Greenpeace presenta un escrito ante el TSJ de Andalucía para que decida si el Alcalde de Carboneras ha cometido un delito de desobediencia

Tras conocer la última sentencia sobre el hotel ilegal de El Algarrobico del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Greenpeace ha presentado un escrito ante este mismo Tribunal solicitando que se investigue si el Alcalde de Carboneras ha podido cometer un posible delito de desobediencia al no haber publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería la modificación de las normas urbanísticas que acordó el TSJA el 18 de julio de 2018. La sentencia obligaba al Ayuntamiento a modificar el PGOU en lo referente al sector ST1, conocido como El Algarrobico, para declararlo como no urbanizable y establecer la línea de demarcación de costas en 100 metros. Para ser efectivos, dichos cambios debían ser publicados en el B.O.P.

“El Ayuntamiento de Carboneras ha tenido tres años para cumplir la sentencia del TSJA que declara los terrenos de El Algarrobico como no urbanizables, pero ha decidido ignorar a la justicia. Desde Greenpeace hemos pedido que responda por ello. Es inaceptable que la mayor aberración urbanística de la costa española siga en pie porque los políticos hayan desobedecido a los tribunales”, ha declarado María José Caballero, portavoz de Greenpeace.

Denuncian fincas andaluzas por posible fraude en las ayudas de la PAC en terrenos de la Laguna de La Janda de titularidad pública

  • Ecologistas en Acción ha iniciado una petición al Parlamento Europeo para que investigue si varias sociedades reciben indebidamente ayudas de la PAC. · Un informe de la abogacía del Estado prueba que parte de los terrenos por los que recibe los fondos son de titularidad pública y no están otorgados en concesión
  • Se trata de al menos 6.165 hectáreas correspondientes a la Laguna de La Janda (Cádiz), un valioso humedal desecado y convertido en una explotación agrícola intensiva de regadío. ·Fincas andaluzas cobran millones de la PAC por ocupar una laguna desecada de titularidad pública · Se trata de al menos 6.165 hectáreas correspondientes a la Laguna de La Janda (Cádiz), un valioso humedal desecado y convertido en una explotación agrícola intensiva de regadío.
  • La Laguna de la Janda era uno de los humedales más importantes de Europa y sufrió una desecación iniciada en el siglo XIX y culminada en los años 60. Ecologistas en Acción ha iniciado una petición al Parlamento Europeo para que investigue si varias sociedades y empresas están cobrando indebidamente ayudas de la Política Agraria Europea (PAC) por unas tierras que no son suyas.

La organización ecologista hace esta denuncia tras la publicación de un informe elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que clarifica que, en la antigua Laguna de La Janda (Cádiz), un valioso humedal desecado y convertido en una explotación agrícola intensiva de regadío, hay una superficie de terreno deslindado como dominio público de 6.165 hectáreas. A pesar de esto, sociedades como  Complejo Agrícola S.L estarían cobrando ayudas de los fondos FEAGA por la Finca de las Lomas, asentada en parte dentro de estas tierras de dominio público. Esta sociedad cobró más de 4 millones de euros de los citados fondos en 2020 y es una de las que ayudas directas de la PAC recibe en el Estado español. La Laguna de la Janda es parte de un complejo de humedales de la zona del Estrecho, de una importancia ambiental equiparable a la de Doñana, por ser un elemento crucial de las rutas migratorias de aves entre Europa y África. Por desgracia, la laguna está hoy en día desnaturalizada, debido a un largo y costoso proceso de desecación.

En uno de los intentos de desecación, se otorgó una concesión a 99 años a la empresa adjudicataria, que fue rescatada en 1964 por parte del Estado para garantizar un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos. A pesar de dicho rescate, las tierras han seguido explotándose privativamente al margen de la ley, ya que no se han otorgado nuevas concesiones administrativas que serían preceptivas para ello. Ecologistas en Acción espera que el Parlamento Europeo pueda investigar si, como sospechan desde la organización ecologista, se ha dado un fin indebido a los fondos europeos y varias empresas y sociedades han recibido ayudas de la PAC por cultivar terrenos públicos ocupados sin mediar concesión · Un informe de la abogacía del Estado prueba que parte de los terrenos por los que recibe los fondos son de titularidad pública y no están otorgados en concesión. · La Laguna de la Janda era uno de los humedales más importantes de Europa y sufrió una desecación iniciada en el siglo XIX y culminada en los años 60. Ecologistas en Acción ha iniciado una petición al Parlamento Europeo para que investigue si varias sociedades y empresas están cobrando indebidamente ayudas de la Política Agraria Europea (PAC) por unas tierras que no son suyas.

La organización ecologista hace esta denuncia tras la publicación de un informe elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que clarifica que, en la antigua Laguna de La Janda (Cádiz), un valioso humedal desecado y convertido en una explotación agrícola intensiva de regadío, hay una superficie de terreno deslindado como dominio público de 6.165 hectáreas. A pesar de esto, sociedades como  Complejo Agrícola S.L estarían cobrando ayudas de los fondos FEAGA por la Finca de las Lomas, asentada en parte dentro de estas tierras de dominio público. Esta sociedad cobró más de 4 millones de euros de los citados fondos en 2020 y es una de las que ayudas directas de la PAC recibe en el Estado español. La Laguna de la Janda es parte de un complejo de humedales de la zona del Estrecho, de una importancia ambiental equiparable a la de Doñana, por ser un elemento crucial de las rutas migratorias de aves entre Europa y África.

Por desgracia, la laguna está hoy en día desnaturalizada, debido a un largo y costoso proceso de desecación.  En uno de los intentos de desecación, se otorgó una concesión a 99 años a la empresa adjudicataria, que fue rescatada en 1964 por parte del Estado para garantizar un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos. A pesar de dicho rescate, las tierras han seguido explotándose privativamente al margen de la ley, ya que no se han otorgado nuevas concesiones administrativas que serían preceptivas para ello. Ecologistas en Acción espera que el Parlamento Europeo pueda investigar si, como sospechan desde la organización ecologista, se ha dado un fin indebido a los fondos europeos y varias empresas y sociedades han recibido ayudas de la PAC por cultivar terrenos públicos ocupados sin mediar concesión

Desperdiciamos 1 200 millones más de toneladas de alimentos de lo que se calculaba

Un informe de WWF y Tesco eleva a 2 500 millones de toneladas los alimentos desperdiciados en el mundo, lo que equivale aproximadamente al 40 % de todos los alimentos producidos. Este nuevo análisis revela que desperdiciamos 1 200 millones de toneladas más de alimentos de lo que se calculaba, ya que por primera vez se cuantifica el desperdicio en las explotaciones agrícolas. El problema es de tal magnitud que, en opinión de WWF, debe ser abordada en la pre-cumbre de sistemas alimentarios de la ONU que tendrá lugar del 26 al 28 de julio. La organización también pide que se incluya en la futura Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario del Ministerio de Agricultura.

El informe ofrece una fotografía más completa de la pérdida y desperdicio de alimentos en el mundo y analiza las pérdidas asociadas a las cosechas, unos datos que no se incluyen por ejemplo, en el Índice de la FAO, que solo contempla las pérdidas posteriores a la cosecha y acumuladas a lo largo de las cadenas de suministro.

La producción de alimentos utiliza una enorme cantidad de tierra, agua y energía, por lo que el desperdicio de alimentos tiene un impacto significativo en el cambio climático. Las estimaciones anteriores sugerían que el desperdicio de alimentos genera el 8 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Los nuevos datos del informe indican que las cifras son aún más importantes, y apuntan a una contribución de aproximadamente el 10% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto equivale a casi el doble de las emisiones anuales producidas por todos los coches que circulan en Estados Unidos y Europa.

A medida que se expande el uso de los recursos agrícolas en todo el mundo, se utilizan 440 millones de hectáreas de tierra agrícola y 760 000 hm3 de agua para producir los 1 200 millones de toneladas de alimentos que se pierden antes, durante y después de la cosecha o se desvían a otros usos como la alimentación animal y el biocombustibles. Esto equivale a un área mayor al  subcontinente indio y a un volumen de agua similar a 304 millones de piscinas olímpicas. Un dato que no incluye los recursos adicionales utilizados para producir alimentos que se desperdician más adelante en la cadena de suministro.

El informe, además,  muestra que contrariamente a lo que podría pensarse las pérdidas per cápita en las explotaciones agrícolas suelen ser mayores en las regiones industrializadas. A pesar de contar con una mayor mecanización en las explotaciones y de tener solo el 37 % de la población mundial, los países de renta alta y media de Europa, América del Norte y Asia industrializada contribuyen al 58 % del desperdicio mundial de las cosechas.

«A pesar de que sabemos desde hace años que el desperdicio de alimentos es un grave problema también a pie de campo, se suele minimizar. Este informe nos muestra que es posiblemente mayor de lo que habíamos pensado. Si tenemos en cuenta que hoy, en el planeta, hay casi 800 millones de personas que pasan hambre cada día, al impacto ambiental hay que sumar esta emergencia social», afirma Celsa Peiteado, responsable del programa de Alimentación Sostenible, de WWF España.

Y concluye Peiteado: “Los datos son alarmantes: se desperdicia suficiente comida como para alimentar a todo el mundo hasta 2050. Podríamos alimentar a todas las personas que pasan hambre en el planeta más de siete veces”

El informe pone de manifiesto que la sociedad no podrá alcanzar un futuro de 1,5ºC si no aborda el desperdicio de alimentos, especialmente en las explotaciones agrícolas. Un asunto que en los preparativos de la COP 26 se ha pasado por alto, pero que requiere una atención urgente.

A juicio de WWF, para lograr una reducción significativa del malgasto de alimentos, los gobiernos y los agentes del mercado deben tomar medidas para apoyar a los agricultores de todo el mundo y comprometerse a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos en todas las etapas de la cadena de suministro.

La administración española debe cuantificar el desperdicio alimentario en todos y cada uno de los eslabones de la cadena, comenzando a pie de campo, analizar las causas, especialmente las estructurales (sobreproducción, saturación del mercado, etc.) y poner en marcha todas las medidas necesarias para reducirlo a la mitad en 2030. WWF solicita que esta información se tenga en cuenta en la futura Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario que está elaborando el Ministerio de Agricultura, así como el futuro Plan Estratégico de la PAC, que incluye por primera vez el despilfarro en un objetivo específico. Además, que se cuente con las entidades sociales y ambientales, dado el carácter estratégico del tema.

La Ley de Residuos debe superar cinco asignaturas pendientes para provocar un cambio real

Han pasado dos meses desde que el texto de la Ley de Residuos y Suelos contaminados entrase en el Congreso de los Diputados, sin embargo, todavía no se han votado las enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. El plazo se ha ampliado hasta septiembre, mes que simboliza la reválida para superar asignaturas pendientes, una nueva oportunidad para el Gobierno y los grupos parlamentarios de cara a lograr una ley que aporte un cambio real en el paradigma de  los residuos en España.

En materias como la prevención, la reutilización y la responsabilidad ampliada del productor, el proyecto de Ley debe establecer objetivos más ambiciosos y vinculantes, y situar así al Estado en línea con el residuo cero y saltar al grupo de vanguardia de los países europeos en materia de protección del entorno y de la salud de las personas.

La Alianza Residuo Cero, conformada por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Retorna, Rezero y Surfrider Foundation, demandan una mejora en las siguientes  materias para septiembre:

  • Prevención y reutilización

La prevención de residuos debe ser una estrategia prioritaria de la nueva ley, incorporando objetivos específicos por flujo de residuos y medidas concretas que den un giro de 180 grados al modelo actual, basado en el derroche de recursos naturales y la gestión ineficiente de los residuos, ambas con graves impactos sobre el medio ambiente y la salud de las personas.

El texto debe poner fin a la obsolescencia prematura de los productos, exigiendo la puesta en el mercado de productos reparables, reutilizables y, en última instancia, reciclables. También se debe garantizar el derecho a un consumo sin envases de un solo uso, fomentando la  venta a granel y los envases rellenables y reutilizables en establecimientos comerciales.

Se debe garantizar la máxima calidad y eficiencia en la implementación de la recogida separada de los biorresiduos, mediante un objetivo de captura y el establecimiento de un límite de impropios, así como el fomento de instalaciones de tratamiento biológico, compostaje, que respeten el principio de proximidad.

  • Responsabilidad ampliada del productor

Urge garantizar que las empresas que ponen en el mercado sus productos asuman de manera efectiva el 100 % del coste de su gestión y que este no se traslade a los municipios y las personas contribuyentes. Al mismo tiempo, se debe garantizar el incumplimiento de este objetivo mediante sistemas de control, trazabilidad y transparencia y ampliar la responsabilidad a otros flujos como textil sanitario, muebles, colchones, cápsulas de café, maquinillas de afeitar o papel entre otros.

  • Sistemas de Depósito

Es necesario que las personas consumidoras recuperen a partir del 1 de enero de 2023 su derecho a devolver latas, botellas y bricks a las tiendas para evitar así su abandono masivo en los entornos naturales y marinos y cumplir con los objetivos de las directivas europeas. En este sentido, es necesario analizar la ampliación de estos sistemas de depósito a otros materiales y su posterior establecimiento sin dilación.

  • Competencias para las comunidades autónomas

Respetar la competencia de las comunidades autónomas para la aplicación de medidas de protección del medio ambiente más allá de lo que establezca la propia ley es clave para avanzar en este cambio de rumbo.

  • Hacia el fin del vertido y la incineración 

La nueva Ley debe poner fin a la actual supremacía de los tratamientos finalistas en el Estado español, vertido e incineración, como exige la normativa europea. Para ello, el nuevo impuesto al vertido, la incineración y la coincineración debe tener carácter finalista y un formato progresivo anual.

A fecha de hoy, la Unión Europea tiene al Estado español en el punto de mira por acumular diversos retrasos en la trasposición de las directivas de residuos que pueden causar multas millonarias. Si aprueba estas asignaturas pendientes, España puede cambiar tanto su realidad como la percepción comunitaria respecto a la gestión de los residuos y dar un impulso real hacia un nuevo escenario más transparente, eficiente y sostenible.

“Todavía estamos a tiempo de aprobar estas asignaturas en la Ley de Residuos y encaminarnos hacia un modelo donde los residuos sean considerados recursos, un concepto vital para avanzar hacia una sociedad con las personas y el planeta en el centro. Por el contrario, suspender puede abocarnos no solo a multas millonarias sino a agravar aún más la crisis climática y ecológica que vivimos”, ha alertado Adriana Espinosa, responsable de recursos naturales y residuos de Amigos de la Tierra.

Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción: “La Ley de Residuos debería respetar el derecho de consumidoras y consumidores a no generar residuos en su consumo, mediante prevención, reutilización y, en última instancia, reciclaje de los residuos generados”.

Greenpeace exige a las eléctricas la devolución de 1.500 a 2.800 M€ a los consumidores

La organización ambientalista, junto con Economistas Frente a la Crisis, FACUA, Transición Verde y la Asociación para la defensa ecolóxica de Galiza, han iniciado hoy los trámites para reclamar ante los tribunales la deuda pendiente de liquidar de las empresas eléctricas con los consumidores que puede oscilar entre los 1.500 -2.800 M€, derivada de los Costes de Transición a la Competencia (CTS). Este proceso se ha presentado el mismo día que el precio medio de la luz en el mercado mayorista es uno de los más altos de la historia, una situación va a seguir produciéndose mientras no se cambie el actual sistema de mercado, y del que las grandes beneficiadas son las compañías eléctricas.

“La recuperación económica de España tiene que ser justa y las empresas eléctricas no pueden reclamar fondos de recuperación que provienen de nuestros impuestos, mientras que siguen abusando de un sistema que les proporciona beneficios extraordinarios que pagan los consumidores, al mismo tiempo que no saldan sus deudas. A las eléctricas les damos dinero público, nos cobran de más y no nos pagan lo que nos deben”, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña de energía de Greenpeace.

Gabeiras & Asociados ha presentado hoy en nombre de Economistas Frente a la Crisis, FACUA, Greenpeace, Transición Verde y la Asociación para la defensa ecolóxica de Galiza un recurso ordinario sobre el Incidente de Ejecución de la Sentencia de 18 de julio de 2005 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional – confirmada por sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2008 – en cuanto al importe de las plusvalías obtenidas por Endesa por la venta de Electra de Viesgo a ENEL. Este es el primer paso de este procedimiento jurídico, y se pide que se proceda a liquidar los CTC tecnológicos de las instalaciones referidas en dicha Sentencia. El exceso de CTC cobrados por las empresas eléctricas desde 1998 hasta 2006 puede cifrarse en un importe global que oscila entre los 1.500 y los 2.800 millones de euros. Para determinar la cantidad exacta es necesaria la ejecución de la Sentencia de la Audiencia Nacional ya mencionada.

Las organizaciones reclaman que este exceso de CTC cobrados por las empresas eléctricas debe ser reintegrado al sistema eléctrico con el destino que determinen las autoridades reguladoras, restituyendo a los consumidores de manera directa o indirecta el exceso de costes pagados.

En 1997, el Gobierno de Aznar aprobó la Ley del Sector Eléctrico, una profunda reforma para incorporarse al mercado europeo, abandonando el Marco Legal Estable e iniciando la senda de la liberalización y de la competencia. Ante la posibilidad de que no se pudieran recuperar las inversiones realizadas debidas a las variaciones de la retribución con este nuevo sistema, se crearon los llamados “Costes de Transición a la Competencia” (CTC). El nuevo sistema de mercado hizo que no sólo no perdieran dinero, sino que ganaran más de lo previsto y, además, que cobraran CTC en exceso. Ninguno de los distintos gobiernos ha exigido la devolución de estos pagos y, sin embargo, esto no ha prescrito y por tanto es plenamente exigible.

WWF lamenta que la CE apruebe la nueva Estrategia Forestal condicionada por intereses cortoplacistas

La Comisión Europea acaba de aprobar su nueva Estrategia Forestal, que tiene como objetivo mejorar la salud y la resiliencia de los bosques de la UE fomentando prácticas de gestión que sean mejores para la naturaleza, el clima y las personas. Sin embargo, el resultado final se haya cedido a la presión de algunos Estados miembros y de la industria para anteponer los beneficios económicos a muchas de las consideraciones climáticas, de biodiversidad y sociales.

En comparación con un borrador de junio de la estrategia forestal europea, que mostraba a la Comisión dando pasos importantes para abordar las preocupaciones de los ciudadanos de la UE sobre el estado de los bosques de Europa, esta versión final aprobada hoy mantiene la necesidad de un esfuerzo unificado para restaurar la salud y resiliencia de los bosques, pero debilita ciertos elementos importantes. Por ejemplo, aunque aún incluye un plan para elaborar una propuesta legislativa para un marco de observación e información forestal en toda la UE [1], dicha propuesta se ha debilitado. Además, el borrador anterior también contenía un conjunto obligatorio de criterios para evaluar si un bosque está ‘gestionado de forma sostenible’ [2], pero ahora se han eliminado de la propuesta legal final y solo se utilizarán de forma voluntaria.

WWF también lamenta que estos importantes cambios de última hora se produjeron después de que algunos Estados miembros [3] y la industria forestal afirmaran que la UE no tiene competencia en cuestiones relacionadas con los bosques y acusaran a la Comisión de “reducir los bosques a consideraciones medioambientales” y de “no tener en cuenta los aspectos socioeconómicos”.

«Este tipo de falsa retórica pierde por completo el panorama general», afirma Diana Colomina, coordinadora de bosques en WWF España en reacción a la posición de los Estados miembros. “Si no actuamos urgentemente contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, no nos quedarán bosques saludables y resistentes de los que hablar. Al anteponer los intereses económicos a corto plazo a otras consideraciones, los ministros de industria y agricultura han demostrado que no comprenden la magnitud de la crisis.”

Aspectos positivos de la Estrategia Forestal Europea

La Estrategia Forestal reconoce la necesidad de fortalecer la protección y restauración de los bosques y la necesidad de una ordenación forestal sostenible más respetuosa con la biodiversidad para garantizar su resiliencia y capacidad productiva en las próximas décadas.

La Estrategia también enfatiza la necesidad de  compensar a  los propietarios de bosques por servicios ecosistémicos distintos de la producción de madera -como retención de agua, regulación climática y servicios recreativos- y por adoptar prácticas de manejo forestal respetuosas con el clima y la biodiversidad

Aspectos negativos de la Estrategia Forestal Europea

La Estrategia establece que la bioeconomía debe ser «impulsada dentro de límites sostenibles», sin embargo, carece de salvaguardias concretas para evitar la intensificación de la gestión forestal y la explotación que van en contra de los objetivos climáticos y de biodiversidad de la UE.

Para WWF se trata de un doble golpe para la biodiversidad dada la decisión de la Comisión esta semana de ponerse del lado del lobby de la industria de la biomasa y rechazar cualquier revisión significativa de las reglas sobre bioenergía en la directiva de energía renovable (RED). Esto significa que la RED seguirá incentivando la quema de árboles para obtener energía, aumentando las emisiones en comparación con los combustibles fósiles y ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los bosques.

“La Estrategia Forestal no es un instrumento legal, por lo que no podrá impulsar el cambio necesario para nuestros bosques si sus principios no se reflejan en la legislación relevante como RED y LULUCF”, concluye Diana Colomina.

ASAJA y AXFA denuncia la inutilidad de la erradicación masiva de almendros

Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante y la Plataforma de afectados por la Xylella Fastidiosa en la provincia de Alicante (AXFA) denuncian que el aumento de masa forestal infectada, según arroja la decimoquinta actualización de la situación de la Xylella Fastidiosa presentada ayer por la Conselleria de Agricultura, deja patente que la plaga está extendida por todo el territorio, estando especialmente presente en la vegetación del sotobosque, imposible de eliminar, por lo que la erradicación masiva de almendros que está aplicando Agricultura para acabar con la Xylella, no tiene ningún sentido y es un protocolo que lo único que erradicará son los almendros y la agricultura de secano del único pulmón verde de la provincia, el norte de Alicante. ASAJA también lamenta que en la estrategia opaca o poco transparente que está llevando a cabo la Conselleria para luchar contra esta plaga, el remedio está siendo peor que la enfermedad, puesto que llevan arrancados hasta la fecha 140.000 árboles.   

Ayer se publicó la RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2021, del director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la cual se declara la decimoquinta actualización de la situación de la plaga Xylella fastidiosa (Wells et al.) en el territorio de la Comunitat Valenciana y se adoptan medidas fitosanitarias urgentes de erradicación y control para evitar su propagación.

Esta vez los datos son más llamativos que nunca, ya que arrojan más de ochocientos positivos por Xylella (en esta última actualización han salido 633 positivos en almendro, 1 positivo en ciruelo, 1 positivo en albaricoque y 200 positivos en plantas ornamentales y forestales), de los cuales, más del 20% corresponden a especies vegetales forestales. Y, aunque el almendro continúa siendo la especie más infectada, una vez más, queda demostrado que el protocolo que aplica la Conselleria de Agricultura de erradicar masivamente almendros en un radio de cincuenta metros desde el positivo infectado, de poco o nada sirve si la plaga está presente en la masa forestal, imposible de erradicar, tanto por la gran extensión que abarca, como por lo inaccesible de la orografía del terreno al que nos referimos.

“Hay que ser realista, que no “negacionista”, término con el que se dirigió a nosotros la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, en la reunión de seguimiento de la Xylella con las organizaciones agrarias mantenida ayer por la tarde, y ser consciente sobre el escenario del que se está hablando. Es obvio que si la plaga estuviese presente sólo en el Prunus Dulcis (Almendro), o bien, el territorio fuese llano, cualquier actuación con efecto de “cortafuego” o, lo que es lo mismo, de erradicación, tendría una eficacia del 100%. Pero la realidad es otra, estamos hablando del norte de Alicante, el pulmón verde de la provincia, lugar plagado de barrancos y zonas inaccesibles y, por lo tanto, lleno de esa vegetación mediterránea que está dando positivos en Xylella fastidiosa y que en la última actualización ocupa más de un 20% de positivos, como, por ejemplo, el romero, lavanda, aliaga, estepa, esparraguera silvestre, etc.”, afirma la técnico de ASAJA en la Montaña de Alicante, Tere Alemany, que también remarca que en esta última actualización “estamos hablando de las muestras que quedaban pendientes de resultado del 2020, por lo que los datos de 2021 los desconocemos y la radiografía de la extensión de la Xylella podría ser aún peor en la actualidad”.

Olivo tratado

Por su parte, el presidente de AXFA, Fran Molines, se reafirma en la petición que desde hace años están solicitando tanto los afectados como ASAJA, de pasar urgentemente a la estrategia de contención, arrancar solo los ejemplares infectados y buscar soluciones para convivir con la Xylella, tal y como hacen en Italia o EE.UU. “Con la erradicación masiva que está aplicando la Conselleria de Agricultura, y dado el índice de plantas forestales infectadas, podrán acabar con los almendros, pero nunca con la Xylella. Con los datos que nos han presentado en la mano, la única manera que tendrían de acabar con la Xylella en Alicante sería quemar las montañas del norte de Alicante. Las plantas que aparecen infectadas son muy comunes en nuestro suelo forestal, por lo que creemos que la Xylella no solo está en la Marina Alta, Marina Baixa y El Comtat, creemos que está en el sur de Alicante, en Valencia y en Castellón. La enfermedad está ahí, eso no lo niega nadie, pero, una vez que está extendida por todo el sotobosque, ¿esta Conselleria no se pregunta si sirve para algo erradicar por erradicar? ¿hasta donde tienen que llegar los datos de expansión de la plaga para que, de una vez, luchen y exijan a la UE el cambio del protocolo de la erradicación a la contención?”, se pregunta Molines.

Asimismo, ASAJA denuncia que en la reunión que tuvo lugar ayer por la tarde con la Conselleria de Agricultura y las organizaciones agrarias, se informó que en breve se publicará la Orden de las bases reguladoras para las ayudas a la replantación en parcelas afectadas por Xylella, las cuales no podemos valorar todavía porque continuamos sin tener el texto definitivo de dichas ayudas, al cual se presentaron alegaciones en noviembre del 2020 y lo que sabemos hasta la fecha es lo que se nos ha dicho de palabra en alguna de las reuniones.

“El tema de la Xylella Fastidiosa se está llevando de una manera no demasiado clara: salen notas de prensa de la misma Conselleria de Agricultura hablando de proyectos e iniciativas con “empresas privadas y cooperativas para favorecer la recuperación de las zonas  golpeadas por esta bacteria”, y cuando se pide desde esta organización que se expliquen esas iniciativas en las mesas de trabajo, se obvia la pregunta y se escudan en que la nota de prensa está mal redactada y se han mezclado conceptos”, denuncia la técnico de ASAJA, que también afirma que, “por otra parte, sería interesante saber también en que se han invertido los 25 millones de euros que la Conselleria dice que ha destinado desde el 2017 para la batalla de esta bacteria, teniendo en cuenta que a los afectados tan sólo les han llegado 517.000€ en concepto de indemnizaciones por arranque”.

El conflicto entre humanos y vida silvestre amena las especies del planeta

El conflicto entre los seres humanos y la vida silvestre, es una de las principales amenazas para la supervivencia a largo plazo de algunas de las especies más emblemáticas del planeta, advierte un nuevo informe de WWF y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Sin embargo, el trabajo en coexistencia y la inversión y dedicación de esfuerzos a las medidas preventivas puede mejorar tanto la situación de las especies como la de los habitantes de las comunidades afectadas.

El conflicto se origina cuando la presencia de la vida silvestre plantea amenazas reales o percibidas, de manera directa y recurrente, a los intereses o necesidades humanas, lo cual a menudo provoca desacuerdos entre grupos de personas e impactos negativos en los mismos y/o en la vida silvestre. A nivel global, los problemas de coexistencia han llevado a la caza ilegal de más de 260 especies de vertebrados terrestres que han tenido interacciones negativas con las personas, de las que 53 se encuentran amenazadas.

El informe Un futuro para todos: la necesidad de coexistir con la vida silvestre, destaca que, a nivel mundial, las muertes relacionadas con la interacción entre la fauna y los seres humanos afectan a más del 75% de las especies de felinos silvestres del mundo, así como a muchas otras especies de carnívoros terrestres y marinos, como osos polares y focas monje del Mediterráneo, y a grandes herbívoros como los elefantes. En España, este problema se centraría fundamentalmente en grandes carnívoros amenazados como el lobo y el oso, especies que se siguen matando ilegalmente con casos recientes como el del oso Cachou, y que queda patente en la oposición a la protección del lobo mostrada por algunos colectivos.

«En el tiempo en que transcurre la vida de un ser humano hemos asistido a cambios extraordinarios y sin precedentes en nuestro planeta. Las poblaciones estudiadas de vertebrados silvestres han disminuido un promedio del 68% desde 1970», afirmó Margaret Kinnaird, líder del Programa  de Vida Silvestre de WWF Internacional.

«Los conflictos entre seres humanos y fauna salvaje, en combinación con otras amenazas, han provocado una disminución considerable de especies que antes eran abundantes, y las que naturalmente son menos abundantes se encuentran al borde de la extinción. De no tomarse medidas urgentes, esta tendencia devastadora no hará más que empeorar, causando impactos perjudiciales y, en algunos casos, irreversibles, en los ecosistemas, la biodiversidad y la humanidad», advirtió Kinnaird.

Por su parte, Susan Gardner, Directora de la División de Ecosistemas del PNUMA, afirmó: «Este informe es una llamada de atención para hacer visible el problema y prestarle la atención que merece en los procesos nacionales e internacionales». Y añadió: «Es una llamada a la adopción de enfoques que identifiquen y aborden las causas más profundas y subyacentes del conflicto, al tiempo que se desarrollen soluciones sistémicas con las comunidades afectadas como participantes activos en el proceso. Como se demuestra en algunos casos de estudio de este informe, la coexistencia es posible y alcanzable”.

Según el informe, que contó con las aportaciones de 155 expertos de 40 organizaciones con sede en 27 países, el conflicto es también un problema humanitario y de desarrollo que afecta los ingresos de agricultores, pastores, pescadores artesanales y pueblos indígenas, sobre todo a los que viven en la pobreza. También interfiere en el acceso al agua de las comunidades que compiten con la vida silvestre por las fuentes de este líquido y fomenta la desigualdad, ya que quienes pagan el precio de vivir cerca de la fauna no siempre reciben los beneficios de la coexistencia de forma directa.

El mantenimiento de ecosistemas sanos y completos tiene muchos beneficios ambientales y sociales. Por ejemplo, en el contexto europeo, el lobo tiene un papel esencial en la regulación de ecosistemas y en el control de enfermedades al ganado. Sin embargo, la presencia de estas especies, también supone una carga adicional a sectores como el de la ganadería extensiva, por lo que es necesario un marco adecuado de coexistencia que proteja tanto a la vida silvestre como a los sectores afectados.

A pesar de que el conflicto humano-vida silvestre está fuertemente vinculado a la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como el de cero hambre, sigue siendo ignorado por los líderes políticos y los gobiernos de los países. En el caso de la alimentación, por ejemplo, en los países en vías de desarrollo, la fauna silvestre daña las reservas de alimentos, los cultivos y el ganado y pone a los agricultores de subsistencia en riesgo de padecer hambre.

«Si el mundo quiere tener una oportunidad de cumplir con los ODS para el 2030, el tema debe incluirse explícitamente en los planes de implementación de los ODS, así como en el centro del nuevo marco del Convenio sobre la Biodiversidad”, aseguró Kinnaird (*).

El informe asegura que no es posible erradicar por completo el conflicto entre los seres humanos y la vida silvestre, pero que los enfoques integrados y bien planeados para manejarlo pueden contribuir a su reducción y conducir a una forma de coexistencia. Tales enfoques requieren un trabajo de prevención, mitigación, respuesta, investigación y seguimiento, todo ello respaldado por un fuerte apoyo político y la participación de las comunidades locales. Esta es precisamente la principal reivindicación de WWF España para hacer posible la coexistencia con especies como el lobo. El enfoque de coexistencia es el necesario frente al control letal que se hace de estas especies.

Un ejemplo de ello puede verse en el Área de Conservación Transfronteriza de Kavango Zambezi, en el sur de África, donde un enfoque integrado del manejo del conflicto humano-silvestre redujo el 95% de las muertes de ganado a través de la instalación de jaulas a prueba de leones durante la noche y la compensación de pérdidas causadas por la incursión del felino. Ello dio lugar a cero caza de leones como represalia en 2016 (al menos 17 fueron cazados como represalia en 2012 y 2013) y ha permitido que las poblaciones de leones, antes amenazadas, se recuperen.

Otro caso de éxito es el manejo del conflicto entre ganaderos y jaguares en 71 ranchos modelo que cubren más de 220.000 hectáreas, ubicados en corredores clave de Colombia, Costa Rica, Bolivia y Brasil, en donde se ha trabajado con comunidades y productores para reducir la depredación de estos felinos. Los ganaderos se comprometieron a cero cacería por represalia, cero deforestación y cero caza de presas del jaguar. Además se probaron medidas de prevención y mitigación y se realizó un seguimiento de los esfuerzos a largo plazo. Las diversas medidas implementadas como manejo de crías, recintos nocturnos para el ganado, animales de guardia, cercos eléctricos, y la disminución en la caza de presas demostraron ser altamente exitosas: la depredación en los ranchos se redujo 90% y en muchos casos no ha habido pérdida de jaguares.

Para Gema Rodríguez, responsable de especies de WWF España, “como nos indica este informe internacional, la coexistencia es posible con voluntad política e inversión en prevención. Reducir el conflicto puede dar lugar a oportunidades y beneficios para la biodiversidad, para las comunidades afectadas y para el global de la sociedad”.

Video sobre coexistencia con lobo «En Tierra de Todos»: AQUÍ

Ecologistas en Acción denuncia a Naturgy por prácticas insostenibles

La organización ambiental señala que la concesión para el uso hidroeléctrico de la presa Ponte Inferno en el río Verdugo debió haber expirado hace más de cuatro años y aún así la empresa sigue turbinando. Además de la ilegalidad que supone seguir explotando una concesión caducada, incumple el régimen de caudales ecológicos. Ecologistas en Acción quiere señalar que estos incumplimientos están causando graves daños ambientales a los ecosistemas fluviales, como demostrará la justicia próximamente.

Además, hay otra denuncia contra Naturgy, en este caso relacionado con el estado de abandono de las instalaciones de la central hidroeléctrica, situación que pone en grave riesgo la seguridad laboral de los trabajadores que trabajan en la presa. 

Ecologistas en Acción ha solicitado una reunión con el director de Aguas de Galicia para que este organismo actúe ante esta flagrante ilegalidad, desaloje a la empresa y ponga fin de forma inmediata a la actividad de Naturgy. La eléctrica deberá proceder, además, a  renaturalizar la zona afectada. La organización ambiental afirma que la eliminación de la presa podría significar una reactivación de la economía de la zona, mejorar la producción de los bancos de mariscos Arcade y promover proyectos de ecoturismo, tanto en el municipio de Soutomaior como en Ponte Caldelas, donde los alcaldes están comprometidos con el uso del río como un gran atractivo turístico y ecológico. 

Érika González

Greenpeace lleva un tren al Aeropuerto de Barcelona-El Prat para exigir ‘Más Trenes y Menos Aviones’

Coincidiendo con el arranque de las vacaciones de julio, un grupo de activistas de Greenpeace han instalado esta mañana un tren de más de 12 metros de largo junto al Aeropuerto de Barcelona-El Prat para denunciar, bajo el lema “Más Trenes – Menos Aviones”, el enorme impacto climático del sector aéreo.

Para evitar este impacto, la organización exige al gobierno que apueste por transportes basados en energías limpias como el ferrocarril, que resulta hasta 20 veces menos contaminante por viajero transportado, eliminando los vuelos cortos con alternativa por tren como Barcelona-Madrid o Barcelona-Valencia.

Con esta acción en Barcelona, Greenpeace manifiesta su rechazo al proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat, en pleno debate sobre su futuro. Se suma así a las críticas realizadas desde la Plataforma ZeroPort, pues los 1.700 millones de euros que costará esta ampliación refuerzan un modelo económico basado en el consumo de combustibles fósiles. Por ello, urge cambiar el modelo turístico de Barcelona, donde el 82% de sus visitantes ya vienen en avión actualmente.

“Tanto el Gobierno de España como la Generalitat de Catalunya presumen de sus objetivos para reducir las emisiones mientras promueven infraestructuras como el aeropuerto, cuya ampliación implica un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero.” ha declarado desde el lugar de la acción Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace. “La aviación no solo tiene un grave impacto sobre el clima, también perjudica a la población local con más ruido, más contaminación atmosférica y arrasando espacios protegidos por su biodiversidad, como sucede en El Prat”.

Un modelo ferroviario accesible como alternativa al avión

Lejos de limitarse a rechazar el aumento del transporte aéreo tras la pandemia, las demandas de Greenpeace incluyen un gran número de soluciones para mejorar el transporte por tren. A pesar de la ingente inversión en infraestructuras ferroviarias (más de 55.000 millones de euros en los últimos años), el tren en España sigue arrastrando una serie de carencias que hacen que todavía no resulte atractivo frente al avión y la carretera.

Para corregir un problema esencialmente de gestión, Greenpeace ha suscrito, junto a organizaciones como WWF o la Asociación para la Promoción del Transport Públic (PTP), una propuesta técnica que aborda la necesidad de reducir el impacto del transporte a través de un modelo ferroviario sin emisiones, inclusivo, sostenible y seguro. El contenido de este documento se hará público esta tarde a las 18h en el Colegio de Ingenieros de Caminos de Catalunya. (Inscripciones a la presentación online en este enlace)

Para sumar fuerzas, Greenpeace ha lanzado esta semana un video donde anima a la ciudadanía a firmar una petición para los Ministros de Transportes europeos, con cinco propuestas concretas que nos permitirían viajar mejor en el futuro:

  • La creación de, al menos, 30 nuevas conexiones diurnas y nocturnas entre países europeos hasta 2025
  • Mejorar la compatibilidad de los trenes entre países, de forma que sean posibles los trayectos entre diferentes territorios europeos
  • Hacer que el tren sea más fácil y asequible, eliminando las subvenciones a las aerolíneas. Acabar con los vuelos cortos cuando exista una alternativa en tren competitiva en tiempo y precio
  • Que las operadoras de tren tengan sistemas de venta compatibles, para que comprar un billete de tren sea tan fácil como uno de avión.
  • Facilitar el acceso al tren para todas las personas, grupos, familias y a quienes viajan con su bicicleta o su mascota.