dos opina que la guerra de Ucrania ha intensificado también su nivel de urgencia, la misma proporción que ve la transición ecológica un asunto prioritario a la hora de decidir su voto. En este sentido, el 75 % aboga por el consenso y coordinación entre organismos públicos y empresas privadas como punto clave para el éxito.

El informe observa que el 71 % de la muestra defiende que se incentive fiscalmente y se premie más a las empresas que lleven a cabo buenas prácticas ambientales y sostenibles; mientras que seis de cada diez ciudadanos apuestan por invertir sólo en proyectos verdes que demuestren su capacidad para ser rentables económicamente.

Por otro lado, el transporte de pasajeros y el sector eléctrico son los sectores en los que se percibe un mayor avance en la reconversión de su actividad en los últimos años y el 92 % de los encuestados están a favor de que se tomen medidas que promocionen la movilidad sostenible: la promoción del transporte público libre de emisiones y la bajada de impuestos a vehículos de las mismas características son las más apoyadas.

Emilia Sánchez

Valorar los alimentos es un primer paso contra el desecho

Cada año se tiran en el mundo unos 1 300 millones de toneladas de alimentos, lo que equivale a un tercio de la producción anual de alimentos en el mundo. Hay una historia detrás de cada pieza de comida, y cada pieza de comida que se tira podría alimentar a personas que no tienen que comer.

El calor combinado con la escasez de agua y el clima extremo, así como el bloqueo de las rutas de exportación de alimentos desde Ucrania, por ejemplo, dejan claro que el suministro de alimentos no puede darse por sentado. Además de ello, cada alimento tiene su historia. «El sabor de un pepino no depende de su curvatura; y el hecho de que un pepino que no esté tan crujiente y jugoso como uno esperaría puede explicarse por la circunstancia de que, por ejemplo, el horticultor ha tenido problemas de suministrar el riego adecuado», dice Jasmin Peschke, directora de la Sección de Nutrición de la Sección de Agricultura del Goetheanum. La experta en economía familiar y nutrición conoce a varios agricultores que, a pesar un gran esfuerzo, han visto la cosecha de 2022 afectada por la sequía, y por lo tanto también ven amenazada su existencia.

El volumen de desperdicio de alimentos en todo el mundo es de unos 1 300 millones de toneladas. Esto significa que se tira un tercio de los alimentos producidos, es decir, grandes cantidades de fruta, verdura y pan no consumidos. Se calcula que hay 830 millones de personas que sufren hambre en todo el mundo. «Es un problema de distribución. Por un lado se desperdicia la abundante oferta de alimentos, y por otro lado un gran porcentaje de la población tiene muy poco para comer», se preocupa Jasmin Peschke. Y añade: «Los agricultores y horticultores no sólo son productores de productos, sino también de valores como la biodiversidad, la fertilidad del suelo, el bienestar de los animales, el paisajismo, la educación y mucho más – factores importantes para nuestra salud».

«El estallido simultáneo de crisis como las de 2022 puede hacernos conscientes de cuestiones básicas sobre los alimentos: ¿De dónde proceden, quién los ha producido, y en qué condiciones? El interés por estos asuntos y por las personas involucradas en la producción y distribución puede generar respeto por los alimentos y una actitud de responsabilidad», afirma Jasmin Peschke con motivo del Día Mundial de la Alimentación 2022.

Jasmin Peschke

Denuncian la opacidad y los impactos socioecológicos de la expansión de las compañías mineras en España

Amigos de la Tierra y el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) publican la investigación “El boom minero: patrones e impactos de la expansión de la industria extractiva en España”, en el que analizan la expansión de los proyectos mineros en el Estado, y sistematizan el modus operandi de las empresas, así como los impactos económicos, sociales y ambientales de estas actividades.

Las organizaciones denuncian las operaciones mineras a través de su informe en el Contrasalón Minero de Sevilla, donde colectivos y plataformas de toda la Península Ibérica se han dado cita estos días  para reivindicar el fin de los abusos de poder por parte de las empresas mineras y poner sobre la mesa las alternativas de reutilización y reciclaje de materiales.
La estrecha relación entre el aumento del consumo de minerales y la agenda político-económica europea tiene como consecuencia el incremento del número de proyectos mineros que se pretenden explotar dentro de las fronteras europeas. En España, solo en el año 2018 llegaron a presentarse más de 2.000 solicitudes para iniciar operaciones de minería, y en 2021 había registradas 548 licencias para proyectos de minería metálica.

Ante este boom de la minería, el informe de Amigos de la Tierra y OMAL identifica unos patrones en los proyectos mineros que se identifican con la lógica de los megaproyectos, parámetros que se observan desde hace décadas en este tipo de actividades en el Sur Global. Estas iniciativas lideradas por empresas transnacionales se apropian de territorios y bienes naturales amparadas por una evidente asimetría normativa entre la fuerte protección de los intereses corporativos y la débil o inexistente protección de los derechos colectivos. Es el caso de la mina de litio en Cáceres, donde el ayuntamiento rechazó otorgar los permisos de explotación y, por su parte, la empresa minera elevó un recurso de alzada y amenazó con presentar un recurso contencioso-administrativo.

La opacidad es otra de las señas de identidad de la forma de proceder de estas compañías. Por un lado, hace referencia a la maraña de entidades que participan en la cadena global de la explotación minera y, en segundo término, se vincula con una gestión política poco transparente. La promesa de creación de empleos y llegada de inversiones, así como otro tipo de iniciativas asistenciales enmarcadas en los programas de responsabilidad social corporativa es una de las estrategias utilizadas para convencer o crear división entre las comunidades. La empresa Berkeley, que solicitó los permisos para explotar la mina de uranio en Retortillo, financió actividades municipales por valor de 470.000 euros a los municipios afectados desde 2016.

A su paso, estos conglomerados empresariales dejan impactos económicos, políticos, socioculturales y ambientales en los territorios. Según el Atlas Global de Justicia Ambiental, existen 323 conflictos socioambientales relacionados con la extracción de cobre, litio, plata y tierras raras. En el caso del litio, su explotación para las baterías está concentrada en pocas compañías, las principales son Albemarle y SQM.

El creciente interés de corporaciones e inversores en la minería, que tiene un fuerte componente especulativo, está impulsado por las políticas europeas para la transición energética y digital. La ampliación de las tecnologías solar y eólica provocarán un aumento del 600% en la demanda de metales (aluminio, cobre, plata, cadmio, níquel, manganeso, cobalto, tierras raras y litio, entre otros) para el año 2030. Esto no llega a representar el 1% del PIB de la economía de los 27 y genera unos escasos 30.000 empleos, mientras la gran mayoría de estos minerales se encuentran en otras regiones del planeta. Esta dependencia de materias primas se debe a una estrategia para la transición ecológica basada en la mera sustitución de fuentes de energía que no cuestiona los parámetros de producción y consumo.

“Las explotaciones mineras responden a los caprichos de un modelo económico corto de miras que poco tiene que ver con una verdadera transición ecológica. Es un sinsentido abrir minas contaminantes y dañar la salud de la población mientras no reutilizamos y reciclamos todos los materiales ya existentes”, ha señalado Adriana Espinosa, responsable de recursos naturales y residuos de Amigos de la Tierra.

Amigos de la Tierra y OMAL hacen un llamamiento al Gobierno para que ponga límites a la extracción minera, unas prácticas que aceleran la crisis ecológica y climática, que comprometen la salud de las personas trabajadoras y la calidad de vida de las poblaciones próximas. Es indispensable replantearnos nuestro modelo de producción y de consumo, y avanzar hacia la reducción, la reutilización y el reciclaje.

“Los colectivos y las organizaciones que se oponen a los megaproyectos mineros en sus territorios sirven de ejemplo para mostrar que existen multitud de luchas sociales que se están enfrentando al poder corporativo, apostando por formular propuestas y alternativas para repensar el futuro con criterios de justicia social y ambiental”, ha afirmado Erika González, investigadora de OMAL y coautora del informe.

Greenpeace presenta su campaña «Renovables en tus manos ya»

La ONG inicia un tour por varios municipios de España para acercar a la ciudadanía las energías renovables y el ahorro energético y exigir el compromiso de las administraciones con unas energías limpias, baratas y seguras

Greenpeace ha presentado esta mañana en Getafe (Madrid) su campaña ‘Renovables en tus manos ya. Es posible, es el momento’, que pretende acercar a la ciudadanía el ahorro de energía y las renovables, así como exigir el compromiso de las administraciones con unas energías limpias, baratas y seguras, poniendo todas las herramientas disponibles en sus manos.

Durante el tour Greenpeace instalará un domo en las principales plazas de Getafe, Zaragoza, Teruel, Valencia y Málaga, instalación en la que las personas interesadas podrán conocer las diferentes opciones que tienen para acceder a las renovables y la eficiencia energética. Como en el juego ‘Elige tu propia aventura’, las personas visitantes podrán ir eligiendo pregunta a pregunta el camino que las llevará al autoconsumo individual, el autoconsumo colectivo, las comunidades energéticas, la participación en grandes proyectos renovables respetuosos con las personas y la biodiversidad o las reformas necesarias para maximizar la eficiencia energética de sus viviendas, con formas de calefacción sostenibles y el aislamiento como principales herramientas.

Además, en cada parada, la organización realizará dos talleres abiertos, uno de autoconsumo y comunidades de energía renovable y otro de calefacción renovable, con expertos y expertas en la materia, a los que están invitadas todas las personas del municipio que quieran acudir. Asimismo, Greenpeace se reunirá con entidades de la zona, así como con los principales grupos políticos con el objetivo de que el Ayuntamiento se comprometa a alcanzar el 100 % de abastecimiento mediante renovables antes de 2040 -cuando España debería reducir a cero (netas) sus emisiones de gases de efecto invernadero para salvar el clima-, deje de financiar el gas y apoye a la ciudadanía para el acceso a estas energías más limpias, más baratas y más seguras.

Durante el tour, Greenpeace también retará a los Ayuntamientos a que aprueben una moción para que su municipio sea eficiente y 100 % renovable para 2040, priorizando el ahorro de energía, el autoconsumo y la energía distribuida, así como garantizando la participación ciudadana y la protección de la biodiversidad en el despliegue de las grandes plantas renovables.

Con el tour Renovables en tus manos ya. Es posible, es el momento, Greenpeace sostiene que el abandono de los combustibles fósiles y la energía nuclear en España es posible antes de 2040, si se opta por un despliegue masivo y participado de energías renovables y el ahorro de energía, además del abandono de energías sucias. Estas prácticas deberían estar enmarcadas en un pacto social que sea respetuoso con las personas y el planeta. Greenpeace argumenta que para lograr este objetivo es necesaria la participación activa de la ciudadanía, a la que se le debe facilitar el acceso a soluciones como el autoconsumo, el establecimiento de comunidades energéticas y la eficiencia energética, pero también la acción de las administraciones públicas. “Nuestras instituciones son cruciales. No podemos olvidar que, aunque la ciudadanía tiene un rol importante para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el 70 % de este potencial de reducción de emisiones corresponde a cambios institucionales y estructurales que necesitan de voluntad política, según ha indicado el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU)”, en palabras de Sara Pizzinato, coordinadora de campaña del Área de Clima, Energía y Movilidad de Greenpeace.

A este respecto, los Ayuntamientos son actores fundamentales, ya que, además de su cercanía con la ciudadanía, que les permite ser promotores, facilitadores y agentes de confianza para el despliegue del ahorro de energía, la eficiencia y las energías renovables para y por la ciudadanía, también pueden ser ejemplo y agente clave al decidir de qué tipo de energía se proveen los edificios públicos y qué infraestructuras se construyen en el término municipal. Además, tienen la capacidad de ordenar el espacio municipal para reservar espacio para instalar energías renovables de media y gran escala definiendo, de forma participada, dónde y con qué condiciones se instalan.

Según María Prado, coordinadora de campaña del Área de Clima de Greenpeace, “para cumplir con el Acuerdo de París, necesitamos liberarnos y desengancharnos de las energías fósiles y de sus poderosas empresas que nos mantienen cautivos con un chantaje político sin escrúpulos. Las alternativas, las soluciones existen, funcionan para todos y todas y en todo el mundo, y son mucho más baratas. Se llaman renovables, ahorro y eficiencia para las personas”. Para cumplir con el Acuerdo de París deberíamos multiplicar por tres la instalación de energías renovables en toda la UE y, sin embargo, despilfarramos cerca de la mitad de la energía que utilizamos.

Greenpeace denuncia que la dependencia de los combustibles fósiles en todos nuestros municipios, aun con la actual crisis, no deja de aumentar. El oligopolio energético emplea todo su poder de lobby político y propagandístico con el objetivo de vendernos falsas soluciones para salir de la crisis energética usando más energías sucias, que seguirán causando cambio climático y dependencia energética, como el proyecto de expansión de grandes infraestructuras ligadas al gas (España HUB del gas) o la ampliación de la vida útil de las nucleares.

Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España, destaca: “El Gobierno central y las comunidades autónomas, cada uno desde sus competencias, tienen que acelerar la implantación de modelos participados de transición energética, impulsando el ahorro, la eficiencia y las energías renovables, eliminando barreras, rompiendo con el oligopolio fósil y su hegemonía cultural y ayudando a la ciudadanía a apropiarse de un nuevo paradigma energético, con justicia social y que proteja la vida en este planeta”.

Las comunidades autónomas, por su parte, tienen el poder de facilitar e impulsar la participación ciudadana y realizar una ordenación territorial para uso energético que excluya las zonas protegidas y acelere el desarrollo de renovables en las zonas de baja sensibilidad ambiental -priorizando especialmente aquellos proyectos que incluyan criterios sociales y ambientales para proteger el medio ambiente- y apoyar un modelo distribuido, que fomente el autoconsumo y las comunidades energéticas.

Próximas paradas del tour

Tras su presentación en Getafe (Madrid), donde estará los días 19 y 20 de octubre, el tour pasará por Zaragoza entre el 22 y el 24 de octubre; Teruel, entre el 25 y el 27; Valencia, entre el 28 y el 30; Málaga, entre el 1 y el 3 de noviembre, y finalmente terminará en Arroyomolinos de León (Huelva) el día 4 de noviembre, donde se inaugurará el proyecto acompañado por Greenpeace la Energía del Cole, que ganó el Renovathon 2019 de Greenpeace.

Urge revertir la desecación de las salinas de Cabo de Gata y establecer un plan de gestión a la altura de su importancia ambiental

La obstrucción del canal, que impide la llegada de agua de mar, es un problema que hay que solucionar cuanto antes. Cada día sin agua, retrasa de forma exponencial el tiempo necesario para restaurar la funcionalidad ecológica de las salinas y el regreso de las aves.
 

Las salinas mediterráneas, por la estabilidad de sus niveles de agua y su correspondiente presencia de alimento, conforman un espacio de enorme importancia para la supervivencia de miles de aves migratorias. Una de las más importantes de Europa son las salinas de Cabo de Gata (Almería), que acogen a más de un centenar de especies de aves. Además, su ubicación geográfica hace que sea un punto de escala en las migraciones de la ruta África-Europa y sirve, también, para la invernada de muchas especies. Este humedal costero ostenta varias figuras de conservación: Convenio Ramsar, Reserva de la Biosfera, Red Natura 2000 (Zona de Especial Conservación para las Aves, ZEPA, y Zona de Especial Conservación, ZEC), Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA 216 e IBA marina ES406).

Cuando las salinas se quedan sin agua, como es el caso actual de las de cabo de Gata, se interrumpe su funcionalidad ecológica de forma radical. No es sólo cuestión del impacto temporal de la falta de agua sobre las aves, sino que cada día que pasa, se retrasa de forma exponencial su capacidad para producir alimento, que es lo que fundamentalmente buscan las aves en estos humedales de origen humano. Ante este problema de pérdida de este patrimonio natural y cultural, se necesita tomar medidas urgentes para evitar su desaparición.

No sólo un problema coyuntural

Las lluvias torrenciales de la pasada primavera en la provincia de Almería causaron derrumbes y desplazamientos de tierras en el entorno del cabo de Gata, provocando arrastres de sedimentos que obstruyeron la galería que alimenta con agua de mar las emblemáticas salinas. Como consecuencia de esta obstrucción, el agua marina no llega al circuito de las salinas, que se encuentran desecadas desde hace semanas por tal motivo. Pero, aparte de la obstrucción del canal, estas salinas necesitan de una remodelación estructural que, además de mejorar su aprovechamiento salinero, proporcione garantías para el mantenimiento de su funcionalidad ecológica.

Sin embargo, la falta de acción a tiempo por parte de la empresa francesa Salins y la Junta de Andalucía provocó consecuencias fatales para la biodiversidad de este humedal. Una acción que no ha hecho más que agravar la situación en la que se encontraba el paraje por el abandono sufrido desde hace años. Enrique López Carrique, profesor la Universidad de Almería y socio de SEO/BirdLife, afirma que la empresa francesa Salins, así como los propietarios anteriores “no han mostrado interés en conservar las instalaciones industriales y el patrimonio asociado a ellas. Se han vendido la iglesia y parte de las naves industriales de las salinas. El edificio de administración tampoco ha sido mantenido. Los daños en su estructura causaron el traslado de las oficinas a una de las naves industriales. Se ha reducido la plantilla de trabajadores y no se reparan los motores de agua. En consecuencia, las lluvias torrenciales solo ayudaron a que el techo de roca, sin mantenimiento desde hace años, caiga sobre el canal. Mientras las salinas francesas disfrutan de museos y trenes turísticos, las españolas se abandonan, y eso que el rendimiento nacional es muy superior al francés”.

En consecuencia, la desecación de las salinas provocó falta de agua y alimento para la avifauna tradicional de este espacio. Teresa Martínez, portavoz del Grupo Local de SEO/BirdLife en Almería, incide en que “una vez que el agua regrese al humedal, habrá que esperar hasta que se regenere toda la comunidad de microorganismos de la que se alimentan las aves. Un proceso muy complejo que no solo requiere tiempo, sino también acción y compromiso político y empresarial”. Por esto mismo, Martínez defiende que cualquier medida o solución que se decida llevar a cabo, aparte de cumplir todas las especificaciones técnicas, legales, ambientales “deberían estar pensadas para el largo plazo”. “Los eventos meteorológicos, como el que parece estar en el origen del problema en cuestión, son cada vez más frecuentes y extremos en la zona”, subraya.

Responsabilidad política y empresarial a la altura de su importancia patrimonial

Desde SEO/BirdLife se insta a Unión Salinera y su empresa matriz Salins, en cuya publicidad institucional figura el compromiso inequívoco de actuar a favor de la conservación de la biodiversidad, así como a la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, que tiene la responsabilidad del cumplimiento de los mandatos contenidos en la Ley 8/2003, de la Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía, a que tomen medidas urgentes para restablecer la integridad del circuito de agua de las salinas. Solo de esta manera podrán recuperarse las funciones ecológicas del humedal y, con ello, las poblaciones de aves acuáticas por las que fue declarado el espacio protegido.

El abandono y desecación de estas salinas no solo tendría un efecto devastador en la conservación de la biodiversidad, también afectaría a los valores naturales, paisajísticos y culturales que atesora el cabo de Gata y que representan su atractivo turístico. No en vano, las salinas complementan otros valores del parque natural como los geológicos y botánicos, así como el buen estado de conservación y gran valor ecológicos de sus costas y fondos marinos.

Ya es posible reducir  las emisiones de carbono y reutilizar las aguas residuales para combatir el estrés hídrico

Un informe «Energy Transition Equation» de ABB demuestra cómo la automatización y la tecnología digital pueden ayudar a las empresas de aguas residuales a reducir las emisiones de carbono hasta en 2.000 toneladas anuales[1], el volumen de CO2 equivalente a 30.000 toneladas de masa de glaciares perdidas cada año

ABB ha publicado hoy el primero de una serie de nuevos informes para los sectores de la energía y las aguas residuales, con el fin de destacar el impacto que la tecnología puede tener para permitir a los clientes industriales reducir las emisiones de carbono y gestionar la transición energética para un futuro más sostenible.

Ante la previsión de Naciones Unidas de un déficit de agua del 40% para 2040[4], ABB ha llevado a cabo una investigación para revelar cómo un mejor uso de las aguas residuales podría aliviar la presión sobre el suministro de agua.

Si se tratan de forma eficaz, las aguas residuales pueden volver al ciclo para su reutilización, lo que supone un recurso muy valioso, pero a menudo desaprovechado para hacer frente a la escasez de agua. Y lo que es más importante, un correcto tratamiento también reduce los niveles de aguas residuales no tratadas que se bombean a los ríos y océanos, y que tienen un impacto negativo en la salud pública, el medio ambiente y la vida marina.

«Los datos mundiales muestran que sólo la mitad de nuestras aguas residuales se tratan adecuadamente[5]», señala Brandon Spencer, Presidente de ABB Energy Industries. «Permitir que las aguas residuales no tratadas vuelvan a nuestros cursos de agua no sólo tiene un efecto negativo en la pesca, los animales, la biodiversidad marina y la salud pública, sino que también es un terrible despilfarro de este producto. Tenemos que hacer más».

Sin embargo, el tratamiento de las aguas residuales requiere mucha energía, ya que la industria en general consume hasta el 3% de la producción mundial de esta[6] y contribuye con más del 1,5% a las emisiones globales de gases de efecto invernadero.[7]

Con el fin de restablecer este equilibrio, ABB ha llevado a cabo nueve meses de investigación y elaboración de modelos con un economista independiente, para demostrar cómo una mayor adopción e integración de las tecnologías de automatización de procesos puede suponer un ahorro tanto de carbono como de costes para permitir un tratamiento más eficiente de las aguas residuales.

Los resultados revelan que, en los emplazamientos de aguas residuales, las empresas de servicios públicos podrían reducir las emisiones de carbono hasta en 2.000 toneladas anuales[8], el volumen equivalente de CO2 responsable de la pérdida de 30.000 toneladas de masa de los glaciares cada año. Con más de 50.000 plantas de aguas residuales existentes en todo el mundo, la oportunidad, si se amplía, sería equivalente a más de 100 millones de toneladas de CO2  ahorradas.[9]

Además, al aplicar un sólido paquete de soluciones digitales y de control de procesos, las compañías de agua podrían obtener un ahorro operativo anual de hasta 1,2 millones de dólares (9,5%) por planta, abriendo vías de ingresos para garantizar que se traten mayores volúmenes de aguas residuales y se desechen menos en nuestros ríos y mares.

«ABB se compromete a liderar con la tecnología para preservar recursos preciosos como el agua y la energía y, en última instancia, permitir una sociedad con bajas emisiones de carbono y un mundo más sostenible. En 2021, hemos reducido nuestras propias emisiones de CO2 en un 39%, en comparación al año de referencia de 2019, y como parte de nuestra Estrategia de Sostenibilidad 2030, estamos trabajando con nuestros clientes con el objetivo de reducir sus emisiones anuales de CO2 en al menos 100 megatoneladas para 2030», añadió Brandon Spencer.

Se prevé que el mercado mundial de aguas residuales, impulsado por la necesidad de más agua dulce, el aumento de la población y las estrictas normativas medioambientales crezcan de 300.000 millones de dólares en 2022 a 490.000 millones en 2029.[10]

El economista independiente Steve Lucas, de Developmental Economics[11],  ha elaborado los modelos económicos del informe, en colaboración con ABB Energy Industries, apoyándose en la investigación de fuentes académicas e industriales. ABB publicará otros informes económicos centrados en los mercados offshore, energético y químico a lo largo de 2022 y 2023.

Greenpeace alerta que en España hay personas bebiendo agua en mal estado sin saberlo

  • Entre 2016 y 2021, se han incumplido más de 100.000 veces los parámetros sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
  • Catorce millones de personas en el país se abastecen de agua subterránea, pero el 22 % de las masas de agua subterránea no dispone de sensores piezométricos que miden el nivel ni, en muchos casos, la calidad
  • El Gobierno informa del estado del agua embalsada en superficie pero no del agua subterránea, algo a lo que también está obligado según la Ley del Plan Hidrológico Nacional

En el informe SOS Acuíferos, que presentó Greenpeace la semana pasada, se alertaba de que el 44 % de los acuíferos españoles se encuentra en mal estado (30 % por contaminación, 27 % por escasez de agua y 14 % por ambas causas). Pero la situación podría ser aún peor porque, según datos recogidos por Datadista para Greenpeace, existen serios problemas y fallos de control de las masas de agua subterránea que, de no remediarse, ponen en serio riesgo el futuro abastecimiento de agua a la población.

El 22% de las masas de agua subterránea en España no dispone actualmente de sensores para medir la evolución del nivel del agua (sensores piezométricos) y, en muchos casos, ni siquiera se mide la calidad. Es más, con frecuencia los sensores no se sitúan en lugares representativos y se ubican junto a puntos de bombeo, vertederos, zonas con altas concentraciones de materia orgánica -depuradoras o purines de macrogranjas-, o bien en lugares donde se utilizan fertilizantes de forma intensiva, con consiguientes desviaciones. Por eso es imprescindible aumentar y mejorar la red de medición con el fin de tener una imagen real de las reservas de agua y del grado de contaminación de las mismas. Según datos del Gobierno, unos 14 millones de personas en España se abastecen de agua subterránea sin que se esté controlando suficientemente su calidad.

Sobrexplotar las aguas subterráneas (para extraer más agua más de la que es capaz de reponer el ciclo natural, para usos como la agricultura industrial), contaminar los acuíferos con nitratos, sulfatos, pesticidas o arsénico, o vaciarlos, permitiendo que entre el agua de mar y los salinice, es un problema que acaba llegando al grifo. Es imprescindible el análisis químico de todas las sustancias contaminantes estipuladas y determinar su evolución.

Un análisis de más de 13 millones de registros de los resultados de los muestreos a aguas de consumo humano, entre 2016 y 2021, indica que se han incumplido más de 100.000 veces los parámetros establecidos en el Real Decreto 140/2003 sobre los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. La mayoría de ellos -el 60%- se debe a incumplimientos por altos niveles de concentración residual de cloro pero, además, entre 2016 y 2021, en 55 municipios de España se registraron, en el agua del grifo, valores por encima de los permitidos de plaguicidas como Metolacloro, Metalaxil o Alaclor y, en ese mismo periodo, en 411 municipios de España se detectó contaminación por nitratos en muestras de agua de grifo, con valores por encima del límite legal apto para la salud.

Esto es algo que, desde la Red de Vigilancia de la Contaminación del Agua por Nitratos (una iniciativa impulsada por Greenpeace, que repartió medidores de nitratos entre poblaciones de todas las comunidades autónomas), ya se constató y denunció, pues había pueblos donde se bebía agua contaminada sin saberlo. El 10 % de las mediciones efectuadas en aguas de consumo, en el ámbito de este proyecto, indicaron que había contaminación por nitratos. Otro gran problema es que, en municipios de menos de 500 habitantes, no se hacen mediciones con regularidad y se deja al criterio de la autoridad sanitaria cuándo hacerlos, por lo que la situación puede ser mucho peor de la que trasladan los datos disponibles.

Otro problema añadido es que, en los pozos, faltan caudalímetros (contadores de agua extraída) para conocer el verdadero volumen que se extrae. Sin ellos, es imposible conocer la verdadera situación de las reservas de agua subterráneas. Se une, además, la histórica permisividad de las administraciones y políticos de turno con el regadío ilegal, que queda en la mayoría de los casos fuera de todo control. Los tribunales no han ayudado. Se acumulan las sentencias en favor de que no se controlen los pozos para uso privativo, abiertos al amparo de la Ley de Aguas.

“La ciudadanía debe conocer en todo momento la situación de llenado de nuestros acuíferos y el porcentaje de sus reservas, como se hace con los embalses en superficie. Esto es una obligación legal prevista en el Reglamento de Planificación Hidrológica y en la Ley del Plan Hidrológico Nacional y el Gobierno no lo hace”, ha declarado Julio Barea responsable de la campaña de agua de Greenpeace.

Y todo ello, a pesar de la normativa comunitaria que exige conocer cuánta agua hay en cada masa subterránea (estado cuantitativo), cuánta entra y con qué origen (lluvia, retornos de riego, transferencias desde otras masas…) y su destino (extracciones, descargas en superficie…) con el objetivo de saber si se está respetando el ciclo natural o se está practicando lo que se llama “minería del agua”, afectando a la pervivencia futura de la masa.

Julio Barea | reenpeace España

Comunicación en Greenpeace España: 634 080 676

El pastoreo en extensivo, aliado del bosque frente al cambio climático

  • El ganado en extensivo es una estrategia potente para disminuir la acumulación de biomasa combustible y conservar hábitats
  • El LIFE Soria ForestAdapt, que estudia medidas de adaptación al cambio climático en las masas forestales, identifica el abandono como una amenaza

La relación entre ganado en extensivo y resiliencia del bosque frente al cambio climático es un camino potente a explorar. Los estudios que arrojan resultados en este terreno se multiplican y aseguran que los bosques que ya no tienen ganado pastando están más expuestos a los riesgos de las crisis ambientales actuales. Los incendios virulentos son una de las grandes consecuencias que están destruyendo nuestros bosques y de los que hemos sido tristes testigos este verano. El ganado en extensivo es un aliado para conservar nuestros bosques, pero pese a sus beneficios, esta actividad tradicional está en declive y en algunas zonas, en peligro de extinción.

En esta línea, Fundación Global Nature está estudiando propuestas para medidas de adaptación al cambio climático relacionadas con la ganadería extensiva y su potencial beneficio en zonas de bosque en Soria dentro del proyecto LIFE Soria ForestAdapt. “La visión con la que trabaja en este proyecto es una apuesta por implantar estas acciones como posibles medidas de adaptación en la de gestión de los bosques, al resultar útil además de para prevenir grandes incendios, para estimular la recuperación del propio pasto, la prestación de servicios ecosistémicos y la multifuncionalidad del monte”, destaca la coordinadora del proyecto y técnica de Fundación Global Nature, Beatriz Oliver.

De hecho, la afirmación de que el ganado en Soria y otras provincias de España, especialmente el ganado vacuno, pastorea en régimen extensivo debajo de arbolado adulto, y ayuda a mantener limpios los bosques y eliminar la continuidad horizontal de cara a incendios forestales. Es una de las conclusiones que se incorporará al final en este proyecto, como se ha podido comprobar en Soria con el pastoreo de vacas bajo pinar adulto. Con ello se trata de apostar por todas las infraestructuras ganaderas en los montes que incluyen especificidades como los problemas recurrentes para certificar pastos debajo de arbolado.

En esta línea, durante la búsqueda y planificación de medidas para hacer más resilientes las masas forestales ante las amenazas climáticas extremas que vivimos, el proyecto se ha dado de bruces con complicaciones que recrudecen las consecuencias del cambio climático como puede ser la despoblación rural, que conlleva en muchos casos al abandono de los bosques. “Y la ganadería extensiva es potencialmente una herramienta estratégica porque los animales vuelven a prestar servicios de prevención al controlar la vegetación que es el combustible de los incendios”, detalla Oliver, quien añade que los beneficios son numerosos si se ejecuta con planificación, ya que abarca desde la mejora del suelo, que es el sustento de nuestras masas forestales y su seguro de existencia a futuro, a la producción de alimentos de calidad a través de manejos tradicionales que suponen un modo de vida en zonas rurales y propician la comercialización de proximidad.

La modificación paulatina de los planes de ordenación forestal y la posible inclusión de este tipo de medidas es un objetivo que trabaja el proyecto LIFE Soria ForestAdapt. Se trata de mejorar el conocimiento y monitoreo de medidas de adaptación, uniendo la gestión de los ecosistemas y las estrategias de adaptación en los planes de gestión forestal y la elaboración de un Referente Técnico de Ordenación y Selvicultura con medidas de adaptación al cambio climático.

Apoyar la ganadería en extensivo
FGN está consolidando un trabajo de décadas en el apoyo y fomento del pastoreo, de la ganadería extensiva, con una variedad de proyectos que pasan por los propios en fincas como el Baldío, a otras de financiación externa, como Pastoreo Ibérico por la Biodiversidad, que en este caso nace gracias al apoyo de Kering, junto a Conservation International, y su Fondo Regenerativo para la Naturaleza. Al final, la visión de la entidad es la necesidad de apostar por el ganado que pasta porque, en resumen, es el ganado que cultiva la vida. Y esta afirmación es factible en una gran diversidad de ecosistemas, incluidos los bosques.

“Cultiva el ecosistema natural porque preserva sus funciones básicas, pero es que además se alza como alternativa de vida para quienes habitan zonas despobladas del mundo rural. Y esa sostenibilidad también llega al producto final, al darle un valor añadido que lo distingue en el mercado, un valor que debemos señalar en los supermercados porque cada vez más consumidores lo valoran y demandan”, señala la responsable de ganadería en la Fundación, Laura García.

LIFE Soria ForestAdapt es uno de los proyectos aprobados en la convocatoria de 2019 por la Comisión Europea para la ejecución de programas de acción contra el cambio climático. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 1.5 millones de euros y un período de ejecución de cuatro años. La Fundación Global Nature asume la coordinación del proyecto en colaboración con la Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor), la Fundación Privada Empresa y Clima (FEC), la Asociación para promover el uso racional de los productos y servicios del monte (FSC España), la Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal (PEFC España) y la Universidad de Valladolid (UVa).

Patricia Ruiz Rustarazo | Fundación Global Nature