En una alianza sorprendente, el PP, el Partido Demócrata Catalán (PdeCat), Ciudadanos y el PNV han aprobado en el Congreso la contrarreforma de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en contra del criterio de los científicos y técnicos de conservación.
Las organizaciones ecologistas WWF, Ríos con Vida, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra denuncian este paso atrás en la conservación de la naturaleza, y recuerdan que desatender el problema de las especies exóticas invasoras -la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el mundo- impactará sobre el bolsillo del contribuyente: se calcula que estas especies generan unos costes en torno a los 12.000 millones de euros anuales en la Unión Europea.
Las organizaciones muestran su sorpresa ante esta insólita unión en un contexto político como el actual. Igualmente, sorprende ver cómo los diputados han ignorado el consenso científico en la materia -17 sociedad científicas y 600 investigadores se han expresado en contra de la reforma- y a los técnicos de conservación, máxime cuando han escuchado, en comparecencias en sede parlamentaria, los argumentos de ambos.
Y sorprende más aún que fuerzas políticas antagonistas, en este momento, hayan optado por la opción de reforma más severa con la conservación de la naturaleza, precisamente la que propuso el PP en primera instancia.
Sobre la mesa, los diputados contaban con soluciones que hacían compatible la pesca de especies exóticas con la protección de la biodiversidad. Sin embargo, la coalición PP, PNV, Cs y PdeCat ha elegido la opción de supeditar la riqueza natural a intereses lúdicos y económicos de unos pocos, presumiblemente ante la proximidad de las elecciones autonómicas y locales.
Además, estas organizaciones consideran extremadamente grave que se haya tramitado una reforma de la ley para saltarse una sentencia del Supremo que anteponía la conservación del Patrimonio Natural común de todos los españoles a intereses particulares de los aficionados a la pesca y a la caza. Motivo por el que las ONG, de aprobarse definitivamente esta modificación, estudiarán solicitar al Supremo que eleve esta situación al Tribunal Constitucional.
Las organizaciones resaltan que el procedimiento que ha propiciado esta reforma no ha permitido la participación social, lo que podría vulnerar el Convenido de Aarhus, tratado internacional firmado por España en el marco de la ONU.
Teresa Rodríguez Pierrard | Amigos de la Tierra
Coral García Barón | Comunicación de WWF
Roberto González | Ecologistas en Acción
Conrado García | Greenpeace
Miguel López | SEO/BirdLife
