Greenpeace demanda a la Comisión Europea por hacer un lavado verde del gas y la energía nuclear

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La organización ha anunciado hoy que llevará a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la inclusión del gas fósil y la energía nuclear en la lista de inversiones sostenibles de la UE (taxonomía). La medida se produce después de que la Comisión haya rechazado esta mañana una solicitud formal realizada por Greenpeace en septiembre para abandonar el lavado verde del gas fósil y la energía nuclear.

“Lucharemos contra esta falsa etiqueta verde en los tribunales. Estudiaremos la respuesta de la Comisión, pero su inmenso cinismo sobre los combustibles fósiles y la energía nuclear es puro lavado verde, y podemos probarlo. Los mismos contaminadores que Ursula von der Leyen quiere premiar con una etiqueta sostenible son los responsables de muchas de las terribles dificultades que enfrenta la gente hoy en día, como el aumento de los precios y la emergencia climática”, ha señalado la responsable de la campaña de Finanzas Sostenibles de Greenpeace, Ariadna Rodrigo.

Por su parte, Raquel Montón, responsable del área de Incidencia Política de Greenpeace España, ha recalcado que “el Gobierno español se ha mostrado contrario a la inclusión del gas y la nuclear en la taxonomía, pero a diferencia de otros gobiernos como el austriaco o de organizaciones como Greenpeace que tratan de defender en los tribunales sus argumentos, el Gobierno español no se ha sumado por el momento a dichas causas”.

El pasado 8 de septiembre de 2022, ocho oficinas de Greenpeace (Alemania, Francia, España, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Europa Central y Oriental y la Unidad Europea) enviaron una solicitud formal de revisión interna a la Comisión. En ella, señalaban que la inclusión del gas y la energía nuclear en la taxonomía viola el reglamento de taxonomía, la ley climática europea y las obligaciones de la UE en virtud del acuerdo climático de París de 2015.

La Comisión Europea ha respondido hoy que rechaza la petición de Greenpeace de eliminar el gas y la energía nuclear de la taxonomía. La organización medioambiental presentará el próximo mes de abril una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Gobierno austriaco también va a demandar a la Comisión Europea por su lavado verde del gas y la energía nuclear.

Greenpeace argumenta que la inclusión del gas fósil y la energía nuclear por parte de la Comisión Europea en la taxonomía viola varias leyes de la UE y se basa en errores y deficiencias de procedimiento. El siguiente es un resumen de algunos de los argumentos de Greenpeace en contra de las actividades de gas y nucleares que se han incluido en la taxonomía:

Respecto al gas fósil:

Supera el umbral de emisiones de carbono legal. La Comisión estableció un umbral para las emisiones de carbono de la generación de energía con gas fósil de 270 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora. Esto no cumple con la legislación vigente de la UE. El reglamento de taxonomía, la ley climática de la UE y el Acuerdo de París de 2015 no permiten más de 100 gramos de CO2 equivalente por kilovatio hora.
Las inversiones no son transitorias. No pueden considerarse “transitorias”en nueva generación de energía de gas fósil, como exige el reglamento de taxonomía, porque dichas plantas podrían permanecer en funcionamiento más allá de la fecha límite de la UE de 2050 para lograr la transición energética. Esto también contraviene la Ley del Clima de la UE.
Existen alternativas renovables. La Comisión argumenta erróneamente que la inclusión del gas en la taxonomía es permisible porque no existen “alternativas bajas en carbono tecnológica y económicamente factibles”, pero tales alternativas existen, como la energía eólica y solar.
Obstaculiza el abandono de los combustibles fósiles.La inclusión del gas fósil en la taxonomía genera una ventaja competitiva para el gas y, por tanto, obstaculiza los objetivos legalmente vinculantes de la UE de alejarse de los combustibles fósiles.

Respecto a nucleares:

Causa un daño significativo al medio ambiente. La energía nuclear no cumple con el principio de “No Causar Daño Significativo” del reglamento de taxonomía. Las emisiones del ciclo de vida de la energía nuclear, la extracción de uranio, el alto uso de agua, la descarga de agua caliente y la generación a gran escala de desechos radiactivos violan este principio. Por lo tanto, la generación de energía nuclear socava también otros objetivos del reglamento de taxonomía.
La energía nuclear impide el desarrollo de las renovables. La Comisión asume incorrectamente que la energía nuclear es una actividad habilitadora para la transición energética, cuando en realidad conduce a la reducción de las energías renovables por su falta de flexibilidad.
La construcción de las centrales nucleares es muy lenta. La Comisión designa erróneamente la energía nuclear como una actividad de mitigación del cambio climático, es decir, que contribuye a que la UE alcance sus objetivos de reducción de emisiones. De hecho, las inversiones en energía nuclear tardan tanto en ponerse en marcha que retrasarían el abandono de las plantas de carbón y obstaculizarían el desarrollo de las energías renovables.
Los impactos climáticos afectan severamente a las nucleares. La energía nuclear tampoco es una tecnología de adaptación climática, es decir, una que sea resistente al mayor riesgo de eventos adversos causados por la crisis climática. De hecho, la energía nuclear se ve muy afectada por los fenómenos climáticos adversos, como las olas de calor y las sequías.
Pueden ser objeto de ataques. La Comisión ignora la posibilidad de que una planta nuclear pueda ser objeto de un ataque terrorista o militar y que estos eventos puedan ser la fuente de accidentes importantes y la contaminación relacionada.

Las amenazas de Shell a Greenpeace no impiden que la organización envíe más activista a unirse a la protesta en la plataforma

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El pasado martes 31 de enero, cuatro activistas de Greenpeace International subieron de forma pacífica a un barco contratado por Shell para transportar su plataforma en altamar, al norte de la costa canaria 

Los cuatro activistas, a los que Shell ha enviado una orden judicial en la que amenaza con multas y hasta dos años de cárcel, continúan a bordo de la plataforma (alimentándose con víveres que llevaban encima en el momento de la acción)

La multinacional Shell ha intentado silenciar la última acción pacífica de Greenpeace en su plataforma de petróleo y gas, que viaja a bordo de un barco, donde todavía permanecían cuatro activistas, al enviar a la organización una orden judicial a última hora del viernes (3 de febrero), en la que la amenazaba con hasta dos años de cárcel y multas [1].

Hoy las tácticas legales de mano dura de Shell han fracasado: Greenpeace ha intensificado su protesta con dos activistas más que, a bordo de otros barcos no afectados por la orden judicial, han logrado subirse al buque contratado por la multinacional. Se suman así a los cuatro activistas que llevan en la plataforma de petróleo y gas de la compañía desde el pasado martes.

La organización medioambiental exige que la compañía deje de expandir la producción de petróleo y gas en todo el mundo, que asuma su responsabilidad en la crisis climática y que pague por la destrucción que está provocando.

Alrededor de las 9 a.m. [CET] en el Canal, el trimarán Mérida fletado por Greenpeace y otros dos botes se han acercado hasta el buque de carga pesada White Marlin contratado por Shell para transportar su plataforma de petróleo y gas de 34.000 toneladas hacia el Mar del Norte.

Las imágenes muestran un barco-escolta que permanece cerca de los activistas. Este barco es propiedad de Boskalis, la empresa que Shell ha contratado para el transporte de la plataforma petrolera.

Dos escaladores de Greenpeace International (Pascal Havez, de Francia, y Silja Zimmermann, de Alemania) han usado cuerdas para acceder al barco contratado por Shell desde el Suzy Q, un pequeño bote propiedad de la organización medioambiental.

Se han unido así a los otros cuatro activistas a bordo de la plataforma (Carlos Marcelo Bariggi Amara, de Argentina; Yakup Çetinkaya, de Turquía; Imogen Michel, del Reino Unido, y Usnea Granger de EEUU).

Otros tres activistas (Nonhle Mbuthuma, de Sudáfrica; Hussein Ali Ghandour, del Líbano, y Noa Helffer, de Italia) se sumaron a la protesta desde el Mérida, dando testimonio y enarbolando pancartas con el mismo mensaje de la acción del pasado 31 de enero: “Dejad de perforar. Pagad los daños”.

Todo esto ocurre cuatro días después de que Shell anunciara ganancias récord de 39.900 millones de dólares (36.000 millones de euros).

Testimonios desde el barco

Hussein Ali Ghandour, de Líbano, ha señalado desde el Mérida: “Procedo de una de las regiones más secas del mundo, que se está calentando dos veces más rápido que la media mundial. En todo el Medio Oriente y Norte de África, las sequías, los incendios forestales, las inundaciones repentinas y otros desastres climáticos ahora son parte de nuestras realidades diarias, lo que agrava nuestros problemas sociales y económicos. Son los grandes contaminadores como Shell los que han de cargar con las responsabilidades históricas de estos daños. El reloj de la justicia climática está en marcha y los contaminadores deben dejar de desarrollar nuevos proyectos de combustibles fósiles y pagar por las décadas de devastación que han causado en todo el mundo”.

La escaladora alemana Silja Zimmermann también ha declarado que “no dejaremos que Shell nos silencie. El mundo necesita saber que Shell tiene planes para seguir calentando aún más el planeta, aumentando la devastación climática sin pagar un euro para reconstruir la destrucción que ya estamos viviendo: tenemos veranos cada vez más sofocantes, la falta de lluvia está destruyendo los bosques y afectando a los agricultores, y con las elevadas facturas de energía, cada vez es más difícil llevar comida a la mesa. Comunidades enteras están expuestas al auge y caída de los volátiles mercados de petróleo y gas. Y en Alemania, por ejemplo, las inundaciones en 2021 mataron a 180 personas, con unos costes de reconstrucción de 30.000 millones de euros. Ya vale, ya es suficiente. Shell debe dejar de perforar y empezar a pagar”.

Noa Helffer, de Italia, también desde el Mérida, ha recalcado que “sabemos que la crisis climática está golpeando más fuerte a los países que tienen menos culpa y en Europa nos solidarizamos. Al crecer en Italia, a veces viví inundaciones que llegaban hasta la cintura y, por el contrario, ha habido momentos en los que no llovía durante meses y los agricultores solo obtenían cultivos secos. Las ganancias de Shell son nuestra pérdida. Es hora de hacer pagar a los que contaminan”.

Las políticas de gestión del agua ponen en grave peligro la supervivencia de los humedales españoles

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  • En el Día Mundial de los Humedales Ecologistas en Acción responsabiliza a las administraciones públicas del grave deterioro de los humedales españoles.
  • La expansión del regadío, que sobreexplota los recursos hídricos, y la contaminación de las aguas constituyen grandes amenazas para la conservación de los humedales. Son un ejemplo de la mala gestión del agua por parte de los gobiernos autonómicos y central.

El 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales. En él se conmemora el aniversario del Convenio de Ramsar, tratado intergubernamental clave para garantizar la correcta conservación de los humedales y del que el Estado español forma parte. Esta fecha es importante para sensibilizar a la ciudadanía y dar a conocer la importancia de los humedales en el contexto de la actual crisis ecológica global. Estos ecosistemas son refugio y hogar de una gran biodiversidad y contribuyen notablemente a la mitigación y adaptación al cambio climático. Asimismo, los humedales son esenciales para la supervivencia humana, ya que incluyen algunos de los ecosistemas más productivos del mundo y proporcionan importantes procesos ecosistémicos que producen innumerables beneficios. Los humedales son unos de los ecosistemas más amenazados a nivel mundial. Se estima que desde 1970 han desaparecido hasta el 35 % de los humedales del mundo. Desde el siglo XVIII esta cifra se eleva hasta el 87 %. En el caso de España las cifras oscilan entre el 60 % y el 70 % de pérdida de patrimonio húmedo desde principios del siglo XX hasta los años 80 del mismo.

En el Estado español se han declarado 76 zonas húmedas dentro del Convenio Ramsar. Sin embargo, desde el 2011 solo dos humedales se han añadido a la lista: el Marjal de Almenara en la Comunidad Valenciana en 2017 y el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas en Galicia en 2021. Además de los incluidos, muchos presentan serias y recurrentes amenazas, por lo que no se están cumpliendo los compromisos generales de conservación del Convenio Ramsar. Ecologistas en Acción reclama no solo la necesidad de aumentar el catálogo de humedales inscrito en el convenio, sino la urgencia de políticas reales de protección y gestión que garanticen su conservación.

Según datos divulgados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se estima que solo el 12 % de los humedales españoles analizados e incluidos en la Lista Ramsar presenta un buen estado de conservación desde un análisis ornitológico. La incapacidad de los humedales para presentar hábitats adecuados para las aves contribuye notablemente a la crisis de pérdida de biodiversidad. Siete humedales de la Lista de Importancia Internacional del Convenio de Ramsar están afectados por expedientes informativos o quejas de Ramsar (Doñana, Daimiel, Mar Menor o Aiguamolls de l’Empordà, entre otros). Hay dos (Doñana y Delta del Ebro) que tienen abiertos procedimientos de infracción europeos.

El propio Plan Estratégico de Humedales a 2030 del gobierno español reconoce que esto se debe principalmente a “procesos de expansión/intensificación agraria en cuencas circundantes/vertientes (superficiales o subterráneas)”. Cambios de usos del suelo, alteración de regímenes hídricos, contaminación y alteraciones hidromorfológicas son identificadas como algunas de las mayores amenazas sobre los humedales españoles, muy a menudo vinculadas a un modelo agrícola intensivo, especialmente a la gran expansión que se está produciendo del regadío y el gran consumo que ello conlleva. Ecologistas en Acción reclama la necesidad de revisar las políticas de gestión del agua y exige a todas las autoridades competentes (Confederaciones Hidrográficas y administraciones autonómicas, locales y central) un esfuerzo decidido para revertir este problema, que está empeorando como consecuencia del cambio climático.

Recientemente el Consejo de Ministros ha aprobado la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas. Una de las herramientas normativas creadas para que estos planes indiquen las medidas de protección de los ecosistemas acuáticos y su evolución es el inventario nacional de zonas húmedas. 19 años después de su creación, nueve comunidades autónomas todavía no han incluido un solo humedal en el inventario, lo que conlleva que el 30 % de las zonas Ramsar del Estado no lo estén. Para Ecologistas en Acción es un indicador de la pasividad de las administraciones públicas respecto a la conservación de estos espacios.

Los dos primeros humedales españoles acogidos por el Convenio Ramsar cuando este fue rectificado por el Estado español en 1982, los parques nacionales de Doñana y las Tablas de Daimiel, son una clara evidencia del lamentable estado de conservación de estos ecosistemas en el territorio. Ambos se encuentran incluidos en el Registro Montreux, que señala dentro de la Lista Ramsar aquellos humedales que presentan cambios en las características ecológicas como consecuencia de la acción antrópica.

La presión humana y las repoblaciones monoforestales contribuyen a la progresiva desaparición de las marismas de Doñana, pero el principal causante de este declive es un modelo de producción agrícola, que ha renunciado a la agricultura tradicional del secano para favorecer la expansión de un regadío cada vez más intensivo, que esquilma los recursos hídricos superficiales y subterráneos, dañando gravemente la estructura de los acuíferos. El resultado es que tres de los cinco acuíferos que las alimentan están sobreexplotados y solo dos de los tres cursos fluviales que históricamente desembocan en el parque nacional siguen haciéndolo, y además de manera intermitente.

El caso de las Tablas de Daimiel es aún más dramático. El uso extenuado e insostenible de las aguas subterráneas del acuífero 23 para el regadío condujo a la declaración de ese acuífero, así como el 24, como sobreexplotado. De eso hace ya varias décadas. Desde entonces la situación no ha mejorado. La consecuencia es un parque nacional altamente degradado.

Detener la pérdida de biodiversidad debe ser una prioridad gubernamental que marque la agenda de la gestión del agua, la agricultura, la economía, el comercio y la planificación territorial en toda institución si se quiere revertir el estado de degradación de los humedales españoles.

Chesús Ferrer | Ecologistas en Acción

Decenas de activistas exigen la paralización del acuerdo comercial UE-Mercosur 

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La campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión, de la que forma parte Amigos de la Tierra, ha exigido al Gobierno que rechace el acuerdo comercial UE-Mercosur en una concentración frente al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid.

La acción ha llegado un mes después de la toma de posesión de Lula da Silva de la Presidencia brasileña, que ha servido a dirigentes de la Unión Europea y el Gobierno español como excusa para situar la ratificación del acuerdo UE-Mercosur como prioridad en la agenda política.

A menos de seis meses para que dé comienzo la Presidencia española de la Unión Europea, la Asociación Cultural Brasileña Maloka, Amigos de la Tierra, ATTAC, Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG),  Ecologistas en Acción y Fridays for Future Madrid, han realizado una concentración ante el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid para mostrar el rechazo de la sociedad civil al acuerdo de libre comercio entre la UE y los países de Mercosur (Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina) y pedirle al Gobierno español que no lo ratifique.

En la concentración —convocada por la campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión— las activistas han sujetado unas letras gigantes que formaban el mensaje “No al acuerdo comercial UE-Mercosur”, dirigido al Gobierno español para que dé un cambio de rumbo en su política comercial.

Las activistas han denunciado la incoherencia en las promesas del Gobierno para hacer frente a los grandes retos que tenemos por delante —como la crisis climática y ambiental o la brecha de las desigualdades—, ya que la entrada en vigor de este acuerdo comercial se traduce en más deforestación, pérdida de biodiversidad, emisiones de gases de efecto invernadero, aislamiento del pequeño campesinado, violaciones de derechos de los pueblos originarios y desigualdad.

El acuerdo UE-Mercosur vio la luz en junio de 2019, cuando se alcanzó un pacto político entre las dos regiones tras más de 20 años de negociaciones. Sin embargo, durante los tres últimos años, la ratificación del acuerdo ha estado en punto muerto debido al fuerte rechazo de algunos países como Francia o Austria y más de 450 organizaciones a ambos lados del Atlántico. Ahora, la salida de Jair Bolsonaro de la Presidencia brasileña después de cuatro años de mandato ha supuesto un giro de 180º en el guión.

Desde el pasado mes de octubre, cuando Lula da Silva ganó la primera vuelta de las elecciones brasileñas, altos cargos de la Comisión Europea y de gobiernos europeos no han perdido ocasión para insistir en que se abre una nueva oportunidad para relanzar este polémico acuerdo comercial. De hecho, el Gobierno español ha dejado claras sus intenciones de conseguir la ratificación del acuerdo UE-Mercosur (además de otros acuerdos con América Latina) durante el segundo semestre de 2023, coincidiendo con la Presidencia española de la UE.

Con esta concentración, las activistas han dejado claro su mensaje: “Gobierne quien gobierne, el acuerdo UE-Mercosur seguirá siendo nocivo para las personas y el planeta”. Han recordado que el objetivo principal del acuerdo es aumentar el comercio entre las dos regiones a través de la reducción o eliminación de los aranceles comerciales de un gran número de productos. Entre ellos se encuentran materias primas vinculadas a la deforestación y a la violación de derechos humanos, como minerales clave para la transición energética europea, soja para la fabricación de piensos y biocombustibles, o carne de vacuno para consumo humano.

Sostienen que “las promesas de Lula para alcanzar la “deforestación cero” y proteger los territorios pertenecientes a las comunidades indígenas son un halo de esperanza frente al desmantelamiento de las políticas ambientales y de los derechos de los pueblos originarios sufrido con el Gobierno de Bolsonaro”. Pero este viraje en la política brasileña “en ningún caso puede servir para justificar la aprobación de un acuerdo comercial que profundiza la deforestación y la crisis climática, que favorece los intereses de grandes empresas extractivas como la minería o la agroindustria y que ahoga, aún más, a las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas de ambas regiones”.

Europa, y en concreto España, afirman que quieren fortalecer las relaciones con América Latina. “Detrás de todo esto, lo que se deja entrever es la carrera de la UE por asegurarse el acceso y control de materias primas clave, algo que Europa prefiere llamar “autonomía estratégica de la UE”. Y en esta supuesta autonomía, los acuerdos de libre comercio son una pieza crucial”, afirman.

Marta García Pallarés, portavoz de Ecologistas en Acción, ha declarado: “Con esta concentración, la sociedad civil ha vuelto a reivindicar otro modelo comercial, que esté alineado con los compromisos del Acuerdo de París, con la Agenda 2030, con la estrategia de la Granja a la Mesa y con el respeto absoluto de los derechos humanos”.

Andrés Muñoz Rico, responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra, ha afirmado que » con la ratificación de este Acuerdo se agravaría no sólo la emergencia climática, sino la destrucción de la actividad agraria y ganadera campesina en nuestro país, al igual que en los países del Mercosur. Necesitamos por tanto un cambio de rumbo del gobierno español, que en breve asumirá la presidencia rotatoria de la UE»
Andrés Muñoz | Amigos de la Tierra

Juicio oral por la caza ilegal de varios búhos reales en Toledo

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Hoy, en el Juzgado de lo Penal nº3 de Talavera de la Reina (Toledo), se celebra la vista oral por la comisión de un delito contra la fauna por la caza ilegal de una especie protegida, como es el búho real.

Los hechos se produjeron en 2019, cuando socios de SEO/BirdLife del Grupo Local de Talavera descubrieron una nidada de búho real con tres pollos en una casa abandonada de una finca en el término municipal de Lagartera (Toledo). Unos meses después, mientras hacían seguimiento de la especie en la zona, y tras una batida para descaste de zorro, se encontraron dos ejemplares muertos. Tras la denuncia de los hechos, el Seprona de la Guardia Civil, junto con Agentes de Medio Ambiente de la zona, iniciaron una investigación para el esclarecimiento de lo sucedido, que dio lugar a la apertura de un proceso penal por la supuesta comisión de un delito contra la fauna por un cazador de la zona.

El papel de la ONG

SEO/BirdLife, que estará en la vista oral, actúa en este caso como acusación popular, con el objetivo de conseguir una sentencia que permita reflejar las consecuencias legales que tiene la caza ilegal de especies protegidas y sus nidos y disuadir de su comisión. Este es uno de los objetivos específicos del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza para mejorar la eficacia de las acciones dirigidas a luchar contra los delitos ambientales.

SEO/BirdLife lleva varios años denunciando la caza ilegal de especies amenazadas y protegidas, como es el caso del búho real, especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Y es que, durante décadas, el búho real fue duramente perseguido por los supuestos daños que causaba a las especies cinegéticas. Actualmente, aunque los ejemplares muertos por disparo y los expolios han disminuido, se siguen registrando casos como el denunciado, que se unen a nuevas amenazas para la especie, como los tendidos eléctricos, la proliferación del tráfico rodado y los cambios en la explotación del medio rural.

Según David de la Bodega, responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife, “el cumplimiento de las normas ambientales es una garantía para preservar la biodiversidad y conservar a las especies protegidas. La denuncia de las agresiones que sufre la fauna silvestre es esencial para alcanzar esos objetivos, generando así una mayor conciencia social sobre estos actos. En SEO/BirdLife somos abogados de los pájaros y todas las personas somos guardianas de la Naturaleza y podemos hacer algo para conservarla, denunciando los hechos que las dañan”.

Portal de denuncia

La organización ambiental pone a disposición de la sociedad un espacio web que permite la denuncia de acciones ilegales contra el medio ambiente. A través de un formulario, cualquier persona que conozca una acción potencialmente ilegal podrá comunicarlo a la organización, obtener información sobre cómo hacer llegar su denuncia a las autoridades o solicitar que la ONG lo haga. Todas las comunicaciones son valoradas por técnicos especializados de la organización para analizar la relevancia del caso y la pertinencia de emprender acciones legales. Además, los ciudadanos pueden encontrar distintos modelos y plantillas para ayudarles a cumplimentar su denuncia, pedir información ambiental ante las Administraciones o presentar un recurso.

Guardianes de la Naturaleza

La personación de SEO/BirdLife en este proceso se ha realizado en el marco del proyecto LIFE, Guardianes de la Naturaleza, contra el Crimen Ambiental, financiado por el programa LIFE de la Unión Europea. Este proyecto pretende mejorar la efectividad y la eficacia de las acciones dirigidas a combatir los delitos contra la naturaleza.

Está coordinado por SEO/BirdLife y cuenta con la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), y el Servicio de protección de la naturaleza de la Dirección general de la Guardia Civil (Seprona), como socios beneficiarios. Los cofinanciadores son la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias y el Ministerio para la Transición ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

Denuncia que los jets privados al foro de Davos generaron el mismo CO2 que 350.000 coches en una semana

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Greenpeace ha lanzado hoy un informe que analiza las emisiones de CO2 que causaron los viajes en avión privado de los asistentes al Foro Económico Mundial (FEM) de Davos de 2022. Las conclusiones muestran cómo generaron emisiones equivalentes a 350.000 automóviles haciendo 750 kilómetros diarios durante una semana [1]. 1040 jets privados entraron y salieron de los aeropuertos que prestan servicio a Davos durante la semana del encuentro. Esta circunstancia provocó que las emisiones de CO2 se multiplicaran por cuatro durante aquellos días. Y todo indica que este fenómeno se repetirá en la nueva cita del FEM, que arrancará a partir del 16 de enero.

Klara Maria Schenk, portavoz de la campaña de movilidad europea de Greenpeace, ha señalado: “Los ricos y poderosos que acuden a Davos para debatir a puerta cerrada sobre el clima y la desigualdad usan el medio transporte más contaminante y desigual que existe, justo cuando Europa experimenta el mes de enero más cálido desde que hay registros y las comunidades de todo el mundo sufren los fenómenos meteorológicos extremos por la crisis climática”.

La investigación, encargada por Greenpeace a la consultora holandesa CE Delft, muestra que la afluencia de jets privados a los aeropuertos de alrededor de Davos se duplicó durante la reunión del Foro Económico Mundial de 2022 en comparación con el promedio del resto del año. De todos estos vuelos realizados, el 53% fueron de corta distancia, por debajo de los 750 km, que fácilmente se podrían haber sustituido por viajes en tren o automóvil. El 38% voló en distancias ultracortas, de menos de 500 km. Incluso se detectó un vuelo realizado de tan solo 21 km. Según el informe, los países con el mayor afluencia a los aeropuertos de Davos fueron Alemania, Francia, Italia y España.

Los vuelos de jets privados atrajeron la atención del público mundial el año pasado después de que varias figuras públicas recibieran críticas por sus desplazamientos ultracortos en estas aeronaves. El análisis publicado por Greenpeace International se produce días antes de que los líderes políticos y empresariales se dirijan a Davos para asistir al Foro Económico Mundial de 2023, con el objetivo señalado de querer abordar la crisis climática y otras «crisis en curso» desde una «acción colectiva audaz».

“Si tenemos en cuenta que el 80 % de la población mundial nunca ha viajado en avión, pero sufre las consecuencias de las emisiones provocadas por estas “bombas climáticas” que son los jets privados, y que el Foro Económico Mundial afirma estar comprometido con el Acuerdo de París… pues nos encontramos ante una insoportable clase magistral de hipocresía. Los jets privados deben pasar a la historia si queremos tener un futuro verde, justo y seguro para todos. Los líderes mundiales deben predicar con el ejemplo y prohibir los jets privados y los vuelos de distancia corta claramente prescindibles”, ha agregado Schenk.

Para Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España, «Davos representa lo más perverso de un sistema socio-económico fallido: élites que intentan vender una imagen de sostenibilidad y de que están ahí para cambiar el mundo mientras concentran una riqueza y poder desproporcionadamente obsceno y se benefician a costa de la mayoría de las personas y del planeta, poniendo la vida en jaque».

Los jets privados no están regulados en la UE, a pesar de que son el modo de transporte más contaminante del planeta en su relación entre pasajero y kilómetro [2]. Por primera vez, en 2022, varios países de la UE, encabezados por Francia, comenzaron a solicitar una regulación europea de las emisiones de la aviación en toda la UE que incluya la problemática de los vuelos cortos innecesarios – con alternativa viable en tren – y de los jets privados. 

Carlos García Paret  | Greenpeace

Conclusiones del informe AQUÍ

La Cumbre de la biodiversidad reconoce el rol de los Pueblos Indígenas, sin embargo no acaba de protegerles de la amenaza de extinción masiva

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Hoy se clausura la COP15 del Convenio de Diversidad Biológica de la ONU  que tenía como objetivo alcanzar un Acuerdo que proteja la biodiversidad de los próximos 10 años.

Greenpeace ha estado en Montreal con una delegación incidiendo en las negociaciones, An Lambrechts, responsable de la delegación de Greenpeace en la COP15 hace balance del texto:

La parte más positiva del texto final es:

El reconocimiento explícito de los derechos, roles, territorios y conocimientos de los pueblos indígenas como la forma más efectiva de proteger la biodiversidad.

“La nota alta de la COP15 es el reconocimiento del trabajo insustituible de los Pueblos Indígenas en la protección de la biodiversidad. Los Pueblos Indígenas son los guardianes más capaces y conocedores de la naturaleza. Si los Pueblos Indígenas están en roles de liderazgo, hay mucho potencial para la protección de la biodiversidad. La protección basada en derechos es el futuro de la conservación. La financiación directa a los Pueblos Indígenas será el siguiente paso crítico. 

También se ha conseguido que el texto incluya el objetivo 30×30, para proteger al menos el 30 % de la superficie terrestre y 30 % de los océanos para 2030. Sin embargo, está muy simplificado, al no excluir expresamente actividades dañinas fuera de las áreas protegidas. Tal como está en el texto, es un número vacío, con protecciones que quedan en el papel”.

Lo que se considera más negativo:

La escasa financiación impedirá implementar todas las medidas necesarias para la protección de la biodiversidad.

“20 mil millones de dólares al año hasta 2025 y luego 30 mil millones al año hasta 2030. Es un comienzo, pero no es suficiente. Con un déficit de financiación de la biodiversidad de 700.000 millones de dólares, no está claro de dónde vendrá el resto del dinero. No sólo la cantidad sino también  la rapidez en disponer de ese dinero. La creación de un fondo en 2023 debería poder financiar a los países en desarrollo más rápido.

“Los intereses de las corporaciones y las falsas soluciones se han estado infiltrando en las conversaciones sobre biodiversidad de principio a fin. Las soluciones basadas en la naturaleza y las compensaciones de biodiversidad pueden suponer errores costosos. Los escándalos y el lavado verde que se ven hoy en la compensación de carbono son lo que estará en el menú de la biodiversidad mañana.”

Anna Ogniewska, asesora política de Greenpeace dice desde Montreal: “La COP15 de Biodiversidad de la ONU ha dejado el trabajo más crucial de protección de la naturaleza como tarea pendiente para los líderes mundiales. Al volver de Montreal, los gobiernos europeos tendrán que ir mucho más allá de lo acordado si realmente quieren detener la extinción de especies. Esto significa proteger de manera efectiva al menos el 30 % de superficie terrestre y los mares de la Unión Europea de cualquier actividad industrial extractiva y proteger estrictamente al menos el 10 %. También implica abordar de una vez por todas el problema que las industrias  están provocando: la destrucción de la naturaleza en Europa y fuera de ella, con actividades como la sobreproducción de carne y lácteos o la tala irresponsable de bosques para obtener productos madereros de vida corta».

En conjunto, la COP15 no logra brindar la ambición, las herramientas o la financiación necesarias para detener la extinción masiva.

Mónica Parrilla | Greenpeace

Denuncia el despilfarro de agua en el cultivo «miles de lechugas abandonadas» en el Altiplano

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La Plataforma Salvemos el Arabí y Comarca ha denunciado un «abandono masivo de lechugas» en el Altiplano en dos fincas: en el paraje del Carche, en el término municipal de Jumilla, y también en el paraje de El Llano, en Yecla.

Son decenas de miles de lechugas que están esperando a pudrirse en las fincas con lo que supone de «desperdiciado de millones y millones de litros de agua» que se extraen del acuífero Jumilla-Villena. Un lago subterráneo que «está declarado sobreexplotado» y advierten de que esta práctica no es nueva, sino que en los últimos años se llevan observando casos de abandonos de lechugas, melones, sandías, brócolis, coliflores, calabacines…

Este colectivo sigue denunciando está política de dejar morir los cultivos que se debe fundamentalmente a las condiciones del mercado. No es rentable económicamente para las empresas recoger los productos, debido a una excesiva oferta en los mercados o a los precios que se pagan por los productos en estos momentos.
Lechugas desperdiciadas en una finca del Carche, en Jumilla.

Lechugas desperdiciadas en una finca del Carche, en Jumilla. / PLATAFORMA SALVEMOS EL ARABÍ Y COMARCA

Las grandes empresas de cultivos de la Región de Murcia se han ido instalando en los últimos años en el Altiplano. Según datos de la plataforma, en la comarca suman ya unas 3.000 hectáreas de regadíos intensivos, una superficie que sigue aumentando año tras año, con unas 120 hectáreas más en lo que llevamos de 2022.

«Tememos que puedan seguir llegando más empresas debido a la situación crítica y lamentable en la que se encuentra el Mar Menor, huyendo de nuevas restricciones en el Campo de Cartagena», alertaba Alejandro Ortuño, portavoz del colectivo. «La cuestión es que estas empresas están trasladando los mismos problemas que han generado en el entorno del Mar Menor, con el agravante además de que puedan llegar a agotar todos los recursos de agua subterráneos de los que disponemos».

Este colectivo ciudadano denuncia que las empresas agrícolas reciben grandes cantidades de dinero público para toda la infraestructura de regadío, incluyendo grandes balsas de riego que han proliferado, «y a cambio intensifican los regadíos en el Altiplano y agotar los acuíferos», señala Ortuño, que además indica que, normalmente, la mayoría de productores que tienen acceso a estos fondos europeos, denominados «fondos operativos», en la práctica son grandes empresas organizadas como OPFH (Organización de productores de frutas y hortalizas), una figura jurídica que utilizan los grandes conglomerados de grupos empresariales y de inversores para poder acceder a estas ayudas.

ecoactiva | LA VERDAD

Greenpeace coloca montañas de residuos en el centro de Madrid contra la sobreproducción de las marcas en el Black Friday

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  • Bajo el lema “Hecho para tirar”, activistas de la organización denuncian el impacto del consumismo alentado por las empresas especialmente en días como este
  • El Black Friday es un momento de sobreconsumo que ejerce una elevada presión sobre los recursos naturales del planeta y genera una gran cantidad de desechos
  • Gobiernos y empresas deben cambiar el modelo de producción ya que el actual profundiza la crisis climática y de pérdida de biodiversidad

Coincidiendo con la celebración del Black Friday, activistas de Greenpeace han “devuelto” al núcleo comercial de Madrid cuatro grandes montañas de residuos para denunciar el impacto del consumismo alentado por las empresas. Bajo los lemas “Hecho para tirar”, “Sus beneficios, tus desperdicios”, “Las marcas nos están consumiendo” y “Black Friday destruye el planeta”, junto a las montañas de ropa, tecnología, plásticos y cartones de envíos, la organización denuncia la basura generada por aquellas compras que la industria “obliga” a la ciudadanía a hacer en momentos de sobreconsumo como el Black Friday. En ellas también se muestran las condiciones sociales y laborales que genera esta elevada producción de residuos sin sentido.

“El Black Friday no va de quien necesita comprarse una lavadora porque no llega a fin de mes. El Black Friday es el ejemplo pernicioso de cómo las marcas nos incitan y obligan a comprar un pantalón más, cuando ya tenemos seis iguales en el armario. Es un día de excusa que han creado las marcas para deshacerse de su elevada producción”, ha declarado Celia Ojeda, responsable de Biodiversidad de Greenpeace. “Esta sobreproducción de existencias que las marcas no son capaces de vender en el Black Friday o en otro momento consumista acaba en vertederos, incineradoras o exportada a otros países”.

Con esta acción, Greenpeace pide que el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) aplique estrictamente el artículo 18 de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular (6) (la conocida como “ley de plásticos”), en el que se indica que: “Queda prohibida la destrucción o su eliminación mediante depósito en vertedero de excedentes no vendidos de productos no perecederos tales como textiles, juguetes o aparatos eléctricos, entre otros, salvo que dichos productos deban destruirse conforme a otra normativa o por protección del consumidor y seguridad. Dichos excedentes se destinarán en primer lugar a canales de reutilización, incluyendo su donación, y cuando esto no sea posible, a la preparación para la reutilización o a las siguientes opciones de la jerarquía de residuos, respetando el orden establecido en el artículo 8”.

El Black Friday representa el pico del momento consumista, que acaba reflejado en un alto coste ambiental: un elevado uso y una preocupante contaminación del agua, pérdida de biodiversidad y de suelos, impacto negativo en la calidad del aire y en las emisiones. Nuestro sistema económico funciona a una velocidad tal que serían necesarios 1,8 planetas como la Tierra para reponer los recursos naturales que nuestro actual ritmo de consumo destruye. En el caso de España, necesitaríamos dos planetas para sostener nuestro ritmo de consumo. Este patrón, del que depende en gran medida la economía actual, tiene graves consecuencias para nuestra salud y la del planeta. Por ello, es necesario invertir esta tendencia si queremos mantenernos en el objetivo de evitar que la temperatura global se eleve más de 1,5 ºC.

Greenpeace saca a la luz uno de los impactos ambientales ocultos de este momento consumista, dónde acaban todas aquellas mercancías que se producen y no se compran: terminan tiradas en vertederos, a veces exportadas a vertederos de terceros países o incineradas. Si, además, estos productos contienen sustancias tóxicas, estas acaban contaminando el suelo, los acuíferos y el aire. Por ejemplo, en el caso de los textiles en España, se estima que cada año en torno a 990.000 toneladas de productos textiles van a parar a los vertederos. Por el contrario, las tasas de reciclaje textil siguen siendo muy bajas: solo entre el 10 % y el 12 % de los residuos textiles post-consumo se recoge por separado para su reutilización y/o reciclado, y menos del 1 % de la producción total se recicla en ciclo cerrado, es decir, con el mismo uso o similar (1).

En el caso de la tecnología, España es uno de los países que más basura electrónica genera, con 888.000 toneladas métricas en 2019 y más de 960.000 toneladas métricas en 2020. La acumulación de basura eléctrica y electrónica puede alcanzar los 74,7 Mt (millones de toneladas) en 2030 en todo el mundo. Esto supone que, si no se realizan acciones para parar esta tendencia, los datos prácticamente se doblarán en un periodo de 16 años (2030) (2). La gestión inadecuada de los residuos electrónicos agrava el calentamiento global, ya que, si estos no se reciclan, no pueden sustituir materias primas ni reducir los gases de efecto invernadero que se producen de su extracción.

En todo el mundo, menos del 1 % de las prendas se reciclan y convierten en ropa nueva (3). Los productos no vendidos o devueltos se destruyen de forma rutinaria. Se calcula que los productos destruidos en Europa en 2020 colocados uno tras otro darían la vuelta al mundo 1,5 veces (4). Por tanto, cuando llega el final del ciclo de la moda y se tiran prendas que contienen sustancias químicas peligrosas es inevitable que contaminen, que acaben en el camión de residuos textiles que se lleva a incinerar o se envía al vertedero cada segundo (5). El daño ambiental se multiplica si, además, esas prendas tienen compuestos tóxicos como demuestra el reciente informe sobre la marca Shein.

“Dada la crisis planetaria del clima y de la biodiversidad, además de la recientemente añadida crisis de las sustancias químicas (7), es obvio que no podemos permitirnos seguir con este sistema loco y destructivo. Debemos exigir un cumplimiento de la legislación y que las empresas cambien su modelo limitando su producción, diseñando productos de más calidad y durabilidad, evitando la obsolescencia programada y evitando el sobreembalaje de elementos de un solo uso. Es necesario potenciar una verdadera economía circular que se base en la reparación y la reutilización, y no en celebrar el consumismo”, ha declarado Ojeda.

Celia Ojeda-Martínez | Greenpeace

El sobreconsumo del Black Friday amenaza al clima y la naturaleza

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A cuatro días de la celebración del Black Friday, Greenpeace recuerda las enormes consecuencias climáticas, ambientales y sociales del sobreconsumo generado en días como ese. Para ello, la organización pone a disposición de los medios datos sobre los impactos ambientales y sociales, analizando sus consecuencias y ofreciendo alternativas a este consumo desenfrenado. En el apartado Sobreconsumo: La amenaza para el clima y la naturaleza se analizan los datos obtenidos del Grupo de Trabajo III del IPCC, que explora el “lado de la demanda” (1), es decir, lo que impulsa el consumo y las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo ello muestra el insostenible ritmo de consumo y cómo las corporaciones exprimen el planeta.

“Vivimos en un planeta con recursos limitados. Sin embargo, nuestro sistema económico funciona a un nivel que serían necesarios 1,8 planetas como la Tierra para satisfacer nuestro actual ritmo de consumo. Este patrón de consumo, del que depende en gran medida la economía actual, tiene graves consecuencias para nuestra salud y la del planeta. Por ello, es necesario invertir esta tendencia, si queremos tener la oportunidad de mantenernos por debajo de 1,5 ºC (2)”, dijo Celia Ojeda, responsable del área de biodiversidad de Greenpeace.

El actual ritmo de sobreconsumo, ejemplificado en fechas como el Black Friday (y otras muchas como el Cyber Monday), implica un elevado derroche de materias primas, de agua potable y de energía. Esto tiene graves consecuencias en el medioambiente, como la destrucción de hábitats, como bosques y océanos, o una elevada cantidad de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, producidos por este uso de energía procedente de combustibles fósiles y del transporte de todos estos productos. A lo que se añade la elevada generación de residuos, principalmente por dos aspectos: los desechos de materiales de un solo uso procedentes del embalaje como plásticos o cartones y las materias primas no utilizadas o los productos ya hechos que no se han vendido o se desechan tras un corto uso y que terminan en vertederos o en incineradoras, contaminando el aire, el agua y el suelo.

“Las consecuencias ambientales del actual ritmo de consumo son devastadoras. Desde sequía, contaminación del agua potable, contaminación del aire a través de las emisiones, destrucción de suelos y pérdida de biodiversidad. Hay que tener en cuenta que estamos consumiendo por encima de los límites planetarios. Actualmente consumimos a un ritmo 1.7 más rápido de los que la Tierra necesita para regenerarse. En España consumimos a un ritmo dos veces más rápido de lo que necesitaríamos para regenerar nuestro medioambiente. Es decir, que necesitaríamos dos planetas para mantener el actual ritmo de consumo en España”, declaró Ojeda.

Algunos datos:

  • Las ciudades, que actualmente consumen más de dos tercios de la energía del mundo y representan más del 70% de las emisiones globales de CO2 (3).
  • Desde 2015, las ventas del Black Friday han aumentado un 10-20% cada año. A este incremento hay que añadirle un cambio de patrón en el consumo, a partir de 2019, donde se incrementó la compra on line.
  • Este año 2022 se estima que el gasto on line crecerá en torno al 25% según un estudio elaborado sobre Webloyalti, pese a la situación de crisis e inflación que estamos experimentando (4).
  • Los artículos más vendidos durante este evento son: moda, calzado y complementos, electrodomésticos, aparatos electrónicos y teléfonos móviles, aunque estos últimos tienen su pico en Cyber Monday.
  • Moda rápida. La moda rápida es un peligro para el planeta. Según datos de la ONU, solo para producir unos vaqueros se necesitan 7.500 litros de agua, el equivalente al agua que una persona bebe durante siete años. El consumo de agua de la moda rápida es de casi 8 millones de metros cúbicos anuales y es responsable del 20 % de la contaminación industrial de agua (5).
  • Desde el año 2000 se ha duplicado la producción de ropa mientras que su uso ha disminuido un 36 %. Se estima que más de la mitad de la moda rápida que se produce, se tira en menos de un año, acabando el 73 % incinerada o en vertederos. El uso cada vez más extendido de fibras sintéticas hace que la ropa libere más de medio millón de toneladas de microfibras en el océano cada año, lo que equivale a más de 50.000 millones de botellas de plástico. La industria de la moda es responsable del 10% de las emisiones mundiales.
  • Residuos electrónicos. Solo en 2019 se generaron 53,6 millones de toneladas de residuos electrónicos a nivel global y solo el 17,4% de estos se recogieron y reciclaron (6). En España, se generaron, solo en 2019, 888 millones de kilos (kilotones) de residuos electrónicos, 19 kilos por persona (7).
    Obsolescencia programada. Según la European Environmental Bureau (EEB), la obsolescencia programada y el consumismo electrónico nos cuesta 48 millones de toneladas de CO2 al año. Si la vida útil de nuestros aparatos electrónicos se extendiese solo un año más, podríamos ahorrar cerca de 4 millones de toneladas de CO2 al año hasta 2030, equivalente a eliminar dos millones de coches de las carreteras europeas cada año (8).
  • Obsolescencia programada. Según la European Environmental Bureau (EEB), la obsolescencia programada y el consumismo electrónico nos cuesta 48 millones de toneladas de CO2 al año. Si la vida útil de nuestros aparatos electrónicos se extendiese solo un año más, podríamos ahorrar cerca de 4 millones de toneladas de CO2 al año hasta 2030, equivalente a eliminar dos millones de coches de las carreteras europeas cada año (8).

Ayer concluyó la cumbre contra el cambio climático COP27, en la que se abre un hilo de esperanza, ya que finalmente se aprobó un Fondo para Pérdidas y Daños que podría significar en inicio de la Justicia climática. Sin embargo, para alcanzar los objetivos, España necesita reducir sus emisiones de efecto invernadero aún más, por lo menos hasta un 55 % en 2030 con respecto a las de 1990, más del doble del 23 % que es el objetivo actual y para ello es vital la reducción del sobreconsumo. Para lograrlo, habría que: prohibir o limitar  la publicidad comercial de empresas contaminantes en ciudades, como lo han hecho Ámsterdam, Londres y Grenoble; luchar contra el greenwashing, prohibir la quema de productos no vendidos, promover una verdadera economía circular, que no solo se base en el reciclado; luchar contra la obsolescencia programada y/o introducir alternativas como  «distritos de fabricantes» y «cafés de reparación» en las ciudades, en lugar de nuevos centros comerciales, algo que también ayudaría a los ciudadanos a reducir y reutilizar antes de comprar algo nuevo. Para ello es fundamental que los Gobiernos municipales y los Gobiernos nacionales apliquen estas medidas.

“Las impactantes imágenes de las cada vez más frecuentes aglomeraciones multitudinarias en los centros comerciales de todo el mundo durante el Black Friday, son alarmas que deben hacernos ver cómo las marcas se han apoderado de nuestras vidas y hemos pasado de ser humanos a consumidores. Nuestras posesiones materiales no deben definir ni nuestra identidad ni nuestra valía, a pesar de lo que diga el último anuncio de televisión o un post de influencers en Instagram. El consumo excesivo de bienes y servicios nos lleva hacia la extinción porque exacerba la crisis climática y de la naturaleza. Podemos tomar las riendas de nuestro destino si los Gobiernos empiezan a trabajar seriamente por el clima y la biodiversidad, si las empresas cambian radicalmente su modelo y fomentan alternativas y una verdadera economía circular. Esto hará que la población empiece a consumir menos y mejor”, concluye Ojeda.

Celia Ojeda-Martínez | Greenpeace