Bruselas alerta a España en su lucha contra los plásticos de un solo uso

Organizaciones ambientales lamentan la influencia de la industria, que a través de una intensa labor de presión en Bruselas, ha conseguido que desde la Dirección General de Industria y Emprendimiento de la Comisión Europea (CE) se recomiende al Gobierno de España rebajar los puntos más ambiciosos del Real Decreto de Envases que está pendiente de aprobación antes de finales de año. 

Al tratarse de un texto que transpone diversas directivas europeas, España, como es preceptivo, envió a Bruselas la propuesta del nuevo Real Decreto de Envases y Residuos de Envases para su revisión. Y la Comisión Europea ha reaccionado con un dictamen que, más allá de prevenir obstáculos técnicos al comercio, propone eliminar los puntos más ambiciosos del proyecto. La respuesta del Comisario Thierry Breton ha decepcionado a las organizaciones ecologistas, ya que se reprocha al Ministerio un exceso de ambición en la lucha contra los plásticos de un solo uso, motivo que precisamente originó parte de las directivas transpuestas, y se fundamenta en argumentos poco sólidos y a veces obsoletos.

La opinión de la Comisión sobre el texto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico parece claramente marcada por la gran influencia del lobby industrial del plástico, que ha coordinado, a través de diferentes asociaciones y patronales, decenas de respuestas para socavar el proyecto español.

Los principales cambios en el Real Decreto de Envases demandados por Bruselas son:

– Anular la prohibición de sustancias tóxicas en los envases (Ftalatos y Bisfenol A) que promueve el proyecto de Real Decreto porque no se corresponde con lo que establece la Directiva de Envases comunitaria que data de 1994 y que precisamente está en proceso de revisión tras casi 30 años de vigencia. Al mismo tiempo, ya existen otros textos comunitarios que restringen el uso de estas sustancias peligrosas.

– Eliminar los objetivos de reducción de residuos de envases (13% en 2025 y 15% en 2030) y de botellas de plástico de un solo uso (20% en 2030). Aquí, la CE pasa por alto que el artículo cuatro de la Directiva de Envases insta a los Estados Miembros a aplicar medidas adicionales para prevenir la generación de residuos de envases y el cinco permite que establezcan objetivos de reutilización.

– Tumbar la prohibición sobre el envasado de frutas y verduras frescas y su obligación de venderlas a granel en lotes de menos de 1,5 kg, a pesar de que Francia y otros países ya cuentan con la misma medida desde hace varios años.

– No obligar a las empresas a pagar los costes de las recogidas de basura abandonada en el entorno, como quiere hacer el Ministerio. El dictamen dice que esta medida va más allá de lo que se deriva de la Responsabilidad Ampliada del Productor en el artículo 8 de la Directiva de Residuos de 2008, pero no especifica de qué manera.

«Desde la sociedad civil, animamos al Gobierno y al Ministerio a seguir el ejemplo de otros Estados miembros y mantenerse en la defensa de la salud de las personas y el medio ambiente ante este dictamen teñido claramente de presiones empresariales. Cualquier otro escenario sería derrumbar las intenciones de España para afrontar el grave problema de la contaminación por plásticos e ir en contra de las propias directivas europeas de residuos», han valorado representantes de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, Retorna, Rezero y Surfrider.

Por otro lado, estas mismas entidades sostienen que recortar la ambición de los Estados miembros en la aplicación de las directivas “es un argumento muy peligroso que debilita y perjudica el propio espíritu de las directivas. Cada Estado en función de sus necesidades debe definir su ambición con los objetivos de las directivas, y España tiene un claro problema con los residuos de plástico que debe solucionar”.

A partir de ahora, y de acuerdo a las modificaciones propuestas, el período de espera para que España incorpore las modificaciones pertinentes o no, se retrasa al próximo 7 de noviembre.

Greenpeace denuncia el “ECO tongo” de las etiquetas ambientales de la DGT

La ONG exige que el Gobierno corrija y ponga al día las etiquetas de la DGT tal y como se comprometió en 2020 y no ceda a las presiones de la industria automovilística, que logró parar esa iniciativa

Esta mañana activistas de Greenpeace han accedido a las instalaciones de un gran grupo de automoción en Villaverde (Madrid) para desplegar una enorme pancarta con forma de etiqueta de la DGT sobre decenas de automóviles. Bajo el texto “ECO tongo. DGT cambia las etiquetas ¡ya!” la organización ecologista ha reclamado a la Dirección General de Tráfico que reforme los distintivos ambientales de los vehículos, pues no son fieles a la realidad en cuanto a lo que estos contaminan y condicionan aspectos como las rebajas fiscales o el libre acceso a las nuevas Zonas de Bajas Emisiones, obligatorias en 150 ciudades a partir de enero de 2023.

Greenpeace denuncia que el etiquetado actual es un “coladero” para tecnologías contaminantes, como el gas fósil (mal llamado “natural”), que disfrazan de verde la industria y confunden al consumidor. Así, cualquier vehículo (coche, furgoneta o camión) que funcione con gas licuado o comprimido disfruta del distintivo ECO de la DGT, lo que les otorga importantes beneficios fiscales y normativos. Sin embargo, los vehículos de gas liberan grandes cantidades de partículas contaminantes y peligrosas asociadas con el cáncer, el alzheimer y enfermedades cardíacas y respiratorias, además de contribuir de manera similar que los vehículos diésel o gasolina a la crisis climática.

La propuesta ecologista para reformas las etiquetas

Una vez que el Gobierno anunció, a mediados de 2020, su intención de reformar las etiquetas de la DGT, las entidades ecologistas Greenpeace, Fundación Renovables, Ecodes, Ecologistas en Acción y Transport & Environment lanzaron una propuesta de mejora que corregía los fallos del sistema actual e incorporaba las emisiones de CO2 como criterio de clasificación ambiental. No obstante la DGT decidió hacer caso omiso a las recomendaciones ecologistas y ceder a las presiones de la industria del automóvil y bloqueó la reforma de las etiquetas bajo el pretexto de “acordar los criterios de etiquetado con los fabricantes”. Una posición inaceptable que demuestra cómo la DGT diseña sus etiquetas anteponiendo los intereses de la industria del motor frente a la salud de las personas y la protección del medio ambiente.

Etiquetas diseñadas para el lavado verde de la industria

Los fallos del actual sistema de etiquetado ambiental también afectan a otros vehículos, como los microhíbridos, calificados como ECO a pesar de que la aportación eléctrica es mínima, o los híbridos enchufables etiquetados como “CERO emisiones” pese a que cuentan con motor de combustión y tubo de escape. «El Gobierno de España se comprometió a corregir los fallos de las etiquetas en 2020. Sin embargo, la DGT se ha plegado a los intereses de la industria para bloquear esta revisión, permitiendo que haya miles de vehículos contaminantes etiquetados como CERO y ECO cuando no lo son», ha declarado Adrián Fernández, responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace.

«La DGT se ha convertido en una agencia publicitaria de lavado verde de la industria del motor. Pero las etiquetas son solo uno de los engranajes de la inmensa lavadora con que el sector está hace pasar vehículos contaminantes como limpios», ha apuntado Francisco del Pozo, coordinador de la campaña de combustibles fósiles de Greenpeace.

Una nueva investigación de la Universidad de Harvard encargada por Greenpeace Países Bajos, Three shades of green(washing), ha revelado el uso descarado del lavado verde y el simbolismo para sacar provecho de la crisis climática en las redes sociales de las marcas de automóviles junto con compañías aéreas y empresas energéticas de Europa. El estudio muestra que solo uno de cada cinco anuncios de coches «verdes» vendía un producto, el resto funcionaba principalmente para presentar la marca como verde. Por ello Greenpeace y otras 40 organizaciones están impulsando una Iniciativa Ciudadana Europea (ECI, en sus siglas en inglés), que pide una nueva ley similar a la del tabaco que prohíba la publicidad y el patrocinio de los combustibles fósiles en la Unión Europea

Adrián Fernández | Greenpeace

Greenpeace reivindica la transición a calefacción renovable en lugar de bajar impuesto al gas

· El presidente del Gobierno ha anunciado este jueves una rebaja del 21 % al 5 % del IVA del gas a partir de octubre y hasta el 31 de diciembre, a pesar de los beneficios extraordinarios de las gasistas desde el comienzo de la crisis

· El presidente no ha aclarado si la medida se aplicará a todos los consumidores del gas o solo a los domésticos, por lo que puede convertirse en una subvención más a la industria y eléctricas, que consumían casi el 80 % del gas en 2021 

· La rebaja del IVA aplaza la necesaria fiscalidad verde para promover un sistema energético que incentive el ahorro y penalice a los sectores más contaminantes

En respuesta al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la bajada del IVA del gas, Greenpeace considera que, si bien son necesarias medidas de choque temporales para aliviar la situación de hogares y pequeñas empresas, las rebajas de impuestos al gas fósil como el IVA, que en principio no discrimina entre grandes consumidores y familias, pueden ser aprovechadas por las empresas energéticas e industriales para maximizar sus beneficios. La organización reitera la necesidad de soluciones urgentes y verdaderamente efectivas en el medio plazo para acelerar la transición energética hacia un sistema 100% renovable y eficiente, acabando con nuestra dependencia de los combustibles fósiles y la energía nuclear que financian la guerra y asfixian a la ciudadanía.

“La medida anunciada es una suvención al gas y aplaza la necesaria fiscalidad verde para promover un sistema energético que incentive el ahorro y penalice a los grandes consumidores”, ha declarado Francisco del Pozo, coordinador de combustibles fósiles de Greenpeace, que añade: “Es más importante que nunca no seguir cayendo en la trampa de los combustibles fósiles y establecer medidas destinadas a apoyar a las familias que lo necesitan para mantener o mejorar sus servicios energéticos rompiendo la dependencia del gas: aislamiento, sustitución de calderas por bomba de calor, etc. Lo que no tiene sentido es promover un plan de ahorro energético y a la vez subvencionar el uso del gas”.

Valoración de medidas concretas:

La rebaja del IVA al gas va en la misma línea que la ayuda de los 20 céntimos al carburante, medida que sigue vigente hasta fin de año y ya se ha visto ineficaz durante los cuatro meses que lleva en vigor: se ha demostrado que esta ayuda ha sido rápidamente absorbida por las grandes petroleras, tal y como publicó la CNMC. Greenpeace ya denunció que las petroleras están ingresando cada día 7,6 millones de euros adicionales desde el inicio de la guerra, mientras la población sufre los precios récord en las gasolineras [1]. Tampoco a las empresas de gas les va mal: Naturgy, la mayor empresa del sector, mejora sus resultados de manera significativa en la primera mitad de año. La compañía energética ha registrado 557 millones de beneficio en el primer semestre, lo que supone un progreso del 15,1% [2].

Greenpeace reitera que, unido a las medidas de apoyo directo a las familias para ahorrar energía, se debe mantener el 5 % del IVA en la factura eléctrica. La electricidad es esencial como vector de servicios energéticos. Asimismo, la organización ecologista considera necesario adelantar medidas redistributivas como el Impuesto sobre los beneficios extraordinarios sobre las empresas energéticas. Greenpeace se congratula del anuncio hecho a finales de junio por el presidente sobre el establecimiento de un impuesto específico para los beneficios extraordinarios de empresas energéticas, pero lamenta que su entrada en vigor no se produzca hasta enero de 2023 [3].

La organización reclama que para evitar que esta crisis la paguen los de siempre es necesaria la puesta en marcha un plan de acción mucho más ambicioso con normativa y subsidios directos a la calefacción renovable y mejora express del aislamiento de los hogares [4], todo ello unido a una reforma fiscal que redistribuya la riqueza, sea progresiva e incluya una fiscalidad verde que aplique el principio de quien contamina paga y no deje a nadie atrás.

WWF presenta alegaciones a la modificación del reglamento del Dominio Público Hidráulico 

La organización considera que la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica de modificación del reglamento del Dominio Público Hidráulico no protege suficientemente los ríos y acuíferos frente a la grave sobreexplotación y contaminación a la que se ven sometidos.
Frente a ello, y ante los problemas que evidencia la actual sequía y el cambio climático, WWF pide una mejor gestión del agua promoviendo un uso más sostenible de los recursos hídricos.

La sequía se extiende en España, dejando imágenes desoladoras de paisajes resecos y ríos y embalses bajo mínimos,  circunstancia que pone en entredicho el actual modelo de gestión del agua. Por ello, WWF ha enviado sus alegaciones al MITECO sobre la modificación del reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), principal instrumento que lleva a la práctica los objetivos de la Ley de Aguas. La organización critica que la propuesta no aborda lo suficiente la cuestión ambiental y reclama medidas más contundentes para acabar con la sobreexplotación y la contaminación que amenazan a ríos, humedales y acuíferos.

“Nos enfrentamos a un futuro en el que España será uno de los países europeos con mayor riesgo de sufrir estrés hídrico en menos de 30 años si no se toman medidas. Sería incomprensible que se aprobara esta propuesta de modificación del reglamento que sigue blindando al regadío industrial e insostenible, un sector que consume el 80 % del agua a nivel nacional. Necesitamos que este reglamento sirva para implantar de una vez por todas medidas para una mejor gestión del agua promoviendo un uso más sostenible de los recursos hídricos y facilitando la recuperación de los ríos, humedales y acuíferos para hacerlos más resilientes a los efectos del cambio climático”, explica Teresa Gil, Responsable del Programa de Agua de WWF.

España es el país con mayor sobreexplotación de agua de Europa. La expansión de cultivos de regadío industrial está afectando además a las aguas subterráneas, nuestras reservas de agua. Como consecuencia, el 25 % de los acuíferos están gravemente sobreexplotados. Y esto sin contar con el robo del agua: se estima que existen hasta un millón de pozos ilegales en España. Estas presiones hídricas han provocado que casi la mitad de nuestros ríos, humedales y acuíferos estén en mal estado.

Este reglamento, que el MITECO ha sometido recientemente a consulta pública, es clave ya que es el instrumento normativo que permite desarrollar la ley de aguas. Una herramienta indispensable para mejorar la actual política del agua y lograr una mejora en el estado de conservación de ríos, acuíferos y humedales.

Ante ello, WWF reconoce el esfuerzo realizado por MITECO para intentar adaptar y modernizar la gestión del agua por las administraciones. Sin embargo, la organización considera que la propuesta presentada carece  de medidas para mejorar el 40 % de los ríos,  acuíferos y humedales que están en mal estado, tal como se establece en la Directiva Marco del Agua.

Por otra parte, la organización considera esta modificación del reglamento una gran oportunidad perdida para regular al alza los caudales ecológicos o los aportes mínimos necesarios para el mantenimiento en buen estado de los ecosistemas de agua dulce, llegando tarde para mejorar la planificación hidrológica que está a punto de ser aprobada.

Además WWF ve con preocupación que no haya sido objeto de regulación específica la protección de las aguas frente a la contaminación difusa por la actividad agraria, procedente del lixiviado, abonado, la fertilización y fumigación con plaguicidas. Cabe destacar que esta problemática afecta directamente a la salud humana, pues los nitratos se acumulan en los acuíferos, que son reservas estratégicas de agua para las poblaciones en momentos de sequía, así como la fuente principal de suministro para muchos pueblos y ciudades.

Esta contaminación se suma a las restricciones de agua por sequía que se extienden por varios municipios de casi toda España. Por ejemplo, en 11 pueblos de la sierra de Huelva donde se ha restringido el agua entre 7 y 13 horas diarias o en siete municipios de Córdoba.

Asimismo, WWF considera que la propuesta no establece precios del agua adecuados para cumplir adecuadamente con el principio de «quien contamina paga”. Además la organización reclama que se refuercen los mecanismos de participación pública garantizando una adecuada interlocución con los colectivos interesados

“Para hacer frente a esta crisis hídrica, necesitamos salvar el agua de la explotación descontrolada e intensiva y garantizar un futuro con agua para las personas y la naturaleza. Por eso reclamamos un reglamento robusto que haga frente a las amenazas reales y a los enormes retos a los que se enfrentan los ecosistemas de agua dulce”, concluye Teresa Gil.

WWF pide al Gobierno y a las comunidades autónomas un giro en su política agraria e hidrológica. Para ello, deben tomar medidas para acabar con el robo del agua, ajustar las demandas del regadío a los escasos recursos hídricos disponibles, invertir en nuevas tecnologías para el ahorro de agua doméstica e industrial y recuperar la biodiversidad y la salud de ríos, humedales y acuíferos.

Los españoles consideran que las penas a los pirómanos deben conllevar prisión

Según un estudio realizado por SEO/BirdLife en el marco del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza para conocer la percepción social sobre los delitos contra el medio ambiente, los españoles identifican, como delito ambiental, al fuego por encima de cualquier otra conducta

Con el fin de conocer la percepción que tiene la sociedad frente a los delitos ambientales y las acciones que se llevan a cabo para la investigación y determinación de la responsabilidad legal de los autores, SEO/BirdLife, en el marco del proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza, ha realizado un nuevo estudio en todo el territorio nacional. En octubre de 2018 se hizo una primera encuesta por una empresa demoscópica mediante un muestreo telefónico aleatorio a la población que se ha repetido cuatro años después para ver la evolución en la percepción social sobre este tipo de delincuencia.

Una de las conclusiones más destacadas y de máxima actualidad por la probabilidad del origen del incendio en Lanzahita (Ávila) situado en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Valle del Tiétar, es que el 97 % de la población considera que los incendios intencionados deben conllevar penas de prisión.

Además de esta unanimidad sobre que si es provocado debe tener pena de prisión, aumenta el número de personas que piensan que, ante imprudencias, también se debería ir a prisión, concretamente el 37,3% de las personas.

“El alto número de incendios que se producen a lo largo del año, la labor de difusión y denuncia de diversas entidades como las ONG y la amplia acogida en los medios de comunicación de este tipo de agresiones ambientales, sin duda contribuye a su conocimiento”, comenta David de la Bodega, coordinador del Life Guardianes de la Naturaleza y responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife.

Otro dato llamativo que se extrae del estudio es que un 70,8% de las personas considera que los delitos medioambientales son igual de importantes que el resto de los delitos incluidos en el Código Penal, casi un 6% más de lo que se percibía en 2019. El porcentaje de las que los consideran más importante se sitúa en el 18,8%.

Medidas contra los delitos ambientales

En cuanto a las medidas que deberían adoptarse contra los delitos ambientales se han estudiado tres bloques de medidas: recursos de las instituciones, gravedad de las penas de los delitos y concienciación. Las más valoradas por la ciudadanía son las relacionadas con la sensibilización (concienciación en las escuelas, sensibilizar a la población sobre el valor del patrimonio natural y sensibilizar a los sectores que cometen más delitos) y mejorar el funcionamiento de la justicia, seguido del aumento de las penas. El 31,2% considera que para avanzar en la lucha contra los delitos ambientales, son necesarias principalmente medidas de concienciación, mientras que el 15,5% considera que son necesarias principalmente medidas de aumento y especialización de los profesionales (policías, jueces, fiscales, etc) y de los recursos necesarios para abordar este tipo de delincuencia.

“Los resultados de esta encuesta demuestran que las agresiones más graves contra el medio ambiente que recoge nuestro Código Penal cuentan con un amplio rechazo social y justifican su consideración como delitos”, señala David de la Bodega.

SEO/BirdLife denuncia nuevas muertes de cigüeñas en tendidos eléctricos de Cataluña

Gracias a la intervención de los Agentes Rurales de la Generalitat de Catalunya, y a las asociaciones locales, SEO/BirdLife ha tenido constancia y denunciará ante la Fiscalía de Medio Ambiente la muerte de más de una decena ejemplares de cigüeña blanca, una especie protegida, con evidentes signos de haber perecido por colisión o electrocución en tendidos eléctricos que no han sido corregidos. Estas muertes se han producido en un área, al sur de provincia de Barcelona, identificada por la Generalitat de Catalunya como zona prioritaria de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. Se trata del mismo enclave que vivió episodios de mortalidad masiva de cigüeñas al menos en 2018 y 2021, sin que –hasta la fecha- la empresa titular haya procedido a arreglar los apoyos. SEO/BirdLife prevé que se produzcan más muertes en los próximos días, dado que las cigüeñas se encuentran en plena migración en la zona.

En concreto, las muertes han tenido lugar en apoyos y líneas de tendidos eléctricos situados en el municipio de Moià (comarca de Moianès) y en el municipio de Taradell, en la comarca de Osona. En ambos casos, las instalaciones próximas a la zona afectada por electrocuciones masivas el año 2018 y el 2021, y ya denunciadas también por la organización conservacionista. Los hechos están siendo investigados por parte de la administración de Justicia.

En lo que va de año, según estimaciones de SEO/BirdLife, más de cuarenta ejemplares de cigüeña han muerto por esta circunstancia en la zona.SEO/BirdLife insiste que es urgente la reforma del Real Decreto 1432/2008, que regula la corrección de tendidos peligrosos. Es fundamental que esta norma se alinee con el resto del ordenamiento jurídico y deje claro que las compañías eléctricas, que se benefician económicamente de la explotación de las líneas, deben sufragar la corrección de tendidos eléctricos con fondos propios, sin repercutir el coste a la ciudadanía vía precio o con cargo al sistema eléctrico.

Es igualmente importante que el nuevo Real Decreto identifique todos los puntos peligrosos y no solo aquellos ubicados en zonas críticas, como ocurre en este momento. Además, la autorización de nuevos tendidos eléctricos debe tener en cuenta el riesgo de electrocución y colisión, incluyendo las medidas correctoras necesarias.

Probabilidad de más casos

El lugar donde se han producido las electrocuciones no se trata de una sola torre o tendido, por lo que en la zona podría haber más casos en los próximos días. Además, el día que se produjeron las electrocuciones sobrevolaban la zona más de 300 cigüeñas, y no se dio ningún episodio climatológico extremo que provocase su muerte.

La electrocución se ha producido justo en el inicio de la época de migración para estas aves, lo que puede suponer un riesgo continuado para otros ejemplares que migren en los días sucesivos. De hecho, el 1 de agosto ya se registró un episodio de electrocución de 25 cigüeñas en Llagostera (Gironès), notificado por los Agentes Rurales a la Fiscalía. Y esta pasada noche 10 ejenplares más en el municipio de Taradell (Osona).

Responsabilidad de los daños al patrimonio natural

SEO/BirdLife recuerda que la empresa propietaria de los apoyos y tendidos donde se han producido los hechos es responsable de las electrocuciones de las especies.

La ONG recuerda que España ya cuenta con un principio rector, recientemente reconocido por la Asamblea de Naciones Unidas como un derecho fundamental como es el de disfrutar de un medio ambiente sano. El artículo 45 de la Constitución Española reconoce también el derecho de la ciudadanía a disfrutar de un medio ambiente adecuado como condición indispensable para el desarrollo de la persona, al tiempo que establece que quienes incumplan la obligación de utilizar racionalmente los recursos naturales y la de conservar la naturaleza estarán obligados a reparar el daño causado con independencia de las sanciones administrativas o penales que también correspondan.

Además, la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental regula la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, de conformidad con el citado artículo 45 de la Constitución.

Especie protegida

La cigüeña blanca se encuentra protegida a nivel estatal, al estar incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), y a nivel autonómico se trata de una especie protegida (Categoría B) según el Decret Legislatiu 2/2008.

Del mismo modo, se encuentra protegida en el ámbito europeo e internacional por la Directiva de Aves, el Convenio Internacional de Berna y el Convenio Internacional de Bonn.

Campaña de firmas para acabar con la electrocución de aves

SEO/BirdLife tiene en marcha una campaña de firmas para acabar con la electrocución de aves en los tendidos eléctricos. La ley obliga a las empresas eléctricas a corregir los tendidos para que las aves no se electrocuten o no colisionen. Sin embargo, esta ley dice que solo lo tienen que hacer si hay dinero público que financie las correcciones, por eso es urgente modificar el Real Decreto para que no recaigan los gastos en el conjunto de la ciudadanía.

Firma para acabar con la electrocución de aves en los tendidos eléctricos.

Foto: autora Pilar Clapers/ El Fanal_ cigueñas electrocutas

La fiebre del marfil mata cada día más de medio centenar de Elefantes

Con motivo del Día Mundial del Elefante que se celebra mañana, 12 de agosto, WWF recuerda que cada día mueren 54 elefantes para vender sus colmillos. La organización denuncia esta masacre que le cuesta la vida a más de 20 000 elefantes al año para robar su marfil, un símbolo del lujo en países asiáticos.

WWF alerta de que, aunque puede vivir hasta 60 años en libertad y tiene un gran tamaño y fortaleza, la codicia humana ha convertido al elefante en un ser vulnerable que muere joven. El mayor terrestre viviente podría desaparecer para siempre si no reaccionamos a tiempo.

Tres especies en la senda de la extinción

Existen tres especies de elefantes: dos africanas (elefante de bosque y de sabana) y una asiática (elefante indio). Las tres están incluidas en la Lista Roja de la UICN y tienen un futuro común muy preocupante: el elefante indio y el africano de sabana están clasificados «En peligro», y el de bosque «En peligro crítico de extinción».

En las tres últimas décadas hemos perdido cerca del 90% de los elefantes de bosque. En la misma tendencia dramática, los elefantes de sabana desaparecieron un 60% en el último medio siglo y ya solo quedan menos de 40.000 elefantes asiáticos.

Ingenieros de los ecosistemas

No hay que olvidar que los elefantes son importantes ingenieros de los ecosistemas, crean caminos a través de los densos bosques que habitan permitiendo que otras especies transiten. Como herbívoros, y frugívoros cumplen un papel esencial, dispersando las semillas de múltiples especies de árboles, que necesitan pasar por su tracto digestivo antes de poder germinar. También crean microhabitats con sus enormes pisadas, al llenarse de agua, para renacuajos y otros pequeños organismos.

Hembras sin colmillos

Sin embargo, cada año la fiebre del marfil mata a más de 20 000 elefantes. Es tal la presión que en Mozambique las hembras nacen sin colmillos para sobrevivir. Antes perseguían a los adultos más grandes porque tenían las mayores defensas pero, como apenas quedan, ahora matan todo lo que encuentran sin importar la edad. Los furtivos provocan masacres y han asesinado al 90% de los elefantes de la Reserva de Selous (Tanzania).

El marfil es símbolo de lujo y poder en Asia, y las mafias actúan como una poderosa red criminal que contribuye a financiar a guerrillas paramilitares o grupos terroristas. No sólo trafican con sus colmillos, también venden su piel y carne de forma clandestina para su consumo o para elaborar medicinas con supuestos poderes curativos.

Sin alimento ni hogar

Otra de sus mayores amenazas es la destrucción de su hábitat por expansión de la agricultura, la ganadería y la deforestación, La mayoría de elefantes africanos vive en sabanas y matorrales del centro y sur del continente, los últimos elefantes de bosque sobreviven en las selvas de África ecuatorial, y el elefante asiático habita las selvas del suroeste de Asia. Hábitats que están desapareciendo rápidamente dejando sin hogar, refugio ni alimento a los cada vez más escasos elefantes.

Lucha contra el tráfico ilegal

Desde hace 60 años, WWF protege el hogar de los elefantes en todos los países donde viven. Crea reservas, corredores ecológicos y restauramos sus hábitats perdidos. Instala collares GPS y coloca cámaras para conocer sus necesidades y vigilar sus movimientos. También fomenta el ecoturismo y el diálogo con la población para minimizar conflictos.

Además,  lucha contra el tráfico de elefantes, apoyando a los guardas que se juegan la vida y se enfrentan a los furtivos, trabajando con los gobiernos para endurecer la persecución de este crimen y prohibiendo su consumo, como en China donde hace 6 años conseguimos que ya no se pueda vender marfil.

Sin embargo, WWF recuerda que aún quedan muchos mercados ilegales por cerrar y mucho por hacer, así que no hay que bajar la guardia.

ASAJA reclama a MITECO la urgente actuación sobre el cauce viejo del Segura ante el riesgo de una DANA

Los agricultores temen que, tras el registro del verano más cálido de la historia en la provincia, una gota fría pueda arruinar la campaña de hortalizas de invierno. La inacción de las autoridades en la mejora de la capacidad hidráulica de la desembocadura del río Segura ocasionaría importantes desastres agrícolas si no se pone en marcha un protocolo de limpieza y actuación inminente. 
Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante manifiesta su preocupación por las terribles consecuencias que podría tener para la agricultura la llegada de un temporal de lluvias en la zona de la desembocadura del río Segura durante los próximos meses, y denuncia la inmovilidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) por la absoluta dejadez y abandono del tramo viejo del río, donde el carrizo, las cañas y el lodo taponan la salida natural de todas las aguas de la Vega Baja a través de seis azarbes.

Según fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología, no hay precedentes de un bimestre junio-julio tan cálido como el de 2022, que supera en tres décimas al mismo periodo del histórico verano de 2003. Con el mar Mediterráneo a más de 30 grados, la elevada posibilidad de gota fría acecha sobre una comarca con todos los deberes por hacer. “Han transcurrido tres años desde la DANA y no ha habido voluntad para subsanar los problemas de la desembocadura ni para plantear un protocolo de actuación que permita prevenir los importantes daños que sufrió nuestra huerta”. En este sentido, el agricultor guardamarenco Francisco Mora, reclama la urgente limpieza, dragado y mantenimiento del cauce viejo del río Segura para que las aguas encuentren su salida natural, y pone sobre la mesa otras posibles soluciones que ayudarían a evitar inundaciones, como elevar la carretera N-332 entre Guardamar del Segura y San Fulgencio para suprimir el efecto barrera que mantuvo bajo las aguas a miles de hectáreas de cultivo y zonas urbanas durante la DANA del 2019, o la construcción de un cuarto ojo del puente Carlos III en Rojales. “Es una pena, pero ha habido tiempo y dinero y no hay ningún resultado visible… no hemos aprendido nada”, lamenta. “Las consecuencias de la inacción de las autoridades la pagaríamos nuevamente los agricultores, que con nuestro trabajo en el campo mantenemos un espacio ambiental en nuestros pueblos de manera gratuita”.

En este sentido, Mora transmite la gran preocupación de los agricultores de la parte baja de la comarca ante un episodio de lluvias torrenciales, que verían peligrar la próxima campaña de hortalizas de invierno, como la alcachofa, la calabaza, el boniato y la ñora.
A pesar de que ASAJA reclamara a la Confederación Hidrográfica del Segura la necesidad de invertir y mejorar la capacidad hidráulica de desagüe de la desembocadura para evitar otro desastre como el ocurrido en 2019, donde se tuvieron que lamentar pérdidas humanas e incalculables daños materiales y agrícolas, y que se publicara que la Conselleria de Agricultura autorizaba la limpieza del río, hasta la fecha no se ha llevado a cabo ninguna actuación al respecto en ese tramo en concreto.

Por si fuera poco, el riesgo de inundación puede ser crítico en municipios como Guardamar, San Fulgencio o Dolores, al recibir el agua de drenaje de las zonas altas más rápidamente a raíz de la mejora de la capacidad hidráulica de las acequias y azarbes de la Vega Baja que la Conselleria de Agricultura ha acometido en la Fase I del Plan Vega Renhace, donde ha realizado una inversión de casi 35 millones de euros en la mejora de acequias de Almoradí, Orihuela, Catral y Callosa del Segura. Dichas actuaciones no solo promueven un riego más eficiente, sino que también aminoran el riesgo de inundación por el mejor funcionamiento de los azarbes en dichos municipios, pero, por contra, al no disponer de una parte baja del río limpia con buena capacidad de evacuar el exceso de agua, la zona de la desembocadura se vería gravemente afectada en caso de temporal.

En este sentido, el presidente de la asociación agraria alicantina, José Vicente Andreu solicita una actuación urgente a MITECO, máximo responsable del mantenimiento del río y ramblas, y señala que “este departamento solo se preocupa de amenazar a los agricultores con que les va a cortar el agua, el agua buena, el agua que da vida, la que crea riqueza. Sin embargo, no se acuerda de proteger al campo del agua que destruye, la que arruina a los campos y en este caso en concreto, a la Vega Baja”.

Greenpeace denuncia a la Junta de Castilla y León en el incendio de la Sierra de la Culebra

En vísperas del incendio y en plena ola de calor la Consejería declaró que el riesgo de incendio era medio o bajo
El Plan de Protección Civil ante Emergencias por incendios forestales en Castilla y León, aprobado hace 23 años, no está adaptado a los nuevos escenarios del cambio climático

Greenpeace España ha puesto una denuncia ante la Fiscalía de Castilla y León solicitando que se investiguen las actuaciones de la Administración Pública antes y durante el gran incendio forestal ocurrido entre los días 15 y 19 de junio en la Sierra de la Culebra (Zamora), que afectó a una superficie aún por determinar (entre 28.000 y 33.000 hectáreas) dentro de un territorio catalogado como Reserva de la Biosfera. La ONG ha interpuesto esta denuncia para pedir que se investiguen los hechos y se depuren las posibles responsabilidades.

El origen del incendio fue una tormenta eléctrica ocurrida el miércoles 15 de junio, pero las altas temperaturas, sumadas al viento intenso y la situación de sequía que vive la zona, agravaron la situación. Pese a que en el momento en que se produjo el incendio forestal las alertas de riesgo de incendio lanzadas desde la AEMET llevaban días avisando del alto riesgo de incendio, la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, liderada por Juan Carlos Suárez-Quiñones, declaró que el riesgo era medio o bajo, conforme a lo establecido en el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León. Este plan marca el inicio de la temporada de riesgo alto, con la consiguiente dotación de medios, a partir del 15 de julio.

Los responsables de la Consejería de Medio Ambiente han admitido que los turnos no estaban a pleno rendimiento, pero que enviaron recursos extraordinarios. Sin embargo, colectivos del operativo de extinción han denunciado que la falta de medios no fue algo puntual, sino que se produjo durante varios días y cuando el fuego avanzaba a 50 hectáreas por hora, una velocidad que era asumible por los equipos de extinción y que podría haber contenido el avance de las llamas. En palabras de los involucrados en la extinción, como resultado de la inacción de la Junta de Castilla y León a partir del jueves 16 “ya no había nada que hacer”, ya que por la noche la velocidad del fuego ascendió a 515 hectáreas por hora, por lo que entre el jueves por la noche y el viernes fueron evacuadas 2.690 personas de 26 municipios diferentes. Dispositivos de Portugal, de diversas comunidades autónomas y hasta 383 agentes de la UME, junto al apoyo vecinal, batallaron sin descanso contra el fuego durante cuatro días, hasta que la propia climatología detuvo el incendio el domingo 19, gracias a que empezó a llover, la tierra se enfrió y el incendio empezó a detenerse.

Greenpeace denuncia que el Plan de Protección Civil ante Incendios Forestales en Castilla y León es de 1999, por lo que no tiene en cuenta las actuales circunstancias de cambio climático, que aconsejan aumentar drásticamente el periodo de riesgo alto de incendios, con la consiguiente dotación de medios, así como una actividad de prevención de incendios en los montes que se lleve a cabo durante todo el año. Máxime si se tiene en cuenta el precedente del año pasado, cuando se quemaron 22.000 hectáreas en Navalacruz, en la provincia de Ávila, en lo que, hasta hace poco, era el peor incendio de la historia de la comunidad autónoma.

Pese a que la región Noroeste, en la que se encuentran Zamora y León, es la que sufre más de la mitad de los incendios del territorio nacional, según un informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 2021, el Gobierno de Castilla y León continúa siendo deficitario en planes preventivos y de Emergencia Local.

“Hemos pedido a la Fiscalía que investigue a los responsables de no haber adoptado las medidas y los planes necesarios para evitar un riesgo que llevaba semanas alertándose y del que existen precedentes como para haber actuado de modo responsable. El incendio ha calcinado una vastísima extensión de formaciones de bosque, matorral, pastos y cultivos, ha dañado propiedades, explotaciones agropecuarias, ha causado estragos en la flora y en la fauna de la zona y ha puesto en peligro la vida de miles de habitantes de los municipios aledaños. Si los responsables hubieran aprobado un plan de prevención de incendios adecuado, así como con un dispositivo de extinción a pleno rendimiento en un momento en que las alertas de riesgo de incendio ya estaban disparadas, el fuego se habría podido extinguir a tiempo o se hubieran producido menos daños”, ha declarado Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace España.

WWF alerta de que el dramático abandono de usos del monte y la crisis climática provocan grandes y peligrosos incendios en la península ibérica 

Los incendios forestales están arrasando la península ibérica. En el caso de España, desgraciadamente hay que lamentar ya la muerte de un brigadista y un pastor en Zamora en los últimos incendios. Por el momento, se han quemado entre 90 000-95 000 hectáreas en nuestro país, una cifra similar a la superficie que se quema como media en todo el año. Asimismo, se han producido ya 25 GIF, más de los que hay como media anual. Solo el pasado 15 de julio se iniciaron 8 de estos GIF, con condiciones extremas en toda la península. WWF reclama que se intensifique la lucha contra el cambio climático y que se adopte una Estrategia Estatal de gestión integral de incendios forestales que impulse la gestión y la prevención para promover paisajes más resilientes a los incendios forestales.

Las cifras de los incendios en lo que llevamos de año son especialmente alarmantes. Hasta el momento se han quemado en nuestro país entre 90 000 y 95 000 hectáreas, un dato que equivale prácticamente a lo que se quema de media en todo el año. Entre 2012 y 2021 se quemaron cerca de 93 000 ha como media. Lamentablemente las llamas se han cobrado la vida de dos personas en los últimos incendios: un brigadista y un pastor.

Además, se han producido 25 GIF, una cifra superior ya también a los que se sufren como media cada año. Entre 2012 y 2021 hubo 22 GIF de media. Solo el pasado 15 de julio, con condiciones extremas en toda la península, se iniciaron 8 de estos GIF.

Estas cifras demuestran que el cambio climático es un claro factor que está magnificando la peligrosidad de los incendios. WWF recuerda que la situación va a ir a peor. No en vano, los escenarios confirmados de cambio climático auguran situaciones de emergencia para toda la región mediterránea cada vez con más frecuencia. Cabe recordar que el Mediterráneo se calienta un 20 % más rápido que la media mundial. Esto supone más olas de calor intensas y duraderas, sequías prolongadas y humedades relativas muy bajas.

Pero hay otro factor a la hora de explicar la gran energía e intensidad de estos fuegos y es la alta combustibilidad de los montes, resultado del abandono de los usos del territorio. En casi todo el Mediterráneo se ha pasado de una economía predominantemente basada en la agricultura y el pastoreo a una sociedad con un sector primario marginal, transformando el paisaje en un polvorín listo para arder.

En este escenario, es clave subrayar que por encima de 10 toneladas de combustible por hectárea los bomberos no pueden entrar, ya que su seguridad puede verse comprometida. Sin embargo, en muchos montes, hay actualmente hasta 50 toneladas por hectárea de carga de combustible.

Según Lourdes Hernández, experta en incendios forestales de WWF: “No podemos poner toda la responsabilidad de luchar contra estos incendios de altísima intensidad sobre los medios de extinción. Ellos deberían ser la última línea defensiva”. E insiste: “Frente a este escenario urge invertir en el territorio y promover usos y aprovechamientos para configurar paisajes agroforestales más resistentes al paso de las llamas. Para ello hay que potenciar e invertir en gestión forestal sostenible y promover la ganadería extensiva. Es la única solución si no queremos ver reducidos a cenizas nuestros montes. Prevenir es actuar”.

Soluciones de WWF

Ante la magnitud de este problema, WWF pide que se aceleren los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizar el impacto del cambio climático.

Asimismo, es clave que se desarrolle y apruebe una Estrategia Estatal de gestión integral de incendios forestales. En ella habrá que invertir en prevención social y poner la gestión del territorio en primer plano con el objetivo de promover paisajes más resilientes a los incendios forestales.

También hay que poner en marcha una Estrategia Estatal de Ganadería Extensiva basada en la diferenciación entre ganadería intensiva y extensiva.  Los objetivos son aliviar la carga burocrática de los pastores, promover un etiquetado estatal claro para todos los alimentos y, en especial, los de origen animal y asegurar precios justos para los ganaderos extensivos.

Por último, deben realizarse mayores esfuerzos para reducir la siniestralidad y acabar con la impunidad, aplicando de forma efectiva y ejemplar las sanciones y condenas para disuadir a quienes están detrás de los incendios.

Nuevo informe incendios WWF 2022

WWF presentó a principios de julio su informe anual sobre incendios forestales “Pastoreo contra incendios”. En este nuevo estudio, la organización realiza una propuesta para adaptar el territorio al cambio climático y a los incendios que arrasan nuestro país promoviendo la ganadería extensiva en zonas estratégicas del territorio. En el informe, WWF revela que el papel de la ganadería extensiva es crucial a la hora de recuperar un paisaje rico, que alterne zonas de bosque con áreas cultivadas y pastoreadas. Un mosaico que, además de riqueza natural, aporte una mayor resistencia a la propagación de las llamas.

Coral García Barón | Comunicación WWF