Es preciso reducir el regadío para luchar contra la desetificación y la sequía

En el Día Internacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía Ecologistas en Acción señala las insostenibles políticas de aumento continuado del regadío en España.

La organización ecologista propone frenar el crecimiento de la demanda de agua para regadío, incrementar la eficiencia en el uso del agua, fomentar cultivos menos consumidores de agua y reducir la superficie actual dedicada al regadío.

La Asamblea General de Naciones Unidas designó, en 1994, el 17 de junio como Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Este día marca el aniversario de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. 

La desertificación afecta a más de 110 países. Cada año se pierden seis millones de hectáreas de tierra productiva. En España el 40 % del suelo está amenazado por los procesos de desertificación. A pesar de ello, los sucesivos gobiernos han sido incapaces de detenerla, principal obligación contraída tras firmar, en 1996, el Convenio de Lucha contra la Desertificación.

Ecologistas en Acción quiere llamar la atención sobre las insostenibles políticas de aumento continuado del regadío en España. La intensidad de la producción agraria en los regadíos orientados a la exportación, así como la puesta en regadío de cientos de miles de hectáreas de cultivos leñosos de secano, están incrementando la degradación de los suelos, su erosión y la escasez del agua en los ríos y acuíferos. El tipo de agricultura que se está sosteniendo en las diferentes regiones es clave para la conservación de los ecosistemas acuáticos y de suelos fértiles, ambos imprescindibles para garantizar la conservación de la biodiversidad y la vida de las personas.

El regadío supone más del 84 % del consumo total de agua en el Estado español. Actualmente hay registradas más de cuatro millones de hectáreas regadas, según los planes hidrológicos vigentes, a los que habría que añadir un 5-10 % más de regadíos ilegales. Entre otros cultivos, destaca el rápido crecimiento de la superficie regada de olivos, viñedos y almendros que siempre se han producido en secano, pero que ahora, para incrementar su productividad, se ponen en regadío. Una amenaza para la calidad del suelo y la disponibilidad hídrica en zonas como Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, donde hay una creciente escasez de agua.

A la vez que no deja de aumentar la demanda de agua para la agricultura intensiva, se está produciendo una reducción del volumen de agua que circula por los ríos y alimenta los acuíferos como consecuencia de los efectos del cambio climático. Según el informe ‘La incidencia del cambio climático sobre los recursos hídricos en España y la evolución de las demandas’, hay aproximadamente un 20 % menos de los recursos hídricos de los que se disponían a principios de la década de los noventa. En ese escenario, es previsible que en los próximos años se produzcan situaciones de colapso hídrico y medioambiental en amplias zonas del país.

Los planes especiales de sequía para hacer frente a estas situaciones tampoco introducen mejoras en la planificación y gestión del agua. Parten de una premisa: mantener la satisfacción de las demandas de agua de la agricultura intensiva, de forma que no apuntan a la necesidad de recortar las demandas en los planes hidrológicos para gestionar adecuadamente las situaciones de reducción de precipitaciones. Más bien al contrario, siguen proponiendo la construcción de infraestructuras, pozos de sequía, compra-venta de derechos concesionales de agua y la reducción de los caudales ecológicos. Es decir, se continúa sosteniendo la actual demanda de agua aunque conlleve la degradación de los ecosistemas, la pérdida del control público sobre un bien común y los racionamientos de agua de abastecimiento para la población.

Ecologistas en Acción propone como medidas eficaces frente a la desertificación y la sequía el freno al crecimiento de la demanda de agua para regadío, el incremento de la eficiencia en el uso del agua donde se pueda, el fomento de cultivos menos consumidores de agua y la reducción de la superficie actual dedicada al regadío. Recuperar un cierto equilibrio hídrico requiere la reducción de aproximadamente un millón de hectáreas de riego. El recorte puede tener un fuerte impacto económico y social, por eso es necesario planificar y poner en marcha, desde este momento, la reconversión de parte del sector agrícola de forma progresiva, con el apoyo de las administraciones públicas, con el fin de que la afección social sea la menor posible.

Erika González,

La desertificación en España agrava la vulnerabilidad frente a la emergencia climática

  • Siete de las diez cuencas hidrográficas con mayor sequía crónica de toda Europa se encuentran en España
  • Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, se prevé que la Península Ibérica sea la región europea más afectada por la sequía
  • La sobreexplotación de los recursos hídricos, la agricultura intensiva y la urbanización irracional, entre las principales causas
  • Solo cambiando las políticas hidráulica, forestal y agrícola podemos frenar uno de los principales problemas de nuestro futuro

Entre el 75% y el 80% de España está en riesgo de convertirse en desierto a lo largo de este siglo, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Con este preocupante dato celebra España mañana el Día Mundial de lucha contra la Desertificación y la Sequía, dos fenómenos diferentes pero íntimamente relacionados por la acción que el ser humano ha provocado en su entorno. Y dos fenómenos que se agravarán en un futuro cercano, como consecuencia del cambio climático, si no hacemos algo antes para mitigarlo.

La desertificación es la degradación de las tierras de zonas áridas y semiáridas causadas por las variaciones climáticas y las actividades humanas. La sequía se produce cuando las lluvias son inferiores a los niveles normales, causando una grave falta de agua. La sequía se produce en periodos de corto o de medio plazo, mientras que la desertificación, es un fenómeno a largo plazo.

Ambos fenómenos, además de tener efectos devastadores para el medio ambiente y la biodiversidad, pueden tener graves consecuencias sociales y económicas (obliga a la población a abandonar las zonas afectadas, genera pobreza, problemas de salud…). El riesgo de desertificación y sequía es especialmente grave en el sur de Portugal, España y el sur de Italia, el sureste de Grecia, Malta, Chipre y las zonas ribereñas del mar Negro en Bulgaria y Rumanía (1).

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, se prevé que la Península Ibérica sea la región europea más afectada por el aumento de episodios de sequía. Como consecuencia de ello, el riesgo de desertificación también se incrementará en todo el territorio.

En el caso de España (2):

Entre el 75% y el 80% de España está en riesgo de convertirse en desierto a lo largo de este siglo, según el Ministerio de Medio Ambiente (3)
Un tercio de España ya sufre una tasa de desertificación muy alta y lo peor es que, si no se toman medidas urgentemente, esa superficie árida seguirá creciendo.
La sobreexplotación de los recursos hídricos, las malas prácticas agrarias en zonas de pendiente, el sobrepastoreo, la agricultura intensiva y la urbanización irracional resultan también responsables de esta situación.
El sudeste del país es donde se sufrirá una mayor desertificación, un aumento de las temperaturas, un descenso de las precipitaciones o una creciente escasez de agua.
Según los datos del anterior Ministerio de Medio Ambiente, se prevé un escenario donde el total de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas en España llegará a los 37,4 millones de hectáreas de las 50,5 millones del total del territorio. Estas magnitudes no dejan lugar a dudas, éste es un fenómeno que no afecta solo a la mitad sur peninsular, se va abriendo camino hacia el norte.
Siete de las diez cuencas hidrográficas con mayor estrés hídrico (sequía crónica) de toda Europa se encuentran en España (Agencia Europea del Medio Ambiente).
“Ante el riesgo acuciante de desertificación y sequía en España, y los devastadores problemas asociados, sólo hay una solución: frenar el cambio climático y fortalecer el medio rural” ha declarado Julio Barea responsable de agua de Greenpeace. “Es fundamental darle la vuelta al sistema y cambiar el modo de consumo y producción para evitar que España se convierta en un territorio desertificado en los próximos años”.

Por ello en el Día Mundial de lucha contra la Desertificación y la Sequía, Greenpeace pide al Gobierno:

Cumplir con el objetivo de reducción de las emisiones de CO2 de al menos el 55% en 2030, respecto a 1990, y alcanzar el cero neto en 2040.
Cambiar la política hidráulica hacia un enfoque integrado en la gestión de la demanda, implicando a todos los sectores demandantes de agua y teniendo en cuenta los caudales ecológicos.
Perseguir la sobreexplotación y la contaminación de los recursos hídricos, la proliferación de pozos ilegales y el mal uso del agua.
Garantizar una política forestal (silvicultura con base eco hidrológica) (4) acorde con las necesidades del país más árido de Europa, adaptando los ecosistemas forestales a los nuevos escenarios de cambio climático, evitando la proliferación de viviendas y urbanizaciones en el espacio forestal y concienciando a la sociedad ante el riesgo que suponen los incendios.
Cambiar radicalmente el actual modelo agrícola con una sustancial disminución de los regadíos intensivos e industriales y apoyar la agricultura y ganadería de base agroecológica y de pequeña escala.
Frenar la expansión de la ganadería industrial estableciendo una moratoria estatal y desarrollar un plan para reducir la cabaña ganadera
Julio Barea

España ya es el país de la UE que más carne consume

  • Desde hoy lunes y hasta el domingo se celebra la Semana Mundial Sin Carne
  • Según la FAO, en España consumimos cerca de 275 gramos de carne al día, cuando la comunidad científica internacional recomienda unos 300 gramos a la semana
  • Para una transformación del sistema y un apoyo real a la España rural urge abandonar la ganadería industrial

En el marco de la Semana Mundial Sin Carne, que empieza hoy y finaliza este domingo 21, Greenpeace denuncia que España es ya el país de la UE que más carne consume. Según los últimos datos disponibles de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), en España estamos consumiendo más de 100 kg de carne por persona y año. Esto equivale a unos 275 gramos diarios, cuando las recomendaciones científicas internacionales marcan unos 300 gramos y las estatales entre 300 y 375 gramos a la semana. Para alcanzar unos niveles saludables y sostenibles, en España tenemos que reducir un 84% nuestra ingesta actual de carne.

Este excesivo, insano e insostenible consumo de carne sólo es posible debido a un modelo de ganadería industrial, en exponencial crecimiento, con graves consecuencias para el medioambiente y la salud de las personas. A nivel mundial, el sector agroalimentario, en su conjunto, es el responsable de hasta un 37% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y solo el sector ganadero del 14,5%. Además, la ganadería industrial está asociada a la deforestación, al elevado consumo de agua y su contaminación, la emisión de amoníaco, el maltrato animal, el uso de cultivos transgénicos y un largo etc.

En España las emisiones que nos han llevado a estar en emergencia climática han bajado un 2,2% en el 2018, pero las de la ganadería han aumentado y suponen ya casi el 70% de las emisiones del sector agrícola español. Asimismo, la contaminación de acuíferos por nitratos y la emisión de amoníaco, asociadas al crecimiento exponencial de este tipo de ganadería, llevó a la Comisión Europea a abrir otro procedimiento de infracción contra España. Esta es la “marca España” que la industria cárnica oculta. Lo que la industria también quiere ocultar es la relación de este modelo de producción industrial de carne con pandemias como la que estamos viviendo.

“No podemos seguir mirando para otro lado. El excesivo consumo y producción de carne industrial en España está contribuyendo a la destrucción del planeta”, ha afirmado Luís Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace España. “La urgente y necesaria transformación del sistema pasa por adoptar dietas sanas y sostenibles y por dejar de llenar el campo de auténticas fábricas de carne, cambio climático, contaminación del agua y destrucción de modos de vida y empleos”.

Una reciente resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental desmonta uno de los mayores mitos de la industria cárnica, el de que la ganadería industrial es una solución a la pérdida de empleo en el mundo rural: “(…) la explotación intensiva de ganado porcino, basado en la concentración y la integración vertical características del nuevo modelo productivo, repercuten, de acuerdo con la información aportada (INE 2010-2015), en el empleo agroganadero con la pérdida de puestos de trabajo, especialmente en el medio rural, y la tendencia a la sustitución de los agricultores y ganaderos profesionales por asalariados con rentas más bajas y precarias condiciones laborales.”

Según Ferreirim, “cada vez tenemos más razones para sumarnos a la Semana Mundial Sin Carne, reducir drásticamente nuestro consumo de carne todo el año y asegurarnos de que la que consumimos proviene de la ganadería ecológica y extensiva”.

Luis Ferreirím

 

Greenpeace denuncia la importación española de carne procedente de la deforestación de la Amazonia

  • Una investigación destapa que el sector ganadero ha deforestado 12.000 hectáreas de selva tropical en el Parque Estatal Ricardo Franco, espacio protegido desde 1997
  • Entre las empresas importadoras de carne en España , se encuentran algunos proveedores de grupos hoteleros como Barceló o Iberostar
  • Greenpeace pide a estos grupos hoteleros que refuercen sus mecanismos de control para no convertirse en cómplices de la deforestación amazónica

Una investigación conjunta de Greenpeace Brasil y Repórter Brasil (1, 2) ha puesto en evidencia los vínculos entre la deforestación producida por la expansión ganadera en el interior de espacios protegidos de Brasil, las exportaciones brasileñas de carne congelada y el consumo de esta carne en los mercados internacionales, incluidos los países de la UE. En el caso de España, algunas empresas importadoras de esta carne congelada, principalmente ubicadas en el archipiélago Canario, presumen de tener entre sus clientes a las grandes cadenas hoteleras como Barceló, Iberostar o N10 Hotels.

La investigación de Greenpeace se centra en el Parque Estatal Ricardo Franco, un espacio protegido de 158.000 hectáreas creado en 1997 en la frontera entre Mato Grosso, en Brasil, y Bolivia. Debido a su alta biodiversidad, el parque fue creado bajo la categoría de “protección integral”. Según el análisis, desde la creación del parque, más de 12.000 hectáreas han sido deforestadas y, en la práctica, el 71% de su área es reclamada por el sector ganadero como propiedad privada. Estas granjas ganaderas dentro del espacio son incompatibles con los objetivos de protección. De las 137 granjas destacan dos de ellas: Paredão I y II, que suman más de 4.000 hectáreas, de las cuales, al menos, 2.000 hectáreas han sido deforestadas ilegalmente. En 2016, los daños ambientales en estas granjas fueron objeto de investigaciones y acciones judiciales por parte de la Oficina del Fiscal del Estado de Mato Grosso.

“El caso del Parque Estatal Ricardo Franco se repite en muchos otros lugares de la Amazonía. El actual repunte de la deforestación en el interior de áreas protegidas y tierras indígenas está directamente relacionado con las declaraciones, políticas y estímulos promovidos por el actual presidente Bolsonaro” ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace España.

La investigación encontró que, entre abril de 2018 y junio de 2019, el ganado de estas dos granjas ( Paredão I y II) fue vendido a otra instalación ganadera del mismo propietario pero ubicada fuera del espacio protegido. Esta granja es un proveedor importante de carne de los principales mataderos de Brasil, JBS, Marfrig y Minerva. Pero estos mataderos solo realizan una evaluación de la última granja por la que pasó el animal antes de su sacrificio, no un monitoreo de todos los proveedores a lo largo de la cadena de suministro, permitiendo, de esta forma, la entrada de animales que pastaban ilegalmente en el citado espacio protegido dentro de la cadena. Este esquema, un verdadero “lavado de ganado ilegal” permite que el ganado pueda ser suministrado a mataderos que se han comprometido públicamente a limpiar sus cadenas de suministro de ganado procedente de áreas afectadas por la deforestación e invasión de áreas protegidas (3).

“La Unión Europea no puede permanecer al margen del enorme impacto ambiental y social de sus cadenas de suministro. El consumo de los europeos provoca cambio climático, pérdida de biodiversidad y violaciones de los derechos humanos.” ha declarado Soto. “Es urgente que la Comisión Europea ponga en marcha la anunciada legislación que impida la entrada en la Unión Europea de materias primas procedentes de la deforestación”.

Datos recientes analizados por Greenpeace Brasil muestran que la destrucción del Amazonas se está acelerando. Durante el pasado mes de mayo, las alertas de deforestación aumentaron un 34% en comparación con el mes anterior. En este momento, cuando Brasil se está convirtiendo en el nuevo epicentro de la COVID-19, el aumento de la deforestación es la peor noticia, especialmente para los pueblos indígenas, que son las comunidades más vulnerables del Amazonas.

Miguel Ángel Soto | Greenpeace

Condenados dos cazadores por matar a un lobo en Ávila

  • El Juzgado de lo Penal nº 1 de Ávila condena a los dos cazadores que mataron un lobo en una cacería en esta provincia en 2015.
  • Ha quedado demostrado que el pasado 29 de noviembre se mató un lobo de manera ilegal, una especie estrictamente protegida, en una montería en Ávila.
  • También se ha demostrado que se permitió participar en una montería a un cazador sin licencia de caza.

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Ávila considera probados los hechos que se denunciaban. Dos varones, uno de ellos sin licencia de armas en aquel momento, participaron en una montería el pasado 29 de noviembre de 2015 en el municipio de Tornadizos (Ávila), desde el puesto número 15 efectuaron disparos contra el menos un ejemplar de lobo ibérico, especie estrictamente protegida en esa provincia, causándole la muerte de manera por tanto ilegal, reconocida por este juzgado.

Se les imputaba un delito contra la fauna y además, a uno de ellos, un delito por tenencia ilícita de armas. Ambas cuestiones han sido claramente demostradas en el juicio, a pesar de la negativa por parte de los acusados y de la “falta de memoria” de los testigos. Existían también pruebas fotográficas del lobo abatido, documentales, genéticas, balísticas y testificales del resto de cazadores participantes en la montería, además de un excelente trabajo de la Guardia Civil de investigación.

Cabe recordar que la Fiscalía de Ávila renunció a ejercer la acusación pública y que gracias a las acusaciones particulares de Ecologistas en Acción, Anadel y Lobo Marley se ha podido llegar a esta sentencia condenatoria ejemplar.

Todas las pruebas e indicios han demostrado los hechos denunciados y, por tanto, el Juzgado de lo Penal nº 1 de Ávila ha condenado a los imputados. Ambas condenas se ajustan a derecho e incluyen la prohibición de cazar durante tres años, indemnización económica y el pago de las costas procesales, y a uno de ellos a seis meses de prisión por tenencia ilícita de armas.

Ecologistas en Acción se felicita por el fallo, la primera sentencia condenatoria por la caza ilegal de un lobo en España. Supone una sentencia histórica para la caza ilegal del lobo. La organización ecologistas espera que sirva de motivación para perseguir este tipo de casos y comience a salir a la luz la grave situación de furtivismo que sufre la especie. Que se suma a la enorme presión que aplica la Junta de Castilla y León con el llamado “control de poblaciones” que ejerce sobre la especie.

A pesar de que la caza ilegal es un problema de primera magnitud para la especie, resulta muy difícil su persecución. Son pocos los casos que se judicializan por la dificultad de recoger pruebas incriminatorias, así como por la escasa atención que se presta a la persecución de este tipo de delitos. Con su actuación en el juicio Ecologistas en Acción quiere dejar palpable la gravedad de dar muerte a una especie protegida como el lobo y que así ayude a prevenir las muertes de lobos en el futuro como medio para recuperar las poblaciones de esta especie amenazada.

Miguel Ángel Hernández

La Covid_19 puede ser una pandemia para la naturaleza

  • WWF lanza la campaña “Recoge el Guante” para concienciar sobre los riesgos para la salud y la naturaleza de guantes y mascarillas
  • La organización pide civismo y la colaboración ciudadana ante un nuevo tsunami de residuos de origen sanitario en los océanos y demanda la urgente aprobación de un plan de gestión de los residuos de protección de la Covid-19

La crisis del coronavirus ha hecho resurgir la utilización de plástico para uso sanitario, alimentación y embalaje, con la intención de reducir contagios y frenar la transmisión del virus, aumentando los residuos en vertederos pero también en las ciudades y en la naturaleza. Por eso, WWF lanza hoy su nueva campaña «Recoge el Guante» que apela a la responsabilidad ciudadana para que depositen los guantes y mascarillas en los contenedores de restos y evitar así que se contaminen nuestros ríos y mares.

En pocos días se han hecho comunes las imágenes de mascarillas o guantes arrojados incívicamente en cualquier lugar, pudiendo contaminar a las personas y llegar al mar a través alcantarillado y arroyos, como ya se ha comprobado en el Mediterráneo y en otros mares del mundo.

WWF teme que a medida que avance la desescalada en todo el mundo, la contaminación aumente ensuciando las playas, provocando la muerte de tortugas y otra fauna marina al confundir los guantes con medusas y otros alimentos, agravando la situación actual en la que  se calcula que 100.000 animales marinos mueren atrapados, asfixiados o envenenados por los plásticos cada año.

Esta nueva ola de plásticos sanitarios empeorará la situación denunciada por WWF en sus informes Una Trampa de Plástico y Stop the Flood The Plastic y terminarán convirtiéndose en microplásticos que pueden llegar al organismo humano. Estos informes también muestran cómo cada año se vierten a la naturaleza 100 millones de toneladas de residuos plásticos y la décima parte va a parar al mar, una cifra que aumentará si no hay una correcta gestión de residuos como los guantes y mascarillas. Un escenario muy preocupante, especialmente ahora que se acerca el verano y la llegada de turismo en plena desescalada, momento en el que la basura marina se incremente hasta en un 40%.

Los datos no pueden ser más alarmantes. Según WWF Italia, aunque solo el 1% de las mascarillas se desechara de forma incorrecta y se dispersara por la naturaleza, provocaría que hasta 10 millones de mascarillas cada mes contaminarán el medio ambiente. Teniendo en cuenta que el peso de cada mascarilla es de aproximadamente 4 gramos, esto daría como resultado la dispersión de más de 40.000 kilos de plástico en la naturaleza. Si a ello le sumamos que una mascarilla quirúrgica puede tardar hasta 400 años en desintegrase,  la situación puede llegar a un punto crítico.

Mientras tanto, la industria del plástico presiona en Europa y todo el mundo para que se paralice la decisión de prohibir para el año 2021 el uso de plásticos de un solo uso. Ante esta situación, WWF advierte que la contaminación por plásticos puede llegar a una situación crítica si no se toman medidas decididas y reclama que no se retroceda ni un paso con los compromisos adoptados para eliminar los plásticos de un solo uso en junio de 2021.

En este sentido WWF da la bienvenida a la Estrategia de Economía Circular y al borrador de anteproyecto de Ley de Residuos aprobado ayer por el Consejo de Ministros y felicita al MITECO por su presentación, ya que mantiene el compromiso temporal para la eliminación de los plásticos de un solo uso y marca una dirección clara contra la economía del derroche y de usar y tirar.

«Necesitamos una verdadera desescalada del plástico. La crisis de la Covid-19 no puede ser una excusa para seguir aumentando la producción de plásticos en el mundo”, afirma Enrique Segovia, director de conservación de WWF España, quien añadió: “Debemos seguir avanzando en la eliminación de los plásticos de un solo uso, acelerando la economía circular y sancionar las conductas incívicas de los ciudadanos».

WWF presenta la campaña Recoge el Guante con consejos prácticos y para concienciar y apelar al civismo y la responsabilidad ciudadana para que depositen sus guantes y mascarillas en los contenedores de restos y en los habilitados para tal fin y que, siempre que sea posible, apuesten por mascarillas reutilizables y reduzcan el uso de guantes, mediante un lavado frecuente de manos como recomiendan las autoridades.

Además WWF está impulsando una petición a nivel global para pedir la adopción de un Acuerdo Global vinculante que obligue a todos los países a prohibir los vertidos de plástico a los océanos para 2030. Para ello, WWF España sigue recogiendo firmas  a través de la campaña #NaturalezaSinPlásticos  y hasta el momento más de 74.000 ciudadanos ya se han sumado a ella.

 

Greenpeace denuncia la destrucción de políticas ambientales post-covid

  • Andalucía, la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid, Galicia, Cataluña Castilla y León, Castilla La Mancha y las Islas Canarias aprovechan el discurso de la reactivación económica post-covid para agilizar paquetes normativos y proyectos que vuelven a buscar en el ladrillo la salida a la crisis, sin suficiente evaluación de impacto ambiental
  • Diversas regiones se plantean modificar la Ley del Suelo, supeditando gravemente el medioambiente al desarrollo urbanístico, como ya pasara en la crisis de 2008
    En Andalucía hay un resurgir del ladrillo con nuevos campos de golf u hoteles de 300 habitaciones en el litoral y en Madrid se podrán desbloquear hasta 2.000 expedientes urbanísticos sin suficiente evaluación ambiental
  • Se recuperan viejos argumentos y políticas del ladrillazo. En plena crisis por el coronavirus, Greenpeace denuncia las diferentes iniciativas en determinadas Comunidades Autónomas que, aprovechando el amparo de la reactivación económica, promueven la destrucción ambiental y suponen un grave retroceso en los avances conseguidos, además de un ejercicio de falta de transparencia y un atentado a la participación pública.

“Con el mar Menor al borde del colapso o con tramos de la costa andaluza urbanizados al 80%, utilizar la crisis económica derivada del Covid19 como fórmula para reactivar el ladrillazo y el empleo precario a corto plazo es un error político cuyas magnitudes ya conocemos de la anterior burbuja inmobiliaria”, ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de biodiversidad en Greenpeace. “La actual pandemia ha evidenciado la necesidad de no subestimar el impacto al daño medioambiental pero parece que nuestros gobernantes no extraen ninguna lección aprendida”.

La organización ecologista ya ha detectado, al menos en ocho CCAA, las siguientes iniciativas:

ANDALUCÍA

El Parlamento de Andalucía convalidaba a principios de abril -con los votos de PP, Cs y Vox- el Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, con el objetivo de reducir la participación pública y eliminar garantías ambientales. Con el argumento de agilizar trámites administrativos para reducir el impacto socioeconómico del Brexit y de la pandemia del coronavirus, la Junta de Andalucía ha modificado 21 leyes y seis decretos a través de una convalidación, con un reducido número de parlamentarios/as a causa de la cuarentena.

La mayoría de estas modificaciones nada tienen que ver con una pretendida simplificación de trámites burocráticos. Muy al contrario, pretenden reeditar el modelo económico imperante durante los años de la burbuja especulativa, que llevó a España a la crisis de 2008, al tiempo que se reduce el papel de la administración pública en la defensa y salvaguarda de la naturaleza y los derechos sociales. Entre otras, se modifica la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para reducir plazos en la tramitación de planes urbanísticos, a pesar de la imposibilidad de la propia Junta de Andalucía de cumplirlos para evaluar informes, con lo que se aprobarán sin las debidas garantías. También, para las licencias de obras menores y de ocupación, basta con una declaración responsable sin licencia de obras.

Andalucía, que es la comunidad autónoma con más costa destruída de toda España, pretende reformar también la Ley del Suelo (1), con el objetivo de dotar a los ayuntamientos de mayor autonomía a la hora de perfilar su modelo urbanístico. La apuesta del gobierno andaluz por la construcción con el fin de activar rápidamente la economía, se traduce en un alarmante florecimiento de proyectos urbanísticos en el litoral (2), como las 2.500 viviendas y un hotel de 300 habitaciones en el valioso Pinar de Barbate (Cádiz) o la construcción de un campo de golf, un hotel de lujo y 680 viviendas en los pocos tramos que quedan sin urbanizar de la costa tropical (entre Nerja y Maro) y que podrían quedar arrasados.

REGIÓN DE MURCIA

Las medidas adoptadas por el Gobierno de la región la pasada semana están centradas y repiten el mismo argumento de “acelerar la reactivación económica de la Región y responder con urgencia al nuevo escenario”.

La aprobación de dos Decretos Ley (Decreto Ley de mitigación del impacto socioeconómico de la Covid-19 en el área de medio ambiente y el Decreto-Ley de mitigación del impacto socioeconómico de la Covid-19 en el área de vivienda e infraestructuras) modifican la Ley del Suelo, la Ley de Puertos y la Ley de Protección Ambiental Integrada. La Ley del Suelo traslada a los Ayuntamientos los planes de ordenación del litoral, fórmula peligrosa en esta época de reactivación económica a toda costa y también les da la última palabra sobre la evaluación ambiental de los nuevos planes de desarrollo. Además, se eliminan la necesidad de una nueva evaluación ambiental para los proyectos de ampliación que no impliquen una superación del 30% de vertidos o el 30% de emisiones a la atmósfera.

Al tramitarse por la vía de urgencia, se han realizado sin transparencia ni participación pública, sin los preceptivos informes jurídicos previos y sin utilizar el procedimiento ordinario en la Asamblea Regional. Los municipios pasan a ser “órganos ambientales” en materia de planeamiento urbanístico, asumiendo la evaluación de los nuevos planes de desarrollo y sus correspondientes proyectos de urbanización (3).

COMUNIDAD DE MADRID

En el primer pleno de la Asamblea de Madrid durante la emergencia del coronavirus, la Presidenta Díaz Ayuso declaraba que, para salir de esta crisis, hay que “liberar suelo” porque “parte de la recuperación vendrá por la construcción” (4). El gobierno regional pretende sustituir las licencias urbanísticas por una declaración responsable en obras menores, para implantar nuevas medidas que agilicen los trámites para la reactivación de la economía tras la crisis sanitaria.

La tramitación de la reforma de la Ley del Suelo se va a hacer por vía urgente para eliminar los “trámites burocráticos innecesarios que dificultan el trabajo del sector, dada la situación actual y los efectos que ha tenido en la economía y en el mercado laboral, e ir avanzando en su recuperación”. De esta forma se eliminan trámites burocráticos y la adecuada vigilancia y participación ambiental y se podrán desbloquear hasta 2.000 expedientes urbanísticos, de forma inmediata, y 32.000 más a medio plazo (5).

GALICIA

Aunque sin modificaciones de leyes o vía decretazo, la Xunta de Galicia ha declarado “esenciales” casi un millar de expedientes pendientes de tramitación. De esta manera, podría reactivarlos, incluso los de elevado impacto ambiental, sin los adecuados canales de participación pública.

Núñez Feijóo lo ha hecho defendiendo sobre el papel que son iniciativas “indispensables” para el “interés público” con el fin de esquivar las restricciones de actividad decretadas por el Gobierno central, aunque lo que ha destacado públicamente es su “gran repercusión económica” por las inversiones millonarias que están en juego (6).

Los 975 proyectos, incluidos en la Orden, son ampliaciones de explotaciones ganaderas y macrogranjas, vertederos, plantas de valorización de residuos, cambios de usos del suelo agrario o forestal, proyectos de parques eólicos, líneas de alta tensión, autorizaciones para aperturas comerciales, etc. y son, en muchos casos, proyectos especialmente sensibles y controvertidos que generan un gran rechazo social.

CATALUÑA

A finales de abril desde la Consellería de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya se anunciaba la “Ley Omnibus Covid 19” para afrontar la pandemia. La propuesta busca, de nuevo, la simplificación administrativa en tramitaciones urbanísticas y ambientales que, según palabras de la Conselleria, “a veces se alargan de manera absurda”. Se habilitará para este proceso incluso el mes de agosto, no habilitado normalmente, para poder hacer las gestiones urbanísticas y avanzar el máximo de expedientes (7). En un principio, se ha destacado que no se simplificarán los contenidos de los procesos de evaluación ambiental. La Ley Ómnibus es una fórmula ya utilizada durante el gobierno de Artur Mas en 2011 (8), con el apoyo del Partido Popular, bajo el argumento de que “el objetivo es que la actividad agraria, industrial, turística, comercial y, en definitiva, todos los sectores que hacen hervir la olla, tengan menos trabas por parte de la Administración“.

Este proceso no está aún claro y aprobado, y la agilización de los trámites podría chocar con el Convenio Europeo de Aarhus, referente a los plazos necesarios para acceder a la información y participación ciudadana en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, como ya ha denunciado la Federació d’Ecologistes de Catalunya (9). La Asociació de Promotors de Catalunya (APCE) estima que, con una venta anual de 25.000 viviendas, se generarían más de 60.000 puestos de trabajo (10). Además, la Ley Omnibus pretende rebajar durante la pandemia las medidas fiscales para enfrentar la emergencia climática. El Conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet (11) remarca la importancia de los impuestos ambientales, pero admite que la situación actual ha forzado al ente público a definirlos.

CASTILLA Y LEÓN

Tambień como ocurre en Andalucía y Murcia, el gobierno de la Junta de Castilla y León ha anunciado la modificación de la Ley de Urbanismo para agilizar las licencias urbanísticas, los trámites administrativos y su simplificacioń con medidas como la declaración responsable en apoyo al sector de la construcción, la obra pública y privada que es clave en el empleo y en la recuperación económica (12).

Aún sin trascender estas medidas, todavía en estudio, la voluntad de la Junta es la de mantener todos los compromisos adquiridos en la construcción “porque son claves en la recuperación y reconstrucción tras el Covid-19” (13).

CASTILLA LA MANCHA

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que el Gobierno regional va a continuar con la estrategia de captación de empresas. Para ello va a proponer dos leyes por tramitación exprés para agilizar los procedimientos económicos y de instalación de empresas y, por otra parte, facilitar los procedimientos urbanísticos (14). El propio García-Page habla de que “son temas delicados cuando se habla de suprimir trámites en el ámbito urbanístico, porque aparecen dudas de todo tipo y ya no digamos si se relacionan con la honestidad” (15), pero aún así, desde la Consejería de Fomento, se trabaja para que, tras el estado de alarma, se reactiven sectores como el de la construcción y que la administración sea un catalizador que agilice expedientes y trámites, entre ellos los urbanísticos, en pos de la generación de empleo y riqueza (16).

ISLAS CANARIAS

Desde la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias se ha anunciado, también la pasada semana, que el Ejecutivo promoverá una modificación puntual de la Ley del Suelo para agilizar inversiones con criterios sostenibles (17). El objetivo es agilizar las inversiones en el sector primario para favorecer su desarrollo sin “abrir una puerta de atrás a proyectos desarrollistas”. Con esta reforma, aún en estudio, se pretenden eliminar obstáculos en las inversiones del sector hotelero y de la construcción desde la “reactivación ecológica”, cuando el modelo turístico actual, basado en el turismo masivo de sol y playa, ha traído a las islas una considerable huella ecológica.

En el archipiélago canario la Ley del Suelo fue reformada en 2017, con la idea de generar una enorme riqueza y empleo para triplicar el número de plazas alojativas (18).

Demandas de Greenpeace

La organización ecologista alertaba hace unas semanas en el informe “De la Gran Recesión a la crisis del COVID-19: Lecciones aprendidas” (19) sobre la importancia de no repetir los daños ambientales que dejó la crisis económica el 2008. Y en esta línea, estas políticas están muy alejadas de cómo debería ser la salida a la crisis. Greenpeace reclama que, respecto al uso del suelo, la construcción y el turismo, hay que recuperar grandes superficies de suelo perdido en el ladrillo y convertirlas en suelo útil para desarrollar modos de vida sostenibles tras la crisis del COVID:

Debe ser prioritario rescatar el uso público del suelo, recuperar los suelos aptos para el cultivo, preservar la tierra, potenciar la biodiversidad, ordenar el uso del territorio desde el convencimiento que el suelo que pisamos es garantía de beneficio económico y defensa para futuras pandemias y nuestra salud.
Preservar los usos sostenibles del territorio, fomentando la soberanía alimentaria como política pública encaminada, única y exclusivamente, a alimentar a la población en condiciones de igualdad y dignidad. Hasta ahora hemos usado el suelo para preservar el mercado de la construcción.
Recuperar la gestión integral de los servicios públicos esenciales: el agua, las energías limpias, los residuos, apostando por la independencia energética y recuperando la cultura del agua.
Blindar el suelo turístico “no edificado”. Eliminar la dependencia del monocultivo hotelero, reduciendo drásticamente el número de nuevas camas, elevando la calidad de los establecimientos que existen en la actualidad. Que los núcleos turísticos tengan áreas de esparcimiento, con dotaciones sanitarias y deportivas suficientes, dotando de seguridad a los destinos y apostando por el transporte público.
Promocionar las obras de reconstrucción, transformación y modificación de la planta turística y de vivienda actual, con todas las garantías ambientales.
Pilar Marcos | Greenpeace España

 

Ecologistas en Acción lanza el documental ‘Las voces del agua’

  • Con motivo de la aprobación en el Congreso de los Diputados de la derogación del trasvase del Ebro, el 21 de abril de 2005, Ecologistas en Acción de Aragón presenta la película ‘Las voces del agua’.
  • El desequilibrio territorial generado por el viejo modelo de gestión del agua ha provocado una injusticia social que todavía está lejos de revertirse.
  • Los testimonios que se escuchan en el documental fundamentan un nuevo modelo de gestión y de gobernanza que haga posible la armonía entre el territorio y las personas.

El 21 de abril de 2005 el Congreso de los Diputados aprobó la derogación del trasvase del Ebro. Para Ecologistas en Acción esta anulación supuso una victoria histórica de las organizaciones ecologistas y sociales que, durante tres años, denunciaron este proyecto, movilizando a cientos de miles de personas contra este trasvase.

Para celebrar este aniversario, Ecologistas en Acción de Aragón lanza el documental Las voces del agua.

La película es una trilogía:

1. «El silencio de los afectados», grabado en el pantano de La Peña.
2. «El engaño del interés social», grabado en Jánovas.
3. «Futuro posible», grabado en el recinto de la EXPO 2008, Zaragoza.

Cada episodio, de unos 15 minutos de duración, puede entenderse como una unidad narrativa o complementarse con los otros para dar una visión más global.

Se ha huido intencionadamente de un modelo de documental cargado de datos para dar importancia a las voces de las personas que viven en la orilla de nuestros ríos y que tradicionalmente han sido las víctimas de un falso discurso de progreso.

El desequilibrio territorial generado por el viejo modelo de gestión del agua ha causado una profunda injusticia social que todavía está lejos de revertirse. En ese sentido, las voces que se escuchan en este documental argumentan un nuevo modelo de gestión y de gobernanza que haga un poco más posible la armonía entre el territorio y las personas.

Ponen voz a esta realidad un amplio colectivo de activistas, con un gran bagaje de trabajo a sus espaldas, que llevan mucho tiempo acercando los principios de la nueva cultura del agua a una realidad que desde la emergencia climática reclama nuevas voces y nuevos diálogos.

El equipo de realización ha sido dirigido por Iván Castell y ha estado formado por Beltrán García y Daniel Haddadin (cámaras); Carlos Estella (sonido); Carlos Estella y Jesús Sampériz (producción ejecutiva).

La música ha sido compuesta para este documental por Borja Cortés, Rafael Rodríguez y Sergio Marqueta-Siibert.

El equipo de la película muestra su agradecimiento por el acompañamiento recibido en «la difícil tarea de distinguir las voces de los ecos».

Carlos Estella y Jesús Sampériz | Ecologistas en Acción

Denunciamos vertidos ilegales de residuos próximos a La Zarza

Lamentamos denunciar el vertido de residuos en zonas campestres del término de Jumilla, en la Pedanía de la Zarza. Como se puede comprobar en la imágenes, estos han sido depositados en una riera que normalmente esta seca, aunque este año por el alto índice de plubiométria aflora el agua.

La concentración de CO2 en la atmósfera sigue creciendo a pesar de las medidas tomadas por la crisis sanitaria

  • La reducción puntual de las emisiones de CO2 no es un alivio para la crisis climática, puesto que la concentración de este gas en la atmósfera sigue creciendo
  • Greenpeace reclama cambios socioeconómicos profundos que impulsen una reducción de las emisiones continuadas hasta alcanzar el cero neto
    Las medidas de estímulo e inversión consecuencia de esta crisis deben contribuir no superar los 1,5 ºC de temperatura global
  • La lucha contra la crisis sanitaria no está contribuyendo a paliar la otra gran crisis a la que se enfrenta el mundo: el cambio climático. Greenpeace alerta de que, pese a la reducción de las emisiones de CO2 en algunos sectores como el transporte y el eléctrico a causa de las medidas tomadas para dar respuesta a la crisis sanitaria causada por el coronavirus, la concentración de CO2 en la atmósfera sigue aumentando.

Según los datos de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos), la concentración de CO2 que se acumula en la atmósfera no ha dejado de crecer desde que empezaron los registros en 1958: la media entre enero y marzo de este año ha alcanzado las 413,89 partes por millón (ppm), frente a las 411,6 ppm del mismo periodo de 2019. Todo ello a pesar de que en China, el mayor emisor de CO2 del mundo y el primero en sufrir las consecuencias de la crisis sanitaria, se estima que las emisiones en febrero se redujeron en torno a un 25%.

“La crisis sanitaria es ahora una prioridad, pero no podemos olvidar la otra gran emergencia: el cambio climático. Ahora se abre una gran oportunidad para afrontar ambas cuestiones al mismo tiempo: la reconstrucción socioeconómica del planeta debe asentarse en actividades e inversiones económicas que, además, contribuyan a no superar 1,5 ºC la temperatura global”, ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña contra el cambio climático de Greenpeace.

Concentraciones medio de CO2 de enero a marzo 2020

Algunos datos sobre la reducción de las emisiones

Ya hay algunas estimaciones sobre la reducción de las emisiones de CO2 en los próximos meses: Alemania podría emitir entre 50 y 120 millones de toneladas menos de CO2 este año por la enorme bajada en la demanda de electricidad; en la ciudad de Nueva York se estima una caída del 5-10% de las emisiones de CO2 y una caída sólida en el metano y, en España la reducción del transporte por carretera se ha estabilizado en el 70% tanto en ámbito interurbano como metropolitano, mientras que el número de vuelos con origen o destino en España ha caído más de un 90%.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha señalado que la demanda de petróleo de este año ha caído por primera vez desde 2009 (en torno a 90.000 barriles de petróleo/día respecto a 2019) debido a la profunda contracción del consumo de petróleo en China y a las importantes perturbaciones en los viajes y el comercio mundiales. Los datos más recientes indican que la demanda de petróleo se ha hundido un 25%, que equivale a casi lo que produce toda la OPEP o como si toda Norteamérica (EEUU, Canadá y Méjico) dejasen de pronto de consumir petróleo de golpe.

Ante estas proyecciones y datos, Greenpeace subraya que, a pesar de todo, las reducciones puntuales en las emisiones no van a paliar la crisis climática, pero sí deberían servir para iniciar los cambios profundos necesarios para reducir las emisiones a cero. “El mundo lleva más de 200 años aumentando las emisiones de CO2 a la atmósfera por una economía basada en los combustibles fósiles. Ahora es el momento de reconvertir nuestro modelo industrial”, ha señalado Nuño.

La organización ecologista recuerda que no debemos repetir los errores de las crisis económicas pasadas y que es necesario pensar a largo plazo, por lo que las medidas de recuperación económica deben fijar el rumbo de la transformación ecológica necesaria para no superar 1,5 ºC las temperaturas globales.

“La crisis por el coronavirus ha irrumpido en un momento de emergencia climática, donde millones de personas se han sumado al movimiento juvenil por la defensa del planeta, al que también hay que dar una respuesta global y coordinada”, ha añadido Nuño.

La comunidad científica insiste en que la próxima década es decisiva para evitar los peores impactos del cambio climático, una lucha que, para Greenpeace, puede y debe ser un motor de la recuperación económica y es la base de la prosperidad a largo plazo. Los gobiernos deben asegurarse de que se abandonan las subvenciones a los combustibles fósiles y que los apoyos e inversiones públicas se destinan a actividades productivas que garantizan la sostenibilidad del planeta. Cualquier iniciativa de rescate debe centrarse en las personas y en el caso de empresas debe condicionarse a criterios sociales y ambientales.

La organización insiste, además, en que el impulso y la financiación en los sectores de las energías renovables, la renovación de edificios energéticamente eficientes, la gestión de la demanda, la movilidad sostenible y la agricultura ecológica serían generadores de empleo y recuerda que, según estimaciones de la OIT, la transición energética facilitaría la creación de 24 millones de nuevos puestos de trabajo en todo el mundo para el año 2030.

Concentraciones de CO2 en la atmósfera entre 1958 y 2019

Tatiana NuñO | Greenpeace