Menos de un 7% de los crímenes contra la fauna salvaje son juzgados

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A falta de una base de datos oficial y centralizada que monitorice la mortalidad ilegal de fauna protegida en España, WWF ha presentado hoy el análisis más exhaustivo realizado hasta la fecha sobre esta problemática en nuestro país, elaborado junto con el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT), la Universidad de Granada (UGR) y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC). Según la investigación, las autoridades públicas recopilaron un total de 4.902 casos de delitos cometidos contra especies protegidas de fauna entre 2015 y 2020, que supusieron la muerte de al menos 8.784 animales. 

Esos datos oficiales, obtenidos a partir de peticiones de información a las Comunidades Autónomas, son sólo la punta del iceberg, pues la mayoría de casos no se detectan: por ejemplo, se estima que tan solo uno de estos delitos (el uso de veneno en el campo) supone la muerte de alrededor de 10.000 animales cada año, y que solo salen a la luz entre el 10 y el 15 % de los casos de envenenamiento. La razón es la enorme extensión del territorio a cubrir, sumado a la falta de medios humanos, aunque tecnologías como el uso de dispositivos GPS en proyectos de conservación de la fauna, el desarrollo de unidades policiales especializadas o el uso de patrullas caninas contribuyen notablemente a la detección.

La impunidad que exacerba la pérdida de biodiversidad

Los delitos contra la fauna salvaje son devastadores para la biodiversidad, especialmente cuando afectan a especies amenazadas. El uso de veneno, la caza y pesca ilegales, el uso de métodos de captura prohibidos o el tráfico de especies suponen un grave riesgo para estas especies, y en muchos casos están relacionados con el crimen organizado u otros delitos, como el tráfico de drogas.

Pese a la gravedad de estos delitos, muy pocos llegan a ser juzgados, tratándose por la vía administrativa (con una multa, por ejemplo) o quedando sin resolver. Según la investigación, solo se produjeron 327 sentencias judiciales a partir de los 4.902 casos de crímenes contra la fauna registrados en España (un 6,67% de los casos), por lo que el 93% de los casos no son juzgados.

Las sentencias más frecuentes fueron por posesión de artes de caza y pesca ilegales (213 sentencias), compraventa ilegal de fauna (32 sentencias) y uso de veneno (26 sentencias).

Poniendo el foco en el número de casos, los crímenes más frecuentes son la caza furtiva (1773 casos), los envenenamientos (1899 casos) y el uso o posesión de métodos ilegales de captura (446). La impunidad es especialmente elevada en los casos de caza ilegal: solo un 0,8 % de los casos registrados acabaron en una sentencia judicial.

“Los crímenes contra la vida salvaje no son delitos menores, pero las administraciones públicas siguen tratándolos como tales”, asegura Silvia Díaz, Técnica del Programa de Especies de WWF España y Coordinadora del proyecto SWiPE. “Aunque se ha avanzado mucho en este campo en los últimos años, el alto grado de impunidad que sigue existiendo en nuestro país y el estado crítico de la biodiversidad a nivel global, nos demuestra que queda mucho por hacer”, lamenta.

España, un referente en Europa en vigilancia y denuncia

La investigación de WWF España se enmarca en el proyecto europeo LIFE SWiPE (Persecución exitosa de los delitos contra las especies silvestres, por sus siglas en inglés), una iniciativa en la que 11 países han unido fuerzas durante tres años para reducir estos delitos, gracias a la mejora de la coordinación, la formación y la cooperación transfronteriza entre países. El proyecto ha constatado que España está a la vanguardia europea en ciertos ámbitos de la lucha contra el crimen contra la vida silvestre: por ejemplo, con los equipos multidisciplinares que combaten el uso de veneno en el campo.

Para seguir avanzando, un centenar de agentes clave de la cadena de lucha contra el crimen contra la vida silvestre -desde jueces y fiscales hasta agentes medioambientales y representantes de Europol- se encuentran durante dos días en Madrid, en unas jornadas de intercambio de experiencias y conocimientos organizadas por WWF España en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y con el asesoramiento del CIEDA-CIEMAT.

“Quienes cometen crímenes contra la vida salvaje usan métodos cada vez más sofisticados, que muchas veces incluyen redes criminales más allá de nuestras fronteras. Por eso es vital trabajar en la especialización y la cooperación entre los agentes”, ha explicado Silvia Díaz, Técnica del Programa de Especies de WWF España y Coordinadora del proyecto SWiPE.

En España existen instrumentos y herramientas legales para luchar contra estos delitos de manera eficaz, con agentes medioambientales de las CCAA, de aduanas, y una policía especializada, el SEPRONA, que es un referente en Europa, además de una Fiscalía coordinadora de Medio Ambiente.

Además de aumentar la cooperación entre todos los agentes implicados, para WWF es necesario impulsar otras medidas como la formación de jueces especializados en delitos contra la vida salvaje, algo que sí existe en otros países. El Gobierno también tiene la oportunidad de mostrar su compromiso frente a esta amenaza, actualizando el Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan TIFIES) de 2018 y la revisión de la Estrategia Nacional de veneno, en cuyo borrador WWF ha participado activamente.

Finalmente, España puede contribuir a dar impulso a la Directiva Penal Medioambiental que, actualmente, se está negociando a nivel europeo. WWF aboga por una Directiva efectiva que recoja sanciones ambiciosas y con un nivel de armonización lo suficientemente alto para garantizar que los delitos ambientales se aborden de manera coordinada en todos los Estados miembros de la UE.

Sobre el proyecto SWIPE

El proyecto SWiPE (Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe), financiado por el programa LIFE de la Comisión Europea, es una iniciativa de once oficinas nacionales y regionales de WWF, además de otras organizaciones destacadas en la lucha contra los delitos contra la biodiversidad, como FFI (Fauna & Flora Internacional), Traffic y la Academia Judicial y la Oficina de la Abogacía de la República de Croacia. En el marco del proyecto, que finaliza este año, WWF España ha llevado a cabo importantes acciones, como unas jornadas en Madrid en junio de 2022 que reunieron a más de 120 expertos y representantes de autoridades de más de 20 países para intercambiar experiencias y mejorar la colaboración transfronteriza.

Judit Alonso | WWF

Detenidos los activista que ayer protestaban contra la feria de jets privados

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Más de cien activistas, de 17 países [1], de Greenpeace, Stay Grounded, Extinction Rebellion, Scientist Rebellion y otras organizaciones medioambientales siguen detenidos 24 horas después de una protesta pacífica contra la mayor feria de aviones privados de Europa, la European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE) que se celebra anualmente en Ginebra. Los activistas, que siguen bajo custodia policial, denuncian lesiones y el uso de gas pimienta en la intervención policial. Las organizaciones Greenpeace, Stay Grounded, Extinction Rebellion y Scientist Rebellion están extremadamente preocupadas por la información que llega sobre el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes pacíficos y exigen la liberación inmediata de todos las personas implicadas.

Klara Maria Schenk, responsable de la campaña Mobility for All, de Greenpeace, ha declarado: «Una coalición europea única de activistas de 17 países ha interrumpido de manera notable en la fiesta de la élite de los super ricos, el mayor evento de venta de jets privados de Europa. Su demanda es inequívoca: la aviación privada debe pasar a los libros de historia. Apoyamos a los activistas y exigimos su liberación inmediata».

Mira Kapfinger, de la red Stay Grounded, ha apuntado: «Se trata de una de las mayores ferias de jets privados del mundo, en un planeta que se encamina hacia el colapso climático. Era totalmente legítimo interrumpir a estos empresarios. Mientras ellos compran jets cada vez más grandes y contaminantes, otros sufren las graves consecuencias provocadas por el cambio climático como las olas de calor e inundaciones».

Cordula Markert, de Scientist Rebellion, ha dicho: «A estas alturas de la catástrofe climática, es absolutamente irresponsable seguir criminalizando a los manifestantes pacíficos contra el cambio climático en lugar de a las personas y empresas que están contribuyendo desproporcionadamente al problema. Como sociedad, tenemos que terminar con esta forma de vida anticuada, insostenible e injusta. Es hora de que los políticos den un paso al frente, cumplan sus promesas y prohíban los aviones privados».

Poco después de la inauguración de la feria, los activistas entraron en la zona de exposición del aeropuerto de Ginebra, donde se exhiben unos 50 aviones privados de lujo. Se encadenaron a las entradas de los jets privados, con pancartas en la mano al estilo de las advertencias sanitarias de los paquetes de tabaco, y exigieron la prohibición de los jets privados.

En estas horas ha habido algunas informaciones engañosas que han apuntado a que los activistas entraron en las pistas del aeropuerto. No obstante, no es cierto, y las organizaciones lo han desmentido, ya que los activistas en ningún momento pretendieron interrumpir el tráfico aéreo comercial en el aeropuerto de Ginebra. Una portavoz de la agencia de control aéreo Skyguide ha confirmado que los manifestantes no accedieron a la pista durante el incidente, según Aviation International News [2]. Los activistas han optado por no entrar ni cruzar las pistas en ningún momento y utilizar únicamente las vías de servicio. Esto no debería haber afectado en modo alguno a la seguridad de las operaciones de vuelo. La policía aeroportuaria fue informada por los activistas inmediatamente tras el inicio de la acción pacífica y los manifestantes estuvieron en contacto permanente para evitar cualquier situación peligrosa o malinterpretación de la magnitud y el propósito de la acción en curso por parte de las autoridades aeroportuarias.

Un centenar de activistas bloquean aviones en la feria europea de jets privados de Ginebra

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  • El objetivo es denunciar la enorme contaminación causada por los vuelos privados en nuestro planeta y la hipocresía de promover este tipo de aviación privada en medio de una creciente desigualdad social y una crisis climática sin precedentes
  • Los jets privados son el medio de transporte que más contamina y consume más energía por pasajero y kilómetro

Alrededor de un centenar de activistas de 17 países de organizaciones medioambientales como Greenpeace, Stay Grounded, Extinction Rebellion, Scientist Rebellion y otras han interrumpido esta mañana en la mayor feria de venta de jets privados de Europa, la European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE), que ha arrancado hoy en Ginebra, para exigir la prohibición de los jets privados. La protesta se produce tras una serie de manifestaciones en los últimos meses contra los jets privados, entre ellas en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, y diferentes acciones de la campaña Make Them Pay.

Los activistas se han colocado pacíficamente en la puerta de entrada de jets privados que se exhiben en el evento empresarial, celebrado en el aeropuerto de Ginebra, y se han encadenado a las escaleras de embarque de los jets y a la entrada de la exposición para impedir la entrada de posibles compradores. Por otra parte, los manifestantes han pegado en los aviones gigantescas etiquetas de advertencia, al estilo de las que podemos encontrar en las cajetillas de tabaco, en las que clasifican estos aviones de tóxicos y advierten que “los jets privados están quemando nuestro futuro”, “matando nuestro planeta” y “alimentando la desigualdad”. Además, los activistas han difundido mensajes en los que han subrayado las dramáticas repercusiones de los jets privados en nuestro planeta y han denunciado la hipocresía de promover la aviación privada en medio de una creciente desigualdad social y una crisis climática sin precedentes.

Klara Maria Schenk, responsable de la campaña Mobility for All, de Greenpeace, ha declarado: “Las personas más ricas de Europa han descorchado champán a puerta cerrada en esta feria durante más de 20 años mientras se disparaban las ventas de jets privados, y con ellas, la contribución a la crisis climática. Mientras tanto, el resto de la ciudadanía está realizando esfuerzos para reducir las emisiones y son las personas más vulnerables quienes más sufren el impacto de la crisis climática. Ya es hora de que las administraciones pongan fin a estas emisiones injustas y excesivas y prohíban los jets privados”.

Según distintos estudios, los vuelos privados producen unas 10 veces más CO2 que un vuelo comercial por pasajero-kilómetro y causan cantidades desproporcionadas de contaminación por micropartículas y ruido, perjudicando la salud, la calidad de vida, el medio ambiente y el clima. Además, según un estudio encargado por Greenpeace CEE, las emisiones de CO2 provocadas por el tráfico de jets privados en Europa han alcanzado niveles récord en los últimos años. Mientras las personas más ricas y privilegiadas utilizan el transporte más contaminante e injusto que existe, sólo para ahorrarse unas pocas horas de viaje y en ocasiones solo minutos, el 80% de la población mundial nunca ha volado, pero se lleva la peor parte de la crisis climática. Un estudio de Oxfam indica que 20 millones de personas se ven desplazadas cada año por condiciones meteorológicas extremas, obligadas a huir de sus hogares debido a las sequías e inundaciones causadas y agravadas por la crisis climática.

Además, las emisiones de los jets privados no están actualmente reguladas como tales en Europa y quedan excluidos en gran medida de la legislación de la UE concebida para hacer frente a las emisiones de gases de efecto invernadero, a pesar de que es innegable que los jets privados son el medio de transporte que más contamina, consume más energía y es más injusto por pasajero y kilómetro.

Por su parte, Mira Kapfinger, activista de Stay Grounded, una red que reúne a más de 200 organizaciones, ha añadido: “Mientras muchas personas están haciendo un enorme esfuerzo, los súper ricos siguen destruyendo nuestro planeta y continuarán a menos que pongamos fin a esta situación. Además de prohibir los jets privados, también es hora de acabar con los sistemas de millas aéreas que premian los vuelos frecuentes. Necesitamos soluciones climáticas justas”.

Desde Scientist Rebellion Germany, su portavoz, Cordula Market,ha apuntado: “Estamos en una emergencia climática. Por lo tanto, ya no es tolerable que los súper ricos sigan desfilando en eventos como EBACE, comprando y volando en sus jets privados sólo para su propio beneficio, mientras siguen alimentando el colapso climático. Debemos detenerlos, por eso científicos y activistas de toda Europa nos hemos unido en Ginebra para actuar contra esta locura”.

Joël Perret, portavoz de Extinction Rebellion Genève, ha dicho: “Ginebra es uno de los aeropuertos con más tráfico de jets privados de Europa. Esto debe cambiar: necesitamos reducir drásticamente la aviación para detener la catástrofe climática. Para ello, el primer paso es prohibir ya los jets privados”.

Se prevé que las ventas de jets privados alcancen su nivel más alto este año, lo que supondrá una carga cada vez mayor para el planeta. Según un informe reciente, la flota mundial de jets privados se ha duplicado en las dos últimas décadas. Por otro lado, el valor total de los aviones privados vendidos en la última década se estima en unos 241.000 millones de dólares.

EBACE es el mayor encuentro anual del sector de la aviación de negocios en Europa, y uno de los mayores del mundo. El salón, que reúne a vendedores, compradores y fabricantes de jets privados, está organizado por los grupos europeos y estadounidenses de la industria de la aviación privada EBAA y NBAA. Casi la mitad de los más de 10.000 visitantes poseen o explotan un avión.

Mónica Ortega | Greenpeace

SEO/BirdLife denuncia el bajo perfil ambiental de la campaña electoral

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SEO/BirdLife está preocupada por el bajo perfil ambiental de la campaña electoral para los comicios municipales y autonómicos del próximo 28 de mayo en un momento de crisis climática y ambiental. Temas como la conservación de la biodiversidad y la naturaleza, los incendios, la sequía, la contaminación atmosférica y de las aguas subterráneas, la fiscalidad verde, el uso del suelo, la planificación territorial o las energías renovables son en buena parte competencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, y están quedando fuera del debate político. A la vez que la comunidad científica alerta de que esta década es clave para evitar los peores efectos del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad -ya solo quedan siete años para 2030-, la mayoría de los partidos políticos parecen no estar a la altura del desafío.

Temas relevantes fuera del debate, e incluso, en muchos casos, de los programas electorales

Todavía hay comunidades autónomas que no cuentan con leyes de conservación de la naturaleza o de cambio climático.

Ninguna comunidad autónoma ha aprobado planes para eliminar las causas subyacentes de crisis ambientales provocadas por determinadas prácticas agrícolas, ganaderas, energéticas o de gestión del agua, entre otras.

La mayoría de las especies amenazadas no cuentan con planes de recuperación que permitan recuperar sus poblaciones.

La mayoría de los espacios protegidos de la Red Natura 2000 y de los hábitats están en mal estado de conservación, y habitualmente no se aplican las medidas establecidas en los planes de gestión aprobados, ni cuentan con recursos suficientes para realizar una gestión adecuada.
El aumento de temperaturas y la reducción de las precipitaciones tendrán como consecuencia más y más grandes incendios forestales y una gran tensión social e impactos sobre los humedales.
En estos momentos estamos sumidos en un importante periodo de sequía y muchas comunidades autónomas siguen llevando a cabo una gestión del agua insostenible, prometiendo más y más regadíos e incluso indultar pozos ilegales.

Para Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife, “las políticas llevadas a cabo en las últimas décadas nos han permitido importantes avances económicos y sociales, aunque siempre a costa de la naturaleza y del clima. Pero la realidad es tozuda. Lo estamos viviendo ya. Se agotan en cantidad y calidad recursos tan vitales como el agua. Por no hablar del aire que respiramos. Necesitamos cambiar nuestros estilos de vida y gobiernos que lo permitan. Los ciudadanos deben ser exigentes en las urnas. Hace falta un cambio radical en las políticas públicas. La ambición ambiental debe ser central en todos los partidos políticos. Hoy, un programa electoral sin propuestas que recuperen naturaleza y atiendan al cambio climático no es un buen programa electoral para mejorar la vida de la gente”.

Comunidades Autónomas: Cinco propuestas para la naturaleza

En España, las comunidades autónomas tienen la mayoría de las competencias en conservación de la naturaleza, por ello es muy importante que en la próxima legislatura aseguren su protección, gestión y restauración. SEO/BirdLife hace las siguientes cinco propuestas:

1 Ley de Conservación de la Naturaleza y de Cambio Climático: Todas las comunidades autónomas deben contar con una ley de conservación de la naturaleza actualizada y con una estrategia de biodiversidad regional, así como con una ley de cambio climático ambiciosa y un plan regional de energía y clima.

2 Planes Sectoriales para la Naturaleza: Deben aprobar desde las consejerías del ramo, junto a la de medio ambiente, planes sectoriales de agricultura, ganadería, energía y agua que garanticen la compatibilidad de estas políticas con la conservación de la naturaleza.

3 Plan de restauración regional: Deben tener un plan que asegure que, en 2030, al menos el 30% de los hábitats degradados, cuentan con acciones efectivas de restauración.

4 Renovables responsables: Deben contar con una planificación espacial que garantice que el desarrollo de energías renovables se lleva a cabo en zonas de baja sensibilidad ambiental (especialmente en suelo urbano o industrial, y en suelos degradados y destinados a infraestructuras) y con medidas sociales justas en el territorio. Ver mapas de sensibilidad de SEO/BirdLife.

5 Participación Pública: Deben asegurar consejos asesores de medio ambiente eficientes, en los que la Administración no tenga voto, y una adecuada participación pública en materia ambiental.

Ayuntamientos: Cinco propuestas para la naturaleza

Los ayuntamientos son las administraciones más próximas a la ciudadanía y el medio urbano; el lugar en el que los seres humanos viven y pasan la mayor parte del tiempo. SEO/BirdLife hace las siguientes cinco propuestas:

1 Biodiversidad urbana: Los ayuntamientos deben aprobar una ordenanza para la protección y conservación de la biodiversidad que asegure la compatibilidad de sus políticas municipales con su mantenimiento y mejora.

2 Cambio climático: Deben firmar el “Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía” y aprobar un Plan de Acción por la energía sostenible (PACES).

3 Zonas verdes: Deben aumentar un 10% las zonas verdes y arboladas y gestionarlas en favor de la biodiversidad (jardines por la biodiversidad).

4 Colegios: Deben naturalizar (y adaptar al cambio climático) los centros educativos e iniciar un programa para que todos los alumnos conozcan los valores naturales de su entorno.

5 Animales de compañía: Deben asegurar que los animales de compañía no son un riesgo para la naturaleza, reduciendo la población de gatos asilvestrados y prohibiendo animales sueltos en lugares ambientalmente sensibles.

Juan Carlos Atienza, responsable de Gobernanza Ambiental de SEO/BirdLife, está convencido de que “la ciudadanía debe incluir entre sus criterios para decidir su voto las propuestas ambientales de los diferentes partidos y candidatos. Nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos depende de que las políticas agrícolas, ganaderas, energéticas, municipales, etc. sean sostenibles. Preocuparse por el medio ambiente no es solo mantener unos pocos espacios protegidos”.

En 2023, el lema del Día Internacional de la Biodiversidad es «Del acuerdo a la acción: reconstruir la biodiversidad». Un lema que se refiere al acuerdo alcanzado por los gobiernos en Montreal en el marco de la COP15 en diciembre de 2022 y donde se establecieron las bases para orientar las acciones mundiales en favor de la naturaleza de aquí a 2030.

SEO/BirdLife entrega más de 146.000 firmas en el Parlamento de Andalucía contra la ley de regadíos de Doñana

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  • Estas firmas se suman a las voces en defensa de este humedal, como ya han manifestado diferentes entidades científicas, los órganos de gobierno del Parque Nacional de Doñana y la Comisión Europea.
  • La campaña de firmas sigue abierta con el fin de seguir dando cabida a todas las personas que quieran manifestar su rechazo a la destrucción de este espacio natural.

Hoy, la organización conservacionista SEO/BirdLife, vinculada a Doñana desde sus orígenes en 1954 a través de las primeras campañas científicas y de anillamiento, ha llevado al Parlamento de Andalucía el mensaje de 146.079 personas que dicen no a la propuesta de legalizar regadíos en Doñana. Entre las acciones que la ONG ha puesto en marcha para defender este espacio, se encuentra esta campaña de firmas que sigue abierta para que la ciudadanía pueda manifestar su apoyo en la defensa de este espacio natural Patrimonio de la Humanidad.

Como ya declaró el responsable de la Oficina Técnica de SEO/BirdLife en Doñana, Carlos Davila, el pasado 13 de abril cuando el Parlamento andaluz admitió a trámite, por la vía de urgencia, una proposición de ley para legalizar regadíos: “Estamos hablando de un espacio que es Patrimonio de la Humanidad como lo es la Alhambra de Granada. La norma que ha planteado el Ejecutivo andaluz equivaldría a derribar una gran parte de este complejo monumental histórico para, por ejemplo, construir un centro comercial”.

Esta proposición de ley que inicia, por segunda vez, el proceso para su posible aprobación pretende legalizar 650 fincas con pozos, ignorando los informes técnicos y científicos de todas las administraciones ambientales nacionales; las recomendaciones de la UICN, del Convenio Ramsar y de la UNESCO; los acuerdos suscritos por el Consejo de Participación de Doñana; las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, y vulnerando las Directivas de Aguas, de Hábitats, y de Aves.

Es ahora o nunca

La entrega de firmas se ha acompañado de una carta al presidente del Parlamento de Andalucía en la que SEO/BirdLife recuerda que este nuevo proyecto pretende revocar los planteamientos de ordenación de zonas de regadío establecidos en el “Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal”. Las consecuencias de su modificación afectarían al compromiso del Estado español con el Convenio Ramsar y su ejecución impactaría negativamente al conjunto de las poblaciones de aves presentes en Doñana, criterio fundamental para su declaracióna como Humedal de importancia internacional.

Según los últimos datos publicados por SEO/BirdLife en el Informe sobre el estado de conservación de las aves acuáticas en Doñana, en la invernada 2021-2022 se han censado 87.488 individuos, el número más bajo en 40 años. Asimismo, el informe refleja que más del 80% de las poblaciones de aves acuáticas protegidas que se reproducen en este espacio natural protegido muestran una tendencia regresiva.

Es por ello que la ONG también ha comunicado a organismos internacionales como la Convención de Ramsar sobre los Humedales y a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO, la urgente necesidad de actuar contundentemente para intentar revertir una crisis de biodiversidad sin precedentes en la historia del parque nacional.

Según se desprende de numerosos informes técnicos y científicos, actualmente Doñana no podría acreditar el cumplimiento de gran parte de los criterios e indicadores establecidos en los estándares de calidad de la Green List de la UICN, lista que certifica que el espacio se gestiona adecuadamente, de acuerdo con unos criterios y directrices aceptados internacionalmente.También SEO/BirdLife considera que Doñana debería ser incluida en la Lista de Patrimonio de la Humanidad en peligro de la UNESCO.

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, afirma que “lo que le está pasando a Doñana es aplicable a otros espacios naturales de nuestro país. No podemos dejar que una decisión que beneficia a unos pocos ponga en una situación irreversible a la agricultura y al turismo, además de por supuesto, suponer la pérdida de biodiversidad de una de las joyas naturales de Europa”.

“Si no contamos con la naturaleza, no nos saldrán las cuentas. Necesitamos justicia ambiental para que haya justicia social. Necesitamos vivir en un entorno sano, seguro y resiliente ante el escenario de emergencia climática y de pérdida de biodiversidad en el que nos encontramos. Defender Doñana no es un capricho ecologista, defender Doñana es defender el interés común”, concluye Asunción Ruiz.

Sí se puede: última llamada para salvar Doñana

En esta última llamada para salvar Doñana, SEO/BirdLife insta a todos los grupos parlamentarios a rechazar de forma tajante esta proposición y reclamen a la Junta de Andalucía, en ejercicio de sus competencias, que cumpla con su obligación legal de proteger a Doñana.

Carlos Molina, técnico de SEO/BirdLife en Doñana ha declarado en el acto de entrega de firmas que “aún estamos a tiempo de consensuar soluciones que aseguren la conservación de este emblemático territorio y sus sectores económicos, y estamos abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas para llegar a acuerdos que beneficien tanto a Doñana como a las gentes de su comarca”.

La ONG considera que se deben dirigir los actuales planteamientos hacia criterios que aporten sostenibilidad al desarrollo agrícola, en el contexto de la transición ecológica, la regeneración hidrológica, la necesaria adaptación al cambio climático y la conservación de los valores naturales por los que Doñana fue declarada parque nacional.

SEO/BirdLife defiende la urgente necesidad de un cambio de modelo productivo para el entorno de Doñana, así como un plan de ordenación y reestructuración del sector agrícola del entorno del espacio natural protegido, que verdaderamente se supedite su evolución a la conservación a largo plazo de los hábitats y las especies de Doñana.

Más de una veintena de entidades piden reunión urgente con la ministra Ribera ante las evidencias sobre las irregularidades en la contabilidad de la recogida separada de los residuos de envases

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  • Las mismas organizaciones, que ya han denunciado a España ante la Comisión Europea por incumplir los objetivos de reciclaje de 2020, alertan al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de una investigación que revela dudas respecto a la contabilidad de Ecoembes sobre los envases recuperados de manera separada, en particular, y las cifras de reciclaje en general
  • Las entidades piden una reunión urgente a las responsables del ministerio para analizar a fondo estas evidencias
  • Muchas de las medidas contempladas en la Ley de Residuos y el Real Decreto de Envases están pendientes de desarrollo en función del cumplimiento de objetivos, especialmente, la puesta en marcha de un Sistema de Depósito para envases de bebidas de un solo uso y reutilizables

Mañana, 17 de mayo, se celebra el Día Mundial del Reciclaje y los mensajes volverán a centrarse en el rol importante de la ciudadanía en la separación de residuos y en el compromiso con la sostenibilidad de las empresas responsables. Pero cada vez existen más evidencias de que la realidad del reciclaje es bastante más deficiente de lo que se difunde a la opinión pública y, alertadas, más de una veintena de entidades de la sociedad civil que representan a la mayoría de territorios del Estado español, han presentado una carta a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, al secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la directora de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenque.

Se trata, en su gran mayoría, de las mismas entidades que, hace un par de meses, ya denunciaron al Reino de España a la Comisión Europea por el incumplimiento del objetivo de reciclaje y preparación para la reutilización del 50% en 2020, y que ahora piden a través de esta misiva una reunión con las responsables del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ante las graves conclusiones que se desprenden de una serie de artículos realizados por el colectivo de periodistas europeos Investigate Europe y publicados en España por Infolibre. La investigación se centra en la gestión de residuos en España y arroja serias dudas sobre la veracidad de las cifras de recogida separada y reciclaje.

En dichos artículos se demuestra cómo el sistema Reciclos, promocionado desde hace años por Ecoembes, representante de las empresas de alimentación y bebida y los supermercados, es fácilmente manipulable, ya que una misma botella o lata se puede escanear las veces que se quiera, pudiendo ser ese mismo envase contabilizado como recuperado de manera separada decenas, centenares o miles de veces.

“Ecoembes afirma que la recogida selectiva de botellas de plástico aumenta en un 18,4% en los municipios con Recilos y, ante la absoluta falta de control y rigor en el funcionamiento de ducho sistema, volvemos a poner en entredicho la veracidad de sus datos, no solamente respecto a Reciclos, sino respecto a toda la contabilidad sobre los residuos de envases”, denuncia Julio Barea, responsable de residuos de Greenpeace.

El hecho de la veracidad respecto a los datos de recogida separada y reciclaje tiene gran importancia, ya que varias medidas recogidas en las nuevas normativas de residuos están vinculadas al cumplimiento de objetivos, en especial que se pueda volver a ‘devolver el casco’ a través de un Sistema de Depósito para envases de bebidas de un solo uso y reutilizables. “Consideramos que las dudas sobre los datos de Ecoembes son críticas para el correcto desarrollo de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular y del Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, en especial para cumplir de manera fidedigna y transparente con el objetivo de medición de recogida separada de botellas de plástico en 2023, que debe superar el 70%”, reclama Julio Barea a la ministra Ribera y resto de cargos del ministerio.

Las organizaciones subrayan que no solo se trata de la facilidad que el sistema de Reciclos ofrece a la hora de manipular el número de envases depositados en el contenedor amarillo, sino que en la investigación también se entra a fondo en las irregularidades que existen respecto al número total de envases que se ponen en el mercado, admitiendo Ecoembes una presencia de envases sin declarar o free riders del 15%. La manipulación del porcentaje de envases recogidos por Ecoembes no solo afecta, por tanto, al denominador, o sea los envases puestos en el mercado, sino también al numerador. Y en ese sentido, otro ejemplo es cómo se contabilizan incorrectamente los envases comerciales recogidos en los contenedores azul y amarillo como envases domésticos.

Las entidades esperan una reacción urgente por parte del ministerio ante la gravedad y la importancia de las irregularidades puestas de manifiesto y mantienen su compromiso de seguir denunciando, tanto ante la justicia como ante la opinión pública, todas las prácticas que pongan en riesgo el correcto desarrollo de la legislación vigente, tan necesaria para mejorar al fin la gestión de los residuos en el Estado y poner en marcha un modelo de economía circular limpia y real.

Lista de organizaciones

Acción Clima, Amigos de la Tierra, CEPA, Clean Ocean Project, Ecologistas en Acción, Estratègia Catalana Residu Zero (ECRZ), Eguzki Zaleak, Ekologistak Martxan, Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), Federació d’Ecologistes de Catalunya, GOB Mallorca, Greenpeace, Gurasos, Lurra Nafarroa, Mar de Fábula, Per la Mar Viva, Red Ecofeminista, Retorna, Rezero, Surfrider, Sustrai Erakuntza, Unión Sindical Obrera (USO) y Verdegaia.

Doñana se extingue, un humedal mundialmente conocido por su importancia para las aves migratorias

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  •  En el Día Mundial de las Aves Migratorias, SEO/BirdLife denuncia que Doñana ya no cumple con sus funciones ecológicas para la reproducción e invernada de las aves migratorias por las que ha sido merecedor de diversas figuras de protección y reconocimiento internacional, debido a la degradación de sus hábitats acuáticos.
  •  Situado entre Europa y África, Doñana es un humedal crucial en el paso migratorio de las aves entre ambos continentes, motivo por el cual ha sido mundialmente conocido por su valor estratégico para la cría, la invernada y la parada de cientos de miles de aves migratorias, muchas de ellas especies amenazadas.
  • Los últimos datos de invernada, 2021-2022, corroboran esta tendencia regresiva, con 87.488 individuos de aves acuáticas, el número más bajo en 40 años. Incluso una de las especies invernantes más emblemáticas y abundantes de Doñana, el ánsar común, ha pasado de superar los 40.000 ejemplares de forma habitual a marcar los registros más bajos de la historia, con menos de 10.000 ejemplares durante el invierno de 2023

Las aves migratorias han desarrollado la fascinante capacidad evolutiva de recorrer grandes distancias desde sus lugares de invernada hacia las áreas de reproducción y viceversa, salvando a veces miles de kilómetros. Un exigente periplo que supone un desafío extremo a su biología por tener que superar en muchos casos las grandes barreras geográficas que suponen las cordilleras montañosas, los desiertos y los mares. Pero, además, en el camino encuentran numerosos peligros: caza ilegal, contaminación, hábitats destruidos, temporales, parques eólicos, carreteras o tendidos eléctricos. Es por ello, que conservar sus espacios de cría, invernada y reposo en sus rutas migratorias es vital para su conservación.

En 2023, Día Mundial de las Aves Migratorias rinde homenaje a los ecosistemas acuáticos del planeta y a su importancia para muchas especies de aves migratorias. El próximo sábado 13 de mayo es la fecha elegida para esta celebración promovida por Naciones Unidas a través de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) y su Acuerdo para las Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia (AEWA), junto con la organización Medio Ambiente para las Américas (EFTA).

Y es que la gran mayoría de las aves migratorias dependen de los ecosistemas acuáticos continentales y costeros durante su ciclo vital: ríos, lagunas, lagos, arroyos, marismas, estuarios, deltas, albuferas o salinas son vitales para su alimentación y reproducción, pero también como lugares para descansar y recuperarse durante sus largos viajes.

Sin embargo, los ecosistemas acuáticos están cada vez más amenazados en todo el mundo y, por tanto, las aves migratorias que dependen de ellos. La creciente demanda humana de agua, así como la contaminación, la expansión del regadío y el cambio climático están teniendo un impacto directo en la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente para garantizar la conservación los ecosistemas acuáticos naturales y las especies silvestres asociadas, y de muchas aves acuáticas migratorias en particular.

Imagen de la marisma de El Rocío (Doñana) desde la webcam instalada por SEO/BirdLife

Doñana se extingue para las aves migratorias

El Parque Nacional de Doñana no es una precisamente una excepción, sino uno de los ejemplos más paradigmáticos de la degradación de un humedal de importancia internacional, ubicado estratégicamente entre dos continentes y, por tanto, de vital importancia para las aves acuáticas migratorias. En años ecológicamente óptimos, sus marismas desempeñan un papel extraordinario como zona de invernada, paso migratorio y área de reproducción para la avifauna acuática del Paleártico Occidental, llegando a formarse espectaculares concentraciones de decenas de miles de individuos.

Sin embargo, la sobreexplotación de las masas de agua y los efectos del cambio climático en forma de sequía extrema más frecuente y altas temperaturas han reducido en los últimos años el período de inundación de la marisma, afectando a los miles de ejemplares de anátidas y limícolas invernantes que tapizaban las marismas y cielos y la formación de las grandes colonias de cría. Esa imagen icónica del humedal, en la que miles de parejas de espátulas, garzas o moritos formaban también ruidosas colonias de cría o “pajareras” en los alcornoques, empieza a ser una imagen del pasado.

Sin agua no hay reproducción

Precisamente el Informe sobre el estado de conservación de las aves acuáticas en Doñana, publicado recientemente por SEO/BirdLife, muestra las tendencias poblacionales –en su gran mayoría negativas–, tanto para las especies de mayor interés de conservación (catalogadas como amenazadas), como para las poblaciones de aves acuáticas comunes, para las cuales Doñana ha significado una de sus principales áreas de reproducción e invernada en Europa.

Según refleja la serie histórica de datos 2004-2022 (con datos de la Estación Biológica de Doñana-CSIC) analizada y recopilada en este informe, sobre la evolución de las poblaciones de aves acuáticas reproductoras y sus tendencias, la mayor parte de las especies se encuentran en una situación extremadamente preocupante. Por ejemplo, han desaparecido como aves reproductoras el fumarel común, y la garcilla cangrejera o la garza imperial, empeoran su estado de conservación.

Especies históricamente abundantes como la pagaza piconegra han pasado de cifras superiores al millar de parejas en la primera década del siglo XXI a reproducirse tan solo dos años de los últimos nueve. Su situación evidencia la mala evolución de los representantes de la familia de los charranes y fumareles en Doñana, que también se observa en otras especies como el fumarel cariblanco o el charrancito común, que ha pasado de más del millar a principios de la década a no pasar de 20 parejas en 2022.

Especies comunes, como las espátulas, también están registrando bajas tasas de productividad. Seis de los siete peores datos de reproducción para la espátula común del siglo XXI en Doñana han tenido lugar en 2012, 2014, 2016, 2019, 2020 y 2022, mostrando la población del espacio natural una tendencia lineal claramente negativa, que en valores absolutos se supone una reducción del 50% de la población reproductora en lo que va de siglo.

Invierno sin invernantes

No solo la reproducción en Doñana es cada vez más silenciosa. Los datos de invernada certifican esta misma tendencia regresiva en las poblaciones que arriban a las marismas del Guadalquivir desde el centro y norte de Europa. En la invernada 2021-2022 se han censado 87.488 individuos, el número más bajo en 40 años. Según los resultados del Censo internacional de aves acuáticas invernantes durante 2023, una de las especies invernantes más emblemáticas y abundantes de Doñana, el ánsar común, ha pasado de superar los 40.000 ejemplares de forma habitual a marcar los registros más bajos de la historia, con 9.591 ejemplares. Sólo 9.171 agujas colinegras fueron censadas este año, el número más bajo desde la invernada 1980-81 y las 2.933 avocetas censadas representan el peor dato para esta especie desde la invernada de 1985-1986.

Ultima llamada para Doñana

Por estos motivos, SEO/BirdLife no sólo ha pedido a las Administraciones nacionales acciones urgentes y efectivas para salvar Doñana, sino que ha comunicado a organismos internacionales como la Convención de Ramsar sobre los Humedales y a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO, la urgente necesidad de actuar contundentemente para intentar revertir una crisis de biodiversidad sin precedentes en la historia del parque nacional.

Según se desprende de numerosos informes técnicos y científicos, actualmente Doñana no podría acreditar el cumplimiento de gran parte de los criterios e indicadores establecidos en los estándares de calidad de la Green List de la UICN, lista que certifica que el espacio se gestiona adecuadamente, de acuerdo con unos criterios y directrices aceptados internacionalmente. Igualmente, la ONG ambiental considera que Doñana debería ser incluida en la Lista de Patrimonio de la Humanidad en peligro de la UNESCO.

SEO/BirdLife también ha solicitado apoyo a la ciudadanía para detener la extinción de Doñana, mediante la recopilación de firmas (más de 145.000 hasta la fecha) y que en breve serán entregadas al Parlamento Andaluz. Se trata de seguir presionando para que no se apruebe la legalización de 650 fincas de regadío en el entorno del parque nacional, que supondría el golpe definitivo que podría abocar al humedal a un punto de no retorno. La ONG ambiental, suma así su voz a las de diferentes entidades científicas, los órganos de gobierno del Parque Nacional y la Comisión Europea que han manifestado su apoyo a Doñana.

Ánsares comunes en la marisma de El Rocío (Doñana) ©SEO/BirdLife

Global Big Day, un día para “pajarear”

El Día Mundial de las Aves Migratorias coincide además con la celebración del Global Big Day, que anima a todos los aficionados a la ornitología a que salgan al campo a observar aves y a difundir sus avistamientos a través de la plataforma eBird. Participar es fácil, incluso se puede ser parte del Global Big Day desde casa, dedicando al menos 5 o 10 minutos e informando de las observaciones realizadas, que ayudan a comprender mejor las poblaciones de aves a nivel mundial a través de mapas animados de abundancia presentados por eBird Science.

El año pasado, el Global Big Day reunió virtualmente a más de 51.000 personas de 201 países, que subieron de 132.000 listas de avistamientos a eBird, estableciendo cuatro nuevas marcas mundiales para un solo día de observación de aves: mayor número de aficionados, desde el mayor número de países, informando de mayor número de especies y en mayor número de listados.

Los cultivos intensivos provocan que España sea mucho más vulnerable frente a la sequía

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Hoy el regadío supone más del 85% del consumo total de agua. Si tienen en cuenta los retornos (el agua que vuelve al sistema después de ser utilizada), el consumo neto total del regadío sería de 93%. En las últimas décadas la superficie regada no ha dejado de crecer, especialmente en Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura. En Castilla-La Mancha se ha incrementado en un 64,7% en los últimos 25 años, mientras que en Andalucía el incremento ha sido del 44,1% para ese mismo periodo. La modernización de regadíos, cuyo teórico objetivo era el de aumentar la eficiencia en la utilización del agua y así liberar recursos, ha conseguido el efecto contrario, pues los volúmenes liberados se han empleado en abastecer a nuevos regadíos. Como resultado, el agua total consumida en los regadíos cada vez es mayor.

A consecuencia de este crecimiento exponencial, los embalses siempre se mantienen especialmente bajos (el agua según les llega se envía a los regadíos), lo que hace que el Estado español sea muy vulnerable ante un periodo de sequía que es habitual en el clima mediterráneo. A día de hoy, el nivel de los embalses en España se sitúa 18 puntos por debajo de la media de los últimos 10 años para esta misma fecha. En las regiones donde más ha crecido el regadío, y en gran medida a consecuencia de ello, la situación es mucho más preocupante. En Andalucía los embalses se encuentran 35 puntos por debajo de la media, y en la cuenca del Guadiana se sitúan 27 puntos por debajo del nivel medio de los últimos 10 años. En Cataluña la situación también es crítica: el nivel de los embalses de la Cuencas Internas de Cataluña se encuentra más de 55 puntos por debajo de la media de los últimos 10 años. Asimismo, el estado de los acuíferos sigue empeorando, según informes del propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pues sus niveles siguen bajando, con independencia del régimen de lluvias, y cada vez son más los acuíferos sobreexplotados.

La primavera está resultando seca. Todo apunta a que en agosto será necesario llevar a cabo cortes diarios de agua en el suministro de varias importantes ciudades andaluzas, así como en muchos pequeños municipios. El acceso al agua potable es un derecho humano, establecido como tal por Naciones Unidas en 2010. Un derecho que a cientos de miles de personas este verano se les va a cercenar.

Varias regiones se encuentran ya al borde de un colapso hídrico, que podría tener lugar en los próximos meses. Por todo ello, Ecologistas en Acción solicita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que proceda de inmediato a cortar totalmente el riego en todas aquellas demarcaciones hidrográficas en las que los embalses se sitúen 20 puntos o más por debajo de la media de los últimos 10 años. En el resto de demarcaciones también se debe restringir sustancialmente el riego. Por último, la organización ecologista solicita que se modifiquen los planes hidrológicos y se incluya en todos ellos la prohibición de crear ni una sola hectárea más de regadío, así como que se establezcan planes encaminados a la reducción parcial de la superficie de regadío existente, actuando prioritariamente sobre las grandes explotaciones y sobre aquellos cultivos de leñosos en riego que son propios de secano (olivar, viñedo y almendro).

De esta manera se podrá garantizar el abastecimiento de agua a las poblaciones, así como el mantenimiento de los caudales ambientales en los ríos. En el caso de que no se adopten esas medidas, el sistema hídrico colapsará en amplias zonas del Estado español, con cortes diarios de agua a numerosas poblaciones, que cada vez serán de más duración y supondrán una pérdida en la calidad de vida de sus habitantes.

El proyecto Secanos vivos reclama ayudas coherentes para los viñedos que respetan la biodiversidad y no agravan la crisis climática

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Las ayudas económicas para apoyar la cosecha de uva en verde lanzadas por el MAPA para frenar los excedentes de vino en 2023 ponen de manifiesto un sistema de ayudas que perpetúa un modelo insostenible de viñedo que favorece y subvenciona un aumento de la producción basado en la dependencia de insumos como agua y fertilizantes fuera de las señales del mercado y los criterios ambientales.
El Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) ha abierto el plazo de solicitud de ayudas para la cosecha en verde (eliminar parte del fruto antes de que se desarrolle) en viñedos de vinificación hasta el 30 abril, con una dotación económica de 15 millones de euros ampliable en función de las solicitudes recibidas. Según el MAPA, el objetivo de esta medida, que ya se ha usado en campañas anteriores, es permitir aliviar la tensión en algunas regiones productoras con un nivel de existencias de vino elevado, al permitir dimensionar la vendimia a la capacidad de almacenamiento y comercialización para la campaña de 2023. De esta forma, según el Ministerio, se evitan los efectos indeseables de una potencial sobreoferta de uva el próximo otoño que pueda lastrar la renta de los viticultores.

Ayudas muy poco verdes

Sin embargo, SEO/BirdLife denuncia que esta medida y el desembolso económico que conlleva entra en grave contradicción con otras medidas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) destinadas a la reestructuración del viñedo y que implican un aumento de la productividad, como la puesta en regadío de miles de hectáreas de secano y la modernización de vides tradicionales hacia marcos de plantación intensivos y en espaldera. Unas medidas enfocadas en el aumento de producción bajo un contexto vinícola excedentario, para después invertir en ayudas públicas de la PAC para cosechar la uva en verde (reducir la producción) y otras medidas como la destilación de crisis, para reducir la cantidad de vino que llega al mercado y evitar futuros desequilibrios mercantiles.

Tamara Rodríguez, responsable del Programa de Agricultura y Alimentación de SEO/BirdLife, incide en las contradicciones de estas políticas que, por un lado, subsidian por crear modelos más productivos y, por otro lado, lo hacen por reducir producción en esos mismos cultivos. “En 20 años, sólo en Castilla-La Mancha se perdieron más de 160.000 hectáreas de viñedo de secano con subvenciones de la PAC para la reestructuración del viñedo, añadiendo más presión a la sobreexplotación de los acuíferos que abastecen, por ejemplo, a la cuenca alta del Guadiana, de cuya calidad y cantidad de agua dependen los humedales de la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda, como por ejemplo el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. Y ahora se bonifica de nuevo a los agricultores para que reduzcan la producción y no generen excedentes, usando fondos públicos para mantener un modelo que se muestra ambientalmente insostenible”.

Asimismo, aunque sin ayudas directas para ello, cuando se realiza la cosecha en verde o adelantada en cereales, esta coincide con el periodo de puesta o desarrollo de los pollos de rapaces como los aguiluchos pálido y cenizo, este último Ave del Año, que ubican la mayor parte de sus nidos en los campos de cerealistas. En estos casos, el desenlace es la muerte de los pollos tras el paso de las cosechadoras.

Secanos Vivos, rentables y sostenibles

Por ello, SEO/BirdLife defiende otras modalidades de cultivo no enfocadas en la productividad, pero sí en la producción de calidad, sostenible, rentable para el agricultor y beneficiosa para la biodiversidad. En esta línea, la ONG ambiental ha puesto en marcha el proyecto Secanos Vivos, que pone el foco en las tierras de cereal y vid de secano de la península ibérica. Unos cultivos en riesgo de desaparición por su escasa rentabilidad, pero con un gran potencial para la conservación de la biodiversidad y la avifauna.

Secanos Vivos está poniendo en marcha medidas avaladas por la ciencia para impulsar la vida silvestre en estos secanos y aumentar su resiliencia al cambio climático con agricultores de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Aragón. Son acciones sencillas y eficaces para mejorar su adaptación y contribución a la lucha contra el cambio climático y recuperar la biodiversidad, un elemento clave que repercute positivamente en el buen funcionamiento de los agroecosistemas y, por tanto, una aliada en la producción agraria a largo plazo. Algunas de estas medidas (cubiertas vegetales, plantación de especies leñosas en márgenes improductivos o instalación de cajas nido, entre otras), ya han sido probadas en otros proyectos de SEO/BirdLife, como el Life Olivares Vivos, obteniendo excelentes resultados tanto en la recuperación de la biodiversidad y el ahorro de costes, sin afectar a la producción, como en la valoración positiva del consumidor hacia los AOVE certificados por el proyecto.

De esta manera, el agricultor puede reducir sus costes de producción, conseguir un rendimiento más estable y además recibir un valor añadido a las materias primas y productos alimentarios derivados de la uva y el cereal, logrando otro de los objetivos del proyecto: transformar la biodiversidad en rentabilidad para los agricultores. Para ello, estos alimentos sanos, sostenibles y de calidad serán etiquetados con un sello específico reconocible por los consumidores. Un nuevo impulso, además, para generar oportunidades de empleo, riqueza y fijar población en los pueblos.

El proyecto Secanos Vivos, cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

Greenpeace denuncia que las balsas mineras de Riotinto podrían provocar un desastre diez veces mayor que el de Aznalcóllar

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El próximo 25 de abril se cumplirán 25 años de la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, Sevilla (1). Greenpeace publica un informe que repasa uno de los peores desastres medioambientales de la historia en España y denuncia la alta probabilidad de que un incidente similar pueda ocurrir en las balsas de Minas de Riotinto, en Huelva. Además, la organización ecologista ha documentado ambas zonas, incluidas las filtraciones en las balsas de lodos mineros de Riotinto, que gestiona la empresa Atalaya Mining.

Con motivo del aniversario, además, Greenpeace y Ecologistas en Acción publicarán un comunicado conjunto y un vídeo especial el próximo lunes 24 de abril.

En Aznalcóllar, la empresa multinacional sueca que gestionaba la mina, Boliden, confirmaba la seguridad de la balsa donde, sólo cinco días después, se producía la rotura, se trataba del dique Este de la balsa de la mina de los Frailes. La brecha, de 50 metros de longitud por 30 de altura, permitió el vertido de más de seis millones de metros cúbicos de lodos y aguas tóxicas al río Guadiamar poniendo en peligro el ecosistema de Doñana y desestabilizando el desarrollo de la economía agrícola y pesquera de la vega del Guadiamar y del estuario del Guadalquivir.

En total, 80 kilómetros de cauces afectados, 4.600 hectáreas de diez municipios envenenadas, caladeros de pesca cerrados por contaminación de cadmio, zinc, cobre y arsénico, siete millones metros cúbicos de lodos retirados, más de 30 toneladas de animales muertos, acuíferos altamente contaminados, récord mundial de concentración de metales pesados en aves acuáticas, unas 5.000 personas perdieron sus empleos, 46.200 habitantes se vieron afectados y las pérdidas económicas alcanzaron casi los 11 millones de euros.

25 años después, no parece que se hayan aprendido las consecuencias de la mala gestión de las balsas mineras. A día de hoy, las balsas de las minas de Riotinto, los mayores depósitos de estériles mineros de España, se encuentran rodeadas de irregularidades que podrían ocasionar un desastre diez veces superior al de Aznalcóllar.

El denominador común es la actuación negligente de las administraciones, especialmente en este caso, de la Junta de Andalucía, que por acción u omisión, consintió en Aznalcóllar y permite ahora en Riotinto irregularidades que provocan este tipo de accidentes que dejan secuelas durante décadas. La de Aznalcóllar fue una catástrofe anunciada, con múltiples denuncias previas de los grupos ecologistas locales y técnicos de la propia empresa minera, Boliden Apirsa, pero tanto la empresa como las administraciones y la justicia ignoraron o archivaron todas las denuncias.

Dos décadas y media después del vertido, el laberinto judicial del caso sigue a la espera de un juicio que obligue a los responsables a asumir el coste de la catástrofe. Boliden, una multinacional sueca, sigue eludiendo pagar a las administraciones central y autonómica los 133 millones de euros reclamados. Hay pendientes dos resoluciones judiciales (2).

El desastre de Aznalcóllar podría quedar empequeñecido si, como alertan los expertos (3) y el propio Instituto Geológico y Minero de España, las balsas de estériles mineros de Riotinto en Huelva (Gossan, Cobre y Aguzadera) colapsaran. La empresa Atalaya Mining, con el visto bueno de la Junta de Andalucía, pretende efectuar un nuevo recrecimiento de las presas de residuos mineros (hasta una cota de 417 metros sobre el nivel del mar) creando los mayores depósitos de estériles mineros de nuestro país. Justo la semana pasada salió la resolución de la autorización ambiental para el recrecimiento de la balsa.

Gossan, Cobre y Aguzadera, son un único conjunto que ocupa 595 hectáreas, con hasta 100 metros de profundidad y que acumulan unos 240 millones de toneladas de lodos tóxicos. Con la pretendida ampliación por parte de la empresa, alcanzarían los 400 millones de toneladas. Es decir, 30 veces el volumen de tóxicos vertidos en el desastre de Aznalcóllar.

La situación de riesgo de rotura de las balsas es más que una posibilidad debido a la práctica de la compañía minera Atalaya de no espesar previamente los lodos que se vierten en las balsas, lo que acelera la posibilidad de que los muros de las presas se fracturen. Y ello a pesar de que existe una resolución que obliga a la compañía a espesar los lodos de forma obligatoria y cuyo incumplimiento puede dar lugar a la revocación del permiso.

Greenpeace ha documentado numerosas filtraciones en las balsas de lodos mineros de Riotinto, alguna de ellas con conocimiento de la empresa Atalaya Mining, donde advierte con carteles del peligro tóxico de la zona. Dado el riesgo que suponen estas filtraciones para la seguridad de las propias balsas, resulta imprescindible hacer un inventario y seguimiento de las mismas.

Además, los muros de la balsa han sido recrecidos con técnicas y materiales similares a los que se usaron en la maltrecha balsa de Aznalcóllar hace 25 años, porque Atalaya también ha modificado sin supuesta autorización (4) el sistema físico de vertido que garantizaba una mayor consistencia de los recrecimientos.

“La Junta de Andalucía conoce, y lamentablemente permite, todos estos incumplimientos en Riotinto. Estamos ante una situación que calca los precedentes de la catástrofe de Aznalcóllar. Irregularidades, incumplimientos de las condiciones de explotación que ponen en riesgo la seguridad, denuncias de organizaciones ecologistas que son ignoradas… desespera saber lo que pasó hace 25 años y ver que puede llegar la siguiente catástrofe cualquier día”, ha declarado María José Caballero, portavoz de Greenpeace.

La rotura de estas balsas provocaría, según un informe de 2014 realizado por Ayesa la compañía que evaluó los riesgos de reabrir la mina, un vertido de lodos tóxicos (con un caudal máximo de 34.716 metros cúbicos por segundo) que recorrería 111 kilómetros hasta llegar al mar Atlántico. A su paso afectaría gravemente a tres municipios de la cuenca del río Odiel (Gibraleón, Palos de la Frontera y Punta Umbría), llegando incluso a alcanzar a dos barrios de la ciudad de Huelva (de 143.000 habitantes). Arrasaría la reserva de la biosfera de las Marismas del Odiel.