Ecologistas en Acción presenta las 48 banderas negras por contaminación y mala gestión del litoral

Un año más, tras un análisis de los aproximadamente 8.000 kilómetros de las costas del Estado español,  Ecologistas en Acción ha presentado el informe Banderas Negras 2022. Se trata de un estudio que recopila las 48 banderas que la organización ecologista otorga a puntos concretos del litoral español, dos por provincia y dos por cada ciudad autónoma. De esta forma, se denuncia un caso de contaminación y otro de mala gestión ambiental en cada uno de estos lugares.

Este año se han recogido problemáticas muy similares a las de ediciones anteriores. El número de Banderas Negras otorgadas en función de su naturaleza, son los siguientes:

Afecciones a la biodiversidad (5 banderas negras).

Erosión de las costas (3).

Acumulación de basuras marinas (3).

Dragados y ampliaciones portuarias sin justificación (4).

Afecciones a consecuencia del desarrollo de zonas industriales próximas a la costa (4).

Urbanización de la costa, a veces incluso invadiendo el dominio público marítimo-terrestre (10).

Vertidos, deficiencias en los sistemas de saneamiento y graves problemas de depuración (14).

“Otras”, como acuicultura o contaminación química (4).Cabe destacar que, por primera vez en la historia de este informe, que empezó a elaborarse en 2005, se ha otorgado una Bandera Negra al impacto de los filtros solares que llevan las cremas de protección solar y que constituyen un importante agente contaminante. En concreto, el informe recoge el ejemplo de Nerja (Málaga) donde la masificación turística se suma a las características concretas de las calas del Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, con playas semiconfinadas, es decir, con poca hidrodinámica. Esta combinación supone que el impacto de los filtros solares constituyan un importante peligro para la biodiversidad protegida de este paraje natural. Las cremas solares pueden contener sustancias como los disruptores endocrinos, entre otras, que no solo afectan a la salud de los seres humanos si no también la de mares, ríos o lagos.

Ecologistas en Acción señala que, ante todos estos atentados ecológicos que crecen en número cada año, también aumentan los movimientos vecinales de rechazo que cada vez están más concienciados con la salud de los ecosistemas terrestres, costeros y marinos. Sin embargo, y a pesar de la presión y movilización popular de asociaciones, ONG y comunidades vecinales, las administraciones hacen oídos sordos y actúan tan lentamente que los cambios apenas son apreciables.

Por suerte, según afirma la organización ecologista, no siempre ocurre esto y existen algunos casos de mejoras que se han logrado gracias a la movilización ciudadana y a informes como el de Banderas Negras.  Tres ejemplos de ello son la nueva depuradora de Barbate (Cádiz); el arreglo del emisario de Roquetas de Mar (Almería) y la ampliación de la depuradora para incluir el tratamiento terciario y aprovechar el agua regenerada; o  las iniciativas políticas, administrativas y judiciales espoleadas por la presión social llevadas a cabo en el Mar Menor (Murcia).

Estos tres ejemplos se incluyeron en informes de Banderas Negras de años anteriores y sus problemáticas ya se han solucionado, al menos en los dos primeros casos. En el caso del Mar Menor,  aunque se están observando algunas mejoras a consecuencia de la presión social, aún queda mucho por hacer. Por ese motivo, sigue recibiendo una Bandera Negra.

Ana Aldarias, portavoz de Ecologistas en Acción, ha declarado: “Celebramos y nos alegramos de estas mejoras, pero tenemos que hacer hincapié en que son actuaciones que entran dentro de los deberes, competencias y obligaciones de las administraciones, y que todavía queda mucho por hacer”.

Cristóbal López Pazo, también portavoz de la organización ecologista, ha añadido: “El informe Banderas Negras 2022 es una herramienta para visibilizar casos flagrantes de contaminación y mala gestión ambiental de nuestras costas. Todas las administraciones tienen que tomar conciencia de estos problemas y actuar de manera inmediata para mejorar la salud de nuestros ecosistemas, de nuestras economías y de las propias personas”.

Las aerolíneas europeas siguen sin tomar medidas suficientes para combatir su impacto climático

  • A pesar de las crecientes campañas de ‘greenwashing’ en el sector aéreo, en 2019 los combustibles sostenibles apenas supusieron el 0,1 % del total consumido
  • La falta de una regulación estricta en la UE permite que las aerolíneas no se responsabilicen lo suficiente en temas climáticos, a pesar de haber recibido más de 30.000 millones en rescates y ayudas post-covid

Los siete grandes grupos de aerolíneas europeas están fallando a la hora de reducir sus emisiones de CO2 en línea con el Acuerdo de París, según un nuevo informe encargado por Greenpeace. Las compañías aéreas tendrían que reducir los vuelos al menos un 2 % anual para contribuir a mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 ℃. Sin embargo, ninguna de las compañías analizadas dispone de objetivos de reducción anuales para sus emisiones de gases de efecto invernadero, ni se han comprometido a reducir vuelos, ni prometen su completa descarbonización para 2040.

Resumen del informe AQUÍ

El informe concluye que cuando las aerolíneas afirman que van a reducir sus emisiones en el futuro, lo hacen con poca o ninguna base. Firmas como Lufthansa, Air France-KLM, IAG (que incluye a Iberia y British Airways), Ryanair, easyJet, SAS y TAP Air Portugal prometen que en un futuro van a reducir sus emisiones, pero se basan en soluciones falsas o ineficaces para la descarbonización, como la compensación de emisiones o los denominados Combustibles Sostenibles para Aviación (SAF, por sus siglas en inglés). Solo tres de los grandes grupos aéreos europeos se compromete a reducir sus emisiones de GEI a corto plazo en los próximos cinco años. En 2019, estas siete aerolíneas fueron responsables de 170 millones de toneladas de GEU, el equivalente a más de la mitad de las emisiones de toda España en un año.

«La aviación es el medio de transporte más dañino por pasajero/kilómetro y la fuente de emisiones en el transporte que más rápido está creciendo en Europa. Sin embargo, la regulación actual no exige a las aerolíneas que reduzcan sus vuelos y se descarbonicen de verdad», ha declarado Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace. «El sector aéreo se beneficia de numerosas exenciones fiscales y ha recibido más de 30.000 millones en rescates post-Covid. Por eso demandamos a la UE que acabe con los privilegios de las aerolíneas y coloque al sector aéreo en línea con el objetivo de 1,5 ºC, comenzando con la prohibición de vuelos cortos y una reducción de los vuelos de negocios cuando tengan trayectos equivalentes en tren», añadió Fernández.

Cinco de las siete compañías usan lo que se ha dado en llamar combustible sostenible de aviación (SAF, por las siglas en inglés de Sustainable Aviation Fuel). Son nuevas formulaciones de carburante para motores a reacción. No obstante, el uso de SAF a partir de biomasa puede ser muy problemático por su relación con la destrucción del medio ambiente y la escasez de alimentos: así que no puede considerarse una estrategia adecuada para reducir las emisiones de GEI de las compañías aéreas.

En cualquier caso, antes de la pandemia el uso de SAF solo alcanza el 0,1 % de su consumo total anual de combustible de aviación, como máximo. La Agencia Internacional de Energía (AIE) prevé que para 2040 el SAF representará el 19 % de los carburantes que usen las aerolíneas, mientras que el 81 % restante seguirá siendo queroseno de origen fósil. Está claro que esta predicción respecto al SAF no es lo bastante ambiciosa como para que la aviación se ajuste al Acuerdo de París.

En lugar de reducir su impacto, las aerolíneas apuestan por lograr la «neutralidad climática» a través de la compensación de emisiones. Se trata de un mecanismo basado en la idea de que, si contaminas, en lugar de reducir tus propias emisiones puedes seguir emitiendo CO2 y «compensarlo» pagando a un tercero para que, con suerte, las reduzca en el futuro. Sin embargo, las investigaciones demuestran que solo un 2% de dichos proyectos resultó en una reducción real de emisiones.

A pesar de estas cifras, en el informe encargado por Greenpeace se pueden encontrar muchos ejemplos de greenwashing en el sector de la aviación: desde comunicación engañosa y el patrocinio de iniciativas respetuosas con el clima), hasta la promoción de soluciones falsas o insuficientes para hacer frente a sus deficiencias medioambientales y sociales. Existe una enorme discrepancia entre los auténticos planes de las aerolíneas para reducir emisiones, que carecen de credibilidad, y el uso que hacen de las relaciones públicas para proyectar una imagen más «verde».

Sobre el análisis realizado

Este análisis ha sido elaborado por el instituto de investigación Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (Observatorio RSC) con el objetivo de realizar un análisis crítico del sector aéreo europeo, comparando su situación antes y después de que dicho sector recibiese los fondos de apoyo relacionados con el covid. En el documento se recogen los resultados de dicha investigación sobre la responsabilidad, compromiso y resultados medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG) de los siete grupos aéreos más grandes según ingresos en 2019: Lufthansa, Air France-KLM, International Airlines Group (IAG), Ryanair, easyJet, SAS y TAP Air Portugal.

Dado que las compañías aéreas cada vez reciben más presión relacionada con el daño que causan al clima, se ha puesto especial atención en analizar cómo de creíble es el compromiso contra el cambio climático de las empresas aéreas. Después de recibir considerables ayudas gubernamentales para paliar los efectos del covid, este informe también detalla hasta qué punto los rescates y préstamos han supuesto

Dos años después del inicio de la pandemia de covid-19 y de recibir más de 30.000 millones de euros en ayudas de los gobiernos, las grandes compañías aéreas han fallado a la hora de comprometerse a reducir su impacto climático, realizar mejoras medioambientales, más transparencia o condiciones de trabajo más justas.

Greenpeace bloquea el acceso principal a la sede de El Pozo en Murcia

  • La organización demanda a El Pozo que no abra nuevas explotaciones ganaderas y que apoye públicamente una moratoria a la ganadería industrial
  • Los activistas han desplegado pancartas con los mensajes: El Pozo contamina, #MacrogranjasNO y moratoria ¡YA!

Más de una veintena de activistas de Greenpeace han irrumpido hoy en la sede central que la empresa El Pozo tiene en Alhama de Murcia para exigir que la empresa apoye públicamente una moratoria a la ganadería industrial. La organización ha tuneado uno de sus murales principales donde se leía “El Pozo por el medio ambiente” y ahora se puede leer: “El Pozo mata el medioambiente”, ya que es la empresa cárnica con las macrogranjas más contaminantes de España.

Con mensajes como #MacrogranjasNO, moratoria ¡YA!, activistas y escaladores de la organización han “tomado” distintas zonas de las instalaciones, para poner en evidencia la empresa que en España más se está beneficiando del destructivo negocio de las macrogranjas. Asimismo, han solicitado una reunión para pedir a esta empresa que no abra nuevas macrogranjas – ni amplíe las existentes- y que desarrolle un plan de reducción del número de animales explotados, como única forma eficaz de reducir el brutal impacto ambiental de la marca.

“Antes de venir, hemos pedido información a la empresa sobre sus medidas de protección ambiental y su respuesta es irrisoria. No podemos permitir que empresarios como el Sr. Fuertes, que factura más de mil millones de euros al año, se hagan multimillonarios a costa de envenenar el agua y comprometer la salud del planeta”, explica Luís Ferreirim, responsable de la campaña de agricultura y ganadería de Greenpeace España. “Entendemos que esta instalación da trabajo, y respetamos a la plantilla, pero la única verdad es que cada vez hay menos ganaderos en el país, porque todo queda en manos de menos familias que crían ingentes cantidades de animales para alimentar el negocio de unos pocos”.

Según la propia empresa manifestaba en 2018, sus líneas de producción procesan un millón y medio de kilos de carne al día, lo que supone un daño ambiental insostenible. Solo esta empresa facturó 1.278.781.337€ en 2020 siendo la empresa cárnica que más facturó este año. Según aseguraba la familia Fuertes en 2018, se encuentran entre las 40 empresas más ricas de España y entre los 25 principales productores cárnicos del mundo.

CEFU, S.A., la rama productiva del Grupo Fuertes, según ha podido averiguar Greenpeace a través de las autorizaciones ambientales integradas, cuenta con 29 explotaciones propias, tres en Andalucía, 12 en la Región de Murcia y 14 en Castilla La Mancha, además de cerca de 700 integradas, según información de la propia empresa.

España no es precisamente un país al que le sobre el agua y la ciencia ha advertido que cada vez tendremos menos. Sin embargo, empresas como El Pozo, lejos de respetar este recurso vital, lo están contaminando irreversiblemente, exponiendo también a toda la población a un grave riesgo sanitario. Por otro lado, según los últimos datos del MITERD, el sector agrícola fue el único que incrementó sus emisiones en 2020 y es ya el tercero que más contribuye a la crisis climática, en gran medida debido al incremento de las emisiones del sector ganadero. Cabe destacar que el sector agrícola es el responsable del 63% de las emisiones totales de metano y la ganadería del 98% de estas.

El número de cerdos en el país no para de crecer. En 2020 ya sobrepasaban los 32 millones, con un brutal crecimiento del 21,5% en sólo cinco años. Curiosamente, el propio Gobierno reconoce que la contaminación media por nitratos aumentaba un 51,5% en ese periodo, solo entre 2016 y 2019. La situación ha llegado a tal punto que la Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de la Directiva de Nitratos, lo que podría terminar en una multa millonaria, que pagará la ciudadanía y no los que contaminan como El Pozo y compañía.

“La connivencia entre empresas y administraciones nos deja a todas las personas vendidas, en una situación de total indefensión. Ante la falta de controles, la semana pasada, Greenpeace lanzaba un informe recopilando las mediciones voluntarias de nitratos elaboradas por entidades de todo el país y los datos son demoledores: más de la mitad de las aguas subterráneas analizadas por la Red Ciudadana de Vigilancia están contaminadas por nitratos. Hacen falta medidas valientes, contundentes y que se adopten con carácter de urgencia”.

Entre esas medidas, Greenpeace reclama:

  • Establecer de inmediato una moratoria a la ganadería industrial de, al menos, cinco años: ni explotaciones nuevas ni ampliaciones de las existentes
  • Desarrollar un plan para la reducción progresiva de la cabaña ganadera en intensivo hasta alcanzar un 50% menos en 2030
  • Fomentar y adoptar la “dieta de salud planetaria” que lleve a una reducción drástica del consumo de carne hasta alcanzar un máximo semanal de 300 gramos a la semana por persona, así como de los demás alimentos de origen animal

No es la primera vez que Greenpeace pide a la empresa, como cabeza del sector de la ganadería industrial contaminante, que reduzca su impacto ambiental -se hizo anteriormente en Hellín (Albacete) y en Castilléjar (Granada)- sin que la empresa haya mostrado el menor interés de mejora. La organización seguirá trabajando para conseguir una moratoria que suponga el fin de la destructiva ganadería industrial.

“No podemos permitir que empresas como El Pozo sigan extendiendo sus tentáculos por todo el territorio español. En un contexto de crisis ambiental planetaria urge, más que nunca, una moratoria a la ganadería industrial. Además, la ciudadanía podemos actuar con nuestra alimentación, reduciendo el consumo de carne y apartando de nuestro plato los productos que provienen de macrogranjas”, concluye Ferreirim.

Luís Ferreirim | Greenpeace España

Organizaciones ambientalistas rechazan la Proposición de Ley presentada por el PP para desproteger y cazar al lobo ibérico 

La Proposición de ley presentada por el PP, que se debatirá mañana martes 24 de mayo en el pleno del Congreso de los Diputados, pretende devolver al lobo ibérico a su estatus anterior, para que vuelva ser especie cinegética al norte del Duero, lo que posibilitaría que sea perseguido y abatido de nuevo. Las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF denuncian que esto supone un grave retroceso y la vuelta a un modelo de gestión insostenible y superado, que perjudica a la conservación de la especie y no reduce los daños a la actividad ganadera, además de ir contra el criterio de la ciencia y la Comisión Europea. Por ello, las cinco grandes organizaciones ecologistas se oponen a esta propuesta y piden al resto de grupos de la cámara que voten en contra.

La Proposición de Ley relativa a la conservación del lobo en España y su cohabitación con la ganadería extensiva y la lucha contra el reto demográfico presentada por el PP en el Congreso de los Diputados sostiene que, debido a la rigurosas medidas de conservación de la especie, se están creando conflictos crecientes con la ganadería y que esto supone un riesgo no solo para las actividades ganaderas, sino incluso para el mantenimiento de la población en el mundo rural. Las organizaciones ecologistas consideran que este es un argumento demagógico, para el que no se aporta la más mínima prueba o evidencia científica que lo sostenga.

Sin embargo, para las organizaciones medioambientales el Partido Popular obvia que dichos conflictos son la consecuencia del desastroso modelo de gestión del lobo practicado en los últimos 30 años y que ha primado siempre su persecución sobre la puesta en marcha de medidas eficaces para su conservación y coexistencia, como la de prevención de daños al ganado o los pagos rápidos y justos para las explotaciones ganaderas afectadas, elementos imprescindibles para lograr una verdadera convivencia entre el lobo y la ganadería extensiva.

La puesta en marcha de este tipo de medidas, haciendo uso de los diferentes fondos europeos disponibles, ha sido la principal recomendación de dos cartas remitidas por los comisarios europeos de Agricultura y Medio Ambiente a los correspondientes ministros de Agricultura y Transición Ecológica (febrero de 2019 y noviembre de 2021). Ambas misivas de las autoridades comunitarias entienden que la principal medida de gestión del lobo debe ser fomentar la coexistencia y reducir los conflictos, no su persecución letal, y menos como trofeo cinegético.

Las organizaciones ecologistas piden a todos los partidos políticos que rechacen la Proposición de Ley del Partido Popular y trabajen para desarrollar un nuevo modelo que garantice la conservación del lobo ibérico, el cumplimento de las obligaciones legales europeas y la coexistencia con las actividades tradicionales presentes en el Estado español. Asimismo, piden a las diferentes comunidades autónomas que abandonen su estrategia de bloqueo, politización y de judicialización de la conservación del lobo y comiencen a trabajar de manera constructiva y de inmediato en una nueva estrategia estatal. También solicitan la puesta en marcha de los correspondientes planes para aprovechar el fondo específico de 20 millones de euros habilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que ofrece una oportunidad histórica para promover la coexistencia del lobo con la ganadería extensiva.

Las organizaciones lamentan que se utilice al lobo como chivo expiatorio para justificar la incapacidad de los diferentes gobiernos autonómicos de diferente signo político para hacer frente al proceso de despoblamiento y envejecimiento del medio rural. Un proceso que se está produciendo también en amplias zonas del país donde el lobo se extinguió hace ya décadas, dejando claro que la despoblación está relacionada con otras causas que nada tienen que ver con el cánido, y a las que deberían prestar atención.

Las organizaciones ecologistas declaran: “Es el momento de que se deje de culpar al lobo de todos los males del campo y de desarrollar un nuevo modelo de conservación de la especie que ponga en valor su importantísimo papel ecológico y todo lo que aporta a la sociedad. Es el momento de acabar con el verdadero problema del campo que son todas las prácticas desleales de la cadena alimentaria”.

Además, la Propuesta de Ley sostiene que la aprobación de la Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, por la que se incluía a toda la población del lobo española en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, se hizo sin aval científico y señala que se debe alinear el estatus legal de la especie con los requerimientos de la Directiva Hábitats.

La Proposición de Ley del Partido Popular omite deliberadamente que el procedimiento de aprobación de esta Orden se basó en el Dictamen del Comité Científico del Ministerio para la Transición Ecológica, que recomendaba su inclusión en el LESPE por los valores ecológicos sociales y culturales de la especie y que dicho dictamen cuenta además con el respaldo de más de 300 científicos de reconocido prestigio. Con esta Proposición de Ley el Partido Popular pretende saltarse el criterio de la ciencia y el proceso de participación pública para que el lobo pueda volver a ser un trofeo cinegético en nuestro país.

También se obvia en la Proposición de Ley presentada que, según el último informe sobre el estado de la naturaleza en Europa, realizado por la Comisión Europea y que evalúa el cumplimento de la Directiva Habitats a partir de la información suministrada por los diferentes Estados miembros, el lobo se encontraba en estado de conservación desfavorable en España. Esto obliga al Estado español a adoptar medidas para revertir esa situación. Las organizaciones consideran que incluir la especie en el LESPE resulta una medida lógica y coherente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones europeas. Así lo ha ratificado la Comisión Europea en una reciente carta que ha confirmado que dicha inclusión cumple perfectamente con el derecho comunitario y con las exigencias de la Directiva.

Por todo ello, las organizaciones ecologistas piden al resto de grupos del Congreso de los Diputados que voten en contra de la Proposición de Ley presentada por el Partido Popular; al gobierno central que apruebe de forma inmediata la Estrategia para la Convivencia de las Actividades del Medio Rural con el Lobo y su Conservación; y a las comunidades autónomas que asuman el nuevo estatus legal de la especie, poniendo en marcha nuevos planes que se ajusten a la legalidad vigente, y persigan la mejora del estado de conservación de la especie y el fomento de la coexistencia con las actividades ganaderas.

Crisis en el Mar Menor: ejemplo de un fracaso colectivo en el Día de la Biodiversidad

  • Esta semana han comenzado a aparecer decenas de peces muertos que, de nuevo, dan muestra de la pésima situación de sus aguas
  • Greenpeace se ha personado judicialmente contra diez empresas del Campo de Cartagena por su responsabilidad directa en el colapso ambiental de la laguna costera con mayores índices de biodiversidad del Mediterréano
  • El exceso de agua, generado principalmente por el trasvase Tajo-Segura, ha traído consigo un aumento de la agricultura y ganadería industriales y, con sus vertidos al mar, la asfixia de la mayor laguna salada de Europa

Este domingo 22, se celebra el Día de la Biodiversidad y es un buen momento para recordar que los esfuerzos que se están realizando por la conservación de nuestro entorno natural están siendo claramente insuficientes. Como ejemplo, solo el 3% de las aguas del planeta (y sus habitantes) están protegidas, sigue aumentando la deforestación y un millón de especies están en peligro de extinción. En resumen: la desaparición de la biodiversidad global está ocurriendo mil veces más rápido que si ocurriera naturalmente.

Un caso paradigmático: el Mar Menor

En nuestro país hay ejemplos que ilustran claramente la falta de voluntad para revertir el declive. Tal es el caso del Mar Menor. El regadío intensivo del Campo de Cartagena durante las últimas décadas ha provocado un flujo continuo de agua cargada de nitratos que ha ido a parar al Mar Menor, lo que ha producido su eutrofización y su colapso ambiental. A ello, se suma el continuado incremento de las macrogranjas en la Región de Murcia. Según un estudio estatal de impacto ambiental en la zona, solo en el Campo de Cartagena hay 680.000 cabezas de ganado porcino agrupadas en 450 explotaciones ganaderas intensivas que requieren 500 balsas de purines y que ocupan una superficie de 160 hectáreas. Esto se traduce en el vertido de 8.300 toneladas de purines sobre el Campo de Cartagena (78.008 hectáreas de superficie agraria útil), lo que supone 107 kg por hectárea. Según el estudio, de las 254 toneladas anuales de nitrógeno producidas al año, 153 se infiltran a los acuíferos y, así, llegan al Mar Menor.

Este cóctel tóxico, incentivado por el exceso de agua del trasvase Tajo-Segura, ha destruido la laguna costera con mayores índices de biodiversidad del Mediterréano. La muerte en el Mar Menor es tal que, en 2016, ya se estimaba que se habían perdido el 85% de las praderas marinas. Solo en especies como los caballitos de mar, se ha pasado de 190.000 ejemplares en 2012 a apenas docenas en la actualidad.

Y todo esto a pesar de contar con figuras de protección internacional como Humedal de Importancia Internacional, según la Convención sobre los Humedales Ramsar, Red Natura 2000 europea o figuras de protección nacional y regional. Normativa medioambiental que ha sido vulnerada reiteradamente.

Greenpeace en proceso judicial contra los responsables de este ecocidio

Desde hace casi dos años, Greenpeace forma parte de la acusación popular del caso Topillo por la contaminación del Mar Menor. En el origen de este proceso, había 39 empresas acusadas, más un alto cargo de la Consejería de Agricultura y otro de la Cuenca Hidrográfica del Segura. El año pasado, el Seprona denunció a otras 43 empresas y la Audiencia Provincial decidió, tras un recurso de las mismas, abrir 43 procesos independientes. Se trata de una maniobra clara de desarticulación de la causa judicial ya que, con este desmembramiento, se hace más difícil encontrar la responsabilidad conjunta en la comisión del delito.

Ante este nuevo escenario, y viendo la inviabilidad de sostener tantos procesos a la vez, Greenpeace ha decidido personarse contra las 10 empresas más relevantes, tanto por el volumen de vertido contaminante que han volcado al Mar Menor, como por el tamaño de la empresa y de negocio en el Campo de Cartagena. En estos días están teniendo lugar las primeras diligencias de investigación, con la declaración de los investigados. Greenpeace está haciendo un seguimiento de la situación preocupante ahora mismo en el Mar Menor y continuará trabajando para que se depuren responsabilidades.

Para Julio Barea, responsable de Agua en Greenpeace España, “proteger la biodiversidad es protegernos a nosotros mismos. Sin ella, no es posible tener agua, aire y sustento. La desidia e intereses económicos y políticos nunca deberían prevalecer ante la protección de nuestra naturaleza. El ejemplo más lamentable lo tenemos en el Mar Menor donde ninguna institución, responsable político o empresa quiere solventar realmente la pérdida irremediable de un entorno natural único e insustituible”.

La pérdida de biodiversidad amenaza nuestra supervivencia

  • El planeta se enfrenta a la Sexta extinción masiva
  • La COP15 de Biodiversidad de esta año debe aprobar un Acuerdo ambicioso para frenar la pérdida de naturaleza para 2030

Mucho más que diversidad de genes, especies y ecosistemas, la biodiversidad es un seguro de vida para nuestra supervivencia. Garantiza la seguridad alimentaria y el agua, proporciona medicinas y materias primas, es clave para la regulación climática y el control de inundaciones y sequías, ofrece servicios vitales de polinización y reduce el riesgo de aparición de pandemias. WWF alerta de que la pérdida de biodiversidad es una grave amenaza para nuestra economía, el desarrollo y la seguridad global. 

La biodiversidad está disminuyendo a un ritmo sin precedentes. Las amenazas más importantes son la fragmentación y destrucción de hábitat, debido a actividades como la agricultura intensiva o la construcción de infraestructuras de transporte, la sobreexplotación de recursos, la contaminación, la introducción de especies exóticas invasoras y el cambio climático. Según el último informe Planeta Vivo de WWF, en los últimos 50 años, las poblaciones de especies de vertebrados han disminuido un 68% a causa de esas amenazas, cada minuto desaparece una superficie de bosque equivalente a 27 campos de fútbol, ya se ha perdido la mitad de los arrecifes de coral del mundo y medio millón de especies de insectos están en peligro de extinción.

Pero WWF quiere resaltar en este Día Mundial que la biodiversidad va mucho más allá de la diversidad de especies de fauna y flora, sus genes y variedad de ecosistemas donde habitan, se trata del pilar fundamental sobre el que se sostiene el progreso económico, el bienestar y la salud. Esta evidencia científica contrasta, sin embargo, con la catastrófica pérdida de biodiversidad actual (el planeta se enfrenta a la Sexta Extinción masiva), que está aumentando la vulnerabilidad ante las pandemias, exacerbando los efectos del cambio climático y amenazando a los medios de subsistencia y prosperidad económica de las personas.

Detener la pérdida de biodiversidad es un asunto de seguridad global. La próxima reunión mundial del Convenio de Diversidad Biológica (COP15), que se celebrará posiblemente en octubre en la ciudad china de Kunming, es una cita clave para lograr un acuerdo global ambicioso que pueda revertir la pérdida de biodiversidad en 2030. WWF pedirá de nuevo a los líderes mundiales que garanticen la implementación efectiva de un acuerdo por la naturaleza al estilo del Acuerdo de París de clima, que incluya un conjunto claro de metas, hitos y objetivos medibles y basados en la ciencia.

Más del 50% de las aguas subterráneas analizadas están contaminadas por nitratos

  • El 10% de las mediciones en agua de consumo indican que hay contaminación por nitratos y casi un 30% indican riesgo de contaminación
  • En España cada vez hay más pueblos con agua contaminada. En Banastás (Aragón) la concentración alcanzó los 107 mg/l, el máximo encontrado en agua de consumo y más del doble del máximo legal permitido para aguas

Tras un año de mediciones, Greenpeace publica hoy el informe “Amenaza invisible: la contaminación del agua por nitratos”, junto con un mapa interactivo, que recogen los resultados de los análisis efectuados por la Red Ciudadana de Vigilancia de la Contaminación del Agua por Nitratos. Ante el insuficiente control por parte de las Administraciones públicas sobre la calidad de las aguas españolas, Greenpeace decidía sumar su granito de arena repartiendo medidores por todas las comunidades autónomas para que fueran los propios vecinos/as quienes, de manera voluntaria, pudieran controlar el nivel de nitratos de sus aguas.

Durante este período (2021-22) se realizaron casi 800 mediciones en aguas subterráneas, superficiales e incluso de consumo y la principal conclusión es que, siendo 37,5 mg/l el valor máximo permitido para aguas subterráneas, casi el 54% de las mediciones efectuadas en éstas muestran contaminación por nitratos. No menos preocupantes son los datos respecto al agua de consumo, ya que, con el límite establecido en 50mg/l, un 10% de las mediciones indican también contaminación por nitratos y casi un 30% alertan de que hay aguas en riesgo de alcanzar niveles que impedirían el consumo humano.

En el informe, que no tiene carácter científico pero sí da buena cuenta ilustrativa de la situación en el territorio español, se repasa la situación general de la contaminación del agua por nitratos en España, más allá de esta recogida, e incluso se analiza por primera vez los datos oficiales del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad.

“Los resultados que afloran del primer año de trabajo de la Red, impulsada por Greenpeace, confirman el grave estado en el que se encuentran las aguas en España, principalmente las subterráneas, que son las reservas del futuro”, afirma Luís Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace España. “Las medidas que se han adoptado hasta el momento para frenar este problema han sido claramente insuficientes. Como ejemplo, según el propio Gobierno, la contaminación media por nitratos aumentaba un 51,5% solo entre los años 2016 y 2019. Estamos a tiempo de evitar una nueva crisis, la del agua, pero para ello urge ir a la raíz del problema, la agricultura y ganadería industriales, y adoptar medidas valientes, urgentes y contundentes por parte de todas las administraciones con competencias en esta materia”.

El análisis de los resultados de estas mediciones por comunidades autónomas pone de manifiesto que, en algunas, que coinciden también con las de mayor producción ganadera en España, el problema debe ser abordado sin dilación. Destaca Cataluña, donde el 100% de las mediciones de aguas subterráneas indican contaminación por nitratos, Aragón con un 83%, Castilla y León con un 70% y Castilla La-Mancha con un 63%. Incluso muchas de estas mediciones dan valores iguales o superiores a 100 mg/l, lo que indica que las aguas están muy contaminadas. En Navarra y en la Región de Murcia es en las aguas superficiales donde se detecta el mayor problema, con un 67% y 57% de las mediciones, respectivamente, indicando contaminación por nitratos.

Es de destacar también que las mediciones efectuadas por la Red han permitido denunciar, en tres pueblos, valores por encima del máximo legal y evitar así que la gente siguiera bebiendo agua contaminada sin saberlo. Estos pueblos han sido Barcial del Barco y Santovenia del Esla en Castilla y León y Barchín del Hoyo en Castilla La Mancha. En Banastás, Aragón, un pueblo que lleva años sin poder consumir agua del grifo, la concentración de nitratos en el agua alcanzó los 107 mg/l, el máximo encontrado en agua de consumo y más del doble del máximo legal para aguas potables.

La situación de la contaminación del agua por nitratos en España es tan grave, y las medidas puestas en marcha tan insuficientes, que ha llevado a la Comisión Europea a abrir un procedimiento de infracción contra España en 2018 – procedimiento sancionador 2018/2250 – y, ante la inacción de las administraciones, el pasado diciembre decidió llevar a nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de la Directiva de Nitratos, lo que podría terminar en una multa millonaria contra España.

Entre otras, éstas son las tres principales demandas de Greenpeace para que se consiga frenar de inmediato el problema y revertirlo a medio/largo plazo:

  • Establecer de inmediato una moratoria a la ganadería industrial de, al menos, cinco años: ni explotaciones nuevas ni ampliaciones de las existentes
  • Desarrollar un plan para la reducción progresiva de la cabaña ganadera en intensivo hasta alcanzar un 50% menos en 2030
  • No conceder autorizaciones para nuevos regadíos intensivos y reducir el uso de fertilizantes sintéticos en, al menos, un 50% para 2027

Para la realización de este proyecto, Greenpeace distribuyó medidores de la concentración de nitratos en el agua a colectivos de todas las comunidades autónomas, desarrolló una guía metodológica, dio formación específica e hizo un acompañamiento constante a estos colectivos.

“Este informe, que recoge también testimonios de diversas personas participantes, no hubiera sido posible sin la participación activa de, al menos, 25 colectivos repartidos por todo el Estado español. Por ello, desde Greenpeace, queremos expresar nuestro más profundo reconocimiento y agradecimiento por su trabajo voluntario y desinteresado” concluye Ferreirim.

Debido al éxito del proyecto, se ha decidido conjuntamente seguir los trabajos al menos un año más, ofreciéndolo a otros colectivos, mejorándolo con los aprendizajes del primer año de actividad e incluyendo alguna novedad, como el “aparato viajero” con el cuál se pretende dar respuesta a muchas solicitudes que se han recibido en Greenpeace para hacer mediciones puntuales en determinados sitios. Cualquier persona o colectivo interesado en participar en esta versión del proyecto solo tiene que inscribirse en este formulario y Greenpeace organizará su funcionamiento.

Luís Ferreirim | Greenpeace España

Alertan del mal estado ecológico del arroyo de la Rocina y las marismas de la aldea de El Rocío, en Doñana 

  • El arroyo de la Rocina, uno de los principales aportes de agua de la marisma del Parque Nacional de Doñana, se encuentra gravemente afectado por las extracciones de agua y la contaminación por fertilizantes de uso agrícola.
  • Las marismas de El Rocío son de vital importancia para las aves migratorias de Europa, ya que permanecen inundadas cuando la mayor parte de la marisma de Doñana se encuentra todavía completamente seca.
  • La biodiversidad y el estado general de la marisma de El Rocío puede conocerse en directo, las 24 horas del día, desde cualquier parte del mundo, a través de la webcam que SEO/BirdLife tiene instalada en el Centro Ornitológico Francisco Bernis, frente a este humedal.

El arroyo de la Rocina representa el principal aporte de agua de la “Madre de las Marismas”, una amplia llanura arcillosa que se inunda estacionalmente, situada frente a la aldea de El Rocío (Almonte, Huelva) y que se adentra en Doñana a través de un sistema de caños naturales. Las lluvias de esta primavera han posibilitado la inundación de esta zona del parque nacional, mientras la mayor parte de la marisma de Doñana se mantenía seca, representando uno de los últimos refugios para miles de aves reproductoras, entre las que abundan especies migratorias llegadas del continente africano como el fumarel cariblanco, el carricero tordal, la garza imperial o la garcilla cangrejera, entre otras.

Sin embargo, a pesar de contar con el mayor grado de protección nacional e internacional, tanto el arroyo de la Rocina como estas marismas de El Rocío son ecosistemas degradados y su biodiversidad asociada se encuentra gravemente amenazada. Según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, estas masas de agua se encuentran en “mal estado cuantitativo” y “mal estado químico” a causa de la sobreexplotación y la contaminación por fertilizantes derivados en ambos casos de las fincas en regadío dedicadas principalmente a la producción de frutos rojos ubicadas a lo largo de la cuenca del arroyo.

Esta situación se ve agravada en situaciones como el reciente ciclo de sequía, algo que no será un hecho puntual, sino una constante entre los países de la cuenca mediterránea, tal y como señalan los últimos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Para Carlos Davila, responsable de la Oficina Técnica de SEO/BirdLife en Doñana, “la biodiversidad es un indicador de la calidad de los ecosistemas y en Doñana hace tiempo que se evidencia una tendencia negativa entre gran parte de las poblaciones de especies que pueblan lo que fuera el último paraíso natural europeo. La marisma se inunda cada vez más tarde y durante menos tiempo, mientras las lagunas costeras desaparecen. Es urgente actuar sobre los últimos refugios de biodiversidad, como el arroyo de La Rocina y la Madre de las Marismas, increíblemente ausentes del Plan de restauración hídrica Doñana 2005, ejecutado a partir del desastre ecológico generado por el vertido de la mina de Aznalcóllar, en 1998.”

“Es necesaria, por tanto, la aplicación de medidas de gobernanza que impidan que continúe la degradación de estos humedales, reducir las extracciones de agua asegurando su caudal ecológico y eliminar la entrada de contaminantes agrícolas. Igualmente, la restauración ecológica debe promover los filtros verdes, actuar sobre la colmatación por exceso de sedimentos, el control de predadores oportunistas, la protección de las colonias de cría de aves, la erradicación de especies invasoras y la eliminación de basuras”, subraya Davila.

Para SEO/BirdLife, Doñana, como el Mar Menor, está siendo víctima de la avaricia empresarial, la bochornosa complicidad política y un modelo socioeconómico anacrónico, obsoleto y cortoplacista basado en el uso insostenible de los recursos hídricos.

La marisma de El Rocío, en directo

Las aves de la marisma de El Rocío pueden observarse en directo desde cualquier parte del mundo a través de la primera cámara web del Parque Nacional de Doñana, con transmisión de imagen y sonido en tiempo real las 24 horas. Una acción que forma parte del proyecto de webcams en parques nacionales que la ONG conservacionista ha puesto en marcha para que el público pueda disfrutar de la riqueza natural de estos espacios protegidos.

Esta webcam, ubicada en el Centro Francisco Bernis de SEO/BirdLife, es una ventana abierta al mundo para conocer su avifauna y biodiversidad, y el estado general de la marisma del Parque Nacional de Doñana a lo largo del año. Una cámara que no solo tiene un valor didáctico, turístico, científico y divulgativo, sino que sirve para mostrar la fragilidad de este valioso Humedal Ramsar de Importancia Internacional y Patrimonio de la Humanidad, y reclamar medidas urgentes para su conservación.
Foto: Ánsares comunes en la marisma de El Rocío (Doñana) ©SEO/BirdLife

Científicos e investigadores de España alertan sobre el futuro de Doñana

Un total de 25 sociedades científicas estatales que forman parte del Grupo de Sociedades Científicas por la Conservación del Patrimonio Natural (SOCINAT), junto con 1.109 investigadores y científicos del ámbito de la biodiversidad y geodiversidad, han firmado un manifiesto a favor de la protección de Doñana y contrario a la legalización de cultivos en el entorno del parque nacional.

Este manifiesto explica que la evolución de los diferentes parámetros hidrogeológicos, hidrológicos y biológicos de Doñana, resultado de los múltiples estudios llevados a cabo en las últimas décadas, no dejan margen de duda sobre el deterioro del parque nacional y, por lo tanto, debe replantearse el modelo de planificación y gestión territorial en la zona, remediarse las amenazas que se ciernen sobre este espacio natural y evitar cualquier incremento de la superficie de regadío en el entorno.

El manifiesto, con un respaldo sin precedentes en el campo de la ciencia española, apunta que ya existen afecciones dañinas sobre el ecosistemas y enumera importantes cambios en la distribución de las comunidades vegetales, desaparición de plantas, tendencias negativas relevantes en especies amenazadas de aves, y en aquellos organismos dependientes de hábitats acuáticos, como libélulas, peces, anfibios, reptiles y un largo etcétera, que están erosionando gravemente la biodiversidad del parque nacional. Igualmente, el documento apunta que la resiliencia del ecosistema ya ha sido gravemente afectada y que la tendencia se agravará y tornará irreversible si no se limitan las causas del drástico cambio que está sufriendo Doñana y su entorno.

Por ello, lamentan que el Parlamento de Andalucía haya dado luz verde a la tramitación de un plan para modificar las zonas de regadío del entorno de Doñana y aumentar la superficie legal de riego, pese a la oposición del Gobierno Estatal, el organismo de cuenca, las organizaciones ecologistas, sociales y políticas, buena parte de los agricultores afectados y las advertencias de organismos internacionales.

Ante esta situación, las sociedades científicas e investigadores firmantes desde diferentes ámbitos de la ciencia, manifiestan que las presiones globales a las que se enfrenta Doñana son alarmantes e insostenibles, que cualquier incremento de la superficie de regadío resulta una amenaza que desoye la evidencia científica, y que la legislación presenta herramientas suficientes, que deben aplicarse, para frenar el deterioro al que se encuentra sometido el Parque Nacional de Doñana.

Enlace al Manifiesto de la ciencia por la conservación de Doñana

Supermercados europeos piden al Presidente Juan Manuel Moreno Bonilla que abandone el plan para legalizar el regadío ilegal en Doñana

  • En el Día Mundial del Agua, 22 de marzo. Aldi, EDEKA, Lidl, Migros, Sainsbury’s o Tesco, entre otros grandes supermercados y empresas agroalimentarias europeas, suscriben una carta en la que expresan su preocupación porque la proposición de ley del PP, Ciudadanos y Vox pueda poner en peligro a Doñana. 

Veintitrés supermercados y empresas líderes del sector frutícola europeo, incluidos minoristas y empresas comercializadoras y de procesadoras de frutas que comercializan fresas de Huelva y de Doñana han suscrito una carta dirigida al presidente de la Junta de Andalucía y líder del Partido Popular de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla,  pidiéndole que abandone el plan para legalizar hasta 1.900 hectáreas de regadío ilegal de fresas. En la carta muestran su preocupación porque la propuesta de ley pueda poner en peligro a Doñana, y comprometa la reputación y el desarrollo a largo plazo de toda la  región como zona de abastecimiento agrícola.

Entre las  empresas se incluyen algunos de los minoristas de alimentos más grandes del continente como Aldi, Asda, EDEKA, Lidl, Migros, Sainsbury’s y Tesco, que han dirigido -a petición de WWF- una carta al presidente andaluz Moreno Bonilla, instándole a abandonar el plan para indultar a las explotaciones que extraen ilegalmente agua subterránea del acuífero Almonte-Marismas, a pesar de encontrarse declarado oficialmente sobreexplotado. En la carta también hacen un llamamiento para que se  implemente plenamente el Plan Especial de la Corona Forestal o “Plan de la Fresa”, tal y como fue acordado en 2014. Estas empresas también se han dirigido en los mismos términos al Ministro de Agricultura y a la Vicepresidenta para la Transición Ecológica.

Imagen de la marisma de El Rocío (Doñana) desde la webcam instalada por SEO/BirdLife

Todas estos supermercados y empresas compran grandes cantidades de fresas y otros frutos rojos de la región. Las empresas consideran que el Plan Especial vigente constituye una herramienta importante para garantizar unos cultivos más sostenibles.  Ante ello,  expresan su preocupación porque los cambios propuestos «puedan socavar este objetivo y poner en peligro el Parque Nacional de Doñana», y pueda quedar comprometida «la reputación y desarrollo a largo plazo de toda la región como zona de abastecimiento agrícola».

WWF considera que el partido de Moreno Bonilla y sus socios en el Parlamento de Andalucía, con su propuesta de indulto para los regantes ilegales de Doñana, están agravando la situación de la fresa de Huelva, que actualmente está pasando una importante crisis ante la huelga del transporte, la sequía o la subida de los costes de producción. La situación actual del campo onubense ya es difícil y cualquier retroceso en normas y objetivos ambientales, como el que se pretende realizar en Doñana, podría suponer un importante revés.

WWF pide a las organizaciones que apoyan la propuesta de indulto,  promovida por el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, reflexión sobre la advertencia sin precedentes de estos veintitrés supermercados, industrias y empresas comercializadoras europeas, y considerar el daño que se puede causar a la reputación internacional y a las ventas de las fresas onubenses en Europa ante las reticencias, cada vez mayores, de los consumidores de no adquirir productos regados ilegalmente que puedan poner en riesgo espacios naturales como Doñana o el Mar Menor.

“Los principales supermercados europeos y las empresas del sector frutícola lo han dejado claro: este plan de amnistía no debe convertirse en ley porque amenaza el futuro de los insustituibles humedales de Doñana, así como la industria frutícola legal que impulsa la economía local”, afirma Stuar Orr, Responsable del Programa Global de agua dulce de WWF. “Los minoristas europeos y las empresas del sector frutícola se han unido a los conservacionistas, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE, las organizaciones internacionales (Unesco, Ramsar y UICN), los científicos y el gobierno español para condenar este plan”.

“Los supermercados europeos son muy claros y exigen garantías de que las fresas que comercializan se han producido de forma legal y sin dañar Doñana y respetando la redacción original del Plan de la Fresa aprobado en 2014”,sostiene Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF. Y añade: “Esta carta de los principales supermercados europeos al Presidente Moreno Bonilla para que detenga el indulto a los empresarios ilegales es una poderosa llamada de atención que no debe ser obviada ya que pondrá en entredicho la imagen y credibilidad de los productos de Huelva en Europa en un momento en que la competencia con otros países es cada vez mayor.

Cabe recordar que la tramitación de esta ley de indulto a los empresarios agrícolas ilegales de Doñana que ya ha comenzado en el Parlamento de Andalucía se produce con el apoyo del Partido Popular, Ciudadanos y VOX y la incomprensible abstención del PSOE de Andalucía, tan sólo seis meses después de que el Tribunal de Justicia de la UE emitiera un fallo histórico condenando a España por destruir Doñana debido a “extracciones desproporcionadas de aguas subterráneas”. También hace más de un año que la UNESCO, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Convención de Ramsar sobre los Humedales emitieron 15 recomendaciones para salvaguardar Doñana que no se han cumplido.