Ecologistas en Acción denuncia a Naturgy por prácticas insostenibles

La organización ambiental señala que la concesión para el uso hidroeléctrico de la presa Ponte Inferno en el río Verdugo debió haber expirado hace más de cuatro años y aún así la empresa sigue turbinando. Además de la ilegalidad que supone seguir explotando una concesión caducada, incumple el régimen de caudales ecológicos. Ecologistas en Acción quiere señalar que estos incumplimientos están causando graves daños ambientales a los ecosistemas fluviales, como demostrará la justicia próximamente.

Además, hay otra denuncia contra Naturgy, en este caso relacionado con el estado de abandono de las instalaciones de la central hidroeléctrica, situación que pone en grave riesgo la seguridad laboral de los trabajadores que trabajan en la presa. 

Ecologistas en Acción ha solicitado una reunión con el director de Aguas de Galicia para que este organismo actúe ante esta flagrante ilegalidad, desaloje a la empresa y ponga fin de forma inmediata a la actividad de Naturgy. La eléctrica deberá proceder, además, a  renaturalizar la zona afectada. La organización ambiental afirma que la eliminación de la presa podría significar una reactivación de la economía de la zona, mejorar la producción de los bancos de mariscos Arcade y promover proyectos de ecoturismo, tanto en el municipio de Soutomaior como en Ponte Caldelas, donde los alcaldes están comprometidos con el uso del río como un gran atractivo turístico y ecológico. 

Érika González

Greenpeace lleva un tren al Aeropuerto de Barcelona-El Prat para exigir ‘Más Trenes y Menos Aviones’

Coincidiendo con el arranque de las vacaciones de julio, un grupo de activistas de Greenpeace han instalado esta mañana un tren de más de 12 metros de largo junto al Aeropuerto de Barcelona-El Prat para denunciar, bajo el lema “Más Trenes – Menos Aviones”, el enorme impacto climático del sector aéreo.

Para evitar este impacto, la organización exige al gobierno que apueste por transportes basados en energías limpias como el ferrocarril, que resulta hasta 20 veces menos contaminante por viajero transportado, eliminando los vuelos cortos con alternativa por tren como Barcelona-Madrid o Barcelona-Valencia.

Con esta acción en Barcelona, Greenpeace manifiesta su rechazo al proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat, en pleno debate sobre su futuro. Se suma así a las críticas realizadas desde la Plataforma ZeroPort, pues los 1.700 millones de euros que costará esta ampliación refuerzan un modelo económico basado en el consumo de combustibles fósiles. Por ello, urge cambiar el modelo turístico de Barcelona, donde el 82% de sus visitantes ya vienen en avión actualmente.

“Tanto el Gobierno de España como la Generalitat de Catalunya presumen de sus objetivos para reducir las emisiones mientras promueven infraestructuras como el aeropuerto, cuya ampliación implica un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero.” ha declarado desde el lugar de la acción Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace. “La aviación no solo tiene un grave impacto sobre el clima, también perjudica a la población local con más ruido, más contaminación atmosférica y arrasando espacios protegidos por su biodiversidad, como sucede en El Prat”.

Un modelo ferroviario accesible como alternativa al avión

Lejos de limitarse a rechazar el aumento del transporte aéreo tras la pandemia, las demandas de Greenpeace incluyen un gran número de soluciones para mejorar el transporte por tren. A pesar de la ingente inversión en infraestructuras ferroviarias (más de 55.000 millones de euros en los últimos años), el tren en España sigue arrastrando una serie de carencias que hacen que todavía no resulte atractivo frente al avión y la carretera.

Para corregir un problema esencialmente de gestión, Greenpeace ha suscrito, junto a organizaciones como WWF o la Asociación para la Promoción del Transport Públic (PTP), una propuesta técnica que aborda la necesidad de reducir el impacto del transporte a través de un modelo ferroviario sin emisiones, inclusivo, sostenible y seguro. El contenido de este documento se hará público esta tarde a las 18h en el Colegio de Ingenieros de Caminos de Catalunya. (Inscripciones a la presentación online en este enlace)

Para sumar fuerzas, Greenpeace ha lanzado esta semana un video donde anima a la ciudadanía a firmar una petición para los Ministros de Transportes europeos, con cinco propuestas concretas que nos permitirían viajar mejor en el futuro:

  • La creación de, al menos, 30 nuevas conexiones diurnas y nocturnas entre países europeos hasta 2025
  • Mejorar la compatibilidad de los trenes entre países, de forma que sean posibles los trayectos entre diferentes territorios europeos
  • Hacer que el tren sea más fácil y asequible, eliminando las subvenciones a las aerolíneas. Acabar con los vuelos cortos cuando exista una alternativa en tren competitiva en tiempo y precio
  • Que las operadoras de tren tengan sistemas de venta compatibles, para que comprar un billete de tren sea tan fácil como uno de avión.
  • Facilitar el acceso al tren para todas las personas, grupos, familias y a quienes viajan con su bicicleta o su mascota.

Activistas de Rebelión por el Clima bloquean la entrada del centro de investigación de Repsol en Móstoles

Más de 100 activistas de Rebelión por el Clima, plataforma que integra Greenpeace, han bloqueado este lunes el acceso al Repsol Technology Lab, centro tecnológico de investigación de Repsol en Móstoles (Madrid), para denunciar la responsabilidad de la empresa en la crisis climática y solicitar el cese de sus actividades fósiles cuanto antes, y no más tarde de 2040. Las organizaciones han elegido esta ubicación para la acción ya que es en este tipo de centros y desde los departamentos de innovación de la empresa donde se gestan nuevas tecnologías controvertidas que están ligadas a los combustibles fósiles.

Durante esta acción, iniciada a las 11h de la mañana y desarrollada de forma pacífica bajo el lema “Repsol, liderando maneras de freír el planeta”, los activistas han accedido al techo de la garita de la entrada de la sede y se han bloqueado con tubos metálicos a tres trípodes de casi cinco metros de altura colocados frente a la entrada. Además, un cordón humano de decenas de personas se ha desplegado por toda la zona.

Con esta acción de desobediencia civil y a través de diferentes pancartas, las organizaciones apelan al papel que juega Repsol como empresa líder en emisiones de gases de efecto invernadero en España, en el desarrollo de falsas soluciones para paliar la crisis climática, en el extractivismo de recursos en países del Sur Global y en acaparamiento de fondos públicos y lobby fósil.

Repsol, líder en emisiones. En 2020, tras el cierre de algunas de las centrales de carbón que operaban en España, Repsol pasa a ser la empresa española que más gases de efecto invernadero emite y, por tanto, la que más contribuye al calentamiento global. Según datos del Observatorio de Sostenibilidad, en 2020 emitió 11.290.294 de toneladas de CO2eq, el 12,4 % de las emisiones totales del mercado de emisiones. Lejos de la realidad, Repsol debería reducir sus emisiones rápidamente para alinearse con un escenario climático de 1,5ºC, según lo acordado en París.

Repsol, líder en falsas soluciones. Rebelión por el Clima denuncia que Repsol intenta ocultar estos datos y engañar a la ciudadanía mediante el impulso de falsas soluciones frente a la emergencia climática. La plataforma no sólo apunta a sus campañas publicitarias de lavado verde (greenwashing), sino también al desarrollo de nuevas tecnologías controvertidas como el hidrógeno fósil, la captura de carbono, los combustibles sintéticos, los biocombustibles o insostenibles proyectos de hidrógeno verde, cuya viabilidad económica, energética y ambiental es muy cuestionable. “Estas medidas no están encaminadas a paliar el aumento de la temperatura global, sino a seguir perpetuando un modelo energético depredador y tóxico para las personas y el planeta“, sostienen desde Rebelión por el Clima.

Repsol, líder en extractivismo. Repsol continúa teniendo una fuerte presencia en países de América Latina y África, donde fomenta el expolio y el extractivismo de recursos energéticos –como el carbón o el petróleo– a costa de graves impactos ambientales, la violación de derechos humanos y el desplazamiento de las poblaciones locales. Además, Repsol ha participado en la creación de un sistema de impunidad transnacional según el cual, a través de instrumentos como el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), las empresas no solo quedan exentas de responsabilidad en los daños ocasionados, sino que pueden demandar a los Estados ante tribunales privados por la implementación de medidas legítimas para poner fin a los combustibles fósiles.

Repsol, líder en mangoneo. A pesar de los beneficios ingentes de Repsol, la empresa intenta absorber parte los Fondos Europeos Next Generation concebidos para la recuperación económica tras la crisis de la COVID–19 sin ningún tipo de compromiso climático, ambiental o social, denuncian las activistas de Rebelión por el Clima. Repsol aspira a movilizar 5.959 millones de euros de dinero público para una cartera de 30 proyectos energéticos, entre los cuales destacan sectores como el hidrógeno y el gas en regiones como Bilbao, A Coruña y Puertollano. Además, el lobby ejercido por la empresa en la tramitación de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha provocado que se permita la utilización de gas en el transporte.

Hace tan solo unas semanas, la justicia dio la razón a nueve activistas de Rebelión por el Clima que fueron encausadas por derramar tomate triturado y tinta de calamar en la sede de Repsol para denunciar la negligencia climática de la empresa, coincidiendo con el quinto aniversario del Acuerdo de París. Días antes, se conocía la sentencia histórica de un tribunal de Países Bajos contra Shell, que ha sido obligada a reducir sus emisiones en un 45 % en 2030. “Estamos en una encrucijada climática sin precedentes. Desde la sociedad civil nos vemos obligadas a seguir luchando para que se haga justicia. Las empresas responsables de la crisis climática, como Repsol, no pueden quedar impunes. Seguiremos protestando hasta conseguir justicia climática y social”, declaran las activistas de Rebelión por el Clima.

Ante esta situación, Rebelión por el Clima plantea cuatro demandas muy claras a Repsol:

1. El desarrollo de un plan de cierre de todas sus actividades fósiles para alinearse con un escenario climático de 1,5ºC, reduciendo sus emisiones rápidamente y descarbonizándose no más tarde de 2040.

2. La paralización de todas las líneas de investigación destinadas a la hibridación con los combustibles fósiles y aquellas que supongan una vulneración de los límites planetarios y la consecución de los objetivos del Acuerdo de París. Trampas para el clima como la captura del carbono o la obtención de hidrógeno a partir de combustibles fósiles.

3. El cierre inmediato de todos los proyectos en los que existan sospechas de violaciones de derechos humanos.

4. El cese del envío de mensajes ambientales engañosos de lavado verde y la retirada de su solicitud de fondos públicos.

El Mar Menor, primera parada de la campaña ‘Mediterráneo en Acción’

La campaña estival del Diosa Maat, el velero de Ecologistas en Acción, arranca en el Mar Menor con el lema ‘Mediterráneo en Acción’. El objetivo de su primera parada es dar visibilidad a uno de los peores desastres ecológicos del litoral mediterráneo peninsular. “La joya de la Corona de los espacios naturales de la Región de Murcia, transformada en un ecosistema agonizante al que se le acaban las posibilidades de futuro con cada día que pasa sin ponerle solución”, en palabras de Pedro Luego, portavoz de Ecologistas en Acción de la Región de Murcia.

Ecologistas en Acción denuncia que tras la decisión de transformar el Campo de Cartagena en la huerta de Europa, pasando del secano de bajo impacto al regadío superintensivo, la entrada de nitratos, fosfatos y sedimentos de origen agrícola está matando aceleradamente este espacio natural. Otros impactos, como el turismo residencial, los puertos, el dragado del canal del Estacio o la pérdida de humedales perimetrales, también contribuyen a la degradación del Mar Menor.

El sector científico y las asociaciones ecologistas llevan años advirtiendo de la necesidad de corregir y minimizar los impactos de la actividad agrícola para proteger la laguna salada. Sin embargo, las numerosas figuras de protección, leyes y normas, no han sido suficientes para evitar el desastre. La voluntad de las administraciones se ha decantado por proteger al sector agroindustrial a costa del interés general, de perder el Mar Menor, que también afecta al sector turístico y a la población local.

Ni el episodio de la denominada “sopa verde” de 2016, que arrasó con una parte importante de las praderas subacuáticas, ni la aparición de miles y miles de agonizantes peces, caballitos de mar, crustáceos o anguilas en octubre de 2019, han provocado avances significativos en la gestión del problema. Según Ecologistas en Acción, un año más, el Gobierno regional, que es quien tiene mayor responsabilidad en la aplicación de soluciones, pone el foco en la transparencia del agua, tratando de quitar importancia a la desesperada situación en la que se encuentra el ecosistema, y a la enorme degradación que sufren las poblaciones ribereñas.

Mientras, Ecologistas en Acción advierte de que siguen entrando toneladas de nutrientes agrícolas y al Mar Menor se le acaba el tiempo. Por ello, el velero Diosa Maat arranca su campaña estival en este punto. ‘Mediterráneo en Acción’ denuncia la situación crítica en la que se encuentra este ecosistema, y exige que se adopten medidas en origen de manera urgente, coordinada y decidida, que reduzcan al mínimo esa entrada de nutrientes, y permitan el inicio de la recuperación del Mar Menor, que será lenta y costosa. Además, durante su travesía por el litoral mediterráneo, la tripulación llevará hojas de recogida de firmas para la ILP que pretende dotar de Personalidad Jurídica al Mar Menor.

Dos meses de campaña en el Mediterráneo

El velero Diosa Maat ha descansado la noche del 14 de junio en el puerto deportivo de San Pedro del Pinatar, Murcia, después de más de mil millas y un mes de navegación, desde su salida el 4 de mayo de la bahía de Santander.

Tanto la ruta como las acciones de la campaña ‘Mediterráneo en Acción’ pueden seguirse a través del cuaderno de bitácora del Diosa Maat: velerodiosamaat.blogspot.com

Lola Yllescas, portavoz de Ecologistas en Acción y de la campaña ‘Mediterráneo en Acción’: “La embarcación de Ecologistas en Acción navegará los próximos meses desde Murcia hasta el Delta del Ebro para defender las costas mediterráneas de impactos como la urbanización incontrolada del litoral, la contaminación por vertidos o la pérdida de biodiversidad con acciones reivindicativas, charlas o actividades de educación ambiental. En defensa de nuestro litoral, nuestros mares y nuestras vidas”.

Un 11 % del peso de la compra estándar va directamente al vertedero

  • El modelo de producción y distribución de un solo uso orquestado por la industria del plástico dificulta a las empresas poder reutilizar las botellas o envases para la distribución de sus productos -reduciendo costes e impactos- y llena nuestras casas de residuos.
  • Esta situación está provocando un colapso con graves impactos sobre el medio ambiente, la economía local y la salud de las personas.

Mañana 16 de junio, Día de la Reutilización (Refill Day), la Alianza Residuo Cero, de la que forma parte Ecologistas en Acción, exige reducir drásticamente los envases de usar y tirar. Considera fundamental poner en marcha circuitos de reutilización descentralizados y disponibles para las empresas de alimentación y bebidas, y facilitar a la ciudadanía modelos de consumo residuo cero para comprar con sus propios envases o con envases que puedan devolver al comercio.

En los últimos años se han producido cambios tanto en el consumo como en la distribución que llevan a un mayor aumento en la generación de residuos: aumento de la cuota de compra en supermercados y grandes superficies, disminución de la oferta de productos frescos a granel en supermercados o aumento del consumo de productos precocinados. Buena parte de los envases asociados a estas prácticas son innecesarios y responden estrictamente a necesidades de las cadenas de distribución y venta, y no garantizan el derecho de la persona consumidora a consumir sin producir residuos o produciendo solo los estrictamente necesarios. Hoy día es una odisea hacer una compra sin residuos de envases y embalajes. Los envases, bandejas y envoltorios superfluos se imponen en todo tipo de alimentos, incluidos aquellos que tradicionalmente se vendían a granel como la carne, el pescado o la fruta.

Según nuevos datos aportados por Rezero, entidad que forma parte de la Alianza Residuo Cero, de todo lo se compra en alimentación, el 11 % en peso son envases de usar y tirar. Este dato se ha calculado con los diez productos más consumidos (pollo, jamón york, queso semi, merluza, leche, agua, cola, tomates, patatas y naranjas) en los diez establecimientos con mayor cuota de mercado.

En consecuencia, no es de extrañar que los envases sean una de las principales fracciones de los residuos. La alimentación y las bebidas conllevan la generación de entre el 80 % y el 90 % de residuos de envases, contribuyendo de manera determinante en el aumento en la generación de éstos.

Además, tan solo un 26 % de los envases que se ponen en el mercado acaban recuperándose para volver a ser introducidos en el sistema productivo a partir del reciclaje. Este despropósito provocado por la industria del envasado lo acaban pagando las administraciones locales a partir de los impuestos de la ciudadanía.

En el contexto de un sistema de recogida selectiva y reciclaje de los envases insuficiente, y un modelo de producción y consumo lineal predominante, la Alianza Residuo Cero, de la que forma parte Ecologistas en Acción, exige erradicar la producción de envases de un solo uso totalmente innecesarios, y pide a los gobiernos que impulsen la transición hacia modelos de producción y consumo circulares y de residuo cero.

Esto pasa por: 1) poner en marcha circuitos de limpieza y reutilización de envases de alimentación y bebidas descentralizados; 2) fiscalizar los envases de un solo uso;  y 3) facilitar a la ciudadanía comprar a granel con sus propios envases o incentivar la devolución de los envases a partir del depósito.

“Resulta decepcionante que en el Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados, ahora en proceso de tramitación parlamentaria, no aparezcan ni objetivos ni medidas concretas para priorizar la reducción en el uso de envases, ni la reutilización (o rellenado) de los envases de alimentación”, ha declarado Adriana Espinosa, responsable de recursos naturales y residuos de Amigos de la Tierra.

Por todo ello, la Alianza Residuo Cero pide al Gobierno central y a los partidos políticos del Congreso responsabilidad y proyección, que escuchen a la ciudadanía y se fijen en proyectos sostenibles de éxito, que miran, no solo el beneficio económico, sino también el ambiental y social.

Existe una creciente preocupación de la ciudadanía sobre el uso excesivo de envases plásticos desechables utilizados para la distribución de alimentos en los puntos de venta. Algunos ejemplos que demuestran esta tendencia serían el movimiento ‘Desnuda la fruta’, las numerosas compras colectivas que se realizan en todo el territorio y/o la proliferación de comercios de venta a granel que permiten al consumidor realizar una compra responsable y en táper, minimizando la cantidad de residuos.

A la vez, tal como afirma Rosa García, de Rezero, “existen evidencias de las ventajas y la viabilidad de la reutilización de los envases. Un ejemplo paradigmático es el proyecto reWINE que ha identificado las oportunidades y barreras de la reutilización de botellas de vidrio en el sector vitivinícola de Cataluña, a través de datos experimentales que permiten asegurar su viabilidad técnica, ambiental, social y económica”.  

La reutilización de botellas de vidrio en el sector vitivinícola podría suponer, solo en Cataluña, un ahorro de más de 100 millones de kg de CO2 equivalentes anuales y 21.756 toneladas de residuos y, reduciría así un 28 % su huella de carbono.  Además, ofrece potenciales ahorros económicos para las bodegas, para los municipios (derivados de la ahorro en costes de recogida y tratamiento de botellas que dejarían de gestionar) y oportunidades de creación de puestos de trabajo que fomentan la economía verde, circular, local y con capacidad para promover la reinserción social (sobre todo en el empleo vinculada a la logística y el lavado de las botellas).

Según la Alianza Residuo Cero, «España puede ser un lugar mucho más sano, limpio y justo socialmente si prioriza la reducción de los envases de usar y tirar y la reutilización. Disponemos de instrumentos y medidas estudiadas y probadas. Solo necesitamos voluntad política para lograrlo».

Premio Atila a la Política Agraria Común (PAC)

Como cada año, Ecologistas en Acción recuerda que el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 para aumentar la conciencia medioambiental y fomentar la acción global en la protección del medio ambiente. Para ello, la organización ecologista premia a los que son como Atila: por donde pasan, no crece ni la hierba. Con estos premios se señala a instituciones y a sus responsables como causantes de agudizar la crisis social y ambiental.

El primer premio, Premio Atila 2019, ha sido para la nueva Política Agraria Común (PAC), por seguir apoyando la agricultura y ganadería industriales y dejar de lado la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

La PAC de los últimos 40 años ha hecho que la agricultura sea uno de los principales factores de degradación ambiental en Europa. Pese a sus supuestos compromisos ambientales, los pagos “verdes” por prácticas agrarias beneficiosas para el clima y el medio ambiente de la vieja PAC no consiguieron aunar producción de alimentos y protección de la naturaleza. La nueva PAC reduce aún más sus objetivos ambientales y carece de propuestas concretas para hacer la agricultura europea más respetuosa con las personas y el planeta. También ignora las bases científicas que muestran que una agricultura europea realmente sostenible, basada en principios agroecológicos, supondría un enorme beneficio para las personas, la naturaleza y el futuro de Europa.

Hasta la fecha, la PAC ha promovido el abandono del campo, ha vaciado de población las zonas rurales del Estado español, contribuyendo a su vaciado, y ha fracasado estrepitosamente en los objetivos de fijar población joven en el campo y apoyar las iniciativas de las mujeres rurales. En las recientes negociaciones sobre la nueva PAC entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión europeas, ministros y ministras de agricultura de los Estados miembros se han negado a apoyar las propuestas sobre justicia social y las exigencias ambientales, lo que no hace sino rebajar aún más las aspiraciones sociales y ambientales de una nueva PAC que no debería estar alineada con los intereses de la agroindustria sino con una transición ecológica justa. Ha dejado pasar la oportunidad de liberar los campos y los alimentos de pesticidas y otros tóxicos, de apoyar de forma inequívoca la agricultura ecológica, de rechazar la agricultura industrial y las macrogranjas, y de poner en valor la multifuncionalidad de la agricultura.

El segundo premio, Premio Caballo de Atila, se lo ha llevado el Grupo Repsol-Petronor. Entre sus méritos destaca el haber promovido la introducción del gas en el transporte en la Ley de Cambio Climático, bloquear la necesaria desaparición de los coches a combustión, liderar apuestas temerarias en el sector del hidrógeno y macroinfraestructuras enormemente contaminantes como el corredor del hidrógeno vasco.

Repsol tampoco ha dudado en denunciar a las activistas que realizaron una acción frente a su sede el pasado diciembre. En estos momentos la empresa es la mayor representante española de un sector fósil incompatible con la justicia climática y social, con un fuerte impacto en muchos países del sur. Recoge el premio su consejero delegado, Josu Jon Imaz, una de las personas más activas en la presión institucional de la empresa para hacer de la transición energética un negocio de cara al lavado verde de Repsol.

La multinacional sueca Boliden sigue sin pagar 133,6 millones por los daños causados en el río Guadiamar

  • Las organizaciones ambientalistas exigen transparencia a la Junta de Andalucía y al Ministerio para la Transición Ecológica en las negociaciones con Boliden
  • Tras 23 años de la catástrofe del vertido de lodos tóxicos al río Guadiamar, la multinacional sueca Boliden sigue sin pagar 133,6 millones por los daños causados.
  • Además, se están tramitando las autorizaciones ambientales, mineras y en materia de aguas, para reabrir la mina de Los Frailes en Aznalcóllar. Esto a pesar de que el concurso minero está bajo un proceso judicial, en el que se ha denunciado un nuevo entramado de empresas interpuestas.
  • Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF exigen que se paralicen de manera cautelar todas las tramitaciones administrativas en curso para la reapertura de la mina.

Hace varias semanas que saltó la noticia de que la Junta de Andalucía lleva desde 2016 negociando en secreto con la empresa Boliden un acuerdo extrajudicial. Buscan que Boliden pague parte de los 89,9 millones de euros que la Junta de Andalucía le reclama desde 2002, en concepto de gastos de limpieza del vertido tóxico del 25 de abril de 1998 en la cuenca del Guadiamar, cuando reventó la balsa de lodos de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla).

Mientras se concreta la negociación, la Junta ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Sevilla que paralice el procedimiento y cada dos meses renueve dicha petición. Hay que recordar que la reclamación civil empezó en la sede sevillana que se declaró incompentente, siendo el Tribunal Supremo quien devolvió la competencia a este Juzgado, regresando todo el procedimiento al punto de partida en 2012.

Tampoco el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha logrado en estos 16 años cobrar los 43,7 millones de sanción que el entonces Ministerio de Medio Ambiente impuso a Boliden en 2002 y que confirmó el Tribunal Supremo en 2005. Para eludir el pago de esta multa la multinacional sueca sigue escudándose en la insolvencia de las empresas filiales que montó en su día en España.

Las organizaciones ecologistas señalan que, pasados 23 años desde la catástrofe, la situación es inaceptable. Se trata de un caso emblemático y de un ejemplo que demuestra la ineficacia de las administraciones ante este tipo de situaciones. Por ello, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF  exigen que la Junta de Andalucía y el Gobierno central actúen con contundencia para recuperar cuanto antes los 133,6 millones de euros que Boliden debe a la sociedad española.

Por otra parte, tras la huida de Boliden en 2001, la Junta de Andalucía se hizo cargo de la mina sin explotación, hasta que en 2015 resolvió adjudicar su explotación, mediante concurso público, a la empresa Minera Los Frailes, filial del consorcio Minorbis-Grupo México. Dicho concurso fue objeto de diligencias penales en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Sevilla, hasta que el pasado 8 de febrero de 2021, el mismo inició los trámites para juzgar por delitos de prevaricación a varios altos cargos y funcionarios de la Junta de Andalucía y del citado consorcio. También la justicia mexicana investigó ese concurso minero por posibles sobornos, enviando una comisión rogatoria a la Fiscalía General del Estado español.

Para las organizaciones ecologistas, las administraciones autonómica y nacional no deberían continuar los trámites ambientales, mineros y de aguas de este proyecto de reapertura, tanto por su impacto ambiental como por la existencia de procedimiento penal. En dicho procedimiento se ha denunciando un posible entramado de empresas interpuestas, que podrían significar un problema a la hora de pedir responsabilidades si hubiera daños ambientales como los ocurridos con la catástrofe de Aznalcóllar.

Por todo ello, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF exigen a las administraciones andaluza y española que paralicen de manera cautelar todas las tramitaciones administrativas en curso para la reapertura de la mina de Los Frailes en Aznalcóllar, hasta que se resuelva el proceso judicial que estudia la legalidad del concurso minero adjudicado en 2015. Una petición que se realiza en aras del principio de precaución y para evitar futuras responsabilidades patrimoniales de dinero público.

Teresa Rodríguez Pierrard | Amigos de la Tierra
Isidoro Albarreal | Ecologistas en Acción
Mónica Ortega | Greenpeace
Olimpia García | SEO/BirdLife

Coral García Barón | WWF

Dramático impacto de la industria europea de harinas y aceite de pescado en África occidental

Cada año, las empresas europeas contribuyen a un trágico desvío de pescado fresco esencial para mantener la seguridad alimentaria de más de 33 millones de personas en la región de África Occidental. Esta es la conclusión de un nuevo informe de Greenpeace Africa y la Fundación Changing Markets, titulado Alimentando al monstruo: Cómo las industrias europeas de acuicultura y alimentación animal están robando alimentos a las comunidades de África Occidental. El informe revela cómo más de medio millón de toneladas de pequeños peces pelágicos se extraen cada año a lo largo de la costa de África occidental y se convierten en piensos para la acuicultura y la agricultura, suplementos dietéticos, cosméticos y productos alimenticios para mascotas fuera del continente africano. [1]

“La industria de las harinas y el aceite de pescado, así como todos los gobiernos y empresas que la apoyan, están privando a las poblaciones locales de su medio de vida y de su principal fuente de proteínas. Esto se sitúa en contra de los compromisos internacionales sobre desarrollo sostenible, erradicación de la pobreza, seguridad alimentaria e igualdad de género”, ha declarado Javier Raboso, responsable de Paz, Democracia y Derechos Humanos de Greenpeace.

El informe se basa en la investigación del comercio de harina y aceite de pescado y los vínculos en la cadena de suministro entre esta industria en África occidental y el mercado europeo. Incluye comerciantes, empresas acuícolas y agroalimentarias en España (Inproquisa, Industrias Arpo, Skretting España), Francia (Olvea), Noruega (GC Rieber, EWOS / Cargill, Skretting, Mowi), Dinamarca (ED&F Man Terminals, TripleNine, FF Skagen, Pelagia y BioMar), Alemania (Köster Marine Proteins ) y Grecia (Norsildmel Innovation AS). [2]

“Las exportaciones de harina y aceite de pescado a Europa están robando el sustento de los pueblos costeros, al privar a la población de una importante fuente de alimentos y de ingresos. Las empresas europeas de alimentos para la acuicultura y sus minoristas no pueden ignorar este importante problema medioambiental y de derechos humanos. Es el momento de repensar las cadenas de suministro y eliminar el uso de pescado salvaje para alimentar a los peces de acuicultura y a otros animales, para preservar este recurso marino para las generaciones futuras”, subraya Alice Delemare Tangpuori, directora de campañas de Changing Markets.

El papel de España en este mercado

  • La UE fue el primer mercado de destino de las exportaciones de aceite de pescado de Mauritania y Senegal en 2019, como en años anteriores, con Francia concentrando más del 60% de las importaciones de la UE desde Mauritania con 15.101 toneladas.
  • Aunque España importa aceite de pescado principalmente de Europa, también somos el principal importador de la producción más pequeña de aceite de pescado senegalés, con 2.116 toneladas de un total de 4.836 toneladas, y de Mauritania con 347 toneladas registradas.
  • España es el segundo mayor importador de harinas de pescado de Mauritania con 4.415 toneladas en 2019, por detrás de Grecia.
  • Las importaciones de aceites y harinas de pescado a nuestro país podrían aumentar en los próximos años, ya que el fondo de inversión Corpfin Capital, principal accionista de la española Grupo Barna, ha invertido en una nueva fábrica de harinas y aceites en Cayar, Senegal.

La investigación de Greenpeace y Changing Markets confirma la rápida expansión de la industria de harinas y aceites de pescado en los últimos años, particularmente en Mauritania, donde el 70% de las exportaciones de aceite de pescado se destinaron a la UE en 2019. Los gobiernos de Mauritania, Senegal y Gambia han fracasado hasta ahora en la gestión adecuada de este recurso común de pequeños pelágicos, así como en tomar las medidas adecuadas para garantizar el derecho a la alimentación y el medio de vida de las comunidades afectadas, incluido el sector pesquero artesanal, que continúa protestando contra las fábricas de procesados de estas harinas y aceites de pescado.

“En esta época en Senegal, es muy difícil, sino imposible, encontrar este tipo de sardinas en los puntos de desembarque habituales. Las consecuencias para la seguridad alimentaria y nutricional de la población local son catastróficas, así como para el equilibrio de la cadena alimentaria en el mar“, declara el Dr. Alassane Samba, director del Centro de Investigación Oceanográfica Dakar-Thiaroye en Senegal. [3]

La crisis de los cayucos comienza en sus costas

La situación crítica del sector de la pesca artesanal, un pilar económico en África occidental, ha impulsado a muchos jóvenes y a los propios pescadores a adentrarse en el océano con sus propias embarcaciones de pesca, o cayucos, para alcanzar las costas europeas en las islas Canarias en busca de alternativas. A pesar de la existencia de otros factores concomitantes, sin duda, esta grave situación está contribuyendo a la reactivación de la ruta migratoria canaria, que es a día de hoy una de las más peligrosas del mundo.

“Muchas de las personas de Senegal que han perdido la vida intentando llegar a Canarias o que lo han conseguido se han visto obligadas a hacerlo por el riesgo de perder su forma de vida vinculada a la pesca sostenible, que da prioridad al consumo local y asegura la supervivencia de las especies, por eso es esencial preservar esta alternativa para las futuras generaciones. Es una cuestión de derechos humanos asegurar que las personas tengan una vida digna en sus países y no verse obligados a arriesgar sus vidas en peligrosas travesías”, ha declarado Ibrahima Cisse, experto en Océanos de Greenpeace África.

Greenpeace África y Changing Markets demandan a las empresas, los responsables políticos y los gobiernos que dejen de llevarse pescado apto para el consumo humano de África occidental para alimentar la demanda de harina y aceite de pescado, en especial salmón, en la Unión Europea y Noruega.

Javier García | Greenpeace

Comienza el juicio contra activistas del clima que denunciaron la negligencia climática de Repsol

Nueve activistas por el clima se enfrentan mañana a la justicia tras ser denunciados por Repsol por manifestarse pacíficamente en su sede de Madrid y señalar los desmanes climáticos de la empresa.

Los hechos se remontan al pasado 12 de diciembre, quinto aniversario de la firma del Acuerdo de París, cuando las organizaciones integradas en Rebelión por el Clima (plataforma de la que forma parte Greenpeace) se movilizaron para denunciar a Gobiernos y empresas por su negligencia climática. En concreto, los nueve activistas denunciados acudieron a la sede de Repsol con una pancarta en la que simularon un derrame de petróleo y desplegaron una pancarta en la que se leía “Cinco años después seguimos luchando por el 1,5 ºC”.

Las organizaciones que integran la plataforma señalan la responsabilidad frente a la crisis climática de grandes empresas como Repsol, Iberdrola, Endesa, Naturgy, Iberia, Ecoembes, Real Madrid, Banco Santander, BBVA, Campofrío o Coren, cuyos intentos de “lavado verde” (greenwashing) no son soluciones ante la emergencia climática, sino meras cortinas publicitarias que generan nuevos conflictos, agravan el cambio climático y retrasan su solución.

Desde la plataforma, denuncian el aumento de la criminalización de la protesta pacífica que en los últimos años se ha visto acentuada con normas como la “ley mordaza” y apuntan directamente a la industria de los combustibles fósiles, que intenta silenciar a quienes la critican.

“Este es un ejemplo evidente de hasta dónde está dispuesta a llegar la industria de los combustibles fósiles para silenciarnos”, aseguran desde la plataforma: “Es contradictorio lo que está ocurriendo aquí: Repsol nos lleva ante la justicia por evidenciar su falta de compromiso con el planeta y denunciar su intento de maquillar la verdad a través del greenwashing, cuando deberían ser ellos quienes dieran explicaciones por sus desmanes ante el cambio climático. Pero no nos van a callar: mientras continuemos sin una respuesta adecuada a la emergencia climática, que incluya las medidas necesarias para acabar con el consumo de combustibles fósiles, seguiremos protestando. Tenemos un problema grave, la ciencia ya lo ha advertido: se nos acaba el tiempo. Entramos en una década decisiva para evitar los peores impactos del cambio climático. El momento de actuar es ahora”.

Trampas al clima

En el año 2018, Repsol-Petronor fue, con 10,6 millones de toneladas de Gases de Efecto Invernadero (el 3% del total del país), la segunda empresa española más contaminante. En 2019, las emisiones de esta petrolera aumentaron un 13%. Un informe de Greenpeace de diciembre de 2020, ‘Haciendo trampas al clima’, recoge todos estos datos y denuncia que la descarbonización de Repsol está llena de engaños: la compañía pretende alcanzar el objetivo cero emisiones netas para 2050 continuando con la quema de combustibles fósiles (gas fósil y, en menor medida, petróleo), maquillando su huella a través de la captura y almacenamiento de CO2, la fabricación de combustibles sintéticos y la plantación de árboles y otras soluciones basadas en la naturaleza.

En diciembre de 2019, la compañía anunció que para 2050 será neutra en emisiones de carbono. Sin embargo, la petrolera desoye el estudio publicado en 2015 en la revista Nature, que establecía que una tercera parte de las reservas actuales de petróleo, la mitad de las de gas y más del 80% de las reservas de carbón deberían permanecer intactas en los próximos 40 años si la humanidad quiere conseguir el objetivo marcado por la comunidad científica para evitar consecuencias catastróficas a causa del cambio climático. Además, la empresa debe reorientar completamente su negocio principal, después de que la Agencia Internacional de la Energía haya señalado que el mundo ya no debe seguir explorando más combustibles fósiles.

Por otro lado, Repsol reclama la no intervención del regulador a la hora de establecer las prioridades y acelerar los cambios para alcanzar el 1,5 ºC, pero cambia de tercio a la hora de pedir ayuda económica a las instituciones públicas. La petrolera fue una de las empresas beneficiadas por la compra de bonos corporativos por parte del Banco Central Europeo (BCE) entre mediados de marzo y mediados de mayo de 2020 (bonos corporativos por valor de casi 30.000 millones de euros), según un informe publicado por Greenpeace en junio de 2020.

Pero la mayor muestra de la resistencia de Repsol, insiste Rebelión por el Clima, es que la petrolera pospone para después de 2040 la “compensación” del 60% de sus emisiones. Y esa reducción estará referida a “intensidad de carbono”, es decir, a la cantidad de emisiones por energía producida. “Nada indica, de momento, que las emisiones brutas se vayan a reducir”, concluyen las organizaciones ecologistas.

Amigos de la Tierra gana la demanda climática contra Shell

Por primera vez en la historia, la justicia acusa a una empresa de ser responsable del cambio climático. En el día de hoy, como resultado de una demanda judicial presentada por Amigos de la Tierra Países Bajos (Milieudefensie) junto con 17.000 co-querellantes y otras seis organizaciones1, un tribunal de La Haya ha dictaminado que Shell es culpable y tiene que reducir sus emisiones de CO2 en un 45% en un plazo de 10 años. Esta sentencia histórica tiene consecuencias muy positivas para la protección del medio ambiente y la población a nivel mundial, y sentará un precedente para otras empresas contaminantes.

Donald Pols, director de Amigos de la Tierra Países Bajos ha afirmado: “Esta es una victoria de dimensiones colosales para nuestro planeta y para nuestros hijos e hijas, es un hito inigualable para lograr un futuro habitable. El tribunal no ha dejado lugar a dudas: Shell es causante del cambio climático y debe poner fin de forma a inmediata a su comportamiento destructivo».

Roger Cox, abogado de Amigos de la Tierra Países Bajos, ha celebrado la noticia: “Este es un punto de inflexión en la historia. Esta demanda es única porque es la primera vez que un tribunal obliga a una gran empresa contaminante a cumplir con el Acuerdo de París. Esta sentencia tendrá consecuencias para otras grandes empresas contaminadoras».

Shell se encuentra entre las diez empresas más contaminantes del mundo. Desde hace más de 30 años la compañía es consciente de su contribución al cambio climático, sin embargo ha continuado extrayendo petróleo y gas, e invirtiendo miles de millones de dólares en la búsqueda y desarrollo de nuevos combustibles fósiles contaminantes. Tan solo en dos años, Shell ha invertido entre 23.000 y 29.000 millones de dólares en energías sucias.

Amigos de la Tierra, con el respaldo de 17.379 personas co-demandantes holandesas y más de 1 millón de partidarias en todo el mundo, argumentó ante el tribunal que Shell está violando su deber de cuidado y amenazando los derechos humanos al socavar conscientemente las posibilidades del mundo de permanecer por debajo 1,5 ° C. En concreto, durante las alegaciones se acusó a Shell de violar los artículos 2 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: el derecho a la vida y el derecho al respeto de la vida privada y familiar.

Este caso se basa en argumentos legales similares al histórico Caso Climático Urgenda de 2019 contra el Estado holandés, donde el tribunal de apelaciones holandés sentó un precedente al dictaminar que no lograr los objetivos climáticos es una violación de los derechos humanos y ordenó al estado que redujese sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 25% para finales de 2020.

Puntos principales del veredicto
1. Shell debe reducir sus emisiones de CO2 en un 45% neto para finales de 2030.
2. La petrolera también es responsable de las emisiones de sus clientes y proveedores.
3. Se establece que es un atentado contra los derechos humanos, “derecho a la vida» y la «vida familiar tranquila».
4. Shell debe cumplir con la sentencia de inmediato, ya que la política climática actual de la empresa no es lo suficientemente concreta.

El fallo del tribunal de La Haya tendrá gran repercusión a nivel internacional, ha señalado Sara Shaw de Amigos de la Tierra Internacional: “Esta es una victoria arrolladora para la justicia climática. Ojalá esta sentencia de lugar a más litigios climáticos contra las grandes empresas causantes del cambio climático y las obligue a dejar de extraer y quemar combustibles fósiles”. Este resultado es una victoria de los pueblos del Sur Global que ya están haciendo frente a impactos climáticos devastadores».

“Esta victoria es de los pueblos del Sur Global que ya están sufriendo los impactos devastadores de la crisis climática y de la contaminación de Shell. Por fin se ha hecho justicia. Las pruebas irrefutables sobre la responsabilidad de Shell ante la emergencia climática han sido clave. De esta forma estamos enviando una señal clara a las grandes contaminadoras que podrán ser acusadas de su responsabilidad ante el cambio climático. Es una gran victoria para las personas y la vida”