La nueva PAC: ni verde, ni justa, ni adecuada para la agricultura española

La futura PAC da la espalda al Pacto Verde Europeo, debilitando la ambición climática de esta política.  El presupuesto destinado a objetivos ambientales es insuficiente y margina a los agricultores y ganaderos que producen alimentos sanos y respetuosos con la naturaleza y las personas.Se mantiene el apoyo a modelos de intensificación del territorio injustos e insostenibles.
Desoyendo las recomendaciones y evidencias de la ciencia y las demandas de la sociedad civil, y dando la espalda al Pacto Verde Europeo, esta madrugada el Europarlamento y el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE han alcanzado acuerdos decepcionantes para el futuro de la PAC. Tras estos acuerdos, aún por cerrar en el caso del Parlamento, la propuesta de reglamentos de la Comisión Europea queda muy debilitada en cuestiones ambientales y sociales. Consejo y Parlamento confirman así una actitud continuista que dificulta la transición agroecológica de nuestros sistemas alimentarios, impidiendo su adaptación a los retos futuros.

En el caso del Consejo, salvo blindar un presupuesto mínimo para los llamados ecoesquemas (un 20%, frente al actual 30% del greening), su posición debilita prácticamente cada uno de los componentes de la arquitectura verde de la propuesta de la CE de 2018. Según lo acordado, la condicionalidad ya no podrá llamarse reforzada, al mantener prácticamente la situación actual e incorporar con el mismo diseño fallido elementos del “greening” cuya ineficacia ya ha resultado probada, como las “superficies de interés ecológico” que no aplican a leñosos ni pastos, o la “diversificación de cultivos”, en lugar de la rotación.

Además, mantienen el criterio para contabilizar como presupuesto destinado a objetivos ambientales ayudas que no establecen condiciones suficientes para garantizar una gestión ambientalmente favorable, reduciendo así el impulso necesario para destinar fondos a otras medidas más eficaces o apropiadas como las agroambientales o los pagos a explotaciones en zonas protegidas como Red Natura 2000. A pesar de pretender orientar la política a un modelo que responda más a sus resultados, se debilita precisamente el sistema de evaluación y seguimiento que debería ser el soporte de ese modelo.

“Decepciona comprobar que la gran mayoría de los europarlamentarios españoles parecen desconocer la crisis ambiental y social del sector agrario en España y hayan respaldado la continuidad de una política que favorece los modelos agrarios menos sostenibles y justos con la gente del campo. Estamos fallando como país. El Ministerio de Agricultura, y el Gobierno de España, en su conjunto, debe apoyar a las explotaciones con mayor valor social y ambiental, para las que España es un exponente principal”, afirma Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife. “La transformación en verde de la PAC es la verdadera oportunidad de futuro del sector agrario en este país. La mejor “Marca España”: competitividad verde y excelencia social, de nuestros productos agrarios”, asegura.

El Parlamento aún no ha cerrado su posición final, y las votaciones continuarán hasta el viernes. Sin embargo, el resultado de la primera tanda de votación de ayer, centrada de hecho en los aspectos ambientales de la PAC, no es mejor que el del Consejo. Si bien es cierto que apoya un porcentaje mayor para ecoesquemas (el 30%), incluye objetivos económicos y abre la puerta de estos pagos verdes a la ganadería industrial, diluyendo el objetivo ambiental prioritario que debe tener. E igualmente, a pesar de defender la rotación de cultivos en la condicionalidad, rechaza el resto de propuestas que realmente podrían suponer un refuerzo de este sistema básico de condiciones asociadas a los ayudas.

En los próximos días podrían salir adelante algunos otros aspectos positivos relacionados con la sostenibilidad de los regadíos o las ayudas a las fincas en Red Natura 2000, pero aún así el acuerdo final quedaría lejos de la ambición ambiental necesaria. Por lo que sólo cabría ya que en la votación final, los parlamentarios asumieran su responsabilidad y decidieran iniciar el debate sobre la propuesta de la CE desde el principio en el seno del Parlamento.

“Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca han presentado unas propuestas decepcionantes que no van a permitir asegurar la viabilidad en las explotaciones en Natura 2000, en producción ecológica o de la agricultura y ganadería de alto valor natural. Una vez cerrados los reglamentos, tocará definir la política a nivel nacional”, afirma Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España.  Y añade: “Tenemos esperanza de que, si nada cambia en lo que queda de negociación a nivel europeo, el PEPAC sirva para compensar estas debilidades y permita reconducir este descalabro para poder avanzar hacia una transición agroecológica y conseguir una PAC verde y justa”.

Olimpia García

Nylva Hiruelas

Greenpeace exige medidas urgentes contra la «pandemia climática» colocando una mascarilla gigante en plaza de Colón

  •  La organización exige medidas urgentes frente a la emergencia climática de forma simultánea a las de la crisis sanitaria
  • España: La Ley de Cambio Climático debe responder a los objetivos recomendados por la ciencia para evitar los peores impactos
  • Europa: Jefes de Estado y de Gobierno se reúnen los próximos 15 y 16 de octubre en el Consejo Europeo para decidir sobre los objetivos climáticos y la recuperación económica
  • Miles de personas se han movilizado estos días en toda Europa para exigir justicia ambiental, social y económica
    Madrid, 13 de octubre de 2020-. Activistas de Greenpeace han colocado a primera hora de esta mañana una mascarilla gigante (4×5 metros) en una escultura de la plaza de Colón (Madrid) en la que se lee “Pandemia Climática”. A su lado, otra pancarta señala “La inacción nos ahoga”.

En un contexto de crisis sanitaria y socioeconómica extraordinarias, la organización ecologista insiste, con esta acción, en la urgencia de prevenir los peores efectos de la emergencia climática que afronta el planeta.

“Ante la crisis climática, solo existe una solución: reducir de forma drástica las emisiones de CO2. Si continuamos poniendo en riesgo la salud del planeta, nos tendremos que enfrentar a muchas más crisis sanitarias y socioeconómicas como la que estamos viviendo ahora por la COVID-19″, ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace.

La organización ecologista, que ha analizado en profundidad los borradores de la Ley nacional de Cambio Climático, del Plan Nacional de Clima y Energía y de la Estrategia a Largo Plazo, denuncia que ninguno de ellos establece los objetivos recomendados por la ciencia para asegurar que no se supera en 1,5 ºC la temperatura global, tal y como exige el Acuerdo de París.

Greenpeace recuerda, además, la importancia de que los fondos destinados a la recuperación económica y social del país aprobados la semana pasada aseguren la reducción rápida de las emisiones: no se trata sólo de destinar un 37% del presupuesto previsto a inversión verde, sino de definir con exactitud qué significa esta y garantizar que está alineada con las recomendaciones científicas y que en ningún caso se destina a mantener los sectores contaminantes.

Recientemente, Greenpeace, junto con Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón, demandaron al Gobierno español por su inactividad frente al cambio climático. El recurso interpuesto ya ha sido admitido a trámite por el Tribunal Supremo, lo que ha dado inicio a un proceso histórico: el primer litigio climático en España.

Los próximos meses son clave para aumentar los objetivos climáticos y alinearlos con la ciencia, que para España deben ser la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos el 55% en 2030 respecto a 1990 y alcanzar el cero neto de las emisiones en 2040.

En el contexto europeo, los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países miembros se reunirán los próximos 15 y 16 de octubre en el Consejo Europeo para decidir sobre los objetivos climáticos para la Unión Europea y los planes para la recuperación económica, tras la reciente decisión del Parlamento Europeo de elevar el objetivo de reducción de emisiones para 2030 al 60%. Este es el motivo por el que miles de personas en toda Europa han tomado las calles y las redes sociales para exigir a los Gobiernos que den un paso al frente en la acción por el clima.

La situación del Mar Menor sigue siendo insostenible

Un año después de que tres toneladas de peces aparecieran muertos en la orilla de la zona norte del Mar Menor, cercana a la localidad de San Pedro del Pinatar, la organización medioambiental Greenpeace denuncia que sigue sin darse pasos en la búsqueda de culpables directos de esta catástrofe medioambiental. Además se muestra realmente preocupada por la falta de soluciones al estado actual de la zona y lucha por que se juzgue el suceso en los tribunales como “ecocidio”.

La ONG se ha unido a la recién constituida plataforma Banderas Negras – Mar Menor Vivo, para intentar sumar iniciativas que pongan freno a los problemas, tan enquistados ya, que está sufriendo este ecosistema. Los colectivos reunidos en la plataforma han convocado un acto el próximo lunes, 12 de octubre de 2020, aniversario de la mortalidad masiva de los peces, en memoria del episodio y en defensa del Mar Menor a las 12:00 h en la Playa de Villananitos en San Pedro del Pinatar.

El gobierno regional atribuyó el suceso del año pasado a los 60 hectómetros cúbicos de agua y sedimentos que la gota fría ocurrida en septiembre de 2019 depositó sobre el Mar Menor. Sin embargo, las organizaciones medioambientales defienden que este desastre se debe al vertido constante de nitratos, proveniente de los abonos químicos, que las explotaciones agroindustriales que circundan el Mar Menor vienen haciendo a lo largo de las últimas décadas.

Batalla jurídica
Ante esta grave situación, el pasado mes de marzo Greenpeace decidió personarse junto a las organizaciones ANSE y Ecologistas en Acción como acusación popular en la causa judicial que ya se había iniciado en diciembre de 2017, como consecuencia de una denuncia de la Fiscalía de medio ambiente, el conocido como caso Topillo.

El objeto de este procedimiento es la presunta comisión de delitos contra el medio ambiente por los vertidos ilegales de aguas cargadas de salmueras provenientes de la utilización de desaladoras ilegales, que habrían sido causa del proceso de eutrofización que afecta a la laguna desde hace años, y que ha desembocado en diversos episodios de anoxia o falta de oxígeno en el agua. La eutrofización ha tenido dos episodios especialmente dramáticos: la “sopa verde” o boom fitoplanctónico del año 2016, en el que murió el 85 % de la pradera submarina por la falta de luz, y la muerte masiva de fauna marina de la que se cumple ahora un año. Estos hechos permiten hablar de un posible delito de “ecocidio” o asesinato del ecosistema entero y abogar por una tipificación expresa de dicho delito.

Las conductas habrían sido cometidas por una pluralidad de empresas agrícolas y agricultores profesionales del entorno del Mar Menor. Asimismo, se está investigando la conducta de algunos ex cargos públicos de la Consejería de Agricultura y de la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con el control del uso de abonos nitrogenados y el control de los vertidos de salmueras agrícolas, por si pudiera ser constitutiva de delitos de prevaricación o contra el medio ambiente.

Llueve sobre mojado
El Mar Menor, la laguna salada más grande de Europa y un ecosistema único por sus valores ambientales, se ha convertido en las últimas tres décadas en un aliviadero de vertidos de nitratos y abonos químicos para la agroindustria que lo circunda. Dicha industria es un modelo agrícola hiper intensivo, que ha transformado totalmente la fisonomía del Campo de Cartagena, que circunda al Mar Menor. Desde que en 1979 llegaron al Campo de Cartagena las aguas del trasvase del Tajo, junto con la instalación de desaladoras de agua, la agricultura de secano y la infraestructura de bancales que contenían el agua de lluvias han sido paulatinamente eliminadas. Hoy El Campo de Cartagena es una máquina productiva de cultivo de regadío hiperintensivo y un trampolín de vertidos al Mar Menor. Este modelo ha eliminado las infraestructuras que hacían de barrera de contención de agua y además utiliza grandes cantidades de abonos químicos que terminan en el mar. Son estos vertidos los que han convertido al Mar Menor en una bomba de nutrientes, que han producido un paulatino proceso de eutrofización de sus aguas, que está cercenando la biodiversidad de este espacio único.

Finaliza el plazo de enmiendas a la Ley de Cambio Climático

  • Más de 400 personas del mundo de la investigación y la ciencia han firmado un manifiesto dirigido al Congreso para defender que la ley establezca un comité científico fuerte e independiente que evalúe la futura política de cambio climático en España.
  • Así lo reclaman los principales grupos ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF entre una serie de enmiendas enviadas a los grupos políticos en el Congreso de cara a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Con los grupos políticos a punto de presentar sus enmiendas al proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, los principales grupos ecologistas a nivel estatal, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, alertan sobre la necesidad de una ley con mucha más ambición y urgencia, así como un mayor respaldo científico en los objetivos, junto con una propuesta firme y detallada de un comité científico de personas expertas e independientes.

En este sentido, las organizaciones ecologistas apoyan plenamente el manifiesto por la ciencia y piden la creación de un comité fuerte e independiente para el cumplimiento de la ley de cambio climático, en línea con otras leyes estatales ya aprobadas en países de nuestro entorno. La formación de este comité deberá incluir los mecanismos necesarios para asegurar la participación de las mujeres en él, como forma de impulsar la equidad de género en políticas climáticas como así viene indicado tanto a nivel europeo como internacional. El manifiesto, hecho público hoy, está abierto a adhesiones y ya ha sido firmado por más de 400 personas del mundo de la investigación y la universidad, más de 100 catedráticos y catedráticas, además de varias sociedades científicas, entre ellas SEO/BirdLife.

La comunidad científica estima que hay que definir desde el principio la función de este nuevo órgano independiente, por lo que exigen que la norma marque ya unos requisitos básicos de funcionamiento. El texto del manifiesto considera fundamental la constitución de un Comité de personas expertas, transparente y con capacidad de evaluar la actuación del Gobierno. Para ello, la ley debe asegurar su independencia de grupos de presión, especialmente de influencias partidistas y empresariales, tanto en su composición y nombramiento como en el ejercicio de sus funciones. Además, debe dotarse de recursos suficientes y favorecer la transparencia mediante la publicación de sus informes.

“El comité –señala el manifiesto– formaría parte de una apuesta imprescindible por el conocimiento como elemento clave para el progreso de nuestra sociedad a la hora de buscar las mejores salidas posibles a las múltiples crisis -ambiental, social, laboral y económica- asociadas a la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad y la pandemia”.

Durante los últimos tres meses, las cinco entidades ecologistas han presentado y debatido una serie de posibles enmiendas al texto legislativo en reuniones con la mayoría de los grupos políticos en el Congreso. El plazo para la presentación de las enmiendas de los partidos acaba este miércoles y pasa directamente a la negociación de una nueva versión del proyecto de ley en base a las enmiendas capaces de generar un consenso o mayoría de votos en la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del Congreso.

Para estas organizaciones, ir mucho más lejos en los objetivos de reducción de las emisiones, en línea con una reducción de emisiones de un 55 % para 2030 respecto al 1990 en lugar del 20 % propuesto por el Gobierno,  es un pilar fundamental para el texto legislativo, junto con una serie de enmiendas asociadas que apuntan a más ambición y urgencia en relación con las energías renovables, el abandono de las energías nuclear y fósil, y los coches de combustión

Organizaciones ecologistas piden al Gobierno paralice la ampliación de las pista de esquí del Pirineo aragonés

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España han exigido hoy el fin de las obras de ampliación de la estación de esquí de Cerler en el valle virgen de Castanesa, en el Pirineo aragonés, uno de los proyectos más insostenibles y sin sentido planificados en el Estado español en el contexto de la emergencia climática.

Las principales organizaciones ecologistas denuncian que el Gobierno de Aragón ha dado luz verde a la expropiación forzosa de los terrenos en los que se desarrollaría la ampliación, una actuación que parte de los propietarios y vecinos del valle tienen intención de recurrir.
El jueves 24 de septiembre el Gobierno de Aragón publicó la orden para expropiar las tierras de los vecinos del valle de Castanesa y poder avanzar en la primera fase de la ampliación de la estación de esquí de Cerler en este valle virgen del Pirineo aragonés.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF denuncian que pese a las dudas sobre la legalidad de las obras, el Gobierno de Aragón (propietario al 50 % de la empresa promotora, ARAMÓN) está apostando por una política de hechos consumados, pues las máquinas están trabajando y destrozando un entorno frágil y virgen de alta montaña.

Para las organizaciones ecologistas es intolerable que el Gobierno de Aragón formado por el PSOE, Podemos y Chunta Aragonesista, que en teoría se han comprometido a nivel estatal a proteger la biodiversidad, a adaptarse al cambio climático, a luchar contra la especulación urbanística y a abandonar el modelo de crecimiento basado en el ladrillo, siga apoyando un proyecto plagado de irregularidades y uno de los ejemplos más insostenibles y dañinos de cuantos amenazan los últimos rincones salvajes del Estado español.

Las organizaciones denuncian también que, en un momento de profunda crisis sanitaria, social y ecológica, se derrochen recursos públicos para destruir los ecosistemas pirenaicos mejor conservados, cuando es momento de impulsar una salida verde y social a la crisis provocada por la COVID–19. Y más en una ampliación de pistas de esquí condenadas al fracaso por la falta de nieve debida a la emergencia climática, una realidad cada vez más evidente en el Pirineo. Según datos del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, en el Pirineo Central y a 1.800 metros de altitud, el espesor medio de la nieve podría reducirse a la mitad en el año 2050 respecto al valor actual.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF critican que la declaración de impacto ambiental (DIA) que avala el proyecto, aprobada en 2010, no tenía en cuenta los efectos del cambio climático. La DIA, prorrogada sucesivas veces a instancias de la empresa ARAMÓN, caduca en diciembre de 2020, un plazo que ha precipitado el comienzo de las obras.

La ampliación está considerada por el Gobierno autonómico como Proyecto de Interés General para Aragón (PIGA), lo que conlleva una mayor flexibilidad y laxitud a la hora de conseguir los permisos y autorizaciones, y avala expropiaciones como las que se han producido la semana pasada.

Entre los frágiles ecosistemas amenazados por el proyecto destacan humedales como el conjunto del Ibón de Basibé y Les Noufonts, catalogados en los inventarios estatal y aragonés por su gran valor ecológico. Además, la zona es hábitat de especies en peligro como la perdiz nival, el urogallo, el quebrantahuesos o el oso pardo, algo que tampoco recoge la DIA.

Las organizaciones señalan que ampliar pistas de esquí a costa de destruir la naturaleza va en la dirección opuesta del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, aprobado recientemente por el Gobierno del PSOE y Podemos. Según un estudio del proyecto NIVOPYR realizado por investigadores del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, en un escenario de aumento de la temperatura de 2 ºC el 63 % de las estaciones pirenaicas serían inviables sin la aportación de nieve artificial, con el enorme gasto energético y de agua asociado.

“La adaptación al cambio climático del sector turístico pasa por reconocer los riesgos planteados, proteger los recursos naturales y culturales que contribuyen al atractivo turístico y avanzar hacia modelos turísticos más sostenibles y resilientes frente al cambio del clima”, se expone en el plan.

Por ello, reclaman a la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 que interceda ante el Gobierno de Aragón para que descarte este proyecto caduco, cortoplacista e insostenible, e invierta recursos en iniciativas de futuro para el territorio que cuiden el mayor patrimonio de los valles pirenaicos, la naturaleza

Destronar la cultura del usar y tirar en el Día Internacional Libre de Bolsas

  • Para cambiar el modelo del usar y tirar hacia la cultura de la reutilización, ninguna bolsa de un solo uso (ni de plástico virgen, ni reciclado, ni compostable, ni de papel, etc) debería ser gratuita.
  • El día 3 de julio se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas, creado e impulsado por Rezero, que encabeza un movimiento mundial durante todo el mes de julio contra el plástico de un solo uso.

La lucha por la eliminación de las bolsas de plástico se convierte en una estrategia importante porque tiene un alto contenido en elementos contaminantes y es difícilmente reciclable, pero sobre todo porque es el símbolo emblemático de la cultura de un solo uso. En el mercado, hay cada vez más productos de usar y tirar, especialmente de plástico, y no se fomenta ni se facilita el acceso a los productos que se pueden reutilizar.

Durante los últimos años, las administraciones públicas han promovido leyes, planes y acuerdos voluntarios que pretenden dar solución a la problemática de las bolsas de plástico. Sin embargo, los datos muestran que estas iniciativas llegan tarde y están teniendo un recorrido y un impacto insuficiente.

La Directiva Europea sobre las bolsas obligaba a los Estados miembros a establecer medidas para garantizar un consumo medio anual inferior a 90 bolsas/persona para el 31 de diciembre de 2019, y de menos de 40 bolsas/persona para el 31 de diciembre de 2025; implantar instrumentos como la no distribución gratuita de las bolsas de plástico o la prohibición antes del 31 de diciembre de 2018 para garantizar la consecución de estos objetivos.

El Estado español reaccionó demasiado tarde en aprobar en 2018 el Real Decreto sobre reducción del consumo de bolsas de plástico por lo que en el año 2019 ya no se alcanzaron los objetivos de reducción marcados por la Directiva Europea.

En el Real Decreto se prohibía la distribución gratuita de las bolsas ligeras de un solo uso en el 2018, con excepción de aquellas muy ligeras y de las bolsas de plástico con espesor igual o superior a 50 micras con un porcentaje igual o mayor al 70 % de plástico reciclado. Se fijaba una prohibición progresiva hasta el 2021 cuando se establecerá la prohibición total de la entrega de bolsas de plástico ligeras y muy ligeras al consumidor en los puntos de venta de bienes o productos, excepto si son compostables.

En primer lugar, desde las entidades que conformamos la Alianza Residuo Cero creemos que la prohibición de la distribución gratuita de las bolsas ligeras es una medida insuficiente. Para conseguir que la prevención de residuos se convierta realmente uno de los ejes estratégicos de la sostenibilidad en España, se requiere una visión sistémica del problema y políticas transformadoras. En el caso de la bolsa de plástico, lo demuestran otras experiencias europeas: la prohibición total de la bolsa de plástico de un solo uso como ha ocurrido en Italia y Francia y el gravamen ambiental disuasorio como es el caso de Irlanda, donde el año 2002 redujeron el 90% de las bolsas en tan sólo tres meses, el gravamen el cual fue el equivalente a 20 céntimos de euro. En el caso de otros elementos ligados a la proliferación de envases y envoltorios desechables como son las bandejas de plástico, los envases plurimaterial, los envoltorios de plástico y las bolsas sin asas), también hay medidas efectivas para reducir el consumo de forma rápida y con buenos resultados.

En segundo lugar, según el Real Decreto, las bolsas compostables serán gratuitas, lo que puede provocar que los consumidores elijan la opción compostable por un criterio económico sin necesariamente cambiar los hábitos de compra. No tiene sentido sustituir las bolsas de plástico por bolsas compostables, ya que también tienen un impacto ambiental (consumo energético, emisión de gases de efecto invernadero, abandono en el medio natural o mala gestión del residuo) y no sería bueno transferir el actual consumo excesivo de bolsas de plástico al consumo de bolsas compostables.

Un ejemplo claro de la incoherencia de proponer como alternativa la distribución gratuita de las bolsas compostables es que éstas, una vez cumplen la función de transportar la compra, se utilizan para separar los residuos orgánicos de casa y depositarlos en el contenedor de materia orgánica ya que se pueden degradar en instalaciones de tratamiento de la fracción orgánica. Si se depositan en otros contenedores se convierten en un problema ambiental y económico para que dificulta mucho el reciclaje de las fracciones correspondientes. Esto es especialmente relevante porque actualmente en la mayoría de ciudades y pueblos de España todavía no hay un buen desarrollo de la separación selectiva de la fracción orgánica.

Por lo tanto, para alcanzar los objetivos de la Directiva Europea, se deberían aplicar medidas más restrictivas como los impuestos o las prohibiciones a todas las bolsas independientemente del material. En consecuencia, instigamos a fomentar y promocionar las alternativas reutilizables como la única solución sostenible y sensata para sustituir las bolsas de un solo uso sean del material que sean.

Desde las entidades, deseamos que la Ley de residuos y suelos contaminados que está elaborando actualmente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sea una oportunidad para resolver las actuales carencias.

De todas maneras y esperando el apoyo de las administraciones para que sea fácil consumir sin residuos, la Alianza Residuo Cero afirma que en el día a día podemos ir haciendo pequeños gestos para reducir el uso de bolsas de un solo uso. Actualmente hay muchas y diversas opciones para evitarlas: llevando tu carro de la compra o bolsas hechas de un material que te permitan lavarlas y usarlas muchas veces, como la tela.

En el mercado, también puedes encontrar bolsas de distintos tamaños, con asa o sin asa para comprar todo tipo de productos: especies, verduras, frutas, frutos secos hasta la pasta y los cereales. Para productos más frágiles, en vez de bolsa, también es muy útil el uso del táper.

Adriana Espinosa | Amigos de la Tierra
Carlos Arribas | Ecologistas en Acción
Julio Barea | Greenpeace
César Sánchez | Retorna
Anna Peña |Rezero
Xavier Curto | Surfrider Foundation Europe

Banderas negras por contaminación y mala gestión del litoral español

  • Ecologistas en Acción presenta su informe ‘Banderas Negras 2020’, que otorga dos banderas -una por contaminación y otra por mala gestión- a cada provincia litoral, más Ceuta y Melilla.
  • En esta edición el informe incorpora los impactos costeros sobre la biodiversidad del litoral español.
  • Al igual que en 2019, el mayor problema de las costas españolas se centra en vertidos de aguas y su mala depuración.

Algunas zonas repiten bandera negra, como el sistema de saneamiento de Gijón, el proyecto del puerto de Fonsalía (Sta. Cruz de Tenerife) o la grave situación del Mar Menor (Murcia).

Un año más Ecologistas en Acción realiza un análisis de los casi 8.000 km de las costas españolas. En esta edición, el informe ‘Banderas Negras 2020’ ha considerado aquellos casos más característicos de afecciones por contaminación y mala gestión ambiental.

En el informe se han asignado dos banderas negras a cada provincia litoral, más Ceuta y Melilla, por lo que suman un total de 48 casos. Este año se han vuelto a asignar algunas banderas recurrentes que ya obtuvieron el galardón en el año 2019, como por ejemplo el sistema de saneamiento de Gijón (Asturias), el proyecto del puerto de Fonsalía (Sta. Cruz de Tenerife) o el Mar Menor (Murcia), cuya situación sigue agravándose con el paso del tiempo.

En el diagnóstico anual de la salud de nuestras costas, este año se ha hecho una mención especial a afecciones antrópicas (de origen humano) sobre la biodiversidad costera, que han mermado y ponen en peligro a cientos de especies animales y vegetales. Se dan ejemplos claros de especies que están siendo amenazadas actualmente, desde la lapa Patella ferruginea, las praderas de la fanerógama marina Cymodocea nodosa, o las algas del género Gelidium spp, así como la gestión ineficaz sobre el alga invasora Rugulopteryx okamurae.

Por otro lado, el informe no obvia la crisis sanitaria, económica y social derivada de la COVID-19 que estamos viviendo. Por ello, y en primer lugar, Ecologistas en Acción se solidariza “con todas aquellas personas que han sufrido alguna pérdida o están en situación de vulnerabilidad y pasándolo mal”. Asimismo, señala las causas y las consecuencias de esta crisis, que podría pensarse están muy alejadas de posibles efectos en la costa y, sin embargo, muestran una doble amenaza a estos ecosistemas:

1. Los residuos generados por la crisis sanitaria: cada vez son más habituales las imágenes que muestran que los residuos de mascarillas y guantes, mal gestionados, están llegando a playas y mares.

2. La desregulación urbanística como salida a la crisis social y económica: cada vez son más las autoridades regionales que están mostrando su preferencia por tirar una vez más del “ladrillo” como solución a estos problemas.

Este año también se celebra el 15º aniversario del informe Banderas Negras. Por ello, se ha elaborado un informe extra que analiza la situación de estos últimos seis años, debido a que la metodología empleada anteriormente era diferente. En estos seis años de denuncias anuales se han otorgado un total de 284 banderas negras y, desafortunadamente, no todas las situaciones que se llevan denunciando tantos años han podido solucionarse de manera favorable.

‘Banderas Negras 2020’ da cuenta de problemas sin resolver, algunos recurrentes en el tiempo y otros no. Su clasificación, en función de las causas de origen es la siguiente:

  • Diecinueve banderas negras por vertidos de aguas sin depurar.
  • Ocho banderas negras por especulación urbanística.
  • Seis banderas negras por afecciones industriales.
  • Seis banderas negras por puertos y cruceros impactantes.
  • Cinco banderas negras por erosión costera y obras.
  • Dos banderas negras por afecciones a la biodiversidad.
  • Una bandera negra por acumulación de basuras.
  • Una bandera negra por más de una causa concreta.

Al igual que en los años 2018 y 2019, el mayor problema del litoral español -y que este informe recoge- se centra en los vertidos de aguas y su mala depuración. 2020 es el año que mayor número de denuncias sobre vertidos y depuración ha recibido de estos últimos seis años. Este caso es significativamente destacable, lo cual nos lleva a plantearnos si desde la primera sanción en 2018 por parte de la UE se están tomando las medidas necesarias para resolver esta grave deficiencia.

Por último, Ecologistas en Acción insiste en su informe en la grave amenaza que suponen para muchas playas los temporales como el Gloria. En este punto invita a cuestionar la ‘nueva normalidad’, y a lanzar la reflexión sobre la gestión de estos entornos. “Debemos reflexionar si la respuesta a estos temporales va a seguir implicando una ingente cuantía económica para restaurar las infraestructuras dañadas, o si debemos plantear un nuevo modelo de gestión que esté integrado con el medio natural”.

Informe ‘Banderas Negras 2020’

Clara Megías

SEO/BirdLife facilita la denuncia ciudadana frente a las agresiones ambientales

Esta nueva herramienta de servicio público se lleva a cabo con el apoyo del LIFE Guardianes de la Naturaleza, coordinado por SEO/BirdLife.

SEO/BirdLife como ONG de utilidad pública se pone al servicio de la ciudadanía y de las administraciones públicas para ofrecer una herramienta que permite hacer frente a las agresiones que sufre el medio ambiente, animando a actuar directamente a los denunciantes o haciéndolo desde la organización. A través de un formulario web, cualquier persona que conozca una acción potencialmente ilegal podrá comunicarlo a la organización, obtener información sobre cómo hacer llegar su denuncia a las autoridades o solicitar que la ONG lo haga. Todas las comunicaciones serán valoradas por técnicos especializados de la organización para analizar la relevancia del caso y la pertinencia de emprender acciones legales. Además, los ciudadanos pueden encontrar distintos modelos y plantillas para ayudarles a cumplimentar su denuncia, pedir información ambiental ante las administraciones o presentar un recurso.

Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife apunta: “Contamos con el apoyo de miles de personas que nos acompañan en la misión de proteger la biodiversidad. Gracias a ellas el mundo conservacionista ha podido ganar muchas batallas. Con este portal ofrecemos a la sociedad una herramienta para que puedan ejercer su derecho a cuidar la naturaleza frente a aquellas actuaciones que la ponen en peligro. Todos los ciudadanos tenemos el derecho reconocido en nuestra Constitución a disfrutar de un medio ambiente adecuado y también tenemos el deber de conservarlo”.

“En SEO/BirdLife estamos convencidos de que, a través del conocimiento y la sensibilización sobre el impacto que tienen las acciones que destruyen nuestra riqueza natural, se reducirán los delitos ambientales. No podemos esperar más La pérdida de biodiversidad es una de las principales crisis a la que nos enfrentamos. Debemos detener la perdida de especies y de hábitats para garantizar un planeta seguro y sostenible”, añade Ruiz.

¿Qué actos son denunciables?

El portal web que se pone en marcha tiene por objeto recoger denuncias por diferentes tipos de actos que perjudican el entorno y contravienen la legislación. Este es el caso de la mala utilización de productos químicos o de sustancias biológicas que perjudican a los elementos ambientales, la realización de vertidos, el depósito ilegal de residuos; la destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio o intercambio no autorizados de especies de flora y fauna protegida; la perturbación, muerte, captura y retención intencionada de especies de aves en las épocas de reproducción y crianza; la destrucción o deterioro de hábitats y de espacios naturales protegidos o la posesión, transporte, tráfico o comercio no autorizado de especies Exóticas Invasoras o su liberación en el medio natural.

Una vez recibida la denuncia y cuando se requiera la acción directa de SEO/BirdLife, los hechos se comunicarán a los Agentes de Medio Ambiente y Forestales, el Seprona de la Guardia Civil, las Fiscalías provinciales de Medio Ambiente o, incluso, se valorará la personación en tribunales. De todas las denuncias se hará un seguimiento periódico frente a las administraciones o entidades a las que se haya presentado, con el objeto de conocer las actuaciones o resoluciones adoptadas.

LIFE Guardianes de la Naturaleza

El lanzamiento de este portal de denuncia se realiza en el marco del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza. Este proyecto, financiado por el programa Life de la Unión Europea, pretende mejorar la efectividad y la eficacia de las acciones dirigidas a combatir los delitos contra la naturaleza.

Está coordinado por SEO/BirdLife y cuenta con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), y el Servicio de protección de la naturaleza de la Dirección General de la Guardia Civil (SEPRONA), como socios beneficiarios. Los cofinanciadores son la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana y el Ministerio para la Transición ecológica (MITECO).

FORMULARIO DE DENUNCIA AMBIENTAL

Expetos en salud defienden los reutilizables frente a los desechables

  • La industria del plástico está aprovechando la pandemia para promover desechables innecesarios, lo que supone un retroceso en los avances conseguidos
  • Los desinfectantes domésticos son efectivos contra el virus en superficies duras como platos o cubiertos, por lo que no es necesario cambiarlos por desechables
  • Cada mascarilla quirúrgica contiene unos 2 gramos de plástico, así que, solo las repartidas en centros sanitarios españoles, suponen más de 1.300 toneladas de residuos plásticos

Más de un centenar de personas expertas en salud de dieciocho países han firmado hoy una declaración que garantiza a comercios y consumidores que los productos y envases reutilizables son seguros frente al COVID-19, rechazando así las declaraciones de la industria del plástico, que aboga por los envases de usar y tirar. Los expertos/as en salud, reunidos por Greenpeace USA y UPSTREAM, ambos miembros del movimiento Break Free From Plastic, enfatizan que los productos y envases desechables no son inherentemente más seguros que los reutilizables y que éstos pueden utilizarse de manera segura durante la pandemia, empleando una higiene básica.

“La salud pública también debe cuidar la limpieza de nuestro hogar: la Tierra“, ha manifestado el Dr. Mark Miller, ex director de investigación del National Institutes of Health’s Fogarty International Center. “La promoción de plásticos innecesarios de un solo uso para disminuir la exposición al COVID-19 impacta negativamente en el medioambiente, el medio hídrico y el suministro potencial de alimentos, en comparación con el uso seguro de bolsas, contenedores y utensilios reutilizables“.

La declaración hecha pública hoy, respaldada por científicos, académicos, médicos y especialistas en salud pública y seguridad de envases de alimentos de todo el mundo, señala que los desinfectantes domésticos han demostrado ser efectivos para desinfectar superficies duras, como la de los envases reutilizables.

En España, la crisis del COVID19 ha supuesto un aumento significativo en el consumo de envases de usar y tirar (más de un 15%) según declara el gestor del cubo amarillo. A este problemático aumento, se suma la prohibición, por parte del Gobierno central, de realizar triaje (recogida) manual en las plantas de residuos. El resultado (aún sin datos oficiales) es el de un incremento significativo del número de objetos y envases de un solo uso que están acabando en vertederos, incineradoras o arrojados al medioambiente directamente.

A esta preocupante situación de los envases, se suma el aumento de otros artículos como toallitas húmedas (sus ventas han aumentado un 49%) y, especialmente, el uso masivo de guantes y mascarillas. Solo de estas últimas, nuestro país ha adquirido ya más de 659 millones de mascarillas quirúrgicas para los pacientes de centros sanitarios, sin contar las distribuidas en farmacias y comercios. Si cada mascarilla quirúrgica contiene alrededor de 2 gramos de polipropileno (plástico), solo ellas suponen un incremento de 1.318 toneladas de plástico que, en buena parte, se descompondrán en microplásticos. Unas partículas tan pequeñas que lo contaminan todo a nuestro alrededor, quedando incluso suspendidas en el aire. Precisamente, este mes, la revista Science desvelaba que, cada año, caen del cielo más de 1.000 toneladas de microplásticos solo en los parques nacionales del oeste de EEUU, el equivalente a entre 120 y 300 millones de botellas de plástico de agua.

“Es impactante cómo la industria del plástico aprovecha la pandemia para promover los desechables“, ha declarado Julio Barea, responsable de la campaña de residuos de Greenpeace. “Para proteger a las personas, pero también a nuestro planeta, deberíamos escuchar más a la ciencia y menos al marketing encubierto de la industria”, ha añadido.

Y es que, tanto en EEUU como en la Unión Europea, la industria del plástico ha presionado con investigaciones, financiadas por ellos mismos, que afirman que los envases reutilizables son más peligrosos que los desechables durante el COVID-19. Pero no es así. Unas correctas medidas de higiene permiten conservar libres de virus los envases reutilizables y el contacto con las superficies no es, además, la principal forma en la que estamos expuestos al virus.

El plástico innecesario es perjudicial, por lo que restaurantes, tiendas, supermercados y otros establecimientos pueden usar reutilizables (cubertería, platos, jarras…etc) de manera que protejan nuestra salud, sin dañar el medioambiente.

Julio Barea

Es preciso reducir el regadío para luchar contra la desetificación y la sequía

En el Día Internacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía Ecologistas en Acción señala las insostenibles políticas de aumento continuado del regadío en España.

La organización ecologista propone frenar el crecimiento de la demanda de agua para regadío, incrementar la eficiencia en el uso del agua, fomentar cultivos menos consumidores de agua y reducir la superficie actual dedicada al regadío.

La Asamblea General de Naciones Unidas designó, en 1994, el 17 de junio como Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Este día marca el aniversario de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. 

La desertificación afecta a más de 110 países. Cada año se pierden seis millones de hectáreas de tierra productiva. En España el 40 % del suelo está amenazado por los procesos de desertificación. A pesar de ello, los sucesivos gobiernos han sido incapaces de detenerla, principal obligación contraída tras firmar, en 1996, el Convenio de Lucha contra la Desertificación.

Ecologistas en Acción quiere llamar la atención sobre las insostenibles políticas de aumento continuado del regadío en España. La intensidad de la producción agraria en los regadíos orientados a la exportación, así como la puesta en regadío de cientos de miles de hectáreas de cultivos leñosos de secano, están incrementando la degradación de los suelos, su erosión y la escasez del agua en los ríos y acuíferos. El tipo de agricultura que se está sosteniendo en las diferentes regiones es clave para la conservación de los ecosistemas acuáticos y de suelos fértiles, ambos imprescindibles para garantizar la conservación de la biodiversidad y la vida de las personas.

El regadío supone más del 84 % del consumo total de agua en el Estado español. Actualmente hay registradas más de cuatro millones de hectáreas regadas, según los planes hidrológicos vigentes, a los que habría que añadir un 5-10 % más de regadíos ilegales. Entre otros cultivos, destaca el rápido crecimiento de la superficie regada de olivos, viñedos y almendros que siempre se han producido en secano, pero que ahora, para incrementar su productividad, se ponen en regadío. Una amenaza para la calidad del suelo y la disponibilidad hídrica en zonas como Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, donde hay una creciente escasez de agua.

A la vez que no deja de aumentar la demanda de agua para la agricultura intensiva, se está produciendo una reducción del volumen de agua que circula por los ríos y alimenta los acuíferos como consecuencia de los efectos del cambio climático. Según el informe ‘La incidencia del cambio climático sobre los recursos hídricos en España y la evolución de las demandas’, hay aproximadamente un 20 % menos de los recursos hídricos de los que se disponían a principios de la década de los noventa. En ese escenario, es previsible que en los próximos años se produzcan situaciones de colapso hídrico y medioambiental en amplias zonas del país.

Los planes especiales de sequía para hacer frente a estas situaciones tampoco introducen mejoras en la planificación y gestión del agua. Parten de una premisa: mantener la satisfacción de las demandas de agua de la agricultura intensiva, de forma que no apuntan a la necesidad de recortar las demandas en los planes hidrológicos para gestionar adecuadamente las situaciones de reducción de precipitaciones. Más bien al contrario, siguen proponiendo la construcción de infraestructuras, pozos de sequía, compra-venta de derechos concesionales de agua y la reducción de los caudales ecológicos. Es decir, se continúa sosteniendo la actual demanda de agua aunque conlleve la degradación de los ecosistemas, la pérdida del control público sobre un bien común y los racionamientos de agua de abastecimiento para la población.

Ecologistas en Acción propone como medidas eficaces frente a la desertificación y la sequía el freno al crecimiento de la demanda de agua para regadío, el incremento de la eficiencia en el uso del agua donde se pueda, el fomento de cultivos menos consumidores de agua y la reducción de la superficie actual dedicada al regadío. Recuperar un cierto equilibrio hídrico requiere la reducción de aproximadamente un millón de hectáreas de riego. El recorte puede tener un fuerte impacto económico y social, por eso es necesario planificar y poner en marcha, desde este momento, la reconversión de parte del sector agrícola de forma progresiva, con el apoyo de las administraciones públicas, con el fin de que la afección social sea la menor posible.

Erika González,