Última oportunidad para lograr una PAC justa y verde

Las organizaciones reclaman que la futura PAC no puede renunciar a la ambición ambiental y climática dando la espalda al Pacto Verde Europeo y piden que se alinee con los objetivos de las estrategias “De la granja a la mesa” y “Biodiversidad para 2030”. 

Hoy se reúnen en Bruselas el Consejo, la Eurocámara y la Comisión Europea para debatir la ‘arquitectura verde’ de la futura Política Agraria Común (PAC). El mes de mayo será un momento decisivo para definir la PAC de los próximos siete años, ya que continuarán las negociaciones tanto a nivel europeo como estatal. El objetivo será adoptar las propuestas definitivas de reglamentos europeos y los Planes Estratégicos nacionales (PEPAC) que guiarán su aplicación en España. Ante ello, SEO/BirdLife y WWF han elaborado una propuesta con peticiones al Ministerio de Agricultura (MAPA) y comunidades autónomas para que el PEPAC permita una transición agroecológica y una recuperación verde y justa en el mundo rural.

Enrique Segovia, director de conservación de WWF España afirma: “Reclamamos una nueva PAC con un pago básico que garantice el apoyo a la renta a las explotaciones de mayor valor socio ambiental, como las situadas en Natura 2000, en producción ecológica y las dedicadas a la agricultura y ganadería de alto valor natural. Necesitamos un modelo justo que reconozca la labor de todos los rebaños que pastan en nuestros campos, o de los elementos del paisaje que sirven de refugio a la fauna que, como aliada natural, nos ayuda a controlar plagas. Para ello, es requisito imprescindible eliminar los derechos históricos y seguir avanzando en la aplicación de la convergencia interna real de las ayudas”.

Ana Carricondo, Coordinadora de Programas de Conservación de SEO/BirdLife sostiene: “Es necesario que en esta nueva PAC se programen medidas agroambientales para retos ambientales transversales, como la coexistencia con grandes carnívoros y el apoyo a la trashumancia en ganadería, y se garantice que se aplican las medidas de gestión agraria necesarias para alcanzar los objetivos de conservación de los espacios Natura 2000 en todas las CCAA. Pero además hay que identificar y eliminar los efectos perversos de algunos subsidios que suponen intensificar el modelo productivo más allá de la capacidad de la naturaleza, como las inversiones destinadas a la modernización agraria, que con demasiada frecuencia generan impactos negativos sobre la biodiversidad, el suelo y el agua, elementos esenciales para el futuro de la agricultura, además de para la salud de las personas”.

Sobre los ecoesquemas, las organizaciones apuntan que para abordar los grandes problemas ambientales de la agricultura y ganadería en España se necesitan pocos ecoesquemas, con fondos suficientes y diseño adecuado, en lugar de muchos, sin ambición ambiental y con poco presupuesto. Por eso, apuestan por el apoyo a la ganadería extensiva para luchar contra incendios y preservar paisajes únicos como la dehesa. También por favorecer la rotación de cultivos y el barbecho ambiental para proteger el suelo, la biodiversidad y la lucha contra plagas y enfermedades, disminuyendo el uso de químicos.

Ambas ONG señalan que con estos ecoesquemas se han de fomentar también las cubiertas vegetales vivas en leñosos para frenar la erosión y desertificación del suelo; además de apoyar las prácticas que benefician la biodiversidad y el paisaje. Sin olvidar el mantenimiento de las fincas certificadas en producción ecológica, que sería una nueva medida a programar. Y advierten que en ningún caso se han de financiar prácticas que abusan de los recursos naturales y contaminan, poniendo en riesgo la capacidad para producir alimentos sanos y de calidad.

El Gobierno da pasos para alargar la vida útil de los productos

Este martes, 27 de abril, a través de un Real Decreto para transponer un paquete de directivas europeas, el Consejo de Ministros ha aprobado una serie de medidas relacionadas con la durabilidad y reparabilidad de los productos, que buscan alargar su vida útil. 

Amigos de la Tierra, ecoactiva y otras organizaciones ambientalistas llevan años trabajando para poner fin a la obsolescencia programada y lograr el establecimiento de medidas que alarguen la vida de los productos. Como la ampliación de las garantías, la reducción en el IVA a los comercios de reparación y segunda o mano, así como facilitar la reparabilidad de los objetos. Estos tímidos pasos por parte del Gobierno suponen un pequeño empujón a unas políticas basadas en la Alargascencia, alargar la vida útil de los objetos, y evitar así el despilfarro de materiales y recursos.

El Gobierno ha aprobado la ampliación de las garantías de dos a tres años, lo que supone un avance en los derechos de los consumidores, aunque resulta un plazo insuficiente para la organización ecologista. Por otro lado, obliga a los productores a disponer de piezas de recambio hasta 10 años después de que el producto deja de fabricarse (frente a los 5 de la actualidad). Con ello el Gobierno alargará durabilidad de los productos y su vida útil.

Hasta la fecha la legislación relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos mencionaba de manera anecdótica la prohibición de productos de corta vida sin establecer medidas concretas. Por este motivo Amigos de la Tierra celebra la inclusión de estos epígrafes encaminados a alargar la vida útil de los productos en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU).

El Gobierno alargará la durabilidad de los productos

Sin embargo, la organización apunta a la necesidad de adoptar políticas de mayor alcance para abordar el problema de la obsolescencia programada y percibida, en un contexto en que la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos crece cada año. En 2019, se generaron en España 888 mil toneladas de residuos de este tipo (lo que equivale a 19 kilos de residuos por habitante) (1) . Esto supone un derroche de recursos naturales valiosos en un contexto de creciente escasez, así como un peligro para el entorno y la salud de las personas, por los componentes químicos tóxicos presentes en este tipo de productos tales como el mercurio.

Por ello, Amigos de la Tierra reclama ir mucho más allá de las medidas adoptadas el martes. En primer lugar, la responsabilidad de garantizar la disponibilidad de productos más duraderos y reparables recae sobre las empresas que fabrican y distribuyen productos. Así, la ley debe prohibir la puesta en el mercado de productos que no sean reparables, reutilizables o fácilmente reciclables.

Se debe además promover la economía colaborativa y de funcionalidad destinada al alquiler, préstamo o trueque de productos, una medida que además contribuiría a la creación de empleo sostenible y solidario. Asimismo, hay que activar la fiscalidad verde, por ejemplo mediante la reducción del IVA a la reparación y venta de segunda mano.

En el contexto actual, la reforma de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados presenta también una oportunidad para implementar políticas que, siguiendo el ejemplo de países del entorno como Francia, actúen en la fase de diseño y fabricación de los productos, cumpliendo con la jerarquía de residuos que demanda priorizar la prevención.

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La Junta de Andalucía incumple el ‘Plan de la Fresa’ de Doñana

WWF ha examinado el cumplimiento de los cinco primeros años de aplicación del Plan de la Fresa en Doñana. En un nuevo informe, presentado hoy públicamente, la organización concluye que, de las 30 medidas a corto plazo, más del 80% no han sido ejecutadas en su totalidad por la Junta de Andalucía. Medidas como la eliminación de las fincas en situación irregular fuera de suelos agrícolas regables o la recuperación de superficie forestal transformada sin permiso a cultivos bajo plástico.  Además, el informe concluye que no se ha reducido la superficie de regadíos ilegales y tampoco se ha avanzado en la implementación de la red de corredores ecológicos.

El Plan Especial fue aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz en 2014, con el objetivo de reordenar el territorio mediante la regularización de las fincas consideradas como superficie agrícola regable, pero también obligaba a eliminar la superficie regada sin permiso, incluyendo las fincas transformadas de secano a regadío en los últimos años y de índole forestal, estimada según WWF en más de 1.600 hectáreas.

Sin embargo, a pesar de las situación de emergencia del acuífero y el asedio de los cultivos bajo plástico, WWF denuncia en el informe presentado hoy en Huelva que la Junta de Andalucía no ha eliminado 1.653 hectáreas de cultivos bajo plástico en situación irregular y que, a día de hoy, se siguen regando sin permiso con la afección que eso supone al acuífero y al Parque Nacional de Doñana. Tampoco se han eliminado las 335 hectáreas de superficie agrícolas de regadío cultivadas en suelo forestal catalogado con la máxima protección, zona A. Todo ello a pesar de la denuncia interpuesta por WWF España y las actuaciones de los agentes ambientales de la propia Junta de Andalucía, que ven cómo los expedientes por delitos ambientales caducan en la propia Delegación.

El informe, además, concluye que la superficie de regadío no ha disminuido. Mientras con fondos públicos se compraba la finca de Los Mimbrales, que supuso la eliminación de 889 hectáreas de regadío legales del Plan Especial, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha permitido que la cifra de superficie de regadío aumente de forma considerable. De hecho, autorizó  el riego de 1.019 hectáreas en el Tinto Odiel Piedras, principalmente en el término municipal de Moguer. Este incremento de regadío en la zona de Moguer está generando una ‘burbuja del agua’ que está llevando a Huelva a solicitar nuevas infraestructuras para aumentar las extracciones hídricas en el estuario del Guadiana.

Por otro lado, la Junta tampoco ha hecho nada para la creación de los corredores ecológicos para asegurar la conectividad de Doñana, al actuar solo en zonas donde el conflicto de recuperación de cauces por cultivos bajo plástico no es un problema. Tampoco ha modernizado la red piezométrica para medir el nivel y controlar la calidad de las aguas subterráneas y superficiales.

Como puntos positivos, la organización reconoce los esfuerzos de los agentes ambientales de la Junta de Andalucía y de la guardería fluvial de la Confederación Hidrográfica, por su trabajo en campo, aunque a veces los resultados no son los esperados. En ese sentido, a pesar del cierre de pozos ilegales en el Guadalquivir, la superficie no ha disminuido como ha demostrado WWF. Por otro lado, los agentes ambientales de la Junta de Andalucía han tramitado un total de 151 expedientes sancionadores, algunos de los cuales han caducado.

Por último, destaca como positivas las acciones de la Administración para el acondicionamiento de puntos de acopio de residuos agrícolas, punto negativo durante muchos años al que por fin se ha puesto solución, aunque no hay un plan claro que garantice su limpieza en el futuro, velando para que no vuelva a ser usado como centro de acopio.

“La situación del acuífero de Doñana es desesperada y los cultivos ilegales no dejan de crecer mientras las administraciones incumplen flagrantemente el Plan de la Fresa y el clima de impunidad reina en Doñana”, afirma Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España. Y añade: “Reclamamos a la Junta de Andalucía la creación de una Oficina Técnica del Plan Especial de la Corona Forestal y un presupuesto específico para aplicarlo o de lo contrario la reputación de las fresas de Doñana siempre estarán bajo sospecha dentro y fuera de España”.

“Exigimos acciones concretas para abordar el cierre de todas las captaciones no regularizables, así como la superficie regada sin permiso, la recuperación de los montes públicos y otras zonas forestales ocupadas así como la implementación de los corredores ecológicos”, reclama Juan Carlos del Olmo. 

Video Dron Balsas Doñana  

Oportunidades en la rehabilitación de viviendas ante la llegada de los fondos europeos

La Unión Europea, a través de los fondos ‘Next Generation’, inyectará hasta 140.000 millones de euros en España para impulsar la reactivación económica. El Ejecutivo ha presentado en el Congreso de los Diputados el nuevo ‘Plan de recuperación, transformación y resiliencia’, en el que se invertirán 6.820 millones para mejorar la eficiencia energética de los edificios y las viviendas. Esta partida se dividirá entre la vivienda social, la restauración de entornos residenciales, edificios públicos y proyectos en localidades de menos de 5.000 habitantes.

En este sentido, ante la gran cantidad de recursos económicos que serán destinados a la rehabilitación, Albert Grau, Public Affairs de ROCKWOOL Peninsular, líder fabricante de aislamiento de lana de roca, un material sostenible, apunta que “debemos ser ambiciosos y marcar objetivos altos, para que estas subvenciones sirvan de verdad y cambien la tendencia y el paradigma rehabilitador. Es una gran ocasión que debemos saber gestionar y, en estos momentos, aún no sabemos cómo se materializará”.

Desde el sector se espera que estas mejoras ayuden a reducir como mínimo el 60% del consumo energético original de los inmuebles, lo que, juntamente con otras acciones complementarias, permitirá descarbonizar el parque edificado y mejorar las condiciones de vida de sus ocupantes.

Por ello, ROCKWOOL presenta las tres grandes oportunidades que traerá consigo la inversión de los fondos europeos en España.

  • La rehabilitación ayudará a reducir la huella de carbono de los edificios en un 70%

De media, los edificios son responsables del 36% de las emisiones de CO2, según han demostrado diversos estudios. Además, se debe tener en cuenta que, más de la mitad de las viviendas se construyeron hace más de 40 años, por lo que la mayoría de ellas no disponen de unas buenas condiciones de confort, térmico y acústico, y de seguridad.

De hecho, si no se pone remedio antes de 2040, se espera que el consumo energético y las emisiones de CO2 se dupliquen en ese momento. No obstante, este reto tiene solución.  La rehabilitación de edificios es mucho más eficiente en términos de recursos que construir edificios nuevos, lo que reduce la huella de CO2 de los materiales utilizados hasta en un 70 por ciento.

Albert Grau, Public Affairs de ROCKWOOL Peninsular, señala la importancia de alcanzar los compromisos ecológicos lo antes posible: “España tiene un parque edificado envejecido y especialmente ineficiente desde el punto de vista energético que dificulta de manera importante el camino hacia una economía neutra en carbono. Sin embargo, estamos ante una oportunidad sin precedentes, y mandatada por Europa, para acelerar la descarbonización de los edificios. Europa ha dicho que #EnergyEfficiencyFirst, y España no puede ir por su cuenta.”

  • Cerca de 40 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido en rehabilitación

En estos momentos, impulsar el sector de la construcción es crucial para la economía española, ya que es una actividad que requiere de grandes cantidades de profesionales. En este sentido, el hecho de reformar casi 500.000 viviendas entre el 2021 y el 2023 supondrá la creación de más de 120.000 nuevos puestos de trabajo. “La rehabilitación en España tiene un potencial de creación de puestos de trabajo mucho mayor que la mayoría de los sectores y, además, es un empleo 100% local y que invierte en local, tanto en materiales como en servicios. Por cada millón de euros invertido, se pueden generar cerca de 40 empleos entre directos e indirectos”, explica Grau.

Esto representa una inyección considerable no sólo para la industria y su ciclo de producción, sino para desarrollar parte del plan de crecimiento demográfico en entornos rurales. Además, desde ROCKWOOL apuntan que esta inversión no solo incidirá en los empleos que se generen a través del presupuesto acordado, sino que sentarán la base del futuro del sector. “Este plan nos permitiría crear una “industria” de la rehabilitación que entienda la rehabilitación ya no solo como una meta puntual, sino como una economía durable en el tiempo que genere los mecanismos necesarios para que no se convierta en una anécdota oportunista”, destaca Grau.

  • La rehabilitación, clave para mejorar la calidad de vida en los hogares

Los edificios son responsables de aproximadamente el 40% del consumo de energía. Por tanto, la mejora de las condiciones de habitabilidad, el desarrollo de infraestructuras sostenibles o la activación del sector de la construcción se han posicionado como una gran oportunidad para modernizar el parque residencial español.

La reducción del gasto energético a través de la aplicación de un aislamiento sostenible, como por ejemplo, la lana de roca, ayuda al ahorro y al bienestar de las personas que conviven en estos espacios. En contextos como los del último año, en los que hemos tenido que permanecer y convivir en nuestros domicilios más que nunca, la rehabilitación de la vivienda representa una gran opción para mejorar la calidad de vida, a través de sus propiedades como el confort térmico y acústico. Además, el hecho de disminuir el consumo de energía permitirá aliviar la pobreza energética que sufren muchos hogares.

En definitiva, el medio ambiente, la economía local y la calidad de vida de las personas tienen una gran oportunidad con la llegada del ‘Plan de rehabilitación, transformación y resiliencia’. Un gran paso para el parque edificado alcance unos estándares de calidad y eficiencia sin precedentes en España.

La España rural necesita fortalecimiento urgente

Con motivo del Día de la Tierra que se celebra hoy, Greenpeace ha presentado en rueda de prensa el informe “HablaRural: El papel clave de la España rural frente a la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad”, que analiza el uso del suelo a lo largo de todo el territorio español y sus municipios, cuantificando la provisión de servicios ambientales que presta el territorio a la sociedad. La organización ha preparado este buscador, inédito hasta el momento, para que los usuarios puedan conocer la realidad concreta de cualquier municipio del país.

La presentación se ha realizado a caballo entre Madrid y el pueblo soriano de Castejón del Campo , hasta donde Greenpeace se ha desplazado para pedir, junto a sus habitantes -en representación de la población rural-, y tal y como rezaba la pancarta desplegada por la organización en su campanario, un “mundo rural vivo”.

En la presentación, en la que han participado Greenpeace, la autora y doctora en ecología Paloma Nuche, el reconocido periodista Manuel Campo Vidal y Ariadna Tremoleda (miembro de la Cátedra de innovación del mundo rural de Cataluña) se ha evidenciado la necesidad de fortalecer urgentemente la llamada “España vaciada” como única vía de futuro para el país.

En España, las zonas rurales ocupan el 85% del territorio, pero su población representa sólo el 16,5% del total, algo más de 7,5 millones, habitando los ecosistemas clave para hacer frente a la actual emergencia ecológica y sosteniendo las actividades fundamentales del territorio para enfrentar dicha crisis.

Greenpeace ha analizado el uso del suelo a lo largo de los 505.000 km2 del territorio español y los 8.115 municipios que lo conforman, cuantificando los servicios ambientales que prestan, tales como abastecimiento de comida y agua, conservación de la biodiversidad o regulación climática, entre otros. El análisis arroja una clara conclusión: los pueblos ayudan a frenar el cambio climático un 34% más que las ciudades y contribuyen 20 veces más a la conservación de la biodiversidad. Por ello, necesitamos pueblos vivos y fuertes para afrontar el mayor reto que vive la sociedad. 

Sin embargo, la realidad es que las zonas rurales se siguen despoblando. En los últimos 40 años, se han abandonado más de cuatro millones de hectáreas de tierras de cultivo y se han perdido más de dos millones de explotaciones ganaderas. Un enorme vacío que, en unos casos, algunos han aprovechado para la creación de falsas soluciones como macrogranjas altamente nocivas, o en otros, ha transformado en un polvorín lo que antaño fueron masas forestales productivas. No en vano, más del 80% de los espacios forestales en España no tienen planes de ordenación.

“La supervivencia de los habitantes rurales pasa porque puedan disfrutar de los mismos derechos, servicios y oportunidades que el resto de la ciudadanía. Un territorio abandonado por las instituciones se degrada, a nivel social, económico y ecológico”, ha declarado Julio Barea, portavoz de Greenpeace desde Castejón del Campo.

Conservar los ecosistemas y su función de mitigación del cambio climático es una medida fundamental, junto con la reducción drástica de emisiones a la atmósfera, para luchar contra el cambio climático. El papel de sumidero de carbono atmosférico de los ecosistemas y la biodiversidad que albergan, así como su vulnerabilidad frente a la destrucción por diversas actividades humanas, hace que sea imprescindible su protección.

“La lucha contra el cambio climático no puede olvidar la gestión del territorio, porque el uso del suelo puede agravar o solucionar la emergencia climática. El desarrollo rural es una oportunidad fundamental para el cambio de modelo, para la transición ecológica”, ha añadido Paloma Nuche, doctora en ecología y autora del informe de Greenpeace.

Por otro lado, se ha demostrado que la pérdida de biodiversidad favorece las zoonosis -enfermedades transmitidas por los animales- porque los microbios no encuentran sus hospedadores originales y acaban infectando al ser humano, generando un enorme riesgo, tal y como nos está demostrando la Covid-19, que ha puesto en jaque a la humanidad en cuestión de semanas.

Demandas: Desarrollo y dinamización del medio rural: transición agroecológica

La biodiversidad española, que supone más del 50% de la total europea, alberga una tremenda biodiversidad asociada a los modos de vida tradicionales, con unas 500 especies de plantas cultivadas y 174 razas ganaderas autóctonas de España. Pero, el 66% de las razas ganaderas y un 42% de las variedades vegetales españolas están en peligro de extinción debido, en parte, al abandono de las prácticas agrarias tradicionales. Además, el abandono del campo ha supuesto una homogeneización del paisaje mediante la expansión de masas forestales que, lejos de ser bosques maduros, son un polvorín susceptible de acabar pasto de las llamas.

Greenpeace defiende la dinamización de los aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales en el medio rural, como medida fundamental para la transición ecológica. De hecho, ha apuntado Tremoleda «será fundamental el paso a la agroecología para convertir el problema de la España rural y su crisis ecológica en una solución»

Cultivos agroecológicos de prácticas agrarias sostenibles y a pequeña escala así como la ganadería extensiva contribuyen a mitigar el cambio climático y a la conservación de la biodiversidad, a la vez que previenen grandes incendios forestales, siendo por ello la alternativa a la producción industrial de alimentos.

Necesitamos una política estatal por el desarrollo rural que integre la crisis ecológica como eje vertebrador de la misma. Y necesitamos, ha añadido Manuel Campo Vidal «que los fondos y las inversiones lleguen donde tienen que llegar verdaderamente». Greenpeace demanda que la Estrategia Nacional para el Reto Demográfico, actualmente en elaboración, incorpore de manera transversal el enfoque de crisis ecológica, incluyendo los retos de la emergencia climática y la crisis de biodiversidad. Además, se hace imprescindible que los fondos de recuperación prioricen la dotación presupuestaria de la Ley 45/2007 de desarrollo sostenible del medio rural para que tenga una implementación real y efectiva.

Julio Barea | Greenpeace

 

Amigos de la tierra reivindica políticas de apoyo a la agricultura campesina

  • La organización se suma a la carta abierta de la Vía Campesina para reclamar a las instituciones una Europa con más campesinos que practiquen la agroecología y solicitar
  • Amigos de la Tierra recuerda el papel crucial de la agricultura campesina y de la soberanía alimentaria para abordar algunos de los problemas mundiales más acuciantes y recuerda los efectos que la pandemia COVID-19 está teniendo sobre el campesinado y, por extensión sobre la salud, la alimentación y la vulnerabilidad de millones de personas en todo el mundo.
  • Ambas entidades denuncian cómo las políticas y acuerdos nacionales e internacionales siguen en dirección contraria a lo que este sector necesita como demuestra la negociación de la PAC en la UE y el avance de las negociaciones del Tratado UE-Mercosur.

Hoy, 17 de abril se celebra el Día Internacional de la Lucha Campesina en una Europa donde la agricultura campesina representa la mayor parte de las explotaciones agrarias y en un momento histórico en el que, tras más de un año del comienzo de la pandemia por la COVID-19, las personas campesinas siguen siendo uno de los sectores que más desproporcionadamente sufren sus impactos.

La agricultura a pequeña y mediana escala sigue siendo una de las prácticas más desarrolladas en Europa. Según los informes publicados en 2015 y 2016, el 97% de las granjas europeas eran de una extensión menor a 100 ha y el 69%, de menos de 5 ha (1 y 2). Sin embargo, las políticas europeas no establecen medidas coherentes ni alineadas con las necesidades de la agricultura campesina, de sus trabajadores y del desarrollo un sistema alimentario sostenible que garantice alimentos saludables para toda la población, estimule las zonas rurales y preserve la diversidad territorial, biológica y cultural.

En una carta firmada por organizaciones de personas agricultoras, académicas y organizaciones ecologistas, entre las que se encuentra Amigos de la Tierra, la Vía Campesina, movimiento internacional que reúne a millones de personas campesinas, agricultoras pequeñas y medianas, sin tierra, juventud y mujeres rurales, indígenas, migrantes y personas trabajadoras agrícolas de todo el mundo, ha solicitado a las instituciones “Una Europa con más personas campesinas” y ha pedido a la Unión Europea una revisión de su política comercial para “asegurar que desarrolla políticas públicas que mejoren los sistemas alimentarios en materia de calidad, seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental, inclusión social y desarrollo rural” (3).

Amigos de la Tierra, por su parte, recuerda el papel crucial de la agricultura campesina y de la soberanía alimentaria para abordar algunos de los problemas mundiales más acuciantes y pone de manifiesto cómo las medidas políticas adoptadas a nivel nacional y global frente a la COVID19 siguen teniendo un grave impacto en el sector agroalimentario, en la vida de los campesinos y campesinas y, por extensión en millones de personas en todo el mundo.

“La agricultura campesina es esencial para abordar las crisis que enfrentamos y el devastador impacto que la COVID19 está teniendo en el sector supone un peligro para miles de millones de personas en todo el mundo” ha declarado Andrés Muñoz, responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra. “Un número cada vez mayor de personas están teniendo que reducir la cantidad y la calidad de los alimentos que consumen. Se calcula que dos mil millones de habitantes del planeta, el 25,9% de la población mundial, no tiene en la actualidad acceso regular a alimentos nutritivos y suficientes. Si cada vez hay más personas con menos acceso a una alimentación sana y el campesinado se encuentra en una mayor situación de precariedad y vulnerabilidad, el problema está claro: las políticas alimentarias no están defendiendo los intereses de las personas.”

En diciembre de 2019, fueron asignados nuevos presupuestos para la Política Agrícola Común de la UE durante el periodo 2021-2027, presupuestos que fueron criticados por organizaciones como Amigos de la Tierra por ir en dirección contraria a la transición hacia un modelo agrícola más justo y alineado con las recomendaciones de la ciencia para evitar la emergencia climática y las crisis como la actual pandemia COVID19.

La Vía Campesina pide a la UE que deje de favorecer el modelo de producción agrícola industrial a gran escala que perjudica a las pequeñas y medianas granjas y cumpla con sus promesas en el marco del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la UNDROP, aplicando la PAC, el Pacto Verde y, en particular, la Estrategia de Biodiversidad, la Estrategia «De la granja a la mesa» y la Ley Europea del Clima.

Amigos de la Tierra señala también la negociación que la UE ha mantenido sobre el Acuerdo comercial con los países del MERCORSUR definido como un tratado diseñado para “vender la salud, a las personas y al planeta”.

“La emergencia alimentaria propiciada y acelerada por la pandemia de la COVID-19 parece marcarnos el camino a la necesidad de una apuesta decidida hacia sistemas alimentarios locales, que deben ser apoyados por los gobiernos municipales, estatales y supranacionales, como la Unión Europea” ha señalado Andrés Muñoz. “Es el momento de prescindir de acuerdos comerciales como el de la UE-MERCOSUR y apostar decididamente hacia una transformación radical y urgente de la forma en que se producen y distribuyen los alimentos. Los apoyos económicos, como los de la PAC, deben ir en esa línea. No hay más tiempo que perder, vivimos una emergencia sanitaria, social, climática y medioambiental sin precedentes que requiere respuestas comprometidas con el planeta, con las personas campesinas y con el conjunto de la sociedad”.

ONG europeas abren una votación ciudadana para premiar las inversiones económicas más respetuosas con el clima y la biodiversidad

  • SEO/BirdLife, junto a otras ONG integrantes de CAN Europe, lanza hoy los EU Cash Awards –“Premios Europeos Financieros”– que destacarán las mejores y peores inversiones de los nuevos fondos de recuperación europeos
  • Son los propios ciudadanos los que otorgarán estos premios mediante la votación abierta desde hoy hasta el próximo 24 de abril
  • La convocatoria busca priorizar las inversiones y reformas respetuosas con el clima y la biodiversidad en los futuros planes de recuperación de los Gobiernos de la UE

Los Estados miembros de la Unión Europea están en plena redacción de sus planes de recuperación, y a las ONG ambientales europeas les preocupa la falta de transparencia y de participación en los procesos de elaboración. España, no es una excepción. A pesar de que el pasado mes de octubre el Gobierno publicó las líneas directrices de su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España Puede”, se sabe poco del contenido final del documento que se enviará a la Comisión Europea como tarde a finales de abril. Siendo el segundo país receptor de los nuevos fondos de recuperación puestos en marcha a consecuencia de la pandemia (140.000 millones de euros para España, entre préstamos y subvenciones), es vital que las organizaciones de la sociedad civil participen en la concepción de este plan que marcará la senda de recuperación de nuestro país en los próximos años.

Por eso, antes de que la Comisión Europea comience oficialmente a evaluar estos planes de recuperación, un grupo de ONG europeas -entre ellas SEO/BirdLife, dentro del proyecto Life Unify- se ha unido para hacer una selección y valoración de algunas de las medidas que se están planteando, a priori, los Gobiernos de 13 países de la UE para invertir el dinero procedente de los fondos europeos. Se trata principalmente del fondo de recuperación, aunque en algún caso se ha tenido en cuenta también el fondo de transición justa o el fondo regional.

Y ahora serán los ciudadanos europeos, a partir de hoy y hasta el 24 de abril, los que decidan cuáles de estas medidas candidatas se llevan los EU Cash Awards -los “Premios Europeos Financieros”-, organizados por CAN Europe junto con sus miembros y socios. Las ONG han agrupado las medidas en tres categorías (Buena, Mala o Fea) en función de si respetan las normas y prioridades de la UE en materia climática y medioambiental. Los premiados en cada categoría se darán a conocer a través de una ceremonia online el 29 de abril.

Para David Howell, responsable de Energía y Clima de SEO/BirdLife, “esta campaña es un toque de atención a los Estados miembros para que las inversiones apoyen reformas y proyectos respetuosos con el clima y la biodiversidad. Estamos vigilantes y queremos que se garantice que la cantidad de dinero sin precedentes que esperan recibir de la UE se gaste de manera inteligente para construir sociedades y economías sostenibles, justas y más resilientes.”

Las cuatro propuestas de España
SEO/BirdLife, junto a ONG ambientales españolas pertenecientes a CAN Europe, concretamente Ecologistas en Acción, Fundación Renovables, Fundación Ecodes y Eco-Unión, ha recopilado información sobre esas propuestas iniciales con aspiración a obtener financiación europea, y ha seleccionado cuatro -dos positivas y dos negativas- que destacan por sus objetivos y su ámbito de aplicación. Esas cuatro propuestas son las candidatas por parte de España a obtener los “Premios Europeos Financieros”.

Hay que incidir en que, puesto que todavía no se han dado datos oficiales sobre el contenido final del plan del Gobierno español, la información sobre las medidas se ha obtenido, tanto de manera oficial pero informal, a través de las Manifestaciones de Interés lanzadas por el Gobierno, como de manera extraoficial, a través de las noticias que han ido apareciendo en los medios de comunicación a este respecto. Lo que quiere decir que en ningún caso estas medidas seleccionadas representan todavía a las que finalmente se incluyan en el Plan definitivo.

Las buenas

  • Inversión en el medio rural para hacer frente, entre otros aspectos, a la despoblación y lograr comunidades locales más sostenibles, innovadoras y resilientes a través de la transición energética, la promoción de la bioeconomía y la conservación de la biodiversidad.
  • Inversión en el medio urbano para impulsar la transformación sostenible de ciudades y municipios a través del autoconsumo renovable, regeneración de edificios y movilidad eléctrica.

Instalación de paneles solares en la sede de SEO/BirdLife en Madrid ©SEO/BirdLife

La mala

  • Gran número de propuestas dirigidas a impulsar el hidrógeno “verde”, siendo todavía una tecnología inmadura y muy costosa, que podría desviar una parte significativa del dinero destinado a soluciones más económicas e inmediatas como son las energías renovables y la mejora de la eficiencia energética (el hidrógeno “verde” se va a necesitar para descarbonizar los sectores más intensivos que no puedan electrificarse fácilmente o para almacenamiento de energía renovable, pero es una medida de futuro, es decir, que se va a invertir en hidrógeno «verde», pero como se trata todavía de una tecnología inmadura corre el riesgo de que esas inversiones acaben en un hidrógeno no tan verde y de promover un lavado verde, por eso se decidió que fuera en la categoría de «Mala»).

Producción de hidrógeno © Alexander Kirch/Shutterstock

La fea

  • Dinero destinado a las macrogranjas, que podría perpetuar la agricultura industrial insostenible (las macrogranjas son una fuente de emisiones de gases de efector invernadero -GEI- y emplean gran cantidad de energía, contribuyendo indirectamente a la deforestación de los bosques en el Sur Global; por ello se ha propuesto esta medida en la categoría «Fea»). 

Macrogranja de cerdos ©Krumanov/Shutterstock    

Ana Márquez, coordinadora del proyecto Unify en España, dentro de SEO/BirdLife, considera que “en medio del proceso de elaboración de los planes nacionales de recuperación, está en manos de los Estados miembros el futuro de la recuperación verde. Ha llegado el momento de apostar por un plan de recuperación español audaz verdaderamente transformador. Mientras tanto, consideramos esencial la participación social, para lo cual hemos lanzado esta convocatoria que dé voz a los ciudadanos europeos a la hora de decidir inversiones esenciales en Europa”.

Vídeo de la campaña  

Los avances regulatorios impulsan las finanzas sostenibles en el ámbito empresarial

La regulación en materia de sostenibilidad, tanto europea como nacional, ha acelerado la rendición de cuentas de las empresas en cuestiones ASG (Ambientales, Social y de Gobernanza), a la vez que ha impulsado las finanzas sostenibles. Así se ha puesto de manifiesto en la jornada virtual ‘Las finanzas sostenibles en el ámbito empresarial. Avances regulatorios en el marco de la Unión Europea’, organizada por el Pacto Mundial de Naciones Unidas en España y Spainsif, en la que han participado más de 10 representantes de empresas y organizaciones referentes en sostenibilidad e inversión sostenible.

Aspectos como el Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, que ha entrado en vigor el pasado 10 de marzo; la taxonomía verde que identifica las actividades consideradas como ambientalmente sostenibles; el posible desarrollo de la taxonomía social que la Comisión Europea empezará a abordar a finales de 2021; la próxima renovación de la Directiva de gobierno corporativo o el sello Ecolabel, en el que también se está trabajando desde el Centro de Investigación de la Comisión, están influyendo en el cambio de paradigma de la gestión empresarial hacia criterios en los que priman más que nunca la gestión responsable, el impacto de las compañías en la sociedad y la inversión responsable.

Durante la inauguración de la jornada, Clara Arpa, presidenta de el Pacto Mundial de Naciones Unidas en España, ha valorado “la necesidad de dos palancas adicionales para que las finanzas sostenibles continúen creciendo exponencialmente: por un lado, impulsar un papel protagonista y transformador del conjunto del sector empresarial, y por otro invertir de forma adecuada los fondos para la recuperación que están llegando desde Europa. Estas dos palancas pueden además ir de la mano”.

Por su parte, Joaquín Garralda, presidente de Spainsif, ha destacado la capacidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para involucrar a las empresas, a los gobiernos y a la sociedad, y ha añadido “El 2030 es un primer hito en el camino hacia un objetivo climático de más largo plazo: conseguir que la UE sea neutra en carbono en 2050, para lo que será imprescindible la financiación privada”.

La jornada ha contado con la participación de Marcel Haag, director de Políticas Horizontales de la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales (DG FISMA) de la Comisión Europea, quien ha destacado el papel del regulador europeo, que “está desarrollando herramientas, marcos y sistemas para que el sector financiero pueda incorporar la sostenibilidad a su actividad, junto con las expectativas de mercado; y busca establecer criterios basados en ciencia, robustos y fiables para identificar cómo las actividades pueden hacer una contribución sustancial a los objetivos de sostenibilidad.».  Como uno de los hitos más próximos en el tiempo, ha mencionado la próxima publicación de la actualización de la NFRD, que será «fundamental para el éxito de la agenda europea de finanzas sostenibles».

Paneles de expertos

La sesión ha contado con dos mesas en las que han participado expertos en finanzas sostenibles. La primera, moderada por María Peña, consejera delegada del ICEX, ha estado formada por María Carrasco, directora de Administración y Finanzas de FCC Construcción; Maya Ormazabal, directora de Medioambiente y Derechos Humanos de Telefónica; Roberto Fernández, responsable de Responsabilidad Social Corporativa de Iberdrola; y Federico Gómez, director global de Sostenibilidad de Grupo Santander.

Estos expertos han analizado cómo la regulación ha impulsado en las empresas cotizadas la información en materia de sostenibilidad, que ahonda en la transparencia y rendición de cuentas, y que con la Ley 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad se ampliará a las empresas con más de 250 empleados. Todos han coincidido en asegurar que las exigencias en sostenibilidad mejoran el compromiso de las empresas con los grupos de interés y el entorno.

En el segundo panel, moderado por Joaquín Garralda, han intervenido Blanca Navarro, directora de Estrategia y Financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO); Marisa Aguilar, Country Head Iberia en Allianz Global Investors; Fernando Ibáñez, presidente de ASEAFI; y Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO.

En esta mesa se han examinado los avances regulatorios en finanzas sostenibles en el sector financiero, y todos los participantes han valorado que el Reglamento (UE) 2019/2088, sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (conocido por sus siglas en inglés, SFDR) ha supuesto un cambio sustancial en el mundo de la inversión sostenible al que todavía se están adaptando las entidades bancarias, intermediarios (gestoras de activos, fondos de pensiones de empleo, entidades aseguradoras y proveedores de productos) y asesores financieros, pero que sin duda supone un punto de inflexión en la gestión de riesgos y promoción de los productos bajo el paraguas de las finanzas sostenibles.

Finalmente, han considerado que el posible desarrollo de una Taxonomía social ligada a la Taxonomía verde de la Comisión Europea, y del Ecolabel, etiqueta que servirá para destacar los productos financieros sostenibles, ayudaría a que las finanzas sostenibles sigan ganando peso y repercutiendo positivamente en los mercados de capitales y las prácticas empresariales.

Conservar los humedales no puede quedar fuera de la planificación hidrológica 

Con motivo del Día Mundial del Agua, SEO/BirdLife pondrá en conocimiento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) que es más necesario que nunca apostar por prevenir la degradación de los humedales, ríos y acuíferos, y no centrar las políticas únicamente en la restauración que, sin duda, muchas veces es necesaria.

Roberto González, responsable del Programa de Aguas de SEO/BirdLife apunta que “la restauración será una piedra angular en la construcción de una planificación hidrológica que pretenda alinearse con el Pacto Verde Europeo, y debe ser clave en el Plan Nacional de Transformación y Resiliencia, pero debe quedar integrada en la planificación hidrológica, y esta última debe ser compatible con la conservación de la biodiversidad”. En este sentido, González subraya que “apostar por devolver la vida a humedales emblemáticos perdidos en el pasado como la laguna de la Janda, la laguna de Antela o el Mar de Campos, no deben quedar en declaraciones sino integrarse en los próximos planes hidrológicos”.

Así lo va a trasladadar SEO/BirdLife al Miteco. Solicitará que todas las materias y compromisos planteados por el Ministerio en materia de humedales no queden fuera del procedimiento oficial y legal de planificación hidrológica. SEO/BirdLife pedirá que se incorpore de forma detallada y efectiva en los planes hidrológicos (que saldrán a consulta pública este año) el objetivo de restaurar 20.000 hectáreas de humedales, y que mayoritariamente sean de humedales desaparecidos, es decir, recuperar por completo la entidad del humedal, y asimismo se incluya el objetivo de 3.000 kilómetros de ríos restaurados de forma clara e identificable en su cuenca hidrográfica.

Igualmente, SEO/BirdLife solicitará que se evite una doble planificación paralela, y que el planteamiento de mejorar la integración de la Red Natura 2000 que depende del agua sea incorporado desde ya en los borradores de los planes hidrológicos. Algo que hasta la fecha, según la propia organización ecologista, lamentablemente no ha tenido lugar y quedó desentendido a pesar de las alegaciones presentadas por SEO/BirdLife. En este sentido, la ONG muestra su preocupación con el objetivo del Miteco de mejorar el estado del 50% de los hábitats y las especies ligados al agua hasta 2030. González entiende que “esta situación abandona el otro 50% de hábitats y especies, y se escapa a los plazos máximos de 2027 de la Directiva Marco del Agua, teniendo en cuenta que buena parte de las necesidades de esos hábitats y especies se enmarcan en esta directiva”. Igualmente, la organización recuerda la necesidad de iniciar de forma inmediata la consideración del hábitat prioritario Lagunas costeras (1150) como de Hábitat en Peligro de Desaparición y que se active el Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición.

SEO/BirdLife entiende que buena parte de los problemas para alcanzar los objetivos de la directiva de aguas y de las directivas de conservación en lo que respecta a su relación con los ecosistemas acuáticos, provienen de una desgobernanza institucional, que queda reflejada en los documentos de planificación hidrológica aprobados. Así pues, es crucial y urgente que de una vez por todas se asuma que la planificación hidrológica es una pieza fundamental en el puzle para solventar la crisis de la biodiversidad que sufre España.

Finalmente, SEO/BirdLife apunta que España no puede permitirse más tiempo dobles planificaciones, donde la política agraria y la de conservación de la naturaleza no queden alineadas con los objetivos de la política de aguas. Así, insta a que todos estos paquetes de acción vinculados a la protección y conservación de los humedales formen parte de los programas de medidas de planificación hidrológica que se presentarán este año.

 

El 80% de los trabajadores quiere volver a la oficina al menos tres días a la semana

  • Así lo recoge el estudio “Un año de teletrabajo” elaborado por CBRE y en el que han participado más de 2.300 empleados de empresas de diferentes sectores.
  • Según los resultados, a un 28% le gustaría trabajar en la oficina todos los días de la semana cuando vuelva la normalidad, frente a un 14% que quiere seguir teletrabajando cuatro o cinco días a la semana.
  • Los empleados (un 35%) consideran el distanciamiento físico con de compañeros y clientes que supone el teletrabajo como una de las principales causas de ineficiencia, seguida de las distracciones en el hogar (26%).
  • Este estudio, aborda los efectos y la visión del teletrabajo en cuatro principales categorías: futuro y cultura, entorno y equipamiento, rutina y efectividad, salud y conciliación.

La pandemia ha acelerado la penetración del teletrabajo en muchas empresas en España. No obstante, después de un año del inicio de la crisis sanitaria y de la adopción extendida de esta forma de trabajo, los empleados ya muestran signos de agotamiento y de menor productividad por la distancia física con sus compañeros. Por ello, cuando vuelva la normalidad, el 80% de los trabajadores quiere que la oficina sea su principal lugar de trabajo al menos tres días a la semana. Así se desprende del estudio “Un año de teletrabajo”, elaborado por CBRE, primera compañía a nivel internacional en consultoría y servicios inmobiliarios, y en el que han participado más de 2.300 empleados españoles de empresas de diferentes sectores.

Este análisis, cuyo principal objetivo es analizar el impacto del teletrabajo en los empleados y sus expectativas de futuro en cuanto a la vuelta a la oficina, muestra la preferencia de los trabajadores por un modelo híbrido cuando vuelva la normalidad, compaginando un mayor tiempo de trabajo en la oficina con algún día de teletrabajo. Según los resultados, el 28% de los encuestados quiere trabajar desde la oficina los cinco días de la semana, seguido por otro 29% que iría a la oficina tres o cuatro días y un 23% que optaría por dos o tres días. Por el contrario, solo un 14% quiere teletrabajar cuatro o cinco días.

El estudio pone de relieve también cómo el teletrabajo ha supuesto una novedad para muchos trabajadores, ya que el 85% de los encuestados tenía experiencia limitada teletrabajando o nunca lo habían hecho. Por otro lado, un 50% de los trabajadores reconoce tener, con el teletrabajo, una menor interacción con sus compañeros. La distancia con los compañeros y clientes (35%), la situación del hogar (26%) y la tecnología y el equipamiento (22) son los principales motivos de ineficiencia.

Para Alfonso Galobart, vicepresidente de CBRE España, Head A&T CBRE Continental Europe y Head Agile CBRE EMEA, “el teletrabajo está siendo una buena solución para muchas empresas, pero no podemos olvidar, y así lo demuestran los datos de este estudio, que los seres humanos somos, ante todo, seres sociales, y la interacción contribuye al aprendizaje, la creatividad, el desarrollo, la colaboración y la eficiencia. Por ello, la necesidad de oficinas y de espacios de trabajo que fomenten la colaboración o la co-creación y la interacción entre personas no va a desaparecer”.

Según el informe, el 61% de los empleados sería partidario de usar oficinas satélite o espacios de coworking. En este sentido, Galobart comenta que “en un entorno cada vez más cambiante, los espacios flexibles u oficinas satélites se perfilan como una alternativa interesante para muchas empresas y buscarán localizaciones cercanas donde se localicen los clientes y los empleados”. Al mismo tiempo, para responder a esa necesidad de relación e interacción que manifiestan los empleados, añade que “las empresas buscarán edificios que les acerquen a sus empleados y refuercen la imagen y la cultura de la empresa, espacios flexibles y funcionales que fomenten la conexión entre las personas, al servicio de la innovación y la productividad, que aúnen tecnología, servicios, cuidado de la salud y el bienestar de los empleados sin olvidar aspectos como la sostenibilidad.”

Los empleados valoran vivir cerca de sus lugares de trabajo

Otro factor relevante en la vuelta a la oficina es la cercanía del lugar de residencia con el del trabajo. Según una encuesta realizada entre los empleados de CBRE España, un 81% volvería a trabajar los cinco días de la semana en la oficina si estuviera a menos de 15 minutos andando de su residencia, ya que para el 66% de los empleados de la compañía sus domicilios están a más de 20 minutos de la oficina.

En este sentido, Xavi Güell, director de la oficina de Barcelona y responsable de la iniciativa Fractal comenta: “Estos datos demuestran que el commuting, que hasta ahora no se había tenido en cuenta a la hora de definir las ubicaciones de oficinas, jugará un papel decisivo. Va a haber un cambio de paradigma, las empresas irán donde esté el talento y, para eso, será necesario tener en cuenta dónde viven los empleados, así como las diferentes opciones de movilidad”.

En esta misma línea, el 80% de los empleados encuestados afirmaron que el impacto en su calidad de vida mejoraría de forma sustancial si el trayecto entre su hogar y la oficina se redujera a 15 minutos. “La movilidad y la flexibilidad serán esenciales para los empleados en la vuelta a la oficina. Además, ahora entra en juego otra derivada que también gana peso: la sostenibilidad. Las empresas ya pueden conocer la huella de carbono de sus empleados en el commuting; por eso, a partir de ahora a través de soluciones como Fractal, ya no solo podrán conocer cuál es la ubicación que más interesa en términos de desplazamiento, ahora también podrán conocer el impacto que tendrá en el medioambiente en la selección de un activo”.

Impacto del teletrabajo en el día a día

Este estudio también analiza los efectos y la visión del teletrabajo en otras categorías como: entorno y equipamiento, rutina y efectividad, salud y conciliación. El 17% considera que no tiene el entorno necesario para teletrabajar de manera efectiva. De hecho, el principal reto que representa a un 25% de los encuestados es la ausencia de una estancia diferenciada. Con relación al equipamiento y material, el 23% de los empleados afirma no tener el equipamiento necesario para trabajar de forma efectiva. El monitor y el teclado son los elementos que por lo general más se echan en falta.

Otra categoría analizada en el estudio de CBRE ha sido la rutina y efectividad del teletrabajo, destacando que el 68% de los encuestados reconoce trabajar más desde casa, siendo la media una hora diaria más de trabajo.  Por otro lado, al 60% de los empleados el teletrabajo les ha supuesto un aumento en el número de reuniones, este incremento se acentúa en las empresas del sector inmobiliario y en las empresas energéticas.

Por último, el estudio aborda temas fundamentales como la salud y la conciliación destacando que, el 50% de los empleados encuestados reconoce tener un impacto positivo en la salud. De hecho, el 72% de los encuestados creen que el teletrabajo permite hacer los descansos necesarios. Únicamente para menos del 15% de los encuestados el teletrabajo tiene un impacto negativo en el equilibrio entre trabajo y vida personal, siendo los más afectados los que viven en pareja o con hijos pequeños.