Activistas de Greenpeace se encadenan en el acceso a la central nuclear de Cofrentes para pedir al Gobierno su cierre definitivo

  • Greenpeace demanda al Ministerio para la Transición Ecológica que no se renueve la licencia, prevista para el 20 de marzo y continúe 10 años más
  • Una década después del accidente de Fukushima, las nucleares europeas aún no cumplen todas las recomendaciones de seguridad derivadas del accidente

A primera hora de la mañana, activistas de Greenpeace han cerrado el acceso de la central nuclear de Cofrentes (Valencia), para pedir al Gobierno que no repita el error cometido hace 10 años al conceder una nueva licencia de funcionamiento a la central. Con un bidón, cadenas y pancartas con el lema “Cierre Nuclear: No más Fukushimas” la organización ecologista demanda que no se renueve la licencia de la central, prevista para el próximo 20 de marzo.

Hoy es el 10º aniversario del accidente nuclear de Fukushima y hace 10 años Greenpeace también realizó una acción de protesta en la nuclear de Cofrentes para pedir que no le renovaran la licencia. El mismo 11 de marzo de 2011, mientras comenzaba el accidente de Fukushima, se publicaba en el BOE (1) la nueva licencia para Cofrentes que expira el próximo 20 de marzo. Iberdrola, que es la empresa propietaria, en vez de aprender de las consecuencias del accidente de Fukushima, denunciaba a Greenpeace y a sus activistas exigiendo más de tres años de cárcel (finalmente en 2016 fueron declarados inocentes).

VÍDEO Y FOTOGRAFÍAS DE LA ACCIÓN DISPONIBLES PRÓXIMAMENTE AQUÍ

“En estos 10 años no hemos aprendido las lecciones derivadas de Fukushima. Sabemos que las nucleares están envejecidas y no son necesarias para mantener la seguridad de suministro y, sin embargo, a todas les están renovando sus licencias, sin participación pública ni ninguno de los criterios que hoy se exigen para cualquier instalación energética por pequeña y renovable que sea”, ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace: “Iberdrola quiere ser el referente de las energías renovables, pero pide una reducción de impuestos para sus nucleares. Esto va mucho más allá del greenwashing: Ignacio Sanchez Galán lo que plantea es un timo”.

Fukushima, lecciones no aprendidas

Se conocían los riesgos reales y se ignoraron. El informe de la Comisión de investigación del Parlamento japonés (ver página 16) destaca como conclusión primera y fundamental que el accidente nuclear tuvo causas humanas y podía haberse evitado. El terremoto y el tsunami fueron solo el desencadenante; el desastre procede de los errores del Gobierno japonés, de los reguladores y de la industria nuclear.
La radiactividad es imparable y los planes de emergencia y evacuación fracasaron. 10 años después la descontaminación parcial que se está llevando a cabo solo se ha logrado en el 15 % de la zona afectada por la radiactividad y la gente está siendo obligada a volver. Greenpeace ha realizado 32 investigaciones en estos 10 años que lo confirman.
Se destaparon graves deficiencias en la seguridad nuclear. En Europa, se llevaron a cabo pruebas de resistencia para tratar de mejorarlas, pero se ha dedicado más esfuerzo en evitar implementarlas que en ponerlas en marcha y reducir riesgos.
Cofrentes tampoco aprende de su pasado

En sus 37 años de vida operativa, la central nuclear de Cofrentes (3) ha sufrido una larga serie de fallos y problemas de seguridad sin resolver.

Hasta 2011, hay que destacar los problemas de corrosión que obligó a sustituir todo el sistema de accionamiento de las barras de control de la vasija del reactor (una parte de ellos incluso dos veces), los reiterados fallos en la apertura de las válvulas de alivio del sistema primario, el aumento de las dosis recibidas por la plantilla en el mantenimiento y el desafío a los márgenes de seguridad en los sistemas de refrigeración.
Desde 2011, la cultura de seguridad de la instalación no ha mejorado mucho. Por ejemplo, en 2017, tras ignorar los indicativos de que había un problema, se produjo la rotura de una gran válvula del circuito primario, cuyos fragmentos llegaron a la vasija del reactor y, encadenados con otras dos averías en la turbina y en los accionadores de las barras de control, obligaron a prolongar la parada para recarga durante varios meses. Tampoco se han completado todos los requerimientos derivados de las pruebas de resistencia que se están implementando a consecuencia del accidente nuclear de Fukushima.
Generación de empleo y ahorro eléctrico: oportunidades del cierre nuclear

Según el informe elaborado por la consultoría independiente Abay Analistas Económicos y Sociales para la organización ecologista, el impacto económico de las actuaciones ligadas al desmantelamiento, la gestión de los residuos y la sustitución de la energía nuclear por otras fuentes supondría la creación neta de unos 300.000 empleos, de los que 100.000 corresponden al desmantelamiento de las nucleares y 200.000 a la instalación de nueva potencia renovable. Además, implicaría un aumento del PIB de unos 20.000 millones de euros.

En España, la electricidad vale más de lo que cuesta porque, debido al diseño del mercado eléctrico marginalista, se paga al mismo precio el gas, el carbón, la nuclear, la hidráulica y las renovables, independientemente de su valor real; por ello, algunas fuentes de generación de energía están sobre retribuidas (nucleares e hidroeléctricas), especialmente en la coyuntura actual.

“Cerrar las nucleares será un alivio para la seguridad, un incremento del PIB y un respiro para el mercado eléctrico mientras llega su imprescindible reforma”, ha concluido Montón.

Raquel Montón | Greenpeace

Alerta sobre el auge minero que implicará el nuevo reglamento europeo de baterías

  • Un estudio publicado por la Universidad de Valladolid alerta sobre el riesgo de agotamiento de las reservas por la demanda de los vehículos eléctricos.
  • Las referencias al reciclaje suponen un lavado de cara verde para justificar la necesidad de una minería totalmente insostenible y fuera de control.

La Comisión Europea pretende lanzar en los próximos meses un nuevo reglamento de baterías con el que impulsar la “revolución verde” de coches eléctricos y una creciente digitalización de la sociedad. Sin embargo, la letra pequeña del reglamento implica impulsar un boom minero sin precedentes a escala europea, con los ojos puestos particularmente en los depósitos de litio, cobre, cobalto, wolframio y tierras raras de la península ibérica.

Así lo reconocen informes como From dirty oil to clean batteries (‘Desde el petróleo sucio a las baterías limpias’), de Transport & Environment, red europea de la que forma parte Ecologistas en Acción. Si bien tanto la propuesta de reglamento como estos informes apuestan por el reciclaje, reconocen que la minería en Europa debe aumentar exponencialmente y ser abrazada tanto por los gobiernos como por la ciudadanía.

En realidad, a más minería a bajo coste, menos incentivos existirán para la recuperación de metales como el litio, con tasas de reciclaje actuales de menos del 1 % a pesar de ser metales fácilmente recuperables. Ecologistas en Acción considera que las ratios de reciclaje propuestos son técnicamente posibles, pero no son comercialmente viables precisamente por la competencia desleal que representa una minería altamente destructiva que no se hace cargo de sus impactos.

El área de minería de la organización ecologista alerta que el énfasis por las baterías en la visión europea de la transición verde no es más que una excusa para favorecer y reducir las trabas administrativas por razones ambientales y sociales a la nueva actividad minera en Europa. Por eso viene acompañada del mayor intento de lavado de cara de la minería metálica en el continente, que se lanzará oficialmente durante la próxima conferencia europea sobre “Green Mining” que organizará la presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea en mayo.

Frente a esto, la insostenibilidad de los nuevos proyectos mineros de litio propuestos quedan en evidencia en lugares como Cáceres (con el proyecto “Valdeflórez”) o en Galicia (con el proyecto “Alberta”), que continúan la política de irregularidades y falta de control que han hecho a España tristemente famosa por los desastres de Aznalcóllar o de la Sierra Minera de Cartagena, y la espada de Damocles que suponen instalaciones calificadas fraudulentamente como “sostenibles” como las macrobalsas de lodos mineros de Atalaya Riotinto en Huelva, los daños continuados a cuencas hidrográficas de los proyectos mineros de Cobre Las Cruces en Sevilla o San Finx y Touro en Coruña, así como la pretendida reapertura de la malograda mina de Aznalcóllar, que nuevamente pondría en riesgo al Parque Nacional de Doñana.

Un estudio de la Universidad de Valladolid publicado recientemente reconoce que la demanda asociada a la movilidad eléctrica de ciertos metales como el aluminio, cobre, cobalto, litio, manganeso y níquel es tan alta que prácticamente provocaría el agotamiento de sus reservas mundiales. Por ello, para Ecologistas en Acción la única apuesta realista es un cambio radical hacia la circularidad y a una sociedad con baja demanda de metales, particularmente teniendo en cuenta que a día de hoy el reciclaje de minerales como el litio, telurio o tierras raras está por debajo del 1 % y el del cobre está entre el 43-53 %.

Este planteamiento sería coherente con lo propuesto en el ‘Plan de Acción de Economía Circular’, que entre sus ejes de actuación establece, respecto a las “materias primas secundarias”, que se debe “garantizar la protección del medio ambiente y la salud humana reduciendo el uso de recursos naturales no renovables e incorporando en el ciclo de producción los materiales contenidos en los residuos como materias primas secundarias”.

La mala gestión de los residuos de envases cuesta a los españoles más de 700 millones de euros anuales, según el informe de Changing Markets

La investigación ‘More Trash, More Cash: quién sale ganando con la crisis del plástico en España’ expone el interés de la industria de los envases de un solo uso para no mejorar la gestión de residuos en España y el beneficio que obtienen de un modelo de negocios que se lucra de la generación de residuos.

Las grandes marcas de bebidas y cadenas de supermercados están avalando una iniciativa voluntaria propuesta por Ecoembes – Reciclos – que no es nada más que una táctica de distracción y que de ser adoptada, no ayudará a cumplir los objetivos de la Unión Europea.
El informe calcula que a los ayuntamientos y a la ciudadanía española les supone hasta 744 millones de euros al año solo limpiar la basura que generan los envases de un solo uso. Este coste debería ser cubierto por los productores al 100 %.

Vivimos un momento crucial para la gestión de residuos en España que decidirá cómo el país maneja la crisis de los plásticos. Este año está previsto que se publiquen la Ley de Residuos y el Real Decreto de Envases, pero la situación no es tan buena como pudiese parecer, ya que España es uno de los mayores contaminantes del continente y lleva tiempo incumpliendo varios objetivos de la UE.

En este contexto, hoy ha visto la luz la investigación ‘More Trash, More Cash: quién sale ganando con la crisis del plástico en España’ elaborada por la fundación holandesa Changing Markets y con el apoyo de la Alianza Residuo Cero a nivel estatal y de Break Free From Plastic a nivel internacional. El informe revela cómo la poderosa industria de los envases de un solo uso – compuesta por los grandes productores y los supermercados – ha evitado con éxito cualquier intento de reforma del sistema español de gestión de residuos durante años y cómo ahora se está preparando una vez más para hacer descarrilar tanto esta nueva Ley de Residuos como el Real Decreto de Envases.

De la mano de Ecoembes, el nuevo intento de distracción se denomina Reciclos, un sistema voluntario de devolución y recompensa que el informe define como una solución falsa ya rechazada en otros países. La investigación de Changing Markets detalla importantes deficiencias en este proyecto apoyado por la industria ya que no incentiva a las personas consumidoras a devolver todos sus envases usados, excluye a varios grupos (juventud, personas que no poseen un teléfono inteligente, etc.), y está potencialmente abierto al fraude. Además, es evidente que Ecoembes no tiene un plan para desarrollar y realizar una gran expansión de este sistema de forma eficaz y suficiente para cubrir la mayor parte del Estado español, lo que imposibilita que la industria cumpla con los objetivos de recolección separada del 90 %. De hecho, en las Islas Baleares y Navarra ya se han tomado acciones para alejarse de esta solución falsa.

Ximena Banegas, portavoz de Changing Markets: “Reciclos es el último intento desesperado de la industria por retrasar soluciones reales en España como es la introducción de un Sistema de Depósito y políticas de reutilización y prevención. Sin duda, Reciclos es uno de los peores ejemplos de greenwashing descubiertos en nuestra investigación mundial y el Gobierno español -que debería aplicar reformas reales para poner la recuperación verde en el epicentro- no debe caer en esta trampa. Apostando por políticas de prevención y reutilización podrán reducir el costo de la contaminación por plástico, se generarán nuevos puestos de trabajo y mejores oportunidades para negocios locales”.

Esta investigación demuestra cómo Ecoembes encabeza la defensa de los intereses de la industria y que, cuantos más envases de un solo uso se ponen en el mercado, más beneficiado sale su modelo de negocio y aumenta su flujo de ingresos. Los mayores productores de plástico, grandes supermercados como Mercadona o Alcampo y las marcas de alimentación y bebidas más conocidas como Coca-Cola, Danone o Nestlé, al no denunciar públicamente esta iniciativa, están también apoyando iniciativas falsas que son únicamente un freno a soluciones reales. En este sentido, el trabajo de Changing Markets pone al descubierto los diferentes estándares de los grandes productores de bebidas, que por un lado afirman apoyar “Sistemas de Depósito bien diseñados” a través de sus asociaciones a nivel de europeo, pero por el otro lado se esconden detrás de Ecoembes y su capacidad de lobby para promover soluciones falsas como Reciclos. La investigación revela que Coca-Cola, Danone, Unilever, Nestlé, Lidl y Carrefour apoyan que las latas, botellas y bricks se devuelvan a la tienda en algunos países, mientras no expresan su apoyo en España.

“Desafortunadamente, la hipocresía de algunos de los mayores contaminadores plásticos, que utilizan una serie de trucos sucios para frenar el cambio en las leyes españolas, no tiene fin. Si bien Coca-Cola, Danone, Nestlé y otros ahora están hablando de los sistemas de depósito, todavía no están haciendo nada por implantarlos en España. Dado que los nuevos objetivos europeos obligan a los productores a introducir contenido reciclado, cumplir objetivos de recogida selectiva y pagar los costes de limpieza de su contaminación, esa falta de apoyo hacia una buena legislación es realmente una estrategia corta de visión que a la larga va a costarles mucho dinero”, continuó Banegas.

El informe también presenta cálculos de la consultora británica Eunomia que muestran el coste real de la basura abandonada. Simplemente limpiar ciudades y pueblos de envases de un solo uso abandonados cuesta a las personas contribuyentes entre 496 y 744 millones de euros al año. Y una parte muy importante de estos costes, hasta 529 millones de euros, está asociada a los envases de bebidas, como botellas, latas y bricks, que podría reducirse hasta un 80% si las bebidas se vendieran con depósito, como ya ocurre en más de 40 regiones del mundo y está a punto de implantarse en países cercanos como Portugal.

“Las personas contribuyentes llevan años soportando el precio ambiental, social y económico de un modelo de gestión caduco e ineficiente que solo beneficia a las grandes marcas de bebidas y los supermercados. Es el momento de las soluciones y de que la industria del un solo uso deje de ver recompensada su mala praxis con beneficios económicos. Para ello, se necesita valentía política desde el ministerio de Transición Ecológica”, reclaman al unísono las representantes de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Retorna, Rezero y Surfrider, miembros de la Alianza Residuo Cero. El informe de Changing Markets es la continuación para España de una investigación internacional denominada ‘Talking Trash’, lanzada el pasado mes de septiembre.  

Organizaciones ambientalistas

La moratoria al eucalipto en Galicia debe extenderse al resto de comunidades autónomas

Greenpeace España aplaude la decisión de la Xunta de Galicia de prohibir temporalmente las nuevas plantaciones de eucalipto y ve con esperanza el nuevo escenario que se abre a partir de ahora para alcanzar un mayor consenso y diversidad de enfoques en la planificación forestal, no solo de Galicia, sino del resto de comunidades autónomas afectadas por la expansión del cultivo de este árbol procedente de Australia.

“La aceptación de una moratoria a las nuevas plantaciones de eucalipto en Galicia es una muy buena noticia y un paso importante en la buena dirección. El resto de regiones del norte de España deberían adoptar la misma medida”, ha declarado Miguel Ángel Soto Caba, portavoz de Greenpeace España. “Esta no es una victoria del movimiento ecologista, sino de todo el sector forestal y de la cadena de valor de la madera, incluida la industria, que ha entendido la situación y ha apoyado esta demanda”.

La decisión anunciada el pasado jueves por el presidente de la Xunta de Galicia sigue los pasos de la vecina Portugal, cuyo Gobierno decretó una moratoria al eucalipto en 2017 en aras de una planificación forestal y económica más racional. Y recoge la demanda del movimiento ecologista ibérico que durante muchas décadas ha batallado por evitar males mayores ante la “eucaliptización” del territorio.

“Esta moratoria es un reconocimiento implícito de que había un problema y de que solo se pueden superar décadas de conflictividad con un conocimiento preciso sobre el estado de los recursos forestales, en cantidad y calidad, y teniendo en cuenta el impacto del eucalipto sobre la biodiversidad, dentro y fuera de las plantaciones”, ha recordado Soto.

La medida es coherente con la posición de 20 organizaciones ecologistas y de conservación de todo el Estado español, que en 2011 lanzaron su manifiesto ‘Una visión común sobre el problema de las plantaciones de eucalipto’ o, remontándonos más atrás en el tiempo, el manifiesto para la regularización del cultivo del eucalipto en Cantabria en 2002. Del mismo modo, la moratoria era una demanda de la sociedad civil de Galicia, que promovió en 2018 una iniciativa legislativa popular en apoyo de un nuevo modelo forestal donde las plantaciones de eucalipto no siguieran ampliando su dominio del territorio, solicitud a la que se sumó Greenpeace en octubre de 2018. A este clamor de la sociedad civil se ha sumado la comprensión de buena parte del sector forestal y de la cadena de valor de la madera, incluso el Consejero Delegado de la principal empresa papelera de Galicia reconoció en 2018 que “se podía satisfacer las necesidades de la industria con menos hectáreas de eucalipto”. (1)

“La decisión de la Xunta abre la puerta a un momento histórico. El sector forestal, el mundo académico y el movimiento ecologista tenemos que remar en la misma dirección de acabar con décadas de conflictividad, asumir que la planificación forestal debe integrar más miradas y dejar atrás la fuerte carga valorativa que ha caracterizado el debate sobre este árbol durante demasiado tiempo”, ha señalado Soto. “El movimiento ecologista ya movió ficha en 2011, reconociendo el papel que el cultivo del eucalipto y su cadena de valor jugaba en la economía española. Ahora le toca a la administración, el sector papelero y las asociaciones de propietarios aceptar que la lucha contra el cambio climático y la crisis de la biodiversidad nos obligan a hacer un mayor esfuerzo en incorporar el conocimiento científico a la planificación y la gestión forestal”.

En el nuevo escenario que se abre tras la decisión de la Xunta de Galicia, desde Greenpeace se espera la incorporación a la planificación forestal de disciplinas y miradas que tengan en cuenta el conocimiento científico en el ámbito de la conservación de la biodiversidad. Como, por ejemplo, el reciente trabajo publicado en la revista Global Ecology and Biogeography que ha señalado que el eucalipto provoca una dramática reducción de la biodiversidad del territorio. Más preocupante aún ha sido la investigación publicada en Nature a principios de 2021 donde se ha analizado la integridad ecológica de los bosques del planeta, o lo que es lo mismo, el grado de presión antropogénica, que está directamente relacionado con la pérdida de biodiversidad e incluso con las limitaciones a la hora de mitigar el cambio climático. En dicho estudio el cuadrante noroeste de la península ibérica aparece fuertemente antropizado, en parte debido a la expansión de las plantaciones del eucalipto.

Eucalipto, crecimiento descontrolado y ausencia de gestión forestal
La especie de eucalipto más común en España es el Eucalyptus globulus, originario del sureste de Australia. La suavidad del clima atlántico es favorable para su cultivo, lo que sumado a más de medio siglo de políticas públicas de apoyo al sector han provocado que la península ibérica sea la principal área mundial ocupada por esta especie. En las últimas décadas, otras especies como el Eucalyptus nitens, resistente a las heladas, ha extendido el problema permitiendo el cultivo de este árbol en zonas de interior.

Con todo, hoy en día el eucalipto ha asumido un papel relevante en el cuadro de la actividad económica española (y también portuguesa), con una participación significativa en el balance comercial y generando una extensa cadena de valor que integra cientos de miles de pequeños propietarios, empresas forestales rematantes, transportistas, empresas transformadoras y fabricantes de tablero y pasta de papel. Aunque la madera de eucalipto también es utilizada con otros fines (leña, carbón, ebanistería, suelos, tableros, ventanas, madera estructural, plataformas de mejilloneras, etc.) la principal demanda de su madera procede de la industria de fabricación de pasta de papel.

Las políticas promotoras del eucalipto llevadas a cabo durante la segunda mitad del siglo XX fueron un fiel reflejo de la planificación económica del Franquismo. Pero una vez llegada la Democracia, el apoyo a la eucaliptización del territorio perduró debido al fuerte poder de la industria celulósica, en parte propiedad del Estado, y sus vínculos con el poder político.

El resultado de décadas de ausencia de planificación forestal (o el flagrante incumplimiento de la planificación, como es el caso del Plan Forestal de Galicia de 1992) ha provocado el crecimiento desordenado de las plantaciones de eucalipto y su “naturalización involuntaria” en numerosos ecosistemas (fincas abandonadas, dominio público hidráulico, lindes de carreteras, áreas periurbanas), incluidos espacios naturales protegidos.

El eucalipto domina hoy el paisaje de comarcas enteras de las regiones atlánticas de la península ibérica, desde zonas de Extremadura y el occidente de Andalucía (Huelva y, en menor medida Sevilla), hasta los valles occidentales del País Vasco, pasando por grandes extensiones en la vecina Portugal y toda la fachada atlántica de Galicia, Asturias y Cantabria. En Extremadura y Andalucía la superficie ha disminuido en las últimas décadas, mientras que su expansión continúa en las regiones del norte y noroeste. A día de hoy, la falta de actualización de los inventarios forestales hace que sea imposible conocer la superficie ocupada por este árbol, bien sea en plantaciones puras, en superficies mezcladas con otras especies o en superficies donde el árbol se ha naturalizado de manera espontánea (2).

Miguel Ángel Soto | Greenpeace

Grave daño ambiental provocado por “cascadas” de purines vertidos a la naturaleza

  • Greenpeace testifica el grave daño ambiental provocado por “cascadas” de purines que una macrogranja de Navarra vierte en la naturaleza
  • Tras el SOS lanzado por colectivos locales y ciudadanía la ONG ha acudido al pueblo navarro de Caparroso para testimoniar el daño provocado por reiterados vertidos masivos de purines y exige la paralización de la macrogranja 
  • La organización ha medido los niveles de nitratos en el agua de la zona y la contaminación en varios puntos es alarmante
  • La misma empresa de esta macrogranja ha presentado un proyecto para crear otra en Noviercas, Castilla y León, que de aprobarse sería casi cinco veces más grande y la mayor de Europa 

Tras el SOS lanzado a Greenpeace por colectivos ecologistas de los pueblos navarros de Marcilla y Caparroso la ONG ha estado varios días en la zona documentando el impacto ambiental provocado por la macrogranja de Caparroso, propiedad de la empresa Valle de Odieta, S.C.L. Allí ha podido testificar el grave impacto ambiental que los recientes vertidos masivos de purines están causando. La organización ha medido in situ los niveles de nitratos en el agua de la zona y la contaminación en varios puntos es alarmante.

Greenpeace ha apuntado que se trata de un modelo de ganadería que de por sí aporta mínimos beneficios a la zona y por el contrario afecta gravemente al entorno y a los recursos naturales, pero que ademá está en manos de una empresa que muestra recurrentes malas prácticas, acumula ya más de diez procedimientos sancionadores por infracciones medioambientales y continúa con estos vertidos perpetrando otro atentado ambiental más.

Por este motivo, Greenpeace insta al Gobierno de Navarra a que paralice de inmediato esta macro explotación ganadera. Además, exige también que tanto el Gobierno de Navarra como la Confederación Hidrográfica del Ebro hagan pertinentes analíticas para determinar la calidad del agua en las inmediaciones de la macrogranja, ya que la estación oficial de control de Marcilla no mide nitratos y la de Funes, que sí mide nitratos, está muy alejada del foco de contaminación, y que corrobore los alarmantes niveles de contaminación por nitratos que ha detectado Greenpeace (VER MAPA).

“Estamos ante un ecocidio. El desprecio por el medio ambiente por parte de Valle de Odieta es indignante” ha afirmado Luís Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace España. “Es incomprensible que con los antecedentes de incumplimientos ambientales que la empresa acumula se le permita seguir funcionando. Su currículum de delitos ambientales debería ser más que suficiente como para cerrarle todas las puertas”.

Barrancos llenos de estiércol
Greenpeace ha podido observar cómo la empresa está utilizando los campos agrícolas cercanos a la macrogranja como un vertedero para los residuos de la explotación, provocando importantes escorrentías de purines que llegan a generar auténticas cascadas por los barrancos de la zona llegando en algún caso directamente al río Aragón y afectando Zonas de Protección Especial (ZEC). En concreto al ZEC de los Tramos Bajos del río Aragón, hábitat de especies en peligro de extinción como el visón europeo y el galápago europeo, y en la que se ha invertido grandes cantidades de dinero público para protegerla.

Los excrementos de los animales son muy ricos en nitratos y cuando son producidos en ingentes cantidades, tal como se producen en la ganadería industrial, y vertidos sin control en los terrenos pueden convertirse en un veneno para suelos, aguas e incluso afectar a muchos seres vivos, las personas incluídas. El problema en España es ya tan grave que la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción y ha enviado un dictamen motivado al Gobierno español.

Un error cinco veces más grande
La empresa Valle de Odieta ha presentado un proyecto para crear otra macrogranja en Noviercas, Castilla y León, que de aprobarse sería casi cinco veces más grande que la de Caparroso. “Valle de Odieta se llena la boca para decir que su proyecto para Noviercas es de interés general, pero en Caparroso sus malas prácticas están contaminado un bien esencial y común como es el agua. Lo único que tienen en mente es producir más, más rápido y al más bajo coste“, ha concluido Ferreirim.

La ONG medioambiental ha apuntado que España debe afrontar ya los problemas ambientales, de salud pública y sociales que está generando la ganadería industrial. El primer paso es que no se sigan autorizando nuevos proyectos ni la ampliación de los existentes, como es el caso de Noviercas y Caparroso respectivamente.

En paralelo debe empezar un proceso de reducción de la cabaña ganadera en intensivo para:

  • Afrontar la emergencia climática
  • Preservar el agua, cumplir la Directiva de Nitratos y la de Aguas
  • Cumplir el umbral permitido de emisiones de amoniaco
  • Reducir el riesgo de resistencia a antibióticos
  • Garantizar el bienestar animal
  • Consolidar la ganadería ecológica y extensiva
  • Fomentar dietas más sanas y sostenibles, con menos alimentos de origen animal y más de origen vegetal

Por último Greenpeace ha pedido el fin de la ganadería industrial por ser una amenaza para el medio ambiente y para un mundo rural vivo y ha lanzado una petición de firmas para que la ciudadanía alce su voz contra las macrogranjas y en particular contra la de Noviercas, pues estamos a tiempo de pararla.

Mónica Ortega | Greenpeace España

Las Olmedas del Prado corren un peligro irreversible, según los técnicos medioambientales

En el mes de julio, ya informábamos sobre la situación de este Olmedal, pero entonces se desconocían las causas y los técnicos apuntaban a la grafiosis, una enfermedad fúngica difícil de revertir y que afecta a los olmos. Hasta la fecha no se conocen medidas al respecto, ni por parte del Ayuntamiento de Pinoso, ni por las autoridades competentes, un hecho que denunciamos y que consideramos necesita una urgente solución.

Los resultados del informe que Silvia Verdú, Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pinoso, nos indicó se habían solicitado al Técnico de Sanidad Forestal de la Consellería, para valorar en profundidad la situación y tomar las medidas oportunas, diagnosticaron la temida Grafiosis. A día de hoy, todavía no se conocen los resultados de la analítica realizada que verifiquen dicha enfermedad en el Olmedal.

Las Olmedas de Pinoso sufren graves daños, según Jose Carlos Monzó, Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento, debido a un vertido y no a la Grafiosis.

Dicho informe es puesto en duda por Jose Carlos Monzó Giménez, Técnico de Medio Ambiente del ayuntamiento de Pinoso, quien presentó un informe probando que el deterioro y debilitamiento de los olmos no se debe a Grafiosis, sino que se trata de un problema de vertido. Según indica Monzó, este vertido ha generado un encharcamiento prolongado que ha cambiado las propiedades físico-químicas del sustrato donde crecían los olmos, muy sensibles a estos cambios radicales y suelos encharcados durante meses. Según el informe del técnico, la única solución es el cese inmediato del vertido, que continua igual tras meses de denuncias.

Si aparece la Grafiosis será una consecuencia, pero no la causa.

En la misma fecha, el Guarda Fluvial de la Confederación Hidrográfica del Segura levantó un acta por el vertido y posibles afecciones al Domino Público Hidráulico, pero la situación no ha remitido desde entonces. Tras el informe presentado por José Carlos, la investigación sobre el origen y consecuencias de este vertido queda estancias superiores de las administraciones competentes, Ayuntamiento, Consellería y Confederación Hidrográfica, quienes deberán ordenar su investigación a las autoridades, Policía Local, Seprona, Agente Medioambiental y Guardia Fluvial. 

El técnico añade que su gran preocupación es que además de perderse una gran parte de la Olmeda, los olmos que sobrevivan, por su estado de debilidad, estarán expuestos potencialmente a la Grafiosis, algo que puede suponer la pérdida de todo el Olmedal del Prado de Pinoso. Destaca que cuando presentó su informe había tiempo para actuar y frenar la situación, había posibilidades de ser recuperada antes de la próxima primavera, cuando insectos perforadores atacaran al Olmedal debilitado. Concluye remarcando que, si aparece la Grafiosis será una consecuencia, pero no la causa.

Ante el informe presentado por José Carlos Monzón que contrasta con el informe presentado por el técnico de la Consellería, la Concejal Silvia Verdú quiere reunir a ambos técnicos para unificar criterios y proponer la mejor solución.

Más noticias en ecoactiva.

Greenpeace denuncia los impactos ambientales del comercio electrónico a gran escala

En España, el 62,6% de la población ha comprado online en los últimos 12 meses y para este Black Friday se estima que 8 de cada 10 personas lo haga

Los envíos rápidos y a domicilio requieren de tres veces más energía que los habitualessólo en China en 2018 se generaron 13 millones de toneladas de emisiones derivadas de estas entregas. Según la Agencia de Protección Ambiental, el embalaje de este comercio ya representa el 30% de los residuos sólidos urbanos en Estados Unidos.

En los últimos años, el comercio electrónico, e-commerce o comercio online se ha convertido en una parte indispensable del marco de ventas global, especialmente a raíz de la pandemia de la COVID-19. En España, el 62,6% de la población ha comprado online en los últimos 12 meses, según el INE, y para este Black Friday se estima que 8 de cada 10 personas lo hagan.

Greenpeace denuncia una nueva amenaza para el medio ambiente.

“El comercio electrónico nos ha facilitado la vida, sobre todo en tiempos de pandemia, pero a gran escala tiene un elevado coste ambiental. El sobreconsumo digital implica una extracción de recursos masiva y la generación de emisiones al producir los artículos y distribuirlos de un punto a otro del planeta, además de numerosos problemas para deshacernos de ellos. Consumir local en vez de apostar por gigantes del consumo, y solo cuando lo necesitemos, es la única solución”, ha señalado Alba García, responsable de la campaña de ciudades en Greenpeace España.

Greenpeace «las consecuencias para el planeta de la compra online a gran escala»

Guía de Greenpeace para comprar online de forma sostenible

  • Compra local, prioriza las tiendas de barrio: En lugar de comprar en grandes superficies online y aumentar las ganancias de empresas contaminantes, hazlo en tiendas pequeñas. La satisfacción de comprar en librerías, restaurantes y artesanos que están en riesgo es mucho mayor que la efímera alegría de una compra impersonal.
  • Cuando sea posible, elige productos ecológicos sin embalajes. Antes de comprar, pregunta en la tienda qué tipo de embalaje ofrecen. Si no puedes reutilizarlo o devolverlo mediante políticas de devolución, prioriza las opciones recicladas, pero ten cuidado con las falsas soluciones. Ten en cuenta el tamaño de la caja: debe ser acorde con el tamaño del producto que va dentro.
  • Elige establecimientos que dispongan de puntos de recogida o recogida en tienda, a los que puedas llegar caminando, en bicicleta o transporte público. No tendrás que esperar en casa a recibir tu envío y evitas las emisiones de efecto invernadero generadas. Cuando las entregas sean completamente necesarias, elige sistemas sostenibles (por ejemplo, empresas de reparto en bicicleta).
  • Evita las devoluciones. Haz las preguntas necesarias para comprar la talla o modelo adecuado.
  • Compra de segunda mano, repara o intercambia productos. Incluso si están online, les estás dando una vida útil más larga.

Greenpeace denuncia una nueva amenaza para el medio ambiente

Ante el auge del comercio online a gran escala, Greenpeace alerta del grave peligro que este servicio entraña para el planeta en términos de uso de los recursos, emisiones de gases de efecto invernadero y de residuos.

Durante la llamada “última milla” (la distribución de los paquetes a los hogares) es cuando se genera un mayor número de emisiones, principalmente por el transporte. Esto se ha agravado con la reciente introducción del modo “rápido”, que permite recibir los productos en 24 horas, y por las devoluciones gratuitas, ya que uno de cada tres productos se retornan.

El Black Friday es una fecha especialmente dañina en este sentido: solo en este día, en 2019 se estima que se distribuyeron 3,5 millones de paquetes en toda España y 1,5 en Madrid (un día normal en la capital se distribuyen en torno a 350.000 – 400.000 paquetes). A las emisiones del reparto se suman las ligadas a la importación de productos por avión. Esto implica una huella de carbono adicional por cada producto, pues el transporte aéreo emite al menos seis veces más que un camión por tonelada transportada.

Los residuos generados por las compras online -en su mayoría envoltorios de usar y tirar- son otro de los principales problemas ambientales. Al no ser envases, los plásticos que se usan para envolver no se reciclan, por lo que acaban en vertederos o incineradoras. El cartón, que tiene una mayor tasa de reciclado y es algo más sostenible (aunque a menudo es una mezcla de ambos materiales), comienza a ser ingestionable también debido al creciente aumento de envíos online.

Necesitamos medidas urgentes al respecto

“Mediante publicidad personalizada a través de algoritmos que identifican nuestras debilidades, las empresas manipulan nuestros deseos e incluso detectan nuestros momentos de vulnerabilidad para que sigamos consumiendo al ritmo actual. El mejor ejemplo es China, donde en solo 15 años se ha pasado de recibir un paquete por persona al año a casi 35 paquetes de media por sus compras online”, ha declarado Celia Ojeda, responsable del proyecto de ciudades en Greenpeace Internacional.

Para la organización ecologista, el e-commerce se puede transformar en un sector sostenible en el que se apoyen los comercios locales. Siendo necesario para ello, establecer medidas que afecten tanto a las empresas de venta y a las transportistas como a las personas consumidoras.

Comprar online no es malo en sí mismo, de hecho, durante la pandemia ha dado una posibilidad a pequeños negocios que no tenían otra forma de vender sus productos. Sin embargo, el consumo masivo sí tiene consecuencias muy negativas: necesitaríamos tres planetas Tierra para satisfacer nuestra tasa actual de consumo”, ha concluido García.

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Llamamiento a la ciudadanía para que se sume al ligio climático

El primer litigio climático de la historia de España ya está en marcha. Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón, que han demandado al Gobierno por inactividad ante el cambio climático, lanzan hoy una petición para que la ciudadanía se sume al proceso judicial para exigir más ambición en la lucha contra el cambio climático.

Mientras la actual crisis sanitaria y económica global sigue su curso, la crisis climática no deja de agravarse. Las organizaciones advierten de que el impacto de la COVID-19 obliga a repensar y construir un mundo nuevo donde el cuidado de las personas y del planeta esté en el centro.

“La respuesta insuficiente del Gobierno de España ante la emergencia climática pone en riesgo al país y expone a las personas y al medio ambiente a sufrir cada vez más las catastróficas consecuencias que trae consigo el cambio climático”, señalan las organizaciones en el texto.

Los impactos del cambio climático ya se están evidenciando en todo el mundo. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha vinculado la pandemia de la COVID–19 con la crisis climática y el Panel Intergubernamental de la ONU sobre biodiversidad (IPBES) ha advertido de que prevenir es mejor –y más barato– que curar: al abordar la pérdida de biodiversidad y el cambio climático es posible reducir el riesgo de una futura pandemia a solo el 2% del coste económico de la COVID–19.

Aunque el planeta lleva años asistiendo al deshielo del Ártico, la subida del nivel del mar, el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos (como el supertifón Goni en Filipinas, el más devastador en lo que va de año) o la extinción masiva de especies animales y vegetales, estos impactos se están acelerando y son solo un primer aviso de consecuencias potencialmente más catastróficas. En España, además, las sequías, las inundaciones y los incendios son cada vez más devastadores. Y, como siempre, las personas más vulnerables son las más expuestas, las que más sufren sus consecuencias, aunque son las menos responsables de los efectos del cambio climático.

Las organizaciones denuncian que ninguno de los Gobiernos de España ha mostrado la ambición o el interés suficiente para cumplir con su deber ante la mayor amenaza a la que se enfrenta el planeta. Por esta falta de acción ante el cambio climático y por no contar con un plan de respuesta adecuado ante este grave problema, tal y como obliga la Unión Europea, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón han tomado la decisión de llevar al Gobierno ante los tribunales.

“Tener una política climática que nos permita disfrutar de un futuro sostenible es una obligación legal. La presión popular y la justicia serán la palanca que mueva a la clase política. Por eso, es necesario que muchas personas se sumen a esta demanda”, concluyen en el texto las tres organizaciones, que incorporarán todo el apoyo ciudadano recibido en la documentación que entreguen al Tribunal Supremo como una muestra más de la preocupación social existente por la inactividad ante el cambio climático.

La nueva planificación hidrológica difiere de la transición ecológica

  • SEO/BirdLife lamenta la inercia insostenible de la política de aguas que se refleja en los documentos sobre los que se basarán los futuros planes hidrológicos para el periodo 2021-2027.
  • Además, valora de extrema gravedad mantener algunas cuestiones en estos documentos, entre ellos: diagnósticos incompletos de la situación de algunos de los humedales más importantes de España, como el Mar Menor o Doñana; minimizar la realidad crítica a la que se enfrenta el delta del Ebro; la omisión del trasvase Tajo-Segura, o la apuesta por mantener obras hidráulicas que deterioran los ríos.

Para la organización conservacionista, la Red Natura 2000 sigue siendo la gran olvidada a pesar de las recomendaciones de la Comisión Europea y de diversas sentencias de los tribunales, y apunta que la atención a estas zonas protegidas queda aún más debilitada que en el ciclo anterior.

Hoy se cierra el plazo de consulta pública a los documentos previos a la elaboración de los plan hidrológicos, los Esquemas de Temas Importantes (ETI) de las demarcaciones hidrográficas de competencia estatal.

Tras la revisión de la documentación presentada, SEO/BirdLife lamenta que siguen sin asumirse los objetivos fijados por Europa y muestra su decepción por la falta de ambición. La organización apunta que la inercia en las políticas de oferta del agua se mantiene, a pesar de la realidad climática y del estado crítico en el que se encuentran los ecosistemas acuáticos. Estos documentos se disponen más a ofertar y asegurar consumos insostenibles que a conservar los ecosistemas acuáticos con las exigencias que establecen las directivas europeas, y subraya que no se hace un diagnóstico objetivo de la situación actual, ni del fracaso en la falta de ejecución de las medidas planteadas o de la ineficacia de las ejecutadas, y entiende que la realidad ambiental, que debe ser el pilar de la planificación, es inexistente.

Asimismo, los documentos insisten en soluciones que se han mostrado, cuanto menos, ineficaces, y mantienen apuestas sectoriales y paquetes de medidas que siguen deteriorando los ríos, acuíferos y humedales. Es inexistente un análisis realista, crítico y constructivo con relación a los conflictos a los que se enfrenta este ciclo de planificación hidrológica. Como muestra de ello, SEO/BirdLife llama la atención a cuestiones como que el 70% de presupuesto de la cuenca del Ebro vaya destinado a la modernización de regadíos sin un análisis de su papel en la mejora del estado de las masas de agua; la omisión de análisis de grandes obras como el recrecimiento del embalse de Yesa, o los nuevos pantanos de Mularroya o Almudévar; la omisión del trasvase Tajo-Segura y sus impactos ambientales; la falta de reconocimiento a la situación crítica del delta del Ebro y su futuro en relación con la necesidad de gestionar los sedimentos de la cuenca; las graves carencias en el diagnóstico del estado de humedales como el Mar Menor, Doñana y l’Albufera de Valencia , y en las escasas y poco ambiciosas medidas para su conservación.

Para SEO/BirdLife existe un abismo entre los planteamientos iniciales expuestos en las jornadas de participación, que aseguraban que se centrarían en los objetivos medioambientales, y la política de oferta del agua que se mantiene en los documentos, todo ello a pesar de estar inmersos en una crisis climática galopante cuyos efectos en nuestro país serán catastróficos desde el punto de vista hidrológico, ambiental y económico. No se trata sólo de consumir mejor o de manera más eficiente sino de asegurar que no consumimos más agua de lo que tenemos en cada cuenca?.

Pero si algo preocupa a SEO/BirdLife es la falta de integración de la Red Natura 2000 en estos documentos. Las administraciones públicas siguen sin interiorizar el importante papel y las obligaciones de la Directiva Marco del Agua en la conservación de la naturaleza y de estas zonas protegidas, y la desgobernanza en la materia es absoluta.

Roberto González, responsable del programa de Aguas de SEO/BirdLife lamenta que “a pesar de llevar años señalando las mismas carencias y de que la información científica se hace cada vez más contundente, la planificación hidrológica sigue su curso insostenible. Parecería que cuestiones como no deteriorar los ríos, acuíferos y humedales, o fijar caudales ecológicos, fueran en contra de la planificación hidrológica, y esa es la debilidad del modelo, no asumir que proteger el recurso es proteger los sectores asociados y la economía”. Finalmente, González subraya que “ahora toca revisar las alegaciones presentadas con la vista puesta en los aspectos ambientales y asumir la necesidad de virar la política de aguas a la conservación de nuestros ríos y humedales. Otra cosa no se entendería, asumiendo que el agua es una de las piezas clave para la transición ecológica”.

SEO/BirdLife insiste en que, de mantenerse este enfoque en los documentos, España terminará su planificación hidrológica con graves sanciones de la Comisión Europea por incumplimientos en las directivas de agua y de conservación de la naturaleza.
Más información:
Prensa SEO/BirdLife Olimpia García 699 983 670 / 914340910 / prensa@seo.org
Foto: Parque Natural del Alto Tajo. © A. Carretero-SEO/BirdLife

Preocupante el crecimiento de la ganadería industrial en España

  • Entre 2013 y 2019 se instalaron en España granjas industriales a un ritmo de casi 20.000 cerdos a la semana. España alberga más cerdos que ningún otro país europeo.
  • El crecimiento de la producción está impulsado por la exportación, principalmente a China. – España es líder en uso de antibióticos, contaminación del agua y contaminación del aire asociados a este modelo de producción.
  • La proliferación de explotaciones ganaderas industriales ha generado una gran movilización social de rechazo en el medio rural debido a las graves consecuencias para la salud que generan por la contaminación del agua potable y del aire.

El informe, publicado hoy en España por Amigos de la Tierra y Food & Water Action Europe y que se presentará esta tarde en el evento digital “La ganadería industrial en Europa”, analiza los riesgos que este avance supone para nuestra salud, nuestra seguridad alimentaria y el cambio climático, sin olvidar su relación con la propagación de virus como el COVID19.

“La ganadería industrial está poniendo en riesgo nuestra salud. La dosificación rutinaria de antibióticos a los animales está aumentando el riesgo de que las bacterias resistentes a los antibióticos acaben en la carne”, afirma David Sánchez Carpio, autor del informe y director de Food & Water Action Europe. “Pero este no es el único riesgo. Cada año miles de personas en zonas rurales de España ven limitado su acceso a agua potable en sus hogares debido a la contaminación por nitratos y nuestro país lleva años superando los límites de emisiones de amoniaco”.

El informe revela también cómo las condiciones de trabajo inseguras en las granjas industriales y los mataderos están poniendo en peligro a las personas trabajadoras y aumentando la propagación de enfermedades, como se ha visto recientemente en relación con la pandemia del COVID19.

“La crisis del COVID-19 ha demostrado la fragilidad e inhumanidad de un sistema basado en conseguir carne barata.” Ha recordado Andrés Muñoz Rico, responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra: “Pero este no es un fenómeno exclusivamente español. El riesgo de desaparición de la ganadería extensiva se está dando en toda Europa y necesitamos una acción urgente de los responsables políticos nacionales y de la UE”.

Recientemente el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE y el Parlamento Europeo han aprobado la regulación de una Política Agrícola Común que, según denuncian las organizaciones, implica continuar financiando a la ganadería industrial, pese al impacto climático, medioambiental y social de dicho modelo.

“No es admisible lo aprobado la semana pasada en Bruselas, ya que pone aún más en riesgo los modelos de ganadería más sostenibles y marca un camino erróneo hacia una política alimentaria que no permitirá el cumplimiento de los objetivos climáticos y de conservación de la biodiversidad del Acuerdo de París y de la nueva Estrategia Europea de Biodiversidad para 2030” confirma David Sánchez.

«Si se ratifica lo aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo, se mantendrán los pagos acoplados que no tendrán ninguna condicionalidad medioambiental, tales como mantener densidades máximas para el ganado o que las explotaciones ganaderas cumplan con la Directiva Marco del Agua. Desde la sociedad civil reclamamos a la Comisión Europea que dé un giro radical hacia una nueva política agraria más sostenible para el planeta y las personas, rechazando la actual regulación aprobada » ha afirmado Andrés Muñoz.

El evento de presentación del informe tendrá lugar el jueves 29 a través de las redes sociales de Amigos de Tierra a las 18:00 junto a la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial. Este evento es el cierre de una serie de encuentros organizados por Amigos de la Tierra en el marco del Mes por un sistema alimentario más justo para las personas y el planeta. Todos los eventos difundidos junto a la campaña internacional contra la agricultura industrial se encuentran disponibles en la web de Amigos de la Tierra.