Alertan del mal estado ecológico del arroyo de la Rocina y las marismas de la aldea de El Rocío, en Doñana 

  • El arroyo de la Rocina, uno de los principales aportes de agua de la marisma del Parque Nacional de Doñana, se encuentra gravemente afectado por las extracciones de agua y la contaminación por fertilizantes de uso agrícola.
  • Las marismas de El Rocío son de vital importancia para las aves migratorias de Europa, ya que permanecen inundadas cuando la mayor parte de la marisma de Doñana se encuentra todavía completamente seca.
  • La biodiversidad y el estado general de la marisma de El Rocío puede conocerse en directo, las 24 horas del día, desde cualquier parte del mundo, a través de la webcam que SEO/BirdLife tiene instalada en el Centro Ornitológico Francisco Bernis, frente a este humedal.

El arroyo de la Rocina representa el principal aporte de agua de la “Madre de las Marismas”, una amplia llanura arcillosa que se inunda estacionalmente, situada frente a la aldea de El Rocío (Almonte, Huelva) y que se adentra en Doñana a través de un sistema de caños naturales. Las lluvias de esta primavera han posibilitado la inundación de esta zona del parque nacional, mientras la mayor parte de la marisma de Doñana se mantenía seca, representando uno de los últimos refugios para miles de aves reproductoras, entre las que abundan especies migratorias llegadas del continente africano como el fumarel cariblanco, el carricero tordal, la garza imperial o la garcilla cangrejera, entre otras.

Sin embargo, a pesar de contar con el mayor grado de protección nacional e internacional, tanto el arroyo de la Rocina como estas marismas de El Rocío son ecosistemas degradados y su biodiversidad asociada se encuentra gravemente amenazada. Según el último informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, estas masas de agua se encuentran en “mal estado cuantitativo” y “mal estado químico” a causa de la sobreexplotación y la contaminación por fertilizantes derivados en ambos casos de las fincas en regadío dedicadas principalmente a la producción de frutos rojos ubicadas a lo largo de la cuenca del arroyo.

Esta situación se ve agravada en situaciones como el reciente ciclo de sequía, algo que no será un hecho puntual, sino una constante entre los países de la cuenca mediterránea, tal y como señalan los últimos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Para Carlos Davila, responsable de la Oficina Técnica de SEO/BirdLife en Doñana, “la biodiversidad es un indicador de la calidad de los ecosistemas y en Doñana hace tiempo que se evidencia una tendencia negativa entre gran parte de las poblaciones de especies que pueblan lo que fuera el último paraíso natural europeo. La marisma se inunda cada vez más tarde y durante menos tiempo, mientras las lagunas costeras desaparecen. Es urgente actuar sobre los últimos refugios de biodiversidad, como el arroyo de La Rocina y la Madre de las Marismas, increíblemente ausentes del Plan de restauración hídrica Doñana 2005, ejecutado a partir del desastre ecológico generado por el vertido de la mina de Aznalcóllar, en 1998.”

“Es necesaria, por tanto, la aplicación de medidas de gobernanza que impidan que continúe la degradación de estos humedales, reducir las extracciones de agua asegurando su caudal ecológico y eliminar la entrada de contaminantes agrícolas. Igualmente, la restauración ecológica debe promover los filtros verdes, actuar sobre la colmatación por exceso de sedimentos, el control de predadores oportunistas, la protección de las colonias de cría de aves, la erradicación de especies invasoras y la eliminación de basuras”, subraya Davila.

Para SEO/BirdLife, Doñana, como el Mar Menor, está siendo víctima de la avaricia empresarial, la bochornosa complicidad política y un modelo socioeconómico anacrónico, obsoleto y cortoplacista basado en el uso insostenible de los recursos hídricos.

La marisma de El Rocío, en directo

Las aves de la marisma de El Rocío pueden observarse en directo desde cualquier parte del mundo a través de la primera cámara web del Parque Nacional de Doñana, con transmisión de imagen y sonido en tiempo real las 24 horas. Una acción que forma parte del proyecto de webcams en parques nacionales que la ONG conservacionista ha puesto en marcha para que el público pueda disfrutar de la riqueza natural de estos espacios protegidos.

Esta webcam, ubicada en el Centro Francisco Bernis de SEO/BirdLife, es una ventana abierta al mundo para conocer su avifauna y biodiversidad, y el estado general de la marisma del Parque Nacional de Doñana a lo largo del año. Una cámara que no solo tiene un valor didáctico, turístico, científico y divulgativo, sino que sirve para mostrar la fragilidad de este valioso Humedal Ramsar de Importancia Internacional y Patrimonio de la Humanidad, y reclamar medidas urgentes para su conservación.
Foto: Ánsares comunes en la marisma de El Rocío (Doñana) ©SEO/BirdLife

Científicos e investigadores de España alertan sobre el futuro de Doñana

Un total de 25 sociedades científicas estatales que forman parte del Grupo de Sociedades Científicas por la Conservación del Patrimonio Natural (SOCINAT), junto con 1.109 investigadores y científicos del ámbito de la biodiversidad y geodiversidad, han firmado un manifiesto a favor de la protección de Doñana y contrario a la legalización de cultivos en el entorno del parque nacional.

Este manifiesto explica que la evolución de los diferentes parámetros hidrogeológicos, hidrológicos y biológicos de Doñana, resultado de los múltiples estudios llevados a cabo en las últimas décadas, no dejan margen de duda sobre el deterioro del parque nacional y, por lo tanto, debe replantearse el modelo de planificación y gestión territorial en la zona, remediarse las amenazas que se ciernen sobre este espacio natural y evitar cualquier incremento de la superficie de regadío en el entorno.

El manifiesto, con un respaldo sin precedentes en el campo de la ciencia española, apunta que ya existen afecciones dañinas sobre el ecosistemas y enumera importantes cambios en la distribución de las comunidades vegetales, desaparición de plantas, tendencias negativas relevantes en especies amenazadas de aves, y en aquellos organismos dependientes de hábitats acuáticos, como libélulas, peces, anfibios, reptiles y un largo etcétera, que están erosionando gravemente la biodiversidad del parque nacional. Igualmente, el documento apunta que la resiliencia del ecosistema ya ha sido gravemente afectada y que la tendencia se agravará y tornará irreversible si no se limitan las causas del drástico cambio que está sufriendo Doñana y su entorno.

Por ello, lamentan que el Parlamento de Andalucía haya dado luz verde a la tramitación de un plan para modificar las zonas de regadío del entorno de Doñana y aumentar la superficie legal de riego, pese a la oposición del Gobierno Estatal, el organismo de cuenca, las organizaciones ecologistas, sociales y políticas, buena parte de los agricultores afectados y las advertencias de organismos internacionales.

Ante esta situación, las sociedades científicas e investigadores firmantes desde diferentes ámbitos de la ciencia, manifiestan que las presiones globales a las que se enfrenta Doñana son alarmantes e insostenibles, que cualquier incremento de la superficie de regadío resulta una amenaza que desoye la evidencia científica, y que la legislación presenta herramientas suficientes, que deben aplicarse, para frenar el deterioro al que se encuentra sometido el Parque Nacional de Doñana.

Enlace al Manifiesto de la ciencia por la conservación de Doñana

Supermercados europeos piden al Presidente Juan Manuel Moreno Bonilla que abandone el plan para legalizar el regadío ilegal en Doñana

  • En el Día Mundial del Agua, 22 de marzo. Aldi, EDEKA, Lidl, Migros, Sainsbury’s o Tesco, entre otros grandes supermercados y empresas agroalimentarias europeas, suscriben una carta en la que expresan su preocupación porque la proposición de ley del PP, Ciudadanos y Vox pueda poner en peligro a Doñana. 

Veintitrés supermercados y empresas líderes del sector frutícola europeo, incluidos minoristas y empresas comercializadoras y de procesadoras de frutas que comercializan fresas de Huelva y de Doñana han suscrito una carta dirigida al presidente de la Junta de Andalucía y líder del Partido Popular de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla,  pidiéndole que abandone el plan para legalizar hasta 1.900 hectáreas de regadío ilegal de fresas. En la carta muestran su preocupación porque la propuesta de ley pueda poner en peligro a Doñana, y comprometa la reputación y el desarrollo a largo plazo de toda la  región como zona de abastecimiento agrícola.

Entre las  empresas se incluyen algunos de los minoristas de alimentos más grandes del continente como Aldi, Asda, EDEKA, Lidl, Migros, Sainsbury’s y Tesco, que han dirigido -a petición de WWF- una carta al presidente andaluz Moreno Bonilla, instándole a abandonar el plan para indultar a las explotaciones que extraen ilegalmente agua subterránea del acuífero Almonte-Marismas, a pesar de encontrarse declarado oficialmente sobreexplotado. En la carta también hacen un llamamiento para que se  implemente plenamente el Plan Especial de la Corona Forestal o “Plan de la Fresa”, tal y como fue acordado en 2014. Estas empresas también se han dirigido en los mismos términos al Ministro de Agricultura y a la Vicepresidenta para la Transición Ecológica.

Imagen de la marisma de El Rocío (Doñana) desde la webcam instalada por SEO/BirdLife

Todas estos supermercados y empresas compran grandes cantidades de fresas y otros frutos rojos de la región. Las empresas consideran que el Plan Especial vigente constituye una herramienta importante para garantizar unos cultivos más sostenibles.  Ante ello,  expresan su preocupación porque los cambios propuestos «puedan socavar este objetivo y poner en peligro el Parque Nacional de Doñana», y pueda quedar comprometida «la reputación y desarrollo a largo plazo de toda la región como zona de abastecimiento agrícola».

WWF considera que el partido de Moreno Bonilla y sus socios en el Parlamento de Andalucía, con su propuesta de indulto para los regantes ilegales de Doñana, están agravando la situación de la fresa de Huelva, que actualmente está pasando una importante crisis ante la huelga del transporte, la sequía o la subida de los costes de producción. La situación actual del campo onubense ya es difícil y cualquier retroceso en normas y objetivos ambientales, como el que se pretende realizar en Doñana, podría suponer un importante revés.

WWF pide a las organizaciones que apoyan la propuesta de indulto,  promovida por el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, reflexión sobre la advertencia sin precedentes de estos veintitrés supermercados, industrias y empresas comercializadoras europeas, y considerar el daño que se puede causar a la reputación internacional y a las ventas de las fresas onubenses en Europa ante las reticencias, cada vez mayores, de los consumidores de no adquirir productos regados ilegalmente que puedan poner en riesgo espacios naturales como Doñana o el Mar Menor.

“Los principales supermercados europeos y las empresas del sector frutícola lo han dejado claro: este plan de amnistía no debe convertirse en ley porque amenaza el futuro de los insustituibles humedales de Doñana, así como la industria frutícola legal que impulsa la economía local”, afirma Stuar Orr, Responsable del Programa Global de agua dulce de WWF. “Los minoristas europeos y las empresas del sector frutícola se han unido a los conservacionistas, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE, las organizaciones internacionales (Unesco, Ramsar y UICN), los científicos y el gobierno español para condenar este plan”.

“Los supermercados europeos son muy claros y exigen garantías de que las fresas que comercializan se han producido de forma legal y sin dañar Doñana y respetando la redacción original del Plan de la Fresa aprobado en 2014”,sostiene Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF. Y añade: “Esta carta de los principales supermercados europeos al Presidente Moreno Bonilla para que detenga el indulto a los empresarios ilegales es una poderosa llamada de atención que no debe ser obviada ya que pondrá en entredicho la imagen y credibilidad de los productos de Huelva en Europa en un momento en que la competencia con otros países es cada vez mayor.

Cabe recordar que la tramitación de esta ley de indulto a los empresarios agrícolas ilegales de Doñana que ya ha comenzado en el Parlamento de Andalucía se produce con el apoyo del Partido Popular, Ciudadanos y VOX y la incomprensible abstención del PSOE de Andalucía, tan sólo seis meses después de que el Tribunal de Justicia de la UE emitiera un fallo histórico condenando a España por destruir Doñana debido a “extracciones desproporcionadas de aguas subterráneas”. También hace más de un año que la UNESCO, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Convención de Ramsar sobre los Humedales emitieron 15 recomendaciones para salvaguardar Doñana que no se han cumplido.

Greenpeace denuncia en el Consejo de la UE la deforestación alarmante

Seis escaladores de Greenpeace han escalado esta mañana la fachada del edifico Europa, la sede del Consejo de la UE en Bruselas, Bélgica, para mostrar un contador a tiempo real con la cantidad de bosque destruido en todo el mundo mientras los ministros de medio ambiente se reunían para discutir una propuesta de ley para abordar la deforestación provocada por la importación de materias primas desde la UE. Así, durante su meeting, estimado en 90 minutos, se destruyó en el planeta un área de bosque como la mitad de la ciudad de Bruselas, 1750 hectáreas.

Los ministros de Medio Ambiente están discutiendo sus posiciones sobre una propuesta de ley presentada en noviembre de 2021 por la Comisión Europea para reducir la contribución de la UE a la destrucción de los bosques. El contenido de la propuesta ha sido criticada por no proteger adecuadamente los derechos humanos, no brindar protección a otros ecosistemas de alto valor para la conservación, por omitir imponer obligaciones al sector financiero y dejar fuera muchos productos que tienen un alto impacto en la naturaleza, como carne de cerdo, pollo, maíz y caucho. Las corporaciones están presionando contra los requisitos para rastrear los ingredientes de sus productos hasta el lugar exacto donde se cultivaron los alimentos o pastaron los animales, y los gobiernos europeos de países ricos en bosques amenazan con socavar partes de la ley para proteger a sus propias empresas forestales.

Sini Eräjää, activista de agricultura y bosques de Greenpeace UE, ha comentado: “La demanda del mercado europeo de materias primas está provocando la destrucción de ecosistemas vitales para el planeta. Tenemos la oportunidad de poner fin a la responsabilidad de la Unión Europea en este grave problema, ofreciendo garantías a la ciudadanía de que nada de lo que hay en su cesta de la compra está relacionado con la destrucción de la naturaleza o los abusos de los derechos humanos. En lugar de escuchar las demandas de la industria para descafeinar la ley, los ministros deben asegurarse de que todos los productos que puedan proceder de la destrucción de los ecosistemas pueden rastrearse hasta la parcela de tierra donde se produjeron y proteger los bosques no solo de la tala para la agricultura sino también de la degradación de los bosques”.

En 2020 el planeta perdió 51 millones de hectáreas de bosque, un área del tamaño de un campo de fútbol cada dos segundos, principalmente por la expansión de la agricultura industrial, muchos de cuyos productos se consumen en Europa.

Greenpeace hace un llamado a los ministros para que solucionen las lagunas y puntos débiles de la propuesta de ley, en lugar de debilitarlo aún más y garantizar que todos los ecosistemas estén protegidos, todos los productos cubiertos y los derechos humanos debidamente respetados.

Después de la reunión de hoy se espera que la presidencia francesa presione a los ministros de medio ambiente para que acuerden su posición antes de su próxima reunión el 28 de junio. El Parlamento Europeo también ha comenzado a redactar su posición y se espera una votación en el comité de medio ambiente el 11 de julio.

Concentración por la Iniciativa Legislativa Popular en defensa del Mar Menor

  • El grupo promotor de la ILP del Mar Menor, acude a Madrid apoyado por diferentes colectivos que se concentrarán a las puertas del Congreso de los Diputados.
  • Teresa Vicente defenderá la ILP para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso.

El próximo martes 15 de marzo la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados recibirá a la abogada Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia y principal promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretende dotar de Personalidad Jurídica al espacio natural del Mar Menor y su cuenca.

Esta iniciativa parte de un estudio de la Clínica Jurídica de la Universidad de Murcia. Cuenta con el apoyo de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, en la que participan Amnistía Internacional y Ecologistas en Acción. Se ha basado en las experiencias que ya existen en otros países de América y Oceanía, en los que se ha dotado a ríos o lagos con ese reconocimiento legal, que pretende servir de herramienta para la protección eficaz de importantes ecosistemas de gran valor ecológico y que se encuentran amenazados por el modelo actual de producción y consumo.

Con esta iniciativa se pretende que el Mar Menor tenga una carta de derechos que respete su ley ecológica, y garantice sus legítimos derechos a vivir, a reparar el daño y a recuperarse. Además, servirá para perseguir y sancionar a aquellas personas, empresas o entidades que agredan al ecosistema.

En la comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, Teresa Vicente defenderá la ILP del Mar Menor y su cuenca, con la petición de que se eleve al Pleno del Congreso y se pueda aprobar lo antes posible, para poder ponerla en práctica y hacerla efectiva.

Diversos colectivos sociales y ambientales que trabajan en la defensa del Mar Menor, y que han colaborado en la recogida de firmas y promoción de la iniciativa, han convocado este martes 15 de marzo, a las 10:30, una concentración de apoyo a esta ILP en la Carrera de San Jerónimo de Madrid, frente al Congreso de los Diputados, coincidiendo con la comparecencia. A esta concentración, que está abierta a quien quiera secundar esta iniciativa, asistirán miembros de los diferentes colectivos, que se desplazarán a la capital desde diferentes municipios de la Región de Murcia y otras partes del Estado español.

Tanto el grupo promotor como los colectivos que apoyan la ILP del Mar Menor confían en que la Comisión de Transición Ecológica votará a favor de presentar la ILP a votación en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde esperan que se consiga su aprobación.

Teresa Conesa (ILP Mar Menor)

Julia Albaladejo (Movimiento ciudadano Banderas Negras

La UE debe acabar con la dependencia del gas, no buscar otros países a los que seguir comprando

  •  Las versiones filtradas del plan de la Comisión priorizan la diversificación de las importaciones de gas fósil de la UE, así como las importaciones de hidrógeno y biogás
  • El plan no propone una eliminación gradual del gas fósil, pero sí propone acelerar el despliegue de energías renovables y medidas para mejorar la eficiencia energética
  • Según Greenpeace, buscar nuevas fuentes de importación de gas fósil o combustibles alternativos no solucionará la vulnerabilidad de Europa ante las crisis energéticas y acelerará el colapso climático

La Comisión Europea publicará hoy un plan sobre cómo reducir la dependencia de la UE de las importaciones de gas fósil de un solo proveedor en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la actual crisis energética. Buscar nuevas fuentes de importación de gas fósil o combustibles alternativos aún dejaría a Europa vulnerable ante las crisis energéticas y aceleraría el colapso climático, ha declarado Greenpeace.

Las versiones filtradas del plan de la Comisión priorizan la diversificación de las importaciones de gas fósil de la UE, así como las importaciones de hidrógeno y biogás. El plan no llega a proponer una eliminación gradual del gas fósil en su totalidad, pero sí propone acelerar el despliegue de energías renovables y medidas para mejorar la eficiencia energética.

Silvia Pastorelli, responsable de la campaña europea de energía y clima de Greenpeace, ha declarado: “Europa debe dejar de financiar la maquinaria bélica de Putin, pero el problema es más profundo que abordar de dónde viene el gas fósil que usamos. El problema es que quemamos mucho gas. Otras fuentes de gas fósil, hidrógeno o biogás mantendrían a la UE enganchada a la quema de combustibles y vulnerable a futuras crisis energéticas, además de empeorar la crisis climática. Los esfuerzos de la UE deben centrarse en reducir la demanda de energía y acelerar las energías renovables lo más rápido posible; esto nos ayudará a reducir las importaciones no solo de gas ruso, sino también de petróleo y carbón, así como a evitar empujar a millones de personas a la pobreza energética”.

La mayoría de los combustibles fósiles que importa la Unión Europea provienen de Rusia. En 2019, dos quintas partes de las importaciones de gas fósil de la UE vinieron de Rusia, al igual que más de una cuarta parte de las importaciones de crudo y casi la mitad del carbón importado. Las importaciones de energía de la UE desde Rusia ascendieron a 60.100 millones de euros en 2020.

Greenpeace y otras seis organizaciones de la sociedad civil han elaborado un manifiesto sobre la calefacción renovable en Europa, en el que se explica cómo reducir la dependencia europea de los combustibles fósiles y proteger a las personas vulnerables de la pobreza energética. El uso principal del gas fósil en la UE es la calefacción de edificios y agua, que representa alrededor del 40 % del gas utilizado. En España en 2019 el uso residencial fue un 21% y en el comercio, los servicios y las administraciones públicas fue un 16% del gas total empleado.

Los próximos jueves y viernes, los jefes de gobierno de los países miembros de la UE se reunirán en Versalles para discutir más a fondo las medidas energéticas para reducir las importaciones de combustibles fósiles de Rusia.

Greenpeace denuncia con un nuevo informe la pesca destructiva de calamar

  • La cuarta y última ronda de negociaciones de Naciones Unidas para aprobar un Tratado Global de los Océanos se celebra desde hoy hasta el 18 de marzo en Nueva York

Mientras los gobiernos se reúnen hoy en la ONU para discutir el destino de los océanos del mundo y a pesar del doloroso contexto geopolítico actual por la invasión rusa en Ucrania, un nuevo informe de Greenpeace destapa una industria pesquera de calamar en rápido crecimiento y, en gran parte, no regulada [1].

El calamar en el punto de mira: Receta para el desastre, destapa la enorme escala de la pesca mundial de calamar, que se ha multiplicado por 10 desde 1950 a casi 5 millones de toneladas anuales en la última década y hoy pone en peligro los ecosistemas marinos de todo el mundo. Operando fuera de la vista en aguas internacionales, el ascenso meteórico de la pesca de calamar y la demanda resultante de la especie no tiene precedentes históricos, con algunas áreas experimentando un aumento de más del 800 % en el número de barcos en los últimos cinco años [2]. En algunos casos, flota de más de 500 embarcaciones han accedido a las aguas internacionales para saquear el océano, con sus lámparas encendidas para faenar visibles desde el espacio [3]. Greenpeace pide un Tratado Global de los Océanos ambicioso, que podría haber evitado esta situación y que será crucial para detener la futura expansión de las pesquerías sin restricciones.

«He visto algunas de estas flotas de calamares en mar abierto; por la noche, los barcos están iluminados como estadios de fútbol y parece que el mar es un polígono industrial», ha declarado Pilar Marcos, responsable de  Océanos de Greenpeace España. “Nuestros océanos se están industrializando: más allá de las aguas nacionales, a menudo es una batalla campal. La falta de control sobre las enormes y crecientes pesquerías de calamar en todo el mundo es un claro ejemplo de por qué están fallando las normas actuales para proteger los océanos. Es una visión inquietante que nunca voy a olvidar. Pero aunque esto esté sucediendo fuera del punto de mira  no significa que deba estar fuera de nuestro conocimiento”, subraya Pilar Marcos.

“Esta conferencia sobre los océanos es demasiado importante para que se quede en un mero debate: necesitamos medidas urgentes para proteger el ecosistema más grande de la Tierra. Todos dependemos de los océanos, lo sepamos o no: para ayudar a abordar el cambio climático, garantizar ecosistemas sanos y garantizar la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia para millones de personas en todo el mundo. Necesitamos urgentemente un Tratado Global de los Océanos ambicioso que nos permita crear una red de santuarios oceánicos en todo el mundo y poner freno a la creciente industrialización de nuestros bienes comunes globales”, señala Pilar Marcos, que también forma parte de la delegación de Greenpeace de las negociaciones de la ONU.

Los calamares son una especie vital, su sobrepesca representa una seria amenaza para todo el ecosistema, incluidas las poblaciones vulnerables de ballenas y delfines.

Como depredador y presa, sustentan redes alimentarias completas, lo que significa que la disminución de las poblaciones de calamar tendría consecuencias catastróficas para la vida marina y las comunidades costeras que dependen de la pesca para su sustento y seguridad alimentaria. Pero dado que la mayoría de las pesquerías de calamar siguen sin estar reguladas casi en su totalidad, los barcos pesqueros pueden operar sin apenas escrutinio o seguimiento de sus capturas. Actualmente no existen sistemas regulatorios y de monitoreo específicos para seguir el comercio global de calamar. En 2019, sólo tres naciones pesqueras fueron responsables de casi el 60% de la captura mundial de calamar, China continental, Perú e Indonesia. Y solo tres mercados (China continental, España y Japón) lideraron la mayoría de los movimientos del mercado global entre 2000 y 2019.

Los gobiernos se reúnen desde hoy en Nueva York para negociar un Tratado Global de los Océanos para las aguas internacionales, que cubren casi la mitad del planeta (43%). Casi 5 millones de personas han respaldado la campaña de Greenpeace por un tratado [4] y por la creación de una red de santuarios oceánicos (áreas libres de actividad humana dañina) en al menos un tercio de los océanos del mundo para 2030 [5].

La implacable expansión de la pesca del calamar en alta mar  es un excelente ejemplo de actividad industrial que afecta la biodiversidad cuando se le permite operar con impunidad. Es de suma importancia que ninguna actividad o sector humano, incluida la pesca, quede excluido del ámbito de aplicación del Tratado. Estas negociaciones representan una oportunidad histórica para cambiar la gobernanza de los océanos. Como se señala en el informe, la existencia de una Organización Regional de Ordenación Pesquera (OROP), con competencia para gestionar una pesquería de calamar no es garantía de una protección eficaz de la biodiversidad. El Tratado Global de los Océanos no reemplazará ni socavará a las OROP, sino que complementará y fortalecerá su trabajo para garantizar la sostenibilidad y la salud integral de los ecosistemas al llenar los vacíos y mejorar la cooperación entre los órganos de gestión responsables de la regulación de actividades específicas en alta mar.

Reclaman al Gobierno regional que resuelva sus cuentas pendientes con las aves de Murcia

 De la cincuentena de especies amenazadas a nivel nacional con presencia, aunque sea ocasional, en la Región de Murcia, 18 han sido catalogadas por parte del Gobierno regional y, de ellas, tan solo tres cuentan con el pertinente plan para asegurar su recuperación. Este dato, extraído del análisis que ha hecho SEO/BirdLife a partir de los datos del Libro Rojo de las Aves de España, editado por la organización en 2021, evidencia la cuenta pendiente que el Ejecutivo murciano tiene con la rica avifauna de la región. Como prioridad, SEO/BirdLife pone el foco en las aves agroesteparias -sisón, alondra ricotí, ganga ortega o carraca europea, entre otras-, que llevan esperando más de 20 años un plan de recuperación, mientras van desapareciendo, se incrementan sus amenazas por la intensificación agraria y un desarrollo renovable sin la debida planificación autonómica.

La ONG ambiental, que ha mantenido un encuentro hoy, jueves 17 de febrero, con el consejero de Agua, Pesca, Ganadería, Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de la Región de Murcia, Antonio Luengo, destaca también la necesidad urgente de dotar de planes de gestión a 21 de las 26 zonas de especial protección para las aves (ZEPA) con las que cuenta la autonomía.

La reunión también ha servido para que SEO/BirdLife presente al Ejecutivo regional su propuesta para que las lagunas costeras sean el primer hábitat que España declara en peligro de desaparición. Con esta medida, competencia del Gobierno central pero para la que se tiene que contar con la participación de las comunidades autónomas, el Mar Menor sería declarado, de facto, un espacio en peligro de desaparición -figura similar a la catalogación de una especie en peligro de extinción-, ya que la laguna representa, por sí misma, el 40% del total del hábitat de las lagunas costeras de España, que incluye también otros enclaves fundamentales de la biodiversidad ibérica como son Doñana, L’Albufera de Valencia y el Delta de l’Ebre.

La marina del Carmolí en el Mar Menor (Murcia) ©SEO/BirdLife

“La declaración del Mar Menor como hábitat en peligro de desaparición no solo es el reconocimiento oficial de la situación crítica que atraviesa la laguna, sino también un paso definitivo para su recuperación, pues aceleraría las medidas y actuaciones identificadas por las administraciones públicas, el sector y, muy especialmente, la comunidad científica para revertir su estado. Es un paso decisivo, con gran potencial de beneficio, y el Gobierno de Murcia puede contribuir, si tiene voluntad, a que sea una realidad”, ha apuntado la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz.

Prioridades para la avifauna en Murcia

SEO/BirdLife insta al Ejecutivo murciano a actualizar el Catálogo de especies amenazadas de fauna silvestre de la Región de Murcia, creado en 1995, como anexo de la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la fauna silvestre, la caza y la pesca fluvial. A juicio de la ONG ambiental, el ejecutivo regional cuenta con información amplia sobre el estado de la avifauna en la región, incluyendo la información que recoge el Libro Rojo de las Aves, pero también gracias a la contribución de investigadores de la Universidad de Murcia y de ONG de ámbito regional con las que SEO/BirdLife colabora activamente, como puede ser la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE).

En opinión de la ONG ambiental, el foco del Gobierno murciano debe estar puesto en las aves agroesteparias. En este sentido, SEO/BirdLife reitera su petición -que se suma a la comunidad científica y conservacionista de la región- para que, después de más de 20 años de retraso, la comunidad autónoma cuente con un plan de recuperación de este grupo de especies, uno de los más amenazados a nivel nacional y, a tenor de los datos del Libro Rojo de las Aves de España, también a escala regional.

“Existe un borrador de este plan desde 2018 que debería ser actualizado con la última información disponible y aprobado con urgencia. Las aves agroesteparias no pueden esperar ni un segundo más y Murcia tiene una responsabilidad clara en su conservación a escala nacional”, expone Asunción Ruiz. Para la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, “la región vive una situación paradójica con este plan: está guardado en un cajón y, sin embargo, se emplea su información para realizar los pagos vinculados a ecoesquemas de la Política Agraria Común (PAC), entre otras cuestiones”.

El plan tiene que activar medidas para la recuperación de especies como la alondra ricotí, el sisón común y la ganga ortega. Todas ellas fueron catalogadas como Vulnerables por el Gobierno de Murcia en 1995. Su situación a escala nacional, según el Libro Rojo de las Aves, es de “En Peligro”, lo que sugiere la necesidad de actualizar su categoría de amenaza a nivel autonómico. También se encuentra “En peligro” la carraca europea, considerada por Murcia “De interés especial”, una categoría inferior a “Vulnerable”.

Entre otras especies ligadas al medio agrario que merecen especial atención puede citarse el cernícalo primilla, catalogado por Murcia “En Peligro de Extinción” y que sigue sin contar con un plan de recuperación regional a pesar de existir incluso un anteproyecto; los alcaudones común y real, ambos sin catalogar autonómicamente, pero “En peligro” a escala estatal; y el Ave del Año de 2021, el alzacola rojizo, que tampoco forma parte del catálogo regional. La población de esta especie, ligada a viñedos y olivares de secano, podría haberse reducido en un 98% en la Región de Murcia desde 2004.

En este sentido, en la reunión que han mantenido, el Consejero ha adquirido el compromiso firme de que su prioridad será la aprobacion del Plan de Conservacion de las aves esteparias. 

En cuanto a las aves ligadas a humedales y al medio marino, SEO/BirdLife cita, entre otras, el chorlitejo patinegro, habitual en el Mar Menor, considerado “De interés especial” en Murcia y que, de acuerdo con los datos de la ONG, se encuentra en la categoría “En peligro” a escala nacional; y la pardela cenicienta mediterránea, que tiene un importante núcleo en el Islote de Palomas y que, de hecho, está catalogada regionalmente como “En peligro de extinción”.

Además, Murcia puede contribuir, especialmente colaborando en la designación de zonas de protección ambiental en el mar, a la conservación de una de las aves más amenazadas de Europa, la pardela balear; y colaborar en la recuperación de una especie extinta según el catálogo autonómico, la cerceta pardilla, sobre la que se están concentrando esfuerzos a través de un proyecto Life Cerceta Pardilla, del que el Ejecutivo es socio.

Cuenta pendiente con las zonas especiales para las aves

De las 26 zonas de especial protección para las aves (ZEPA) de la Región de Murcia, integradas en la red europea de espacios protegidos Natura 2000, solo 5 cuentan con el preceptivo plan de gestión o, al menos, está tramitándose: Isla Grosa, Isla Hormigas, Mar Menor, Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona, y Saladares del Gualadentín.

“Queda por tanto todo por hacer. No se trata de una cuestión menor ya que estos planes son fundamentales para la adecuada gestión de los espacios, la eliminación de amenazas y, en definitiva, para la conservación de las especies y los valores naturales por las que se consideró su protección y para otorgar seguridad jurídica a la conservación del patrimonio natural de todos”, explica Ruiz.

Entre estas amenazas, SEO/BirdLife destaca la intensificación agraria junto a un despliegue renovable desordenado y que no se orienta a aprovechar los potenciales beneficios de un modelo energético descentralizado.

En este último punto, la ONG reclama al Gobierno regional -en aplicación de la ley de cambio climático estatal- una zonificación que ordene el despliegue renovable estableciendo, con carácter vinculante, aquellas zonas incompatibles por su alto valor ecológico, unido a una apuesta decidida, y no solo formal, por el autoconsumo y la eficiencia energética en una región con un enorme potencial para situar a la ciudadanía en el centro de la transición ecológica.

 Foto: Sisón común_ ©TatavascoImages 

Greenpeace documenta el foco de gripe aviar en Íscar

Greenpeace ha sido testigo de cómo se extraen los cadáveres de las gallinas afectadas por el brote de gripe aviar en una macrogranja avícola en Íscar (Valladolid), que ha puesto en alerta a las autoridades y al sector avícola. Miles de cadáveres se están retirando para su transporte al centro de eliminación. La organización ecologista denuncia que la ganadería industrial es una auténtica bomba de relojería y que es urgente poner fin a este destructivo modelo, que pone en jaque la salud del planeta y de las personas.

La explotación, que según diversos medios, albergaba cerca de 134.000 gallinas, está en una de las zonas de mayor producción avícola de todo el país, por lo que la preocupación es mucho mayor. Esta es una razón más que de sobra para que los controles sean exhaustivos e intentar evitar que se extienda a otras instalaciones, que se propague a las personas y que genere una presión añadida a la, ya amenazada, biodiversidad.

Esta explotación, como muchas otras en la España rural, se encuentra a escasos 1.000 metros del centro de Íscar y a unos 300 de las viviendas más cercanas, lo que aumenta el riesgo de contagio para las personas. De extenderse el foco, al haber tantas explotaciones en los alrededores, podría convertirse en un auténtico problema regional o incluso estatal. La expansión desmesurada y descontrolada de la ganadería industrial tiene muchos efectos negativos y éste es uno más.

Las explotaciones industriales son el entorno perfecto para la proliferación de este tipo de virus, ya que numerosos individuos genéticamente muy similares se ven obligados a vivir hacinados. Este es precisamente el modelo predominante en España y cada vez más en el mundo. Si a esto se suma que los animales se suelen trasladar a largas distancias, se da una segunda condición que facilita la propagación del virus. Y esto no es porque falten las medidas de bioseguridad en estas explotaciones, si no simplemente porque estos ambientes crean el hábitat ideal para los patógenos.

Otro factor de riesgo son las ingentes cantidades de excrementos que se generan en estas instalaciones, ya que como señala el propio Ministerio de Sanidad “los virus aviares pueden vivir hasta 100 días a 4° centígrados. En el agua sobreviven hasta cuatro días a 22º centígrados y más de 30 días a 0º centígrados”.

No en vano, el último informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) señala, entre las medidas recomendadas para combatir los virus aviares, la reducción de la densidad de las explotaciones comerciales, especialmente en las zonas donde más se concentran estas actividades, como es este caso.

”No podemos seguir jugando con fuego en España como si nada pasara. En Europa este devastador virus ha llevado a que se exterminen millones de animales y esperamos que España no tenga que seguir ese camino. Aunque algunos políticos han llegado a dudar de la existencia de las macrogranjas, es evidente que existen y que incluso son caldo de cultivo perfecto para virus como el de la gripe aviar y otros“, ha afirmado Luís Ferreirim, responsable de la campaña de Agricultura de Greenpeace. “El sistema agroalimentario necesita una transformación profunda y en España hay que empezar por frenar en seco la propagación de la ganadería industrial”, concluye.

Greenpeace recuerda que quien salga elegido este próximo domingo en las elecciones autonómicas de Castilla y León debe afrontar este problema con valentía y demanda que Castilla y León decrete una moratoria regional a la ganadería industrial, siguiendo el ejemplo de otras regiones como Castilla La Mancha.

Greenpeace, pese a oponerse a la ganadería industrial, expresa su máxima solidaridad con los ganaderos y ganaderas afectados, muchas veces empujados hacia este sistema industrial por las grandes empresas que buscan la máxima rentabilidad al más bajo coste, y hacia un modelo alimentario donde crece cada vez más el insano consumo de alimentos de origen animal.

“Por último, y no menos importante, desde Greenpeace pedimos a las autoridades competentes que informen adecuadamente a las personas trabajadoras del protocolo a seguir en estos casos y que controlen su riguroso cumplimiento. Hemos visto a personas que no llevaban el traje de protección bien puesto, o tenían trajes rotos, sin gafas de protección, sin guantes o con guantes inadecuados y sin las mascarillas de protección recomendadas para esta situación”, concluye Ferreirim.

Algunos datos de contexto
Según los últimos datos del Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, había censadas en Castilla y León, a enero de 2021, 58.212.101 de aves de corral, siendo así la cuarta comunidad autónoma con mayor número de aves, solo por detrás de Galicia (casi 108 millones), Castilla La Mancha (97 millones) y Aragón (73 millones).

En toda España la evolución del censo de gallinas para consumo humano, tanto de huevos como carne, ha aumentado un 33,9% en los últimos seis años (2016-2021).

Con datos de 2020, en España había más de 500 millones de gallinas y aves de corral; la ganadería avícola es la que ha experimentado un mayor incremento porcentual en número de ejemplares en el último lustro: entre 2015 y 2020 la cifra de aves para consumo humano sumó 125 millones de cabezas, un aumento de casi el 34 por ciento en apenas cinco años.

La cifra de sacrificios de aves también lidera el ranking frente a otras cabañas ganaderas: de 911 millones de animales sacrificados en España para consumo humano, más de 800 millones fueron aves de corral.

Marta San Román | Greenpeace

Denuncian amnistiar a agricultores ilegales en Doñana por incumplir la sentencia del TJUE 

WWF se ha dirigido a la Comisión Europea para transmitirle su preocupación por la grave e inminente amenaza que supone la proposición de ley presentada por el Partido Popular andaluz y sus socios de gobierno para amnistiar 1.460 hectáreas de regadío ilegales en Doñana. En la carta, la organización alerta a la CE de que esta propuesta supone un claro incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Por ello, WWF solicita su ayuda para que garantice el cumplimiento de esta sentencia europea y proteja a Doñana.

La organización denuncia ante la CE que los planes de legalización de la agricultura ilegal constituyen una “auténtica burla a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, en la que condenó a España por no proteger a Doñana. En la sentencia dictaminada en junio del año pasado, el Tribunal concluía que las “extracciones desmesuradas de agua subterránea”, provenientes de las miles de hectáreas de fresas y otros cultivos rojos que han crecido sin control sobreexplotando su acuífero, incumplen el derecho comunitario. Tras el fallo, España está obligada a tomar medidas para frenar la sobreexplotación del acuífero.

Precisamente, uno de los avances que presentó España ante la CE para frenar el deterioro de Doñana fue el cumplimiento del Plan de la Corona Forestal o “Plan de la Fresa”, aprobado en 2014, fruto del consenso de todos los sectores políticos, sociales y económicos y principal herramienta para terminar con la falta de gobernanza y la impunidad que reina en el entorno de Doñana. Con esta propuesta de ley, que busca amnistiar a la agricultura ilegal que ahora ocupa los montes y extrae agua del acuífero, se modifica el Plan de la Fresa de la Fresa unilateralmente burlando la sentencia del TJUE.

Por ello, como primer paso para informar a la sociedad y a las instituciones europeas del riesgo que corre este espacio estratégico para la supervivencia de las aves de todo el continente, WWF se ha dirigido al comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, para pedirle su intervención urgente para que tanto el Gobierno español como el andaluz cumplan la sentencia, que no se apruebe esta propuesta de Ley y que se cierren todos los pozos y explotaciones ilegales que están secando el acuífero y alterando de forma irreversible la naturaleza de Doñana.

Asimismo, WWF también se ha dirigido por carta a la la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y al Convenio Ramsar para la protección internacional de los humedales, para solicitar su intervención para que la Junta de Andalucía, responsable de la gestión directa de Doñana, no apruebe este modificación y cumpla los compromisos adquiridos, por ella y por el Estado español con estos organismos internacionales y con Unesco para garantizar la conservación de Doñana y evitar que entre en la Lista del Patrimonio Mundial en peligro.

En este sentido, WWF ha iniciado una campaña de recogida de firmas en la que pide a Juan Manual Moreno Bonilla, Presidente del Partido Popular de Andalucía y de la Junta de Andalucía, que asuma su responsabilidad internacional cumpliendo las recomendaciones de Unesco y la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia para proteger este frágil y amenazado Patrimonio de la Humanidad, y que suspenda la tramitación de la amnistía para los agricultores ilegales que están secando Doñana.