WWF revela que hay más de 17.000 kilómetros de ríos cortados por barreras que podrían liberarse

  • El estudio identifica, al menos, 5.400 obstáculos que pueden demolerse en todo el país.
  •  En Europa hay más de 50.000 kilómetros de ríos que se pueden liberar de barreras que cortan su paso como azudes, embalses o presas.

Más de un millón de barreras cortan el paso a los ríos en Europa, con lo que son de los más fragmentados del mundo. Ante ello, un nuevo informe de WWF evalúa el potencial de derribar una muestra de 30.000 obstáculos en los ríos continentales. Los resultados concluyen que podrían liberarse más de 50.000 km de ríos en Europa y más de 17.000 km en España.

El informe muestra el gran potencial que tiene reconectar los ríos europeos.  El estudio demuestra que demoliendo solo el 3% del millón de barreras existentes se podrían liberar más de 50.000 kilómetros de ríos en Europa, es decir, el doble del objetivo europeo fijado en la Estrategia Europea de Biodiversidad para 2030. Este análisis demuestra que la Comisión Europea debe fijarse un objetivo más ambicioso en la futura Ley de Restauración.

España es uno de los países europeos con más barreras. El estudio identifica más de 5.400 obstáculos prioritarios para la demolición por su alto potencial para reconectar los ríos, cuya desaparición permitiría liberar más de 17.000 kilómetros de ríos en España. Entre ellos, se encuentra la presa de Hozseca, en el Alto Tajo. Su demolición permitiría recuperar la conectividad de más de 30 kilómetros del río en el Alto Tajo y el gran valor medioambiental de esta zona. 

El informe demuestra que la eliminación de presas es la medida más rápida, fácil y barata para restaurar un río. Su eficacia se ha demostrado en presas de todo el mundo ya que el tiempo que transcurre entre la eliminación y la recuperación del río es muy corto. En pocos meses, el río recupera su territorio, la calidad del agua mejora, los bosques vuelven a cobrar vida, el número de especies -acuáticas y terrestres- se dispara y vuelven a funcionar los servicios ecosistémicos que un río en buen estado ecológico proporciona. 

A finales de junio, la Comisión Europea dará a conocer su propuesta de objetivos jurídicamente vinculantes para la restauración de la naturaleza. Para WWF, restaurar los ríos mediante la eliminación de obstáculos es crucial para frenar el declive de biodiversidad acuática y cumplir con lo establecido por la Directiva Marco del Agua. 

«La eliminación de obstáculos de los ríos es una herramienta clave para recuperar la funcionalidad de los ríos», afirma Teresa Gil, responsable del programa de Agua de WWF. Y añade: «Si queremos alcanzar los objetivos del Pacto Verde,  y un paisaje resiliente que permita a la naturaleza y a las personas adaptarse al cambio climático, tenemos que mirar a nuestros ríos y empezar a liberarlos de todos los obstáculos que se han acumulado en ellos durante el último siglo».

Nylva Hiruelas | WWF 

Los desechables y la falta de responsabilidad ciudadana agravan la contaminación por basuraleza

  • Dos de cada tres españoles (63,2%) tienen la percepción de que la población no es consciente de cómo afecta a la naturaleza el abandono de mascarillas, geles hidroalcohólicos y guantes, según el estudio ‘Observatorio de la basuraleza’, elaborado por More Than Research para LIBERA.
  • A través de la campaña #NoAbandonesTusGuantesYMascarillas, LIBERA recuerda el impacto negativo que estos elementos tienen en la naturaleza.

La crisis generada por la pandemia, la utilización de guantes y mascarillas para combatir la Covid-19 se ha convertido en una medida de protección decisiva y eficiente para proteger la salud. Sin embargo, el hecho de que sean artículos con una vida útil muy reducida y el desconocimiento ante cuál es el contenedor al que se deben desechar, han convertido a estos elementos en un nuevo tipo de basuraleza.

En este sentido y, tal y como se desprende del IV estudio sociológico ‘Observatorio de la basuraleza’, elaborado por More Than Research para LIBERA[1], dos de cada tres españoles (63,2%) creen que la población no es consciente de cómo afecta a la naturaleza el abandono de productos contra la Covid-19 como mascarillas, geles hidroalcohólicos, o guantes.

Ante estos datos, el Proyecto LIBERA, con el apoyo de la Fundación Reina Sofía, hace un llamamiento a la responsabilidad, sobre todo en estos momentos en los que se acerca el buen tiempo y las salidas a la naturaleza se incrementan, a través de su campaña #NoAbandonesTusGuantesYMascarillas. La campaña pretende concienciar a la población de la importancia de deshacerse de estos elementos en su lugar correcto, papelera o el contenedor de restos, para que no terminen abandonados en la naturaleza. Asimismo, desde el proyecto se recomienda cortar las gomas para evitar enredos de la fauna.

De hecho, según un estudio llevado a cabo por las asociaciones Vertidos Cero y Paisaje Limpio, junto al Proyecto LIBERA, el abandono de mascarillas y guantes en entornos naturales públicos ha crecido a lo largo de 2020 un 300%, lo que obliga a ser más responsables si cabe ante este nuevo tipo de residuos.

Conclusiones ante un problema que nos pertenece a todos

Según el IV estudio sociológico sobre ‘El problema de la basura en la naturaleza’, tras la disminución de gente en las calles y en la naturaleza el pasado marzo a causa del confinamiento general, se popularizó la creencia de que el estado de nuestro medioambiente había mejorado. De hecho, según el 93% de los españoles encuestados, el estado de la naturaleza cambió durante este periodo. A pesar de esta cifra, los españoles no son muy optimistas, ya que casi un 70% de los entrevistados cree que no ha cambiado la actitud y el cuidado de los demás hacia la naturaleza tras la pandemia.

Además, la Covid-19 ha provocado un descenso en aquellos ciudadanos que habitualmente recogen basuraleza cuando la ven abandonada en un entorno natural. Por miedo al contagio, solo un 39,1% de los encuestados recoge la basuraleza que se encuentra (ocho puntos menos que el año anterior). Sin embargo, crece cuatro puntos los que deciden “hacer de policía” y recriminar la actitud de aquellos ciudadanos incívicos a los que ven tirar algún residuo.

 “Los datos no nos buenos, es una triste realidad que las mascarillas se han convertido en una nueva forma de basuraleza. Debemos llamar la atención sobre el impacto que tienen estos residuos en el medio natural, pero vamos más allá. Debemos plantearnos qué tipo de sociedad somos y cuál queremos ser. Ante un nuevo residuo que se genera, la respuesta no puede ser está, debemos cuidar y ser responsable con los residuos que generamos y proteger de manera determinante el medio que nos sustenta”, asegura Miguel Muñoz, coordinador de SEO/BirdLife del Proyecto LIBERA.

Como sociedad debemos

Por su parte, Sara Güemes, coordinadora de Ecoembes del Proyecto LIBERA, afirma que “es importante que sigamos siendo responsables con los residuos que generamos, desechándolos en sus contenedores correspondientes y evitando generar más basuraleza. El impacto que los guantes y las mascarillas han tenido en nuestra naturaleza está generando un agravio en nuestra biodiversidad, pero todavía estamos a tiempo de revocarlo a través de la concienciación y la participación ciudadana”.

La mala gestión de Ecoembes cuesta a los ayuntamientos casi 1.700 millones de euros al año

  • Una nueva investigación revela los costes para las arcas municipales de la recogida, tratamiento y eliminación de los envases de la fracción resto (cubo gris)
  • Estos costes ocultos, que Ecoembes y Ecovidrio están dejando de pagar, son asumidos por la ciudadanía a través de los ayuntamientos
  • La nueva ley de residuos estatal debería incluir los sistemas de devolución y retorno de envases

Las organizaciones Rethinking, Observatorio de Residuos y Greenpeace han hecho público un estudio (1) que descubre el coste real que están asumiendo los ayuntamientos españoles por la gestión que hacen Ecoembes y Ecovidrio de sus residuos de envases. Esto supone una deuda, que asumen todos los años los Entes locales (los municipios, las provincias y las islas), de más de 1.700 millones de euros en total, 1.699 M€ responsabilidad de Ecoembes y 21 M€ de Ecovidrio.

El análisis, Los costes ocultos de la mala gestión de los residuos de envases, realiza una aproximación sobre la repercusión económica que provoca en las arcas municipales los envases que se encuentran en la fracción resto (cubo gris o todo mezclado). Esto evidencia el fracaso del modelo de recogida selectiva actual que, además de ineficiente, es muy costoso para la ciudadanía. Los envases ligeros y de papel-cartón (ambos gestionados por Ecoembes) o de vidrio (gestionados por Ecovidrio) contenidos en el cubo gris o de mezcla, no solo presentan una mayor dificultad para su recuperación, sino que ocasionan unos enormes costes, que al no ser reconocidos como propios por Ecoembes y Ecovidrio, terminan siendo asumidos y pagados por las Entidades locales.

“Gracias a esta investigación por fin tenemos una radiografía que nos aproxima más a la realidad de los costes ocultos que Ecoembes está dejando de pagar y que está asumiendo la ciudadanía. En un futuro tanto Ecoembes como Ecovidrio deberán incrementar considerablemente los recursos destinados a financiar la gestión de los residuos contenidos en la fracción resto, y dejar de boicotear alternativas que podrían mejorar la situación como son los sistemas de devolución y retorno de envases. Por ello, es importante que la nueva ley de residuos incluya estos sistemas” ha declarado Julio Barea responsable de la campaña de residuos de Greenpeace.

La dejación en la gestión que Ecoembes hace de sus envases (ligeros y papel cartón) a nivel estatal, desde hace dos décadas, hace que estos tengan que ser costeados por los ayuntamientos con dinero público. De esta manera, la ciudadanía está pagando de media de su bolsillo 36,15 euros cada año por este motivo, cantidad que asciende a 36,59 euros por año si incluimos la gestión de los envases de vidrio gestionados por Ecovidrio. Sobrecostes que, por ley, deberían pagar Ecoembes y Ecovidrio pero que no lo están haciendo.

Para el estudio se han analizado los costes de la gestión de residuos municipales de España (3.540 M€), tomando como referencia 2018, el último año en el que existen datos de producción de residuos publicados por el INE (Instituto Nacional de Estadística). De esta cantidad, el 67,6% (2.393 M€) recae sobre la gestión de la fracción resto. Esta fracción está compuesta, según caracterizaciones llevadas a cabo por el antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Medio Ambiente (MAPAMA) por una gran cantidad de materiales reciclables, principalmente envases (estos suponen el 26,2% en peso y el 72,9% en volumen de nuestro cubo de la basura).

“El importante volumen que suponen los envases respecto al resto de residuos que se generan en los domicilios exige un elevado número de contenedores en la calle, lo que incrementa los costes de recogida. Del mismo modo, las plantas de tratamiento se dimensionan para poder tratar estos ingentes volúmenes de envases. Todo ello genera unos elevados costes relacionados con la gestión de los envases que no están asumiendo ni Ecoembes ni Ecovidrio.” asegura Francisco Peula, presidente de la ONG Rethinking, Observatorio de Residuos.

Tanto Ecoembes como Ecovidrio, niegan tener la obligación legal de hacerse responsables de los envases que no se recojan en los contenedores amarillo, azul y verde. Actualmente se limitan a sufragar, mediante incentivos para la recuperación de algunos envases de la fracción resto, una pequeña cantidad de los costes generados por la gestión de estos envases, mientras que el grueso de costes de recogida y tratamiento se sufraga con los impuestos que paga la ciudadanía. Pero con el Anteproyecto de Ley de Residuos (actualmente en trámite parlamentario), Ecoembes y Ecovidrio deberían hacerse cargo de la totalidad de los costes de la gestión de residuos de envases, independientemente del contenedor donde se recojan.

Una alternativa y mejora sustancial en la gestión de los residuos de envases, sería disponer de un sistema de devolución retorno de envases (SDDR). De esta manera no llegarían al cubo de resto, tirados en calles o en el medioambiente. El coste del sistema, para las arcas públicas y la ciudadanía, es cero. Sin embargo, Ecoembes junto a la gran distribución, siguen presionando y bloqueando que este sistema no se implante en España. El motivo de su negativa, no es otro que el sistema se financia con el dinero que pagan las marcas que fabrican y venden envases y que son quienes se lucran por estas ventas. El SDDR ya funciona con éxito en más de 40 países y regiones del mundo y sigue implantandóse en más lugares como Portugal y Reino Unido.

(1) Informe completo AQUÍ


Marta San Román | Greenpeace 

Rechazo a la propuesta del Gobierno sobre el autoconsumo

La Alianza por el Autoconsumo, de la que forman parte más de 60 entidades (entre ellas Greenpeace), muestra su firme desacuerdo con la propuesta de Orden por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 244/2019, al no tratarse en realidad de coeficientes de reparto dinámicos, que son absolutamente necesarios para apoyar el desarrollo de autoconsumo compartido y las comunidades energéticas.

La principal causa de este rechazo es que los nuevos coeficientes propuestos por el Gobierno se deben establecer previamente a que se produzcan los consumos, lo que no aporta ninguna solución novedosa a la rigidez que veníamos soportando con los coeficientes fijos. Esta restricción choca con las expectativas de todos los integrantes de la Alianza por el Autoconsumo e, incluso, con el objetivo mismo del RD 244/2019 que promulga un cambio de modelo energético con una ciudadanía activa en el centro del sistema. Es el momento de que todos podamos compartir con nuestros vecinos la energía producida en nuestros tejados sin restricciones administrativas injustificables.

El nuevo criterio de reparto que se plantea desde el Gobierno que, en lugar de un sistema dinámico, realmente es un reparto fijo-horario, se obliga a informar con una antelación de 12 meses de los repartos horarios de la energía producida por el colectivo, lo que mejoraría solo ligerísimamente la situación actual, al no coincidir nunca con la realidad prevista de los consumos y no poder anticipar variaciones en las pautas de consumo que se producen habitualmente. Con ello, más allá de impulsar, parece que lo que se pretende es disuadir a las personas consumidoras de contratar una instalación propia de autoconsumo colectivo. “No aceptamos este método de reparto como el compromiso adquirido de regular e implantar coeficientes de reparto dinámico.

Como ya propusimos en el pasado en la Alianza por el Autoconsumo, para cumplir un auténtico reparto dinámico tenemos que emplear datos reales de consumo y no meras previsiones. Esto pasa necesariamente por que los coeficientes de reparto se determinaran a posteriori (cuando los consumos reales se hayan registrado), y no a priori como propone la propuesta de orden. Defendemos que este es el verdadero significado y concepto de los coeficientes dinámicos o variables. Para ello, la Alianza por el Autoconsumo propone dos alternativas de reparto dinámico:

▪ La sustitución de los coeficientes definidos previamente por una regla de cálculo que, aplicada por la distribuidora, permitiría calcular los coeficientes horarios basándose en datos reales de consumos ya producidos (“reparto dinámico por defecto” de la normativa francesa”).

▪ La definición de los coeficientes para cada hora por parte del colectivo (o entidad que los represente), en base a los datos de consumo y a los criterios que hubieran acordado, siendo aplicados por la distribuidora (“reparto dinámico” de la normativa francesa).

En ambos casos, es necesario, además, habilitar la figura del representante del colectivo que, además de responsabilizarse de informar de los coeficientes a aplicar, permita agilizar los trámites con la compañía distribuidora de electricidad.

A su vez, pedimos habilitar expresamente un procedimiento mediante el cual se pueda convertir un autoconsumo individual en otro colectivo para compartir los excedentes, permitiendo así aprovechar al máximo la superficie de los tejados de nuestras ciudades.

Además, denunciamos que siguen siendo numerosas las barreras que impiden el despegue del autoconsumo colectivo en España, siendo significativo y urgente avanzar en: eliminar la distancia de 500 metros en los puntos de generación y consumo, incorporar la red de media tensión en el autoconsumo de proximidad y aligerar las cargas burocráticas para facilitar la tramitación de las instalaciones por parte de los ayuntamientos, las comunidades autónomas y las distribuidoras.

En Francia se han desarrollado muchas de las soluciones propuestas anteriormente, con un gran número de autoconsumos colectivos operando actualmente, lo que nos indica que las soluciones que proponemos son viables y factibles de aplicar en España. Dos años después de la aprobación del congelado Real Decreto 244/2019, desde la Alianza por el Autoconsumo hacemos estas propuestas para acelerar y desbloquear su desarrollo con el fin de otorgar a los colectivos una mayor libertad y capacidad de gestionar su propia energía, cumpliendo así con todos los mandatos europeos y estrategias nacionales propuestas en materia de transición energética.

María Prado | Greenpeace 

Primer buitre muerto en Europa por diclofenaco

Un estudio publicado el pasado cinco de abril por la revista científica Science of the Total Environment demuestra que el uso veterinario del diclofenaco puede causar la muerte de aves necrófagas como la del buitre negro encontrado. Se trata del primer caso en España y en Europa que confirma el impacto de este medicamento. Este medicamento causó, en el sur de Asia, la muerte de más del 95 % de los ejemplares de buitres, de especies cuyas poblaciones se contaban por millones de individuos y que en la actualidad se encuentran en peligro crítico de desaparición.

“Este caso debe marcar una antes y un después en las medidas de conservación de las especies. No podemos esperar a que se produzcan muertes de ejemplares cuando hay signos evidentes de un posible impacto en las poblaciones de aves”, afirma Ana Carricondo, coordinadora de los programas de Conservación de SEO/BirdLife; y añade: “Confiamos en que no sean necesarios más casos para que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios prohíba definitivamente el uso de medicamentos con diclofenaco para uso veterinario”.

SEO/BirdLife lleva más de siete años pidiendo su prohibición. Desde la publicación, en agosto de 2013, de la autorización de dos medicamentos para bovino y porcino conteniendo diclofenaco, la ONG comenzó a realizar gestiones encaminadas a la prohibición del fármaco.

Ante la ausencia de respuesta de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), se coordinaron acciones con el Secretariado Europeo de BirdLife International para ejercer presión sobre las autoridades europeas, entre las que se puso en marcha la campaña “No seas tú el buitre”.

Asimismo, el Defensor del Pueblo, ya en su informe anual de 2016 que formuló al actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la AEMPS, solicitaba la retirada de los medicamentos con diclofenaco para uso veterinario.

Actualmente el uso veterinario del diclofenaco está permitido tanto por la Unión Europea como por los Gobiernos nacionales de España y de Italia; y en Portugal, las autoridades están valorando su autorización.

El caso de España es especialmente preocupante porque mantiene una importante población de estas aves carroñeras –el 90% de los buitres de toda Europa–, que además desempeñan un papel vital en el funcionamiento de los ecosistemas.

Argumentos científicos para autorizar medicamentos alternativos

SEO/BirdLife recuerda que prohibir el diclofenaco no tendría efectos negativos sobre la gestión sanitaria del ganado ni sobre la economía de los ganaderos ya que existen alternativas igual de eficaces y con un similar coste económico. Existe un gran consenso científico sobre la necesidad de una prohibición total del diclofenaco. Y también en la comunidad internacional: La XIª Conferencia de las Partes del Convenio de Especies Migratorias (CMS), en su resolución UNEP/CMS/COP11/CRP3, recogía la necesidad de prohibir a nivel mundial el uso veterinario del fármaco.

Asimismo, un estudio de junio de 2017 del actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico demostraba la presencia de cadáveres con diclofenaco al alcance de buitres silvestres. Este estudio podría mostrar la presencia de diclofenaco en aproximadamente el 0,8% de los cadáveres.

 

Reclaman una reducción drástica de la extracción de agua del acuífero sobreexplotado que alimenta al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel

Ante la visita de la ministra Teresa Ribera al Parque Nacional de Cabañeros donde está previsto abordar la transferencia de este parque nacional y el de las Tablas de Daimiel a la Junta de Castilla-La Mancha, WWF pide al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) que no avance en la transferencia hasta que esta no adopte una nueva política agrícola que reduzca las extracciones de agua del acuífero y active un cambio en los sectores productivos de la zona hacia su sostenibilidad e independencia del agua. Veintiséis años después de ser declarado oficialmente sobreexplotado, el acuífero de la Mancha Occidental, del que se alimenta el Parque Nacional, está en una situación realmente dramática, ya que el nivel del agua subterránea que necesita el ecosistema se sitúa casi por debajo de los 20 metros.

WWF considera que no existen garantías de que el traspaso del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel suponga una mejora, ya que la Junta de Castilla-La Mancha sigue fomentando nuevos cultivos de regadío que suponen un consumo rígido y estructural (inflexible) de agua. Además, a pesar de la situación crítica no se han tomado medidas para reducir las extracciones, ni para acabar con las innumerables extracciones ilegales, tanto por sobrepasar el derecho de riego o por carecer de derecho. A esta situación se añade que la Junta de Castilla-La Mancha  ha solicitado públicamente la extracción de 100 hm3 adicionales para seguir manteniendo este modelo totalmente insostenible.

WWF vuelve a mostrar también su total oposición a la intención de la Junta de Castilla-La Mancha de alimentar el acuífero artificialmente con el trasvase de aguas desde la denominada “Tubería Manchega”, procedente de la mermada cuenca del Alto Tajo. 

Para WWF este es un plan inaceptable y supone una huida hacia adelante que agravará aún más la situación del acuífero, ya que con ella se mantendrá la misma presión de extracción del regadío y se obstaculizará el abastecimiento natural del lugar de la descarga hídrica de los Ojos del Guadiana, donde debería manar el agua hacia Las Tablas.

Por ello, la organización solicita retrasar la transferencia del Parque Nacional hasta que no exista un inicio de aporte de agua desde los Ojos del Guadiana y se amplíe su superficie protegida a través del Dominio Público Hidráulico de los ríos que le alimentan y de Montes de Utilidad Pública adyacentes.

Para ello, WWF pide reducir las extracciones de agua con medidas del Gobierno de Castilla-La Mancha que desincentiven y persigan los usos ilegales a través de las inspecciones de la Política Agraria Común. También que se adopten mecanismos de apoyo al secano en cultivos leñosos, que mejoren el valor añadido de la producción mediante el paso de los cultivos a régimen ecológico, el asesoramiento obligatorio y permanente al regante y la mejora de la rentabilidad por litro consumido en las cooperativas, entre otros.

Asimismo, WWF pide al MITECO que refuerce los sistemas de control telemático, de campo y sanción de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y mejore la Ley de aguas para reforzar la prevención de la sobreexplotación de los acuíferos con penas que desincentiven las extracciones ilegales e impliquen con responsabilidad a las comunidades de usuarios en el control efectivo. Es necesario que el Plan Hidrológico del Guadiana garantice que se cumplen los objetivos de buen estado ecológico que dicta la Directiva Marco del Agua y que consiga que 35 hm3 anuales de agua manen de los Ojos del Guadiana, ya que eso supondría que el Parque Nacional está vivo. Además es necesario que las administraciones sigan comprando fincas con derechos de agua.

Según Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF: “Los Parques Nacionales deben ser la representación de los ecosistemas y las comunidades biológicas que encierran más representatividad y en mejor estado de conservación de nuestro país. Esa es precisamente la hoja de ruta que no se debe perder en la toma de decisiones de gestión y mejora de su estado de conservación favorable y nunca tomar medidas en sentido contrario. En el caso de los ecosistemas acuáticos que dependen del agua implica también la sostenibilidad del ciclo hidrológico dentro de las cuencas  hidrográficas”.

Nylva Hiruelas | WWF 

El 70% de las emisiones de CO2 de las aerolíneas de la UE sigue sin regular

Las organizaciones ambientales Transport&Environment, de la que forma parte Ecologistas en Acción, y Carbon Market Watch han desvelado hoy los datos totales de emisiones de las aerolíneas de la UE en 2019. Se trata de la primera vez que estos datos salen a la luz, ya que hasta ahora solo se disponía de las emisiones contempladas dentro del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE), es decir, las de los vuelos dentro del Espacio Económico Europeo. La conclusión es demoledora: menos de un tercio de las emisiones totales son objeto de regulación, lo que implica que a día de hoy las aerolíneas europeas pueden contaminar libremente en sus operaciones fuera del mencionado espacio económico.

Dichas operaciones, la mayor parte rutas de largo alcance, constituyen el grueso de la actividad de las principales compañías de la UE. Por ejemplo, para Lufthansa, Air France y British Airways las emisiones no reguladas constituyen el 77 %, el 83 % y el 86 % respectivamente del total.

Hay que recordar que, debido a la ausencia de regulación, las aerolíneas no pagan un céntimo por las emisiones de CO2 generadas en esos vuelos, que en 2019 fueron de 65,9 millones de toneladas.

En el caso de las aerolíneas españolas, destaca el caso de Iberia, que en 2019 lanzó a la atmósfera 5,67 millones de toneladas de CO2, de las cuales el 83 % se beneficiaron del limbo legal generado por la ausencia de marcos regulatorios. La compañía del grupo IAG representó la sexta aerolínea de la UE con mayor volumen de emisiones y la tercera en proporción de emisiones no reguladas.

Por su parte, Air Europa emitió 2,34 millones de toneladas de CO2, de las cuales tan solo el 28,6 % estuvieron sometidas a algún tipo de regulación. Finalmente, Vueling, con una cifra total de emisiones muy similar (2,33 millones de toneladas de CO2), registró un alto porcentaje de emisiones reguladas (93,9 %), como consecuencia del carácter eminentemente intraeuropeo de sus operaciones.

Según Andrew Murphy, director de aviación de T&E, “después de un año entero despilfarrando ayudas en rescates de aerolíneas, los gobiernos deben plantearse un cambio de rumbo y concentrarse en hacer que el sector sea más ecológico. Se debería obligar a las aerolíneas a pagar por las emisiones de todos sus vuelos, y exigirles que utilicen combustibles más limpios”.

En la actualidad, según la normativa comunitaria, las aerolíneas tan solo pagan por las emisiones de los vuelos que tienen lugar dentro del Espacio Económico Europeo. En 2008, la UE intentó incluir la aviación de larga distancia en el RCDE, pero el sector presionó hasta conseguir que los vuelos entre países de la UE y de fuera de la UE quedaran excluidos de la normativa reguladora. El pretexto era permitir la creación de un sistema internacional de regulación de las emisiones de CO2 auspiciado por Naciones Unidas que reuniera al conjunto de las aerolíneas a nivel global.

Este sistema de regulación, promovido por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y conocido como Corsia, tiene como objetivo mantener las emisiones del sector en niveles de 2020. De aplicación obligatoria por los Estados solo a partir de 2027 y basado fundamentalmente en la figura de las compensaciones de emisiones, Corsia ha generado importantes críticas por su falta de ambición y sus capacidades reales de reducir las emisiones del sector.

Según un estudio encargado por la Comisión Europea publicado la semana pasada, el sistema Corsia podría en realidad socavar los esfuerzos climáticos europeos. Según el análisis, realizado en Septiembre de 2020 y hasta ahora no publicado, es probable que el sistema promovido por la OACI no consiga alterar materialmente el impacto climático del transporte aéreo, debido a su diseño y falta de transparencia y aplicabilidad.

En palabras de Gilles Dufrasne, responsable de políticas en Carbon Market Watch, “Corsia no es más que una excusa barata de la que se sirve el sector de la aviación para seguir actuando como hasta ahora. En lugar de defenderlo, la UE debería oponerse a las voces del sector que reclaman el desmantelamiento del RCDE europeo. Debemos poner fin a las exenciones de las que se benefician actualmente las aerolíneas, incluida la libre distribución de permisos de contaminación. Sustituir las políticas actuales por el sistema Corsia tendría el efecto contrario”.

En estos momentos, la Comisión Europea se encuentra en un proceso de revisión de su régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE), con el objetivo de determinar si los vuelos que entran o salen del Espacio Económico Europeo deben formar parte de él, así como de decidir una fórmula para articularlo con el sistema Corsia. Según un estudio de Transport&Environment, la sustitución del RCDE por el sistema Corsia en la UE supondría un aumento de las emisiones de aproximadamente 683 millones de toneladas en el periodo 2021-2030.

Pablo Muñoz, coordinador de la campaña de Aviación de Ecologistas en Acción: “La UE debe mostrar mucha mayor ambición en sus políticas de descarbonización del sector de la aviación. Para ello, no solo debe reforzar el RCDE, sino también establecer medidas fiscales como el impuesto al queroseno, cancelar toda financiación de aumento de infraestructuras aeroportuarias y promover la utilización de biocombustibles avanzados con estrictos criterios de sostenibilidad”.

Pablo Muñoz | Ecologistas en Acción

Proyectan más de 10.000 fotografía de latas y botellas abandonadas sobre la fachada del Ministerio de Transición ecológica

Una muestra de las más de 10.000 fotografías de latas y botellas abandonadas en todo el territorio español han sido proyectada sobre la fachada del Ministerio de Transición ecológica para pedir a la vicepresidenta Teresa Ribera una Ley de Residuos ambiciosa que saque al Estado español de la crisis ambiental en la que se encuentra.

Impulsada por diferentes entidades y personas, este acto cierra la campaña #GobiernoDesplastifícanosYA, a través de la cual, la ciudadanía ha pedido poder devolver los envases de bebidas a la tienda para conseguir que más del 90% de latas, botellas y bricks se reutilicen y reciclen en vez de acabar enterradas, quemadas o perdidas por millones, como sucede hoy en día
Esta pasada noche, la fachada del Ministerio de Transición Ecológica en Madrid ha quedado engalanada por unos minutos con una muestra de fotos de envases de bebidas abandonados enviadas desde todas las Comunidades Autónomas del Estado español. Con esta acción, la ciudadanía pide a la vicepresidenta Ribera que empiece a poner fin a la crisis de residuos y permita que las bebidas se vendan con depósito para que podamos devolver latas y botellas a la tienda y evitar así que estos envases contaminen nuestra salud y nuestro entorno.

Las entidades y personas impulsoras de la campaña #GobiernoDesplastíficanosYA han organizado esta proyección como una llamada urgente para reclamar una Ley de Residuos a la altura de la crisis ambiental en la que nos encontramos. Cada día en el Estado español, 30 millones de latas, botellas y bricks acaban en un vertedero, en una incineradora o perdidas en el medio ambiente.

“El ministerio de la vicepresidenta Ribera está a punto de presentar un Proyecto de Ley de Residuos clave y el Sistema de Depósito es una de las medidas propuestas por la Comisión Europea para asegurar el objetivo de recoger separadamente antes de 2029 el 90% de las botellas de plástico y es esencial para cambiar la situación catastrófica en la que nos encontramos y para asegurar que no incumplimos más objetivos”, han declarado las entidades organizadoras en referencia a la propuesta legislativa del ejecutivo que las principales ONG del estado ya han rechazado por “poco ambiciosa”.

La proyección ha sido el acto final de la campaña #GobiernoDesplastíficanosYA en la que personas de todo el territorio han mandado más de 10.000 imágenes de latas y botellas abandonadas en ciudades, pueblos, bosques y playas para reclamar una solución: que se ponga en marcha lo antes posible un Sistema de Depósito, como pasa en más de 40 países y regiones del mundo donde, gracias a esta medida, más del 90% de los envases de bebidas se reciclan y reutilizan en vez de perderse.

Amigos de la Tierra 


 

 

Rechazo unánime al Anteproyecto de Ley de Residuos

  • 16 entidades de la sociedad civil se han aunado para que el Anteproyecto de Ley de Residuos no ignore la alarmante situación de la gestión de los residuos en España. 

El Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que debe transponer en este 2021 las directivas europeas de residuos, está, en la actualidad, pendiente de emisión de dictamen preceptivo por parte del Consejo de Estado. El texto propuesto es considerado poco ambicioso e ineficaz ya desde su nacimiento, por lo que las 16 entidades estatales, que denunciaron hace un mes a España ante la Comisión Europea por el incumplimiento de los objetivos de reciclaje y reutilización de 2020, alertan sobre la posibilidad de futuros incumplimientos de las Directivas si la Ley no es más transformadora.

Este grupo de entidades representativas de diversas regiones del territorio, han obtenido audiencia ante el Consejo de Estado para formular alegaciones a la citada propuesta legislativa y han pedido de manera unísona a la institución que emita un dictamen desfavorable al Anteproyecto de Ley.

El principal argumento de las organizaciones es que la transposición de las directivas de residuos debe hacerse partiendo de la realidad de incumplimiento generalizado de los objetivos de reciclaje que existe en el Estado español para poder así adoptar medidas reales y efectivas como las recomendadas reiteradamente por la Comisión Europea.

«Se debe de partir de un correcto análisis de la situación preexistente y no ocultar la realidad en la que nos encontramos en materia de residuos si queremos que se apruebe una Ley de Residuos que promueva la prevención, la reutilización y el reciclaje de alta calidad y consiga que España deje de quemar y enterrar el 60% de sus residuos domésticos», han expresado las entidades en sus alegaciones.

Con los datos de los se dispone actualmente, así como con las proyecciones realizadas por la propia Comisión Europea, y la ausencia total de cambios disruptivos durante los últimos años, es sencillo deducir que España no ha alcanzado el objetivo del 50% de reciclaje para antes del año 2020 establecido por la Directiva Marco de Residuos de 2008. Es más, el dato de reciclaje estimado por Eurostat para el año 2019 fue de un 34,7%, una décima por debajo del dato reportado para 2018, consolidando una tendencia a la baja desde 2017.

«Si el Anteproyecto de Ley de Residuos ignora esta realidad de partida, la norma que impulse el Congreso será improductiva desde el mismo momento en que se apruebe», denuncian las entidades firmantes.

Las organizaciones apuntan que son muchas las medidas esenciales que el ejecutivo ha obviado en su propuesta como la creación de un sistema de recogida selectiva obligatoria de biorresiduos en todo el territorio antes de 2023, la introducción de un régimen fiscal armonizado y finalista sobre la eliminación de residuos, el fomento de incentivos económicos y sistemas de depósito, devolución y retorno de productos para su reutilización o para su reciclaje de alta calidad y el desarrollo de medidas para asegurar la responsabilidad ampliada del productor. Todas ellas medidas sugeridas o recomendadas por las directivas europeas o por la Comisión Europea.

El Anteproyecto de Ley redactado por el Ministerio de Transición Ecológica no sólo ignora la actual situación de incumplimiento, sino que además ni recoge medidas esenciales puestas en marcha en otros países europeos que ya tienen mejores resultados en la gestión de los residuos, ni impide que se perpetúen situaciones de monopolio como las que vivimos en determinados flujos de residuos al permitir la existencia de un solo Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) como ocurre, por ejemplo, con Ecoembes en el caso de los envases ligeros o Ecovidrio en el caso de los envases de vidrio.  

Greenpeace devuelve una tonelada de agua contaminada a la macrogranja de Caparroso para exigir legislación más ambiciosa

En el Día Mundial del Agua, activistas de Greenpeace han devuelto mil litros de agua contaminada por nitratos a la macrogranja vacuna que la empresa Valle de Odieta, S.C.L. tiene en el municipio de Caparroso (Navarra). Con esta protesta pacífica, la organización quiere poner en evidencia las malas prácticas de esta empresa y exigir una legislación de nitratos ambiciosa que termine con el grave problema de contaminación del agua que existe en España y ponga freno legislativo a la ganadería industrial, una de las principales causas del problema. En la pancarta principal se podía leer “Las macrogranjas envenenan el agua” acompañado por los mensajes “Valle de Odieta contamina” y “Macrogranjas NO”.

Esta acción de protesta surge después de que Greenpeace fuera testigo, el pasado febrero, del impacto ambiental provocado por reiterados vertidos masivos ilegales de purines de la macrogranja de Caparroso. Vertidos que llegan a acuíferos y ríos. Hoy un grupo de activistas ha extraído agua de una balsa que se encuentra en plena Zona Especial de Conservación de los Tramos Bajos del río Aragón, uno de los espacios protegidos bajo la Red Natura 2000 -que recoge los espacios ambientales más importantes de Europa– y los ha devuelto a la balsa impermeabilizada de esta macrogranja. Mientras, otro grupo de activistas ha protestado junto a las minúsculas casetas donde se encierra, sin apenas movilidad, a centenares de terneras separadas de sus madres para, en el futuro, reemplazarlas en esta fábrica de producción industrial.

Desde 2014, año en que se puso en funcionamiento la macroexplotación de Caparroso, Valle de Odieta acumula nada menos que 19 denuncias de diversos organismos públicos del Gobierno de Navarra, 11 de ellas convertidas ya en procedimientos sancionadores por diversas infracciones a la normativa medioambiental. Pese a esto, y después de una sentencia favorable a la empresa por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el Gobierno de Navarra autorizó, este pasado 12 de marzo, que la empresa duplique la capacidad de sus instalaciones pasando de una autorización para explotar 3.450 vacas (aunque, en realidad, tienen más de 5.000 vacas incumpliendo lo autorizado), a poder explotar 7.200. Según la Autorización Ambiental Integrada se generarían así 148.858 toneladas anuales de estiércoles (lo equivalente a los residuos fecales generados por casi 1,8 millones de personas, el triple de la población de Navarra).

“Es indignante e inaceptable que la empresa Valle de Odieta, con sus antecedentes delictivos, vaya a poder duplicar la capacidad de esta explotación y que pretenda construir otra casi cinco veces más grande en Noviercas, Soria. Las administraciones no lo pueden permitir y las personas lo debemos exigir bien alto”, ha afirmado Luís Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace España.

España incumple la Directiva de Nitratos

“El agua limpia es indispensable para la salud humana y los ecosistemas naturales, de modo que la calidad del agua es uno de los elementos más importantes de la política medioambiental de la Unión Europea”. Así empieza el apartado de la Comisión Europea sobre la Directiva de Nitratos (91/676/CEE), uno de los primeros textos legislativos de la Unión Europea contra la contaminación.

Sin embargo, España no ha sido capaz de poner coto a este problema, provocado, en gran medida, por el crecimiento exponencial de la ganadería industrial en nuestro país. Tanto es así que la Comisión Europea abrió en 2018 un expediente sancionador contra España por incumplimiento de esta Directiva y, en julio de 2020, envió al Gobierno español un dictamen motivado, en el que instaba a extremar las medidas para cumplir con la legislación ambiental. Ante esta situación, el Gobierno español inició la modificación de la legislación ambiental, ahora en período de consulta pública, para la cual Greenpeace pide una mayor ambición con un objetivo de reducir, al menos, un 50% la emisión de nitrógeno para 2030.

“Precisamente hoy, en el Día Mundial del Agua, y teniendo en cuenta que 7 de las 10 cuencas hidrográficas con mayor sequía crónica de toda Europa se encuentran en España, es vergonzoso tener que recordar que estamos envenenando nuestra agua con nitratos. Hay que cortar el mal de raíz, poniendo fin a la ganadería industrial y a la ingente cantidad de residuos que genera”, ha concluido Ferreirim.

La ganadería industrial no sólo está destruyendo el planeta, sino que además no ha sido capaz de frenar la hemorragia rural. Es una falsa solución al reto demográfico y no tiene cabida en un modelo de futuro verde preconizado por las políticas europeas.

Tras esta acción en Navarra, Greenpeace llevará al Ayuntamiento de Noviercas botellas con el agua contaminada de Caparroso y con el mensaje “Sin agua no hay pueblos. Valle de Odieta contamina. #MacrogranjasNO”. Valle de Odieta oculta a los vecinos y vecinas de este pueblo, y a sus generaciones futuras, el impacto que tendría abrir en el municipio la mayor macrogranja de vacuno de Europa.

Para frenar la ganadería industrial, Greenpeace ha puesto en marcha una petición de firmas que, en menos de un mes, ya ha recogido más de 63.500 firmas. La organización tiene el objetivo de alcanzar las 100.000 firmas para demandar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una legislación sobre nitratos que permita frenar el avance de la ganadería industrial.