Los tendidos eléctricos, puntos negros para las aves

Equipos de jóvenes voluntarios del proyecto LIFE-Followers de SEO/BirdLife, en colaboración con el proyecto AQUILA a-LIFE coordinado por GREFA, denuncian la existencia de tendidos peligrosos para la conservación de aves protegidas como el búho real, el buitre leonado o el busardo ratonero, entre otras especies.

El equipo “Follower Tendidos” ha revisado en el último año más de 900 apoyos de líneas eléctricas, identificando en el último año diversos puntos negros en la Comunidad de Madrid y alrededores. Los más afectados son los municipios de Perales del Río con un punto negro donde se han llegado a encontrar 13 cigüeñas blancas muertas, otro en las cercanías de Velilla de San Antonio, con un búho real, un azor común y un busardo ratonero electrocutados, y otro en Cantalejo (Segovia), con varios ejemplares de buitre leonado.

En total, el equipo de “Followers Tendidos”, formado por jóvenes de entre 18 y 30 años, ha realizado cerca de 60 jornadas de voluntariado llegando a encontrar 30 aves electrocutadas.

“Es triste encontrar aves rapaces muertas a los pies de tendidos eléctricos pero esto nos hace salir cada vez con más ganas porque sabemos que nuestro esfuerzo se traduce en una corrección de esos tendidos y estamos evitando futuros accidentes”, señala Alberto Remacha, coordinador de LIFE Followers en Madrid.

“Además de formar a los voluntarios para que identifiquen los tendidos peligrosos, les enseñamos a actuar y a saber qué hacer cuando se encuentran un ave accidentada, que es informar a los agentes forestales para que retiren los cadáveres y poder continuar con las cuestiones legales. Es importante que aprendan el procedimiento adecuado para que puedan actuar cuando se encuentran con este tipo de casos de manera individual”.

“Follower Tendidos” forma parte del proyecto en Madrid y para esta acción cuenta también con la ayuda de la asociación GREFA, encargada de coordinar el proyecto europeo AQUILA a-LIFE. Tanto GREFA como SEO/BirdLife forman parte de la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos, un grupo de acción que lucha por acabar con el problema de la mortalidad de aves en tendidos eléctricos.

Ejemplar electrocutado 

Para Juan José Iglesias, responsable del Equipo Tendidos de AQUILA a-LIFE / GREFA,”la implicación ciudadana en este tipo de problemas es vital para llegar a una resolución positiva de este conflicto. Un ejemplo claro es la motivación con la que salen al campo todos los voluntarios haga frío o haga calor, sabiendo que el esfuerzo se verá recompensado con la localización de puntos negros para las aves y consecuentemente su corrección”, señala. “Por otro lado los propietarios de los tendidos, compañías o particulares, están teniendo una respuesta positiva al conocer su responsabilidad y están actuando con el fin de que no se produzcan nuevos incidentes en sus líneas”

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Montemadrid y Bankia en su compromiso por el Medioambiente y el desarrollo sostenible.

Abierto el plazo para voluntarios a través de la web http://followers.seo.org/

Surge tras la iniciativa de la Comisión Europea de poner en marcha el Cuerpo Europeo de Solidaridad, ofreciendo la oportunidad de adquirir una experiencia de voluntariado en la que los jóvenes, además de desarrollar sus capacidades, puedan prestar un servicio a la sociedad y tener una oportunidad laboral en el sector medioambiental.

Actualmente hay más de 1.100 inscritos y el plazo de candidaturas seguirá abierto hasta el próximo mes de mayo. Los jóvenes reciben formación científica y divulgativa por parte de SEO/BirdLife, además de una pequeña compensación económica y la posibilidad de convalidar la formación con créditos universitarios.

Encuentran más de 150 aves con manchas oleosas en la costa gallega

El episodio es preocupante porque afecta a un extenso tramo de costa de las provincias de A Coruña y Pontevedra.
En la última semana han aparecido numerosas aves marinas con manchas de una sustancia aceitosa, presumiblemente algún tipo de hidrocarburo, en las costas de Galicia. Se trata principalmente de frailecillos atlánticos (Fratercula arctica), así como araos (Uria aalge) y alcas (Alca torda), entre otras aves marinas, en total más de 150 hasta la fecha.

El episodio coincide con el final del invierno, cuando se disponen a migrar hacia sus colonias de cría. Dentro las marinas, uno de los grupos más sensibles de aves, tanto el frailecillo como el alca se consideran amenazados a nivel global por el declive que experimentan sus poblaciones reproductoras en el Atlántico norte, mientras que el arao ha desaparecido recientemente de Galicia como reproductor, siendo la primera especie de ave marina que se extingue en nuestro territorio. Como aves eminentemente buceadoras, las tres especies citadas son muy sensibles a los vertidos de hidrocarburos, ya que están muy expuestas al contacto directo. Pero no sólo les pueden afectar físicamente al impregnarse en sus delicados plumajes, sino que también afectan a sus fuentes de alimento al contaminar y alterar el ecosistema marino.

La mayoría de las aves han aparecido muertas, si bien también hay ejemplares vivos, que han sido trasladados a los Centros de Recuperación de Fauna de la Xunta de Galicia. En paralelo, en playas de las Rías Baixas han aparecido grandes cantidades de una sustancia que posiblemente se emplee en la limpieza de los tanques de los barcos. El amplio tramo de costa afectado (desde Malpica en la Costa da Morte a Oia en el extremo sur de Galicia), y la elevada proporción de frailecillos, aves que generalmente se encuentran muy alejadas de la costa, hace sospechar en la existencia de una extensa mancha mar adentro. Todo apunta por tanto a un importante “sentinazo”, el vertido de los restos de la limpieza de tanques de algún buque carguero, una práctica prohibida por el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL).

Seguimiento en las playas

Numerosas personas y asociaciones están desde el fin de semana pasado inspeccionando playas para buscar aves petroleadas. Entre ellas SEO/BirdLife con apoyo del Grupo local SEO-Pontevedra, CEMMA (Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños), ADEGA (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza) y BRDI (Bottlenose Dolphin Research Institute), el Grupo Naturalista Hábitat, y especialmente ADEGA (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza), quien coordina el voluntariado. El episodio ha coincidido con la puesta en marcha de un programa de seguimiento de playas dirigido a detectar aves orilladas, que pone en marcha el Grupo Naturalista Hábitat en las costas coruñesas con el nombre de Inspección de Praias de Coruña (IPC). Así, este grupo ha recopilado los datos disponibles en un primer informe.

SEO/BirdLife ha puesto a disposición una aplicación para móvil recientemente desarrollada para este tipo de actuaciones, la App ICAO. El nombre viene de las históricas Inspecciones Costeras de Aves Orilladas (ICAOs), prospecciones que se llevan a cabo desde los años ochenta, aunque de forma irregular, coordinadas por el Grupo Ibérico de Aves Marinas (GIAM), grupo de trabajo de SEO/BirdLife.

La App ICAO, desarrollada en el marco del proyecto LIFE IP INTEMARES, tiene como objetivo implicar a la ciudadanía en recopilar información, tanto sistemática como oportunista, sobre las aves que aparecen muertas en playas de todo el territorio estatal, con el objetivo de conocer la incidencia de mortalidad y caracterizar las amenazas que afectan a las aves marinas, así como detectar episodios puntuales de contaminación aguda, como el presente, y poder actuar para minimizar sus impactos.
También en la línea de minimizar impactos de los vertidos sobre las aves marinas, SEO/BirdLife lideró recientemente el proyecto Marine Bird Oil Map, en el que se elaboraron mapas de sensibilidad de aves marinas a hidrocarburos, con el fin de conocer las zonas de mayor riesgo, según las épocas, y poder actuar de la forma más eficaz en caso de accidente, así como prevenir episodios en las zonas de mayor sensibilidad.

Además del apoyo sobre el terreno, SEO/BirdLife ha informado y trasladado su preocupación a las autoridades competentes con el objetivo de propiciar la puesta en marcha de los mecanismos de respuesta oportunos.

El tráfico de especies es la peor amenaza para la vida Silvestre.

El 3 de marzo es el Día Mundial de la Vida Silvestre. Desde WWF queremos llamar la atención sobre una de las mayores amenazas para las especies: el tráfico de animales, un delito sangriento pero muy lucrativo para las mafias, equiparable al negocio de armas y drogas.

Un crimen contra la naturaleza que enriquece a unos pocos sin escrúpulos y en el que todos perdemos: está llevando a la extinción al tigre, al elefante, al rinoceronte y poniendo en peligro nuestro patrimonio natural. Además, en la última década casi 1.000 guardaparques han sido asesinados defendiendo a estas especies contra los furtivos.

LA MASACRE EN CIFRAS

Cada año se trafica con más de 1,5 millones de aves vivas y unos 100 tigres, 20.000 elefantes y más de 1.000 rinocerontes son asesinados para vender sus pieles, huesos, colmillos y cuernos.

Según nuestros compañeros de TRAFFIC, la red que vigila el comercio mundial de especies protegidas, el tráfico de vida silvestre en Asia alcanza cifras espeluznantes: más de 6.000 tortugas estrelladas de la India fueron decomisadas en 10 incautaciones y en los últimos 3 años se incautaron 96 toneladas de escamas de pangolín. En poco más de una década se encontraron miles de órganos de casi 4.000 osos a la venta en los mercados del sudeste asiático.

También, en la última década fueron decomisados en esos mercados 225 toneladas de colmillos de marfil de elefantes africanos y 900.000 pangolines, muchos de ellos atrapados, vendidos y cocinados sin ningún control sanitario.

Además de acercar a estas especies a la extinción, supone un importante riesgo para la salud de sus consumidores, ya que podría generar el potencial contagio de enfermedades de impactos desconocidos como la actual epidemia de coronavirus

Mercado chino con productos para medicina oriental.

UN RIESGO PARA TODOS

La epidemia del coronavirus ya se ha extendido a más de 60 países y ha acabado con la vida de más de 3.000 personas. En origen la enfermedad podría haberse transmitido a los humanos por el consumo de animales salvajes.

WWF está preocupado por la alerta sanitaria, se solidariza con los familiares de las víctimas y apoya la prohibición del gobierno chino de criar, transportar y vender carne y otras partes de animales silvestres como medida de emergencia para contener la enfermedad.

Desde hace décadas y gracias al apoyo de nuestros socios y socias, en WWF trabajamos sobre el terreno para combatir a las mafias del tráfico de especies y para acabar con la demanda en los países consumidores.

Hoy es tu momento de actuar ¡Ayúdanos a detener el Tráfico de especies y súmate a la defensa de tu Naturaleza!

Nueva condena por el uso ilegal de veneno en Málaga

El Juzgado de lo Penal nº3 de Málaga ha condenado a doce meses de prisión a un guarda de un coto de caza de Loja (Granada) por colocar veneno y lazos ilegales para matar fauna en un coto de caza localizado en Archidona (Málaga). WWF felicita a la  Estrategia andaluza contra el veneno por la gran investigación realizada, sin la que hubiera sido imposible encontrar al culpable. La anterior condena por uso de veneno en Málaga fue en 2016, cuando WWF se personó como acusación en el caso.

Un guarda de un coto de caza de la localidad granadina de Loja acaba de ser condenado por uso de cebos envenenados. Se trata de unos hechos que se descubrieron en 2014, cuando agentes de medio ambiente y técnicos especializados de la “Estrategia Andaluza contra el Veneno (EAV)” y la Unidad Canina Especializada en la detección de venenos, tras el hallazgo de un perro muerto, inspeccionaron el coto de caza denominado “El Almendral” y sus inmediaciones.

Durante el conjunto de inspecciones se localizaron cebos envenenados con potentes tóxicos, además de varios zorros y lazos para la captura ilegal de predadores. Los mismos tóxicos y cebos encontrados en el campo fueron encontrados también en las instalaciones propiedad de la persona ahora condenada, que ejercía de guarda del coto. Además, se trata de un envenenamiento intencionado en el que el autor pretende dar muerte a una serie de animales que considera dañinos para las especies de caza y que, en muchas ocasiones, termina afectando a otras especies a las que no iba dirigido. En este caso, se pretendía acabar con los depredadores de las perdices de granja que se acaban de soltar en la misma finca.

Gracias a esta sentencia, se ha condenado al autor de los hechos por un delito contra la fauna tipificado en el art. 336 del código penal a la pena de un año de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar y pescar durante dos años.

Para WWF este tipo de sentencias son de enorme importancia ya que el uso de cebos envenenados no debe quedar impune. En este sentido, la organización  valora positivamente que cada vez se están dedicando mayores recursos a la detección e investigación del uso de veneno para la fauna, incluyendo, como en este caso, el uso de perros detectores de cebos y animales envenenados.

El uso del veneno es una práctica ilegal utilizada en diferentes zonas del territorio andaluz, español y europeo para matar predadores por ciertos sectores de cazadores y ganaderos. En el caso concreto de Andalucía, estos venenos se dirigen especialmente a perros asilvestrados y zorros, pero su nula selectividad supone una mortal amenaza para la fauna protegida,  tanto mamíferos como aves, algunos en peligro de extinción, como el buitre negro, el alimoche, el quebrantahuesos o el milano real.

Según Gema Rodríguez, Responsable del Programa de Biodiversidad de WWF España: “Desde WWF queremos felicitar a la Junta de Andalucía por la continuidad en la aplicación desde 2004 de un programa específico, denominado “Estrategia Andaluza contra el Veneno”, que ha permitido reducir el uso de venenos en un 50% en los últimos años”. “Desde WWF también hacemos un llamamiento para que se refuerce la persecución legal de estos delitos”, concluye Rodríguez.

Cristina Martín | WWF. 690 76 23 35

 

 

Contaminación por glifosato en la cuenca hidrográfica del río Duero

  • Ecologistas en Acción ha tenido acceso a un estudio realizado por la Confederación Hidrográfica del Duero que revela una elevada contaminación de glifosato en los ríos de esta cuenca.
  • El glifosato es un herbicida que se usa de forma masiva. Está en parques, jardines, huertas, cunetas de carreteras, caminos y ríos, y tiene una alta toxicidad.

En 2018 la Confederación Hidrográfica del Duero analizó glifosato en 190 puntos de muestreo diferentes. Detectó este herbicida en 67 localizaciones.

En 2018 la Confederación Hidrográfica del Duero analizó glifosato en 190 puntos de muestreo diferentes. Detectó este herbicida en 67 localizaciones. Durante 2019, este organismo incrementó su programa de vigilancia a 293 puntos de muestreo, en la mayoría de los casos con una frecuencia mensual. Detectó glifosato en 200 de los lugares de muestreo. El glifosato se localizó en todas las estaciones del año, cuantificándose en menor cantidad en invierno.

La distribución del glifosato es elevada y se encuentra en una amplia parte de la cuenca. Las concentraciones más altas se han detectado en la zona central. Según el criterio del organismo de cuenca, esto se debe a la menor capacidad de dilución del contaminante por el escaso caudal de los arroyos de la zona.

Este es un breve resumen de los datos obtenidos durante 2019, en el que Ecologistas en Acción señala con carácter previo los siguientes:

Los datos de 2019 recogen los meses de enero a octubre. A fecha de hoy los correspondientes a los meses de noviembre y diciembre no están todavía disponibles.
La normativa no dispone de un valor límite para el glifosato en las aguas superficiales, como ríos y lagos. A falta de este valor límite en la normativa española y europea, Ecologistas en Acción toma como valores referenciales los límites aplicables por la normativa española y europea para el agua de consumo humano.
Estos dos valores son respectivamente los que la directiva de agua potable permite como máximo para un determinado plaguicida, 0,1 microgramos por litro (µg/l), y para la suma de todos los plaguicidas, 0,5 µg/l.

Durante 2019, la Confederación analizó glifosato y, en menor medida, su metabolito de degradación el ácido aminometilfosfónico (AMPA). Los resultados fueron los siguientes:
El metabolito AMPA fue analizado 164 veces. En 156 analíticas los resultados fueron iguales o superiores a 0,1 µg/l, de los cuales 76 fueron iguales o superiores a 0,5 µg/l.

Las cinco detecciones más altas fueron:

24 µg/l en Morales de Toro (Zamora).

14 µg/l  en Peñafiel (Valladolid).

10 µg/l en Medina del Campo (Valladolid).

9 µg/l en Hornillos de Eresma (Valladolid).

9 µg/l en Magaz (Palencia).

Los valores encontrados son de 90 a 240 veces superiores al valor límite considerado por Ecologistas en Acción.

El total de analíticas de glifosato realizadas fueron 1.439, y en 874 ocasiones el valor obtenido fue igual o superior a 0,1 µg/l. Por su parte, en 201 ocasiones se obtuvo un valor igual o superior a 0,5 µg/l.
Las detecciones más altas fueron de 34,76 µg/l en Hinojosa del Duero (Salamanca) y en la localidad zamorana de Morales de Toro (24, 22.75, 20 y 18 µg/l). Estos valores son de 180 a 340 veces superiores al valor límite considerado por Ecologistas en Acción.

La organización ecologista considera que estos resultados son muy preocupantes, e indican una presencia muy elevada en el medio ambiente de este agrotóxico, de uso muy extendido en la jardinería y agricultura.

Igualmente, se evidencia la necesidad de que los demás organismos de cuenca monitoricen no solo las sustancias prioritarias de la Directiva Marco del Agua sino también los pesticidas que se emplean en la agricultura española.

Ecologistas en Acción investigará y solicitará información a las autoridades portuguesas sobre la presencia de este pesticida en sus aguas territoriales.

Koldo Hernández | Ecologistas en Acción

Organizaciones ecologístas y población afectada por la gandería industrial rechazan la nueva legislación que la regula

  • El Gobierno no cuenta con la participación del sector ecologista y la población afectada para el nuevo Real Decreto de porcino.
  • Las principales organizaciones ecologistas denuncian el impacto ambiental y social de la ganadería industrial porcina.

El pasado 13 febrero el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado un nuevo Real Decreto para regular el sector porcino español. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife, WWF, junto con Food & Water Action y la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, denuncian la falta de participación de las organizaciones ecologistas y de la población afectada por la expansión de la ganadería industrial de porcino. Lamentan, además, la oportunidad perdida que supone este decreto para limitar y reordenar un sector que crece de manera exponencial.

Las organizaciones firmantes denuncian la falta de participación social para la elaboración de este Real Decreto, en el que el Ministerio de Agricultura no ha respondido a las alegaciones presentadas por un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil. Así demandan una moratoria a las nuevas explotaciones ganaderas industriales y la apertura de un debate social para avanzar hacia un modelo sostenible que responda a la emergencia climática.

Desde hace años las entidades muestran su preocupación por la situación descontrolada de la ganadería industrial de porcino en la geografía española, e instan al Gobierno a tomar medidas urgentes, como ya han hecho otros países, ante los problemas ocasionados por este tipo de ganadería para el mundo rural, el medio ambiente y la salud de las personas. Así señalan los graves impactos sobre el medioambiente y la despoblación:

– España aumentó su cabaña porcina en más de cinco millones de animales entre 2013 y 2018 y el número anual de animales sacrificados al año alcanza ya los 52,4 millones. En el mismo periodo 2013-2018, España incrementó un 60 % sus exportaciones de carne de cerdo, con especial crecimiento de las exportaciones a Asia.

– Este crecimiento exponencial se está desarrollando a través de grandes explotaciones industriales, en un modelo de integración vertical que está sustituyendo las pequeñas y medianas explotaciones ganaderas independientes que fijan población en el medio rural.

– El fuerte crecimiento de la cabaña ganadera porcina está imposibilitando que España cumpla los límites de emisiones de amoniaco marcados por la legislación europea. La ganadería es responsable del 67 % de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agrícola, que es ya el cuarto principal emisor de España. El porcino es ya responsable del 22 % de las emisiones de la ganadería en España.

– Este modelo de ganadería industrial orientado a la exportación tiene graves impactos en la calidad del agua, con decenas de pueblos sin agua potable y contaminación de acuíferos por nitratos en las zonas de expansión de la industria porcina. Los planes hidrológicos vigentes (2021-2027) han puesto en evidencia la mala calidad de las masas de agua, en gran medida, debido a la ganadería industrial. La próxima revisión de estos planes tiene que poner las medidas que aborden este problema y que eviten el deterioro de los acuíferos y de los ríos.

– El crecimiento exponencial de la cabaña porcina ha generado una movilización sin precedentes en el medio rural, con la creación de decenas de plataformas vecinales por todo el territorio en defensa de un mundo rural vivo, articuladas en torno a la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial.

– Aunque el Real Decreto trata la necesaria gestión de los residuos y los purines, no establece mecanismos de control suficientes sobre su uso como abono orgánico en relación con su impacto sobre la biodiversidad de las zonas donde se emplee.

Las tímidas medidas adoptadas en el Real Decreto para limitar las emisiones de amoniaco, mejorar la gestión de los purines y regular las explotaciones industriales no afrontan la urgente necesidad de limitar el crecimiento, reordenar el sector porcino industrial español e incluso reducir la cabaña, tal y como están haciendo otros países de la UE que se enfrentan al mismo problema.

Además, no se da respuesta a la movilización de miles de personas que se movilizan en el medio rural contra los impactos generados por esta industria. Así mismo, esta norma no aborda el impacto negativo que este tipo de explotaciones genera a la biodiversidad.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife, WWF, junto con Food & Water Action y la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial reclaman una moratoria a la aprobación de nuevas explotaciones ganaderas industriales, así como a la ampliación de las existentes, y la apertura de un amplio debate social que involucre a todos los actores implicados para proceder a la urgente reordenación del sector y la necesaria transición hacia un modelo de ganadería verdaderamente sostenible.

Teresa Rodríguez | Amigos de la Tierra

Zaldibar, ejemplo de cómo NO deben gestionarse los residuos

  • El de Zaldibar, un vertedero low cost, es el principal vertedero de residuos industriales del País Vasco. Su instalación en la ladera del monte Montía, con dos centenares de metros de desnivel y enormes pendientes, carece de todo sentido.
  • El vertido incontrolado de residuos industriales colmató el vertedero de vida útil de 35 años en solo 10 años y el vertido de residuos de la construcción con amianto no cumplió la normativa estatal sobre vertederos al no depositarse en una celda especial y estanca, que no podía contener otros tipos de residuos.
  • Ecologistas en Acción considera necesario desmontar los restos del actual vertedero, vaciarlo y planificar una restauración ambiental de la vaguada y el entorno del vertedero, asegurando mientras tanto los controles ambientales para proteger la salud humana y de los ecosistemas.

En el desastre que está teniendo lugar en el vertedero de Zaldibar (Bizkaia), que está poniendo en riesgo la salud de la población de Ermua, Zaldibar y Eibar, y la de sus ecosistemas, se dan un conjunto de circunstancias que llaman poderosamente la atención por lo singular de la situación.

En primer lugar, situar un vertedero en la ladera de una montaña con pendientes de 45º es una auténtica locura. Para sujetar los residuos se construyó un dique de 230 metros de longitud y 100 metros de altura. Esa autorización de 2007 no se debía haber concedido por la autoridad ambiental.

En segundo lugar, el vertedero tenía una capacidad de 2,74 millones de metros cúbicos y una vida útil de 35 años. Eso supone un vertido de unas 80.000 metros cúbicos y unas 118.000 toneladas anuales. Teniendo en cuenta que el vertido comenzó en 2011 y que en 2017 se vertieron 380.000 toneladas, en 2018 540.000 toneladas y en 2019 510.000 toneladas, se estaba vertiendo entre tres y cuatro veces el vertido autorizado anualmente. Un exceso de vertido que colmataría el vertedero rápidamente. En nueve años de vertido ya había ocupado más de la mitad del volumen total del vertedero.

En tercer lugar, la Autorización Ambiental Integrada de 2007 concedida por el Gobierno Vasco permitía el vertido de residuos de la construcción con amianto, junto con un lista de decenas de tipos de residuos. Los residuos de construcción que contienen amianto son enormemente peligrosos, pues unas pocas fibras del mismo pueden producir un cáncer de pleura en unos años. El Real Decreto 1481/2001 que regula el depósito de residuos en vertederos permite el vertido de residuos con amianto en vertederos de residuos no peligrosos en determinadas condiciones: ha de depositarse en una celda especial y estanca, que no contenga otro tipo de residuos, que se cubra diariamente y que no produzcan dispersiones de las fibras de amianto.

En este caso cuando se produjo el derrumbe del vertedero no se sabía dónde se había depositado el amianto, razón por la cual se interrumpieron las labores de búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos. Ahora sabemos que el amianto no estaba recluido en un celda especial, sino que se encontraba en la parte alta y baja del vertedero, mezclado con otro tipo de residuos. Se depositaron 2.954 toneladas en 2017, 2.592 toneladas en 2018 y 4.235 toneladas en 2019.

De cara al futuro con los restos de lo que queda del vertedero, ya que han desaparecido las balsas de lixiviados y los sistemas de desgasificación, Ekologistak Martxan, federación de Ecologistas en Acción en Euskal Herria, subraya que se ha de planificar la clausura y el desmantelamiento de este vertedero, su vaciado y recuperación, el reciclaje de los residuos (“minería de vertedero”) y la restauración ambiental del entorno. Mientras tanto, se deben establecer unas medidas provisionales, como la cubrición de toda la superficie del vertedero con una lámina impermeable para evitar la entrada del agua de lluvia y la generación de lixiviados. Asimismo se han de establecer unos controles ambientales severos de la calidad del aire, de las aguas superficiales y de las subterráneas para garantizar la salud de la población y ecosistemas.

Los costes de todas esas operaciones los debe sufragar Verter Recycling 2000, empresa titular del vertedero, o ejecutarse subsidiariamente por el Gobierno Vasco, pero giradas al titular de la instalación.

Carlos Arribas | Ecologistas en Acción

WWF, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción solicitan al Gobierno medidas más efectivas por el uso del veneno

Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF celebran que la Audiencia provincial de Navarra haya confirmado la autoría de los hechos por el mayor caso de envenenamiento de rapaces en España, sucedido en 2012, que acabó con la vida de 138 aves rapaces, y que los acusados hayan sido condenados, teniendo que pagar 80.000€[1].Sin embargo, las organizaciones lamentan la reducción de la condena y reclaman medidas legales para reforzar los delitos contra la fauna.

Las ONG recuerdan que el que utiliza el veneno para cazar depredadores se expone a fuertes sanciones, multas, suspensión de cotos, inhabilitaciones e incluso pena de prisión. Esta sentencia condena a un guarda de caza y a los dos presidentes de los cotos de caza de Tudela y Cintruénigo a 5 años de inhabilitación y al pago de una multa y una indemnización a la Comunidad Foral por las especies envenenadas.

Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF España valoran especialmente la investigación de los hechos, al haberse utilizado medios policiales muy eficientes, como intervenciones telefónicas. Gracias a dichos medios, y al buen trabajo de la guardería de medio ambiente y de la policía foral de Navarra, fue posible descubrir a los culpables.

Sin embargo, lamentan que la Audiencia Provincial haya rebajado la pena de prisión inicialmente impuesta por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Pamplona, sustituyéndola por una multa.

Las penas establecidas en el Código Penal para los delitos por envenenamiento de fauna y caza de especies protegidas  son muy bajas,  lo que resta efectividad a las sanciones y hace que normalmente no se utilicen medios de investigación que habitualmente sí son aplicados a otros delitos.

Por eso, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF solicitan que se modifique la normativa penal para conseguir un incremento de las penas y la mejora en la aplicación de sanciones efectivas y que este tipo de delitos contra la fauna, que afectan a especies en peligro de extinción en muchas ocasiones, dejen de ser considerados como delitos menores. El veneno tiene un impacto muy grave en la conservación biodiversidad. En este caso fue la causa de la muerte de milanos reales, alimoches, milanos negros, aguiluchos laguneros y buitres leonados. Se trata de especies protegidas que, en algunos casos, como el milano real, están catalogadas como “En peligro de extinción”.

Cristina Martín | WWF España

Olimpia Garcia | SEO/BirdLife

Miguel Angel Hernández |  Ecologistas en Acción

 

Gloria reivindica su espacio y apremia al gobierno a adaptar la Ley de Costas

Tras el paso de uno de los temporales más importantes de la historia reciente de nuestro país, SEO/BirdLife recuerda que es urgente adaptar la Ley de Costas para responder cuanto antes a los efectos del cambio climático.

La borrasca Gloria, que ha arrasado el Delta del Ebro, es el último fenómeno meteorológico que demuestra que el cambio climático es una realidad. SEO/BirdLife solicita al Gobierno que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para adaptar la Ley de Costas.

“La borrasca Gloria nos ha mostrado cómo se presenta el futuro para España. El mensaje ha sido claro: sobra hormigón y falta naturaleza. Necesitamos actuar rápido en nuestra costa, pero debemos hacerlo con la vista puesta en el medio y largo plazo. Sabemos que con el cambio climático la línea de costa se moverá año a año y que nos vamos a enfrentar a fenómenos climáticos cada vez más extremos”, declara Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife.

SEO/BirdLife valora muy positivamente que la reforma de la Ley de Costas sea uno de los compromisos del Gobierno entre PSOE y UP. Asimismo, la ONG reconoce el compromiso del Ejecutivo al haberlo recogido en la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental tanto la reconsideración de los regímenes jurídicos de la costa y del mar, como la elaboración de una Estrategia para la Protección de la Costa Española. No obstante, el Gobierno todavía no ha explicado el calado de los cambios que quiere acometer y a juicio de la SEO/BirdLife debe ser grande.

“Tenemos que dejar de ver la costa como un buen lugar para poner apartamentos y verlo como hábitats muy frágiles y estratégicos que además se verán muy modificados por el cambio climático. Tenemos que dejar más espacio a playas y dunas, empleando soluciones basadas en la naturaleza que se han demostrado resilientes a los fenómenos meteorológicos extremos. A partir de esa premisa podemos planificar cómo podemos aprovechar esos espacios los seres humanos”, apunta Ruiz.

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Ante temporales cada vez más intensos y frecuentes, el aumento del nivel del mar, la falta de aportes de sedimentos de origen fluvial, el alto grado de urbanización de la costa y la alteración profunda de la dinámica costera (dragados, playas artificiales, regeneración de playas, espigones, retención de sedimentos en embalses, desarrollos urbanísticos, industriales y portuarios), SEO/BirdLife considera necesario hacer profundos cambios en la política costera que incluya:

1. Ampliar la superficie y número de espacios protegidos litorales con el objeto de proteger los hábitats litorales naturales que aún persisten.

2. Desarrollar herramientas que ya existen en la legislación como son el Catálogo Español de Hábitat en Peligro de Desaparición y la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas.

3. Aprovechar la década de la restauración declarada por Naciones Unidas y aprobar un Plan de Restauración Ecológica del Litoral que establezca los mecanismos administrativos, financieros y legales necesarios para liberar el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) de construcciones ilegales o en desuso de forma rápida y así restaurar los espacios naturales destruidos.

4. Acordar una nueva definición del DPMT con una perspectiva de futuro teniendo en cuenta los escenarios de cambio climático en un acto de solidaridad intergeneracional.

5. Dotar económicamente la Estrategia de Adaptación de la Costa al Cambio Climático de forma que pueda ejecutarse de forma eficaz y eficiente.

6. Recalificar a suelo rústico de protección todos los suelos urbanizables no desarrollados en los primeros 500 metros de la costa.

7. Establecer mecanismos de gobernanza que permitan una actuación unitaria de todas las administraciones públicas competentes.

8. Auditar la necesidad, la resilencia y el coste que tendrá su mantenimiento en un escenario de subida del nivel del mar, y un aumento de fenómenos meteorológicos extremos, de todas las infraestructuras presentes en el litoral (incluidos puertos e instalaciones de acuicultura) y próximas a la línea de costa incluidos los paseos marítimos. En un segundo paso deberá evaluarse si es necesario proteger, eliminar o cambiar de ubicación alguno de estos elementos.

9. Aprobación de un plan de regeneración de playas que incluya criterios de gestión ecológica de playas que primen su carácter natural al estético (por ejemplo los restos de posidonia depositadas por el mar en las playas y retirados por los servicios de limpieza municipales son útiles para fijar las dunas que protegen la costa de los temporales).

10. Aprobación de un plan de gestión de los sedimentos que deberían ser arrastrados por los ríos hasta el mar para garantizar las necesidades de los deltas y de las playas.

Juan Carlos Atienza, responsable de Gobernanza Ambiental de SEO/BirdLife considera que “con borrascas como Gloria se corre el riesgo de culpar de las desgracias a la mala suerte o al cambio climático cuando toda la responsabilidad es de los seres humanos que llevan decenios artificializando y maltratando nuestra costa. Sin duda, las malas decisiones basadas en la búsqueda de beneficios a corto plazo tendrán un gran coste económico en los nuevos escenarios de cambio climático. La buena noticia es que sabemos qué tenemos que hacer y que la naturaleza puede ayudarnos”.

Las empresas ‘Marca España’ suspenden al informar sobre su impacto ambiental

  • Un informe de Greenpeace evalúa a 23 grandes empresas y ninguna cumple plenamente la Ley 11/2018 de Información No financiera y Diversidad
  • Las empresas “Marca España” ocultan en su reporte los errores, infracciones, multas y escándalos en los que se ven involucrados
  • La falta de un desarrollo reglamentario de la Ley 11/2018 compromete los objetivos del actual Gobierno de reducción de emisiones, economía circular o conservación de la biodiversidad

Coincidiendo con la reunión del Foro Económico Mundial en Davos, Greenpeace ha lanzado hoy el informe La “Marca España” ante el reto de la emergencia ambiental, en el que se analiza el grado de cumplimiento de la Ley 11/2018 de Información No Financiera y Diversidad (1). Esta norma, aún poco conocida, obliga a las grandes empresas a informar a sus accionistas y a la sociedad sobre aspectos no financieros, algo necesario para poder determinar el impacto de la actividad empresarial en temas como igualdad, inclusión, sostenibilidad, lucha contra la corrupción y el soborno o fiscalidad.

El informe evalúa exclusivamente los aspectos medioambientales, siempre desde el enfoque de que la legislación obliga a las empresas a reportar siguiendo estándares internacionales sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente, y en particular sobre sistemas de gestión ambiental, contaminación, economía circular, prevención y gestión de residuos, uso sostenible de los recursos, lucha contra el cambio climático o la protección de la biodiversidad. Se ha evaluado a 23 grandes empresas españolas muy conocidas por la ciudadanía (2), representantes de diferentes sectores económicos (petróleo y gás, eléctrico, construcción, finanzas, aviación, textil, distribución y agroalimentario). El análisis se ha centrado principalmente en los reportes ofrecidos en los propios “Estados de Información No Financiera” elaborados por cada una de estas empresas en el ejercicio 2018 (3).

Según los diferentes sectores económicos analizados, el informe de Greenpeace concluye que:

Ninguna de las empresas analizadas cumple plenamente con la Ley 11/2018 de información no financiera. Las grandes empresas españolas suspenden en materia de información sobre medio ambiente: la media de las 23 compañías analizadas no supera los 35 puntos sobre 100.
Las industrias cárnicas y el sector aéreo son los que peor cumplen la norma.
Según los indicadores analizados, las empresas reportan mejor sobre su política y sistema de gestión (41,12 puntos sobre 100) y energía (39,95 puntos sobre 100), y peor sobre contaminación atmosférica, acústica y lumínica (14,21 sobre 100) junto con cadena de suministro (27,05 sobre 100).
Como en otros estudios similares, los sectores sujetos a un mayor escrutinio por parte del regulador los mercados de carbono) se acercan más al cumplimiento de la Ley 11/2018. Así, se da la paradoja de que los sectores más contaminantes, el eléctrico y el de los combustibles fósiles, son los que presentan más información.
“En general, el reporte de las empresas Marca España se centra más en ofrecer una imagen (muchas veces errónea) de ‘sostenibilidad’ que en asumir una obligación real de rendición de cuentas bajo los principios de rigor y transparencia”, ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace. “La ley obliga a las empresas a hacer una descripción completa de los impactos, con información rigurosa sobre la identificación de riesgos derivados de su actividad, tanto generales como desglosados por instalaciones y por países. Sin embargo, las grandes empresas ocultan sus errores, infracciones, multas y escándalos, o infravaloran los impactos negativos”.

El contraste entre las obligaciones establecidas en dicha ley y el desempeño de las empresas en el reporte, ponen en evidencia que el sector empresarial no está realizando una correcta rendición de cuentas como exige la ley.

El sector financiero no explica ni desagrega por países el impacto ambiental de sus inversiones en los sectores del carbón, el petróleo, el gas o la industria agropecuaria responsable de los incendios en Brasil. La industria cárnica no describe el impacto de toda su cadena de valor, desde la deforestación producida en otras latitudes para la producción de soja destinada a la fabricación de piensos, hasta la contaminación de los acuíferos en las regiones españolas invadidas por explotaciones de ganadería industrial. Y el sector textil no tiene en cuenta en su reporte el impacto para los recursos naturales del consumo masivo de ropa de temporada y los impactos de sus procesos de producción.

“Ante el estado de Emergencia Climática y crisis de Biodiversidad que vivimos, el sector empresarial español no se ha tomado en serio la medición real del impacto ambiental de su actividad y la correcta rendición de cuentas” ha añadido Soto. “Para abordar esta crisis es clave avanzar en la correcta asunción de su papel en la sostenibilidad, superando la fase de los compromisos voluntarios, la adhesión genérica a acuerdos y pactos internacionales o la responsabilidad social corporativa”.

El análisis también concluye que es urgente un desarrollo reglamentario de la Ley 11/2018 de Información no Financiera y Diversidad que clarifique conceptos clave como, por ejemplo, qué se entiende por riesgo. El reglamento debe incorporar indicadores de resultado en todas las dimensiones contempladas en el área de medio ambiente y las metodologías precisas para que la información facilitada por las empresas sea homogénea y, por tanto, comparable. Y es obligado también fijar un régimen de sanciones para el caso de incumplimiento de las obligaciones de información establecidas en la ley por parte de las empresas.

“Si el Gobierno quiere tener en el tejido empresarial un aliado para sus objetivos de Transición Ecológica y de alcanzar el objetivo del 1,5 ºC es necesario pasar de la voluntariedad a la obligación, e instar a todos los sectores a presentar información detallada sobre cómo realizan la evaluación de riesgos, cómo aplican el principio de prevención y precaución, y cuales son sus planes para adecuar sus emisiones a los objetivos ambiciosos que la actual situación de Emergencia Climática requiere” ha concluido Soto.

Además, Greenpeace demanda al Gobierno que durante la presente legislatura se lleve al Congreso una propuesta de ley de Debida Diligencia que obligue a las grandes empresas españolas a identificar y evaluar el riesgo de sus actividades sobre el medioambiente y los derechos humanos, y la reparación del daño causado; en la misma línea, demanda un apoyo decidido en el seno de la Unión Europea y en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la aprobación de un Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos como forma de velar y asegurar el respeto y la protección de los derechos humanos frente a los impactos negativos de la actividad de las empresas.

La Ley 11/2018 en materia de Información No Financiera y Diversidad, obliga a las grandes empresas a informar sobre aspectos no financieros, concretando los contenidos a reportar en los ámbitos de medioambiente, trabajadores, Derechos Humanos, corrupción, sociedad, proveedores, consumidores e información fiscal. En el ámbito medioambiental se exige que las empresas informen específicamente sobre temas como la contaminación, el fomento de la economía circular y la prevención y gestión de residuos, el uso sostenible de los recursos, la lucha contra el cambio climático o la protección de la biodiversidad.
Las 23 empresas “Marca España” analizadas son: Repsol, Cepsa, Naturgy, Endesa (ENEL), Iberdrola, ACS, FCC, Ferrovial, Santander, BBVA, CaixaBank, Mapfre, Iberia (IAG), Air Europa, Inditex, Mango, Cortefiel (Tendam), Mercadona, El Corte Inglés, Eroski, Casa Tarradellas, Campofrío (SIGMA) y El Pozo (Grupo Fuertes).
El análisis de los datos que aparecen en el informe ha sido elaborado por un equipo de personas expertas del Observatorio de la Sostenibilidad por encargo y bajo la coordinación de Greenpeace España.
Fin del comunicado

Miguel Ángel Soto | Greenpeace