Greenpeace denuncia en el Consejo de la UE la deforestación alarmante

Seis escaladores de Greenpeace han escalado esta mañana la fachada del edifico Europa, la sede del Consejo de la UE en Bruselas, Bélgica, para mostrar un contador a tiempo real con la cantidad de bosque destruido en todo el mundo mientras los ministros de medio ambiente se reunían para discutir una propuesta de ley para abordar la deforestación provocada por la importación de materias primas desde la UE. Así, durante su meeting, estimado en 90 minutos, se destruyó en el planeta un área de bosque como la mitad de la ciudad de Bruselas, 1750 hectáreas.

Los ministros de Medio Ambiente están discutiendo sus posiciones sobre una propuesta de ley presentada en noviembre de 2021 por la Comisión Europea para reducir la contribución de la UE a la destrucción de los bosques. El contenido de la propuesta ha sido criticada por no proteger adecuadamente los derechos humanos, no brindar protección a otros ecosistemas de alto valor para la conservación, por omitir imponer obligaciones al sector financiero y dejar fuera muchos productos que tienen un alto impacto en la naturaleza, como carne de cerdo, pollo, maíz y caucho. Las corporaciones están presionando contra los requisitos para rastrear los ingredientes de sus productos hasta el lugar exacto donde se cultivaron los alimentos o pastaron los animales, y los gobiernos europeos de países ricos en bosques amenazan con socavar partes de la ley para proteger a sus propias empresas forestales.

Sini Eräjää, activista de agricultura y bosques de Greenpeace UE, ha comentado: “La demanda del mercado europeo de materias primas está provocando la destrucción de ecosistemas vitales para el planeta. Tenemos la oportunidad de poner fin a la responsabilidad de la Unión Europea en este grave problema, ofreciendo garantías a la ciudadanía de que nada de lo que hay en su cesta de la compra está relacionado con la destrucción de la naturaleza o los abusos de los derechos humanos. En lugar de escuchar las demandas de la industria para descafeinar la ley, los ministros deben asegurarse de que todos los productos que puedan proceder de la destrucción de los ecosistemas pueden rastrearse hasta la parcela de tierra donde se produjeron y proteger los bosques no solo de la tala para la agricultura sino también de la degradación de los bosques”.

En 2020 el planeta perdió 51 millones de hectáreas de bosque, un área del tamaño de un campo de fútbol cada dos segundos, principalmente por la expansión de la agricultura industrial, muchos de cuyos productos se consumen en Europa.

Greenpeace hace un llamado a los ministros para que solucionen las lagunas y puntos débiles de la propuesta de ley, en lugar de debilitarlo aún más y garantizar que todos los ecosistemas estén protegidos, todos los productos cubiertos y los derechos humanos debidamente respetados.

Después de la reunión de hoy se espera que la presidencia francesa presione a los ministros de medio ambiente para que acuerden su posición antes de su próxima reunión el 28 de junio. El Parlamento Europeo también ha comenzado a redactar su posición y se espera una votación en el comité de medio ambiente el 11 de julio.

Concentración por la Iniciativa Legislativa Popular en defensa del Mar Menor

  • El grupo promotor de la ILP del Mar Menor, acude a Madrid apoyado por diferentes colectivos que se concentrarán a las puertas del Congreso de los Diputados.
  • Teresa Vicente defenderá la ILP para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso.

El próximo martes 15 de marzo la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados recibirá a la abogada Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia y principal promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretende dotar de Personalidad Jurídica al espacio natural del Mar Menor y su cuenca.

Esta iniciativa parte de un estudio de la Clínica Jurídica de la Universidad de Murcia. Cuenta con el apoyo de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, en la que participan Amnistía Internacional y Ecologistas en Acción. Se ha basado en las experiencias que ya existen en otros países de América y Oceanía, en los que se ha dotado a ríos o lagos con ese reconocimiento legal, que pretende servir de herramienta para la protección eficaz de importantes ecosistemas de gran valor ecológico y que se encuentran amenazados por el modelo actual de producción y consumo.

Con esta iniciativa se pretende que el Mar Menor tenga una carta de derechos que respete su ley ecológica, y garantice sus legítimos derechos a vivir, a reparar el daño y a recuperarse. Además, servirá para perseguir y sancionar a aquellas personas, empresas o entidades que agredan al ecosistema.

En la comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, Teresa Vicente defenderá la ILP del Mar Menor y su cuenca, con la petición de que se eleve al Pleno del Congreso y se pueda aprobar lo antes posible, para poder ponerla en práctica y hacerla efectiva.

Diversos colectivos sociales y ambientales que trabajan en la defensa del Mar Menor, y que han colaborado en la recogida de firmas y promoción de la iniciativa, han convocado este martes 15 de marzo, a las 10:30, una concentración de apoyo a esta ILP en la Carrera de San Jerónimo de Madrid, frente al Congreso de los Diputados, coincidiendo con la comparecencia. A esta concentración, que está abierta a quien quiera secundar esta iniciativa, asistirán miembros de los diferentes colectivos, que se desplazarán a la capital desde diferentes municipios de la Región de Murcia y otras partes del Estado español.

Tanto el grupo promotor como los colectivos que apoyan la ILP del Mar Menor confían en que la Comisión de Transición Ecológica votará a favor de presentar la ILP a votación en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde esperan que se consiga su aprobación.

Teresa Conesa (ILP Mar Menor)

Julia Albaladejo (Movimiento ciudadano Banderas Negras

La UE debe acabar con la dependencia del gas, no buscar otros países a los que seguir comprando

  •  Las versiones filtradas del plan de la Comisión priorizan la diversificación de las importaciones de gas fósil de la UE, así como las importaciones de hidrógeno y biogás
  • El plan no propone una eliminación gradual del gas fósil, pero sí propone acelerar el despliegue de energías renovables y medidas para mejorar la eficiencia energética
  • Según Greenpeace, buscar nuevas fuentes de importación de gas fósil o combustibles alternativos no solucionará la vulnerabilidad de Europa ante las crisis energéticas y acelerará el colapso climático

La Comisión Europea publicará hoy un plan sobre cómo reducir la dependencia de la UE de las importaciones de gas fósil de un solo proveedor en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la actual crisis energética. Buscar nuevas fuentes de importación de gas fósil o combustibles alternativos aún dejaría a Europa vulnerable ante las crisis energéticas y aceleraría el colapso climático, ha declarado Greenpeace.

Las versiones filtradas del plan de la Comisión priorizan la diversificación de las importaciones de gas fósil de la UE, así como las importaciones de hidrógeno y biogás. El plan no llega a proponer una eliminación gradual del gas fósil en su totalidad, pero sí propone acelerar el despliegue de energías renovables y medidas para mejorar la eficiencia energética.

Silvia Pastorelli, responsable de la campaña europea de energía y clima de Greenpeace, ha declarado: “Europa debe dejar de financiar la maquinaria bélica de Putin, pero el problema es más profundo que abordar de dónde viene el gas fósil que usamos. El problema es que quemamos mucho gas. Otras fuentes de gas fósil, hidrógeno o biogás mantendrían a la UE enganchada a la quema de combustibles y vulnerable a futuras crisis energéticas, además de empeorar la crisis climática. Los esfuerzos de la UE deben centrarse en reducir la demanda de energía y acelerar las energías renovables lo más rápido posible; esto nos ayudará a reducir las importaciones no solo de gas ruso, sino también de petróleo y carbón, así como a evitar empujar a millones de personas a la pobreza energética”.

La mayoría de los combustibles fósiles que importa la Unión Europea provienen de Rusia. En 2019, dos quintas partes de las importaciones de gas fósil de la UE vinieron de Rusia, al igual que más de una cuarta parte de las importaciones de crudo y casi la mitad del carbón importado. Las importaciones de energía de la UE desde Rusia ascendieron a 60.100 millones de euros en 2020.

Greenpeace y otras seis organizaciones de la sociedad civil han elaborado un manifiesto sobre la calefacción renovable en Europa, en el que se explica cómo reducir la dependencia europea de los combustibles fósiles y proteger a las personas vulnerables de la pobreza energética. El uso principal del gas fósil en la UE es la calefacción de edificios y agua, que representa alrededor del 40 % del gas utilizado. En España en 2019 el uso residencial fue un 21% y en el comercio, los servicios y las administraciones públicas fue un 16% del gas total empleado.

Los próximos jueves y viernes, los jefes de gobierno de los países miembros de la UE se reunirán en Versalles para discutir más a fondo las medidas energéticas para reducir las importaciones de combustibles fósiles de Rusia.

Greenpeace denuncia con un nuevo informe la pesca destructiva de calamar

  • La cuarta y última ronda de negociaciones de Naciones Unidas para aprobar un Tratado Global de los Océanos se celebra desde hoy hasta el 18 de marzo en Nueva York

Mientras los gobiernos se reúnen hoy en la ONU para discutir el destino de los océanos del mundo y a pesar del doloroso contexto geopolítico actual por la invasión rusa en Ucrania, un nuevo informe de Greenpeace destapa una industria pesquera de calamar en rápido crecimiento y, en gran parte, no regulada [1].

El calamar en el punto de mira: Receta para el desastre, destapa la enorme escala de la pesca mundial de calamar, que se ha multiplicado por 10 desde 1950 a casi 5 millones de toneladas anuales en la última década y hoy pone en peligro los ecosistemas marinos de todo el mundo. Operando fuera de la vista en aguas internacionales, el ascenso meteórico de la pesca de calamar y la demanda resultante de la especie no tiene precedentes históricos, con algunas áreas experimentando un aumento de más del 800 % en el número de barcos en los últimos cinco años [2]. En algunos casos, flota de más de 500 embarcaciones han accedido a las aguas internacionales para saquear el océano, con sus lámparas encendidas para faenar visibles desde el espacio [3]. Greenpeace pide un Tratado Global de los Océanos ambicioso, que podría haber evitado esta situación y que será crucial para detener la futura expansión de las pesquerías sin restricciones.

«He visto algunas de estas flotas de calamares en mar abierto; por la noche, los barcos están iluminados como estadios de fútbol y parece que el mar es un polígono industrial», ha declarado Pilar Marcos, responsable de  Océanos de Greenpeace España. “Nuestros océanos se están industrializando: más allá de las aguas nacionales, a menudo es una batalla campal. La falta de control sobre las enormes y crecientes pesquerías de calamar en todo el mundo es un claro ejemplo de por qué están fallando las normas actuales para proteger los océanos. Es una visión inquietante que nunca voy a olvidar. Pero aunque esto esté sucediendo fuera del punto de mira  no significa que deba estar fuera de nuestro conocimiento”, subraya Pilar Marcos.

“Esta conferencia sobre los océanos es demasiado importante para que se quede en un mero debate: necesitamos medidas urgentes para proteger el ecosistema más grande de la Tierra. Todos dependemos de los océanos, lo sepamos o no: para ayudar a abordar el cambio climático, garantizar ecosistemas sanos y garantizar la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia para millones de personas en todo el mundo. Necesitamos urgentemente un Tratado Global de los Océanos ambicioso que nos permita crear una red de santuarios oceánicos en todo el mundo y poner freno a la creciente industrialización de nuestros bienes comunes globales”, señala Pilar Marcos, que también forma parte de la delegación de Greenpeace de las negociaciones de la ONU.

Los calamares son una especie vital, su sobrepesca representa una seria amenaza para todo el ecosistema, incluidas las poblaciones vulnerables de ballenas y delfines.

Como depredador y presa, sustentan redes alimentarias completas, lo que significa que la disminución de las poblaciones de calamar tendría consecuencias catastróficas para la vida marina y las comunidades costeras que dependen de la pesca para su sustento y seguridad alimentaria. Pero dado que la mayoría de las pesquerías de calamar siguen sin estar reguladas casi en su totalidad, los barcos pesqueros pueden operar sin apenas escrutinio o seguimiento de sus capturas. Actualmente no existen sistemas regulatorios y de monitoreo específicos para seguir el comercio global de calamar. En 2019, sólo tres naciones pesqueras fueron responsables de casi el 60% de la captura mundial de calamar, China continental, Perú e Indonesia. Y solo tres mercados (China continental, España y Japón) lideraron la mayoría de los movimientos del mercado global entre 2000 y 2019.

Los gobiernos se reúnen desde hoy en Nueva York para negociar un Tratado Global de los Océanos para las aguas internacionales, que cubren casi la mitad del planeta (43%). Casi 5 millones de personas han respaldado la campaña de Greenpeace por un tratado [4] y por la creación de una red de santuarios oceánicos (áreas libres de actividad humana dañina) en al menos un tercio de los océanos del mundo para 2030 [5].

La implacable expansión de la pesca del calamar en alta mar  es un excelente ejemplo de actividad industrial que afecta la biodiversidad cuando se le permite operar con impunidad. Es de suma importancia que ninguna actividad o sector humano, incluida la pesca, quede excluido del ámbito de aplicación del Tratado. Estas negociaciones representan una oportunidad histórica para cambiar la gobernanza de los océanos. Como se señala en el informe, la existencia de una Organización Regional de Ordenación Pesquera (OROP), con competencia para gestionar una pesquería de calamar no es garantía de una protección eficaz de la biodiversidad. El Tratado Global de los Océanos no reemplazará ni socavará a las OROP, sino que complementará y fortalecerá su trabajo para garantizar la sostenibilidad y la salud integral de los ecosistemas al llenar los vacíos y mejorar la cooperación entre los órganos de gestión responsables de la regulación de actividades específicas en alta mar.

Reclaman al Gobierno regional que resuelva sus cuentas pendientes con las aves de Murcia

 De la cincuentena de especies amenazadas a nivel nacional con presencia, aunque sea ocasional, en la Región de Murcia, 18 han sido catalogadas por parte del Gobierno regional y, de ellas, tan solo tres cuentan con el pertinente plan para asegurar su recuperación. Este dato, extraído del análisis que ha hecho SEO/BirdLife a partir de los datos del Libro Rojo de las Aves de España, editado por la organización en 2021, evidencia la cuenta pendiente que el Ejecutivo murciano tiene con la rica avifauna de la región. Como prioridad, SEO/BirdLife pone el foco en las aves agroesteparias -sisón, alondra ricotí, ganga ortega o carraca europea, entre otras-, que llevan esperando más de 20 años un plan de recuperación, mientras van desapareciendo, se incrementan sus amenazas por la intensificación agraria y un desarrollo renovable sin la debida planificación autonómica.

La ONG ambiental, que ha mantenido un encuentro hoy, jueves 17 de febrero, con el consejero de Agua, Pesca, Ganadería, Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de la Región de Murcia, Antonio Luengo, destaca también la necesidad urgente de dotar de planes de gestión a 21 de las 26 zonas de especial protección para las aves (ZEPA) con las que cuenta la autonomía.

La reunión también ha servido para que SEO/BirdLife presente al Ejecutivo regional su propuesta para que las lagunas costeras sean el primer hábitat que España declara en peligro de desaparición. Con esta medida, competencia del Gobierno central pero para la que se tiene que contar con la participación de las comunidades autónomas, el Mar Menor sería declarado, de facto, un espacio en peligro de desaparición -figura similar a la catalogación de una especie en peligro de extinción-, ya que la laguna representa, por sí misma, el 40% del total del hábitat de las lagunas costeras de España, que incluye también otros enclaves fundamentales de la biodiversidad ibérica como son Doñana, L’Albufera de Valencia y el Delta de l’Ebre.

La marina del Carmolí en el Mar Menor (Murcia) ©SEO/BirdLife

“La declaración del Mar Menor como hábitat en peligro de desaparición no solo es el reconocimiento oficial de la situación crítica que atraviesa la laguna, sino también un paso definitivo para su recuperación, pues aceleraría las medidas y actuaciones identificadas por las administraciones públicas, el sector y, muy especialmente, la comunidad científica para revertir su estado. Es un paso decisivo, con gran potencial de beneficio, y el Gobierno de Murcia puede contribuir, si tiene voluntad, a que sea una realidad”, ha apuntado la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz.

Prioridades para la avifauna en Murcia

SEO/BirdLife insta al Ejecutivo murciano a actualizar el Catálogo de especies amenazadas de fauna silvestre de la Región de Murcia, creado en 1995, como anexo de la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la fauna silvestre, la caza y la pesca fluvial. A juicio de la ONG ambiental, el ejecutivo regional cuenta con información amplia sobre el estado de la avifauna en la región, incluyendo la información que recoge el Libro Rojo de las Aves, pero también gracias a la contribución de investigadores de la Universidad de Murcia y de ONG de ámbito regional con las que SEO/BirdLife colabora activamente, como puede ser la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE).

En opinión de la ONG ambiental, el foco del Gobierno murciano debe estar puesto en las aves agroesteparias. En este sentido, SEO/BirdLife reitera su petición -que se suma a la comunidad científica y conservacionista de la región- para que, después de más de 20 años de retraso, la comunidad autónoma cuente con un plan de recuperación de este grupo de especies, uno de los más amenazados a nivel nacional y, a tenor de los datos del Libro Rojo de las Aves de España, también a escala regional.

“Existe un borrador de este plan desde 2018 que debería ser actualizado con la última información disponible y aprobado con urgencia. Las aves agroesteparias no pueden esperar ni un segundo más y Murcia tiene una responsabilidad clara en su conservación a escala nacional”, expone Asunción Ruiz. Para la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, “la región vive una situación paradójica con este plan: está guardado en un cajón y, sin embargo, se emplea su información para realizar los pagos vinculados a ecoesquemas de la Política Agraria Común (PAC), entre otras cuestiones”.

El plan tiene que activar medidas para la recuperación de especies como la alondra ricotí, el sisón común y la ganga ortega. Todas ellas fueron catalogadas como Vulnerables por el Gobierno de Murcia en 1995. Su situación a escala nacional, según el Libro Rojo de las Aves, es de “En Peligro”, lo que sugiere la necesidad de actualizar su categoría de amenaza a nivel autonómico. También se encuentra “En peligro” la carraca europea, considerada por Murcia “De interés especial”, una categoría inferior a “Vulnerable”.

Entre otras especies ligadas al medio agrario que merecen especial atención puede citarse el cernícalo primilla, catalogado por Murcia “En Peligro de Extinción” y que sigue sin contar con un plan de recuperación regional a pesar de existir incluso un anteproyecto; los alcaudones común y real, ambos sin catalogar autonómicamente, pero “En peligro” a escala estatal; y el Ave del Año de 2021, el alzacola rojizo, que tampoco forma parte del catálogo regional. La población de esta especie, ligada a viñedos y olivares de secano, podría haberse reducido en un 98% en la Región de Murcia desde 2004.

En este sentido, en la reunión que han mantenido, el Consejero ha adquirido el compromiso firme de que su prioridad será la aprobacion del Plan de Conservacion de las aves esteparias. 

En cuanto a las aves ligadas a humedales y al medio marino, SEO/BirdLife cita, entre otras, el chorlitejo patinegro, habitual en el Mar Menor, considerado “De interés especial” en Murcia y que, de acuerdo con los datos de la ONG, se encuentra en la categoría “En peligro” a escala nacional; y la pardela cenicienta mediterránea, que tiene un importante núcleo en el Islote de Palomas y que, de hecho, está catalogada regionalmente como “En peligro de extinción”.

Además, Murcia puede contribuir, especialmente colaborando en la designación de zonas de protección ambiental en el mar, a la conservación de una de las aves más amenazadas de Europa, la pardela balear; y colaborar en la recuperación de una especie extinta según el catálogo autonómico, la cerceta pardilla, sobre la que se están concentrando esfuerzos a través de un proyecto Life Cerceta Pardilla, del que el Ejecutivo es socio.

Cuenta pendiente con las zonas especiales para las aves

De las 26 zonas de especial protección para las aves (ZEPA) de la Región de Murcia, integradas en la red europea de espacios protegidos Natura 2000, solo 5 cuentan con el preceptivo plan de gestión o, al menos, está tramitándose: Isla Grosa, Isla Hormigas, Mar Menor, Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona, y Saladares del Gualadentín.

“Queda por tanto todo por hacer. No se trata de una cuestión menor ya que estos planes son fundamentales para la adecuada gestión de los espacios, la eliminación de amenazas y, en definitiva, para la conservación de las especies y los valores naturales por las que se consideró su protección y para otorgar seguridad jurídica a la conservación del patrimonio natural de todos”, explica Ruiz.

Entre estas amenazas, SEO/BirdLife destaca la intensificación agraria junto a un despliegue renovable desordenado y que no se orienta a aprovechar los potenciales beneficios de un modelo energético descentralizado.

En este último punto, la ONG reclama al Gobierno regional -en aplicación de la ley de cambio climático estatal- una zonificación que ordene el despliegue renovable estableciendo, con carácter vinculante, aquellas zonas incompatibles por su alto valor ecológico, unido a una apuesta decidida, y no solo formal, por el autoconsumo y la eficiencia energética en una región con un enorme potencial para situar a la ciudadanía en el centro de la transición ecológica.

 Foto: Sisón común_ ©TatavascoImages 

Greenpeace documenta el foco de gripe aviar en Íscar

Greenpeace ha sido testigo de cómo se extraen los cadáveres de las gallinas afectadas por el brote de gripe aviar en una macrogranja avícola en Íscar (Valladolid), que ha puesto en alerta a las autoridades y al sector avícola. Miles de cadáveres se están retirando para su transporte al centro de eliminación. La organización ecologista denuncia que la ganadería industrial es una auténtica bomba de relojería y que es urgente poner fin a este destructivo modelo, que pone en jaque la salud del planeta y de las personas.

La explotación, que según diversos medios, albergaba cerca de 134.000 gallinas, está en una de las zonas de mayor producción avícola de todo el país, por lo que la preocupación es mucho mayor. Esta es una razón más que de sobra para que los controles sean exhaustivos e intentar evitar que se extienda a otras instalaciones, que se propague a las personas y que genere una presión añadida a la, ya amenazada, biodiversidad.

Esta explotación, como muchas otras en la España rural, se encuentra a escasos 1.000 metros del centro de Íscar y a unos 300 de las viviendas más cercanas, lo que aumenta el riesgo de contagio para las personas. De extenderse el foco, al haber tantas explotaciones en los alrededores, podría convertirse en un auténtico problema regional o incluso estatal. La expansión desmesurada y descontrolada de la ganadería industrial tiene muchos efectos negativos y éste es uno más.

Las explotaciones industriales son el entorno perfecto para la proliferación de este tipo de virus, ya que numerosos individuos genéticamente muy similares se ven obligados a vivir hacinados. Este es precisamente el modelo predominante en España y cada vez más en el mundo. Si a esto se suma que los animales se suelen trasladar a largas distancias, se da una segunda condición que facilita la propagación del virus. Y esto no es porque falten las medidas de bioseguridad en estas explotaciones, si no simplemente porque estos ambientes crean el hábitat ideal para los patógenos.

Otro factor de riesgo son las ingentes cantidades de excrementos que se generan en estas instalaciones, ya que como señala el propio Ministerio de Sanidad “los virus aviares pueden vivir hasta 100 días a 4° centígrados. En el agua sobreviven hasta cuatro días a 22º centígrados y más de 30 días a 0º centígrados”.

No en vano, el último informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) señala, entre las medidas recomendadas para combatir los virus aviares, la reducción de la densidad de las explotaciones comerciales, especialmente en las zonas donde más se concentran estas actividades, como es este caso.

”No podemos seguir jugando con fuego en España como si nada pasara. En Europa este devastador virus ha llevado a que se exterminen millones de animales y esperamos que España no tenga que seguir ese camino. Aunque algunos políticos han llegado a dudar de la existencia de las macrogranjas, es evidente que existen y que incluso son caldo de cultivo perfecto para virus como el de la gripe aviar y otros“, ha afirmado Luís Ferreirim, responsable de la campaña de Agricultura de Greenpeace. “El sistema agroalimentario necesita una transformación profunda y en España hay que empezar por frenar en seco la propagación de la ganadería industrial”, concluye.

Greenpeace recuerda que quien salga elegido este próximo domingo en las elecciones autonómicas de Castilla y León debe afrontar este problema con valentía y demanda que Castilla y León decrete una moratoria regional a la ganadería industrial, siguiendo el ejemplo de otras regiones como Castilla La Mancha.

Greenpeace, pese a oponerse a la ganadería industrial, expresa su máxima solidaridad con los ganaderos y ganaderas afectados, muchas veces empujados hacia este sistema industrial por las grandes empresas que buscan la máxima rentabilidad al más bajo coste, y hacia un modelo alimentario donde crece cada vez más el insano consumo de alimentos de origen animal.

“Por último, y no menos importante, desde Greenpeace pedimos a las autoridades competentes que informen adecuadamente a las personas trabajadoras del protocolo a seguir en estos casos y que controlen su riguroso cumplimiento. Hemos visto a personas que no llevaban el traje de protección bien puesto, o tenían trajes rotos, sin gafas de protección, sin guantes o con guantes inadecuados y sin las mascarillas de protección recomendadas para esta situación”, concluye Ferreirim.

Algunos datos de contexto
Según los últimos datos del Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, había censadas en Castilla y León, a enero de 2021, 58.212.101 de aves de corral, siendo así la cuarta comunidad autónoma con mayor número de aves, solo por detrás de Galicia (casi 108 millones), Castilla La Mancha (97 millones) y Aragón (73 millones).

En toda España la evolución del censo de gallinas para consumo humano, tanto de huevos como carne, ha aumentado un 33,9% en los últimos seis años (2016-2021).

Con datos de 2020, en España había más de 500 millones de gallinas y aves de corral; la ganadería avícola es la que ha experimentado un mayor incremento porcentual en número de ejemplares en el último lustro: entre 2015 y 2020 la cifra de aves para consumo humano sumó 125 millones de cabezas, un aumento de casi el 34 por ciento en apenas cinco años.

La cifra de sacrificios de aves también lidera el ranking frente a otras cabañas ganaderas: de 911 millones de animales sacrificados en España para consumo humano, más de 800 millones fueron aves de corral.

Marta San Román | Greenpeace

Denuncian amnistiar a agricultores ilegales en Doñana por incumplir la sentencia del TJUE 

WWF se ha dirigido a la Comisión Europea para transmitirle su preocupación por la grave e inminente amenaza que supone la proposición de ley presentada por el Partido Popular andaluz y sus socios de gobierno para amnistiar 1.460 hectáreas de regadío ilegales en Doñana. En la carta, la organización alerta a la CE de que esta propuesta supone un claro incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Por ello, WWF solicita su ayuda para que garantice el cumplimiento de esta sentencia europea y proteja a Doñana.

La organización denuncia ante la CE que los planes de legalización de la agricultura ilegal constituyen una “auténtica burla a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, en la que condenó a España por no proteger a Doñana. En la sentencia dictaminada en junio del año pasado, el Tribunal concluía que las “extracciones desmesuradas de agua subterránea”, provenientes de las miles de hectáreas de fresas y otros cultivos rojos que han crecido sin control sobreexplotando su acuífero, incumplen el derecho comunitario. Tras el fallo, España está obligada a tomar medidas para frenar la sobreexplotación del acuífero.

Precisamente, uno de los avances que presentó España ante la CE para frenar el deterioro de Doñana fue el cumplimiento del Plan de la Corona Forestal o “Plan de la Fresa”, aprobado en 2014, fruto del consenso de todos los sectores políticos, sociales y económicos y principal herramienta para terminar con la falta de gobernanza y la impunidad que reina en el entorno de Doñana. Con esta propuesta de ley, que busca amnistiar a la agricultura ilegal que ahora ocupa los montes y extrae agua del acuífero, se modifica el Plan de la Fresa de la Fresa unilateralmente burlando la sentencia del TJUE.

Por ello, como primer paso para informar a la sociedad y a las instituciones europeas del riesgo que corre este espacio estratégico para la supervivencia de las aves de todo el continente, WWF se ha dirigido al comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, para pedirle su intervención urgente para que tanto el Gobierno español como el andaluz cumplan la sentencia, que no se apruebe esta propuesta de Ley y que se cierren todos los pozos y explotaciones ilegales que están secando el acuífero y alterando de forma irreversible la naturaleza de Doñana.

Asimismo, WWF también se ha dirigido por carta a la la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y al Convenio Ramsar para la protección internacional de los humedales, para solicitar su intervención para que la Junta de Andalucía, responsable de la gestión directa de Doñana, no apruebe este modificación y cumpla los compromisos adquiridos, por ella y por el Estado español con estos organismos internacionales y con Unesco para garantizar la conservación de Doñana y evitar que entre en la Lista del Patrimonio Mundial en peligro.

En este sentido, WWF ha iniciado una campaña de recogida de firmas en la que pide a Juan Manual Moreno Bonilla, Presidente del Partido Popular de Andalucía y de la Junta de Andalucía, que asuma su responsabilidad internacional cumpliendo las recomendaciones de Unesco y la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia para proteger este frágil y amenazado Patrimonio de la Humanidad, y que suspenda la tramitación de la amnistía para los agricultores ilegales que están secando Doñana.

Organizaciones ambientalistas ejercen la acusación popular en el juicio por envenenamiento de rapaces en Castilla-La Mancha

Mañana, martes 18 de enero, se celebra el juicio en Toledo contra la única persona imputada actualmente por el caso de envenenamiento masivo de aves rapaces ocurrido en un coto de caza dedicado al aprovechamiento de liebres con galgo en el término de Gerindote (Toledo).  Los hechos ocurrieron a lo largo de varias semanas en 2011 en la finca “La Casa Nueva”, donde los agentes medioambientales y del SEPRONA localizaron 60 cadáveres de fauna envenenada o tiroteada –la gran mayoría aves rapaces–, entre ellas, un águila imperial ibérica y seis milanos reales, especies catalogadas en peligro de extinción, y otras protegidas como 23 milanos negros, 5 aguiluchos laguneros, varios córvidos, así como un zorro y varios perros. Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF ejercen la acusación popular en este procedimiento, cuya vista se celebra 11 años después de producirse los hechos.

El envenenamiento más grave de rapaces en Castilla-La Mancha dio lugar a la suspensión cautelar de la actividad cinegética en el coto por parte de la administración de medio ambiente provincial. No obstante, la suspensión se mantuvo apenas unos días, volviéndose a permitir casi de inmediato la celebración de una competición de caza con galgos, suponiendo un riesgo para la recuperación de las poblaciones de aves rapaces de la zona.

Después del largo periodo transcurrido desde la comisión de los hechos, dos de los tres imputados inicialmente ya han fallecido.   El único encausado al que se podrá juzgar ahora, y que actuaba como guarda del coto, había sido acusado anteriormente por un caso de envenenamiento y caza de rapaces con búho en la misma finca. La finca, en el momento de los hechos, estaba dedicada a la caza de liebres en aprovechamiento comercial y en la misma se celebraban campeonatos regularmente.

En este caso de envenenamiento masivo están personadas como acusación popular las entidades Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF España, que han conseguido mantener vivo el procedimiento a lo largo de una década, pese a las dificultades y retrasos que se han producido en su tramitación. El juzgado, a petición de la acusación de las ONG, decidió imponer una fianza solidaria a los tres acusados de 168.000 € por la responsabilidad civil por los daños causados a los ejemplares.

Según los datos de WWF y SEO /BirdLife, Toledo es la provincia que encabeza el número de envenenamientos de águila Imperial ibérica en la última década y la cuarta en número de envenenamientos en el caso del buitre negro. Para esta última especie el ranking lo encabeza Ciudad Real que además es la segunda en intoxicaciones de águila imperial. Ello evidencia que Castilla–La Mancha sigue siendo una comunidad en la que la disposición de medios y aplicación de medidas contra el uso ilegal de veneno es clave para la conservación de estas especies, dada la afección que sufren por la utilización de este método ilegal de caza masivo y no selectivo. Para las ONG, es urgente que la Consejería competente preste una atención mucho mayor a la erradicación del problema y solicitan la aprobación de la revisión del plan regional sobre esta materia, la creación de una patrulla canina especializada en la detección de veneno en la provincia de Toledo y la consolidación de una Unidad de Investigación de Veneno (UNIVE) en toda la comunidad autónoma.

La sociedad civil se moviliza para frenar la deforestación inducida por la importación de soja

Ante la consulta pública lanzada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) respecto de la futura ley sobre deforestación inducida por la importación de materias primas, las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace España, Mighty Earth, SEO/BirdLife y WWF hacen un llamamiento a las empresas, sindicatos y asociaciones de consumidoras y consumidores, para participar en dicha consulta pública y reclamar una ley ambiciosa que frene la escalada de destrucción ambiental provocada por la expansión del sector agropecuario en los ecosistemas del planeta.(1)

La UE, debido a sus importaciones de productos agrícolas y ganaderos, es actualmente el segundo mayor responsable mundial de la deforestación tropical, solo superado por China. España sería, dentro de la UE, el tercer país europeo con mayor responsabilidad en este problema.(2)

“La futura ley debe garantizar a la ciudadanía europea que lo que hay en su cesta de la compra no está relacionado con la destrucción de la naturaleza o el abuso de los derechos humanos”, han declarado los firmantes. “Pero no podemos quedarnos mirando nuestro plato y nuestro ombligo. Para cumplir con el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Declaración Universal de los Derechos Humanos son necesarias políticas que sean coherentes con esos compromisos, aunque afecten a nuestro insostenible modelo productivo”.

El pasado 17 de noviembre la Comisión Europea presentó una propuesta legislativa para evitar la deforestación y la degradación de los bosques causada por la importación de productos agrícolas y ganaderos por los países de la UE. El proyecto de ley exigiría por primera vez que las empresas que venden determinadas materias primas en el mercado de la UE rastreen su origen y demuestren que no están vinculadas a la destrucción o degradación de los bosques.

Esta legislación obligará a las empresas a disponer de mecanismos para aplicar el Deber de Vigilancia (o Debida Diligencia) para minimizar los riesgos en sus operaciones de importación de soja, aceite de palma, cacao, café, carne de vacuno y madera, así como algunos de sus productos derivados. Una vez presentada la propuesta por parte de la Comisión, el próximo mes de febrero darán comienzo las negociaciones en el Parlamento Europeo y entre ministras y ministros de los Estados miembro. Se espera que sea la comisión de medio ambiente en el Parlamento Europea donde se tome la iniciativa a la hora de analizar el texto presentado.(3)

En relación con esta propuesta, el Gobierno español ha decidido in extremis (se comunicó el pasado 30 de diciembre) elaborar el Estudio de Impacto de la Propuesta Legislativa Europea en España. Y para la elaboración de este estudio es preciso establecer un proceso de participación pública para que la ciudadanía, grupos de interés, asociaciones empresariales y sindicales, expertas y expertos, o cualquier sector que se considere afectado por la propuesta legislativa, puedan expresar su opinión.

Para las organizaciones ecologistas, “el mercado europeo es uno de los más grandes del mundo, por lo que estamos ante una oportunidad única para que la UE lidere la lucha contra la deforestación inducida por la producción y comercio de materias primas como la soja. Es el momento de la valentía y la ambición y no de rebajar los requerimientos, algo que seguiría dejando en situación de vulnerabilidad a algunos de los ecosistemas vitales en muchas partes del mundo y a las comunidades que viven en su entorno”.

Las importaciones españolas de soja y la deforestación
La deforestación causada por la expansión del cultivo de soja en algunos países de América del Sur es uno de los aspectos cruciales que deben ser abordados por la ley que ahora ha presentado la Comisión Europea, ya que la UE es altamente dependiente de la importación de ingentes cantidades de soja para alimentar a la ganadería industrial.

La expansión del cultivo de soja en Brasil o Argentina no solo está relacionado con la deforestación, también con el acaparamiento de tierras, la invasión de territorios indígenas y otras violaciones de derechos humanos. Esta rápida expansión se ha producido a expensas de algunos de los ecosistemas con mayor biodiversidad en la Tierra, incluidos los bosques del Amazonas, el Cerrado y el Gran Chaco en América del Sur, y está contribuyendo a la crisis climática y de salud pública.

La expansión de este cultivo ha cambiado el uso del suelo de amplias superficies que antes eran ecosistemas o fueron utilizados para la producción de alimentos a pequeña escala. De este modo, muchas poblaciones campesinas e indígenas han sido desplazadas forzosamente de su territorio y obligadas a buscar otras tierras para sobrevivir.

Dentro de la UE, España destaca en cuanto a importación de soja y fabricación de piensos. En 2019, importó 2,4 millones de toneladas de soja brasileña, principalmente del estado de Mato Grosso y la región de Matopiba, ubicados en el bioma del Cerrado. Estas zonas son puntos calientes de biodiversidad devastados por la deforestación. Según datos del IDH (Sustainable Trade Initiative) referidos a 2019, tan solo el 1 % de las importaciones españolas de soja estaba certificada bajo el estándar del RSPO.

El 87 % de la soja importada por la UE se destina a la producción de piensos para la alimentación de ganado. Y España es, dentro de la UE, el líder en la producción de piensos, produciendo 34,5 millones de toneladas de piensos animales en más de 850 fábricas. Por este motivo, España es un punto estratégico para empresas que importan soja desde el continente americano para luego comercializar los subproductos (torta de soja y aceite) en el resto de Europa.

A partir de la soja importada se producen grandes cantidades de piensos que se destinan a la producción ganadera industrial orientada en gran medida a la exportación a terceros países de carne, derivados y subproductos animales, junto a animales vivos. Las importaciones de soja para la alimentación de la ganadería industrial son el principal motor de la deforestación inducida por el sistema agroalimentario español. (4) (5) (6)

Desde las organizaciones ecologistas se está contactando con sectores económicos y sociales para aumentar el rango de actores e intereses en esta consulta, para lo cual han elaborado una guía dirigida a facilitar la contestación del cuestionario.

Amigos de la Tierra insta a la Comunidad Valenciana a establecer una moratoria a la ganadería industrial

La organización presenta un estudio en el que desgrana y analiza las consecuencias ambientales y sociales de este modelo de negocio que arruina las pequeñas producciones familiares en la Comunidad Valenciana. Alerta además de que en esta comunidad autónoma se encuentran las dos ganaderías industriales más contaminantes de España: en Catarroja y en Benlloch

La semana pasada el presidente de Castilla La Mancha anunció la puesta en marcha de una moratoria con rango de ley para que no se puedan tramitar nuevos proyectos de macrogranjas en la región. Una noticia celebrada por Amigos de la Tierra que hoy lanza una petición a la Generalitat Valenciana para que establezca una norma que pongan fin a las nuevas explotaciones de ganadería industrial, así como prohibir cualquier ampliación de las instalaciones ya existentes. 

La organización ecologista señala que con esta decisión Castilla-La Mancha marca el pistoletazo de salida para las próximas moratorias a la ganadería industrial en los territorios del Estado y que la próxima comunidad autónoma que siga sus pasos puede ser la Comunidad Valenciana. “Se trata de un claro ejemplo de que las Administraciones, si quieren, pueden promover políticas públicas para frenar la ganadería intensiva en nuestro país”, ha señalado Andrés Muñoz, responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra.

Con este preludio, Amigos de la Tierra y Food and Water Action Europe han presentado hoy en Valencia el informe ‘El Sector Ganadero en el País Valenciano, una oportunidad para impulsar la ganadería extensiva y ecológica’, a través del cual urgen a la Administración Valenciana a erradicar antes de 2030 este modelo ganadero que pone en jaque la salud de la población y al medio ambiente, además de arruinar fincas familiares de ganadería extensiva.  Y es que, según ha señalado Andrés Muñoz Rico, coautor del informe y responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra, “el apoyo desmesurado a las explotaciones industriales en detrimento de la ganadería extensiva ha agravado la situación del sector que ha pasado de tener un carácter familiar y de pequeña escala a concentrarse en unas pocas empresas multinacionales. Ejemplo de ello es lo ocurrido con las explotaciones avícolas y porcinas en las comarcas del interior como Los Serranos, la Plana de Utiel-Requena, el Alt Maestrat y Els Ports”.

La situación de España es alarmante. El Estado español es líder en número de cerdos en la Unión Europea, con el 22 % del censo comunitario en 2020, y produce más del doble de carne porcina de la que necesita para autoabastecerse. El sector porcino lleva años de cifras récord, con 56 millones de cerdos sacrificados en 2020.

La Comunidad Valenciana, aun estando en una situación de privilegio respecto a otras comunidades autónomas al tener un sector ganadero diversificado con una fuerte presencia en proyectos productivos de pequeña escala y familiares, tiene a sus puertas la amenaza de la expansión de la producción cárnica. La región linda con cuatro de las comunidades autónomas con más explotaciones de ganadería industrial, de hecho, Aragón y Cataluña ostentan el primer puesto, lo que la convierte en una presa fácil para la industria.

Principal foco de emisión de gases de efecto invernadero

Según desgrana el informe, el modelo de producción industrial tiene impactos muy negativos tanto medioambientales como sanitarios y su actividad se ha convertido en uno de los principales focos de emisión de gases de efecto invernadero. A ello se suma la contaminación del agua y del aire, provocada por los desechos del ganado (purines), con cantidades ingentes de sustancias tóxicas como amoniaco y nitrógeno que afectan directamente a la salud de la población local y deterioran la flora y fauna de la zona.

Tanto es así que la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante la justicia europea al entender que el país no ha adoptado medidas para evitar la contaminación de las aguas provocada por los nitratos derivados de esta actividad, tal y como exige la normativa comunitaria (Directiva de Nitratos de 1991). De hecho, dos macrogranjas valencianas, situadas en Catarroja y Benlloch, se encuentran entre las más contaminantes del Estado.

Asimismo, la ganadería industrial se ha relacionado directamente con la propagación de dos pandemias mundiales: la aviar y la porcina. La administración rutinaria de antibióticos a los animales está provocando – según señala la OMS- que haya más bacterias resistentes a la medicación y por tanto que las personas seamos más vulnerables a las infecciones.

Recuperar la ganadería extensiva ligada al territorio

La ganadería extensiva y semiextensiva valenciana, a pesar de no ser la producción mayoritaria, cuenta con casos de éxito ligados al territorio y con sólidas redes de apoyo, también formadas por movimientos sociales, lo que les proporciona una fuerte resiliencia.

“La ganadería extensiva y ecológica es una forma de vida, no es solo un negocio. Cada vez es más complicado abrirnos paso frente a una ganadería industrial que contamina, destruye puestos de trabajo y acaba con el mundo rural”, explica Fernando Robres, ganadero de vacuno en extensiva, que ha asistido a la presentación del informe. “Nuestro modelo apuesta por el medio ambiente, la población y el bienestar animal. Para proteger nuestro modelo necesitamos el apoyo de la Administración y de las organizaciones”, añade Robres.

En los últimos cinco años la Comunitat Valenciana ha perdido un censo de 22.315 ovinos y un total de 81 granjas dedicadas a la producción de estos animales. Aun así, permanecen en el territorio 1.376 granjas dedicadas a los pequeños rumiantes frente a las 880 de producción porcina. “Está claro que la ganadería extensiva a pequeña escala protege al mundo rural y favorece un empleo de mayor calidad al que se deriva de la ganadería industrial” añade Muñoz.

Peticiones a la Administración

En base a los resultados de este informe, Amigos de la Tierra y Food and Water Action Europe exigen políticas públicas que frenen la expansión de la ganadería industrial en la Comunitat y protejan el modelo de producción de pequeña escala y familiar. Para ello reclaman una moratoria para las nuevas explotaciones de ganadería industrial así como para cualquier ampliación y promueven la elaboración de un Plan autonómico de transición justa para el sector ganadero dotado de fondos económicos suficientes para consolidar la viabilidad de los proyectos de ganadería extensiva y tradicional.

Informe ‘El Sector Ganadero en el País Valenciano, una oportunidad para impulsar la ganadería extensiva y ecológica’

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