GREENPEACE DENUNCIA QUE EL BANCO SANTANDER SIGA FINANCIANDO LA DEFORESTACIÓN DE LA AMAZONIA

  • La ONG Chain Reaction Research ha señalado a un cliente del Santander como responsable de quemar en agosto de 2021 una zona no autorizada
  • La expansión de la frontera agrícola para el cultivo de soja y la cría de ganado sigue siendo el principal impulsor de los incendios y la deforestación

Tras más de dos años de continuo diálogo con los responsables del Banco Santander sobre sus vínculos con el sector agropecuario en Brasil, Greenpeace España denuncia el fracaso estrepitoso de la estrategia de esta entidad financiera en la lucha contra la deforestación. Como revelan los datos oficiales hechos públicos por el INPE sobre los incendios forestales en lo que va de 2021, la deforestación en Brasil sigue siendo un problema muy grave. (1)

El Banco Santander sigue financiando la destrucción de la biodiversidad y agravando la crisis climática”, ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España. “Detrás de un discurso lleno de buenas intenciones continúa una política de apoyo financiero sin fisuras al sector agropecuario y a las empresas que siguen quemando la selva y expandiendo la frontera agrícola para plantar soja o ampliar los pastos para la ganadería”.

En octubre de 2020 la filial de la entidad en Brasil, Santander Brasil, y la empresa agropecuaria brasileña SLC Agrícola firmaron una operación de crédito verde, un préstamo diferenciado a las empresas que tienen un supuesto comportamiento sostenible. En palabras de los responsables de SLC Agrícola, el acuerdo con el Banco Santander suponía un reconocimiento a sus buenas prácticas en gestión ambiental y responsabilidad social.(2)

Pero el SLC Agrícola es, según la organización Chain Reaction Research, el mayor productor de soja de Brasil y fue en 2020 la principal empresa deforestadora en el bioma del Cerrado. Una investigación conjunta de Unearthed, BIJ, The Guardian e ITV News publicada en noviembre de 2020 había señalado a la empresa SLC Agrícola por incendiar los bosques de el Cerrado para la producción de soja.(3)

Más recientemente, Chain Reaction Research (4) ha vuelto a exponer la responsabilidad de SLC Agrícola en los incendios en Amazonia, en esta ocasión analizando imágenes de satélite de la Fazenda Perdizes (Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso). Según estas fuentes, el 24 de agosto de 2021 se detectaron incendios activos en la finca Fazenda Perdizes, propiedad de SLC Agrícola en asociación con otras empresas. Estos fuegos se encuentran en la parte de Fazenda Perdizes que es propiedad de SLC Agrícola. Un análisis previo realizado por Aidenvironment, socio de Chain Reaction Research, a principios de la temporada de incendios de 2021, detectó otro foco en la propiedad de SLC Agrícola, Fazenda Palmeira (5). El reciente incendio en Fazenda Perdizes muestra las continuas conexiones de la empresa con la quema y desmonte de tierras para su desarrollo y expansión. La Fazenda Perdizes contenía 5.840 ha de reserva legal, área que según el Código Forestal de Brasil debe permanecer intacta y cubierta de vegetación autóctona, no estando permitido un cambio de uso de la tierra. Pero según el análisis de las imágenes de satélite de Chain Reaction Research, los incendios activos detectados el 24 de agosto se estaban produciendo dentro de esta área de reserva legal.

El Santander otorga un crédito verde a SLC Agrícola en 2020 y esta empresa quema una reserva legal en agosto de 2021”, ha añadido Soto. “Esto en la Unión Europea sería inaceptable, pero el Santander trabaja con dobles estándares y sin procesos de diligencia debida”.

El Banco Santander es el principal banco internacional que está detrás de la quema y deforestación de los bosques en Brasil. Según un informe reciente (6), es una de las entidades financieras que sostienen a las tres grandes productoras de carne de Brasil: JBS, Marfrig y Minerva con inversiones estimadas en 1.600 millones de dólares. De manera especial, los vínculos del Banco Santander con JBS son claves a la hora de abordar la lucha contra la destrucción ambiental en Brasil.

JBS es la segunda empresa alimentaria del mundo y la mayor en proteínas animales, con unidades de producción y oficinas en gran parte del mundo (Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y China); y todo tipo de productos cárnicos (aves, cerdo, vacuno y cordero). Hace ya algunas décadas, JBS se había comprometido a limpiar su cadena de suministro de deforestación para 2011. Más tarde, junto con el resto del sector de las materias primas internacional, trasladaron el objetivo a 2020. Ahora JBS ha aplazado nuevamente su compromiso para el año 2025 en Brasil, pero sólo en lo referente a la deforestación “ilegal”. Y aplaza también para 2035 limpiar la deforestación en toda la cadena global de suministro.

“En lugar de poner en práctica una correcta y rigurosa Diligencia Debida, el Santander pretende seguir financiando la deforestación hasta 2025 o 2030”, ha recordado Soto. “El sector de la ganadería industrial es incompatible con un escenario de 1,5 ºC, por lo que el Santander debería retirarse del agronegocio en Brasil, empezando por los principales emisores como JBS, y dirigir sus esfuerzos en sistemas de producción de alimentos que no impulsen la deforestación, el cambio climático y el riesgo de pandemia en el futuro.”

Marta San Román

ASAJA DENUNCIA EL ABANDONO DEL RIO SEGURA EN SU DESEMBOCADURA

Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante pone la voz de alarma en la dejadez y el abandono absoluto del último tramo del río Segura en su desembocadura, donde las cañas y el lodo taponan por completo el tramo viejo del Segura. Los agricultores denuncian que la Confederación Hidrográfica no haya contemplado ni una sola actuación ni presupuesto para el mantenimiento de lo que supone la salida de emergencia natural de las aguas de la Vega Baja y del río, donde desaguan 6 azarbes. Ante la llegada de tiempo inestable en la zona y del calentamiento del agua del Mediterráneo en estos momentos, ASAJA alerta de un desastre humano y material muy grave si se produjese otro episodio como la DANA del 2019 o lluvias torrenciales. 

Cuando se van a cumplir dos años de la fatídica DANA de 2019 que asoló la comarca de la Vega Baja, en la que hubo que lamentar seis pérdidas humanas, desaparecidos e incalculables daños materiales y agrícolas, los agricultores denuncian que no hemos aprendido nada. Y es que, según ha constatado Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante, la Confederación Hidrográfica del río Segura (CHS) no ha llevado a cabo ni una sola actuación en el último tramo en su desembocadura, donde las cañas, la broza y el lodo taponan por completo el ramal viejo, donde desembocan seis azarbes que evacúan toda el agua de la comarca de la Vega Baja, por lo ASAJA alerta de que, si se volviese a producir otro episodio similar de lluvias torrenciales, la desembocadura del río Segura volvería a actuar de tapón, impidiendo el desagüe de las aguas de toda la comarca al mar.

“El tramo viejo del río Segura en su desembocadura supone la salida de emergencia natural de las aguas de la comarca de la Vega Baja del Segura y del propio río y, desgraciadamente, la CHS lo tiene completamente abandonado, las aguas están completamente estancadas y no fluyen hacia el mar. La autoridad competente no ha hecho ni ha contemplado ni una sola actuación ni presupuesto para limpiar y mantener este tramo, por lo que mucho nos tememos que, ante la llegada de lluvias torrenciales o una nueva DANA, como hace pocos días a ocurrido en Castellón, nos estaríamos enfrentando a un nuevo desastre humano y material como el que vivimos en 2019. Es inadmisible que la salida de emergencia del río esté colapsada y no se haga nada. Con la experiencia que tenemos y el calentamiento que tiene en estos momentos el agua del Mediterráneo, lo que implica mayor riesgo de lluvias torrenciales, es inaceptable que no se prevean estas actuaciones que podrían evitar desastres de incalculables pérdidas”, lamenta el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu. 

Inundaciones 2019 en huerta, zona desembocadura

ASAJA Alicante anuncia que si el Ministerio de Medio Ambiente o la CHS no toman medidas urgentes de dragado, limpieza y acondicionado del tramo viejo del Segura en su desembocadura en previsión de evitar un desastre humano y material como el que vivimos en 2019, los agricultores de los distintos pueblos de la comarca organizarán una tractorada y acto de protesta en la zona para denunciar un problema que afecta a una grandísima parte de población, que en estos momentos está taponada, y que no se solventa por dejadez y abandono político.  
 

 

 

GREENPEACE INSISTE EN QUE SE PERSIGA PENALMENTE A QUINES HAN MATADO AL MAR MENOR

Tras los movimientos de las administraciones regionales y estatales de los últimos días y las propuestas que han colocado sobre la mesa, Greenpeace considera positivo el encuentro que se ha mantenido entre la Comunidad Autónoma de Murcia y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para que se pongan por fin a trabajar de forma conjunta y las administraciones avancen en las soluciones. Sin embargo, la ONG reprueba que ese acercamiento no se hiciera ya hace un lustro, cuando se dio el primer episodio de “sopa verde” de 2016, ya que tomando decisiones antes no se hubiera llegado a la situación actual, que se podía haber evitado.

Además, respecto a las soluciones Julio Barea, doctor en Hidrogeología y responsable de la campaña de agua de Greenpeace comenta: “Nos parece un error no seguir el dictamen del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, de la comunidad autónoma, y del Estudio de Impacto Ambiental Vertido Cero, aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Las pautas científicas para salvar la laguna ya están sobre la mesa y pondrían freno al colapso y esperemos que las decisiones no vayan en la línea de salvaguardar los intereses del lobby del agua”.

¿Quién mató al Mar Menor?
Greenpeace lanzaba esta misma semana un informe que señala el trasvase Tajo-Segura como el origen de la muerte de la laguna. Las conclusiones son claras: el exceso de agua, generado principalmente por el aporte de agua a través del trasvase Tajo-Segura, trajo consigo un desarrollo exponencial de la agricultura de regadío intensiva e industrial, basada en agrotóxicos, y su consiguiente contaminación de las aguas, que ha provocado la muerte de la mayor laguna salada de Europa.

“No habrá vertido cero a la laguna y por tanto no habrá solución al problema, sin establecer un trasvase cero a la zona. Salvar la laguna pasa por salvar también a la agricultura tradicional de Murcia y de los pequeños agricultores de la zona”, ha apuntado Julio Barea.

Litigio de Greenpeace
Otro de los frentes en el que la organización ecologista lucha por salvar el Mar Menor es en los tribunales. La organización ecologista se sumaba en 2020, junto a Ecologistas en Acción y ANSE, a la investigación judicial del llamado “Caso Topillo”, que investiga la degradación del Mar Menor por los posibles vertidos agrotóxicos a la laguna. Un caso que nacía en 2017 por la denuncia del por entonces fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo.

En la causa que investiga el Juzgado nº 2 de Instrucción de Murcia, se investiga como posibles responsables de estos hechos a 80 empresas agrícolas, autoridades políticas y funcionarios, que podrían haber incurrido en conductas de prevaricación por omisión en la persecución del delito ambiental

Julio Barea

Un informe de Greenpeace señala el trasvase del Tajo-Segura como el origen de la extrema situación que vive el Mar Menor

  • Los datos demuestran que el trasvase ha sido letal para la cuenca cedente y la receptora y que no habrá vertido cero al Mar Menor sin trasvase cero a la zona
  • La situación podría empeorar más y es necesario que el Gobierno de Murcia y el Gobierno central dejen de pasarse la pelota y tomen medidas
  • Greenpeace es parte de la acusación particular ‘caso Topillo’, que investiga a 80 empresas agrícolas, políticos y funcionarios por los vertidos al Mar Menor

Tras más de 10 días de “sopa verde” en el Mar Menor y en pleno cruce de acusaciones políticas, Greenpeace publica hoy su informe El Mar Menor, una víctima del trasvase Tajo-Segura, que revela cómo el aporte de agua procedente del trasvase Tajo-Segura para regar el Campo de Cartagena ha sido el origen de la muerte de la laguna. Las conclusiones del estudio son claras: el exceso de agua, generado principalmente por el aporte de agua a través del trasvase Tajo-Segura, trajo consigo un desarrollo exponencial de la agricultura de regadío intensiva e industrial, basada en agrotóxicos, y su consiguiente contaminación de las aguas, que ha provocado la muerte de la mayor laguna salada de Europa.

“La ciencia ha hablado y dictaminado: el Mar Menor se muere por culpa del exceso de agua del modelo agrícola intensivo e industrial de la zona. Es inadmisible que tras varios años viendo mortandades masivas de peces, la última esta misma semana, y una degradación evidente de la laguna, las administraciones implicadas en la conservación del Mar Menor sigan discutiendo entre ellas y evitando tomar medidas”, ha declarado Julio Barea, doctor en Hidrogeología y responsable de la campaña de agua de Greenpeace. “Y es inadmisible también la permisividad de la comunidad autónoma, que es la que ha llevado al Mar Menor al borde del colapso, con su connivencia con las grandes empresas agrarias, las responsables de poner una solución definitiva al problema”.

Desde hace más de una semana se llevan recogidas más de 5 toneladas de peces y crustáceos muertos en las orillas del Mar Menor, lo que suma dos toneladas más que las recogidas en el episodio de 2019. Mientras tanto ni el Gobierno de la Región de Murcia (con ley aprobada para salvar el Mar Menor), ni el Gobierno central han tomado medidas reales y efectivas para dar solución al ecocidio de la laguna. Todo lo contrario, han estado realizando acusaciones cruzadas y evitando responsabilidades. La situación de degradación del Mar Menor es tan grave, que existe una investigación judicial, de la que Greenpeace forma parte de la acusación particular desde 2020, conocida como ‘Caso Topillo’.

La muerte anunciada del Mar Menor
Algunos datos exponen con claridad la magnitud del problema (1). El exceso de agua de riego aplicada a la zona es el mal mayor del Mar Menor. A finales de los años 70 ya había un regadío incipiente en el entorno del Mar Menor, pero utilizaba solo el agua subterránea propia de la zona. Al no existir aportaciones externas procedentes del trasvase Tajo-Segura, el agua del Mar Menor era cristalina y sus ecosistemas asociados estaban vivos.

Al inicio de los 80, comienza el trasvase Tajo-Segura. En ese momento la superficie agrícola en las proximidades del Mar Menor era 73 % de secano y el regadío solo representaba el 12,8 %. A finales del primer decenio del presente siglo, el regadío ya se situaba en un 50,24 % del que el 70 % son herbáceos y 20 % cítricos. Entre 1988 y 2009 el regadío pasó de unas 25.150 hectáreas a unas 60.700 hectáreas (Carreño, 2015), esto supone un aumento de casi un 60 %.

A pesar de la discrepancia entre los diferentes estudios existentes, el volumen de aguas subterráneas cargadas de contaminantes que llegan todos los años al Mar Menor es lo suficientemente grave para centrar los esfuerzos técnicos en impedir que lleguen. Esto sería una parte importante de la solución al problema.

Al Mar Menor entran todos los años unos 100 hm3/año procedentes de distintas vías (subterráneas y superficiales), estas escorrentías llevan consigo no menos de 1.000 toneladas de nitratos y 240 toneladas de fosfatos.

En resumen, el exceso de agua y de riego han provocado el arrastre de nitratos y fosfatos al Mar Menor. Todo ello, procedente de los retornos de los regadíos intensivos e industriales asentados en los alrededores de la laguna. El crecimiento sin medida de estos regadíos se ha visto favorecido por el agua procedente del trasvase Tajo-Segura, durante las últimas cuatro décadas, y son los que han llevado al Mar Menor al borde del colapso ambiental.

Por tanto, la solución ambiental de la laguna pasa por entender que un “vertido cero” es, necesariamente, un “trasvase cero”. La solución pasa por reducir el volumen de agua aplicada al sistema y extraer la que ya hay en el acuífero, deprimiendo su nivel piezométrico para que el flujo subterráneo a la laguna sea prácticamente nulo. Y esto debe realizarse a través de los pozos existentes para poder dotar de una red muy amplia de extracción y que el agua pueda ser utilizada por los agricultores tradicionales de la zona y no depender de las mafias del agua.

“No habrá vertido Cero a la laguna y por tanto no habrá solución al problema, sin establecer un trasvase Cero a la zona. Salvar la laguna pasa por salvar también a la agricultura tradicional de Murcia y de los pequeños agricultores de la zona”, concluye Barea.

Demandas de Greenpeace para salvar el Mar Menor:

  • Trasvase Cero desde el río Tajo.Eliminar las hectáreas de regadíos sin derecho a agua, como es la cota 120 que no es zona regable, y reducir drásticamente los regadíos intensivos e industriales.
  • Control de los pozos y desalobradoras en manos de los pequeños agricultores cuando esté construido y operativo el sistema de depuración de agua para que los puedan usar en sustitución del trasvase.
  • No usar dinero público para construir 100 nuevos pozos para extraer agua del acuífero.Emplear los 500-800 pozos existentes en manos de los pequeños agricultores para conectarlos a una completa red con desnitrificación y desalobración en ETAS (estaciones de tratamiento de agua salobre).
  • Reducción de fertilizantes y fitosanitarios en la agricultura.
  • Incentivar la agricultura ecológica y los cultivos de bajo consumo de agua
  • Mejorar la estanqueidad de las balsas de purines y su depuración
  • Reducir los aportes de metales a las ramblas de la Sierra Minera que van al Mar Menor.

Marta San Roman | Greenpeace

EL AYUNTAMIENTO DE PINOSO SANCIONADO POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA CON 3000 EUROS

  • Tras haber recuperado una laguna en la zona de El Rodriguillo, actuación que se comenzó en el año 2017, al parecer, el ayuntamiento de Pinoso decidió quitar una escollera de piedra colocada en el cauce de la Tejera, que actuaba como barrera frente a las aguas residuales. Su retirada provocó la contaminación del cauce anterior de Dominio Público Hidráulico y principalmente, la muerte de la población del Fartet una espacie catalogada en “Peligro de extinción”, según el Catálogo Nacional y Valenciano de especies de fauna amenazadas.
  • Los vecinos informaron al agente de medio ambiente de la contaminación y la Confederación Hidrográfica del Segura ha sancionado al ayuntamiento de Pinoso con 3.000 euros.

LA RECUPERACIÓN

En 2017 se hizo una actuación para la recuperación ambiental de un tramo de cauce de La Tejera en El Rodriguillo. Se sacaron más de 100 bañeras de lodos y toallas, consiguiendo que la antigua laguna volviese a ser lo que era.

Para garantizar que ese tramo, de unos 150 metros incluida la laguna no se contaminara, de nuevo, por aguas residuales y pluviales se colocó una escollera a modo de “filtro y barrera” que funcionó mientras estuvo.

Escollera, Rodriguillo

A partir de aquí, ese espacio se colonizó con el Fartet -especie en peligro de extinción-incluida en el plan de recuperación del Fartet en la Comunidad Valenciana de la Generalitat. También comenzó a poblarse de aves acuáticas como; garzas, gallinetas de agua, ánades reales, entre otros. Junto con invertebrados, como las libélulas, indicadores de la calidad del lugar y del agua.

Además, llegaron a hacerse actividades con los colegios y universidades como ejemplo de una restauración ecológica.

Se da la circunstancia que el área contaminada, será en breve declarada Espacio Natural Protegido e incluido el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana.

QUEJAS

Con la llegada de las buenas temperaturas, los mosquitos también proliferaron por la zona, provocando las quejas de los vecinos. Fue cuando la Concejalía de Medio Ambiente del ayuntamiento de Pinoso, tomó la decisión de retirar la escollera de piedra, al parecer sin informes técnicos que avalaran dicha decisión, como consecuencia de la retirada de la barrera y la llegada de lluvias la aguas residuales y pluviales, invadieron y contaminaron el cauce de la Tejera restaurado provocando la muerte de la población del Fartet y todo lo que vivía en el agua. Ecoactiva ha intentado contactar con responsables de la concejalía de Medio Ambiente del ayuntamiento, sin conseguirlo.

LA DENUNCIA

Los vecinos informaron al Agente Medio Ambiental quien puso la denuncia junto con el guarda de la Confederación Hidrográfica del Segura y ésta última sancionó con 3.000 euros al ayuntamiento de Pinoso

NUEVA ESCOLLERA

Lo anterior ha hecho que la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pinoso haya ordenado colocar, de nuevo, la escollera a modo de barrera y filtro que ya funcionó en la primera actuación y con ello empezar de nuevo con la descontaminación y recuperación de las especies que allí habitaban.

Escollera, Rodriguillo

JB

La grave situación de los incendios forestales en Grecia y Turquía podría darse en España

Los expertos de WWF valoran a escala regional las causas que hay detrás de los incendios que asolan la cuenca mediterránea, donde en estos momentos arden Turquía y Grecia. La organización recuerda que lo que está ocurriendo en estos países podría suceder en cualquier momento en España, ya que nuestros bosques y el territorio en su conjunto están arden. Las predicciones apuntan a que, si no actuamos, lo peor está por llegar, y en los próximos años podríamos asistir a un número creciente de incendios cada vez más severos. Por esa razón, WWF acaba de lanzar una petición de firmas con el objetivo de lograr que nuestros bosques dejen de ser pasto de las llamas.

La cuenca mediterránea se encuentra en estos momentos asediada por el fuego. Grecia y Turquía están cercadas por las llamas, llevando a toda la región a un estado de alerta ante la posibilidad de que se produzcan cada vez más incendios de extrema peligrosidad. En este contexto, la organización acaba de lanzar una petición online de firmas para que la ciudadanía pueda pedir bosques y paisajes más resilientes y mejor preparados ante el impacto de los incendios forestales, agravados por el cambio climático en toda la región.

De hecho, no hay que olvidar que la región mediterránea es una de las zonas con mayor riesgo por el cambio climático a escala mundial, ya que el impacto de la subida de las temperaturas será unas 20 veces mayor que en el resto del Planeta, conforme a datos de un último informe lanzado por la organización.

Lourdes Hernández, experta en incendios forestales de WWF, presenta las causas que hay tras este grave problema: “junto a estas condiciones meteorológicas especialmente adversas (altas temperaturas, sequía extrema, fuertes viento), la alta siniestralidad e intencionalidad, el despoblamiento rural, el abandono de usos tradicionales, la escasa gestión forestal y la ausencia de políticas que gestionen de forma coherente el territorio son el cóctel perfecto para incendios de alta intensidad, simultáneos e imposibles de apagar”.

Por su parte, desde Turquía, donde la situación está siendo dramática y ha supuesto hasta ahora la pérdida de ocho vidas humanas, inciden también en la necesidad de “adaptar” los bosques a este contexto de cambio climático.

Sedat Kalen, director de Conservación de WWF Turquía, analiza la situación en este país: “mientras reducimos rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático, necesitamos aumentar la adaptabilidad de nuestros bosques a las condiciones climáticas cambiantes, como en todas las áreas”. Y continúa con varias medidas preventivas: “Tenemos ante nosotros opciones como aumentar la diversidad de especies en nuestras masas forestales, optar por especies más resistentes a la sequía, proteger el suelo y los recursos hídricos, priorizar los servicios de los ecosistemas en lugar de la producción de madera en el manejo de los bosques”.

También insisten en la prevención desde Grecia, donde apunta Demetres Karavellas, director general de WWF Grecia: «Literalmente estamos ardiendo en Grecia, con temperaturas récord y más de 80 incendios forestales que han estallado en solo 24 horas. La crisis climática es una dura realidad, que nos muestra que los bosques serán cada vez más vulnerables, pero también más valiosos por  los críticos servicios que brindan. Salvar estos bosques requerirá que nos adaptemos y pongamos mucho más énfasis en la prevención de incendios y la gestión forestal activa, en lugar de luchar, a un gran coste, para apagar incendios feroces después de que estos hayan estallado».

WWF desgrana todas las soluciones en su  informe ‘Paisajes cortafuegos’ lanzado este verano, en el que se dan las claves de cómo transformar el territorio para conseguir que sea menos inflamable y evitar el impacto de decenas de miles de incendios forestales cada año.

La organización insiste en que hay que recuperar el paisaje mosaico, de manera que se conjugue un tejido productivo con la conservación de la naturaleza y la lucha contra el cambio climático. Y esto solo se puede lograr si se recuperan los paisajes tradicionales, que son aquellos donde existen pastos con usos ganaderos extensivos, masas forestales bien gestionadas, cultivos extensivos y bosques autóctonos. Y donde se aplican eficaces medidas de autoprotección en las zonas de interfaz urbano-forestal que eviten la pérdida de vidas humanas.

Asimismo, desde WWF, se recuerda la importancia de que el Gobierno central y las comunidades autónomas aprueben una Estrategia Estatal de Gestión Integral de Incendios Forestales. Es necesario que se invierta en prevención social y que se ponga la gestión del territorio en primer plano con el objetivo de promover paisajes cortafuegos, más adaptados para prevenir los incendios forestales.

También remarcan la importancia de reducir la siniestralidad y acabar con la impunidad, aplicando las sanciones y condenas para disuadir a quienes están detrás de los incendios. Por último, es clave acelerar la transición energética hacia un modelo más limpio, eficiente y renovable que permita combatir el cambio climático, el gran amplificador actual de los incendios forestales.

Petición de firmas 

Demanda contra España por los vertidos de la Mina San Finx en Galiza

Después de una docena de preguntas parlamentarias y varias quejas y peticiones en Bruselas, nueve eurodiputados de Los Verdes han lanzado, a propuesta de Ecologistas en Acción, una interpelación mayor a la Comisión Europea para que inicie un procedimiento de infracción contra España por los vertidos con metales pesados procedentes de la mina San Finx, en Galiza. Las consecuencias podrían ser millonarias.

Los vertidos de esta histórica mina de estaño y volframio, propiedad del Grupo Sacyr, se han denunciado repetidamente por parte de ecologistas y colectivos locales ante las instituciones europeas desde 2016 y de forma paralela con acciones judiciales y administrativas en España. Sin embargo, hasta el momento no se ha adoptado medida alguna por parte de las autoridades responsables.

La mina se encuentra a tan solo 7 km del espacio de la Red Natura 2000 “Esteiro do Tambre” y de los bancos de marisqueo de la ría de Noia, lo que ha motivado que el Parlamento lleve a cabo esta acción extraordinaria, ya que apenas tramita 30 interpelaciones al año. En este caso, los vertidos representan una clara vulneración de la directiva marco del agua y la directiva hábitats, pero también es notoria la ausencia de evaluación de impacto ambiental para una actividad con consecuencias sobradamente conocidas.

El negacionismo’ de la Xunta de Galicia

Lejos de abordar el problema, el Gobierno gallego ha optado por negarlo, impidiendo una solución. Los informes del propio funcionariado del departamento de minas aconsejan la suspensión de la actividad minera hasta que un nuevo proyecto haya sido sometido al preceptivo trámite de evaluación ambiental. Sin embargo, la Xunta ha decidido acelerar el proceso para que la mina pueda retomar la actividad en cuestión de meses.

Así lo confirmó la cúpula del ejecutivo gallego en una reunión celebrada el pasado 26 de julio en Santiago con la presencia del vicepresidente segundo, la conselleira de Infraestructuras, la conselleira del Mar y las directoras del departamento de Minas, de Aguas de Galiza y del INTECMAR, organismo responsable por la calidad de los bivalvos.

Ecologistas en Acción denuncia que la Xunta quiere así dar luz verde a una autorización de vertidos que lleva tramitándose con numerosas irregularidades desde 2016 sin adoptar medida alguna para impedir que la contaminación continúe produciéndose. Esto implica la inyección constante de cantidades significativas de cadmio, cobre y zinc al río contiguo a la explotación.

También se pretende librar a la concesionaria minera de sus responsabilidades sobre unas presas de residuos mineros que la Xunta ha intentado hacer pasar por presas con fines hidroeléctricos, lo que les ha valido la imputación a tres funcionarios y altos cargos, entre ellos el anterior director general de minas Ángel Tahoces. Ecologistas en Acción recuerda, además, que la concesionaria minera es propiedad de Valoriza Minería, la misma empresa que está detrás de los polémicos proyectos mineros de Cáceres y Alconchel.

Investigación paralela de la Oficina Europea contra el Fraude

El Parlamento Europeo no es el único frente abierto que tiene la Comisión con la mina San Finx. La Oficina Europea contra el Fraude (OLAF) también ha abierto un caso sobre la propia actuación de la Comisión Europea en relación a esta explotación minera.

De nuevo a instancias de Ecologistas en Acción, la OLAF está determinando si la financiación europea otorgada a Valoriza Minería para hacer ensayos en la mina San Finx –y que ha implicado intensificar los vertidos ilegales–  podría tener implicaciones para los funcionarios de la UE responsables por dichos fondos y conocedores de la falta de permisos ambientales.

Ecologistas en Acción ha denunciado cómo la financiación procedente de los fondos Horizonte 2020 se canalizó para pagar el salario del director de la mina, así como para investigaciones geológicas que se realizaron en plantas supuestamente inundadas de la explotación, pero que se desaguaron por bombeo forzado entre 2016 y 2020 a pesar de no existir autorización de vertidos. La Xunta de Galicia era igualmente conocedora de estos hechos pero tampoco ha actuado y ha permitido que la situación continúe hasta la actualidad.

Cristóbal López, portavoz de Ecologistas en Acción: “El caso de la mina de San Finx es un ejemplo de cómo en el Estado español proliferan las explotaciones mineras que buscan engordar su cuenta de explotación a base de incumplir la regulación. Las administraciones no pueden seguir consintiendo esta situación, deben actuar ante las agresiones al medio ambiente».

Greenpeace denuncia la incoherencia climática por el acuerdo de ampliación de El Prat

Tras el acuerdo cerrado ayer entre el Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya para ampliar el aeropuerto de Barcelona-El Prat, Greenpeace denuncia la falta de compromiso con el clima y el medioambiente mostrada por ambas administraciones al dedicar 1.700 millones de euros para una infraestructura que potencia el uso de combustibles fósiles y que además perjudica notablemente la calidad de vida del área metropolitana.

Con esta decisión, que se suma a la inversión de 1.600 millones para ampliar el aeropuerto de Madrid-Barajas, el Gobierno de Pedro Sánchez demuestra su falta de compromiso en el desarrollo de un modelo de transporte limpio y eficiente. Greenpeace recuerda que el avión es el modo de transporte más contaminante por persona transportada, hasta 20 veces más que el tren.

Ya el pasado 1 de julio, la organización ecologista llevó a cabo una acción en el propio aeropuerto catalán reclamando “Más trenes y menos aviones” para denunciar el impacto ambiental del sector aéreo y reivindicar el ferrocarril como alternativa sostenible y asequible frente al avión y la carretera. Esta petición coincide con la declaración del Año Europeo del Ferrocarril por parte de la Comisión Europea, organismo que denunció el impacto del aeropuerto de El Prat sobre los entornos naturales protegidos del río Llobregat.

“Tanto el Gobierno de España como la Generalitat de Catalunya presumen de su voluntad para luchar contra la emergencia climática mientras acuerdan ampliar aeropuertos, lo que incrementará aún más las emisiones contaminantes”, ha declarado Adrián Fernández, responsable de la campaña de Movilidad de Greenpeace: “La aviación no solo tiene un grave impacto sobre el clima, también perjudica a la población local con más ruido y más contaminación atmosférica y arrasa espacios protegidos por su biodiversidad, como sucede en El Prat”.

Ningún aeropuerto es “verde”
Greenpeace denuncia también las opacas condiciones durante el desarrollo de la ampliación de El Prat. De hecho, en el acuerdo de ayer no se concretan los detalles sobre los trabajos a realizar ni los impactos sobre los espacios protegidos -como la Laguna de La Ricarda- que quedarán pendientes del dictamen de la Comisión Europea. A pesar de ello, no han faltado multitud de referencias al compromiso ambiental durante la presentación del acuerdo.

Ambos Gobiernos saben que están aprobando un ataque medioambiental. Por eso insisten en resaltar las medidas de compensación, a pesar de que AENA todavía no ha cumplido las obligaciones en esta materia fijadas en la Declaración de Impacto de 1998”, ha recordado Fernández, quien también ha respondido a las declaraciones del vicepresidente Puigneró que ha afirmado que El Prat será el aeropuerto más verde de Europa: “Ningún aeropuerto es ‘verde’. El sector aéreo depende al completo de combustibles fósiles y su descarbonización es inviable a corto y medio plazo”.

Para Greenpeace, el acuerdo de ayer no impedirá seguir adelante con las reivindicaciones por un modelo de transporte descarbonizado y compatible con los objetivos del Acuerdo de París. Desde la Plataforma ZeroPort, de la que Greenpeace forma parte, se ha convocado una gran movilización ciudadana para el próximo 19 de septiembre, antes de que el Consejo de Ministros otorgue luz verde a los planes de AENA.

 

El 29 de julio el Planeta entra en números rojos

Planeta Tierra, 28 de julio de 2021- El jueves 29 de julio es el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, el día en que nuestro planeta entra en números rojos. Esto significa que, en lo que llevamos de año, la humanidad ha consumido ya los recursos naturales disponibles para todo el año. Es decir, en 210 días el ser humano ha terminado con el capital natural disponible para 365 días, excediendo en un 74 % la capacidad de los ecosistemas para regenerar los recursos naturales. La tregua que ofreció la pandemia durante 2020 ha terminado. Volvemos a los límites de insostenibilidad de 2019, demandando los recursos que ofrecerían 1,7 planetas Tierra.

Según WWF, parece que no hemos aprendido nada de la difícil situación socio-sanitaria que seguimos atravesando. El modelo post-pandémico de producción y consumo que estamos impulsando sigue los mismos parámetros de insostenibilidad de los últimos 70 años, un modelo que está poniendo al límite la capacidad regenerativa de nuestro planeta.

En un contexto de emergencia climática y destrucción de naturaleza sin precedentes, es urgente promover una recuperación económica sostenible, que respete los límites del planeta y reduzca la huella ecológica de la humanidad.

El Día de la Sobrecapacidad marca la fecha en la que la demanda de recursos y servicios ecológicos en un año concreto excede lo que la Tierra puede regenerar en ese año.

Este día es calculado por la Red de la Huella Global, analizando la evolución mundial de dos parámetros, la biocapacidad (o capacidad de regeneración biológica) y la huella ecológica (nuestra demanda de recursos). En términos económicos, sería como agotar el saldo disponible y entrar en números rojos. España agotó el presupuesto ecológico anual el pasado 25 de mayo. Si todo el mundo consumiera al ritmo de nuestro país, serían necesarios 2,5 planetas.

Se estima que desde el 1 de enero de este año se ha producido un aumento del 6,6 % en la huella ecológica global en comparación con 2020. A pesar de que la pandemia mundial de la Covid-19 provocó en 2020 una disminución notable de las emisiones de CO2, aumentaron de nuevo durante la segunda mitad de 2020, estimando un aumento del 6,6% en la huella de carbono para 2021, en comparación con el año anterior. Asimismo, otro cambio destacable ha sido el efecto de la deforestación y degradación del Amazonas en la biocapacidad forestal mundial, que ha disminuido una media del 0,5 %.

Para Enrique Segovia, director de conservación de WWF España, “Este Día de la Sobrecapacidad nos recuerda que el modelo actual de producción y consumo es una de las principales causas de la crisis climática y la destrucción de la naturaleza». Y concluye: «Es hora de que los líderes mundiales aborden con urgencia y valentía las medidas necesarias para revertir la situación, empezando por la ambición climática que puede ofrecer la COP26 de Glasgow y los nuevos objetivos que deben salir de la próxima cumbre de biodiversidad de Kunming”.

Más de 100 organizaciones reclaman al Gobierno cancelar las ampliaciones de los aeropuertos de Madrid y Barcelona

Un total de 120 organizaciones sociales, vecinales y ecologistas, representantes de cientos de entidades de todo tipo han reclamado al Gobierno de España que paralice los proyectos de ampliación de los aeropuertos de Adolfo Suárez – Madrid Barajas y Josep Tarradellas – Barcelona El Prat. Mediante esta demanda, los colectivos responden a la intensa campaña de presión que está realizando el gestor aeroportuario AENA para obtener apoyos en diferentes ámbitos, sin ningún proyecto presentado públicamente y con total ausencia de justificación técnica, social, ambiental, económica, financiera y presupuestaria. La decisión final sobre el futuro de dichos planes de expansión, con un coste inicial de unos 3.400 millones de euros y cuyas obras no darían comienzo hasta 2025, deberá darse a conocer por el Gobierno en el próximo Consejo de Ministros del 30 de septiembre.

Para las organizaciones los proyectos de ampliación de los aeropuertos de Madrid y Barcelona -no son los únicos previstos en la geografía española- constituyen dos ejemplos claros de una política de transporte centrada casi exclusivamente en la construcción de grandes infraestructuras en favor de los medios más contaminantes, como el avión. Esta visión de la movilidad promovida por el Gobierno se sitúa en el extremo opuesto al modelo hacia el que necesitamos transitar en el contexto de emergencia climática en el que nos encontramos. Un modelo orientado al fomento de los modos de transporte más eficientes energéticamente y con menores emisiones, y en el que las inversiones prioricen las necesidades de desplazamiento del conjunto de la población y no la rentabilidad económica de unos pocos operadores económicos.

Teniendo en cuenta lo anterior, las más de 100 organizaciones firmantes han manifestado su oposición a los mencionados proyectos de ampliación de aeropuertos y han reclamado su cancelación tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas y municipios implicados, por las siguientes razones:

1. Impactos climáticos y ambientales. Europa ha acordado reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en, al menos, un 55 % de aquí a 2030, respecto a los niveles de 1990. La aviación constituye, con gran diferencia, el medio de transporte que genera más emisiones de GEI por pasajero transportado. En 2019, el aeropuerto de Barcelona – El Prat generó 8,4 millones de toneladas de CO2, más del doble de todas las emisiones derivadas del consumo de energía de la ciudad. Teniendo en cuenta la ampliación de capacidad prevista -de 55 a 70 millones de pasajeros al año-, las emisiones podrían llegar a aumentar, como mínimo, un 33 % según un Informe reciente de la Agencia de Desarrollo Urbano de Barcelona. De igual manera, el aumento de la capacidad de Madrid – Barajas (de 70 a 80 millones) supondría un aumento exponencial de las emisiones. Algo totalmente incompatible con los compromisos europeos y con la legislación ambiental de ámbito tanto estatal como autonómica.

Por otro lado, la ampliación de infraestructuras aeroportuarias incide muy negativamente en los ecosistemas y la fauna del entorno. Esto es especialmente preocupante en el caso de Barcelona – El Prat, ya que la ampliación del aeropuerto está prevista en la zona de La Ricarda, un espacio protegido por la Red Natura 2000. La ampliación de la tercera pista pondría, además, en peligro el sistema de acuíferos que garantiza el consumo de agua potable del área metropolitana y el buen estado de los espacios naturales y agrarios del Delta del Llobregat. Cabe recordar, además, que el pasado mes de febrero la Comisión Europea abrió un procedimiento contra el Estado Español por la negligencia en la protección del delta, y ha pedido explicaciones tanto al Gobierno como a la Generalitat sobre las acciones que están desarrollando para preservar la zona. A día de hoy, AENA todavía no ha cumplido con las acciones de compensación ambiental comprometidas en la anterior ampliación del aeropuerto, fijadas en la declaración de impacto ambiental de 1998 y las vuelve a presentar como si fueran nuevas en esta nueva ampliación, afectando al espacio agrícola y evadiendo otros impactos como el aumento de emisiones.

2. Impactos sociosanitarios en la población. A pesar de ser frecuentemente invisibilizados, el transporte aéreo y la actividad aeroportuariason una importante fuente de partículas ultrafinas, hollín y ruido, entre otros. Numerosos estudios han demostrado cómo la población cercana a los aeropuertos tiene una mayor probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, discapacidad auditiva, alteraciones del sueño o deterioro del rendimiento cognitivo.

3. Proyectos especulativos en contra del interés general. En el escenario de crisis de la aviación, energética y contracción económica, las inversiones presentadas con un coste de aproximadamente 3.400 millones de euros, representan una operación especulativa que fundamentalmente favorece a constructoras y bancos, así como al accionariado privado de AENA (49 %), donde participan algunos de los mayores fondos de inversión mundial.

En este sentido, teniendo en cuenta las inciertas perspectivas de recuperación del tráfico aéreo a nivel global y de caída de la producción mundial del petróleo, del que la aviación seguirá siendo dependiente en el medio y largo plazo, presentar inversiones de crecimiento de infraestructuras aeroportuarias sólo puede entenderse como una maniobra para ocultar la profunda crisis financiera de AENA.

Estos proyectos responden asimismo a los intereses de los grandes capitales inmobiliarios y del turismo masivo, que tratan de obtener réditos a corto plazo en la crisis global actual. Un modelo que está en el origen del aumento de desigualdades, la expulsión habitacional, la destrucción del comercio de proximidad de los barrios, la precarización y explotación laboral, la contaminación del aire y sonora, el aumento exponencial en las emisiones de CO2 y la pérdida de espacios agrarios y naturales.

Por todo ello, las organizaciones y colectivos firmantes reclamamos al Gobierno:

La paralización indefinida de cualquier ampliación de infraestructuras aeroportuarias y planes de crecimiento de la aviación (tanto ampliación de pistas, como nuevas terminales y nuevas conexiones ferroviarias entre aeropuertos) así como los proyectos inmobiliarios asociados de ciudades aeroportuarias, un modelo que favorece a grandes capitales a costa de la población y del planeta.
La puesta en marcha de un plan de redimensionamiento de AENA que incluya el cierre de aeropuertos ya deficitarios antes de la pandemia y la eliminación de los vuelos en trayectos cortos que tengan alternativa ferroviaria, con el objetivo de evitar la socialización de las pérdidas de la compañía a cargo del erario público y el cumplimiento de los objetivos climáticos.
Su responsabilización en la gestión de las políticas de transporte en aras al interés general, dejando a un lado los intereses privados de entes como AENA.
La inversión del dinero de todas en medidas de protección de los servicios públicos y de aquellos sectores esenciales más vulnerables, como el del transporte, condicionando dichas inversiones a criterios de sostenibilidad.

La redefinición de su actual política de transporte, con el objetivo de construir un modelo de movilidad justo, sostenible y resiliente que satisfaga las necesidades del conjunto de la población y respete los límites del planeta, dedicando las inversiones hacia aquellos modos más justos social y ambientalmente, como el ferrocarril.
Organizaciones firmantes

Amigos de la Tierra
Ecologistas en Acción
Greenpeace España
SEO Birdlife
WWF España
Zeroport
Extinction Rebellion España
CIDES (Centro de Iniciativas de Desarrollo Ecosocial)
Asociación Española de Educación Ambiental
Fundación Renovables
Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona FAVB
Marea blanca Catalunya
Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global
Xarxa d’Economia Solidària
Girona Pel Clima
Acció Ecofeminista
Rebel·lió o Extinció Girona
Justicia Alimentaria
Ecologistes en Acció de Catalunya
Extinction Rebellion Málaga
Assemblea de la Bici Sant Cugat
Revo Prosperidad Sostenible
Fridays for Future Barcelona
Ecologistas en Acción La Rioja
EcoGIRA
La horda
Comuns Verds de Sitges
Hort Fortalesa
Voltes cooperativa d arquitectura sccl
Joves Ecosocialistes
Comuns Verds de Sitges
Anticapitalistes
Alternativa Verda
Observatori del Deute en la Globalització
SCI Catalunya
Dia de la Terra
Arran de terra
Grup Ecolologista del nucli antic de Barcelona
No Més Blocs-Salvem L’H
Associació de veïns La Barceloneta
ClimAcció
Ecologistas en Acción Guadalajara
Col·lectiu El Tinglado
Alternativa d’Esquerres de l’Hospitalet
Coordinadora Obrera Sindical
Consell de la Joventut de Barcelona
Asociación Animal Latitude
Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres
Asociación Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte
SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet
Fundació Goteo
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
Partit Comunista dels Comitès Catalans
ConBici
Fundació Roca Galès
Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES)
Lliga per la defensa del patrimoni natural – DEPANA
Attac-Catalunya
Associació NOVACT
Marea Roja Alacant
ConBici
Asamblea Popular de Fuerteventura
AVV Clot-Camp de l’Arpa
Ecologistas en Acción Sierras de Madrid
Salvem l’entorn de la Colònia Güell
Acció x Santa Coloma de Cervelló
CIDES
Asociación Pedalibre Madrid
Ecologistas en Acción de Aranjuez
Stop Massificació L’H Cosme Toda
Colectivo Ciudadano de Urbanismo Corazón Verde de Chamberí
Intersindical Valenciana
Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
Transductores
Fridays for future Manresa
Coordinación Baladre
Fem Sant Antoni
Asociación Familiar Alonso de Ojeda – Madrid
Naturalistes de Gelida
La Casa Blava
Pierre Rolle
Energetix Poble-sec
Extinction Rebellion Madrid
Extinction Rebellion Murcia
Club de Debates Urbanos Madrid
Xarxa per la Justícia Climàtica
Fridays For Future Barcelona
Ecologistas en Acción de Pinto
Asociación Acción Clima
Compañía de las 3Rs (Reducir, Reutilizar, Reciclar)
Scientists for Future (S4F)
La Hidra Cooperativa
Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic
ADENC-EdC
Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans
GOB Mallorca
PTP (Associació per a la Promoció del Transport Públic)
Associació Culinària de Pinyol Vermell
Observatorio Independiente de DD HH y Salud Mental Madrid
Flipas-GAM Madrid.
Fundación Mobilitat Sostenible i Segura
Extinction Rebellion Barcelona
Sindicat CTGE (Col·lectiu de Treballadores Grup E)
Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient del Garraf (APMA-EdC)
Plataforma salvatusarboles
Eco-union
Asturies Pol Clima
Ecoloxistes n’Aicion d’Asturies
Coordinadora Ecoloxista d’Asturies
Fundación Mobilitat Sostenible I Segura
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
Ni un Pam de Terra
Asociación Vecinal Jarama
Comitè de Solidaritat amb Amèrica Central del Prat
La Garbancita Ecológica S. Coop. Mad.
Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE)

Organizaciones internacionales firmantes

Stay Grounded (global)
Transport&Environment (UE)
Climáximo (PT)
Aterra (PT)